El activista LGBTQ+ Steven Kabuye que fue brutalmente apuñalado por culpa de la ley antigay de Uganda sigue siendo acosado por la policía.
La policía trató al activista como a un criminal y allanó su casa mientras aún se recuperaba en busca de pruebas que demostraran que era gay.
El resurgimiento de proyectos de ley anti-LGBTQ+ y leyes draconianas en África ha provocado una oleada de ataques homofóbicos en todo el continente, poniendo en peligro aún más a las personas LGBTQ+ cuyas vidas ya estaban en riesgo.
Estas leyes anti-LGBTQ+ no sólo criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo sino que también apuntan sistemáticamente a los activistas LGBTQ+. Steven Kabuye, un destacado activista ugandés por los derechos LGBTQ+, fue recientemente apuñalado y abandonado frente a su cas al tomarlo por muerto, por dos hombres en una motocicleta que lo habían estado siguiendo durante varios días. Imágenes de video gráficas compartidas en X muestran a Kabuye retorciéndose de dolor, una laceración visible extendida a lo largo de su brazo y un cuchillo incrustado en su abdomen.
Kabuye, activista y editor de Coloured Voices Media Foundation-Truth to LGBTQ Uganda, fue emboscado cuando se dirigía al trabajo. Sus agresores, que llevaban casco, le apuntaron con el cuchillo, apuntando a su cuello, que él protege con su brazo derecho en el vídeo. Cuando intentó huir, los agresores lo persiguieron y lo apuñalaron en el estómago. Kabuye fue descubierto por los residentes y trasladado a un hospital cercano para una cirugía de emergencia.
El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, recientemente promulgó en mayo de 2023, después de su aprobación por el parlamento de Uganda en marzo, uno de los proyectos de ley contra los homosexuales más severos del mundo. La Ley Antihomosexualidad de 2023: Quienes se identifiquen como queer podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Mientras tanto, aquellos declarados culpables de “homosexualidad agravada” en virtud de la ley podrían enfrentar castigos tan severos como la pena de muerte. También ha intensificado el sentimiento homofóbico en todo el país con un aumento notable en los abusos homofóbicos y una serie de arrestos. Activistas de derechos LGBTQ+ dijeron que el proyecto de ley ha provocado un aumento de los abusos, incluidas torturas, violaciones y desalojos, contra ugandeses LGBTQ+ por parte de ciudadanos privados. En el siguiente tuit de X, un ugandés desconocido es acosado por una turba en un bar conocido como Happy Boys en Kampala. Se traduce así: “Museveni prohíbe a los homosexuales en Uganda. Mereces la muerte. Necesitas que te violen en grupo para que aprendas”. Esta es la vida cotidiana de un hombre gay de Uganda…
Unknown Ugandan is harassed by a mob in a bar known as Happy Boys in Kampala.
It’s translated that: “Museveni forbid gays in Uganda. You deserve death. You need to be gang raped so that you learn.”
This is the daily life of a Ugandan Gay man. #RepealAHA23 #StandUp4HumanRights pic.twitter.com/Q992r0IHAo— Steven Kabuye (@SteveKabuye5) November 23, 2023
Esta ley ha provocado el rechazo de la comunidad internacional y la imposición de sanciones y restricciones por parte de Estados Unidos y otros países y organismos. Ante esto, Uganda acusa a EE.UU. de intentar imponer la ‘agenda LGBT’ con nuevas sanciones. En agosto, el Banco Mundial anunció el cese de todos los préstamos a Uganda porque su controvertida ley “contradice fundamentalmente los valores del Grupo del Banco Mundial”. El 18 de diciembre, el Tribunal Constitucional de Uganda escuchó los argumentos de una demanda que impugna la ley.
Kabuye, que aún se está recuperando, reveló en X que ya ha sido acosado por la policía desde el ataque. Dijo que entraron a la fuerza a su casa en busca de lubricantes, banderas del arco iris o cualquier otro artículo incriminatorio que pudieran usar como evidencia para acusarlo bajo la Ley Anti-Homosexualidad. Dijo que cree que el intento fallido contra su vida fue un asesinato planeado.
El apuñalamiento de Kabuye se produjo días después de que se conociera que el congresista republicano estadounidense Tim Walberg defendió la ley anti-homosexualidad en un discurso que pronunció en el Desayuno Nacional de Oración de Uganda, el pasado 8 de octubre. Según el medio The Young Turks, la Fundación Fellowship, que organiza el Desayuno Nacional de Oración en Washington D.C., pagó el viaje de Walberg a Uganda. El artículo también señala que Museveni estuvo entre los asistentes al evento. La oficina de Walberg no ha respondido a la solicitud de comentarios del Washington Blade.
Un incidente similar ocurrió en 2011 en la trágica historia de David Kato, un maestro ugandés y activista por los derechos LGBTQ+. Kato, considerado el padre del movimiento por los derechos de los homosexuales en Uganda, fue asesinado a sangre fría después de obtener una victoria judicial sobre un tabloide que pedía que se matara a los homosexuales.
Kabuye continuó revelando que después de que se le negó la entrada a su casa, la policía arrestó a su compañero de piso, lo torturó y amenazó con exámenes anales forzados en un intento de obligarlo a confesar que él y Steven eran amantes, y al mismo tiempo le pidió que detuviera a la comunidad internacional de ejercer presión sobre ellos o sería acusado falsamente de intento de asesinato.
Kabuye escribió en X: “Cuando vinieron a pedirme una declaración, seguían haciéndome preguntas como: ‘¿Quién te patrocina? ¿Cómo y cuándo te volviste gay? ¿Alguna vez has tenido alguna actividad sexual con algún hombre? Preguntas no relacionadas con el caso que nos ocupa. Simplemente no querían aceptar que fuera un crimen de odio o un intento de homicidio/asesinato”.
Otro activista LGBTQ+, Ronald Agaba, que ha estado hablando y exigiendo justicia para Kabuye, dijo que la policía de Uganda está tratando de encubrir el crimen y está ocupada culpando a la víctima. Continuó publicando capturas de pantalla de las amenazas de muerte que ha estado recibiendo desde que habló.
“La policía no te ayudará. Uganda no es para homosexuales”, dijo un usuario de X.
“Mira a este gay, corre por tu vida en Uganda porque estamos matando a los llamados LGBTQ”, añadió otro.
Otras víctimas en todo el país incluyen a Arianna, una mujer transgénero que fue acusada falsamente en un video viral de TikTok de obligar a hombres jóvenes a tomar hormonas. Un día, cuando llegó a casa después de hacer compras, se encontró con una multitud enfurecida reunida frente a la puerta de su casa. “Cuando me vieron, empezaron a agarrarme y a gritar que tenía que morir”, dijo a The Guardian. “Lo único que recuerdo después fue despertarme en un hospital”.
La nueva ley también castiga a activistas con 20 años de prisión por promover la homosexualidad, lo que lleva a una represión contra las organizaciones de derechos humanos y a la criminalización de cualquier defensa LGBTQ+. Un diputado de Uganda, el Excmo. Cecilia Ogwal, que fue una de los 387 miembros del Parlamento de Uganda que apoyaron la Ley contra la Homosexualidad, llamó a los defensores LGBTQ+ “una fuerza del fondo del infierno” e instó a los ugandeses a “destruir” estas fuerzas LGBTQ+.
Jane, una activista ugandesa de 24 años, dijo Nación LGBTQ Teme por su vida y ha estado escondida. “Últimamente he estado recibiendo amenazas de muerte en línea. Una persona prometió cazarme, violarme y cortarme el cuello”, dijo. “Lo desalentador de esto es que ni siquiera puedo denunciarlo a la policía. Incluso la policía es la que nos aterroriza y fomenta este comportamiento”.
Los activistas y activistas LGBTQ+ en África no han ocultado su postura y lo que sienten acerca de la nueva ley. Se presentó una petición ante el Tribunal Constitucional para impugnarla, pero no se sabe si habrá un resultado positivo. Las audiencias judiciales comenzaron el mes pasado, pero aún no se ha emitido ningún fallo.
Entre las personas que presentaron la petición se encontraban los dos únicos parlamentarios que votaron en contra del proyecto de ley, Fox Odoi-Oywelowo y Paul Kwizera Bucyana, así como los destacados activistas de derechos humanos Pepe Onziema y Frank Mugisha. El Foro de Promoción y Concienciación sobre los Derechos Humanos de Uganda y una serie de grupos internacionales presentaron peticiones adicionales.
La activista Jackline Kemigisa escribió en OpenDemocracy que se unió a la petición “porque el delito vagamente definido por la ley de ‘promoción de la homosexualidad’” pone en peligro su “trabajo y libertad como periodista e investigadora que cubre los movimientos queer y feministas en Uganda. Si mi trabajo, en el que escribo sobre comunidades minoritarias con equidad y dignidad, fuera considerado ‘promoción de la homosexualidad’ según la Sección 11 de la nueva ley, me enfrentaría a hasta 20 años de prisión”, dijo.
Otra activista ugandesa, Kira, explicó cómo la nueva ley ha cambiado su vida. “Uganda siempre ha sido homofóbica”, dijo a LGBTQNation, “pero desde que se firmó este nuevo proyecto de ley las cosas han cambiado. Antes de la nueva ley, lo peor que te podía pasar en público era que te abuchearan, ya que la gente rara vez te ataca sin provocación. Pero la nueva ley los ha envalentonado. Ahora nos atacan públicamente basándose en la percepción, algunos de ellos incluso llegan a acecharnos y tendernos emboscadas en nuestras casas. Al ser una mujer que se presenta masculina, tengo miedo de salir en público estos días porque no ser lo suficientemente tradicionalmente femenina podría hacer que me maten. Casi perdemos a un amigo el mes pasado después de que una turba lo golpeara en el mercado por sus gestos femeninos”.
Según Reuters, el Tribunal Constitucional de Uganda comenzó a escuchar una impugnación el 18 de diciembre que dice que la ley viola derechos constitucionalmente protegidos. Un panel de cinco jueces dijo a los peticionarios que serían notificados cuando se llegara a un fallo.
“Para ser honesto, no tengo ninguna fe en que nuestro poder judicial o que todo este caso tenga un resultado positivo”, dijo John Mukasa, un activista por los derechos de los homosexuales y funcionario médico que vive en Uganda. Nación LGBTQ. “La homosexualidad es un tema muy controvertido en África y la homofobia ha calado profundamente en nuestra sociedad. Nuestros políticos están explotando este odio para su propio beneficio disfrazado de proteger las culturas africanas y continuarían haciéndolo sin importar el costo. Uganda tiene una infinidad de problemas, desde la inseguridad hasta la pobreza multidimensional y el hambre; estas leyes contrarias simplemente se utilizan para distraer a la gente de los problemas que realmente importan”.
La difícil situación de la comunidad LGTBI en Uganda
Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.
La situación de las personas LGTBI en Uganda es muy complicada. El artículo 145 del Código Penal castiga con penas que pueden llegar hasta la cadena perpetua a aquellos que «tengan conocimiento carnal contra natura con otra persona». El mero intento de mantener relaciones homosexuales o lo que se denominan «prácticas indecentes» se castiga con hasta siete años de prisión. En 2017, el Orgullo LGTBI de Uganda tuvo que ser cancelado tras amenazar el Gobierno de este país africano con detenciones masivas. Unas amenazas que, unidas al antecedente de 2016 (cuando la policía ugandesa interrumpió la celebración y detuvo a varios activistas), llevaban a los activistas LGTBI ugandeses a dar prioridad a su seguridad.
Pero la durísima normativa no parece satisfacer a los LGTBIfobos. La presidenta del Parlamento, Rebecca Kadaga, insistía en 2016 en reintroducir un proyecto de ley que endurecía el trato penal a la homosexualidad, con la pretensión de establecer la pena de muerte en determinados casos, y a la cual ella misma llegó a llamar «un regalo de Navidad». El proyecto había sido aprobado por el Parlamento en diciembre de 2013, pero finalmente fue invalidado por el Tribunal Constitucional a causa de una falta de procedimiento: se había votado sin el quórum necesario. El nuevo Proyecto de Ley de Delitos Sexuales de 2021, pendiente de revisión por el Parlamento, trata de recuperar muchos de los aspectos del frustrado en 2016.
Lo que no dejan de sucederse son los ataques a la libertad de reunión y asociación. En 2015, de hecho, se aprobó una ley, y esa sí está en vigor, que permite al gobierno tener un control férreo sobre las ONG y asociaciones del país, pudiendo no autorizar sus actividades e incluso disolverlas si no se adecuan al «interés público» o si son «contrarias a la dignidad del pueblo de Uganda». Las asociaciones LGTBI ya avisaron de su peligro, ya que los activistas que trabajen en una organización que no cuente con el visto bueno del gobierno pueden llegar a ser encarcelados. Ello supone llevar la lucha por los derechos LGTBI a la ilegalidad.
Por fortuna, el Tribunal Constitucional de Uganda aliviaba un poco la presión a finales de 2016, al declarar contraria a derecho la normativa que impedía a determinados grupos, marcados en la ley como «inmorales o socialmente inaceptables», la posibilidad de reclamar ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en los casos de discriminación. Entre los colectivos señalados se encontraban el de las personas LGTBI (para quienes fue diseñada especialmente la norma), los trabajadores del sexo o las personas que viven con el VIH.
Pero conviene tener en cuenta que no todo depende del marco jurídico: la sociedad civil ugandesa también es fuente de ataques homófobos. Un ejemplo es el intento de linchamiento a un grupo de hombres homosexuales o los ataques que reciben los activistas que intentan llevar adelante la lucha. En octubre del año pasado recogíamos nuevos casos de violencia social y policial espoleada por las declaraciones de un ministro que animaban a reabrir el debate sobre la pena de muerte para las relaciones entre personas del mismo sexo.
En abril del pasado año, tras huir de Uganda, un refugiado gay se ahorcaba junto a la sede de la ACNUR en Nairobi (Kenia). Otro refugiado contaba: “Cuando eres gay en Uganda, no se te considera una persona”. Quedaba demostrado que el colectivo LGTB+ en Uganda sufre un aislamiento continuo…
En 2019, el ministro de seguridad de Uganda había llamado “terroristas” a las personas LGBT+en un visceral ataque contra un candidato presidencial y sus partidarios. Pero, en un paso màs de esta escalada homófoba, el gobierno de Uganda anuncio que las condenas con pena de muerte volverán a ser vigentes, cinco años después de que las anularan. Según fuentes, con esto quieren frenar el aumento de relaciones sexuales no naturales del país.
En agosto, una mujer LGTBI que buscó asilo en el Reino Unido y fue deportada a Uganda -donde el sexo gay es ilegal- ha contado cómo fue perseguida y violada en grupo a causa de su sexualidad. La mujer, conocida sólo como PN, regresó al Reino Unido el lunes 5 de agosto después de que el Tribunal Supremo dictaminara que la decisión de rechazar su solicitud de asilo era ilegal.
En agosto de 2022, el Gobierno de Uganda suspendió las actividades de Sexual Minorities of Uganda (SMUG), la principal asociación LGTBI del país…
La valiente e importantísima labor del activismo LGTB de este país se veía reconocida, en todo caso, a finales de 2017, cuando el Gobierno Vasco reconocía con el Premio René Cassin 2017 el activismo LGTB de la asociación africana Sexual Minorities Uganda.
En fin, si ponemos en el buscador el nombre de Uganda… el horror es cotidiano.
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Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays
Uganda tiene uno de los índices de tolerancia más bajos hacia las personas LGBTQ+, y es común que las personas queer sean víctimas de brutales ataques violentos. Si bien el nuevo proyecto de ley criminaliza aún más a las personas LGBTQ+, las relaciones entre personas del mismo sexo ya estaban prohibidas y las personas queer son el objetivo habitual de los funcionarios. El matrimonio entre personas del mismo sexo, que nunca ha sido permitido, fue prohibido constitucionalmente en 2005.
En 2019, el ministro de seguridad de 
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