La discriminación sexual será multada en Extremadura
Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.
La Asamblea de Extremadura ha aprobado con la unanimidad de todos sus grupos políticos la “Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género” (cuyo texto puedes descargar aquí), promovida por el Partido Popular (que gobierna Extremadura sin mayoría absoluta) y consensuada con el resto de grupos de la cámara y con los colectivos LGTB extremeños. Un buen ejemplo de que es posible avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos LGTB por encima de otras diferencias políticas, y que ojalá marque al PP un rumbo diferente al seguido hasta ahora en el resto del país, donde su mayorías absolutas han frenado la aprobación de leyes en este sentido.
Extremadura cuenta ya con un Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexuales que, impulsada por el Gobierno de José Antonio Monago (PP) y con la participación de los citados colectivos, ha sido respalda unánimemente por el Parlamento.
Activistas y organizaciones LGTB han asistido al debate final y votación de la norma desde la tribuna del público, donde la aprobación de la propuesta de ley ha sido recibida con una gran ovación, a la que se han sumado los parlamentarios desde sus escaños.
La ley, en la que ha estado trabajando la entidad federada Extremadura Entiende, junto a otros colectivos LGTB, ha conseguido promover el consenso y la necesidad de abordar la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género con medidas sancionadoras y la inversión de la carga de prueba que ofrece especial protección a las víctimas de delitos de odio. Las infracciones serán sancionadas con multas desde 3.000 hasta 45.000 €, además de prohibición de acceso a cualquier ayuda pública o contratación con la Administración.
La norma, calificada hoy de “histórica” por los cuatro grupos parlamentarios, contempla el reconocimiento legal de la financiación pública de la reproducción asistida de lesbianas y bisexuales, y la protección ante la denominada “violencia intragénero”, entre las personas del mismo sexo.
Encarnita y Paulita (derecha), pareja desde hace 43 años, emocionadas en el pleno de la Asamblea de Extremadura con el nacimiento de la Ley LGTBI / Susana Sauceda
Crea un protocolo policial ante delitos de odio que se basen en la homofobia y la transfobia, además de un régimen de infracciones y sanciones contra la discriminación sexual que puede ser de hasta 45.000 euros en las infracciones muy graves.
La ley incluye otro protocolo para que las personas transexuales tengan garantizadas la atención necesaria para poder hacer realidad la necesidad de identificar su cuerpo con el género sentido, con cargo al Servicio Extremeño de Salud.
La ley recoge la inclusión de todas las mujeres en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública y el acceso a los recursos de protección para las víctimas de violencia intragénero así como la consideración de víctimas de violencia de género a las mujeres transexuales en relación con hombres, tengan o no modificada su documentación. Los menores transexuales también son protagonistas de la ley y tendrán acceso a prestaciones sanitarias acorde con el libre desarrollo de su personalidad en sociedad.
Asimismo con esta ley se dota a Extremadura de un Observatorio Extremeño contra la homofobia, lesbofobia, transfobia y bifobia que puede ser un instrumento útil para alcanzar la igualdad real, meta final de la misma.
Como adelantamos en enero, cuando el grupo popular registró la propuesta en el Parlamento regional, se trata de un texto que el gobierno extremeño lleva año y medio negociando con colectivos LGTB de la región, muy singularmente con Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, y cuya aprobación supondrá sin duda un gran impulso a las políticas de igualdad. El texto consagra la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar y recoge la gran mayoría de las demandas del activismo en el marco de la comunidad autónoma de Extremadura, entre ellas la creación de un observatorio regional contra la homofobia, la bifobia y la transfobia.
En el terreno de la asistencia sanitaria, por ejemplo, la ley establece de forma explícita la no discriminación por razón de orientación sexual, expresión o identidad de género en el acceso a las políticas de salud sexual y reproductiva (recordemos, en este punto, que el Gobierno central sí ha establecido limitaciones en el acceso a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública a las mujeres sin pareja masculina). “Las mujeres lesbianas y bisexuales tendrán garantizado el acceso a las técnicas de reproducción asistida”, reza por ejemplo el artículo 12.2. El proyecto también recoge la atención sanitaria integral a personas transexuales e intersexuales.
La ley recoge medidas de protección de la diversidad familiar, reconociendo además el fenómeno de la violencia en el ámbito familiar por causa de la orientación sexual y/o identidad de género de cualquiera de sus miembros, y estableciendo medidas de atención y ayuda a víctimas de la violencia intragénero, sin que ello interfiera con la protección a las mujeres víctimas de violencia machista. Un aspecto que hace meses despertaba la polémica al anunciar el presidente del gobierno extremeño que incluiría como “violencia de género” el maltrato en el seno de parejas del mismo sexo, y que finalmente ha quedado perfectamente aclarado.
Respecto a las denuncias por discriminación, la ley introduce el principio de inversión de carga de la prueba (artículo 43): “En los procesos autonómicos, cuando el interesado aporte hechos o indicios razonables, fundamentados y probados por cualquier medio de prueba admitido en derecho, de haber sufrido discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género, corresponde a aquél quien se atribuye la conducta discriminatoria, la aportación de justificación probada, objetiva y razonable de las medidas adoptadas”. Eso sí, como ya sucediera cuando se aprobó una ley contra la discriminación LGTBfoba en Cataluña, dicho principio “no será de aplicación a los procesos penales ni a los procedimientos administrativos sancionadores”.
La propuesta incluye además un capítulo de sanciones administrativas en el ámbito de la comunidad autónoma “sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Las infracciones más graves, en este sentido, podrán se sancionadas con multas de hasta 45.000 euros, y además podrá imponerse la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de la comunidad autónoma por un periodo de hasta dos años: la inhabilitación temporal, por un periodo de hasta dos años, para ser titular, la persona física o jurídica, de centros o servicios dedicados a la prestación de servicios públicos, y la prohibición de contratar con la administración, sus organismos autónomos o entes públicos también por un periodo de hasta dos años.
Entre las enmiendas aprobadas durante su trámite parlamentario, los grupos de la oposición han sumado sus votos para incluir el reconocimiento a la memoria histórica del colectivo, duramente represaliado durante décadas, muy especialmente durante los años del franquismo. En este sentido, destaca la creación (artículo 29) del Centro Memoria Democrática y Documentación LGBTI de Extremadura.
La parlamentaria popular Francisca Rosa ha resaltado que iniciativas como ésta dignifican la política y que con esta ley se avanza hacia una sociedad más justa e igualitaria. Al margen del contenido concreto, ha considerado que es un “homenaje” a las personas que han sufrido la intolerancia, aunque el dolor es difícil de reparar. Rosa ha valorado la “sensibilidad” del Gobierno regional del PP en este asunto y su disposición a acercar posiciones hasta el último momento, ya que hoy se han votado las últimas enmiendas que no se habían incorporado al texto en comisión, 13 de ellas presentadas conjuntamente.
La diputada socialista Isabel Gil Rosiña ha considerado que esta sesión debería ser recordada por el paso adelante dado en favor de los derechos del colectivo LTGB. “No se trata de creer en la igualdad sino de tomar decisiones que la hagan posible”, ha aclarado Gil Rosiña, que ha destacado la firmeza en las convicciones de su partido, al apoyar una norma a pesar de haber sido presentada por el PP.
El diputado de IU Víctor Casco ha recordado el caso de Paulina y Encarna, presentes en la tribuna, una pareja de lesbianas que tuvieron que irse de Extremadura. Casco ha recibido la llegada de esta ley con “emoción”, ya que garantiza que nadie sea perseguido e injuriado por querer ser amado por otro ser humano. El parlamentario de IU, que hace tiempo confesó su homosexualidad, ha destacado la histórica lucha de mucha gente para conseguir aprobar esta ley por unanimidad. “Nunca más ni armarios ni prisiones” para estas personas, ha dicho Casco en su despedida de la primera línea política, antes de anunciar solemnemente que su grupo pulsaría el botón del sí.
La diputada del PREX CREX Fernanda Ávila ha considerado importantísimo que se reconozca en la exposición de motivos de la ley la “memoria histórica” de las personas que han sufrido este problema.
Los activistas de Fundación Triángulo Extremadura, estaban exultantes. “Aprobada por unanimidad, que no es algo irrelevante, la Ley LGBTI extremeña, muy grande, ha sido algo realmente grande lo vivido. Mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás, pero ahí está. Gracias a todos los que lo han hecho político, diputados, grupos políticos, gobierno regional, organizaciones cómplices… y todas y todos los activistas LGBT extremeños. Un abrazo enorme a todos y todas los compañeros/as de Fundación Triángulo, cuando nos lo proponemos somos imparables! Gracias!”, podía leerse en su página de Facebook. Su presidente, José María Núñez, se mostraba muy emocionado por lo conseguido en Extremadura, “donde parecía siempre que era el sitio donde peor se vivía y donde peor se podían disfrutar de estas emociones y la igualdad”.
También Extremadura Entiende, asociación de mujeres LBT de Extremadura (y miembro de la FELGTB) expresaba su satisfacción. “Nos sentimos muy orgullosas de que Extremadura, junto con Cataluña, se ponga a la cabeza de la defensa de los derechos humanos. Esperamos que este ejemplo cunda y que el PP, que aquí ha aprobado esta ley, no la paralice en otras comunidades autónomas ni a nivel estatal”, declaraba su presidenta, Marisa González.
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, FELGTB, celebra la aprobación de la Ley de Igualdad Social LGTBI aprobada por unanimidad en el Parlamento extremeño. Para que la ley cumpla con sus objetivos, Extremadura Entiende con la ayuda de FELGTB trabajará con todos los partidos políticos, agentes sociales y organismos públicos y privados. Jesús Generelo, presidente de FELGTB, ha destacado que “Una de nuestras demandas más urgentes es la aprobación de una ley semejante a nivel estatal. Se trata de un paso importantísimo que va a mejorar el día a día de la vida de miles de personas”.
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