El país centroamericano seguirá los pasos de Chile, que en enero se convirtió en la más reciente nación de América Latina en legalizar las uniones entre personas del mismo sexo después de Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y algunos estados de México.

Costa Rica presentará esta semana dos proyectos de ley para legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, dijo una funcionaria del Gobierno tras reunirse con activistas por los derechos de las personas LGTB. “Esta semana serán convocados estos proyectos, honrando el compromiso del Gobierno en esa materia y (…) se va a abrir un espacio de consulta con distintas organizaciones”, dijo Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia. Las autoridades esperan que el Plan de Sociedades de Convivencia y el de Uniones de Hecho, los dos textos para legalizar la unión civil igualitaria, se discutan en la Asamblea Legislativa antes del 30 de abril.

El gobierno de Costa Rica promoverá en breve la discusión de un proyecto de uniones entre personas del mismo sexo. Una buena noticia que se inscribe en el contexto favorable a los derechos LGTB abierto hace un año en Costa Rica con la elección como presidente de Luis Guillermo Solís, que si todo va bien -el proceso no se adivina fácil- promete dejar a ese país como el más avanzado en materia LGTB de Centroamérica.

Ya desde el principio de su mandato Luis Guillermo Solís rompía moldes eligiendo a un ministro abiertamente gay para la cartera de Turismo y haciendo ondear, con motivo del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, la bandera arco iris en diversas dependencias oficiales, incluida la sede de la presidencia, abogando por “la igualdad de derechos sin ninguna discriminación”. Gestos sin precedentes en Centroamérica, bien recibidos por los activistas LGTB costarricenses y muy criticados, como era de esperar, por los sectores conservadores.

La apertura de un nuevo periodo por lo que a los derechos LGTB se refiere quedó simbolizado, poco después de la elección de Solís como presidente, por la decisión unánime de la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) de que los trabajadores de Costa Rica puedan incluir a sus parejas del mismo sexo en los beneficios del sistema de seguridad social por lo que a la atención médica se refiere (lo que incluye tanto el derecho a la atención sanitaria pública como a la visita hospitalaria). LA CCSS comenzó a valorar esta posibilidad en los días previos al relevo presidencial a iniciativa de Luis Loría, representante del movimiento cooperativista ante dicho organismo, que consideró injusto que durante el proceso de negociación para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa se usara como moneda de cambio la posibilidad de dejar en suspenso la discusión del proyecto de uniones civiles, una noticia que recogimos en su momento. La decisión fue saludada muy efusivamente por el propio presidente de Costa Rica en su perfil de Facebook e incluos mereció una felicitación expresa a Costa Rica desde Naciones Unidas.

Sin embargo, pese lo esperanzador de este nuevo periodo, hasta ahora nada concreto se había materializado respecto a la posibilidad de reconocer las uniones entre personas del mismo sexo, que la Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva años debatiendo. Una iniciativa que en legislaturas anteriores siempre acababa encontrando el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos costarricenses y sus representantes políticos, entre ellos el que en su momento llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo). Es por eso que activistas LGTB se reunían esta semana con representantes del gobierno para exigirles avances en esta materia, una reunión tras la cual la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, anunciaba que el gobierno promovería la discusión, antes del 30 de abril (cuando concluye el vigente periodo de sesiones extraordinarias) de los dos proyectos sobre la materia que se encuentran en trámite parlamentario (el de sociedades de convivencia y el de uniones de hecho), para unificarlos en un solo texto que reúna un apoyo suficiente para conseguir su aprobación tras un periodo de consultas.

Grupos y activistas por los derechos de los homosexuales aplaudieron la iniciativa con la que el presidente Luis Guillermo Solís cumple su promesa de combatir la discriminación después de dar algunas señales el año pasado, como la extensión de los beneficios de la seguridad social a las parejas del mismo sexo. 

“Sí nos molesta que se haya demorado tanto el proyecto, pero el día de hoy ha sido un paso adelante”, aseguró Marco Castillo, del Movimiento Diversidad, quien agregó que el objetivo ahora es buscar el apoyo más amplio en el legislativo. “Vamos a estudiar el proyecto una vez que esté listo (…) Lo importante ahora es que ya, por fin, el Gobierno cumplirá con el compromiso de convocar en sesiones extraordinarias los dos proyectos que buscan el reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo. Se nos va a permitir esta lucha tan importante en favor de las familias del mismo sexo”, afirmaba esperanzado Marco Castillo, representante del Movimiento Diversidad. “Estamos felices de que haya un compromiso concreto y una fecha”, aseguraba por su parte Margarita Bolaños, representante del Frente por los Derechos Igualitarios, quien convocó a toda la comunidad lesbiana, gay, transgénero y bisexual (LGTB) a participar en el debate público de las propuestas legales

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La elección de Luis Guillermo Solís como nuevo presidente de Costa Rica ha despertado las esperanzas de la comunidad LGTB. Demandas como el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo cuentan por fin con un potencial aliado al frente del gobierno. El partido de Solís (Partido de Acción Ciudadana, socialdemócrata) no cuenta sin embargo con una mayoría parlamentaria sólida, por lo que ya desde un principio los colectivos LGTB temen que sus demandas pasen a ser moneda de cambio. Un primer aviso es lo sucedido en días pasados, cuando el partido de Solís ha estado a punto de pactar con grupos evangélicos.

Luis Guillermo Solís, con un programa progresista que incluye la aprobación de una ley de uniones civiles (“sociedades de convivencia”) entre personas del mismo sexo, medidas contra el maltrato animal o el acceso de los costarricenses a la fecundación in vitro conseguía con un 30,9 % de los votos una sorpresiva victoria por la mínima sobre Johnny Araya, candidato del oficialista Partido de Liberación Nacional (PLN) en la primera ronda de las elecciones presidenciales celebrada el 2 de febrero. Una victoria que se tornaba formidable en la segunda vuelta, celebrada el 6 de abril, cuando Solís se hacía con el 77,9 % de los votos frente al 22,1 % de Araya. El problema es que su formación política, el Partido de Acción Ciudadana (PAC), solo había podido hacerse con 13 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, cuyos miembros fueron elegidos también el 2 de febrero. El PLN fue el más votado en las elecciones legislativas, consiguiendo 18 escaños, mientras que el izquierdista Frente Amplio quedaba en tercer lugar, con 9 diputados.

La fragmentación de la Asamblea Legislativa ha obligado al PAC a buscar alianzas parlamentarias que le permitan hacerse con la presidencia de la cámara y controlar la agenda legislativa, sin lo cual se hace muy difícil sacar adelante las propuestas de gobierno. Y aquí es donde saltaban las alarmas cuando se conocía que el candidato de Luis Guillermo Solís a presidir la Asamblea, Henry Mora, estaba negociando con los dos diputados de Renovación Costarricense, un partido evangélico, su apoyo a cambio de posponer la tramitación de la ley de uniones. Negociación inadmisible para los colectivos LGTB, como el Movimiento Diversidad, que apostaron por Solís en la segunda vuelta de las presidenciales. “Posponer la garantía de los derechos humanos de un grupo tan importante es algo muy negativo que retrata una imagen demasiado conservadora de un gobierno que apenas va a iniciar y que contradice su programa de Gobierno”, declaraba su presidente, Marco Castillo. “Estamos totalmente en desacuerdo con esa negociación, según Henry Mora esto es una transición, un período de prueba, pero los derechos humanos no tienen tregua”, manifestaba su vicepresidente, Giovanny Delgado.

La presión de los grupos LGTB evita el pacto homófobo

Afortunadamente esta primera “bola de partido” ha sido salvada por los grupos LGTB, cuya protesta contra la tentación del PAC de plegarse a la presión de los evangélicos ha sido una de las más visibles, llevándolos incluso a manifestarse ante la sede de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo. Finalmente Henry Mora alcanzaba un acuerdo con el Frente Amplio y con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), partido democristiano que cuenta con 8 diputados y que no ha impuesto el veto a la discusión de las uniones civiles. Mora conseguía así hacerse con la presidencia de la cámara con el apoyo de 30 diputados, garantizándose el control de la agenda legislativa durante este primer año. “Ese acuerdo se evitó por nosotros, por un sector del PAC y por el Frente Amplio”, declaraba Marco Castillo.

Según ha confirmado ya el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley de uniones civiles seguirá su “curso normal”, por lo que en cualquier caso la discusión tardará en producirse. Las perspectivas son moderadamente positivas, pero si algo queda claro tras estas primeras escaramuzas es que la comunidad LGTB no puede bajar la guardia.

Costa Rica y las uniones civiles: una larga historia

Lo cierto es que Asamblea Legislativa de Costa Rica lleva años debatiendo la posible aprobación de las denominadas “sociedades de convivencia” que no es otra cosa que una ley de uniones civiles que permitiría a las parejas del mismo sexo acceder a muchos de los derechos que otorga el matrimonio, aunque excluyendo la adopción.

Un proyecto que en ocasiones parecía que progresaba pero que siempre encontraba el freno de los cada vez más influyentes grupos evangélicos y sus representantes políticos, entre ellos el que llegó a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el pastor Justo Orozco (un conocido homófobo, perteneciente al mencionado partido Renovación Costarricense) o de la Iglesia católica costarricense, cuya Conferencia Episcopal hizo público un documento en el que rechazaba las uniones entre personas del mismo sexo.

Esto último ocurrió a raíz de que en 2013 se aprobara la Ley General de la Persona Joven, en cuyo articulado podía interpretarse que dichas uniones quedaban autorizadas (finalmente la justicia costarricense determinó que tal interpretación no era posible). Un episodio que despertó en su momento las esperanzas del colectivo LGTB, que ahora de nuevo se ven reavivadas. Estaremos atentos a lo que sucede en los próximos meses…

Fuente Dosmanzanas

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