Presentaron un escrito ante la Corte Interamericana de DDHH a objeto que se siga impidiendo  a la docente Pavez hacer clases en Chile solo por ser lesbiana. Junto con repudiar la cruzada de odio, el Movilh denunció que el primer cura que impidió a Pavez ejercer la docencia  abusó de un niño.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) alertó hoy que las principales religiones de Chile se unieron para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mantenga la medida que le impide a la docente Sandra Pavez hacer clases en Chile desde el 2007 solo por ser lesbiana.

En efecto, altos representantes de la Iglesias Católica, Ortodoxa, Anglicana, Evangélica, Musulmana y Judía presentaron un escrito ante la Corte IDH a objeto de que esta falle contra Pavez.

La demanda presentada por Pavez ante la Corte INDH busca que el Estado de Chile sea sancionado por impedirle durante 14 años hacer clases de religión en un colegio laico, en el marco de un juicio internacional que tendrá lugar los próximos miércoles y jueves.

El dirigente del Movilh, Rolando Jiménez, precisó que “estamos ante un acto de lesbofobia sin precedentes, donde Estado y religiones se unirán por primera vez en su historia en un juicio internacional para negar la igualdad de derechos en razón de la orientación sexual de una persona. Este poderoso abuso, revictimiza una vez a la docente Pavez y explicita un odio desmesurado y virulento contra las personas LGBTIQ+. Toda nuestra solidaridad con Sandra”.

“Esperamos que la Corte INDH respete el Estado laico, la Convención Americana de los Derechos Humanos y falle a favor del Pavez, sancionando a Chile por esta abierta vulneración de derechos que es avalada por las principales iglesias del país de la mano del Estado”, apuntó Jiménez.

“A quienes hablan de moral y emprenden esta arremetida contra la docente Pavez, es bueno recordarles que quien primero le impidió hacer clases en Chile en 2007 fue  el entonces Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, el mismo que confesó haber abusado de un niño. Esta es la hipocresía que estamos enfrentando, esta es la inmoralidad de todos quienes han recurrido ante la Corte IDH contra Pavez. Estos son  los que, en síntesis, nada dijeron contra un cura abusador de niños, pero hoy se levantan contra una docente de trayectoria intachable y querida por toda la comunidad educativa”, relató Jiménez.

Adelantó, por último, que próximamente, y antes del juicio, “Pavez expondrá públicamente su punto de vista , el mismo que ha sido censurado por quienes hoy dan alta tribuna a esta cruzada homofóbica de las iglesias, como es el caso de El Mercurio, un diario que sistemáticamente omite cualquier mención al Movilh, habla de Sandra sin indicar que es lesbiana y oculta el el abuso que sufrió, obviando el ejercicio de un  periodismo serio, objetivo y responsable.”.

La presentación lesbofóbica ante la Corte IDH contra Pavez fue firmada por el presidente de la Celam y arzobispo de Trujillo, Santiago Silva; el presidente de la Conferencia Episcopal de Chile, Santiago Silva; el arzobispo de Santiago; Celestino Aós; el arzobispo Metropolitano de a Iglesia Ortodoxa de Chile, Sergio Abad; el presidente de la Unión Evangélica  Nacional de Chile, Emiliano Soto; el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González; el Arzobispo de la Iglesia Anglicana de Chile, Héctor Zabala; el secretario ejecutivo de la Mesa Ampliada de Organizaciones Evangélicas, Francisco Javier Rivera; el presidente del directorio de la Comunidad Musulmana de Chile, Fuad Musa, y el representante de la Comunidad Judía de Chile, Eduardo Waingortin.

El caso

Por orden del obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González Errázuriz, el 25 de julio del 2007 el Vicario para la Educación del Arzobispado, René Aguilera Colinier, revocó a Sandra Pavez el certificado de idoneidad que le iba a permitir seguir haciendo clases de religión en el Colegio Municipal Cardenal Antonio Samoré, donde la docente ejercía desde 1985.

Esto, luego de que la maestra confirmara que era lesbiana y mantenía una relación con otra mujer y se negara a someterse a terapias psicológicas y psiquiátricas ofrecidas por la Iglesia para revertir su orientación sexual. “A tanto llegó el acoso de la Iglesia, que en diversas ocasiones, incluidas las noches, curas visitaron el domicilio de Sandra para obligarla a revertir su homosexualidad, llegando al extremo de decirle que había dañado la memoria de su fallecida madre con su orientación sexual”, recordó Jiménez.

El clero actuó amparado en el Decreto 924 del Ministerio de Educación, un instrumento dictado en 1983 y aún vigente que “reglamenta las clases de religión en establecimientos educacionales” y faculta a las iglesias a decidir quiénes pueden o no impartir la cátedra.

Por tal razón el Movilh presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual fue rechazado el 27 de noviembre del 2007, siendo la sentencia ratificada el 17 de abril del 2008 por la Corte Suprema. Ambos tribunales estimaron que no se había incurrido en ilegalidad, ni en discriminación, teniendo como argumento el Decreto 924. Más de una década  después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino a decir lo contrario y demandó a Chile ante la Corte IDH, en el marco de un proceso donde la docente ha sido representada por el Movilh.

Fuente MOVILH

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