“Puto transexual de mierda”, “tú qué coño eres”, “maricón”… Con estos insultos vejatorios repetidos constantemente fue recibido Hugo Soleto (Cáceres, 28 años) en un salón de juego de la ciudad extremeña. Los agresores eran dos hombres de 19 y 23 años a quienes trató de ignorar, pero el tema no quedó ahí. “Cuando salieron a fumar, me chocaron con el hombro y los insultos subieron de nivel. Uno de ellos se dirigió a mí dándose golpes en el pecho como un gorila, me pegó un cabezazo y, cuando me giré para marcharme, vino por detrás y me dio un puñetazo en la cara”, recuerda con rabia Soleto. El motivo: ser un hombre trans. La nariz ensangrentada y un ojo morado fueron las consecuencias físicas de aquella agresión por motivos de LGTBIfobia que ocurrió en marzo de 2023. Una tipología de delitos de odio, contra la orientación sexual y la identidad de género, cuyas condenas han aumentado en 2022 un 25% respecto al año anterior, según la Memoria Anual de la Fiscalía presentada la semana pasada.

Las sentencias han pasado de 30 en 2021 a 37 en 2022, último año con datos recogidos en la memoria. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quiso remarcar su preocupación por este crecimiento en la presentación del año judicial que tuvo lugar el pasado jueves. “La memoria de la Fiscalía alerta del auge de los delitos motivados por la LGTBIfobia, que ocupan el primer lugar en las condenas por delitos de odio y discriminación, seguidos por el racismo y la xenofobia”, mencionó García Ortiz.

La tendencia al alza en este tipo de delitos se disparó en 2021. Así, de los 169 hechos conocidos en 2015, bien por medio de denuncia o de actuación policial, se pasó a 466 hace dos años, lo que supone un aumento del 175%, según los datos que maneja el Ministerio del Interior. En 2022 hubo una ligera bajada y se registraron 459. Estas cifras permiten una doble lectura, según comenta el fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, ya que puede deberse o bien a que hay un mayor número de denuncias, o bien a que los delitos de este tipo han aumentado. “Las campañas de sensibilización facilitan que las víctimas vayan denunciando, pero puede ser también que realmente haya un incremento de hechos en la calle. No descarto que sea una suma de ambas circunstancias”, expone el fiscal.

 Delitos de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género

Fuente: Ministerio del Interior EL PAÍS

Los colectivos en defensa de las personas LGTBI coinciden en que el motivo principal de este aumento es la proliferación de los discursos de odio. “La extrema derecha nos pone al nivel de los enfermos, de pederastas y nos acusa de influir en la orientación sexual de las criaturas, y esto provoca que otras personas con menos filtros acaben actuando, como en el caso de Samuel”, argumenta Fran Fernández, coordinador general del colectivo Lambda, en alusión al asesinato de Samuel Luiz. En julio de 2021, el joven de 24 años fue brutalmente agredido por un grupo de jóvenes a la salida de un bar de A Coruña al grito de “maricón” y se convirtió en un símbolo de la lucha contra la LGTBIfobia que desencadenó manifestaciones en toda España. También se pronuncia en la misma línea la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Laura González: “Parecían discursos que ya habíamos superado, pero se están volviendo a normalizar y esto envalentona a la gente para insultar o para agredir al colectivo”.

La ansiedad y la angustia se apoderaron de Hugo Soleto durante las semanas posteriores a la agresión. “Me venía alguien a hablarme por detrás y me asustaba enseguida”, recuerda. Recibe atención psicológica desde que ocurrieron los hechos y trataba de buscar una explicación a lo ocurrido: “No dejaba de preguntarme por qué, por qué yo, por qué a mí”. El miedo a no poder defenderse y a sufrir alguna agresión más grave t

Soleto decidió denunciar ante la insistencia de los policías que lo atendieron y también quiso seguir con el proceso judicial, a pesar de la incertidumbre por posibles represalias. “Yo tenía mucho miedo por si le pasaba algo a mi familia o a mí mismo”, recuerda. El caso de Soleto, sin embargo, no es habitual, ya que solamente se denuncian un 20% de los delitos de odio contra el colectivo, según el informe Estado LGTBI+ 2023, publicado en mayo por la FELGTBI+. “Quiero que sirva para que se haga más visible y para empujar a más víctimas a denunciar”, arguye Soleto.

Los colectivos también coinciden en los tres factores que mantienen el porcentaje de denuncias en el 20%: las circunstancias de la víctima, que si denuncia se ve obligada a salir del armario en todos los ámbitos de su vida; la falta de confianza en la policía, y las dudas sobre la resolución de su caso a nivel judicial. El coordinador general de Lambda explica que están trabajando con “los distintos cuerpos para que haya una mayor concienciación”.

La Fiscalía advierte en su Memoria Anual de “las dificultades para tener un control efectivo y poder realizar la contabilización y seguimiento de las denuncias por delitos de odio”, ya que los datos no siempre llegan homogeneizados de las comunidades. Por ello, el fiscal Aguilar se compromete a impulsar un recuento unificado en los próximos meses o en el próximo año, tal y como se exige en la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, publicada en el Boletín Oficial del Estado en julio de 2022. “Es necesario poner cifras al sufrimiento”, comenta Aguilar.

Soleto inició el proceso de transición hace un año y calcula que todavía le quedan, como mínimo, seis meses más. A pesar de saber que sus agresores no eran de Cáceres, decidió dejar el trabajo porque sentía “mucha ansiedad”. Ahora está esperando a que se celebre el juicio, previsiblemente este octubre, para tratar de empezar de nuevo: “Solo quiero que sea el juicio y que esas personas aprendan”.

El 028 atiende a las víctimas de delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia las 24 horas y en seis idiomas, al igual que el correo 028-online@igualdad.gob.es y el chat www.igualdad.gob.es/Paginas/chat028.html

Fuente El País