Como Olivia, Dina también huyó tras ser perseguida por las autoridades de su país por hablar públicamente sobre los derechos de las personas LGBTIQ y defender la libertad de las personas trans a ocupar los espacios públicos de Marruecos, un país en donde las leyes sí prohíben identificarse con un género distinto al registrado en los documentos oficiales tras nacer.

Solo 13 países, incluido Marruecos, tienen normativas que condenan de manera explícita la transexualidad, pero esta criminalización se produce también a través de otras leyes. Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), las personas trans son acosadas y discriminadas a través de leyes que condenan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Este tipo de normativa está vigente en 69 países, de los que en 11 se castiga con pena de muerte, y que “se suele basar en la fusión entre la identidad de género y la orientación sexual”. También son perseguidas con el recurso a los “delitos de alteración del orden público, indecencia pública y vagancia”, una normativa vigente en 11 Estados del continente africano. La criminalización de la prostitución es otra estrategia usada para arrestar y detener a las personas trans y de género diverso, aunque, de acuerdo con la ILGA, es muchas veces un prejuicio que relaciona lo trans con la prostitución.

Dina, la activista marroquí, de 25 años, cuenta que creció en un orfanato, allí vivió maltratos constantes por ser trans. “No conocí a mis padres, así que no buscaba la aprobación de nadie. Eso me dio fuerzas para hacer activismo y decir públicamente que tener otra identidad de género u orientación sexual no es una enfermedad”, afirma. Luego empezaron las amenazas de muerte, las llamadas telefónicas. Fue entonces cuando decidió salir del país y viajar Madrid, en donde reside como refugiada internacional desde hace algo más de un año.

Una discriminación prolongada

“Aunque en España los derechos de las personas LGTBIQ son tomados en cuenta, aún se vive discriminación y rechazo, sobre todo para los transexuales”, lamenta Dina, y aclara que el activismo es fundamental para visibilizar a las personas trans migrantes. Por eso, desde que llegó a Madrid ha participado en las actividades de sensibilización e información que organiza la fundación de acogida e inclusión de solicitantes de asilo y protección internacional La Merced Migraciones, a través de su proyecto Welcome Diversity.

El programa, nacido en 2016, organiza espacios seguros de encuentro para personas LGTBIQ y da talleres de convivencia y respeto a las diversidades sexuales para los residentes de los pisos de acogida. El objetivo, explica la coordinadora del proyecto, Fabiana Castro, es evitar actitudes de discriminación entre los mismos compañeros de residencia. “Todos vienen de culturas diferentes, con otros idiomas, con contextos sociales distintos. Algunos llegan de países homofóbos o tránsfobos y nunca han estado cerca de una persona transexual, así que es fundamental hablar de los derechos LGTBIQ”.

Las personas LGTBIQ migrantes han sido blanco de discriminaciones constantes que no terminan ni en los países de tránsito, ni en los de acogida

Coincide con ella María Jesús Vega, portavoz de ACNUR España, quien aclara que las personas LGTBIQ migrantes han sido blanco de discriminaciones constantes que no terminan ni en los países de tránsito, ni en los de acogida, sino que muchas veces se pueden ver agravadas con otros tipos de violencias como la xenofobia, el racismo, la misoginia o la marginación socioeconómica. “Esto les genera una desconfianza que las aísla. Muchas sufren violencia, son víctimas de tráfico de personas, de trata, torturas, pero no denuncian, sobre todo en el caso de las personas trans, porque muchas veces su identidad de género no coincide con su documento de identidad oficial. Es posible que hasta las autoridades las acusen de suplantar una identidad”, lamenta.

Vega añade que uno de los obstáculos para amparar a este colectivo es que “al salir de sus países, siguen ocultando su identidad para evitar esa estigmatización. Esto impide tener cifras concretas del número de personas LGTBIQ migrantes, así como conocer dónde están, quiénes son y ofrecerles acceso a atención humanitaria”.

La sociedad camina a pasos lentos

Almudena Valdez Pino tiene 39 años, y vive en Madrid desde hace nueve. Víctima de trata, llegó como turista junto con un par de mujeres que le ofrecieron trabajo de peluquera en Girona. Valdez cuenta que al poco tiempo de llegar a España le quitaron el pasaporte, la encerraron en un apartamento y la obligaron a prostituirse. “El calvario duró un mes hasta que logré escapar, pero no pude denunciar porque me amenazaron con llamar a extranjería. Yo no quería que me abrieran una hoja de deportación, no podía volver a Panamá”. Para esta activista, salir de su país era una garantía para sobrevivir a la transfobia. “Me dispararon siete veces, todo porque mis vecinos no querían tener a un maricón en el barrio”, desgrana.

Aunque Valdez ahora cuenta con un permiso de residencia que le permite trabajar, su vida en Madrid ha estado plagada de obstáculos. No ha logrado conseguir empleos estables y formales. “Nadie nos contrata, nos preguntan si ya nos hemos hecho la reasignación de sexo y hasta me han rechazado por ser negra. También me han dicho que me regrese a mi país. He tenido que pasar mucha hambre. La sociedad no quiere que las personas trans migrantes salgamos de ese pozo”.

Rodrigo Araneda, el fundador de la ONG Acathi, dedicada a dar residencias temporales de emergencia a personas migrantes, refugiadas y asiladas en España, lamenta que, aunque las leyes avanzan en pro de los derechos LGTBIQ, la sociedad camina lenta. Y aclara que este colectivo necesita “más que el asilo”. “Requieren garantías para poder sobrevivir, como el acceso a oportunidades de trabajo y redes de apoyo. Debemos seguir rompiendo los estigmas en torno al colectivo LGTBIQ migrante”, finaliza.

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Fuente El País

“La hospitalidad no se puede perseguir ni criminalizar, y quien intente hacerlo está remando contra la Declaración de los Derechos Humanos, está remando contra los principios básicos de cualquier sociedad que pretenda reconocerse como democrática”. Una veintena de entidades cristianas que trabajan con migrantes y desfavorecidos se ha plantado ante las exigencias de Vox para pactar un Gobierno en la Comunidad de Madrid.

En un duro comunicado, denuncian “las políticas xenófobas y racistas promovidas por VOX” e invitan a las fuerzas políticas madrileñas a “buscar un acuerdo que nos proteja a todos” de la ultraderecha. Entre los firmantes, se encuentran la Conferencia de Religiosos de España (CONFER), el Colectivo de Profesores Cristianos por la Escuela Pública, la Fundación La Merced Migraciones, la Asociación Karibú o la Red interlavapiés, quienes ya defendieron en 2003 la campaña “Salvemos la hospitalidad” contra políticas anti-inmigración del PP de Esperanza Aguirre.

Deber ético

En este momento, señalan los firmantes, el “deber ético” de la hospitalidad “está gravemente amenazado en la Comunidad de Madrid si prosperan las propuestas para un gobierno tripartito integrado por VOX, PP y Ciudadanos”. Unas propuestas que, en el caso de las exigencias de Vox, pasan por

• La identificación de todos los inmigrantes que se encuentren en la Comunidad de forma ilegal, con especial atención a la identificación y repatriación de los MENAS. –
• Requerir al país de origen el pago de la factura sanitaria tanto de los inmigrantes ilegales como de los comunitarios o visitantes que se hayan beneficiado de la sanidad pública madrileña, evitando el turismo sanitario.
• Promover, en el ámbito jurídico y administrativo correspondiente, la ilegalización de organizaciones que cooperen con las mafias de tráfico de personas, o favorezcan la inmigración ilegal.
• Suprimir las ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal.

Frente a esto, el comunicado sostiene que “las personas migrantes, todas, mayores y menores no están fuera de la ley, no son delincuentes, por mucho que el partido VOX intente trasladar a la ilegalidad a nuestras vecinos y vecinas inmigrantes”.

Criminalizar la hospitalidad