La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, las coordinadoras Trabajando en Positivo y CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) llevan meses solicitando una reunión con la Dirección General de la Función Pública para pedir la eliminación de las exclusiones médicas no justificadas de personas con VIH en las oposiciones a Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado. Pues bien, ya hay una respuesta: el Gobierno simplemente se niega a considerar una revisión de las exclusiones amparándose en un supuesto mayor riesgo de transmisión, que según han expresado estas organizaciones no se ajusta ni a la legislación vigente ni a la evidencia científica existente.

El pasado 29 de septiembre la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC CCOO), las coordinadoras Trabajando en Positivo, CESIDA (Coordinadora estatal de VIH y sida) y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, (FELGTB) solicitaron por carta una reunión con el nuevo director general de la Función Pública, Javier Pérez Medina, para pedir que se eliminen las exclusiones médicas no justificadas en las oposiciones. Las organizaciones ya se habían dirigido a la anterior directora general para abordar y valorar la exclusión de las personas con el VIH de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias pese a que vivir con el VIH no suponga ningún perjuicio en el desempeño de sus funciones en estos puestos.

Si en las anteriores ocasiones no se había tenido respuesta por parte de Función Pública, en esta sí que han respondido y para sorpresa de las organizaciones lo hace justificando las exclusiones médicas bajo el criterio de garantizar el derecho a la salud del artículo 43.1 de la Constitución Española.

A lo largo de 2014 y 2015, las organizaciones mencionadas han remitido cartas tanto a la Dirección General de la Función Pública como al Ministerio de Sanidad, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la Dirección General de la Guardia Civil, el Consejo de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, aunque oficialmente solo habían recibido respuesta desde Instituciones Penitenciarias y Guardia Civil. Ahora por fin, y tras la llegada de un nuevo director general, Javier Pérez Medina, ha habido una respuesta por parte de Función Pública, pero esta no ha podido ser más decepcionante.

Según un escrito remitido por el subdirector general de Relaciones Laborales de dicho departamento, “es el reconocimiento y la protección de este derecho [el derecho a la salud que garantiza el artículo 43.1 de la Constitución] el que impone a la Administración la obligación de evitar cualquier circunstancia o situación que pueda significar un riesgo para la salud, por mínimo que este sea, lo que justificaría una aplicación rigorista del ya mencionado cuadro de exclusiones médicas”.

El texto añade que “las funciones de las personas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado conllevan la posibilidad de mayor riesgo de contagio en el ejercicio profesional, por lo que se justifica suficientemente el establecimiento de un criterio de acceso distinto al que pueda utilizarse con relación a otros cuerpos de la Administración”.

José Marín, representante de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, explica que “es la segunda ocasión en la que un organismo público utiliza el riesgo de transmisión a terceras personas como justificación para la exclusión de las personas con VIH de estas profesiones, tras la respuesta de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias en octubre del año 2014”.

Para Julio Gómez, representante de la Coordinadora Trabajando en Positivo, “es una lástima ver que los avances que se producen en este sentido en otros países, como México, donde recientemente se ha reformado la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas para eliminar como una causal de retiro a personas con VIH, no se lleven a cabo también en España”. “El estigma y la discriminación se convierten en un importante obstáculo para la respuesta al VIH, más cuando ésta proviene de los propios organismos públicos, que deberían ser los primeros en dar ejemplo y favorecer la normalización del VIH”, añade.

Para Santiago Redondo, vocal de salud de FELGTB, la respuesta de la Dirección General de la Función Pública demuestra su desconocimiento “de los avances que ha habido respecto a la transmisión del VIH y continúa sobrevalorando el riesgo de transmisión del VIH y por lo tanto discriminando a las personas con VIH”.

Por su parte, según Juan Ramón Barrios, presidente de la Coordinadora estatal de VIH y sida,“esta justificación no responde a la legislación vigente, las recomendaciones por las que se rigen estas normativas están obsoletas, son de 1995. Y aunque existen diferentes referencias normativas a partir de las que se podría limitar el acceso y el desempeño de una persona con VIH en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, éstas hacen referencia a que sea el estadio clínico de la enfermedad el que impida la realización de las tareas habituales de la profesión, pero en ningún caso a la posibilidad de transmisión del VIH a otras personas”.

Pese a la negativa, en un comunicado conjunto las citadas organizaciones han insistido  en su  compromiso “para continuar trabajando a la hora de eliminar las exclusiones médicas no justificadas en el desempeño público” y acabar con una medida discriminatoria que no se ajusta a la evidencia científica disponible. Estas entidades vienen insistiendo desde hace tiempo en la necesidad de adaptar los reglamentos que dan cabida a este tipo de exclusiones para adecuarlos a lo establecido por la Recomendación sobre el VIH y el sida y el mundo del trabajo, 2010 (núm. 200) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Fuente Ragap y Dosmanzanas

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La ONG sevillana Adhara recuerda que el mundo del trabajo es uno de los más sensibles a la discriminación por VIH.

El 70 % de las personas con VIH en España teme ser discriminada en su entorno laboral a causa de su estado serológico.

Según la Organización Internacional del Trabajo, nueve de cada diez personas que viven con VIH en el mundo están en edad productiva. En España, aproximadamente el 64 % de la población afectada tiene entre 20 y 49 años, la época más productiva del ser humano. Esto coloca a nuestro país en una situación compleja en el ámbito laboral que debe atenderse de manera multisectorial porque afecta a los medios de subsistencia de las personas afectadas por el VIH y sus familias, a la productividad, a los derechos en el trabajo, al crecimiento económico de los países y de las empresas.

Para Adhara, asociación VIH/Sida, como entidad miembro de la Federación Trabajando en Positivo, “las empresas que operan en España pueden cumplir un rol fundamental a la hora de convertir el lugar de trabajo en un escenario privilegiado para brindar respuestas claves al VIH, permitiendo generar estrategias y actividades que contribuyan tanto a la prevención como a preservar los derechos de las personas trabajadoras“.

Diego García, presidente de Adhara,

Según el informe VIH y el mundo laboral, elaborado por la misma federación, las principales situaciones de estigma y discriminación que sufren las personas que viven con VIH, comprometen bien al acceso a un puesto de trabajo, con pruebas de detección como requisito previo a la contratación, o bien a la permanencia en dicho empleo, con cambios en las condiciones de trabajo, trato diferenciado ante oportunidades de promoción laboral o vulneración de la confidencialidad de datos médicos.

Ante estas situaciones, algunos sindicatos y muchas ONG desarrollan acciones dirigidas a mejorar la inserción laboral de las personas con VIH, como es el caso de Adhara donde se ofrece un servicio de orientación sociolaboral para este colectivo del que en el año 2014 se beneficiaron 16 personas.

Diego García, presidente de Adhara, apunta que “la discriminación laboral de las personas con VIH se sigue produciendo en el siglo XXI. Estos comportamientos discriminatorios son producto del miedo y del prejuicio y no se basan en ninguna realidad científica. Una persona con VIH no transmite su enfermedad en las actividades diarias. Desde el trabajo que realizamos en el ámbito asociativo exigimos que los comportamientos discriminatorios cesen y que juntos trabajemos por una vida laboral saludable”.

Fuente Cáscara Amarga

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La Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas (ACEGAL) ha sido la primera patronal de empresarios en unirse a la iniciativa a favor de las personas con VIH/sida “Empresas responsables con el VIH y el sida en España”, de la Federación Trabajando en Positivo.

Según ha dicho el presidente de ACEGAL, Joan Igual, esta patronal se ha unido a la iniciativa para la no discriminación laboral ya que “como patronal gay y lesbiana estamos en lucha contra todas las discriminaciones”.

Igual ha asegurado que “animará a las cerca de 100 empresas de la patronal a unirse a la iniciativa a título personal” y ha destacado la “gran sensibilización” de éstas.

Con su adhesión, ACEGAL se ha comprometido a desterrar los prejuicios sobre las personas con VIH para evitar la discriminación en el entorno laboral y reducir sus dificultades en su acceso al empleo, siendo la primera asociación de empresas en formar parte de esta iniciativa.

1. Generar estrategias de prevención del VIH y del sida y de promoción de los derechos humanos dirigidas a las empresas asociadas de ACEGAL, a través de talleres, comunicación interna y/o acciones de información y sensibilización y apoyo a proyectos comunitarios.

2. Favorecer el contacto de la Federación Trabajando en Positivo con las empresas asociadas en ACEGAL y con otras empresas, con el fin de difundir entre éstas el contenido de la Iniciativa.

3. Aprovechar las oportunidades de las que dispongamos para comunicar y animar a otras organizaciones y/o empresas a formar parte de esta Iniciativa y a firmar este compromiso

También se prevé que ACEGAL impulse talleres y acciones de información entre sus empresas miembros para favorecer la integración de las personas infectadas.

La iniciativa de la Federación Trabajando en Positivo pretende favorecer la implicación de las empresas privadas en la lucha contra la discriminación a infectados del VIH y sida.

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Un Guardia Civil ha denunciado un posible caso de discriminación al haber sido apartado del servicio después de 31 años en la benemérita. Este hombre, que prefiere dejar su nombre en el anonimato, ha visto como un informe de la Junta Médico Pericial ha significado que no pueda seguir desarrollando su trabajo.

Según el informe, el funcionario tiene una discapacidad física del 66% a causa de una patología de oncología asociada al VIH. Para el miembro de la Guardia Civil, este virus es el verdadero causante de su despido.

Este funcionario ha convivido con el virus en su cuerpo durante más de 15 años, hasta que en el año 2008 se le diagnosticó un cáncer infeccioso que le provocó fallos multiorgánicos. El virus del VIH provocó el necrosamiento de los fémures, aunque no afectó a su grado de movilidad, y la aparición de un sarcoma de Kaposi y un linfoma en el pecho.

A pesar de recuperarse, después de superar meses en los que su vida corrió peligro, este Guardia Civil y, según consta en los informes, su adherencia al tratamiento fue positiva y total. Pero a pesar de todo, la Guardia Civil decidió prescindir de sus servicios al declarar su “inutilidad permanente para el servicio” por “insuficiencia de condiciones psicofísicas“.

El afectado ha manifestado su malestar porque su enfermedad fue filtrada a sus superiores, algo que pudo provocar que recibiera presiones de los mismos. La situación se volvió insostenible y el funcionario acusó el nerviosismo y el estrés, teniendo que acudir varias veces al servicio de urgencias con crisis de ansiedad.

Por desgracia, este Guardia Civil no es el único caso registrado de personas que teniendo VIH han terminado sin empleo. La Federación Trabajando en Positivo recibe cada día a personas seropositivas que han sufrido trato desfavorable en sus ambientes de trabajo y, según el informe ‘VIH y el mundo laboral’, elaborado por la misma federación, las principales situaciones de estigma y discriminación que sufren las personas con el virus –que no siempre desarrollan la enfermedad: el SIDA– comprometen bien al acceso a un puesto de trabajo, con pruebas de detección como requisito previo a la contratación, o bien a la permanencia en dicho empleo, con cambios en las condiciones de trabajo, trato diferenciado ante oportunidades de promoción laboral o vulneración de la confidencialidad de datos médicos.

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