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Movilh presenta “Una Mujer Fantástica” en tres ciudades de España

Lunes, 24 de septiembre de 2018
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untitledEn Irún, Tolosa y Deba.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó entre el viernes y sábado la película Una Mujer Fantástica, dirigida por Sebastián Lelio,  en las principales salas de tres pueblos de España, Irún, Tolosa y Deba.

La cinta que protagoniza la actriz Daniela Vega fue presentada por el director del Festival de Cine LGBTI en Chile, Ramón Gómez, junto a la activista trans brasileña  Sara Spatz, gracias a una invitación de la Asociación para la Cooperación de los Países del Sur, Mugen Gainetik. También intervino en las presentaciones el director general de Cooperación para el Desarrollo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Fernando San Martín Gubía

La actividad se enmarcó en el proyecto “Espacios internacionales de coordinación para el colectivo LGTBI y conciencia crítica en la ciudadanía gipuzkoana” que impulsa Mugen Gainetik con el  financiamiento de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El Movilh agradeció “la invitación para difundir el cine chileno y, en especial, una película relacionada con los derechos trans que ha hecho historia en Chile y en el mundo. Es increíble la gran aceptación que tiene la película, así como el amplio público que sigue capturando en distintos lugares, como en España”.

Una Mujer Fantástica” ha sido especialmente conocida en España tras ganar el Oscar y obtener en 2017 el Premio Sebastiane  el cual se entrega en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Fuente MOVILH

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Colectivo vasco y Movilh dialogan con Diputación de San Sebastián

Sábado, 22 de septiembre de 2018
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Gracias a una invitación de Mugen Gainetik.

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reunió hoy en San Sebastián con el director general de Cooperación para el Desarrollo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, Fernando San Martín Gubía, y  con la funcionaria Cristina Ubani Bazán para intercambiar experiencias sobre la realidad LGBTI en su localidad, Chile y Brasil

El Movilh participó de la reunión gracias a una invitación de la Asociación para la Cooperación de los Países del Sur, Mugen Gainetik, que también se extendió a la activista trans brasileña Sara Spatz.

c53bcd25-11bb-40b1-bbb9-d25b5b967c03Durante la cita se pudo dialogar sobre la influencias sobre el avance de los derechos trans en Brasil y Chile y sobre el impacto de las iglesias en Latinoamérica para el reconocimiento de la plena igualdad y las libertades.

Del mismo modo, se habló sobre los proyectos que emprende Mugen Gainetik para la igualdad de género en los países de América, tras lo cual San Martín Gubía tuvo la gentileza de llevar a los/as invitados/as a hacer un recorrido por el edificio de la diputación.

Mugen Gainetik, Spatz y Movilh se dirigieron luego a la sede de Gehitu, la Asociación de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales del País Vasco, para conocer de cerca su trabajo.

Fuente MOVILH

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Centroamérica “es un infierno para las personas del colectivo LGBTI”

Viernes, 19 de enero de 2018
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dt0axdqw4aa7easMugen Gainetik presenta un estudio sobre la gravísima situación del colectivo LGTBI en Centro América

San Martin: “Hoy en día la defensa y la lucha por los derechos humanos pasa por reconocer y defender los derechos de este colectivo tan castigado en muchísimos lugares del mundo”.

El Director de Cooperación, Fernando San Martin ha presentado junto con Clara Murguialday el estudio realizado por Mugen Gainetik con la colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la situación del colectivo LGTBI en Centro América.

El apoyo de la Diputación a este estudio se enmarca en el marco estratégico aprobado por la institución foral cuya finalidad es incorporar los criterios y valores de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son la lucha contra la pobreza, la defensa de los Derechos Humanos, la defensa de la Equidad de género, la defensa de la diversidad cultural, la defensa de la sostenibilidad ambiental y el fortalecimiento de las instituciones locales.

La Dirección de Cooperación ha apoyado con 60.000 euros la realización de este estudio que se ha centrado en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Fernando San Martin ha denunciado la grave situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo en esos países y ha defendido la necesidad de visibilizar esa problemática y concienciar a la población tanto de aquellos países como de Europa en general para que se defienda en todos los ámbitos sus derechos. “Hoy en día la defensa y la lucha por los derechos humanos pasa por reconocer y defender los derechos de este colectivo tan castigado en muchísimos lugares del mundo”.

El proyecto, en su conjunto, busca contribuir a que las organizaciones que trabajan en pro de la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, puedan visibilizar su realidad de una manera positiva, a través de herramientas culturales que permitan generar conciencia en la sociedad guipuzcoana a partir de la vinculación entre la realidad local y la global. Como estrategias y líneas de acción se plantean:

  • Fortalecer la red internacional de organizaciones que luchan por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI
  • Visibilizar la realidad de las mujeres lesbianas desde una perspectiva positiva, en un marco local-global.
  • Sensibilizar a la población guipuzcoana -a través del cine- sobre la realidad que vive el colectivo LGTBI, con una visión local-global.

El estudio realizado concluye que Centroamérica “es un infierno para las personas del colectivo LGBTI”. La región, no sólo es una de las más desiguales y violentas del mundo, también ostenta los mayores niveles de impunidad frente a la violación sistemática de los derechos humanos de la población LGBTI.

La discriminación y las agresiones de odio que sufren lesbianas, gays y personas trans por causa de su orientación sexual, identidad o expresión de género es un rasgo particular de la situación de estos colectivos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y hace que la vida cotidiana de esta colectividad esté plagada de humillaciones, amenazas, persecución y miedo.

Lesbianas y personas trans rurales, indígenas o afrodescendientes, que en su mayoría viven en condiciones de marginación y pobreza, enfrentan aún mayores obstáculos para resistir la discriminación y violencia que sufren cada día.

Los marcos jurídicos vigentes no garantizan el ejercicio de los derechos de la población LGBTI, excluyen explícitamente a estas personas del disfrute de derechos humanos fundamentales o bien legislan desde una perspectiva heterosexista que no toma en cuenta sus necesidades específicas.

Aunque la homosexualidad no está penalizada en ninguno de los cuatro países centroamericanos (en Nicaragua desde 2008, en el resto desde hace más de un siglo), el marco normativo, siendo formalmente igualitario, no se aplica para las personas LGBTI de modo que sus derechos a la vida, a los servicios colectivos básicos, a organizarse, circular libremente por las calles, sentirse seguras y acceder a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de población, no están garantizados.

Tampoco existen leyes específicas que reconozcan sus derechos a una atención adecuada en su salud reproductiva, a no ser discriminadas en el acceso a la educación o a tener un nombre legal acorde con su identidad personal; la legislación incluso prohíbe explícitamente que las parejas y familias de la comunidad LGBTI sean reconocidas legalmente.

En consecuencia, están ampliamente documentados los altos niveles de exclusión y hostilidad que viven lesbianas, homosexuales y personas trans en las escuelas públicas; el maltrato que reciben por parte del personal de las instituciones de salud; las dificultades que enfrentan las mujeres trans para acceder al empleo y su relegación a los trabajos precarios peor pagados y al trabajo sexual; los abusos policiales y la falta de acceso a la justicia como realidades cotidianas de la colectividad LGBTI.

Una ola creciente de agresiones y crímenes de odio contra la población LGBTI viene ocurriendo durante la última década en todos los países. Honduras ocupa el primer lugar en porcentaje de personas trans asesinadas por cada millón de habitantes y Guatemala el segundo lugar, en tanto que en El Salvador han ocurrido alrededor de 600 crímenes de odio desde el final de la guerra civil hasta la actualidad. En Nicaragua, el 80% de las mujeres trans entrevistadas, el 50% de las lesbianas y el 45% de los hombres gays reportaron en 2010 haber sufrido violencia debido a su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Más del 90% de los asesinatos y agresiones a la comunidad LGBTI no son judicializados y quedan en la impunidad; además las víctimas quedan invisibilizadas en las estadísticas oficiales de personas fallecidas debido a los sistemas inadecuados de registro.

Un ambiente de gran hostilidad y agresividad social hacia la comunidad LGBTI, en especial hacia las mujeres trans, es el resultado de una trilogía perversa: aparatos estatales inoperantes, sociedades muy conservadoras, y mensajes de odio difundidos insistentemente por las iglesias y los medios de comunicación.

Las alarmantes cifras de crímenes de odio contra hombres gays en Honduras y contra mujeres trans en El Salvador y Guatemala, son el resultado de un complejo entramado de misoginia, homo-lesbo-transfobia, riesgos vinculados al trabajo sexual en la calle, actuación de las pandillas y del crimen organizado, que dificulta la investigación y persecución de los delitos de odio. Ha sido denunciado también el destacado papel de policías y otras fuerzas de seguridad públicas y privadas en la represión de la comunidad LGBTI, así como su involucramiento en detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos. Tanta inseguridad e impunidad han generado un aumento del desplazamiento interno y la emigración forzada de personas LGBTI para escapar de las amenazas y la violencia de odio.

Algunas conquistas en el campo de las políticas públicas… que apenas tienen aplicación práctica debido al peso hegemónico en los cuatro países de clases políticas conservadoras (en términos de costumbres y moral sexual, sea cual sea su afiliación política) que, sobre todo en momentos electorales, no dudan en dejar de lado los compromisos adquiridos en cuanto a los derechos de las mujeres y personas LGBTI. Además, la sistemática injerencia de las jerarquías eclesiales, católicas y evangélicas, en las instituciones estatales refuerza el carácter reaccionario y anti-derechos de las legislaciones y políticas públicas en la región.

Durante la última década, en los cuatro países se han creado instancias estatales (denominadas defensorías, direcciones o procuradurías de la Diversidad Sexual) destinadas a velar por los derechos de la población LGBTI; sin embargo, según denuncian los respectivos movimientos, al frente de estas instituciones han estado hasta la fecha personas inoperantes o nada comprometidas con la colectividad.

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También se han aprobado políticas anti-discriminatorias en la administración pública salvadoreña y en las instituciones sanitarias nicaragüenses; se han reformado artículos del Código Penal hondureño para establecer que “es una circunstancia agravante del delito cometerlo con odio o desprecio por razón de la orientación sexual o identidad de género”; las personas trans guatemaltecas pueden poner su nombre elegido en el documento de identidad y acceder a una atención integral en salud que incluye servicios de terapia hormonal para realizar el cambio de sexo; cuando las personas LGBTI guatemaltecas denuncian una agresión pueden, si lo desean, dejar constancia en el registro de su pertenencia a la colectividad…

Estos logros y avances, aunque insuficientes y más formales que reales, son considerados importantes por las comunidades LGBTI porque son el resultado de muchos años de trabajo organizativo “de hormiga”, múltiples actividades de incidencia ante partidos políticos e instituciones estatales, permanentes campañas de denuncia y difusión de sus reivindicaciones, y participación en movilizaciones públicas en las que, demasiado a menudo, las personas activistas y defensoras de los derechos LGBTI arriesgan su seguridad y su vida.

Durante la última década los movimientos LGBTI se han vuelto más diversos y en algunos casos, también más articulados. Las históricas organizaciones gays creadas en los años 90 para hacer frente a la epidemia del VIH/SIDA, muchas de las cuales aún centran su trabajo en este campo, comparten en la actualidad el espacio movimientista con nuevos colectivos de lesbianas, gays y trans más enfocados en la defensa de derechos, la denuncia de agresiones y crímenes de odio, la sensibilización de la sociedad y la incidencia política, sin renunciar a la movilización masiva durante las jornadas de lucha contra la homo-lesbo-transfobia y la celebración orgullosa de la diversidad sexual.

A pesar de los escasos recursos, una amplia diversidad de colectivos LGBTI, actuando en alianza con organizaciones feministas y de derechos humanos, han logrado visibilizar las violaciones de derechos que sufre la colectividad, elaborar propuestas para mejorar las condiciones de vida de la población LGBTI, avanzar en la formación sobre derechos y en el fortalecimiento de capacidades organizativas y construir alianzas con otros movimientos sociales para potenciar la lucha en favor de los derechos de la colectividad LGBTI y de todas aquellas personas que subvierten el heterosexismo y defienden el reconocimiento de la diversidad.

Clara Murguialday

 Es economista feminista, diplomada en Estudios Avanzados sobre Globalización, Desarrollo y Cooperación por la Universidad del País Vasco. Desde hace tres décadas centra su labor docente, investigadora y evaluadora en los temas de Género y Desarrollo, con especial atención a los procesos de empoderamiento de las mujeres y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de cooperación internacional.

Durante la década pasada dirigió la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad del País Vasco, integró el Grupo de Expertos del Consejo de Cooperación del Estado español, y co-fundó y formó parte del grupo de Género de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. Actualmente trabaja como consultora internacional, especializada en formulación y evaluación de proyectos de desarrollo con mujeres desde un enfoque de género y feminista.

 Fuente Diputación Foral de Gipuzkoa

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“Dejamos de ser ciudadanos de segunda”: Gipuzkoa ha registrado cerca de 450 matrimonios homosexuales en diez años

Lunes, 6 de julio de 2015
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WASHINGTON - AUGUST 21: TV reporter Roby Chavez (3rd L) holds hands with his partner Chris Roe (5th L) during their wedding ceremony, officiated by Rev. Dwayne Johnson (4th L) of Metropolitan Community Church of Washington, as best couples Rob Clemenz (L) and Rick Duplantier (2nd L), and Anthony Maldonado (6th L) and Brian Albertoni (R) look on August 21, 2010 at the Woodrow Wilson House in Washington, DC. Chavez of Matthews, Louisiana, and Roe, of Monticello, Wisconsin, tied the knot after they have been together for five years. Roe popped the question on the night when DC became the sixth place in the U.S. to legalize same-sex marriage while Chavez was on a tight deadline covering the story. The couple will speed two weeks in Greece for their honeymoon.   Alex Wong/Getty Images/AFP== FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==  TELETIPOS_CORREO:HUM,ANIMAL,%%%,%%%Dos hombres contraen matrimonio sin disimular su felicidad. / AFP

Al año siguiente a la aprobación, en 2006, es cuando más bodas homosexuales se formalizaron en el territorio: 63

Hace una década se aprobó la reforma que legalizó bodas entre personas del mismo sexo

Ane Urdangarín, San Sebastián
29 junio 201512:38

El 30 de junio de 2005, hace casi diez años, España se convirtió en el cuarto país del mundo que aprobaba el matrimonio entre homosexuales. El Congreso de los Diputados levantó el veto del Senado y dio su respaldo a la norma que permitió el matrimonio entre gays y entre lesbianas, además de reconocerles el derecho a adoptar niños, en un debate en el que el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, intervino por sorpresa para destacar que con esta iniciativa se forjaba una «sociedad más decente, porque una sociedad decente es aquella que no humilla a sus miembros».

«Nunca una modificación tan pequeña en la ley, que es mínima, porque lo que se hizo fue sustituir hombre y mujer por cónyuge, ha tenido un valor tan importante para tanta gente», recuerda Iñaki Mujika, quien siendo teniente alcalde de Lasarte-Oria se casó con su ahora marido, Fernando San Martín. Como ellos, 436 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en Gipuzkoa desde julio 2005, que es cuando comenzaron a oficiarse las bodas entre homosexuales, y diciembre de 2014, según los últimos datos del Eustat. Del total, 232 han sido parejas de hombres y 204 de mujeres las que han legalizado su situación gracias a una reforma muy sucinta del Código Civil, que desde hace diez años establece que los efectos y requisitos del matrimonio serán siempre los mismos con independencia de que los contrayentes sean de igual o distinto sexo.

Esa modificación fue «un triunfo de las libertades, un reconocimiento a nuestra dignidad como personas, porque decía que éramos iguales al resto de la gente con la que nos habíamos educado y crecido», dice el primer teniente de alcalde de Donostia, Ernesto Gasco. Pocos como él conocen cómo se gestó aquella modificación legal y lo que ha supuesto para tantas parejas del mismo sexo. De hecho, él y su marido, Iñigo Alonso, con el que lleva 24 años viviendo, se habían dado el ‘sí quiero’ previamente, en octubre de 2003. Fue en una ceremonia celebrada en el Ayuntamiento donostiarra, la primera que formalizaba una unión entre personas homosexuales desde la aprobación en el Parlamento Vasco de la Ley de Parejas de Hecho. La imagen de Ernesto e Iñigo casándose con sus madres de madrinas fue publicada por muchos medios. «Creo que esa ceremonia previa fue muy importante para apoyar la posterior reforma legislativa. Una de las cosas más importantes fue que estuvieron toda nuestra familia, los aitas, hermanos, tíos… Quisieron venir todos. El sentimiento era de ‘eres uno más, eres igual que los demás’, que en el fondo supone recuperar la dignidad como persona». Tras esa sonada boda, vino otra, la ‘legal’: el 20 de septiembre de 2005 Gasco y Alonso se convirtieron en los primeros políticos homosexuales de España en contraer matrimonio tras la reforma.

Gasco aún conserva la vajilla que su amigo Pedro Zerolo le regaló por la boda. El nombre de Zerolo, recientemente fallecido tras plantar cara al cáncer, es mencionado por los distintos protagonistas de este reportaje para valorar el trabajo que realizó en la consagración de este derecho. Gasco trabajó con él y con otro reducido grupo que fue convocado en la sede socialista de Ferraz para definir la estrategia de igualdad.

Una reforma «pionera»

Años después se dio un cambio legislativo «pionero», que recientemente han dado otros países como Irlanda, «y que es importante que vaya acompañado por el respeto». En este punto, Gasco subraya la actitud del Papa Francisco, «totalmente respetuosa con la dignidad de las personas, lo que creo que también contribuye y ayuda muchísimo a la normalización de la situación, que es muy de agradecer». Porque en ocasiones la sociedad suele ir un paso por detrás de los avances legislativos y aún se registran episodios, por ejemplo, de acoso homofóbico en centros escolares, según un estudio que hace tres años presentó Gehitu. «Eso tiene que ir acompañado en una educación en valores, que sirve para esto y también para los derechos de la mujer, de las minorías… Para la convivencia».

El psicólogo Jesús Estomba coordina el servicio de información y asistencia Berdindu de Gehitu y conoce de primera mano los problemas e inquietudes del colectivo LGTB. La aprobación del matrimonio homosexual fue, a su juicio, «un hecho a nivel de derechos humanos fundamental, porque aquellos años hubo millares de personas que pasamos de ciudadanos de segunda a ciudadanos de primera, y eso me parece fundamental». Con la modificación del Código Civil se dio, además, «cobertura legal a una realidad que estaba ahí. La familia homosexual no surgió porque se aprobó el matrimonio, las parejas del mismo sexo ya estaban, pero sin cobertura legal», con todo lo que ello implicaba. «Por ejemplo, en una situación sanitaria, la pareja con la que se llevaba tantos años de convivencia ante la ley no tenía ningún derecho de decisión».

Hace diez años se modificó la ley, pero el colectivo homosexual no olvida cómo durante siete años pendió, cuentan, «una espada de Damocles» a raíz del recurso de inconstitucionalidad que interpuso el PP. «Fue un periodo de ‘stand by’, de incertidumbre demasiado largo. Felizmente se resolvió adecuadamente y a día de hoy podemos decir que el matrimonio igualitario es una realidad estable y en toda regla», se congratula Estomba.

La conciencia social

No obstante, aún sigue percibiendo «un desfase» entre los avances legales y la conciencia social. «Se consiguió el matrimonio homosexual, luego una ley de transexualidad, pero creo que la conciencia social no ha seguido ese curso de avances, está bastante por detrás». El psicólogo recuerda que «siguen pasando cosas. Nuestros jóvenes siguen transmitiendo mensajes, idearios sexistas, homófobos… Podemos decir que en el terreno legal hemos avanzado mucho, en un plano cognitivo también; ya somos políticamente correctos, sabemos cómo se dicen las cosas y lo que no hay que hacer, pero quizás afectivamente cuando hablamos de homosexualidad o transexualidad, ahí hay mucho que hacer». También es cierto, añade, que el matrimonio igualitario ha contribuido «positivamente en esa conciencia social, ha tenido un efecto positivo». El hecho de que legalmente fuera reconocido ha podido ejercer un cambio positivo en el ideario de muchas personas: «Si esto es legal, por algo será».

Un cambio legal que cumple diez años y que «por primera vez» puesto a España «a la cabeza de los Estados aprobando una ley puntera que ha marcado el camino a otros muchos países».

«Dejamos de ser ciudadanos de segunda»

«Conseguimos sacar del armario a nuestras familias y amigos, que pudieran decir con tranquilidad: ‘lñaki está casado con Fernando’»

A1-44580402.jpg Fernando e Iñaki, felices con algunos allegados tras casarse.

Iñaki Mujika y Fernando San Martín tienen mucho que celebrar este 2015. Cumplen 25 años como pareja y 10 de casados. Ediles durante muchos años de los ayuntamientos de Lasarte-Oria e Irun respectivamente, Mujika aún se emociona y su voz se entrecorta al recordar su boda y lo que supuso la legalización del matrimonio gay. «No sabes lo que fue eso. Cuando has vivido muchos años en silencio, y eso que en nuestro caso nuestro entorno nos conocía, lo sabía y lo vivimos con cierta libertad, pero cuando siempre has sido considerado ciudadano de segunda, encontrarte de pronto con que tu sociedad era capaz de reconocerte y no solo por nosotros… Yo en la década de los 90 ya había salido del armario, y lo que conseguimos con la ley es sacar del armario a nuestras familias y amigos, y que pudieran decir con tranquilidad ‘Iñaki está casado con Fernando’ y que fuera algo totalmente normal para ellos, que pudieran decirlo incluso con alegría». Una situación muy distinta a sus primeros escarceos de juventud, cuando la homosexualidad era aún delito. Por eso, el paso dado hace una década fue «tan importante, el haber pasado de aquella situación previa a la libertad de poder expresarlo y celebrarlo con la familia públicamente. Muchas veces digo que no sé si es comparable, pero que me recuerda a la discriminación que había cuando no se podían casar blancos y negros. Éramos ciudadanos de segunda porque se nos negaba ese derecho». De ahí el valor «del reconocimiento público» de una situación «que había hecho sufrir a tanta gente».

Mujika no ha olvidado la imagen del presidente Zapatero, «que subió él mismo a la tribuna, cosa excepcional, para defender que esta ley nos hacía mejores como sociedad, más dignos. Fue tremendamente emocionante». Tampoco olvida los siete años de recorrido del recurso de inconstitucionalidad. «Fue el recurso de la vergüenza. No sé si al final lo que se hizo fue dejar pasarlo, por si la sociedad lo asumía con naturalidad y poder fallar con tranquilidad, o tomaran la decisión que tomaran iba a ser un tema conflictivo. Esos siete años se hicieron largos pero vinieron bien porque se comprobó que la sociedad lo asumió con normalidad».

Alegría «tremenda»

A pesar de la legalización, Iñaki y Fernando dudaron en casarse o no. Hace tiempo que eran una pareja consolidada. Pero al final se lanzaron, y lo hicieron como «tenía que ser». Se ocuparon de todos los detalles de una «boda preciosa» en el Ayuntamiento de Donostia para la que les dieron cita el 15 de octubre de aquel mismo año, una fecha «importante, porque mi marido es tremendamente creyente, ha sido profesor de religión y tiene pasión por Santa Teresa». En la boda, oficiada por Ernesto Gasco, leyeron un texto con carga política que celebraba el reconocimiento «por fin» de un derecho, y recordaba a quien aún eran, y siguen siendo, castigados por su condición sexual. «No se nos olvidó que una semana antes había habido ejecuciones en Iran». La segunda parte fue más familiar, de celebración, «con el recuerdo a mi madre y mi suegro, que habían fallecido». Una boda que vivieron con una alegría «tremenda» y del que conservan recuerdos de muchos momentos bonitos y entrañables, pero sobre todo «las caras de nuestros familiares. Somos de familia numerosa y vernos allí con ellos… ». Iñaki se vuelve a emocionar.

Fuente El Diario Vasco

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