Han pasado ya más de ocho años y medio desde que entrase en vigor la ley española de identidad de género. Una norma que en aquel momento supuso un enorme paso adelante sobre la situación previa, que exigía un proceso judicial, y que incluso hoy día sigue colocando a España por delante de muchos países de nuestro entorno, pero que sigue manteniendo la consideración de la transexualidad como un trastorno que debe ser identificado por un especialista ajeno a la propia persona transexual. Un paradigma anacrónico que cada vez más países están desterrando de sus propias legislaciones y que España, un país que presume –cada vez con menos razón– de estar a la vanguardia en materia de derechos LGTB debe ya replantearse.

Países como Irlanda, Argentina, Dinamarca o Malta han modernizado ya sus legislaciones consagrando el principio de autodeterminación de género, de forma que sea cada persona, en uso de su libertad individual y sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna, decida cómo quiere ser reconocida legalmente. El modelo de la muy católica Malta, de hecho, está considerado por las organizaciones trans como el más aventajado, al ni siquiera establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación del “sexo registral” y por tanto extender ese principio a los menores. Incluso más allá de la consideración jurídica de la transexualidad, la ley maltesa prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, dio a conocer hace pocos meses sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales (puedes descargar aquí el documento).

Pero ni siquiera estos países son los únicos en abordar ya el tema. A lo largo de estos últimos meses hemos visto también como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia emitía un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que también sería extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, país donde los avances conseguidos en la anterior legislatura quedaron congelados en el tiempo y que mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque después leyes más recientes, como la ley integral de transexualidad de Andalucía  y la de Canarias, o las leyes contra la LGTBfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporen ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

También los manuales médicos deben actualizarse

Una reivindicación, además, que por encima de los marcos legislativos nacionales incluye la a retirada de las etiquetas referidas a la transexualidad de las clasificaciones diagnósticas usadas internacionalmente, basadas en buena parte en el mantenimiento de patrones socioculturales que nada tienen que ver con la verdadera ciencia pero que sirven de base a manuales médicos y psicológicos y que alimentan prácticas no solo irrespetuosas con la libertad individual, también cada vez más obsoletas.

Los dos catálogos más importantes, en este sentido, son el DSM de la American Psychiatric Association y CIE de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de la última versión del DSM, por ejemplo, ya se consiguió que el anterior diagnóstico de “trastorno de la identidad sexual” fuera sustituido por el de “disforia de género”, con una menor carga patologizante, pero no dejó de ser un avance menor que los colectivos LGTB en modo alguno aceptan como definitivo.

Una demanda que nació en los márgenes

Lejos quedan ya los tiempos en los que la despatologización de las identidades trans era una demanda marginal de los colectivos, aunque no está de más mantener viva la memoria histórica y recordar que fue la presión de los grupos más radicales (en su acepción más literal: aquellos que no se conformaban con una simple mejora y que exigían ir a la raíz del problema) la que mantuvo viva la reivindicación y la hizo crecer hasta convertirla en una demanda aceptada incluso por las instituciones europeas. Ya han pasado cuatro años desde se unía al llamamiento el entonces comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, e incluso el pleno del Parlamento Europeo.

Instituciones, todo sea dicho, que por el momento poco han hecho a la hora de forzar a los estados a actualizar sus legislaciones.

Los colectivos se movilizan

Así lo exigen los diferentes colectivos LGTB y de personas trans con ocasión de la celebración, el 24 de octubre, del Día Internacional por la Despatologización Trans. El Grupo de Políticas Transexuales de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), ha convocado, por ejemplo, una marcha que partirá desde la madrileña Plaza de Chueca, a las 19:00 horas de la tarde. Entre las demandas de la FELGTB para este día se encuentra la inmediata y definitiva retirada de la transexualidad de los manuales de enfermedades mentales. Por lo que se refiere a España, la FELGTB pide que se adecúe la legislación a esta realidad, “cejando en su empeño de exigir diagnósticos médicos para reconocer los derechos de las personas transexuales”. El Grupo de Políticas Transexuales de la FELGTB exige también medidas referentes a luchar contra la transfobia en el ámbito laboral, la protección de las trabajadoras sexuales y el reconocimiento los derechos de las personas transexuales menores e inmigrantes. Puedes descargar su manifiesto para este día pinchando aquí.

Demandas similares a las de Fundación Triángulo, para la que, sin negar los avances obtenidos, es necesaria “la adopción a nivel estatal de una Ley de identidad de género que reconozca este derecho fundamental de todos los ciudadanos, el derecho a ser y desarrollarse libremente y sin presiones; la  defensa de los menores transexuales, de sus derechos sanitarios y educativos”. Fundación Triángulo reclamará hoy la identidad de género como un derecho fundamental bajo el lema “Mi identidad es mi derecho” (#MiIdentidadEsMiDerecho en Twitter).

La Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, por su parte, ha hecho público un manifiesto en el que niega cualquier tipo de reconocimiento a la American Psychiatric Association (APA) ni a la Organización Mundial de la Salud para “decidir sobre nuestras identidades ni las de nuestras hijas e hijos”. “No toleramos ningún tipo de tutela psiquiátrica o psicológica encaminada a coartar nuestra autonomía, rechazamos el rol paternalista del Estado y sus intentos de control sobre nuestras vidas y las de nuestras familias, no identificamos ni la disforia ni la incongruencia como definiciones válidas de la transexualidad, no avalamos la supuesta ‘especificidad’ de los tratamientos, que determina el poder político sobre nuestros cuerpos convirtiéndonos en objetos de la medicina”, prosigue el texto.

La plataforma reivindica, en este sentido, la eliminación de todas las categorías diagnósticas que afectan de una u otra manera a las personas trans, el derecho a recibir una atención sanitaria “que no implique segregación ni praxis patologizantes” y un acceso a dicha atención sanitaria que supere el modelo de las clásicas “UTIG” (unidades de trastornos de identidad de género), “encaminadas a las modificaciones corporales, las cuales siguen siendo concebidas, intolerablemente, como el ‘tratamiento’ indicado para un padecimiento diagnosticado, y nunca como un modo de atención armonizadora de expresión del ser”.

Por cierto que la convocatoria de Madrid arriba mencionada no es ni mucho menos el único acto convocado con motivo de este día. En la web de la Campaña Stop Trans Pathologization podrás encontrar información sobre diversas convocatorias tanto en el resto de España como  en otros países de África, América Latina, Asia y Europa.

Petición en change.org

Por cierto que sigue viva una petición promovida desde hace tres años por Carla Antonelli en la plataforma change.org a favor de la despatologización de la transexualidad y que lleva reunidos más de 90.000 apoyos. Si aún no lo has hecho, puedes sumarte aquí.

Fuente Dosmanzanas

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PSOE, Podemos y Ciudadanos (tres partidos que por cierto suman la mayoría absoluta) han registrado este viernes en la Asamblea regional su propuesta de ley integral de transexualidad para la Comunidad de Madrid, que ha sido elaborada junto a los colectivos LGTB y de padres y madres de menores transexuales. Hace un par de semanas, recordemos, era la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, la que presentaba de una forma bastante inesperada su borrador de anteproyecto, no sin polémica: Cifuentes invitó al acto formal de presentación a varios colectivos LGTB (aunque estos no habían participado en su gestación) pero dejó fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la futura ley y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid.

La situación no deja de ser un tanto irracional. El PP de Madrid, que no dispone de mayoría absoluta y gobierna gracias a la abstención de Ciudadanos en la votación de investidura, prefirió no sumarse al proceso que los otros tres partidos de la cámara habían puesto ya en marcha, cuyo objetivo era consensuar un proyecto con los colectivos que luego pudiera ser aprobado por unanimidad y sin protagonismo de los partidos, sino de esos mismos colectivos que llevan años luchando por conseguir este objetivo. Semanas después, Cifuentes presentó un borrador de anteproyecto por su cuenta y organizó una reunión con varios colectivos LGTB para presentárselo (junto al borrador del anteproyecto contra la discriminación), una reunión que contó con gran cobertura mediática. Una vistosidad que quedaba lejos de aquellos tiempos, parece que por fortuna desterrados, en los que la propia Cifuentes votaba en contra de una propuesta de ley integral de transexualidad presentada por la oposición socialista.

El borrador propuesto por Cifuentes, según comentó en un primer momento la diputada socialista y activista Cara Antonelli, había “calcado” algunos puntos del primer borrador que preparaban de forma conjunta oposición y  colectivos. Tras un examen más detallado, Antonelli llegó a calificarlo con un “engendro” que cercena “los derechos de los menores y de los mayores”. “Su texto es un corta y pega de nuestros borradores con ausencias que claman al cielo”, le reprochaba Antonelli a Cifuentes en el pleno celebrado hace unos días en la Asamblea de Madrid, en el que precisamente preguntaba por la ausencia de los citados colectivos en su presentación, intervención que puedes ver y escuchar aquí. Antonelli denunció que el anteproyecto popular no contempla la atención a los mayores transexuales, un tratamiento sanitario garantizado para los menores y la “amplísima batería de medidas en el sistema educativo” que el incluye el documento alternativo.

Este viernes, por fin, la propia Antonelli, junto a Beatriz Gimeno (expresidenta de la FELGTB y diputada de Podemos) y Eva Borox (diputada de Ciudadanos) han registrado en la Asamblea de Madrid esta propuesta alternativa, un acto al que han invitado, esta vez sí, a representantes de los colectivos excluidos por Cifuentes y que han participado en el proceso.

Esperamos y deseamos, por el bien de las personas trans, que el PP se avenga a negociar durante el proceso parlamentario que ahora se abre y se consiga entre todos consensuar una ley ejemplar que pueda ser aprobada por unanimidad. En caso contrario, esperamos al menos que las tres fuerzas de la oposición, que tienen mayoría parlamentaria suficiente para sacar adelante el proyecto, mantengan su compromiso hasta el final. No sería la primera vez que sucede algo así. Recordemos, por ejemplo, que la ley integral de transexualidad de Navarra, que en 2009 fue la primera comunidad en legislar sobre la materia, fue propuesta por Nafarroa Bai y aprobada con los votos de toda la oposición en contra de la entonces gobernante UPN, que no disponía de mayoría absoluta.

A la espera de una ley estatal

Será, sin duda, una buena noticia, como en su momento lo fueron la mencionada ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó sin duda un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria o la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades).

Queda pendiente, sin embargo, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007 (sin duda un gran avance sobre la situación anterior, pero que hoy es ya anacrónica al no incorporar el principio de despatologización de la transexualidad y no contemplar la situación de los menores) y que incluya además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal. Habrá que esperar al resultado de las próximas elecciones generales para ver en qué medida ello es posible.

Os recordamos, en este sentido, que sigue abierta la petición de Fundación Daniela en la plataforma change.org por una ley estatal de transexualidad, a la que podéis sumaros en este enlace y que en este momento lleva recolectadas más de 45.000 firmas.

Os dejamos con el vídeo de la petición:

Fuente Dosmanzanas

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En la granja de Maruxa en Monterroso se celebra la segunda fiesta gay, con el nombre de SON AGROGAY.

En el campo también vive y trabaja una buena parte del colectivo gay. Por eso Monterroso, en Lugo, celebra el segundo Festival Agrogay da Ulloa. Busca visibilizar la diversidad afectiva, sexual y vital del campo gallego, y no es un festival gay como los que acostumbramos a ver.

En un ambiente de completa armonía con la naturaleza, celebran en Lugo una fiesta para romper con todos los tópicos de los tradicionales Gay Pride.

Monterroso, en Lugo, ha acogido la segunda edición del Festival Agrogay, una iniciativa para dar visibilidad al colectivo LGTB, también en el rural. Salir del armario en la aldea no siempre es fácil, pero actividades como estan visibilizan una realidad de diversidad sexual presente en pueblos y aldeas. Esta jornada lúdica con trasfondo reinvidicativo se alargó hasta las cuatro de esta madrugada. Interesante leer la entrevista que les hace a los organizadores Campo galego.

General, Historia LGTBI Amalia Touriño "Malita", Ámbito rural, Áurea García "Aurita", Braulio Vilariño, Canarias, Carlos Prado Pampín, Colectivo Agrogay da Ulloa, Cumbraos, Davide Salvado, De Vacas, Extremadura, Festival Agrogay da Ulloa, Galicia, Lugo, Orgullo Gay, País Vasco, Premios Mestre Mateo 08

El nigeriano afincado en Alcántara (Cáceres) junto a su pareja, de nacionalidad española, ha sido recibido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la sede de Presidencia, donde también ha estado presente el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo al joven nigeriano gay, cuya deportación se ha paralizado temporalmente, y ha pedido que se agilicen aquellas gestiones que permitan una solución definitiva.

Tanto Fernández Vara como Sánchez se han comprometido a realizar gestiones para facilitar en lo posible la resolución del problema suscitado por la orden de expulsión de Henry, actualmente paralizada, pues en algunas regiones de Nigeria la homosexualidad está castigada con la pena de muerte.

Según ha explicado en un comunicado la Junta, gracias a gestiones realizadas por ésta y las delegaciones del Gobierno en Extremadura y Madrid, que tuvieron conocimiento de la situación a través de iniciativa de la Fundación Triángulo, se logró paralizar la extradición el pasado miércoles.

Así, mientras el proceso de paralización se ha demorado por seis meses, los trámites para conseguir que Henry pueda permanecer en España, donde su situación de arraigo “está demostrada”, deben estar formalizados a mediados de agosto, por lo que tanto el ciudadano nigeriano como su pareja han solicitado la ayuda de las administraciones para poder acelerar el procedimiento.

Por su parte, la presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín, ha adelantado que trasladará a los grupos de la Cámara el asunto del joven nigeriano “para impulsar alguna iniciativa y contribuir con ello a que su situación se resuelva lo antes posible”.

Martín, que también se ha reunido hoy con Henry en la Cámara autonómica, ha apelado al “compromiso firme” de todas las instituciones y fuerzas políticas “para que no se nos llene la boca al hablar de igualdad y luego no hacer nada”, según se recoge en un comunicado de prensa.

Fuente Cáscara Amarga

General #HenriSeQueda, ADHEX, Asilo, Blanca Martín, CEAR, Discriminación, Extremadura, Fundación Triángulo, Guillermo Fernández Vara, Henri Okorun, ILGA, José María Núñez, Nigeria, Pedro Sánchez, Port Harcourt, PSOE, Rafa González

Buenas noticias las que nos llegan desde Irlanda, cuyo Parlamento ha aprobado sin controversia una ley que recoge el principio de autodeterminación de género y que permitirá a las personas transexuales ver reconocida su identidad mediante un sencillo trámite sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna. Irlanda se une así al selecto grupo de países que ya han dado un paso adelante en este sentido y deja cada vez en mayor evidencia a legislaciones como la española, que en solo unos pocos años han quedado obsoletas.

Irlanda está dando toda una lección al resto del mundo en el campo de los derechos LGTB. Tras la consecución del matrimonio igualitario mediante referéndum, llegaba la hora de proporcionar un marco jurídico digno a las personas transexuales. La primera propuesta legislativa, sin embargo, contó con el rechazo del colectivo trans. Sin embargo, el gobierno irlandés (una coalición entre el centroderechista Fine Gael y el Partido Laborista) daba una vez más muestra de su madurez y decidía tramitar un texto más progresista e inclusivo, alineado con el principio de libre determinación del género mediante autodeclaración de la persona por medio de una declaración jurada. También se eliminaba la controvertida cláusula de divorcio forzado (la versión anterior exigía que las personas solicitantes estuvieran legalmente solteras). Un giro que era aplaudido por Transgender Equality Network (TENI), la principal organización irlandesa en favor de los derechos de las personas trans.

Este 15 de julio la tramitación parlamentaria del proyecto llegaba a su fin. Ya con el visto bueno de las dos cámaras del Oireachtas (Parlamento de Irlanda), solo resta la sanción oficial del presidente de la República, Michael D. Higgins, que se producirá en próximos días, para que el texto sea ley. Culmina así una larga lucha que inició hace ya más de veinte años Lydia Foy, primera mujer trans que acudió a los tribunales irlandeses para ver reconocida su identidad de género en todos los documentos oficiales y que no ha cejado en su empeño de conseguir que Irlanda reconociese sin cortapisas este derecho.

Para TENI, la nueva ley supone un hito para la comunidad trans irlandesa. “Nuestra comunidad por fin sale de las sombras”, ha manifestado Broden Giambrone, su presidente ejecutivo. Una organización que de todas formas ya ha expresado su voluntad de seguir luchando para avanzar en un aspecto que lamentablemente deja fuera la nueva ley: el reconocimiento jurídico de la identidad de los menores trans. Y es que el principio de autodeterminación de género se contempla solo para los mayores de 18 años. Los menores de 16 a 18 años podrán modificar legalmente su identidad, pero mediante un procedimiento complejo (que sí exige valoración médica, consentimiento parental y autorización judicial) mientras que a los menores de esa edad no les quedará más remedio que esperar.

España ya se ha quedado retrasada

Con la aprobación de su nueva ley, Irlanda ha recorrido una senda que antes han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta. Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del “sexo registral” de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, acaba de dar a conocer sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales en las aulas (puedes descargar aquí el documento).

Pero no parece que estos países vayan a ser los únicos. En estas últimas semanas, de hecho, hemos visto como Chile prepara una reforma legal sobre la materia, como el gobierno de Colombia acaba de emitir un decreto en el mismo sentido y como Noruega planea un cambio similar que sería además extensivo a menores, con ciertas limitaciones.

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un gran paso en 2007 al suprimir el proceso judicial -lo que la coloca por delante de numerosos países europeos-, ha quedado “congelado” en el tiempo y mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal. Y aunque otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y Extremadura sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. Cada vez resulta más imperiosa la necesidad de actualizar una legislación que en solo unos años ha quedado obsoleta.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Andalucía, Argentina, Broden Giambrone, Cataluña, Chile, Colombia, Dinamarca, Discriminación, Extremadura, Fine Gael, Identidad de género, Irlanda, Malta, Michael D. Higgins, Noruega, Partido Laborista (Irlanda), Transexualidad, Transgender Equality Network

El grupo socialista de la Asamblea de Madrid, de la mano de la diputada y activista LGTB Carla Antonelli, ha propuesto al resto de grupos de la cámara comenzar a trabajar ya de forma conjunta por la aprobación de una ley integral de transexualidad. Antes de las últimas elecciones autonómicas, en un debate que fue organizado por COGAM, representantes de las cuatro formaciones políticas representadas en la Asamblea se comprometieron a ello. Y la que ya es nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, prometió en su debate de investidura sacar adelante esta ley, pese a que ella misma votó hace años en contra de un proyecto similar.

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid propone al resto de los grupos en la Cámara trabajar conjuntamente en la Ley Integral de Transexualidad. Según la diputada socialista Carla Antonelli “esta es una Ley necesaria que defiende los derechos de las personas transexuales. Todos los grupos se han comprometido con las reivindicaciones de este colectivo, por lo que se entiende que atenderán la propuesta de trabajar juntos para su redacción y tramitación en la Asamblea de Madrid”.

El Grupo Socialista formula esta propuesta tras mantener, en la tarde del jueves, una reunión de trabajo con representantes de estos colectivos de Madrid, para escuchar sus demandas y reivindicaciones. Los asistentes al encuentro representaban a: COGAM, Transexualia, Chrysalis, Fundación Triángulo Madrid, Fundación Daniela, El Hombre Transexual, ARCOPOLI y Fundación 26 de Diciembre.

El Partido Socialista ya trasladó a la Asamblea, en las dos últimas legislaturas, su interés por tramitar leyes integrales de transexualidad. La mayoría absoluta del Partido Popular impidió que las iniciativas pioneras del Grupo Socialista prosperasen. “Ojalá pueda celebrar ahora lo que parece es un cambio de actitud de Cristina Cifuentes”, señala Carla Antonelli, quien  ya presentó en la pasada legislatura un proyecto de ley integral de transexualidad para la Comunidad de Madrid, que el PP –que entonces disponía de mayoría absoluta– se negó finalmente a tramitar pese a haber amagado en un principio con que podría aceptarla. El proyecto que entonces presentó el grupo socialista tras consultar con los colectrivos LGTB, y que aún puedes consultar en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid del 26 de septiembre de 2013 (páginas 16.661 a 16.676) integraba como básico el principio de despatologización de la transexualidad y recogía además disposiciones sobre documentación administrativa, servicios de asesoramiento, atención sanitaria, no discriminación laboral, medidas de inserción, menores transexuales y personas mayores y mejoras en el ámbito educativo.

Un rechazo nada sorprendente entonces, dado que en junio de 2010 ya el PP había rechazado por primera vez la posibilidad de discutir un proyecto similar inpulsado por el entonces diputado socialista en la Asamblea Óscar Blanco (hoy concejal en Aranjuez). Una de las diputadas populares que entonces votó en contra fue precisamente Cristina Cifuentes, entonces vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre era todavía presidenta de la Comunidad y, como de hecho sigue siéndolo todavía, líder del PP madrileño. “Ojalá pueda celebrar ahora lo que parece es un cambio de actitud de Cristina Cifuentes”, ha declarado ahora Carla Antonelli, recordando el historial del PP respecto a este tema.

El Grupo Parlamentario Socialista va a instar a Podemos, Ciudadanos y al Partido Popular a trabajar conjuntamente con los colectivos implicados y, si ha lugar, registrar como fruto del consenso la iniciativa de la Ley que “debe hacer de la Comunidad de Madrid un referente para toda España en materia de derechos civiles para el colectivo que más discriminación sufre de las siglas LGTBI”, apunta la diputada socialista. Otras CCAA como Andalucía, Cataluña, Extremadura o Navarra ya disponen de legislación al respecto.

A la reunión celebrada el jueves en la Asamblea asistieron, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el portavoz adjunto, José Manuel Franco; Carmen Martínez Ten; la portavoz de Políticas Sociales y Familia, Josefa Navarro y la diputada socialista Isabel Andaluz. Así como el coordinador regional del Grupo LGTB del PSM, Ramón Martínez y la propia Carla Antonelli.

Carla Antonelli, única diputada transexual en España, fue la encargada de defender la Ley Integral de Transexualidad en la pasada legislatura. Antonelli manifestó su convencimiento “de que el resto de los grupos se unirán a este proyecto, ya que por encima de cualquier ideología política deben prevalecer los derechos humanos de este colectivo históricamente discriminado”.

Madrid no es pionera…

En España, conviene recordar, fueron Navarra (en 2009) y Euskadi (en 2012) las comunidades que abrieron el camino aprobando leyes integrales de transexualidad. En 2014, y tras una larga lucha de los colectivos trans de la región, veía por fin la luz la ley andaluza, considerada todo un hito pese a los problemas que están surgiendo en su aplicación (que demuestran, en todo caso, que para que las buenas leyes se cumplan deben acompañarse de un desarrollo reglamentario eficiente).

También en 2014 se aprobaba una ley en Canarias, mientras que en 2015 era Extremadura la que aprobaba una ley contra la discriminación de las personas LGTB que, aunque no siendo específica de transexualidad, sí incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades. La Comunidad de Madrid, por tanto, no será pionera en este aspecto, pero sí que podría aprovecharse de la experiencia previa de otras comunidades para hacer una ley aún mejor. Esperemos que así sea.

Fuente Ragap y Dosmanzanas

General, Historia LGTBI AET-Transexualia, Andalucía, Arcópoli, Asamblea de Madrid, Canarias, Carla Antonelli, Carmen Martínez Ten, Chrysalis, Chrysallis, Ciudadanos, COGAM, Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, Discriminación, El Hombre Transexual, Euskadi, Extremadura, Fundación 26 de Diciembre, Fundación Daniela, Fundación Triángulo, Fundación Triángulo Madrid, Grupo LGTB del PSM, Isabel Andaluz, José Manuel Franco, Josefa Navarro, Ley Integral de Transexualidad, Madrid, Navarra, Óscar Blanco, Partido Popular, Podemos, PP, PSM (PSOE), PSOE, Ramón Martínez, Transexualia, Transexualidad

Henry O., que vivía con su pareja en un pueblo extremeño desde hace ocho años, iba a ser deportado a su país, donde la homosexualidad se castiga con la pena de muerte

Tiene seis meses para regularizar su situación en España

La delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, ha paralizado la expulsión in extremis de un joven nigeriano gay que iba a ser deportado a su país de origen, donde la homosexualidad es delito y está castigada con la pena de muerte. Según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, Dancausa ha contado con el aval del director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para paralizar el traslado del joven, que estaba previsto para ayer a las 7 de la mañana. El joven nigeriano, Henry, vivía junto a su pareja en un pueblo extremeño desde hacía 8 años y tenía una oferta laboral, pero al no tener papeles iba a ser deportado a Nigeria con otros ciudadanos que se encontraban en su misma situación irregular. La Fundación Triángulo se había movilizado para evitar la repatriación del joven a un país donde “la homofobia social pone en peligro” su vida.

Después del mal trago que ha tenido que pasar Henri Okorun los últimos días, su caso ha tenido un final feliz, al menos por el momento. Fundación Triángulo de Extremadura, en coordinación con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX), conseguía que se paralizara su deportación a Nigeria (su país de origen), en el último momento, con la colaboración de varias administraciones. A pesar de que ya está arraigado en Extremadura, este ciudadano del municipio cacereño de Alcántara arrastra una situación administrativa “irregular”. El caso es que no ha podido contraer matrimonio con su pareja, como era el deseo de ambos, porque se le exige unos certificados que no puede solicitar (por los riesgos que le conllevaría salir de España y por la imposibilidad de volver a entrar a nuestro país de forma legal).

Concepción Dancausa, la delegada del Gobierno en Madrid, fue la acabó intercediendo ante el Ministerio del Interior para que anulara la orden de expulsión de Henri Okorun, por “razones sobrevenidas”. Sin embargo, parece que en la decisión pesaron las opiniones favorables a la paralización del presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, y de la delegada del Gobierno en esta comunidad autónoma, Cristina Herrera. Okourun ha contado en todo momento con el apoyo de la Fundación Triángulo, además de CEAR y ADHEX, que también se han interesado por su situación. Su pareja y los vecinos de Alcántara, el municipio cacereño en el que Okourun reside y en el que está perfectamente integrado, también han vivido con angustia lo sucedido.

Las redes sociales también se han movilizado para exigir el cese de su expatriación a Nigeria, en primer lugar, y se han felicitado tras la paralización del expediente de expulsión. El coordinador de ALEAS-Izquierda Unida (agrupación LGTB de la formación) en Madrid, así como participante de la coalición Ahora Madrid, trasladaba en un tuit sus felicitaciones “a colectivos como @FTriangulo y activistas”. Con la etiqueta #HenriSeQueda, otras personas han mostrado su apoyo a Henri Okorun. El activista social Rafa González, por su parte, aseguraba que “Extremadura no puede tolerar una repatriación que llevará a la muerte a un ser humano por su orientación sexual”. El mismo usuario, en otro tuit, añadía que “una vez más, con unidad; ¡si se puede!”. No han faltado los agradecimientos varios a Fundación Triángulo, como por ejemplo: “Muy buen trabajo. Gracias compañeros de Triangulo Extremadura”, tuit firmado por Alexandre Munin.

El presidente de Fundación Triángulo, José María Núñez, ha señalado que si a Henri Okorun  no se le ha concedido hasta el momento la consideración de arraigo “es por la negación del consulado español de apostillar los documentos de Fe de Vida y Antecedentes Penales imprescindible para poder desarrollar los procedimientos, bien de arraigo o de matrimonio, a través de los cuales podríamos dar salida a esta situación”.

La penosa situación del colectivo LGTB en Nigeria

Nigeriay es uno de los 79 países o territorios del mundo que persigue la homosexualidad, según el informe de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) del pasado mayo, y de hecho ha endurecido recientemente su tratamiento penal. Asimismo, dosmanzanas se ha hecho eco en diversas ocasiones de la escalada de violencia homófoba del estado africano y de la violación de derechos humanos por parte de sus autoridades judiciales, políticas y administrativas. La última noticia que recogimos ocurrió a principios de este año, cuando la policía islámica de Kato (una ciudad al norte de Nigeria) detenía a doce personas acusadas de participar en una “boda gay”. Los detenidos negaron los hechos, aduciendo que simplemente celebraban una fiesta de cumpleaños.

Anteriormente, en enero de 2014 una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

Polémica alrededor de las deportaciones

El caso de Henri Okorun no es el único que ha generado ruido mediático y en las redes sociales. El pasado mes de abril, la reacción social acabó doblegando al gobierno de Rajoy, que permitió entrar en España a la mujer camerunesa perseguida por ser lesbiana. En el mismo mes, publicábamos que la justicia del Reino Unido denegaba el asilo a una activista nigeriana por no creer que fuera realmente lesbiana.

En 2013, Interior denegó el asilo a otra mujer lesbiana de Camerún y expulsó a una ciudadana de Panamá que había sufrido malos tratos en su país debido a su condición transexual, pese a contar con informes favorables al asilo tanto por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados como de CEAR) pero nos tememos que ha habido muchos otros que ni siquiera han tenido eco mediático. Las razones para felicitarse, por tanto, son limitadas.

Fuente Dosmanzanas, Cáscara Amarga y El Mundo

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La ola despatologizadora de la transexualidad sigue ganando fuerza. En las últimas semanas nos hemos hecho eco de cambios normativos en ese sentido, ya adoptados o en proceso de discusión, en países muy diversos. Hoy la buena noticia nos llega desde Noruega, donde el gobierno conservador parece dispuesto no solo a poner punto final al obsoleto marco jurídico para proceder a la modificación de la mención al sexo en documentos oficiales (que en ese país exige todavía esterilización), sino que no parece tener problemas en hacer extensivo el nuevo marco legal (con ciertas limitaciones) a los menores de edad.

Noruega, un país socialmente avanzado en otros aspectos de la realidad LGTB, sigue sin embargo formando parte del aún muy numeroso grupo de países que exigen a las personas trans que quieren rectificar su sexo en documentos oficiales no solo un diagnóstico médico, sino su esterilización (requisito que por ejemplo en la vecina Suecia tumbó una resolución judicial). No ha sido hasta época muy reciente, en diciembre de 2013, cuando el Ministerio noruego de Sanidad pidió a una comisión de expertos que actualizaran las directrices. Así lo hicieron, y en abril de este año la comisión daba a conocer un informe que recomendaba al Gobierno noruego abandonar el paradigma patologizador y permitir que las personas trans puedan rectificar el sexo que consta en sus documentos oficiales mediante una simple declaración administrativa (en este enlace puedes descargar el informe. Aunque está en noruego, incorpora un resumen en inglés a partir de la página 173). El informe también incluye una serie de recomendaciones sobre cómo mejorar la atención sanitaria a las personas trans, incluyendo el tratamiento hormonal en niños y adolescentes.

Este jueves era ya el propio Ministerio de Sanidad de Noruega el que adelantaba las líneas maestras de la futura reforma legal, que no solo acepta el enfoque despatologizador sino que lo hace extensivo a los menores de edad de una forma algo más ambiciosa a la que recomendaba el informe. Si la reforma sale adelante tal y como ha sido esbozada, los niños y niñas de siete años de edad en adelante podrán acogerse al cambio, siempre y cuando cuenten con el acuerdo de sus padres. A partir de los 16 años ya podrán solicitarlo por sí solos. Eso sí, la novedad se refiere solo a la modificación del sexo en documentos oficiales (de identidad, pasaporte, seguridad social, etc.). Por lo que se refiere a la cirugía de reasignación genital se mantendrá el límite legal de los 18 años para poder someterse a ella.

Una ola despatologizadora imparable

Precisamente estas últimas semanas recogíamos como los gobiernos de Chile e Irlanda preparan reformas legales en un sentido parecido. Y en Colombia el gobierno acaba de emitir un decreto en el mismo sentido. Una senda que antes han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta.

Este último país, de hecho, está considerado por las organizaciones trans el más aventajado por lo que al tratamiento del “sexo registral” de los menores se refiere, al no establecer límite de edad inferior para proceder a la modificación. La ley maltesa, además, prohíbe cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, siendo la primera del mundo en promulgar una disposición de este tipo (tan demandada por los colectivos de personas intersexuales). Malta, precisamente, acaba de dar a conocer hace pocos días sus nuevas directrices en materia educativa para combatir la discriminación de las personas trans e intersexuales en las aulas (puedes descargar aquí el documento).

Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, ha quedado “congelado” en el tiempo y todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la modificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo. Y aunque otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes.

Fuente Dosmanzanas

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Los grupos parlamentarios habían convocado a los extremeños a “participar activamente” en cuantas manifestaciones y actos convocados para el Orgullo en Extremadura.

La presidenta de la Asamblea extremeña, Blanca Martín, ha apoyado que la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobada por la Cámara el pasado 19 de marzo, sea un ejemplo para una “futura ley nacional”.

Una necesidad, que según ha indicado Martín eel pasado viernes con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBT, el pasado domingo, en la lectura de un manifiesto a las puertas de la Asamblea extremeña, “comparte” la Cámara, así como todos los grupos parlamentarios que la conforman, como son el Grupo Parlamentario Socialistas PSOE-SIEX, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Podemos y Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Esta iniciativa fue propuesta por Fundación Triángulo y Extremadura Entiende el pasado miércoles, 24 de junio, en la presentación del programa de actividades del Día del Orgullo LGBT 2015, que se celebra este viernes.

Según ha manifestado la presidenta de la Asamblea la ley extremeña ha sido “reconocida por los propios colectivos, extremeños y nacionales, como la ley más avanzada de España” en lo que se refiere a protección de la igualdad y no discriminación del colectivo LGBTI.

En la lectura de este manifiesto han estado presentes varios diputados de la Cámara extremeña de los cuatro grupos parlamentarios como el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, el presidente del Gobierno de Extremadura en funciones, José Antonio Monago, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna y los miembros de Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, José María Núñez y Marisa González, respectivamente, entre otros.

Además, Martín también ha resaltado que este año, los colectivos LGTBI extremeños, vivirán el Orgullo 2015 “con una sensación especial” como es la de vivir en una comunidad autónoma en la que, “tras años de reivindicaciones”, la propuesta de ley presentada por el Gobierno de Extremadura y consensuada con todos los Grupos Políticos sobre igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgéneros e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia de la Comunidad Autónoma de Extremadura, es una realidad.

Igualmente, todos los grupos con representación en el Hemiciclo se comprometen, según se señala en el manifiesto, a “impulsar” desde su ámbito parlamentario el desarrollo de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales y transgénero, y de políticas públicas contra la discriminación por homofobia y transfobia de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Reconocimiento a Pedro Zerolo

A su vez, en el citado manifiesto, también se hace un reconocimiento a la figura del recientemente fallecido Pedro Zerolo, una de las principales personas que ha luchado por el reconocimiento del matrimonio de personas del mismo sexo del que este año se cumple el décimo aniversario.

“Una ley, que vino a reconocer el derecho de cualquier ciudadano y ciudadana a contraer matrimonio con quien quisiera, con los mismos derechos y con los mismos nombres”, señala el manifiesto y que ha propiciado “un pequeño cambio legal que tanta felicidad y dignidad trajo para millones de personas, que supuso el fin de la discriminación legal hacia lesbianas y gais” y que cuenta con el aval del Tribunal Constitucional.

Este impulso histórico de los derechos civiles no habría sido posible sin “la labor” desarrollada durante años por los activistas y organizaciones LGTBI de nuestro país y de ahí el “especial reconocimiento” a Pedro Zerolo, “un ejemplo del compromiso de las mujeres y hombres en defensa de la igualdad, la justicia social y los derechos civiles”.

“Su legado nos anima a seguir comprometidos permanentemente con las reivindicaciones de los movimientos sociales en demanda de una sociedad más justa, igualitaria y diversa“, recoge el manifiesto leído por Martín.

Igualdad real, ¡Ya!

Por otra parte, cabe destacar que este año, las organizaciones LGTBI han dedicado este Orgullo 2015 a alzar su voz en “demanda de leyes por la igualdad real, ¡ya!”, porque “reconocida la igualdad formal”, aún “queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad efectiva” de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales.

Así, desde la Cámara regional, han manifestado su “apoyo y agradecimiento” a las organizaciones LGTBI, y han “felicitado” en este día del Orgullo, a todas las mujeres y hombres activistas que con “su compromiso, valentía y convicción” siguen trabajando en todo el mundo por una “sociedad libre de toda discriminación y exclusión basada en la orientación sexual y la identidad de género”.

A su vez los grupos parlamentarios han convocado a los extremeños a “participar activamente” en cuantas manifestaciones y actos sean convocados por las organizaciones LGTBI en Extremadura.

Cabe recordar, como indica el manifiesto, que el 28 de junio se conmemoran en todo el mundo las revueltas de Stonewall en el Greenwich Village de Nueva York en 1969, acontecimiento que supuso el nacimiento del movimiento de liberación LGBT y que se celebra internacionalmente como el Día del Orgullo LGTB.

Una conmemoración nacida de la “rebelión ciudadana” contra la “injusticia, la discriminación, el hostigamiento y la constante persecución social y policial“, y que ha dado origen a un movimiento por los derechos civiles y los derechos sexuales en todo el mundo.

Fuente Agencias

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Concepción Dancausa con la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

Concepción Dancausa ha opinado que esa bandera “no es la que debe regir para todos“. El Ayuntamiento de Madrid, con Carmena al frente, apoyará el Orgullo izando una bandera arco iris de 20 metros en el Palacio de Cibeles.

El PP de Mérida también ha pedido que se retire un paso de cebra con los colores del arco iris pintado en la ciudad, alegando que pueden existir problemas de seguridad vial y ciudadana por pintar el paso de cebra.

Parece que el Gobierno español no quiere banderas arcoíris en los ayuntamientos porque se trata de un símbolo que no es el que “debe regir para todos”. Eso es lo que se desprende de las declaraciones de su delegada en Madrid, Concepción Dancausa, a Radio Nacional de España, en relación a la decisión del equipo de la nueva alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de colocar la bandera en diversas sedes municipales como motivo del Orgullo LGTB. Dancausa considera que en todo caso basta con “un lazo”, como según ella “se ha hecho muchas veces”.

El izado de banderas arcoíris en sedes oficiales es toda una tradición en muchos países con motivo de celebraciones como el Orgullo LGTB o el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, y a lo largo de los últimos años este gesto se ha ido extendiendo a lo largo y ancho de la geografía española. Pero no ha sido hasta este 2015, tras el significativo cambio político ocurrido en las elecciones municipales del pasado 24 de mayo, cuando se ha producido todo un estallido multicolor y numerosos ayuntamientos, de diversos colores políticos, han decidido colocar la bandera arcoíris en sus sedes. Hoy mismo hemos hecho un llamamiento a todos los que queráis enviarnos fotos a través de las redes sociales para mostrar algunos de estos lugares.

Sin embargo, como tantas veces ocurre en este país, no ha sido hasta que el Ayuntamiento de Madrid (gobernado por la izquierda por primera vez desde hace más de 25 años) ha decidido colocar la bandera tanto en su sede de Cibeles como en las diversas juntas de distrito cuando se ha producido la polémica. La delegada del gobierno en Madrid ha mostrado públicamente su desagrado por un gesto que considera inadecuado, ya que la bandera arcoíris “no es la que debe regir para todos”. Concepción Dancausa ha considerado mejor poner “un lazo”, algo que según ella “se ha hecho muchas veces como una manifestación de apoyo”.  “Las banderas oficiales son las que dice la ley, la de la nación, la de la Comunidad o la del Ayuntamiento. Luego puedes poner un lazo, algo, lo hemos puesto muchas veces como una manifestación de apoyo pero no es la bandera (la arco iris) que debe regir para todos“, ha manifestado en una entrevista en RNE.

La delegada miente

Lo cierto es que el que escribe esta entrada, que lleva acudiendo a la Manifestación del Orgullo LGTB de Madrid desde hace casi dos décadas, jamás ha visto lazo alguno de color arcoíris en la fachada del Ayuntamiento de la capital, ni desde que su sede es el antiguo Palacio de Telecomunicaciones de Cibeles ni tampoco en la histórica Casa de la Villa (sede tradicional del Ayuntamiento hasta que Alberto Ruiz-Gallardón gastó 500 millones de euros de dinero público en el cambio).

Así que, por lo que a Madrid se refiere, podemos asegurar que Dancausa miente cuando afirma que se ha puesto un lazo “muchas veces”. Y eso que Dancausa debería saberlo bien, no en vano ha sido delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. En 2011, por ejemplo, se enfrentó dialécticamente a Pedro Zerolo para justificar su rechazo a una declaración institucional del Ayuntamiento sobre el Orgullo por incluir la palabra “matrimonio”. “Tenemos todo el derecho a recurrirla (la ley que abrió a las parejas del mismo sexo el derecho a contraer matrimonio, sobre la que  aún no se había pronunciado el Tribunal Constitucional) si no está de acuerdo con la Constitución. Solo discutimos el nombre. Si usted hubiera querido que estuviéramos de acuerdo, habría sido posible, pero no ha querido buscar puntos en común”, afirmó entonces Dancausa.

En Mérida, el PP solicita la retirada de un paso de cebra arcoíris

Y hablando del PP (partido que gobierna España y al que pertenece Dancausa) y de los colores del arcoíris, Fundación Triángulo Extremadura ha denunciado la actitud del grupo municipal popular en Mérida, que ha solicitado que por razones de seguridad sea retirado el paso de cebra con dichos colores instalado a iniciativa de este colectivo con el visto bueno del Ayuntamiento (gobernado desde hace pocos días por el PSOE). Un gesto que se ha llevado a cabo por el momento en Villanueva de la Serena, Don Benito, Vivares, Plasencia y Villanueva del Fresno, además de en Mérida.

Para José María Núñez, Presidente de Fundación Triángulo, “el PP emeritense se equivoca, no existe riesgo alguno, y además no es la primera vez que se ha hecho. Sí en Extremadura, pero no en otras partes de España o del mundo, de hecho se hizo en Vitoria, donde gobernaba el propio Partido Popular. Y además se va a instalar hoy miércoles en Plasencia, donde gobierna un alcalde del PP”. “Acedo [por Pedro Acedo, alcalde hasta hace pocos días y ahora en la oposición] siempre ha sido una persona resistente a reconocer la diversidad afectivo sexual, está claro que pertenece al ala conservadora del PP que se resiste a los cambios sociales, y nos lo ha demostrado muchas veces, no recibiéndonos ni respondiéndonos a ninguna demanda en todas las legislaturas en las que ha sido alcalde”, ha añadido Núnez.

Fuente Dosmanzanas y Cáscara Amarga

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Pedro Blas Vadillo, miembro del grupo LGTB del PSOE de Extremadura

El recién elegido alcalde emeritense ha presentado la distribución de áreas y competencias de su equipo de gobierno, depositando esta área nueva en Pedro Blas Vadillo.

Se trata de la primera vez que en Extremadura se crea un área por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales entre las concejalías de un consistorio municipal.

Valoran como “muy relevante y significativo” que finalmente este “compromiso” se haya llevado adelante.

Fundación Triángulo ha felicitado este lunes al alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, por crear el área de Diversidad LGBTI dentro de su nuevo gobierno municipal.

Así, y según ha manifestado Fundación Triángulo en nota de prensa, Osuna ha iniciado este lunes su mandato como alcalde de la ciudad con un “reformado reparto de áreas” entre su equipo de gobierno, “con la creación de nuevas delegaciones municipales”, entre otras una de atención a la diversidad LGBTI, que recaerá en manos del miembro del grupo LGBT del PSOE regional, Pedro Blas Vadillo.

Fundación Triángulo conocía el “compromiso” en este sentido de Rodríguez Osuna como candidato, tras haberlo asumido en el programa electoral con el que concurrió el pasado 24 de mayo, de la misma manera que lo hiciera el candidato socialista al Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, tras habérselo planteado la entidad LGBT extremeña a los diferentes partidos políticos en las recientes elecciones municipales y autonómicas.

En este sentido, la fundación ha valorado como “muy relevante y significativo” que finalmente este “compromiso” se haya llevado adelante.

“Que Rodríguez Osuna dé el paso de crear un área de Diversidad LGBTI entre las competencias de los diferentes concejales y concejalas de su equipo de gobierno es un paso histórico puesto que en Extremadura nadie lo había hecho hasta ahora, y una clara muestra de un compromiso de su gobierno con la igualdad”, ha destacado Fundación Triángulo.

Por todo ello, esta entidad ha manifestado que se trata de un hecho “muy relevante” ya que siempre han peleado “por la necesidad de que los derechos y libertades de la población LGBTI estén en la agenda de los responsables políticos”.

Asimismo, Fundación Triángulo ha señalado que “esta noticia es francamente muy positiva y esperanzadora” y ha valorado que la distribución de las nuevas concejalías “acoge una gran multitud de causas sociales que incluyen a toda la población” afirma José María Núñez Blanco, Presidente de Fundación Triángulo.

Fuente Fundación Triángulo

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La ola despatologizadora de la transexualidad avanza con fuerza inusitada. Ahora es el gobierno de Colombia el que ha emitido un decreto (que puedes descargar aquí) que simplifica sobremanera el procedimiento para proceder a la rectificación del sexo en los documentos oficiales, para la que a partir de ahora bastará un mero trámite notarial similar al que se sigue cuando cualquier persona desea modificar su nombre. El decreto se alinea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el mismo sentido.

Lo explica muy bien el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista al diario El Espectador. “Antes, las personas que querían corregir el género que figura en sus documentos debían someterse a un proceso lento y engorroso que vulneraba sus derechos a la de dignidad humana y libertad de identidad sexual. Ahora podrán materializar sus solicitudes, de manera ágil y rápida, mediante una sencilla escritura pública”, ha declarado. Esta escritura pública consiste en un documento expedido por un notario que simplemente da fe de la voluntad de una persona de querer modificar el sexo que figura en su cédula de identidad y en otros documentos oficiales. Una vez hecho ese trámite las personas interesadas podrán acudir a la Registraduría para que les expidan una nueva cédula de acuerdo con lo consignado en la escritura pública.

Se elimina así la obligatoriedad de someterse a un proceso judicial, en el que los jueces podían solicitar desde exámenes físicos para determinar si las personas solicitantes se habían sometido a un proceso de reasignación hasta evaluaciones psiquiátricas. En palabras del ministro de Justicia, “ambas pruebas eran profundamente invasivas del derecho de intimidad y partían de un prejuicio inadmisible. La construcción de la identidad sexual y de género es un asunto que no depende de la biología: va mucho más allá y es lo que estamos reconociendo en el Decreto 1227 de 2015″. Pero no solo se suprime el proceso judicial: ni siquiera será necesario aportar documentos médicos o psicológicos que certifiquen un diagnóstico de “disforia de género”. “Lo que hace este decreto es, precisamente, reconocer que la identidad de género es algo que cada persona construye. Y, por tanto, no puede ser certificada por un tercero. Debe quedar claro: la única prueba que se puede exigir en estos casos es una declaración juramentada y punto”, asegura el ministro Reyes.

La decisión del gobierno de Colombia está en línea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de ese país (la T-063/2015) sobre el caso de Sara Valentina López, una mujer transgénero a la que se negó la posibilidad de rectificar su sexo registral sin contar con el visto buen de un juez. El alto tribunal determinó que exigir trámites judiciales para modificar la variable “sexo” en los documentos de identidad atenta contra los derechos fundamentales de identidad y libertad sexuales, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. La Corte Constitucional consideró además que suponía un trato desigual con relación a la población cisgénero, en tanto esta sí podía acudir al trámite notarial cuando se consignaba un error en sus documentos registrales.

Sobre la posibilidad de que un notario se niegue a expedir la correspondiente escritura arguyendo motivos religiosos o de conciencia, el ministro de Justicia es contundente. “Colombia es, constitucionalmente, un Estado laico. En consecuencia, las personas que ejerzan la función pública tienen el deber de actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Cada persona es libre de abrazar sus propias convicciones religiosas y de ordenar su vida privada conforme a ellas pero cuando ejerce funciones públicas está obligada a comportarse según las normas legales y constitucionales. Por eso confío en que los notarios, conscientes de estos parámetros, cumplirán con su deber de respetar lo que se dispone en este decreto. Sin embargo, si llegare a presentarse algún caso, el afectado puede recurrir a la acción de tutela”, ha declarado Reyes.

El propio ministro de Justicia solemnizaba este martes 9 de junio la entrada en vigor del decreto recordando una cita del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez: “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”.  En el mismo acto, celebrado en la notaría 65 de Bogotá, cinco hombres y cinco mujeres eran los primeros en hacer uso de la nueva norma. “Hoy, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans podrán modificar su componente sexo con un trámite ágil y expedito. Hoy, por primera vez, un notario expedirá una escritura pública para modificar el género de los documentos de identidad de estas valerosas personas. Hoy, por primera vez, las normas que regulan el Estado Civil se aplicarán para garantizar la justicia material a la población transgénero. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se les cumple la promesa a diez ciudadanos a vivir legalmente de acuerdo con su proceso de transformación y construcción personal, como diría nuestro Nobel”, expresaba el ministro (puedes leer su discurso íntegro en la web del colectivo Colombia Diversa).

Colombia se suma a la ola despatologizadora

Precisamente esta semana recogíamos como el gobierno de Irlanda proponía una reforma legal en un sentido similar al del decreto colombiano. Una senda que ya han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.  Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo.

Y aunque es cierto que otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. La actualización de la norma estatal no puede retrasarse y los colectivos LGTB deben asumirla como reivindicación prioritaria.

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha entregado los Premios Plumas y Látigos 2015, que reconocen a las personas y entidades que fomentan la igualdad del colectivo LGTB y penalizan a aquellos que atentan contra sus derechos. Si el año pasado se premió a José Luis Rodríguez Zapatero por la aprobación en 2005 de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, ahora la FELGTB ha querido ensalzar la apuesta igualitaria de Marisa Castro, exdiputada de Izquierda Unida y primera parlamentaria española en defender en el Congreso el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2001. Barack Obama, El Intermedio, las recientes leyes igualitarias de Cataluña y Extremadura, así como el reportaje El Sexo Sentido de Documentos TV completan la nomina de galardonados. El premio Látigo fue para Dolce & Gabbana, por sus declaraciones contra la diversidad familiar.

El centro cultural Casa del Reloj de Madrid acogió en la tarde del jueves 16 de abril la entrega de los Premios Plumas y Látigos 2015 de la FELGTB. El auditorio se puso en pie y ovacionó largamente a la exparlamentaria de IU Marisa Castro, que recibió un Premio Pluma por su defensa del matrimonio igualitario, cuatro años antes de su aprobación en 2005. Castro, ya jubilada, agradeció el galardón y aseguró que “siempre consideré que vivíamos en un déficit democrático hasta que la igualdad fuera posible”. Castro, que se autodefine como feminista y activista LGTB, fue ponente de la proposición de ley sobre el derecho a la identidad sexual y la primera en llevar al Congreso de los Diputados la defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo.

En su discurso, Marisa Castro se ofreció a la FELGTB y al movimiento en general “para que contéis conmigo en todo aquello en lo que os pueda servir”. Según explicaba la exdiputada, “no hay que bajar la guardia”, porque aún con la aprobación de leyes igualitarias la sociedad no está exenta de “algunos” que atentan contra los derechos del colectivo LGTB o contra los de las mujeres. Asimismo, Castro aseguró que “hay que transversalizar la lucha LGTB” y puso como ejemplo la última campaña publicitaria de Coca-Cola. Emilio Menéndez y Carlos Baturín, la primera pareja homosexual que contrajo matrimonio en España fue la encargada de entregarle el Premio Pluma a Marisa Castro. La galardonada confesó que este reconocimiento la hacía “muy feliz” y quiso compartirlo “con todas las mujeres que forman parte del movimiento feminista, con Joaquín Álvarez y con Pedro Zerolo, una persona a la que amo y respeto”. Hay que decir que no todo el mundo coincidió con el discurso de Marisa Castro.

La “Pluma Internacional” se otorgó al presidente de los Estados Unidos Barack Obama, por sus decididas políticas a favor de la igualdad de las personas LGTB, como la supresión del “Don’t ask, don’t tell”, las medidas contra la discriminación laboral en la administración federal o su oposición al matrimonio excluyente. En este sentido, la FELGTB proyectó un vídeo en el que Obama defiende la igualdad y anima al colectivo LGTB, especialmente a los adolescentes que padecen la discriminación y el odio LGTBfóbico. Rubén López, responsable de hacer la entrega del galardón, ironizó sobre la posibilidad de que el propio Obama apareciera en el salón junto a su mujer para recoger su Pluma (no sucedió…). En todo caso, López comentó que Obama “ha conseguido los mayores avances en políticas LGTB” y alabó sus “decididas medidas a favor de las personas LGTB”.

Dos programas de televisión recibieron, respectivamente, sus Plumas. El Intermedio se alzó con la “Pluma Mediática” por haber “azotado con su humor a todo tipo de intolerancias, intransigencias e injusticias, también jugando con la ironía en contra de la LGTBfobia”. El Gran Wyoming, su presentador, envió un vídeo y excusó su presencia por la coincidencia con la preparación de la emisión en directo del programa.

Por su parte, Documentos TV de Televisión Española ha vuelto a ver reconocido su reportaje El Sexo Sentido, sobre seis menores transexuales, “por su contribución poderosa a la visibilidad de una realidad prácticamente desconocida en la sociedad española”. Recordemos que este reportaje ya fue galardonado en los Premios Triángulo de COGAM de 2014. Concha Inza, redactora del reportaje, arrancó entre el público un gran aplauso al defender contenidos audiovisuales “de calidad” como este, y más teniendo en cuenta que “la televisión de todos, sobre todo ahora, necesita todo el apoyo de los trabajadores y de la ciudadanía”. Además de la propia Inza, subieron al escenario el director del programa y otros miembros del equipo, así como una de las niñas protagonistas del reportaje.

Dado que este año que la FELGTB ha decidido trabajar con el lema “Leyes por la Igualdad Real, ¡ya!”, también se otorgó una Pluma ex aequo a las avanzadas leyes antidiscriminatorias de Cataluña y Extremadura. Miembros de dos de los colectivos que participaron en las respectivas legislaciones enviaron unos mensajes de vídeo. Durante la gala también se han entregado dos menciones especiales: al diario Marca, por una portada en apoyo a la campaña de la FELGTB #LaLigaArcoiris contra la LGTBfobia en el fútbol, y a la película Pride, de Matthew Warchus, “por la emocionante y divertida recuperación de la memoria histórica del movimiento LGTB británico, que sirve igualmente como memoria del movimiento LGTB español”.

El Látigo 2015 fue por último para Domenico Dolce y Stefano Gabbana “por su homofobia interiorizada, mostrada en unas impactantes declaraciones contra la diversidad familiar”. En una entrevista a una revista italiana publicada el pasado mes de marzo, los modistos de éxito internacional mostraban su rechazo hacia los “úteros de alquiler” y “niños sintéticos”. Unas declaraciones cuya homofobia provocaba una llamada al boicot iniciada por celebridades como el cantante Elton John y la marcha de Dolce & Gabbana de Giuliano Federico, hasta entonces director de Swide (revista de la marca).

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La discriminación sexual será multada en Extremadura

Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.

La Asamblea de Extremadura ha aprobado con la unanimidad de todos sus grupos políticos la “Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género” (cuyo texto puedes descargar aquí), promovida por el Partido Popular (que gobierna Extremadura sin mayoría absoluta) y consensuada con el resto de grupos de la cámara y con los colectivos LGTB extremeños. Un buen ejemplo de que es posible avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos LGTB por encima de otras diferencias políticas, y que ojalá marque al PP un rumbo diferente al seguido hasta ahora en el resto del país, donde su mayorías absolutas han frenado la aprobación de leyes en este sentido.

Extremadura cuenta ya con un Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales que, impulsada por el Gobierno de José Antonio Monago (PP) y con la participación de los citados colectivos, ha sido respalda unánimemente por el Parlamento.

Activistas y organizaciones LGTB han asistido al debate final y votación de la norma desde la tribuna del público, donde la aprobación de la propuesta de ley ha sido recibida con una gran ovación, a la que se han sumado los parlamentarios desde sus escaños.

La ley, en la que ha estado trabajando la entidad federada Extremadura Entiende, junto a otros colectivos LGTB, ha conseguido promover el consenso y la necesidad de abordar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género con medidas sancionadoras y la inversión de la carga de prueba que ofrece especial protección a las víctimas de delitos de odio. Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.

La norma, calificada hoy de “histórica” por los cuatro grupos parlamentarios, contempla el reconocimiento legal de la financiación pública de la reproducción asistida de lesbianas y bisexuales, y la protección ante la denominada “violencia intragénero”, entre las personas del mismo sexo.

Encarnita y Paulita (derecha), pareja desde hace 43 años, emocionadas en el pleno de la Asamblea de Extremadura con el nacimiento de la Ley LGTBI / Susana Sauceda

Crea un protocolo policial ante delitos de odio que se basen en la homofobia y la transfobia, además de un régimen de infracciones y sanciones contra la discriminación sexual que puede ser de hasta 45.000 euros en las infracciones muy graves.

La ley incluye otro protocolo para que las personas transexuales tengan garantizadas la atención necesaria para poder hacer realidad la necesidad de identificar su cuerpo con el género sentido, con cargo al Servicio Extremeño de Salud.

La ley recoge la inclusión de todas las mujeres en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública y el acceso a los recursos de protección para las víctimas de violencia intragénero así como la consideración de víctimas de violencia de género a las mujeres transexuales en relación con hombres, tengan o no modificada su documentación. Los menores transexuales también son protagonistas de la ley y tendrán acceso a prestaciones sanitarias acorde con el libre desarrollo de su personalidad en sociedad.

Asimismo con esta ley se dota a Extremadura de un Observatorio Extremeño contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia que puede ser un instrumento útil para alcanzar la igualdad real, meta final de la misma.

Como adelantamos en enero, cuando el grupo popular registró la propuesta en el Parlamento regional, se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad. El texto consagra la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar y recoge la gran mayoría de las demandas del activismo en el marco de la comunidad autónoma de Extremadura, entre ellas la creación de un observatorio regional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.

En el terreno de la asistencia sanitaria, por ejemplo, la ley establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. El proyecto también recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La ley recoge medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros, y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace meses despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo, y que finalmente ha quedado perfectamente aclarado.

Respecto a las denuncias por discriminación, la ley introduce el principio de inversión de carga de la prueba (artículo 43): “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.

La propuesta incluye además un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Las infracciones más graves, en este sentido, podrán se sancionadas con multas de hasta 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la comunidad autónoma por un periodo de hasta dos años: la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta dos años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y la prohibición de contratar con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos también por un periodo de hasta dos años.

Entre las enmiendas aprobadas durante su trámite parlamentario, los grupos de la oposición han sumado sus votos para incluir el reconocimiento a la memoria histórica del colectivo, duramente represaliado durante décadas, muy especialmente durante los años del franquismo. En este sentido, destaca la creación (artículo 29) del Centro Memoria Democrática y Documentación LGBTI de Extremadura.

La parlamentaria popular Francisca Rosa ha resaltado que iniciativas como ésta dignifican la política y que con esta ley se avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria. Al margen del contenido concreto, ha considerado que es un “homenaje” a las personas que han sufrido la intolerancia, aunque el dolor es difícil de reparar. Rosa ha valorado la “sensibilidad” del Gobierno regional del PP en este asunto y su disposición a acercar posiciones hasta el último momento, ya que hoy se han votado las últimas enmiendas que no se habían incorporado al texto en comisión, 13 de ellas presentadas conjuntamente.

La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha considerado que esta sesión debería ser recordada por el paso adelante dado en favor de los derechos del colectivo LTGB. “No se trata de creer en la igualdad sino de tomar decisiones que la hagan posible”, ha aclarado Gil Rosiña, que ha destacado la firmeza en las convicciones de su partido, al apoyar una norma a pesar de haber sido presentada por el PP.

El diputado de IU Víctor Casco ha recordado el caso de Paulina y Encarna, presentes en la tribuna, una pareja de lesbianas que tuvieron que irse de Extremadura. Casco ha recibido la llegada de esta ley con “emoción”, ya que garantiza que nadie sea perseguido e injuriado por querer ser amado por otro ser humano. El parlamentario de IU, que hace tiempo confesó su homosexualidad, ha destacado la histórica lucha de mucha gente para conseguir aprobar esta ley por unanimidad. “Nunca más ni armarios ni prisiones” para estas personas, ha dicho Casco en su despedida de la primera línea política, antes de anunciar solemnemente que su grupo pulsaría el botón del sí.

La diputada del PREX CREX Fernanda Ávila ha considerado importantísimo que se reconozca en la exposición de motivos de la ley la “memoria histórica” de las personas que han sufrido este problema.

Los activistas de Fundación Triángulo Extremadura, estaban exultantes. “Aprobada por unanimidad, que no es algo irrelevante, la Ley LGBTI extremeña, muy grande, ha sido algo realmente grande lo vivido. Mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, pero ahí está. Gracias a todos los que lo han hecho político, diputados, grupos políticos, gobierno regional, organizaciones cómplices… y todas y todos los activistas LGBT extremeños. Un abrazo enorme a todos y todas los compañeros/as de Fundación Triángulo, cuando nos lo proponemos somos imparables! Gracias!”, podía leerse en su página de Facebook. Su presidente, José María Núñez, se mostraba muy emocionado por lo conseguido en Extremadura, “donde parecía siempre que era el sitio donde peor se vivía y donde peor se podían disfrutar de estas emociones y la igualdad”.

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción. “Nos sentimos muy orgullosas de que Extremadura, junto con Cataluña, se ponga a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Esperamos que este ejemplo cunda y que el PP, que aquí ha aprobado esta ley, no la paralice en otras comunidades autónomas ni a nivel estatal”, declaraba su presidenta, Marisa González.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, celebra la aprobación de la Ley de Igualdad Social LGTBI aprobada por unanimidad en el Parlamento extremeño. Para que la ley cumpla con sus objetivos, Extremadura Entiende con la ayuda de FELGTB trabajará con todos los partidos políticos, agentes sociales y organismos públicos y privados. Jesús Generelo, presidente de FELGTB, ha destacado que “Una de nuestras demandas más urgentes es la aprobación de una ley semejante a nivel estatal. Se trata de un paso importantísimo que va a mejorar el día a día de la vida de miles de personas”.

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El diálogo con el gobierno del PP es “prácticamente cero”

Generelo ha denunciado que la estigmatización que sufren las personas que viven con VIH por su estado serológico continúa siendo acusada, y se trata de uno de los campos donde menos se ha logrado avanzar en los últimos años.

 El recién nombrado presidente de la Federación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Jesús Generelo, ha declarado este lunes en una entrevista a Servimedia que la lucha contra el VIH y su estigmatización “tiene que quedarse fuera de la batalla política” y ha reclamado un pacto de Estado por el VIH.

“El estigma de las personas que viven con el VIH es otro de los grandes silencios que existen. Además, es una discriminación que se vive dentro del propio colectivo LGTB, pues existe miedo a decir que se es seropositivo”, aseguró el presidente de la FELGTB quien, junto a otros colectivos como Cesida, solicitaron un pacto de Estado por el VIH y un pacto social contra el estigma asociado al VIH/sida.

A este respecto, Generelo denunció que las infecciones siguen aumentando año tras año, especialmente en población muy joven, y en hombres que tienen sexo con otros hombres. “Se ha recortado muchísimo el dinero del Plan Nacional del VIH, y si se ha recortado en prevención, no te quiero decir en lucha contra el estigma, que directamente no se ha atendido”, criticó.

El presidente de la FELGTB reseñó que el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, no solicitó una reunión con la federación, que calificó la lucha contra el VIH de “cuestión de Estado”.

“Independientemente de quién esté en el Gobierno, estamos hablando de infecciones de una enfermedad que hoy por hoy no tiene cura, aunque se controle y la calidad de vida sea mucho mejor que hace años, pero debe quedar fuera de la batalla política”, concluyó Generelo.

Por otra parte, Jesús Generelo, ha denunciado en una entrevista concedida a Servimedia que el diálogo con el PP a nivel estatal es “prácticamente cero” y ha criticado las contradicciones en las que a su juicio incurre el Partido Popular en la lucha contra la discriminación.

Generelo destacó que el Gobierno de Extremadura, liderado por el PP, sacará adelante una de las principales demandas de la federación, la Ley contra la Discriminación LGTB, mientras que el Ejecutivo estatal parece desatender las reclamaciones de la organización. “Hemos mantenido alguna reunión con Iñaki Oyarzábal, pero el resultado es que no consigue introducir nada”, dijo Generelo.

Una contradicción que se repite, según el presidente de la FELGTB, en la puesta en marcha de las leyes de transexualidad que se están redactando en los gobiernos de Andalucía y Canarias y que cuentan con el apoyo de los populares. “Son demandas muy básicas, de bienestar de las personas, de acabar con discriminaciones flagrantes que se siguen produciendo. Se trata de normativas que ya vienen de la Unión Europea y lo que se pide es que se centralicen y se pongan en orden; son cuestiones que tendrán que salir sí o sí”, aseguró Generelo, quien concluyó que “el PP debería aceptarlas”.

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La asociación Enraizados ha iniciado una recogida de firmas para evitar la nueva normativa que sufragará operaciones de reasignación genital y reproducción asistida a mujeres lesbianas.

Su eslogan es “En Extremadura la Seguridad Social te quita lo genitales, pero no te pone gafas”

El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, vuelve a ser el centro de la polémica. Tras anunciar nuevas leyes –que deberán aprobarse antes de que acabe la presente legislatura– que contemplan la financiación de operaciones de reconstrucción genital para transexuales y tratamientos de reproducción asistida a lesbianas, varios colectivos ultracatólicos han comenzado una recogida de firmas acusando a Monago de promover una igualdad “contra natura”.

Hasta 1.300 firmas ha conseguido reunir la asociación Enraizados, una organización dependiente de Hazte Oír, para oponerse a la llamada ‘Ley de Igualdad Social y contra la Discriminación de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales’ promovida por la Presidencia del Gobierno de Extremadura, la Consejería de Economía y a la Consejería de Salud y Política Sociosanitaria. Según sus propias palabras, exigen que “el dinero de la comunidad se destine a las necesidades prioritarias de la población extremeña y no a las reivindicaciones del lobby gay”.

Malgasto de los ahorros de los contribuyentes

Bajo el lema “En Extremadura la Seguridad Social te quita lo genitales, pero no te pone gafas”, estos colectivos se muestran indignados y critican duramente la nueva medida impulsada por el presidente extremeño. “Cuando se trata de servicios básicos y necesarios como el dentista y la oftalmología en la mayoría de los casos es necesario acudir a especialistas privados. Sin embargo, la sanidad pública de Extremadura pagará este supuesto ‘derecho’ de cambio de sexo, pero seguirá sin pagar las gafas. ¿Cuáles son entonces las necesidades prioritarias de la población?“, se pregunta María Isabel Moreno, portavoz de Enraizados.

Además, acusan a Monago de “malgastar los ahorros de los contribuyentes extremeños” y exigen que “reconsidere cuál son las prioridades de su gobierno y piense si el dinero de todos los extremeños se tiene que gastar en operaciones de cambio de sexo”.

En enero del pasado año, Hazte Oír ya realizó una ofensiva contra Monago pidiendo su dimisión tras oponerse públicamente a la reforma de la ley del aborto que pretendía llevar a cabo el exministro Gallardón.

Homofobia/ Transfobia. Extremadura, Hazte oir, José Antonio Monago, María Isabel Moreno

El pasado 15 de enero, el grupo popular en el Parlamento extremeño registró en dicha cámara la Propuesta de Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales y de Políticas Públicas Contra la Discriminación por Homofobia y Transfobia. Se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad y no discriminación. La noticia, por otra parte, deja al descubierto lo ”moldeable” de las políticas del Partido Popular, capaz de defender posiciones opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política.

Desde Fundación Triángulo, de hecho, consideran la propuesta “histórica” por recoger “la gran mayoría de las demandas del activismo LGBT a día de hoy”. “Desde que hace mas de un año apareciera esta posibilidad, Triángulo dejó claro que si se legislaba, debía hacerse al mismo nivel que se ha hecho en Cataluña en su ley contra la discriminación a LGBTI, o en Andalucía sobre transexualidad. Queríamos y queremos la mejor ley, y la ley mas participada, para todos los extremeños, LGBT o no. Que un chico en Piornal sea agredido por ser gay le afecta y le importa a él, a sus amigos, familiares, y a toda la gente que cree en la igualdad, que es mucha”, declaraba José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo.

La propuesta de ley (que puedes descargar aquí en su integridad) consagra, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura, la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar; crea un observatorio regional contra la homofobia y la transfobia y establece medidas de apoyo y protección a los grupos más vulnerables dentro del colectivo LGTB, incluyendo las víctimas de la violencia homofóbica y/o transfóbica.

En el terreno de la salud, la propuesta incluye dos aspectos fundamentales. Por un lado, establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado en igualdad de condiciones el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. Por otro, el proyecto recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.

La propuesta prevé medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero que garanticen la protección de la persona acosada frente a la persona acosadora, facilitando la independencia física y económica de la víctima, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace pocas semanas, recordemos, despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo.

El proyecto también incluye medidas en el ámbito educativo y laboral. Respecto a las denuncias por discriminación, introduce el principio de inversión de carga de la prueba: “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio tiene límites y “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.

La propuesta incluye, por último, un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Los colectivos se felicitan

Fundación Triángulo,  como antes dijimos, se muestra satisfecha con el texto y anuncia su disposición a mejorarlo. “Triángulo ha trabajado hasta ahora con el gobierno, y lo seguirá haciendo en el trámite parlamentario con todos los grupos políticos, porque cree firmemente que esta ley es necesaria, y porque debe consolidar lo que se ha conseguido en estos veinte años de activismo LGBT, debe reconocer como derecho la atención a las víctimas de homofobia o transfobia, y una atención completa a nivel sanitario, psicológico, social y jurídico, debe establecer protocolos correctos de atención a transexuales e intersexuales en el Servicio Extremeño de Salud, debe comprometer una acción integral en cuanto a prevención de la discriminación por esta causa, y atención en las agresiones que se den, y debe cuidar de la discriminación a nuestros hijos, hayan llegado como hayan llegado a nuestras familias”, expresaba Triángulo en su comunicado.

También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción por un texto que considera más global que los recientemente aprobados en Cataluña -en materia de igualdad y no discriminación- o en Andalucía -en materia de transexualidad- y anima a otras comunidades a seguir el ejemplo. “El sistema patriarcal heterosexista que continúa generando en Extremadura, por su marcado carácter rural, estructuras simbólicas y reales que generan profundas, injustas y dolorosas desigualdades en función del género, el sexo, la orientación sexual, la identidad y los roles de género, va a verse desmoronado, en gran medida, con la regulación de los derechos de personas LGTBI mediante esta ley. Además, a través de la máxima feminista de que lo personal es político, creemos en la visibilidad como herramienta de nuestra realidad y diversidad LGTBI, y es la mejor estrategia para producir cambios en nuestra sociedad. A partir de hoy, las personas lesbianas, gais, transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales de Extremadura vamos a ser mucho más visibles”, expresaba en su comunicado.

PP, un discurso en cada comunidad

Desde luego, si algo queda claro tras lo sucedido en Extremadura es lo moldeable -algunos dirán hipócrita- del discurso del Partido Popular, capaz de votar a favor de una ley integral de transexualidad en Andalucía pero oponerse en Madrid, e incluso plantearse a nivel nacional un posible recurso de inconstitucionalidad contra la propia ley andaluza. O de rechazar un capítulo sancionador en las leyes de Galicia y Cataluña (en este caso de forma virulenta) pero incluirlo por iniciativa propia en Extremadura.

Un partido, en definitiva, al que no le importa defender políticas diametralmente opuestas en distintos territorios por lo que a las personas LGTB se refiere en función de cada coyuntura política. En el caso extremeño, afortunadamente, esta coyuntura (falta de mayoría absoluta y necesidad de contar al menos con la abstención de Izquierda Unida para sacar adelante sus proyectos) ha jugado en esta ocasión a favor de la igualdad.

Fuente Dosmanzanas

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La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, ha manifestado que para que la norma tenga “éxito” se necesita “la colaboración de los auténticos destinatarios, de sus protagonistas”.

Fundación Triángulo reclama políticas sociales que tengan en cuenta la diversidad familiar

Durante la inauguración en Cáceres de la I Jornada Técnica de Diversidad Familiar organizada por la Fundación Triángulo, Muñoz ha anunciado que el borrador de la Ley de Igualdad entre Heterosexuales, Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales estará “en breve” y que se trasladará al colectivo LGTB para que hagan aportaciones.

En cualquier caso, ha asegurado que estará aprobada antes de que finalice la legislatura con el objetivo de que esta Ley contribuya a “garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación en todos los ámbitos”, como el laboral, el educativo, el social o el sanitario.

Muñoz ha manifestado que con esta Jornada y el encuentro previsto para esta tarde de unas 20 familias formadas por lesbianas, gays, bisexuales y transexuales con hijos, “Cáceres se convierte este fin de semana en capital LGTB de la Comunidad Autónoma y en capital de la libertad”.

Asimismo, ha explicado que el apoyo del Gobierno extremeño se materializa en varias líneas de colaboración, entre ellas el Proyecto Plural, que desarrolla la Fundación Triángulo gracias a una subvención de 55.000 euros que este año le ha concedido la Dirección General de Política Social y Familia.

A este respecto, la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales ha resaltado que la política de atención del Gobierno de Extremadura al colectivo LGTB “va mucho más allá” y, como ejemplo, ha mencionado el protocolo específico para las personas transexuales en el que está trabajando el Servicio Extremeño de Salud.

Por último, ha felicitado a la Fundación Triángulo por la organización de las Jornadas Técnicas celebradas en Cáceres, dirigidas especialmente a los profesionales de los Servicios Sociales de Base y los Programas de Atención a las Familias de Extremadura.

“Foros especializados constituyen, sin duda, espacios de aprendizaje para acercar la realidad de las familias LGTB a los profesionales del ámbito de lo social por parte de sus protagonistas”, ha apuntado.

La Fundación Triángulo de Extremadura ha reclamado que las políticas sociales y las leyes tengan en cuenta la diversidad de las familias que cuenten en su seno con personas del colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) y aquellas que estén formadas por personas del mismo sexo y con hijos porque es una “realidad” que necesita de una atención por parte de las administraciones.

De esta forma, la fundación ha organizado en Cáceres durante este fin de semana unas jornadas dirigidas a los trabajadores de los servicios sociales de base de la región para ofrecerles unas pautas de actuación a la hora de atender, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños núcleos rurales, a estas familias de una forma integral.

Desde el colectivo se reclama, por ejemplo, que se adapte desde el lenguaje administrativo hasta las política activas para abordar esta situación desde todos los ámbitos ya que la sociedad tiende a reproducir un único modelo de familia con padre y madre con hijos pero existe un porcentaje “muy amplio” con familias homoparentales, uniparentales o reconstituidas que hay que tener en cuenta.

La vicepresidenta de la Fundación Triángulo y coordinadora del área de familia, Silvia Tostado, ha señalado minutos antes de comenzar las jornadas, que el colectivo “necesita” que se empiece a reconocer “de verdad” la diversidad de las familias LGTB que tienen hijos e hijas y a las que “hay que dar respuestas”.

Aunque no existen estadísticas de cuántas familias hay compuestas por miembros LGTB, Tostado ha explicado que “aproximadamente” un 10 por ciento de la población se reconoce homosexual, por lo que “hay que pensar que al menos un diez por ciento de las familias tienen algún miembro LGTB“.

“Es imprescindible dar repuesta a esa realidad en toda Extremadura”, ha resaltado Tostado, porque los problemas de estas familias se reproducen a la hora de acudir a los registros a inscribir a los hijos, o en la atención sociosanitaria ya que “hay profesionales que todavía no han asumido que la diversidad familiar es un hecho” y por eso desde la fundación se trabaja para que “se vea la pluralidad familiar que hay”.

En las jornadas, que tienen lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña, se ha proyectado un documental grabado en la región titulado ‘Tengo una familia’ y después se han desarrollado varias mesas redondas con la participación de expertos de otras comunidades autónomas que han puesto sobre la mesa, entre otros asuntos, la realidad de jóvenes que se han criado con padres LGTB.

Las charlas y conferencias se sucederán a lo largo del fin de semana y también tendrá lugar un encuentro de una veintena de familias LGTB que intercambiarán sus experiencias y pondrán en común los principales problemas con los que se encuentran.

Fuente Cáscara Amarga

General Cáceres, Diversidad Familiar, Extremadura, Familias Homoparentales, Fundación Triángulo, I Jornada Técnica de Diversidad Familiar, María Ángeles Muñoz, Proyecto Plural, Silvia Tostado

Castilla y León es la primera comunidad autónoma que cubre voluntariamente los tratamientos de transexualidad sin necesidad de ley autonómica o de fallo judicial.

Un año de negociación entre Fundación Triángulo y el SaCyL culmina con el acuerdo que restaura los derechos sanitarios de las personas transexuales en Castilla y León.

– Descargar el protocolo de atención a personas trans de CyL –

Tras un año de negociaciones entre el área trans de la Fundación Triángulo y responsables del Sacyl, Castilla León se suma a las comunidades que ofrecerán tratamiento integral a la identidad de género. Hasta ahora, sólo las CCAA que acordaron aumentar la cartera de servicios por ley (Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco, Extremadura, Navarra) y las que fueron obligadas por la Justicia a cubrir el tratamiento por sentencia de tribunales superiores (Asturias, Galicia…) ofrecían un tratamiento integral a la identidad de género, si bien existen notables diferencias en los niveles y formas de asistencia. Con el acuerdo publicado por el Sacyl y notificado a los centros de salud, Castilla y León se suma voluntariamente a las CCAA que entienden que la actual redacción de la ley de SS implica la atención íntegra de las personas transexuales en igualdad con el resto de la población, aunque no exista mención expresa en el catálogo general de servicios.

“Es un acuerdo que restaura una deuda de igualdad y de dignidad” señala Marina Sáenz, responsable del área trans de FT. “Un acuerdo que evitará el sufrimiento y ayudará a disminuir la marginación que sufrimos las personas transexuales en esta comunidad” en palabras de Lunara Santamaría, Coordinadora regional del área trans de Fundación Triángulo en Castilla y León.

En los términos del protocolo para la atención a la identidad de género, las personas trans de Castilla y León podrán solicitar atención médica a la identidad de género a sus médicos de cabecera, que les derivarán a los servicios de salud mental y endocrinología más cercanos, que actuarán asesorados por la unidad de referencia, o bien solicitar derivación voluntaria a la unidad de referencia establecida en Valladolid con el fin de recibir atención por especialistas en la materia. La atención en salud mental se concibe no como un proceso de “diagnóstico de admisión” sino como un proceso de acompañamiento y refuerzo ante los retos sociales que afronta la persona trans en su manifestación de identidad. Aunque el protocolo menciona por referencia al CIE y DSM V el llamado “test de la vida real”, aclara que no es elemento del diagnóstico o criterio de elegibilidad y que no se puede exigir un itinerario único u obligado en la manifestación de identidad de género, siendo cada persona la que según sus circunstancias sociales y familiares elige la forma y los tiempos en los que expresa su identidad. El protocolo, ampara además a los menores de edad sin exclusiones ofreciendo una vía específica de tratamiento para estos casos.

El protocolo compromete las operaciones “menores” de adaptación a la identidad de género manifestada en centro de proximidad ubicado en la comunidad y las cirugías de reasignación genital mediante derivación a centro de referencia en el que existan medios y experiencia en la materia, si bien, por fallo de última hora en la coordinación con el País Vasco, aún queda por fijar que centro efectuará este tipo de operaciones, previsiblemente, la Unidad de género de Madrid.

“Queda por rematar el mecanismo de derivación a Madrid o a otra comunidad pero ya existe un compromiso firme de atención que acaba con la situación irregular que hemos vivido los últimos quince años, durante los que se comenzaba el tratamiento hormonal, se establecía la necesidad de la cirugía y se abandonaba al paciente a su suerte, lo que ha provocado que más del 70 % de las personas transexuales de esta comunidad terminaran abandonándola por la dificultad de integración social y la ausencia de tratamiento especializado” señala Marina Sáenz. “Confío en que esto funcione con normalidad y nos ayude a disminuir la discriminación, la transfobia y el sufrimiento personal que muchas sufrimos en carne propia” declara Lunara Santamaría.

En la actualidad existen unas 42 personas transexuales en los listados del SaCyL de las que aproximadamente siete son menores de edad, o adolescentes, siendo esta última categoría la que crece a ritmo vivo, pues la mejora de las situaciones sociales está haciendo que se manifiesten y se detecten a los menores trans con mayor facilidad y en edad cada vez más temprana.

Fuente Fundación Triángulo

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El gobierno extremeño pretende incluir en la futura ley LGBT extremeña esta violencia como casos de violencia de género para apoyar a las víctimas.

Fundación Triángulo agradece la intención de atender a las víctimas de violencia en parejas del mismo sexo, pero discrepa de considerarlo violencia de género.

En un segundo comunicado de prensa dado a conocer este sábado, Fundación Triángulo se extendía más a fondo, explicando que en el diálogo que viene manteniendo con el gobierno extremeño cara a una futura ley contra la discriminación de las personas LGTB “ha manifestado las demandas que considera prioritarias, entra las que no estaba esta cuestión, que hasta el momento no ha sido debatida con profundidad ni por el colectivo ni por quienes hasta hoy han venido trabajando en materia de violencia en la pareja, que fundamentalmente han sido las organizaciones feministas”.

A través de un comunicado, Fundación Triángulo ha manifestado algunas cuestiones con respecto a lo avanzado por el ejecutivo regional como una medida a incluir en la futura ley LGBT extremeña, sobre la que la ONG LGBT viene dialogando con el gobierno desde hace año y medio, y ante el cual ha manifestado las demandas que considera prioritarias, entra las que no estaba esta cuestión, que hasta el momento no ha sido debatida con profundidad ni por el colectivo ni por quienes hasta hoy han venido trabajando en materia de violencia en la pareja, que fundamentalmente han sido las organizaciones feministas.

“En primer lugar queremos manifestar que este debate debe plantearse de una manera mas sosegada y tranquila, y no a golpe de titulares de prensa”, afirman desde la asociación. Fundación Triángulo ha asegurado que no tenía conocimiento alguno de que esta medida se pretendía incluir en la ley, y no conoce en que términos se pretende hacer. Espera poder conocerlo en breve, pero también cree que el debate sobre este punto debe consensuarse con las organizaciones de mujeres que hasta hoy se han ocupado y han liderado todos los avances relativos a violencia de género.

“En segundo lugar queremos matizar que aun agradeciendo la intención de tratar y abordar este asunto, que creemos debe plantearse porque aun no siendo elevado el número de casos que deben tratarse, reconocerse y debe acompañarse a las víctimas, creemos que debe quedar claro que la posible violencia en parejas del mismo sexo no puede considerarse violencia de género, que es la que se da cuando en la pareja un rol de género abusa del otro”, han recalcado. “Por definición ese no es el origen de las situaciones de violencia que se da en aquellas parejas homoparentales en las que se produce, dado que los dos miembros de la pareja tienen el mismo género“.

“Es probable que haya quien estime que esto es un matíz sin relevancia, pero en nuestra opinión no es así”, afirman al animar a que “todas las situaciones de violencia en la pareja deben combatirse, pero la lacra de la violencia machista debe seguir siendo combatida de manera singular y prioritaria, porque a día de hoy el número de mujeres asesinadas por sus maridos sigue siendo inaceptable”.

Desde esta oragnización se dirigen al gobierno extremeño agradeciendo “al ejecutivo que cualquier otra cuestión que pretenda plantearse como innovación en la futura posible ley, sea planteada con anterioridad a quienes llevamos casi veinte años trabajando contra la discriminación LGBT en nuestra comunidad autónoma, a fin de poder evitar discrepancias públicas innecesarias“.

Desde Triángulo dicen que la ONG no avalará ni apoyará cualquier ley LGBT. “Defendemos los derechos de este colectivo por encima de cualquier color político o interés de partido, y solo apoyaremos una ley que recoja todas las demandas planteadas al ejecutivo. Y las que se planteen adicionalmente las analizaremos antes de avalarlas”.

La organización ha manifestado en reiteradas ocasiones al gobierno que quiere la mejor ley LGBT extremeña, que debe estar como mínimo a la altura de la aprobada por el Parlamento catalán en fechas recientes, y en materia de transexualidad a la altura de la aprobada por el parlamento andaluz. “Por supuesto, en el marco de nuestras competencias autonómicas”, añaden.

“De la misma manera hemos manifestado que queremos una ley que de participación a todas las voces políticas, por lo que hemos demandado en reiteradas ocasiones que el trámite parlamentario de opción a ese debate, para que todos los partidos políticos puedan aportar su visión, para que sea una ley de todos y de todas”, han concluido.

Fuente Fundación Triángulo

General Extremadura, Fundación Triángulo, Koldo Losada, Ley, Violencia intragénero