Ante le confusión que nos hizo no dar la noticia como correspondería haberse hecho, , publicamos la rectificación que hace Dosmanzanas y que hacemos nuestra. Sentimos el error…

Terrible noticia. Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor de 15 de años, falleció en la tarde de este sábado en el Hospital Río Hortega de la capital castellana. Con 59 años, Francisco Javier, Javi o la Eli, como le gustaba que la llamaran, se encontraba en estado muy grave ya desde el primer momento.

NOTA IMPORTANTE: esta entrada ha sido actualizada después de que fuentes próximas a la víctima hayan insistido en que se trataba de un hombre cis, homosexual y al que le gustaba travestirse. Rectificamos y procedemos por ello a modificar algunas de las frases, así como el titular. Por coherencia también hemos eliminado la crítica que hacíamos a diversos medios que se referían a Eli en masculino. Habituados a que muchos medios obvien referirse a las personas trans por el género por el que se identifican, nosotros mismos cometimos el error de generalizar y consideramos que este era otro de los casos. Os pedimos perdón por ello. 

En su momento informamos de la terrible agresión. Sucedió alrededor de las seis y media de la mañana del domingo 12 de agosto. Los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur dieron aviso a la Policía y a los servicios de Emergencias tras encontrar a una persona inconsciente, desnuda de cintura para abajo y que además parecía haber sido víctima de un robo. Aunque en el primer momento no se facilitó su identidad, la Policía Nacional consideró que la agresión podría haber estado vinculada con «la identidad sexual de la víctima». De hecho, ya después de la agresión recogimos la polémica en redes sociales respecto al tratamiento de la noticia. La FELGTB, por ejemplo, pidió a los medios un mayor cuidado a la hora de recoger este tipo de noticias y aprovechó para recordar que, junto a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en su momento elaboró una Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación, que pretende ser una herramienta para que los medios usen un lenguaje inclusivo y riguroso.

Volviendo a la agresión a la Eli, en la misma tarde del 12 de agosto, un menor de 15 años de edad, sin aparente conexión previa con la víctima, se entregó voluntariamente, acompañado de su madre, y confesó ser el autor. Según informa El Norte de Castilla, el menor permanece desde entonces ingresado en el centro de reclusión Zambrana y pasará ahora a ser investigado por un delito de homicidio. El diario vallisoletano informa también de que el colectivo trans ATC Rainbow tiene intención de convocar una concentración de repulsa en próximos días. «Muchas personas de nuestra asociación están asustadas debido a que esta agresión, aunque es la más grave, no es la única que ha tenido lugar últimamente en Valladolid», ha expresado su portavoz, Lunara Santamaría.

La familia de la víctima ya ha anunciado que ejercerá la acusación particular contra el menor responsable de la paliza a la Eli. «Nosotros no sabemos si fue un delito de odio o qué ocurrió exactamente, pero sí que a Eli le dieron una paliza que le ha costado la vida y que merece justicia», han asegurado. «Fue un icono que supo mostrar su sexualidad sin tabúes y que siempre fue muy respetuosa con todo el mundo y defensora del colectivo en nuestra ciudad», ha declarado por su parte una de sus hermanas.

Hay que tener en cuenta que el sumario permanece bajo secreto y por el momento no han trascendido muchos más datos de los conocidos en un primer momento. No obstante, dada la virulencia de la paliza, desde dosmanzanas seguimos considerando que, al margen de que se cometiera un robo, resulta plausible pensar que se trató de una agresión relacionada con la expresión de género de la víctima, o en la que al menos el odio por LGTBfobia pudo jugar un papel determinante.

Fuente El Norte de Catilla/Dosmanzanas/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. ATC Rainbow, Castilla y León, Centro Comercial Vallsur, Delitos de Odio, Discriminación, FELGTB, FSC-CC OO, Hospital Río Hortega, LGTBfobia, Lunara Santamaría, Personas transgénero, Policía Nacional, Transexualidad, Transfobia, Valladolid, Victoria Agud

Brutal agresión de posible carácter tránsfobo en Valladolid. El agresor de 15 años ha confesado la autoría de la brutal paliza. Los hechos se produjeron este domingo pasado.

Alrededor de las seis y media de la mañana del domingo, los vigilantes de seguridad del centro comercial Vallsur dieron aviso a la Policía y a los servicios de Emergencias tras encontrar a una persona inconsciente, desnuda de cintura para abajo y que posiblemente había sido víctima además del robo de un bolso. No ha trascendido su identidad, pero podría tratarse, de acuerdo a la prensa local, de una persona transgénero o percibida como tal. El autor de la agresión, menor de edad, se ha entregado voluntariamente.

La persona agredida, de alrededor de 55 años, fue trasladada inmediatamente, por Emergencias Sanitarias-Sacyl, con pronóstico muy grave al Hospital Río Hortega de Valladolid, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus heridas.

En la misma tarde del domingo, un menor de 15 años de edad, acompañado de su madre, se entregó voluntariamente a la Policía Nacional en la Comisaría que la Polícia Nacional tiene en la calle Gerona, en el barrio de las Delicias, y declaró ser el autor de la brutal paliza. Se le acusa de los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo con violencia.

A la espera de que avance la investigación, no parece que existiera relación previa entre agresor y víctima, no habría conexión entre la víctima y el agresor, a la espera de la declaración de ambos. Por el momento, solo cuentan con la declaración de una de las dos partes, debido a la incapacidad de la agredida, que permanece ingresada en el hospital, de dar testimonio como consecuencia de la gravedad de sus heridas.  La Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía, que investiga el caso, no excluía a priori que la agresión pueda tipificarse como delito de odio «vinculado con la identidad sexual de la víctima», sin embargo, la Policía Nacional de Valladolid, tras interrogarlo, parece que por el momento opta por no considerarlo delito de odio.

La Fiscalía de Menores ha decretado este martes el ingreso en el Centro de Menores de Zambrana del joven que confesó haber agredido a una mujer transexual, de 55 años, a la que le robó un bolso a las puertas del centro comercial Vallsur de Valladolid.

Por el momento no han trascendido más datos de lo sucedido, lo que nos obliga a ser cautos. Sin embargo, al margen de que se cometiera además un robo, con lo poco que se conoce resulta plausible pensar que se ha tratado de una agresión de carácter tránsfobo, sea porque la víctima fuera una persona trans o porque fuese percibida como tal.

Lo que sí es indiscutible (una vez más) es el tratamiento irrespetuoso de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas, como bien señalaba en Twitter el activista David Jiménez, que hacía una recopilación de algunos de los titulares iniciales (que hablaban directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer»):

Mandan a quien posiblemente sea una persona trans a la UCI muy grave en Valladolid y la @policia investigando si es delito de odio. No sé, lo mismo la agredieron por ser fan del Atleti ‍♀#LGTBIfobiaCriminal https://t.co/ZxIZoAKVl3

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La prensa, cómo no, aportando su granito de arena para que el caso dé más asco aún. Ni vestido ni disfrazado de mujer, puede ser que fuese una mujer trans o incluso simplemente alguien vestido como le da la gana. #Transfobia pic.twitter.com/0zxMuowXR4

— David Jiménez (@DavidJimenezU) 13 de agosto de 2018

La FELGTB denuncia los titulares tránsfobos sobre la agresión de Valladolid y recuerda la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) ha denunciado públicamente la transfobia de numerosos medios de comunicación en su modo de recoger la noticia de la agresión del pasado domingo en Valladolid. La FELGTB recuerda en su comunicado la importancia del lenguaje al tratar la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación.

El tratamiento de lo sucedido por parte de diversos medios generalistas ha sido irrespetuoso, ya que en su titulares se hablaba directamente de «un hombre vestido con ropas de mujer», y que ahora la FELGTB denuncia. «Estamos hartas de que no se nos respete y se nos trate con una identidad que no es la nuestra», asegura Victoria Agud, activista trans de la organización. «Los medios de comunicación son tan culpables como el agresor, al incitar la transfobia y la discriminación» añade, con dureza.

La FELGTB ha aprovechado para recordar que, junto a la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, en su momento elaboró una Guía de buenas prácticas para el tratamiento de la diversidad sexual y de género en los medios de comunicación, que pretende ser una herramienta para que los medios usen un lenguaje inclusivo y riguroso. «Los delitos de odio, ya sean de violencia machista, LGTBIfóbicos o de cualquier otra índole, aumentan en número cuando son respaldados por un discurso de odio y más aún si ese discurso parte de los medios de comunicación, responsables de informar desde el respeto y la diversidad», explica la FELGTB, que exige a los medios que han publicado esta noticia con lenguaje tránsfobo (entre los que incluye a medios tan conocidos como El Mundo, Antena 3, 20 Minutos, Diario de Sevilla o la agencia Europa Press) que la rectifiquen y la publiquen con un lenguaje inclusivo.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara Amarga/FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Castilla y León, Centro Comercial Vallsur, Delitos de Odio, Discriminación, FELGTB, FSC-CC OO, Hospital Río Hortega, LGTBfobia, Personas transgénero, Policía Nacional, Transexualidad, Transfobia, Valladolid, Victoria Agud

Una noticia que posiblemente dará lugar a polémica. Diversas entidades, entre ellas varias asociaciones LGTB, han difundido un comunicado en el que muestran su apoyo expreso a la decisión de no admitir la solicitud de asilo de dos personas de origen saharaui que hicieron comentarios abiertamente homófobos e insultaron al traductor de árabe encargado de asistirlos. Un incidente ante el cual estas organizaciones han querido posicionarse de forma pública en favor del funcionario que tomó la decisión, aunque respetando el derecho de otras organizaciones de apoyo a los solicitantes de asilo a “no compartirla”.

Reproducimos textualmente la narración del incidente, tal y como la hacen las organizaciones firmantes del comunicado, y que tuvo lugar en el aeropuerto de Barajas, en Madrid. Es la versión que estas organizaciones han obtenido por parte del traductor de árabe (A. S., de origen kuwaití y ciudadano español) y “otras fuentes” no especificadas:

El traductor pasa por delante de varios solicitantes de asilo que están esperando. Al pasar, escucha insultos, burlas y risas irónicas. Se están mofando de su condición y diciendo la palabra ‘maricón’ en árabe. Ellos desconocen que el traductor habla su idioma y que, en realidad, es el intérprete que, posteriormente, les asiste para tomar su solicitud de asilo en árabe.

En ese momento, el traductor no dice nada. Al volver a pasar, vuelven a comenzar las risas y los insultos, por lo que el traductor se dirige a ellos y les comunica que entiende perfectamente lo que le están diciendo. Se produce una discusión verbal en la que el traductor dice que su labor es la de apoyarles, pero no soportar sus insultos. 

Ante esa discusión intervienen 4 agentes de la policía nacional para ver qué sucede. Los pre-solicitantes empiezan a hablar con los agentes de una forma arrogante, elevando el tono de voz y exigiendo a la policía que se les conceda el asilo. El tono sube de tal forma que el resto de la gente en la sala se empieza a asustar. Ante eso, la policía decide llevarles a un cuarto para hablar con ellos y aislarles del resto, de forma que no se produzca un altercado en una sala donde, incluso, hay niños. 

En presencia del traductor y en esa sala separada, un agente de la policía les explica que esta actitud homófoba no es aceptable en España. Aunque niegan los hechos, se ríen con actitud despectiva hacia una agente de la policía y elevan el tono de voz. Uno de ellos se encara a pocos centímetros de uno de los policías, gesticulando con las manos agresivamente.

Ante esta actitud, se contacta con el jefe del grupo de inadmitidos y asilo de frontera, DON CARLOS GÓMEZ ÍÑIGUEZ, quien decide no tomar a dos de ellos la solicitud de asilo y aplicarles el protocolo de rechazo y retorno al país de procedencia. El grupo del que ambos individuos forman parte se compone de 7 personas. Las otras 5, que no habían intervenido en el incidente homófobo, tramitan sus solicitudes con normalidad, pudiendo pasar la frontera.

Teniendo en cuenta lo sucedido, las organizaciones AET Transexualia, ACDO (Asociación de Abogados Contra los Delitos de Odio), COGAM, Fundación 26 de Diciembre, Fundación Triángulo Madrid, Gaylespol (Asociación de Policías LGBTi+), GMadrid Sports, Movimiento Contra la Intolerancia, LGTBIpol (Agentes de la autoridad por la diversidad), la sección sindical estatal de Interior de FSC-CC OO, la sección sindical del Ministerio de Interior de UGT y el SUP (Sindicato Unificado de Policía) han suscrito un comunicado conjunto en el que apoyan la decisión de Carlos Gómez Íñiguez, al que de hecho consideran “una persona muy comprometida con la causa del asilo y la protección de los solicitantes” al tiempo que “comprometida con los derechos humanos y el respeto a las minorías”.

“Entendemos que las personas rechazadas y las organizaciones de apoyo al asilo y refugio que les representan tienen todo el derecho a no compartir la decisión de inadmitir a estas personas y presentar los recursos que consideren adecuados en apoyo de sus defendidos. Pero a su vez, las organizaciones firmantes, firmes defensores del derecho al asilo y el refugio en nuestro país, también creemos que es importante que quienes se acojan a este derecho deben conocer que en España no se permiten comportamientos homófobos, sexistas, islamófobos, cristianófobos o cualquier otra expresión de odio y discriminación”, expresa el comunicado. En este sentido, consideramos acertada la decisión de D. Carlos Gómez Iñíguez en lo que se refiere a compromiso contra todo forma de discriminación. Las organizaciones firmantes del comunicado han querido además agradecer expresamente en nombre del traductor de árabe que fue objeto de los insultos homófobos “las muestras de solidaridad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y su compromiso en la lucha contra toda forma de LGBTfobia”.

Se da la circunstancia de que el incidente concreto al que se refiere el comunicado tiene lugar en el contexto de las protestas de varias organizaciones de defensa de los derechos humanos por la situación en la que se encuentran varias decenas de solicitantes de asilo saharauis en Barajas y el modo en el que son tratados.

El Sáhara Occidental, recordemos, es un territorio del Norte de África ocupado en su mayor parte por Marruecos desde que España lo abandonara a su suerte en 1976. Solo una pequeña fracción permanece bajo control del Frente Polisario, la resistencia a la ocupación marroquí, que tras el abandono de España proclamó la República Árabe Saharaui Democrática.

Fuente Dosmanzanas/EstoyBailando

General, Homofobia/ Transfobia. AET-Transexualia, Asilo, Carlos Gómez Íñiguez, CDO, COGAM, Delitos de Odio, Discriminación, FSC-CC OO, Fundación 26 de Diciembre, Fundación Triángulo, Gaylespol, Gmadrid Sports, Homofobia, LGTBIpol, Movimiento contra la Intolerancia, Policía, Policía Nacional, Refugiados, Sáhara Occidental, SUP, UGT

Que las personas con VIH puedan acceder al funcionariado en igualdad de condiciones que el resto no es solo una reclamación de los colectivos de personas con VIH o de los colectivos LGTB. También los especialistas médicos lo reclaman, y de hecho han iniciado una campaña para conseguir que el Gobierno modifique la actual clasificación del VIH/sida como enfermedad infecto-contagiosa y pase a considerarse lo que realmente es, infecto-transmisible. Unidos Podemos y Ciudadanos ya han registrado sendas iniciativas parlamentarias en el mismo sentido, y hoy mismo el Parlamento de Navarra lo respaldaba también de forma unánime.

Los especialistas médicos de Gesida (el Grupo para el Estudio del Sida de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) no tienen dudas. “Nos hemos unido a las voces de los grupos parlamentarios de Podemos y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados o de colectivos como CESIDA o la Federación de Gais, Lesbianas y Transexuales, para solicitar al Gobierno que modifique la actual clasificación del VIH/sida como enfermedad infecto-contagiosa y pase a considerarse infecto-transmisible”, expresaban hace unos días en su boletín. “El mantenimiento de la actual clasificación impide que aquellas personas portadoras del virus pueden acceder a puestos de la administración pública, tales como policía, guardia civil, miembro del Ejército o funcionario de prisiones; o beneficiarse de servicios como centros de día o residencias, entre otros muchos recursos públicos”, añadían los especialistas españoles en VIH.

De hecho, “con el fin de hacer partícipe de esta reivindicación a profesionales sanitarios y al conjunto de la opinión pública”, desde la junta directiva de Gesida se ha puesto en marcga una acción de sensibilización en redes sociales bajo la etiqueta #ConVIHesposible. “Os animamos a compartir en vuestros perfiles esta reivindicación en beneficio de nuestros pacientes”, pedían desde Gesida a sus asociados, al tiempo que promovían dicho hashtag en redes sociales:

Tener #VIH no debe impedir el acceso a puestos de trabajo y servicios públicos en #España. Pongamos fin a esta injusticia. #ConVIHesposible pic.twitter.com/170Q9hY1ZO

— GeSIDA (@GeSIDA) 9 de febrero de 2017

Hace pocos días informábamos precisamente de que por cuarta vez desde 2014 el sindicato FSC-CC OO, la FELGTB, CESIDA y Trabajando en Positivo solicitaban una reunión con la Dirección General de la Función Pública para conseguir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas en el empleo público. Estas organizaciones recordaban al Gobierno español que tanto la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los avances, estudios científicos e informes de diferentes organizaciones especializadas en el VIH establecen que, en la mayor parte de las ocupaciones y puestos de trabajo, incluidas todas las que tienen que ver con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, vivir con el VIH no supone ningún perjuicio para el desempeño de las mismas ni hay riesgo de adquirir o transmitir el VIH. Y señalaban que el Gobierno, como empresa, debe ser ejemplarizante en eliminar cualquier discriminación y estigma que todavía se da entre las personas con el VIH en el ámbito laboral.

Unidos Podemos, Ciudadanos y el Parlamento navarro también lo piden

Tanto Unidos Podemos (en diciembre) como Ciudadanos (hace pocos días) han presentado ya sendas proposiciones no de ley instando al Gobierno a dar este paso. Y este mismo lunes, 13 de febrero, el Parlamento de Navarra se ha sumado a la petición, y además lo ha hecho por unanimidad de todos los grupos allí representados. La declaración dice lo siguiente:

General, Homofobia/ Transfobia. #ConVIHesposible, Ámbito laboral, CC OO, CESIDA, Dirección General de la Función Pública, Discriminación, España, FELGTB, FSC-CC OO, Gesida, SEIMC, Serofobia, Trabajando en Positivo

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, las coordinadoras Trabajando en Positivo y CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) llevan meses solicitando una reunión con la Dirección General de la Función Pública para pedir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas de personas con VIH en las oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ya hay una respuesta: el Gobierno simplemente se niega a considerar una revisión de las exclusiones amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión, que según han expresado estas organizaciones no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente.

El pasado 29 de septiembre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO), las coordinadoras Trabajando en Positivo, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) solicitaron por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones. Las organizaciones ya se habían dirigido a la anterior directora general para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que vivir con el VIH no suponga ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos.

Si en las anteriores ocasiones no se había tenido respuesta por parte de Función Pública, en esta sí que han respondido y para sorpresa de las organizaciones lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española.

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones mencionadas han remitido cartas tanto a la Dirección General de la Función Pública como al Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, aunque oficialmente solo habían recibido respuesta desde Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil. Ahora por fin, y tras la llegada de un nuevo director general, Javier Pérez Medina, ha habido una respuesta por parte de Función Pública, pero esta no ha podido ser más decepcionante.

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de dicho departamento, “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

El texto añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

José Marín, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explica que “es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en octubre del año 2014”.

Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. “El estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”, añade.

Para Santiago Redondo, vocal de salud de FELGTB, la respuesta de la Dirección General de la Función Pública demuestra su desconocimiento “de los avances que ha habido respecto a la transmisión del VIH y continúa sobrevalorando el riesgo de transmisión del VIH y por lo tanto discriminando a las personas con VIH”.

Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.

Pese a la negativa, en un comunicado conjunto las citadas organizaciones han insistido  en su  compromiso “para continuar trabajando a la hora de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público” y acabar con una medida discriminatoria que no se ajusta a la evidencia científica disponible. Estas entidades vienen insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adaptar los reglamentos que dan cabida a este tipo de exclusiones para adecuarlos a lo establecido por la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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