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Torturas, desinformación y campañas de terror: así funciona el poder militar en Honduras

Lunes, 17 de julio de 2023
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20230710-carceles-Honduras-1200x600Personas LGBT fueron víctimas de torturas y otras violaciones cometidas por militares en la cárcel masculina de Támara. Periodistas y defensores de derechos recibieron ataques en las redes sociales a través de bots.

La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias.  “Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.

TEGUCIGALPA, Honduras. Los toletazos y golpes “llovieron” desde el 26 de junio sobre las personas hacinadas en el penal de Támara, a 30 kilómetros de Tegucigalpa. Las golpizas en el penal del centro de Honduras son una de las violaciones de derechos humanos que la Policía Militar del Orden Público (PMOP) está cometiendo, tras haber tomado el control de las cárceles en la última semana de junio.

El decreto de militarización emitido por la presidenta Xiomara Castro el 22 de junio de 2023 expuso a las personas privadas de libertad a la humillación pública.

El decreto convirtió a la población penitenciaria en víctima de torturas. Los abusos físicos en su contra replican los implementados por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. Así lo denuncian familiares y defensores documentadas por Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo.

Golpes a personas trans, bisexuales y gays en Támara

De las golpizas del 26 de junio se salvaron muy pocos. La PMOP, creada por decreto del expresidente Juan Orlando Hernández en 2013, maltrató a partir de ese día tanto a tres mujeres trans como a gays, bisexuales y heterosexuales.

Las fotografías mostraron el resultado de los abusos físicos y psicológicos en el penal. Las personas privadas de libertad tenían la piel cruzada de moretones, así como heridas profundas y graves en brazos y espalda.

“Así quedaron los cuerpos de privados de libertad”, publicó Hugo Maldonado, del Comité de Defensa de Derechos Humanos. “Tampoco se puede callar y volverse cómplices (de) estas acciones irregulares”, escribió Maldonado en su Twitter. Mostró imágenes tomadas a privados de libertad en el penal de Siria, en El Porvenir, Francisco Morazán.

“Ya salieron unas fotos donde supuestamente nuestros efectivos abusaron de ciertos delincuentes. Habría que ver si no son ellos mismos que se están haciendo estas violaciones”, dijo José Jorge Fortín, jefe del Estado Mayor Conjunto, al programa Frente a Frente.

Castigadxs por denunciar

Ante las denuncias de defensores por torturas y violaciones de derechos humanos, jueces ejecutores del Poder Judicial anunciaron que realizaron inspecciones en centros penales del país. Buscan implementar el hábeas corpus correctivo impulsado por Sala Constitucional. En el centro penal de Siria se aplicaron encuestas a privados de libertad a fin de verificar condiciones de atención.

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(Pincha en las fotos para ampliarlas)

Las personas defensoras de derechos humanos no permanecieron en silencio debido a las torturas y actos inhumanos en Támara, en especial contra la población LGBTIQ+.

“No es delito ser trans, gay, bisexual. Si los militares no nos aceptan, que se vayan a los carteles”, exigió una defensora de derechos de las personas privadas de la libertad.

Sin embargo, las campañas de terror en Honduras perjudican no sólo a las y los privados de libertad, sino también a quienes los defienden.

Mientras los maltratos denunciados por Hugo Maldonado se multiplican tras los muros de las cárceles, personas defensoras de derechos humanos son el blanco de campañas de calumnia y desinformación.

Defensoras en la mira de los ataques

La destrucción de reputaciones y el desprestigio se han ensañado en los últimos días contra quienes exigen respetar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. La violencia abarca a reconocidas periodistas que alzaron la bandera de defensa de los derechos humanos.

Uno de los intentos de manchar la imagen de los defensores de derechos humanos circuló en días pasados en las redes.

La publicación atribuida al sitio web Infobae afirmó el 3 de julio que un supuesto reporte del centro de investigación internacional InSight Crime vincula a defensores y periodistas con la pandilla MS 13.

Bajo el encabezado “Mara MS13 y vínculos con organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”, la publicación menciona un “informe de inteligencia de la reconocida revista InSight Crime.

El supuesto documento revela, según el post, “cómo la temible mara MS13 de Honduras tiene entre sus filas a diversas organizaciones defensoras de derechos humanos en Honduras”.

Además, la publicación señala que los defensores “presionan al gobierno” para que les den “privilegios a los privados de libertad”.

“Esto es falso”, aseguró InSight Crime. “InSight Crime no ha publicado tal información ni tiene evidencia al respecto. Condenamos estos falsos ataques”, agregó el centro de investigación criminalística.

Calumnias y desprestigio

Unas de las defensoras calumniadas por la publicación atribuida a Infobae es la directora ejecutiva de ACI Participa, Hedme Castro. Su fotografía, junto a la de Wendy Funes de Reporteros de Investigación, Rihanna Ferrera de Cozumel Trans, Hugo Maldonado y Blanca Izaguirre de Conadeh, así como Delma Ordóñez de Asocide PP aparecieron bajo el encabezado de la publicación.

La organización defensora de derechos humanos no tardó en pronunciarse el 4 de julio en un comunicado. Llamó al post “infundios” y lo rechazó “rotunda y categóricamente”.

A continuación, ACI Participa acusó a los autores de la publicación de actuar “desde la sombra, como lo hacen los cobardes, con el afán de difamar y desprestigiar”.

Según la organización defensora, la intención del post es “promover ataques contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos o justificar acciones represivas desde los órganos del Estado”.

Agregó: “Nadie en Honduras y fuera de ella desconoce cuáles son las vinculaciones del crimen organizado en Honduras. Si alguien tiene dudas, que pregunte en la Corte del Distrito Sur de Nueva York”.

“A mi que me investiguen”, dijo Rihanna Ferrera la defensora de derechos humanos ante las declaraciones de las cúpulas militares que varias organizaciones tienen supuestos vínculos con el crimen organizado y pandillas.

Ante los ataques a comunicadoras y defensoras, el medio digital Pasos de Animal Grande reprodujo hoy un comunicado de la Mesa de Derechos Humanos.

En el documento, la Mesa consideró que el post atribuido a Infobae es una “noticia falsa”. Y que con eso “se pretende colocar los rostros de las personas afectadas al frente de posibles atentados contra sus vidas”.

Además, el comunicado denunció el silencio presidencial respecto a la publicación, considerada calumniosa por varias organizaciones.

“Nos preocupa sobremanera el silencio de la presidenta Xiomara Castro en un tema tan delicado como es la vida de las personas contra quienes se ha entronizado esta campaña de desprestigio”, indicó el comunicado de la Mesa.

También la mesa pidió investigar las declaraciones del comandante Ramiro Muñoz, quien esta al frente de la PMOP. Hace unos días manifestó que “a los defensores les pagan y que deben sacar un resultado”. Son frases estigmatizantes contra la labor de los derechos humanos. Sospechosamente estas declaraciones fueron públicas antes de que se lanzara esta campaña por redes sociales.

“Hay voces que al silenciarlas harán cambios para siempre” 

A los discursos de la indignación se unió la voz de Wendy Funes. La premiada periodista señaló en varias publicaciones cómo las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público “se apoderan de la seguridad y garantizan la impunidad”.

“Criminales de las FF. AA. y la PMOP con una segunda etapa de complot para apoderarse de la seguridad y garantizarse la impunidad que han tenido y que utilizan maras y pandillas para callarnos”, publicó Funes. “Deberían repensar que hay voces que al silenciarlas harán cambios por siempre”.

La directora del medio digital independiente Reporteros de Investigación lamentó que “sicarios de élite” sigan silenciando a quienes defienden los derechos humanos en el país.

“Los criminales como ustedes que quisieron silenciar a Manuel Buendía, a Guillermo Cano, a Berta… sólo lograron potenciar su voz… sus balas son rápidas… las voces más lentas… ¡asesinos!… Berta se multiplicó y le contó al mundo que ustedes son sicarios de élite”, escribió Funes.

Los reclamos de Funes se presentan en un ambiente de violencia que no sólo atenta contra los derechos de privados de libertad y comunicadores. Con el estado de excepción y los toques de queda decretados por el gobierno, ni la ciudadanía ha escapado de que violenten sus derechos elementales.

Además de Funes, otros periodistas de los medios digitales independientes Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han sufrido una serie de amenazas directas con ataques de bots por medio de las redes sociales.

Los colaboradores de ambos medios también han recibido llamadas telefónicas de números desconocidos. Asimismo han sufrido persecución e intento de hackeo de sus redes sociales y sus páginas web.

Es necesario señalar que Reporteros de Investigación y Reportar sin Miedo han realizado una serie de denuncias por la situación de las cárceles y las redes de poder que están detrás de ellas.

Gobierno tomó “medidas desproporcionadas”

A pesar de las denuncias constantes de torturas en las cárceles y de persecución de defensores y periodistas, el Estado no ha actuado como se esperaba para contrarrestarlas. Al contrario, no ha hecho más que ampliar las acciones contra el derecho a la libertad ciudadana.

Respecto a la situación en las cárceles, Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (Oacnudh), pidió reformar el sistema penitenciario. Para Albaladejo, es necesario pasar del modelo punitivo al de rehabilitación y garantizar la integridad de las personas privadas de libertad.

Para Oacnudh, dos de los grandes retos del sistema penitenciario de Honduras son el hacinamiento y la mora judicial. En diciembre de 2022, señaló que el sistema tiene un índice de hacinamiento de 34.2%. Entretanto, al menos 51.6% de la población penitenciaria no cuenta con sentencia firme.

La militarización no es la respuesta

Amnistía Internacional (AI) comparó en un comunicado las medidas estatales en Honduras contra las personas privadas de libertad y la ciudadanía en general con las “políticas violatorias de derechos humanos del gobierno (del presidente salvadoreño Nayib) Bukele”.

La militarización del país como respuesta a la violencia reciente es una actitud preocupante para la organización global. Además de otorgar más poder a la Policía Militar, la mandataria Xiomara Castro impuso el estado de excepción y luego el toque de queda.

Castro decretó estado de excepción el 3 de diciembre de 2022 para contrarrestar, supuestamente, la extorsión y otros delitos en el país. Sin embargo, la medida no ha sido eficaz, según los críticos del gobierno.

“El uso de fuerzas de seguridad militarizadas y la suspensión de derechos ha derivado en violaciones a los derechos humanos”, afirmó AI.

Entre las violaciones señaladas por AI se hallan detenciones arbitrarias, maltratos, discriminación, restricciones de la libertad de expresión, tortura y desapariciones forzadas.

El toque de queda decretado por Castro entró en vigor el 4 de julio de 2023 en San Pedro Sula y Choloma desde las 11:00 p.m. hasta las 4 a.m.

Supuestamente, la medida tiene como objetivo controlar el acelerado aumento de hechos criminales en las últimas semanas.

Por medio de estas iniciativas, el gobierno no sólo buscaba reducir hechos violentos como el motín en la cárcel de mujeres de Támara del 2 de junio que  dejó 46 muertas.

Además, Castro impulsó el toque de queda en un supuesto intento de frenar los asesinatos múltiples registrados en varias ciudades de Honduras durante la segunda mitad de junio.

Violencia con más violencia

Los asesinatos múltiples culminaron con el que acabó con la vida de 13 personas en un billar de la ciudad de Choloma, a 16 kilómetros de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Amnistía Internacional señaló que en su intento de detener “la grave violencia del crimen organizado”, el gobierno de Honduras he tomado “medidas desproporcionadas que suspenden las garantías constitucionales”.

Las iniciativas del gobierno de Castro para detener la violencia han culminado hasta el 31 de mayo en unas 193 denuncias relacionadas con el estado de excepción, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh).

Las acciones violentas denunciadas incluyen uso desproporcionado de la fuerza, intimidación y amenazas, incluyendo disparos para atemorizar a la población.

Controversias y oración

Por falta de autonomía, integridad y ética durante la emergencia en el sistema penitenciario, el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev) ha sido duramente criticado en un comunicado de organizaciones de la sociedad civil (OSC).

Entre las OSC firmantes se hallaban el Centro de Estudio para la Mujer, la Asociación de Familiares de Privados, el Centro de Desarrollo Humano, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares, la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, ACI Participa, la Asociación para Una Vida Mejor y Cozumel Trans.

Días después, el 3 de julio, el Conaprev lamentó en otro comunicado que las OSC criticaran su gestión. “Lamentamos que hayan consignado que el MNP Conaprev no goza de integridad y ética en sus actuaciones”, señaló la institución.

El Conaprev pidió a las autoridades militares asegurar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

La imagen de Fernando Muñoz, comandante de la Policía Militar del Orden Público, hincado y orando en la portada del periódico gubernamental Poder Popular, causó controversias. Muchas personas critican al funcionario por su cercanía al expresidente Juan Orlando Hernández, detenido en Nueva York en espera de un juicio en enero de 2024.

“Padre, para el bien de esta Honduras que tanto tú amas y que tú creaste y nos diste como país, hoy hacemos un pacto contigo. Ayúdanos a no corrompernos nunca más. Ayúdanos a no tocar dinero maldito de organizaciones criminales, que con la sangre de nuestro pueblo compran autoridades”, dijo Muñoz.

10 de julio de 2023
Reportar sin Miedo y Reporteros de Investigación

Fuente Agencia Presentes

Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Chile elimina las vacunas obligatorias a personas homosexuales y transexuales

Lunes, 21 de noviembre de 2016
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vacunaEl Ministerio de Salud ha aclarado que “la inmunización debe dirigirse a quienes tienen conductas de riesgo, sean cual sea su orientación sexual o identidad de género”.

El Ministerio de Salud chileno ha anulado el borrador de una medida que consideraba a los hombres que tienen sexo con otros hombres y a las personas transexuales como grupos de riesgo y a los cuales debía aplicarse en forma obligatoria vacunas contra la hepatitis B y el virus papiloma humano.

La determinación se adoptó después de que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se reuniera con el Jefe del Programa de Inmunización del Minsal, Fernando Muñoz, para expresar su malestar por esta medida, ya que “estigmatizaba” a los hombres homosexuales y bisexuales y a personas transexuales al considerarlos como grupo peligroso, en lugar de garantizarse vacunas para las personas con prácticas sexuales de riesgo, al margen de su orientación sexual o identidad de género.

Muñoz explicó que “no hay fundamento alguno para proceder a una vacunación obligatoria de la población de hombres que tienen sexo con hombres o trans, dado que las personas en riesgo son aquellas con prácticas riesgosas, entre las que se incluyen hombres o mujeres que mantengan relaciones sexuales con personas viviendo con VIH y aquellos hombres o trans que asuman tales prácticas y deseen vacunarse”.

“Obviamente, una estrategia de vacunación obligatoria no sólo sería injustificada, sino impracticable, por el desconocimiento del denominador hacia el que se apuntaría”, puntualizó.

El Movilh valoró la medida “en tanto va en la línea de lo que tanto hemos luchado durante 25 años: eliminar el estigma hacia las personas en razón de su orientación sexual o identidad de género. No hay grupos riego, hay sólo conductas de riesgo, y así fue entendido después de muchos años con el VIH y sida y cuando se eliminaron las restricciones para que gays donaran sangre. Es en esta línea en la que debemos avanzar”.

El organismo puntualizó que “por cierto contribuiremos con el Ministerio a promover sus políticas de vacunación, en tanto benefician a toda la población, sin discriminación por orientación sexual o identidad de género. Valoramos los esfuerzos de Muñoz al respecto”.

Fuente MOVILH

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Estado chileno impulsará el matrimonio igualitario y otras medidas contra la homofobia y la transfobia

Martes, 14 de junio de 2016
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Acuerdo-Gobierno-MOVILH-2-1024x680El Gobierno de Chile presentará una ley para aprobar el matrimonio igualitario en 2017

Así quedó establecido en un histórico acuerdo entre el Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Movilh.

El Gobierno y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual han llegado a un acuerdo para presentar una ley que incluya todos y cada uno de los derechos de los que disfrutan los matrimonios heterosexuales, incluidas la filiación y la adopción.

Con la mediación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH), el Estado de Chile y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) acordaron ayer una histórica solución amistosa en torno a la demanda internacional por el matrimonio igualitario que abarca variadas medidas a favor de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBTI)

El acercamiento se alcanzó en una cita encabezada por el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Enrique Gil Botero, y que contó con la participación del director del Departamento de DDHH de la Cancillería, Hernán Quezada, de representantes de la Segegog y de Justicia y del Movilh.

Acuerdo-Gobierno-MOVILH-1-1024x680El acuerdo de 6 páginas se conocerá en los próximos 20 días y es resultado de 29 meses de trabajo con 7 ministerios que se vieron intensificados en la última semana con la destacada participación de la Cancillería y del Ministerio Secretaría General de Gobierno que encabeza el vocero Marcelo Díaz.

En la cita Botero calificó “de histórico” el avance, destacando que la iniciativa garantiza la plena igualdad legal para las parejas del mismo sexo, con todos los derechos y deberes, pues eso es el “matrimonio igualitario. Sino, no sería igualitario”, dijo.

Junto con adelantar la fecha de presentación del proyecto de ley, la iniciativa contempla medidas en torno a otras propuestas legislativas y de políticas públicas de la población LGBTI.

“Valoramos profundamente la voluntad del Gobierno, de la presidenta Michelle Bachelet, de Díaz, de Quezada y de cada una de las autoridades que movidas sólo por la necesidad de erradicar la discriminación permiten este acuerdo. Damos especial agradecimiento a la CIDH que intermedió con éxito, demostrando una vez más que su labor es imprescindible en América”, indicó el activista del Movilh, Rolando Jiménez.

Tras varios meses de lucha legal coordinados por el Movilh y por los abogados Jaime Silva y Fernando Muñoz, el 4 de abril del 2012 la Corte Suprema rechazó un recurso de protección presentado por tres parejas gays a las que el 25 de septiembre del 2010 el Registro Civil les había negado su derecho a contraer matrimonio en Chile

El 15 de mayo del 2012 el Movilh denunció al Estado de Chile ante la CIDH por estos hechos, contando con la representación legal de los abogados Ciro Colombara, Hunter Carter y Branislav Marelic.

Fuente MOVILH

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“Vivamos como vivamos, #SiempreCondón”, nueva campaña de prevención en Chile

Miércoles, 10 de junio de 2015
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siemprecondonLa campaña contiene imágenes publicitarias con parejas homosexuales y personas transgénero. La ministra chilena de Salud, Carmen Castillo, indicó que con esto se aborda la prevención asumiendo la diversidad sexual que presenta el país.

No interesa de que todos sepan que todo están incluidos, todos y todas. Hoy es un día importante ya que estamos hablando de una campaña preventiva en la cual la inclusión es un componente importante”, aseveró.

Castillo añadió que “el uso del condón es un componente que tenemos que fortalecer y dar especialmente énfasis a nuestra comunidad que más pudiera tener posibilidades de riesgo por distintas razones y que, de alguna manera, esto se ha ido trabajando en distintas actividades de promoción antes efectuadas”.

El portavoz del Movimiento de la Diversidad Sexual, Fernando Muñoz, enfatizó en la necesidad de intensificar este tipo de campañas puesto que “estamos hablando de temas que son urgentes, efectivamente estamos perdiendo la batalla contra el VIH, la mortalidad sigue estando muy alta, el número de casos nuevos está muy alto, bajó la edad de adquisición del virus y los grupos más afectados, que son la población gay”.

En Chile, aproximadamente 45 mil personas viven con el virus y el 84 por ciento de los casos son hombres.

Fuente Cáscara Amarga

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MOVILH critica que la ley antidiscriminación de Chile “ha servido poco o nada”. Con respaldo transversal anuncian reforma para mejorar la Ley Zamudio

Martes, 15 de julio de 2014
Comentarios desactivados en MOVILH critica que la ley antidiscriminación de Chile “ha servido poco o nada”. Con respaldo transversal anuncian reforma para mejorar la Ley Zamudio

ley_zamudioEl Movimiento de Liberación Homosexual (Movilh) ha criticado que la conocida como Ley Zamudio ha servido poco y nada para sancionar judicialmente la discriminación, mientras que en el campo preventivo la norma ha tenido mejores resultados.

Varios grupos políticos y parlamentarios independientes respaldan un proyecto de reforma a la ley impulsado por esta asociación.

A dos años de promulgada la Ley Antidiscriminatoria, más conocida como Ley Zamudio, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual hizo balance de la norma y una propuesta de reforma a la misma, pues “ha quedado en evidencia que desde el punto de vista punitivo esta legislación de poco y nada ha servido a las víctimas”.

El diagnóstico sobre la ley y la propuesta de reforma cuenta con la asesoría técnica del abogado, académico y doctor en Ciencia Jurídica Fernando Muñoz y de los parlamentarios Vlado Mirosevic (Ind), Pedro Browne (Amplitud), Gabriel Silber (DC) Leonardo Soto (PS), Guillermo Ceroni (PPD) y Hugo Gutiérrez (PC), quienes junto a otros congresistas y el Movilh ingresarán próximamente un proyecto para enmendar la norma.

El balance del Movilh expuesto por sus activista Rolando Jiménez y el abogado Alan Spencer, arrojó que a la fecha se han presentado menos de 50 demandas por la Ley Zamudio y que sólo en una sola ocasión los tribunales han accedido a aplicar el agravante penal, lo cual refleja “que las personas no se sienten motivadas a usar esta norma para alcanzar justicia en caso de padecer un atropello motivado por razones discriminatorias”.

“Las razones de esta desmotivación no se relaciona con el conocimiento de la ley, pues la mayoría sabe de su existencia, según estudios del Gobierno y nuestro. La razón se relaciona con las limitantes mismas de la norma que es urgente reformar”, precisó el Movilh.

El organismo detalló que entre las limitantes de la Ley se cuentan “la carencia de indemnización para las víctimas y las multas que se pueden dictar contra los denunciantes sino se comprueba discriminación”

Además, “para aplicar la agravante la víctima debe demostrar que el delito estuvo motivado por razones de discriminatoria. Esto es casi imposible, pues la motivación es una realidad que sólo está en la cabeza del agresor y no tiene expresión práctica. La agravante se debería aplicar por la presencia de conductas discriminatorias, sean cual sea la motivación que lleve a cometer un delito”.

En ese sentido, la reforma de ley propuesta por el Movilh y respaldada transversalmente establece indemnización para las víctimas, elimina las multas al denunciante y define nuevas fórmulas para aplicar la agravante, todos aspectos que serán traducidos en un proyecto de ley que próximamente ingresará al Congreso Nacional.

Aspectos positivos

Si en el campo punitivo la ley ha sido deficiente, no ha ocurrido lo mismo en el ámbito preventivo, donde “hay importantes avances. En efecto, la norma ha tenido un gran poder disuasivo de la discriminación en los organismos públicos y privados. Así, se han implementado variadas políticas públicas contra la discriminación, y se han derogado normas y procedimientos discriminatorios en ministerios, municipalidades, empresas e incluso las Fuerzas Armadas y de Orden”.

En ese sentido, el proyecto de ley de reforma a Ley Zamudio propone cristalizar este éxito en el campo preventivo con la ”creación de una organismo público por la diversidad y la no discriminación, que dé seguimiento y coordinación a las políticas públicas y garantice asistencia legal y psicológica gratuita para quienes padecen abusos por ser diferentes a la mayoría”.

Fuente MOVILH

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