El pasado viernes quedó visto para sentencia en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers el juicio contra los «Pilla Pilla», el infame grupo homófobo que, a imitación de los neonazis rusos de Occupy Pedofilyaj, se dedicó a finales de 2013 a hostigar, en los alrededores de Barcelona, a homosexuales con los que contactaban a través de chats. La Fiscalía solicita penas de 21 años de prisión para sus dos cabecillas, acusados de tres delitos contra la integridad moral y dos contra la intimidad, además de condenas de 15, 6 y 2 años de prisión para otros cuatro acusados, uno de ellos menor de edad en el momento de los hechos.

El juicio se celebró la pasada semana y en él se personaron además como acusación particular la Comisió Unitària 28 de Juny (que agrupa a diversos colectivos LGTBI catalanes), la FELGTB, la Fundación Triángulo y el Movimiento contra la Intolerancia, representados por la abogada Laia Serra. Las sesiones del juicio, en cualquier caso, no han arrojado sorpresas sobre lo que ya se conocía. El «proyecto Pilla-Pilla», liderado por el joven de origen ucraniano Mikola Zatkalnitsky, alias «El Rusky», fue desarticulado por los Mossos d’Esquadra a finales de 2013. Durante aquellos días, su actividad alcanzó gran eco en redes sociales, gracias a su supuesta finalidad «cazapederastas», aunque pronto quedó claro que no era más que un grupo homófobo creado a imitación de Occupy Pedofilyaj, una red de grupúsculos rusos responsables de numerosos episodios de violencia contra personas LGTBI especialmente activa en esa época y con la que de hecho compartían simbología: un puño cerrado con el pulgar hacia arriba, aunque doblado. Los acusados, sin embargo, han mantenido que su intención era solo la de perseguir pederastas.

El fiscal contra los delitos de odio de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, describía en su acusación al menos tres ataques acreditados del grupo a víctimas en Granollers, todos ellos con el objetivo de «atemorizar, humillar y represaliar» a hombres homosexuales valiéndose de la «notable desproporción» de su fuerza numérica. Tras engañarla a través de las redes sociales, el grupo concertaba un encuentro con la víctima, a la que rodeaba por sorpresa para que no huyera, la retenía y la filmaba mientras la sometía a un interrogatorio humillante, con preguntas vejatorias sobre su condición sexual, que finalizaba con la coacción a la víctima para que dijera frente a una cámara que era un «pederasta». Les obligaba además a facilitar ante las cámaras su nombre completo y DNI para poder quedar libres. La mecánica era, en este sentido, calcada a la de los neonazis rusos, cuyos vídeos el propio Mikola Zatkalnitsky compartía en su perfil de VKontakte, principal red social rusa (en la que por desgracia sigue siendo posible acceder a numerosas de estas grabaciones en las que se maltrata a homosexuales).

El líder de Occupy Pedofilyaj, recordemos, era Maxim Martsinkevich, alias «Tesak», un famoso neonazi ruso que ya antes había sido el inspirador de Format 18, organización racista que pocos años antes se había hecho muy conocida por sus salvajes agresiones a ciudadanos no rusos. Martsinkevich fue condenado en 2014 a 5 años de prisión en su propio país, mientras que otros 6 integrantes de Occupy Pedofilyaj fueron condenados en 2015, también en Rusia, a entre 3 y 6 años de prisión.

Volviendo a los «Pilla-Pilla», hay que tener en cuenta que, también a imitación de los neonazis rusos, al maltrato del momento se unía el hecho de que los vídeos eran luego difundidos para escarnio de las víctimas, algo que la Fiscalía considera que causó un daño irreparable en su honor y en su dignidad. El fiscal destaca además que los ataques causaron un estado de alarma social entre el colectivo homosexual, que temió por su integridad y se vio gravemente afectado en su dignidad colectiva. Por todo ello, además de las penas de cárcel, el fiscal reclama indemnizaciones por valor de 31.000 euros euros para cada una de las tres víctimas y la prohibición de acercarse a un kilómetro de distancia. Por cierto, que meses después de la desarticulación del grupo se supo de su conexión con una agresión racista ocurrida en el metro de Barcelona.

El Observatori contra l’Homofòbia espera una sentencia justa

En declaraciones a dosmanzanas, Ton Mansilla, asesor jurídico del Observatori contra l’Homofòbia, ha expresado su esperanza en que el juicio derive en unas condenas justas. «Desde el Observatori valoramos muy positivamente que todas las acusaciones coincidieran en remarcar el agravio que supuso el ‘Proyecto Pilla-Pilla’ contra la dignidad de todo el colectivo LGTBI, así como el potencial lesivo de los hechos, que va más allá de las víctimas concretas», ha declarado. «Las entidades LGTBI esperamos una sentencia justa en términos de derechos humanos y de protección de las minorías, que mande un mensaje claro contra la impunidad de los grupos de extrema derecha, y a la vez suponga un paso más para romper el silencio de las víctimas de la LGTBIfobia. Tal y como remarcó la abogada de la acusación popular, Laia Serra, los Estados tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos frente a los delitos de odio, según ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos», ha añadido Mansilla.

Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas/FELGTB

General, Homofobia/ Transfobia. Arantxa Mirandal, Barcelona, Cataluña, Comissió Unitària 28 de Juny, Delitos de Odio, FELGTB, Fiscal, Format 18, Fundación Triángulo, Granollers, Homofobia, Laia Serra, LGTBfobia, Maxim Martsinkevich, Miguel Ángel Aguilar, Mikola Zatkalnitsky, Movimiento contra la Intolerancia, Observatori contra l'Homofòbia, Occupy Pedofilyaj, Proyecto Pilla pilla, Rusia, Tesak, Ton Mansilla, Ucrania, Uge Sangil, Violencia LGTBIfoba, VKontakte

Francisco y el G9 crean la figura de un “superfiscal” responsable de la lucha contra los abusos

Se creará un tribunal para actuar contra los prelados por “abuso de poder, omisiones o coberturas”

Hasta ahora no se podían poner denunciar los comportamientos de los obispos por este tipo de delitos, desde ocultación de casos de pederastia o gestión de las diócesis

General, Iglesia Católica Abusos a menores, Abusos sexuales, C9, Comisión para la Tutela de los Menores, Congregación para la Doctrina de la Fe, Encubrimiento, Federico Lombardi, Fiscal, Iglesia Católica, Papa Francisco, Pederastia, Sean O'Malley, Vaticano

Los hechos ocurrieron en el año 2012, cuando Retana desempeñaba el cargo de fiscal adjunto de la provincia de Cartago, en Costa Rica, que fue acusado de llamar “mariconcito” a un subalterno y de acosar laboralmente a la víctima con una constante actitud homofóbica.

Uno de los hechos más destacados que provocaron la acusación contra Retana fue el momento en el que el subalterno recibió amenazas a la vida de su abuela por una causa que llevaba. El fiscal adjunto expresó a otro empleado que eso le pasaba al compañero por “no comportarse como hombre”. Después, Retana llamó al ofendido y le dijo “que no era un riesgo lo que está viviendo, que no fuera mariconcito, que fuera valiente, que lo acontecido le pasaba porque lo observaban como el eslabón más débil de la cadena de fiscales”, según se detalla en el acta del Consejo.

El Consejo Superior del Poder Judicial dictó la sentencia definitiva el pasado 9 de octubre. Aquí se condenaba a Retana a ocho días de suspensión de empleo y sueldo. Dicho organismo público resolvió una apelación interpuesta por la defensa de la víctima tras un fallo del Tribunal de la Inspección Judicial.

En primera instancia, Retana había sido condenado a una suspensión de un mes como consecuencia de las acusaciones de discriminación y acoso laboral. Sin embargo, dicho acoso no pudo ser probado por los abogados defensores de la víctima, suceso que redujo la condena a 8 días.

En contraposición a esto, Retana también había sido señalado por acoso laboral contra otros seis fiscales, suceso que el Consejo Superior del Poder Judicial y la Inspección Judicial no dieron por cierto.

“Se evidencia una conducta agresiva y homofóbica del encausado para con el ofendido, situación que este Consejo no puede obviar, ignorar o aceptar”, dijo el órgano en su fallo.

En su defensa, el Fiscal de Alajuela agregó “Yo tengo muchísimos años de tener a cargo despachos y nunca he discriminado a nadie”. Además, Retana defendió  públicamente su inocencia en el periódico La Nación. Este medio de comunicación llamó también al afectado, quien ahora es juez, y él confirmó que puso la queja, pero prefirió no ahondar en lo sucedido.

El funcionario atribuyó las acusaciones en su contra a que, cuando llegó a Cartago, reorganizó la oficina con el fin de “dar un mejor servicio”. Indicó que los empleados rechazaban los cambios y que estos se volvieron en su contra en forma de acusaciones supuestamente falsas.

“Yo soy muy respetuoso de la dignidad de las personas; jamás voy a discriminar a un funcionario porque tiene una diversidad sexual diferente: en eso soy muy respetuoso (…). Yo estuve prácticamente seis meses ahí y me retiré por petición mía al fiscal general”, manifestó.

Milena Conejo, integrante del Consejo Superior, resaltó que en el Poder Judicial hay políticas que protegen los derechos de las personas en razón de su orientación sexual y que, en este caso, se consideró la trayectoria del funcionario para fijar el castigo.

Fuente Cáscara Amarga

Homofobia/ Transfobia. Acoso homófobo, Cartago, Costa Rica, Edwin Retana, Fiscal, Justicia, Milena Conejo