Magnífica noticia la que nos llega desde Perú, un país que desde este 6 de enero incluye como agravante en su Código Penal el que un delito se cometa por razones de orientación sexual o identidad de género, y prohíbe de forma expresa la discriminación por esta materia. Ha tenido que ser, eso sí, a través de un decreto legislativo emitido por el Gobierno peruano, que cuenta con amplias prerrogativas para emitir decretos con rango de ley. 

Las novedades se incluyen en el Decreto Legislativo 1323, publicado este viernes por el diario oficial El Peruano, cuyo objetivo es fortalecer “la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género”. En concreto, merece la pena destacar la reforma de dos artículos del Código Penal:

• El artículo 46, que se refiere a las circunstancias de atenuación y agravación, incluirá ahora como agravante “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión, condición económica, o de cualquier otra índole”.  Hasta ahora, el Código Penal peruano solo reconocía como agravante “Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación de cualquier índole”, sin específicar casuísticas.
• El artículo 323, referido a la discriminación e incitación a la discriminación, queda ahora redactado en los siguientes términos: “El que, por sí o mediante terceros, realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socio económico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación, o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de tres años, o con prestación de servicios a la comunidad de sesenta a ciento veinte jornadas. Si el agente actúa en su calidad de servidor civil, o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental, a través de internet u otro medio análogo, la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36”.

Esto, en concreto, significa que —desdeel psado sábado 7 de enero— se considerará como circunstancia agravante si el delito es motivado por la intolerancia o discriminación hacia la comunidad LGTB.Hasta hoy el Código Penal era bastante general respecto a las agravantes por intolerancia o discriminación, dejando a interpretación de jueces y fiscales la protección de la orientación sexual y la identidad de género.  Como explica Bruno Fernández De Córdova Jauregui para Sin Etiquetas, estas modificaciones harán que los crímenes de odio sean identificados como tales y sancionados con mayor severidad.

El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, más favorable a los derechos LGTB

Qué duda cabe que el reconocimiento expreso como motivo prohibido de discriminación de la orientación sexual y de la identidad de género es una buena noticia en un país como Perú, sensiblemente retrasado por lo que al reconocimiento jurídico de los derechos LGTB se refiere respecto a países de su entorno, como Colombia o Ecuador. En este sentido, el cambio de gobierno operado en 2016, año en que Pedro Pablo Kuczinski ganó las elecciones presidenciales a Keiko Fujimori en la segunda vuelta y se convirtió en el sucesor de Ollanta Humala puede considerarse relativamente positivo. Durante el periodo de gobierno de Humala, y pese a las promesas, no se produjo prácticamente ningún avance, ni en el terreno legislativo ni en el ejecutivo. En 2013 recogímos, por ejemplo, como el Congreso de Perú votó a favor de excluir la orientación sexual y la identidad de género de la ley contra crímenes por discriminación (“crímenes de odio”). Un año más tarde, el gobierno de Humala decidía también excluir toda mención a las personas LGTB del Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016.

No es que Kuczyniski, un político de corte liberal, destaque especialmente como abanderado de los derechos LGTB. Es muy posible que por lo que se refiere a esta materia hubiese sido mejor una victoria de Verónika Mendoza, la candidata del Frente Amplio, coalición de izquierdas que quedó en tercer lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y que sí se había posicionado de forma muy clara en favor de la igualdad jurídica de las personas LGTB. Pero pocos dudan de que bastante peor hubiese resultado para la comunidad LGTB una victoria de Keiko Fujimori, que no dudó en comprometerse expresamente con la comunidad evangélica a oponerse a cualquier tipo de regulación de las uniones entre personas del mismo sexo pese a que en el pasado se había mostrado favorable a una unión limitada a aspectos patrimoniales. Un dato muy importante a tener en cuenta es que Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, cuenta además entre sus filas con dos diputados abiertamente gais: Carlos Bruce y Alberto de Belaunde.

Otro antecedente significativo, aunque fuese solo por su simbolismo, es el hecho de Kuczyniski, pocos días antes de tomar posesión, publicase un tuit con motivo de la celebración del Orgullo LGTB. “Trabajemos por un país donde tengamos la libertad de ser felices. #LoveIsLove”, escribía entonces. Más significativo resulta el hecho de que el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos, que debe quedar listo a lo largo de 2017, sí incluirá está vez, según confirmaba hace pocos días la ministra peruana de Justicia, Marisol Pérez Tello, a la comunidad LGTB. Esperemos que así sea.

Más complicado resultará asistir a avances a nivel legislativo, dada la mayoría con la que cuentan en el Congreso peruano los fujimoristas de Fuerza Popular (72 de 130 escaños). El Frente Amplio cuenta con 20 diputados, mientras que Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido de Kuczynski, cuenta con 17. En este sentido, cabe destacar que en diciembre de 2016 los ya mencionados Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo sexo, que pese a los diversos intentos en anteriores legislaturas nunca ha podido ser aprobado. Veremos qué sucede…

De todas formas, como afirma Diego pereira en Perú 21 aunque “estamos a un paso de hacer historia… el decreto legislativo aún deberá pasar por la revisión del Congreso de la República. Esto está establecido en el artículo 90 del Reglamento del Congreso: Por supuesto, hay reglas. La comisión que reciba este decreto deberá presentar un dictamen al respecto en 10 días o menos y el resultado tendrá tres posibilidades: Le da el visto bueno, recomienda su derogación o recomienda su modificación. Eso significa que, si se considera que el decreto va en contra de la Constitución y/o excede el marco de delegación de facultades, puede ser modificado en parte o en su totalidad.”

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Foto de Renzo Salazar (Sin Etiquetas)

A causa de los ataques, varios activistas resultaron heridos, entre ellos, una periodista de un medio LGTB peruano que intentaba ayudar a uno de los manifestantes.

Chorros de agua, empujones, golpes… Fue la agresiva respuesta policial a la besada que activistas LGTB habían convocado un año más en la Plaza de Armas de Lima, en Perú. Una periodista resultó incluso herida en la cara al intentar ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. Una violencia policial que representa bien la situación que vive el país andino, cuya comunidad LGTB ha pasado en pocos años de la esperanza al desencanto.

Cada mes de febrero, activistas LGTB de la capital peruana acuden a besarse públicamente en la histórica Plaza de Armas para conmemorar el aniversario de la brutal intervención policial que en 2011 tuvo lugar para dispersar la primera acción “Besos contra la Homofobia”. El hecho, que mereció la condena internacional y forzó a las autoridades a pedir disculpas, supuso un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos LGTB en el Perú. Es por eso que el 12 de febrero se considera desde entonces en Perú el Día de la Dignidad LGBT. En 2012 fue conmemorado de forma pacífica, pero en años posteriores volvieron a reproducirse los incidentes. Este 2016 la violencia policial incluso se ha recrudecido, como muestra la agresión sufrida por la periodista Fiorella Gil Mena, de la web Sin Etiquetas, cuando simplemente intentaba ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. “Salgan de aquí que les  va a ir peor”, fue lo que escuchó la periodista mientras recibía el golpe que le partió la ceja (aquí su crónica de la jornada).

Al igual que en años anteriores, las crónicas insisten en que la Plaza de Armas, como parte del centro histórico de Lima, es una zona restringida en la que no se pueden celebrar manifestaciones. Una ordenanza que sin embargo hace ya diez años que fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional. Los activistas LGTB, en cualquier caso, resaltan que la acción consiste simplemente en darse besos… algo que ninguna ordenanza prohíbe en el caso de las parejas heterosexuales que acuden a la simbólica plaza, flanqueada por las sedes del poder local (Ayuntamiento), nacional (Palacio de Gobierno) y religioso (catedral y arzobispado). Por otra parte, no está de más recordar que en 2013 (año en el que también recogimos el evento) los accesos a la plaza fueron bloqueados a los activistas LGTB (utilizando chorros de agua e incluso gases) mientras que se dejó acceder sin problemas a los integrantes de agrupaciones católicas fundamentalistas, que portando pancartas se apostaron frente a la catedral para “defenderla” frente al supuesto agravio que significaba que parejas del mismo sexo se besasen cerca.

Insertamos a continuación un vídeo que muestra algunas imágenes de lo sucedido este sábado:

Perú, una situación empantanada

De una forma quizá descarnada, lo cierto es que la violencia policial del sábado no es más que una nueva muestra del retraso que Perú acumula ya en materia de derechos LGTB respecto a sus vecinos, más aventajados. Es el caso de Ecuador, que pese a sus insuficiencias dispone por ejemplo de una unión civil abierta a personas del mismo sexo reconocida constitucionalmente. O de Colombia, que gracias a las sentencias de su Corte Constitucional, considera las parejas del mismo sexo como familia, reconoce ya la homoparentalidad e incluso podría disponer en breve de matrimonio igualitario.

En Perú, sin embargo, y pese a que hace ahora un año hacíamos alusión a lo que parecía la reactivación del debate sobre un posible (aunque limitado) reconocimiento de las parejas del mismo sexo, lo cierto es que la situación quedó empantanada. Todos los ojos están ahora puestos en lo que suceda el 10 de abril, cuando se elija un nuevo presidente en sustitución de Ollanta Humala (cuya presidencia se ha caracterizado por el sistemático incumplimiento de las tímidas promesas que en su momento hizo en materia LGTB) y un nuevo Congreso.

Esperemos que el nuevo escenario que surja de esas elecciones permita al menos desbloquear los temas pendientes, si bien las previsiones no permiten ser muy optimistas: la principal favorita a alzarse con la presidencia a día de hoy es Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que no se caracteriza precisamente por sus posiciones proLGTB. Mejor predisposición tiene Julio Guzmán, de Todos por el Perú, a día de hoy segundo en las encuestas y que podría disputar la presidencia a Fujimori en la segunda vuelta. Aunque tanto o más importante que quién se alce con la presidencia será la composición del Congreso (para los muy interesados, en este enlace puedes acceder a las propuestas de cada formación en materia LGTB, según el análisis elaborado por el colectivo peruano No Tengo Miedo).

Fuente Dosmanzanas

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