BUENOS AIRES, Argentina. Alba Rueda, activista trans y funcionaria argentina, fue seleccionada por la revista Time entre les 100 líderes emergentes del mundo que están definiendo próximas generaciones de liderazgo. “Me parece que es una atención que el mundo tiene sobre el valor de nuestros recorridos”, expresó a Presentes sobre la noticia.

“El año pasado estuve en el reconocimiento de las 100 más influyentes en la BBC con lo cual me parece también que hay una mirada sobre la Argentina y sobre lo que puede aportar nuestro país”, sostuvo la activista.

Rueda tiene un largo recorrido de activismo por los derechos de las personas LGBTIQ+. Nació en Salta y de chica se instaló en Buenos Aires junto a su familia. Militó la Ley de Identidad de Género y el matrimonio igualitario junto a históricas como Lohana Bernkins y Diana Sacayán. Fue la presidenta y una de las fundadoras de Mujeres Trans Argentina, organización que continúa integrando.

Con el nuevo gobierno del Frente de Todxs, en 2019 asumió el cargo de subsecretaria de Políticas de Diversidad. Recientemente, desde marzo tiene un nuevo rol: es la Representante Especial de Argentina sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de la Cancillería argentina.  Solo cuatro países tienen un cargo de estas características: Jessica Stern en Estados Unidos, Nick Herbert en el Reino Unido, Fabrizio Petri en Italia y Sven lehmann en Alemania.

En 2021, la revista reconoció el activismo de dos latinoamericanas: Indyra Mendoza, directora de la red lésbica Cattrachas, y Claudia Spellmant, activista trans.

“Alba Rueda’s leadership matters. She is tireless and will fight until governments truly serve, respect, and reflect all people, including trans people,” writes Jessica Stern #TIME100Nexthttps://t.co/e97P7gXvBT

— TIME (@TIME) September 28, 2022

El rol político fundamental de Alba

“Ni Alba Rueda ni yo recordamos la primera vez que nos reunimos. Pero a lo largo de los años a menudo estuvimos juntas en paneles insistiendo en que los gobiernos aborden de manera significativa la deshumanización de las personas LGBTQI+ y respeten los derechos humanos”. Así comienza el artículo de Time sobre Alba, escrito por la enviada especial de Estados Unidos para promover los derechos humanos de las personas LGBTQI+, Jessica Stern. Fue publicado ayer en el marco de la lista TIME100 Next.

Para Alba, la importancia de que personas travestis y trans asuman espacios de representación política se da principalmente por dos cuestiones. “La primera es la misma importancia que tiene que las mujeres hablen en espacios internacionales como una voz válida dentro de la agenda política que tiene características particulares”, sostuvo.

Por otra parte, resaltó que desde esos lugares puedan poner como prioridad el hecho de que las “personas travestis, trans y LGBT+ están atravesadas por la pobreza, por la desigualdad, por la violencia, por la falta de justicia, por una falta de mirada transfeminista”. En este sentido, resaltó además el “enorme aporte que hacemos travestis y trans a nuestras democracias, a nuestros sistemas de gobierno”.

“El aporte que hacemos desde la perspectiva de género y diversidad fija prioridades de gestión en nuestro gobierno. Y esto tiene que ver con el enfoque que le dimos a la desigualdad estructural sabiendo que se necesitan políticas públicas concretas para dar respuestas”, dijo la funcionaria. 

A los meses de gestión desde que le tocó asumir el nuevo cargo, Rueda los definió como “muy intensos”. “Todo este año tuvo que ver con continuar una agenda que en términos de política exterior que ya está constituida por parte de las organizaciones LGBTIQ+ y por parte de los ámbitos de Estado que trabajan en esta perspectiva que ya tienen una agenda de trabajo. Entonces era tomar contacto con ellas para saber cuáles eran esas prioridades. La Conferencia por la Igualdad de Derechos LGBTIQ+ que se hizo hace menos de un mes en Argentina era una de las prioridades. El Anti Gender Movement, que es el movimiento anti género, fue uno de los ejes centrales de ese encuentro”, describió.

Además, desde su equipo trabajaron en la renovación del mandato del experto independiente en Naciones Unidas (Víctor Madrigal-Borloz). Esto lo reconoció como “fundamental” para el impulso de políticas internacionales para el colectivo LGBTIQ+. Mientras, apoyan a otros países para avanzar en materia de derechos conquistados. “Otro de los puntos clave para trabajar es el apoyo que le dimos a sus países que están trabajando con proyectos de ley sobre identidad de género. Estos países son del Sudeste asiático y nosotras estuvimos en Vietnam y estamos en contacto con otros países. Queremos aportar 10 años de experiencia en nuestro país sobre la ley de identidad de género”, contó.

Sobre las políticas que son urgentes para el colectivo LGBTIQ+ en el mundo destacó como fundamental la descriminalización. “Uno de los más urgentes es la descriminalización de la homosexualidad -así dicho en genérico- (de las personas LGBTIQ+) en el mundo. La primera y la más urgente es la pena de muerte”, subrayó.

“El liderazgo de Alba importa. Es incansable y luchará hasta que los gobiernos realmente sirvan, respeten y reflejen a todas las personas, incluidas las personas trans”, concluyó la enviada especial Stern en su escrito.

Un proyecto de ley que busca garantizar el ejercicio del derecho al uso del lenguaje inclusivo de género fue presentado hoy en la Cámara de Diputadxs de la Nación. La iniciativa “busca que todas las personas humanas y jurídicas puedan hacer uso de esta herramienta fundamental para el ser humano”, dijo a Presentes Mónica Macha, la diputada del Frente de Todxs que impulsó el proyecto.

Su objeto es “garantizar el ejercicio del  derecho a la libertad de expresión en el empleo de la pluralidad de usos lingüísticos que  abarca el lenguaje inclusivo de género, en todos los ámbitos en los que las personas desarrollan su vida social”, apunta el texto del proyecto de ley titulado “Ejercicio del derecho a la utilización del lenguaje inclusivo de género”. 

La diputada Mónica Macha contó a Presentes que venía “hablando del lenguaje inclusivo con algunas compañeras y compañeres hace ya un tiempo”, y hubo un hecho que les impulsó a acelerar su discusión. “Hace un par de semanas se presentó un proyecto prohibiendo el uso del lenguaje inclusivo”, dijo Macha, en referencia al proyecto presentado en la Cámara de Diputadxs por las abogadas Cynthia Ginni y Patricia Paternesi que prohíbe su uso en los tres poderes del Estado, en el ámbito educativo y en actos oficiales.

“El objeto de este proyecto que presentamos es garantizar el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo. No exigimos que lo hagan todas las instituciones, no es una normativa que busca establecer el lenguaje inclusivo en todos los espacios ni tampoco es prohibitivo, sino que exista el derecho a utilizarlo”, detalló Macha.

No es obligatorio ni busca el castigo 

Otros de los puntos claves del proyecto es que no reviste un carácter de obligatoriedad y, fundamentalmente, evita que una persona pueda ser sancionada, por lo que nadie podría ser castigadx por hablar o redactar en inclusivo.

El proyecto garantiza el derecho a utilizar el lenguaje inclusivo “en las exposiciones, discursos, alocuciones, resoluciones, decretos, leyes, fallos, presentaciones judiciales y toda otra forma de expresión que se utilice oficialmente en el Estado nacional”.

También, en “establecimientos del Sistema Educativo Nacional, en todos sus niveles y modalidades, sean de gestión pública o privada” y se aclara que “esta norma  incluye tanto lenguaje oral como escrito”.

Además, invita a las Provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires, a las Universidades nacionales y al Consejo Federal de Educación a adherirse.

En el proyecto de ley participaron Mara Glozman, investigadora del CONICET con sede en el Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires; Guadalupe Maradei, profesora e investigadora de la Universidad de Buenos Aires especialista en Teoría y crítica literaria con perspectiva de género; y SaSa Testa, magíster en Estudios y Políticas de Género y activista trans no binarie.

Además, cuenta con el apoyo de las diputadas nacionales Gabriela Estevez, Jimena Lopez, Patricia Mounier, Ayelén Spósito, Alicia Aparicio, Verónica Caliva, Carolina Yutrovic, Mara Brawer y Estela Hernández.

“Es una iniciativa que al plantear la posibilidad de utilizar un lenguaje inclusivo de género, se lograría principalmente una inclusión en este lenguaje de las personas no binarias, con lo cual sin dudas partimos de la base de que es una buena iniciativa”, dijo a Presentes Sole Caballero, activista lesbiana no binarie y referente de 100% Diversidad y Derechos en Neuquén.

En este sentido, continuó: “Las personas no binarias estamos obligades a leer todo el material de estudio que surge de una institución educativa en un lenguaje binario mayoritariamente masculino y también a festejar leyes y decretos que, por un lado validan institucionalmente nuestros derechos pero, por otro lado, por tecnicismos de esas instituciones en sus escritos continúan violentándonos al mencionar solamente a hombres y mujeres”.

Acompañar otros derechos 

De esta manera, el proyecto de ley vendría a garantizar el derecho a un trato digno y a ser nombrade de acuerdo a la identidad de género autopercibida, que dispone la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) en su artículo 12 y 1, inciso “c”.

Para justificar el proyecto de ley, el equipo que lo redactó se basó en posiciones de organismos internacionales y legislación nacional en materia de perspectiva de géneros, posiciones de instituciones académicas y organismos nacionales en torno del lenguaje inclusivo de género, y razones sustentadas en los estudios lingüísticos. 

“El proyecto está muy sólidamente fundamentado. No sólo en aspectos internacionales en cuanto a los derechos humanos, en este sentido el derecho humano a la libertad de expresión, sino también presenta una lista bastante extensa de antecedentes a nivel nacional donde diversas universidades e instituciones públicas, como el ANSES, sacaron resoluciones favorables al uso del lenguaje inclusivo”, dijo a Presentes le activista trans no binarie SaSa Testa, quien participó de la elaboración del proyecto.

En cuanto a las razones basadas en los estudios de la lingüística, la diputada Macha expresó: “nos pareció importante poder plantearlo desde la propia disciplina de la lingüística y en realidad no hay ninguna situación que ponga en tensión o que plantee que no es necesario o que es prohibitiva esta utilización del lenguaje inclusivo”. 

“Me parece interesante que dentro de la disciplina lingüística se pueda dar esta discusión porque a veces el remitir a una institución como la RAE pareciera como que obtura o acalla a todos los debates. Cuando estamos hablando de estas construcciones sociales, políticas, no hay un lenguaje que se pueda plantear como estático y definitivo, sino que el lenguaje tiene que permitirnos expresar las ideas y las necesidades de una época”, concluyó.

Este proyecto, para SaSa Testa, se da “en un contexto histórico y social donde ya hay una comunidad de hablantes que lo estamos utilizando y lo estamos militando y con un gobierno que en sus políticas públicas está demostrando ser un gobierno que amplía derechos para la ciudadanía”.