Católicos indonesios protestan contra la prohibición de la educación LGBTQ+ en una provincia de Indonesia
Hendrika Mayora Victoria
Alrededor del 89,64 por ciento de los 8,26 millones de habitantes de la provincia son musulmanes.
El 87,6 por ciento de los indonesios considera a las personas LGBT como una amenaza
Las autoridades de la provincia de South Sulawesi en Indonesia han sido criticadas por grupos de defensa y la Iglesia por emitir una orden para prevenir la influencia de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) en los institutos educativos.
La provincia emitió la circular el 22 de agosto, días después de que la Universidad Hasanuddin en Makassar expulsara a un nuevo estudiante que supuestamente afirmaba no ser binario, un término general para las identidades de género que no son únicamente masculinas o femeninas.
Según los informes, la expulsión tuvo lugar el 19 de agosto, poco después de que el estudiante publicara un video en las redes sociales para hacer las afirmaciones, que se volvió viral.
Posteriormente, la universidad se disculpó tras las protestas públicas y prometió no discriminar a ningún estudiante. El estudiante expulsado fue devuelto.
La circular dice que el gobierno pide a los campus y escuelas que “introduzcan políticas para evitar la difusión de ideas, pensamientos y actitudes que apoyan a las personas LGBT. Si se considera necesario, se deben emprender acciones legales contra ellos”
También les pidió que tomaran medidas firmes, incluida la imposición de sanciones a quienes participen en actividades con la comunidad LGBT. “[También deben] proporcionar comprensión a los estudiantes sobre los efectos negativos de las actividades LGBT”, dijo.
Dijo que los conferencistas, maestros y personal educativo, así como los estudiantes afiliados o directamente relacionados con la comunidad LGBT “deben ser denunciados a las autoridades y, si se considera necesario, se deben emprender acciones legales contra ellos”.
El gobierno también instó a los padres a “siempre brindar comprensión y proteger a sus hijos de la tendencia de mentalidades y comportamientos que respaldan la existencia de personas LGBT en varios aspectos de la vida social”.
Ante esta situación, dos líderes católicos se opusieron a la orden provincial que prohibía la educación sobre temas LGBTQ+ y alentaba a las escuelas a sancionar a las personas LGBTQ+. Hendrika Mayora Victoria, una católica transgénero que dirige el grupo LGBTQ+ Fajar Sikka, dijo que la orden institucionalizó la discriminación. UCA News informó sobre sus comentarios:
“‘También es lamentable que tal discriminación tenga como objetivo a las instituciones educativas que deberían fomentar un espíritu de respeto por la diversidad… Creo que esta circular desencadenará violencia contra los grupos LGBT, incluido el acoso escolar. Esta es una política producto de personas homofóbicas”.
Afirmó que los grupos LGBT en Indonesia no esperan reconocimiento legal “porque también sabemos que será difícil. Somos realistas y, por lo tanto, solo esperamos que se aprecie nuestra existencia’, dijo”.
Padre Vinsensius Darmin Mbula,
El Padre Vinsensius Darmin Mbula, un franciscano que encabeza el Consejo Nacional para la Educación Católica de Indonesia, afirmó que la orden “tiene el potencial de ser utilizada como una herramienta para legitimar la persecución de las personas LGBT”, y agregó: “En mi opinión, el gobierno debería basar su actitud sobre valores que sustentan el espíritu de respeto a los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas LGBT, y se distancia de visiones excluyentes”. El sacerdote pidió al gobierno de Indonesia que detuviera acciones similares en otras provincias.
La Unión de Periodistas por la Diversidad subrayó que las instituciones educativas “son espacios académicos e intelectuales donde las visiones, ideologías, creencias e identidades de cualquier tipo son legítimas para la discusión pacífica. La elección de la identidad y expresión de género es una libertad que debe ser respetada y defendida con dignidad en las instituciones educativas”.
Indonesia no criminaliza a las personas LGBT a nivel nacional. Sin embargo, algunas regiones tienen regulaciones dirigidas a la comunidad.
Alrededor del 89,64 por ciento de los 8,26 millones de habitantes de la provincia son musulmanes.
En diciembre del año pasado, la ciudad de Bogor, en la provincia de Java Occidental, aprobó un reglamento sobre la prevención y el control del comportamiento sexualmente desviado.
El grupo de derechos LGBT, Arus Pelangi, dijo que registró 172 casos de persecución de personas LGBT que incluyen intimidación, abuso físico y verbal y maltrato entre 2006 y 2017.
Una encuesta realizada por Saiful Mujani Research and Consulting en 2018 encontró que el 87,6 % de los indonesios consideran a las personas LGBT como una amenaza.
También encontró que el 81,5 por ciento piensa que la religión prohíbe la homosexualidad, el 80 por ciento se opone a que las personas LGBT sean sus vecinos y el 90 por ciento no quiere que las personas LBGT se conviertan en funcionarios públicos.
Manifestantes anti-LGBT marchan en Bogor, en la provincia de Java Occidental de Indonesia, el 9 de noviembre de 2018.
Indonesia, un infierno para la diversidad LGTB
En agosto de 2021 conocíamos que condenaban a siete meses de prisión a soldado en Indonesia por homosexualidad.
En 2018, informábamos de la detención de diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica».Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, en mayo de 2017 a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.
Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.
En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.
En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.
El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.
Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.
Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.
En julio de 2020 conocíamos que Indonesia podría aprobar en 2021 los “exorcismos” a personas LGTB+. Y en febrero de ese mismo año, una pareja gay era condenada a 154 latigazos por tener relaciones sexuales.
Fuente UCA News/Cristianos Gays
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