La oficina del Registro Civil de Botsuana anunció el pasado martes que facilitará un nuevo documento de identidad a un hombre trans en el que quede consignado el género con el que este se identifica. La decisión llega más de dos meses después de la sentencia del Alto Tribunal del país que ordenaba el cambio de “femenino” a “masculino” en la mención del sexo del demandante. La Administración ha revertido su decisión inicial de recurrir el fallo judicial. Se trata de la primera vez que se reconoce este derecho en el país africano y puede sentar un precedente para otros casos similares.

Buenas noticias desde Botsuana, uno de los pocos países africanos que tímidamente da algunos pasos hacia el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía LGTB. El Registro Civil ha informado de que procederá a la modificación del género legal de un hombre trans que acudió a la Justicia para que le reconociera este derecho. La decisión administrativa, que se hará efectiva antes del próximo día 18 de diciembre, pone fin a un proceso que se ha alargado durante diez años.

N.D., el demandante del que solo se conocen sus iniciales, reclamó ante los tribunales el reconocimiento administrativo de su género. Tras una larga batalla legal, el Alto Tribunal de Botsuana le dio la razón el 29 de septiembre de este año. El juez Nthomiwa dictó entonces que “el reconocimiento de la identidad de género del demandante está en el centro de su derecho fundamental a la dignidad”. “La identidad de género”, proseguía la sentencia, “constituye el núcleo del propio sentido del ser y es una parte integral de la identidad de una persona”. Por tanto, “el reconocimiento legal de la identidad de género del demandante es parte del derecho a la dignidad y a la libertad de expresarse de la forma con la que se encuentre cómodo”.

La sentencia del Alto Tribunal no tuvo una traslación inmediata a la práctica, porque el representante del Registro Civil anunció que la recurriría ante la Corte de Apelaciones. El mandato quedó por tanto en el aire hasta que, el pasado martes, la Administración se desdijo y aseguró que no presentaría ningún recurso y que facilitaría a N.D. sus nuevos documentos antes del próximo 18 de diciembre. “Nunca fue tan dulce un final”, ha declarado el demandante, que espera que el fallo ayude a otros en su situación “a vivir su vida con dignidad”.

Es el caso de la activista trans Ricki Kgositau, que también recurrió a la Justicia en agosto para que le reconozca su identidad de género. La sentencia favorable a N.D. podría ser un precedente favorable en la resolución de su caso, cuya vista en el Alto Tribunal se celebrará el próximo martes 12 de diciembre. Así lo espera el Southern Africa Litigation Centre, una ONG pro derechos humanos que ha prestado asistencia jurídica a ambos.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.

El año pasado se conseguía una pequeña victoria con el fallo a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO. El registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal en noviembre de 2014, pero el Gobierno botsuano recurrió entonces la sentencia. La Corte de Apelaciones dio la razón a LEGABIBO y estimó que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

Fuente Dosmanzanas

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La situación para la población LGBT suele ser mala en los países africanos. Solo Sudáfrica y Kenya realizan esfuerzos serios en contra de la discriminación sexual, pero no todos los demás países, ni siquiera todos los que condenan legalmente la homosexualidad, persiguen efectivamente las relaciones entre personas del mismo sexo, ya sea por desidia o por falta de interés en poner en vigor este tipo de medidas. Así, se dan situaciones tan contradictorias a priori como la de Botswana, donde se persiguen los actos sexuales “contrarios a la naturaleza”, donde no se permite a las asociaciones de gays inscribirse legalmente por la sospecha de que pudieran fomentar actividades ilegales, pero donde las leyes impiden discriminar a un trabajador por su orientación sexual. Con estas premisas la presidenta ejecutiva del colectivo Bonela, la Red de Botswana por la Ley Ética, Cindy Kelemi, ha pedido oficialmente al gobierno del país que acoja a los refugiados LGBT ugandeses, según recoge la prensa local.
El anterior presidente del país, Festus Mogae, admitió una vez abandonado el cargo que había dado instrucciones a la policía de no perseguir a los gays, aunque no se pudieran realizar estas medidas abiertamente por la homofobia social en el país. Su sucesor y miembro también del partido Botswana Defence Force, Ian Khama, parece seguir la misma política. Sin embargo, el de Botswana es uno de los gobiernos de países africanos que no han emitido ninguna declaración oficial sobre las leyes ugandesas. La petición se suma a la de condenar expresamente la persecución legal de los homosexuales, realizada conjuntamente con la Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales de Botswana, Legabibo. No es que los activistas crean que el presidente del país accederá a esta petición. “He revisado la ley ugandesa, no es muy distinta de la nuestra, que discrimina contra los homosexuales también, así que sería extraño que Botswana los acepte”, reconoce en la Gaceta de Botswana el abogado y activista del Bonela Tshiamo Rantao.

El Legabibo ya intentó en 2011 ilegalizar las leyes contra los gays en el país. Este activista denuncia que la atención de occidente esté tan focalizada en Uganda cuando no es el único país africano con este tipo de medidas en vigor. Las leyes de Botswana no hablan directamente de homosexualidad, pero sí condenan las relaciones contrarias a la naturaleza y los actos indecentes. Rantao recuerda como el Legabibo no ha conseguido inscribirse legalmente como asociación en el país y como el ministro de Salud anunció en el pasado que expulsarían del país a trabajadores sexuales y homosexuales extranjeros.

La petición al presidente señalaba que “el Gobierno de Botswana es responsable y ha mostrado liderazgo al condenar los abusos de a los derechos humanos en África y más allá, y les urgimos a hacer algo otra vez. Solo cuando los estados miembros de la Unión Africana y de otros colectivos regionales empiecen a hablar de la protección de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su orientación sexual, la gente de Uganda y África podrá ser protegida de leyes opresivas”.

Foto: Legabibo.

Fuente Ragap

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