19 de enero de 2018: Azotes contra los autores de violaciones de la ley islámica en Banda Aceh, en Ulee Kareng, Indonesia.

El juez los condenó en virtud de la ley islámica.

Por Greg Owen Lunes, 24 de febrero de 2025

En la conservadora provincia musulmana de Aceh, en Indonesia, un tribunal islámico de la Sharia ha condenado a dos hombres homosexuales a azotes públicos por mantener relaciones sexuales homosexuales, según informa Associated Press.

La pareja, de 24 y 18 años, fue descubierta por vigilantes del barrio que irrumpieron en su habitación alquilada y los encontraron desnudos juntos.

El 7 de noviembre, ambos fueron arrestados y sometidos a juicio por “delitos contra la moral”.

El juez que presidía el juicio dijo que se había demostrado “legal y convincentemente” que los dos estudiantes universitarios habían tenido relaciones homosexuales y que recibirían 85 y 80 latigazos, respectivamente.

“Durante el juicio, se demostró que los acusados cometieron actos ilícitos, incluidos besarse y tener relaciones sexuales”, dijo la juez, Sakwanah, que usa un solo nombre como muchos indonesios. “Como musulmanes, los acusados deben respetar la ley Sharia que prevalece en Aceh”, añadió.

Los hombres eran estudiantes destacados que se comportaban educadamente en el tribunal, cooperaban con las autoridades y no tenían antecedentes penales, dijo el juez, y por lo tanto no estarían sujetos a la pena máxima de 100 latigazos.

En Aceh, se castiga con azotes a una variedad de “delitos contra la moral”, como el sexo homosexual, el sexo entre personas solteras, el juego, el consumo de alcohol, las mujeres que visten ropa ajustada y los hombres que se saltan las oraciones del viernes.

Esta es la tercera sentencia de azotes dictada por homosexualidad desde que Aceh obtuvo el derecho a imponer la ley islámica como parte de un acuerdo de paz con el gobierno nacional en 2006.

Human Rights Watch informó que las autoridades de Aceh azotaron públicamente a dos hombres homosexuales 77 veces cada uno en 2021 después de que una turba allanara su apartamento en noviembre y los sorprendiera manteniendo relaciones sexuales antes de entregarlos a la policía.

En 2018, la policía arrestó a 12 mujeres transgénero en Aceh y les afeitó la cabeza para “convertirlas en hombres”.

Si bien la ley islámica de la provincia de Aceh es extrema en su tratamiento de los “infractores” LGBTQ+, las leyes de Indonesia que abordan a las personas LGBTQ+ en general fueron descritas como un “desastre de derechos humanos” por el Centro de Derecho, Islam y Sociedad de Indonesia en Melbourne.

En 2022, dos soldados indonesios fueron expulsados del ejército y condenados a siete meses de cárcel por tener relaciones sexuales homosexuales. En 2020, nueve hombres fueron arrestados en una “fiesta gay” en una redada en un hotel de Yakarta y acusados en virtud de las leyes contra la pornografía, que pueden conllevar una pena de 15 años.

Desde que se impuso la ley islámica en Aceh, más de 100 personas cada año han sido azotadas públicamente por “delitos contra la moral”.

Los fiscales y los abogados de los hombres dijeron que los acusados aceptaron sus sentencias y no apelarán.

Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB

En agosto de 2021 conocíamos que  condenaban a  siete  meses de prisión a soldado en Indonesia por homosexualidad.

En 2018, informábamos de la detención de  diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica».Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, en mayo de 2017 a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.

Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.

En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.

En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.

El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.

Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.

Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.

En julio de 2020 conocíamos que Indonesia podría aprobar en 2021 los “exorcismos” a personas LGTB+. Y en febrero de ese mismo año, una pareja gay era condenada a 154 latigazos por tener relaciones sexuales.

Fuente LGBTQNation/ Cristianos Gays

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Cada hombre fue flagelado entre 35 y 39 veces delante de funcionarios talibanes, clérigos religiosos, ancianos y lugareños, según autoridades locales

  Los talibanes flagelaron este martes a nueve personas en un estadio de fútbol repleto de personas en la ciudad afgana de Kandahar, según ha informado el Tribunal Supremo del país en el que supone el último castigo público llevado a cabo por los fundamentalistas en Afganistán.

“Hoy, nueve personas han sido castigadas por cargos de robo y sodomía por el tribunal de apelación de la provincia de Kandahar”, ha dicho en un escueto comunicado el máximo órgano judicial del país asiático.

Según testigos citados por el medio independiente afgano Hasht-e-Subh Daily, los talibanes cortaron las manos a cuatro de los hombres detenidos por robo.

Al campo de fútbol acudieron altos funcionarios locales del Gobierno talibán que dieron una serie de discursos antes de que los condenados fuesen flagelados, según el Tribunal Supremo.

Un testigo ocular que pide no ser identificado el anonimato dice a EFE que cientos de personas acudieron al lugar para presenciar la pena.

Haji Zaid, portavoz de la oficina del gobernador de la provincia meridional de Kandahar, dijo en su Twitter que cada hombre fue flagelado entre 35 y 39 veces delante de funcionarios talibanes, clérigos religiosos, ancianos y lugareños.

Yesterday, the Taliban flogged 9 men in front a large crowd inside a football stadium in Kandahar, the group’s birthplace and home to its supreme leader Mullah Hibatullah Akhondzada.

KabulNow obtained exclusive footage from inside the stadium. pic.twitter.com/4DgccGErsx

— KabulNow (@KabulNow) January 18, 2023

Más de 100 flagelaciones en un mes

La práctica de administrar castigos corporales o incluso ejecutar a personas en público, reintroducida en Afganistán por los talibanes desde que volvieron al poder en agosto de 2021, fue condenada repetidamente por organismos como Naciones Unidas.

Haibatullah Akhundzada  Redes sociales/Foto de archivo

El 14 de noviembre, el líder supremo talibán dio una orden obligatoria para la plena aplicación de la sharía o ley islámica en Afganistán. Según la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, desde entonces, los talibanes han llevado a cabo varias flagelaciones públicas de mujeres y hombres acusados de adulterio, robo, conducta sexual homosexual o secuestro.

“Los talibanes siguen haciendo caso omiso de las críticas generalizadas mientras desprecian flagrantemente los principios básicos de los derechos humanos en un alarmante deslizamiento hacia lo que parece un sombrío recuerdo de su gobierno de hace tres décadas”, dice la ONG en un comunicado. “La comunidad internacional debe intensificar inmediatamente sus esfuerzos para garantizar que las autoridades de facto de Afganistán abolan todos los castigos crueles, inhumanos y degradantes.”

El pasado diciembre, 10 expertos en derechos humanos de la ONU pidieron a las autoridades talibanes que pongan fin a las ejecuciones y los castigos en ceremonias multitudinarias.

“Desde el 18 de noviembre de 2022, las autoridades de facto habrían flagelado a más de 100 personas, hombres y mujeres, en varias provincias”, dijeron hace un mes los expertos en un comunicado. “Cada uno recibió entre 20 y 100 latigazos por presuntos delitos, entre ellos robo, relaciones ”ilegítimas“ o violación de los códigos de conducta social”. Además, señalaron que el castigo para las relaciones fuera del matrimonio “se dirige de forma abrumadora contra las mujeres y las niñas”.

El mes pasado, los talibanes ejecutaron a un afgano condenado por matar a otro hombre, “lo que parece ser la primera ejecución pública” desde que tomaron el poder, indican los expertos. La ejecución fue llevada a cabo con un fusil de asalto por el padre de la víctima en la provincia occidental de Farah ante cientos de espectadores y muchos altos cargos talibanes.

Los talibanes acostumbraban a aplicar durante su primer gobierno entre 1996 y 2001 brutales sanciones públicas como el ahorcamiento, amputaciones, lapidación o latigazos, en base a su rígida interpretación del islam y su estricto código social conocido como pastunwali.

Poco después de hacerse con el control de Kabul, y a pesar de sus promesas de cambio, los talibanes mataron a cuatro secuestradores y colgaron sus cuerpos en público en la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán.

Asesinada la exdiputada Mursal Nabizada

Junto al retorno de los castigos públicos, las mujeres han experimentado un deterioro en sus derechos con restricciones como el veto a las universidades y escuelas secundarias, la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del velo o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos.

Este domingo, la líder afgana Mursal Nabizada (en la fotografía), ex diputada del Parlamento durante del Gobierno previo a la llegada al poder de los talibanes, murió tiroteada junto a su guardaespaldas en un ataque cometido por individuos no identificados en Kabul.

Las fuerzas de seguridad iniciaron “serios esfuerzos para encontrar a los criminales y entregarlos a la justicia”, dijo a EFE el portavoz de policía, Khalid Zadran, sin precisar información sobre la naturaleza del crimen.

Fuente El Diario

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Como habíamos anunciado, los legisladores de la provincia indonesia de Aceh, la única del país donde se aplica la ley islámica, han dado luz verde a una ley que permite el uso del castigo físico contra las personas que mantengan relaciones homosexuales. El castigo se ejecutaría con una vara larga de madera y en público con el fin de aleccionar a la población. Conforme al nuevo decreto, aquellos que practiquen sexo con personas de su mismo género serán penados con hasta 100 latigazos, en una decisión calificada como “un enorme paso atrás” por las organizaciones pro derechos humanos.

 “Un enorme paso hacia atrás”, así califican las organizaciones dedicadas a los derechos humanos las nuevas leyes aprobadas en la conservadora provincia indonesia de Aceh. Es la única zona de la nación de mayoría musulmana, lo que les ha llevado a aplicar la sharia, la ley islámica, que ordena azotes públicos para los juegos de azar, el consumo de alcohol, mantener sexo fuera del matrimonio o con una persona de tu mismo sexo.

Dicha ley, además, prohíbe explícitamente el sexo anal entre hombres así como los “frotamientos de las partes del cuerpo de la mujer para estimularse“,por lo que la homosexualidad, técnicamente, es ilegal por primera vez en Aceh. Amnistía Internacional, quien pide el fin de los castigos físicos en la región, ha instado los legisladores locales en un comunicado a «retirar de inmediato o revisar la disposición de la ordenanza que viola los derechos humanos“.

La ordenanza también será la primera en la provincia que se aplicará a los no musulmanes, tanto indonesios como extranjeros. Amnistía Internacional califica la flagelación como un crimen contra las leyes internacionales sobre la tortura y los derechos humanos por lo que ha pedido que se termine con esta práctica en Aceh. El principal valedor de esta ley, Ramli Sulaiman del partido Aceh, ha celebrado que esta reforma salga adelante. Ahora, la pelota está en el tejado del Ministerio del Interior de Indonesia, quien puede tumbar la ley por violación de los derechos humanos. Amnistía Internacional, que ha pedido que se ponga fin a la flagelación, exigió que la ordenanza quedara derogada inmediatamente. “Criminalizar a los individuos según su orientación sexual es un duro golpe para la igualdad en Indonesia”, declaró Richar Bennett, director de Amnistía Internacional en Asia y el Pacífico. La nueva regulación será aplicada también contra personas no musulmanas y extranjeros.

El castigo físico ya es utilizado en esta región autónoma indonesia por delitos como beber alcohol, apostar y mantener relaciones fuera del matrimonio. “El azotamiento es cruel, inhumano y un castigo degradante que está claramente prohibido por la legislación internacional. Las víctimas no solo experimentan dolor y humillación, a menudo también se enfrentan a daños físicos y psicológicos de largo plazo”, sentencia Bennett.

Bennett considera que la ley aumentará el “clima de homofobia, miedo y hostigamiento que muchos sufren ya en Aceh”. Los azotes se llevarán a cabo con palos de ratán en público y están dirigidos a humillar más que a causar dolor físico. La ley debe ser aprobada por el Ministerio del Interior en Yakarta, que indicó la semana pasada que podría anular la norma por respeto a los derechos humanos. Sin embargo el jefe de la comisión que redactó el proyecto de ley, Ramli Sulaimán, asegura que todos los organismos pertinentes en Yakarta habían dado luz verde.

Desde el 2010, al menos 156 personas han sido condenadas a castigos físicos en Aceh, según datos de la organización. En el año 2001 el gobierno indonesio concedió a Aceh mayores poderes de autonomía para suavizar el proceso separatista abierto en la región desde hacía décadas. Desde entonces, esta provincia de mayoría musulmana está imponiendo la ley islámica de la sharia. Su legislación prohíbe el consumo de alcohol, el juego, la fraternización a hombres y mujeres solteros y las muestras de afecto fuera del matrimonio y a las mujeres musulmanes en Aceh cantar o bailar, impuso el hiyab y el toque de queda nocturno. La barbarie de los musulmanes más radicales y machistas en la interpretación y aplicación de la sharia llega hasta el punto de condenar por adulterio a una mujer violada por varios hombres. Las flagelaciones públicas se han convertido en la forma de castigo preferida por las autoridades para dar ejemplo. Y pese a lo que pueda parecer, esta reforma es más suave que la que el parlamento de Aceh intentó imponer en 2009 y que condenaba el adulterio con pena muerte por lapidación. Una medida anulada por el gobernador ante la indignación internacional.

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Aceh, una provincia conservadora de Indonesia, quiere castigar con cien latigazos a quienes mantengan relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Una condena propuesta dentro del proyecto de ley que el parlamento podría aprobar esta semana. El castigo se ejecutaría con una vara larga de madera y en público con el fin de aleccionar a la población.

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Hombre ajusticiado por realizar apuestas en Indonesia

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Según recoge AFP, la nueva ordenanza describe como delito el sexo anal entre hombres y el roce de las partes del cuerpo entre las mujeres para estimularse. Y va un paso más allá con la aplicación de la sharia a los no musulmanes. También se empleará la vara para castigar el adulterio con 100 azotes. Y pese a lo que pueda parecer, esta reforma es más suave que la que el parlamento de Aceh intentó imponer en 2009 y que condenaba el adulterio con pena muerte por lapidación. Una medida anulada por el gobernador ante la indignación internacional.

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Amnistía Internacional califica la flagelación como un crimen contra las leyes internacionales sobre la tortura y los derechos humanos por lo que ha pedido que se termine con esta práctica en Aceh. Pero el principal valedor de esta ley, Ramli Sulaiman del Partido Aceh, está convencido que la reforma saldrá adelante: “Hemos estudiado la aplicación de la sharia en países como Arabia Saudí y Jordania para redactar esta ley y estamos contentos”. De salir adelante, la pelota caería en el tejado del Ministerio del Interior de Indonesia quien podría tumbar la ley por violación de los derechos humanos.

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Fuente Ragap

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¿Y ante esto no va a decir nada su amigo el Rey Juan Carlos?

Nos cuenta Ragap que Brunéi instaura la flagelación y la pena de muerte para homosexuales a partir del 1 de abril próximo. El país es el primero en el Sudeste Asiático que instaura la ley islámica de la Sharia a nivel nacional, que entrará en vigor ese mismo día, con la ratificación del sultán Hassanal Bolkiah. La población LGBT será automáticamente condenada a muerte, al igual que ocurre en otros países como Irán o Arabia Saudí.

La “sodomía”, una actividad ilegal en Brunéi en las que están incluidas las relaciones sexuales anales, está castigada actualmente con penas de prisión de hasta diez años. Desde abril, la nueva ley supone la pena capital para estas relaciones sexuales, al igual que para las extramatrimoniales heterosexuales, mediante la lapidación.

La aplicación de la Sharía en este país también pena la “homosexualidad” con la flagelación, sin que necesariamente se hayan tenido que producir actos sexuales. También se castigarían con esta forma de tortura el consumo del alcohol y el aborto.

Esta decisión ha causado indignación en amplios sectores en el país, que se ha generado sobre todo en Internet. Al sultán Bolkiah no le ha sentado nada bien esta respuesta, hasta el punto de lanzar un comunicado en el que “advierte” de los peligros de las nuevas tecnologías.

“Debemos ser prudentes y cautelosos en cosechar sus beneficios. De lo contrario, si nos descuidamos y abusamos (de esta tecnología), los efectos adversos no recaerán sólo sobre el individuo si no sobre la nación en su conjunto. Utilizan los nuevos medios como blogs, WhatsApp, etcétera, que no sólo son accesibles por la población local, sino también por aquellos en el extranjero”, explica.

La única reacción destacada hasta el momento la ha tenido la Comisión Internacional de Juristas con sede en Tailandia. En una carta abierta remitida al sultán de Brunéi, pide “aclaraciones” sobre lo que supondrá la implementación de la Sharia.

“La declaración del sultán Hassanal Bolkiah demuestra que los derechos humanos, en particular el respeto a la libertad de opinión y de expresión, son ampliamente ignorados por las autoridades de Brunéi”, señalan los juristas. “Si se aplica, el código daría lugar a graves violaciones de los derechos humanos al restablecer la pena de muerte e imponer otros castigos crueles e inhumanos como la lapidación, incluso por conductas que ni siquiera deberían ser consideradas criminales”, añaden.

Brunéi es un país de mayoría musulmana. Es una monarquía donde el Sultán es también el Primer Ministro y ejerce el poder absoluto en el gobierno y en la sociedad de Brunéi. El sultán es también una de las personas más ricas del mundo. La Sharia se aplica actualmente en el país, pero se limita a asuntos personales y familiares. Y la pena de muerte es una medida que no se aplica desde 1957.

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