Alivio temporal para la comunidad LGTB de Indonesia. El comité que discute el proyecto de ley para criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo ha pospuesto la votación unos meses. Alegan que quieren recabar más opiniones de la ciudadanía sobre las enmiendas propuestas. Unos cambios que, en su redacción actual, castigan la homosexualidad con hasta cinco años de cárcel. El país ya vive una escalada de LGTBfobia social y de Estado que ha traído un aumento drástico de la persecución de las personas homosexuales y trans o percibidas como tales.

El proyecto de ley para criminalizar la homosexualidad en Indonesia no saldrá adelante al menos hasta dentro de dos o tres meses. En febrero informábamos de la que parecía inminente aprobación de un proyecto de ley para castigar las relaciones extramatrimoniales y, explícitamente, las relaciones entre personas del mismo sexo con hasta cinco años de cárcel. La medida supondría el blindaje legal de una persecución que no ha hecho más que crecer en los últimos años.

La propuesta no es nueva. En marzo de 2016, la organización Family Love Alliance presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional del país para declarar delictivas las relaciones extramaritales. El alto tribunal falló en diciembre del año pasado, por cinco votos a cuatro, no admitir la petición. Los magistrados no declararon inconstitucional la prohibición del sexo extramarital, sino que consideraron que esta decisión la tiene que tomar, en su caso, el poder legislativo.

Eso es lo que puede ocurrir si sale adelante la propuesta. La Cámara de Representantes discutirá un proyecto de reforma de tres artículos del Código Penal. El que afectaría a la comunidad LGTB sería el 292, que en la actualidad castiga con cinco años de prisión los “actos obscenos” con un menor del mismo sexo. La modificación consistiría en eliminar la referencia a la minoría de edad, penalizando por tanto todos los actos sexuales entre personas del mismo sexo.

Los activistas LGTB temen redadas masivas. Si el proyecto se aprueba, su implantación podría resultar en millones de detenciones y afectar también a los turistas que visiten el país. La propuesta, que lleva meses sobre la mesa, tomó impulso en febrero al calor de recientes redadas contra locales de ambiente gay. Sin embargo, la criminalización del adulterio generó una importante reacción contraria a la reforma del Código Penal que ha obligado a posponer su votación en el Parlamento.

El crecimiento del nacionalismo y del islamismo también han sido factores que han animado a las autoridades a poner a la comunidad LGTB en el punto de mira. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales. La Asociación Indonesia de Intelectuales Musulmanes comparte esa posición y aspira a que la ley persiga las asociaciones LGTB.

Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia

General, Homofobia/ Transfobia. Aceh, Asociación Psiquiátrica Indonesia, Family Love Alliance, Indonesia, Sumatra Meridional

Aunque en los últimos meses Indonesia se está convirtiendo en un foco preocupante de LGTBfobia, el Tribunal Constitucional del país acaba de rechazar una proposición para castigar con hasta cinco años de cárcel el sexo gay y el sexo prematriomnial.

El Tribunal Constitucional de Indonesia rechazó este jueves criminalizar las relaciones sexuales entre personas no casadas, incluyendo por tanto las que tuvieran lugar entre personas del mismo sexo. Por una ajustada mayoría de cinco votos a favor frente a cuatro en contra, los jueces del alto tribunal decidieron no admitir una petición de reforma del Código Penal que habría castigado con penas de hasta cinco años de prisión el sexo fuera del matrimonio. La decisión supone un respiro provisional en una región donde la LGTBfobia social y de Estado está alcanzando cotas muy preocupantes.

Alivio momentáneo de la comunidad LGTB en Indonesia. El Tribunal Constitucional de este país del sudeste asiático ha fallado en contra de una petición para declarar delictivas las relaciones sexuales fuera del matrimonio. La demanda la presentó la Family Love Alliance/Alianza por el Amor Familiar (AILA) en marzo de 2016, un grupo islamista de extrema derecha y antiLGTBI al que se sumaron unos cuantos académicos ultra conservadores. En su momento la líder de la AILA, Rita Hendrawaty, dijo que la intención del grupo no era criminalizar a las personas LGTBI sino “tener normas mucho más claras.” “No pretendemos criminalizar a aquellos que tienen orientaciones sexuales desviadas“, explicó Hendrawaty en agosto de 2016, “Ésa no es la cuestión. Pueden ser libres de vivir pero no de mostrar su estilo de vida“. Hamid Chalid, un experto en legalidad constitucional que se sumó a la petición, dijo que su intención era meter en vereda al país porque se estaba volviendo demasiado liberal: “Nuestro país ha legalizado el fornicio, la violación masculina y los actos homosexuales. Hemos permitido que nuestra constitución se vuelva demasiado liberal. ¿Es eso lo que queremos?”

La demanda ha sido rechazada, tras una votación muy ajustada, por el voto contrario de cinco jueces, frente a cuatro que votaron a favor, en la que se ha considerado que para poder implementar esa petición habría que introducir nuevas leyes en el código penal, algo que sería responsabilidad del gobierno. “Solo porque se considere que una ley está incompleta o ya no está en línea con las normas de la sociedad no implica que esa ley sea contradictoria con nuestra Constitución”, dice el veredicto, que añade que “cualquier limitación a los derechos de las personas ha de ser decidida a través del proceso legislativo del Parlmento. Las peticiones presentadas ante este tribunal están pensadas para proteger a alguien frente a la limitación de sus derechos.” De haber sido aceptada, las relaciones entre personas del mismo sexo o entre personas de distinto sexo fuera del matrimonio habrían conllevado una pena de hasta cinco años de prisión.

Los magistrados no han declarado inconstitucional la prohibición del sexo extramarital, sino que consideran que esta decisión la tiene que tomar, en su caso, el poder legislativo. El fallo contrario a la criminalización ha sido posible también gracias a la reciente encarcelación por corrupción de uno de los jueces del alto tribunal, Patrialis Akbar, por corrupción. Mientras que Akbar apoyaba con entusiasmo la petición, su sustituto ha votado en contra.

Las organizaciones pro derechos humanos se han felicitado por la sentencia, aunque recordando lo ajustado del resultado y la necesidad de seguir luchando contra la ola LGTBfoba que sacude la región. “Es muy importante evitar que nuestro poder judicial lo saboteen unos fundamentalistas y unos corruptos”, declaraba Rocky Intan, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Yakarta. Los demandantes de la Family Love Association, por el contrario, aseguraron que continuarán por la vía legislativa su batalla por la penalización.

Entre lo que dice el veredicto y lo ajustado de la votación cierto es que el colectivo LGTB+ de Indonesia no está como para tirar cohetes, pero han celebrado el resultado y han asegurado que se trata de un gran paso en el reconocimiento de la igualdad y el respeto a la diversidad.

#BREAKING: #Indonesia‘s constitutional court rejects petition that sought to criminalize adult consensual same-sex conduct and sex outside of marriage. Glimmer of good news for all Indonesians, in particular besieged #LGBT community. @hrw backgrounder here https://t.co/nKWFQe9haV

— Kyle Knight (@knightktm) 14 de diciembre de 2017

Indonesia, un infierno para la comunidad LGTB

En febrero de 2016 publicábamos un artículo que recogía cómo la oleada de virulenta homofobia y transfobia se abre paso a un ritmo preocupante en Indonesia. Publicábamos entonces que políticos y líderes religiosos se turnan con declaraciones incendiarias que estigmatizan cada vez más a la población LGTB. Desde entonces, por desgracia, no hemos parado de recoger casos de detenciones, abusos y crueles castigos físicos.

Indonesia presenta una realidad muy diferente para su comunidad LGTB dependiendo de la región. Formalmente, la homosexualidad no es delito en el país con mayor número de fieles musulmanes del mundo, que mantiene un código penal heredado de la época colonial neerlandesa. La excepción son las provincias autónomas de Aceh (situada en la zona norte de Sumatra) y Sumatra Meridional, aunque en este caso la prohibición rige solo para los musulmanes.

En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años.

Fuera de Aceh también se ha registrado un incremento de la represión. También en mayo de este año, la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital. No obstante, el portavoz de la policía de Yakarta, Raden Argo Yuwono, aseveraba que los detenidos podrían ser acusados bajo las duras leyes contra la pornografía vigentes en el país. Unas semanas antes, ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una “fiesta gay” en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Son solo algunos ejemplos de la penosa situación de los ciudadanos LGTB en el país.

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