Indonesia podría aprobar en 2021 los “exorcismos” a personas LGTB+
Comienza a debatirse el proyecto de ley de los conservadores islámicos que, entre otras barbaridades, obligaría a personas homosexuales y transgénero a someterse a un “exorcismo” para ser “rehabilitados”
Que la situación del colectivo LGTB+ en Indonesia lleva años siendo muy preocupante es algo que todos sabemos ya. Un exorcismo para que dejes de ser homosexual, viene a ser lo mismo que aún se hace en países como Estados Unidos o España: una terapia de conversión.
En Indonesia no es ilegal ser homosexual salvo en la provincia de Aceh, un territorio autónomo que lleva ya tiempo persiguiendo al colectivo LGTB+. Pero el radicalismo en el país del mundo con más número de musulmanes se va extendiendo y el apoyo a la aplicación de la ley islámica es cada vez mayor en las encuestas. Como explica Andreas Harsono, investigador de la Human Rights Watch en el país, “la democratización del país, el asesinato de los comunistas hace unos años y la desaparición de algunas organizaciones que hacían de balanza al avance del islam han desaparecido“. Además la influencia de países como Arabia Saudí “que persiguen a la comunidad LGTBI” es cada vez más importante.
Este avance del radicalismo ha llevado a los conservadores islámicos a presentar hace unos meses un proyecto de ley llamado “Ley de Resiliencia Familiar” que tiene como objetivo que las familias sean “más fuertes y resilientes“. Una de las formas de conseguir eso, según esta panda de iluminados, es dejar claro que las tareas domésticas son obligación de la mujer.
Y otra de las formas de fortalecer a una familia es obligar a los miembros de la misma a denunciar a cualquier miembro de “orientación sexual desafiante” para que sea internado en un centro de rehabilitación. Donde se les someterá a un “exorcismo” y saldrán siendo igual de homosexuales, pero ahora torturados y con menos ganas de vivir.
“Se supone que la familia es el primer y más grande sistema de apoyo” explica Usman Hamid, director de Amnistía Internacional en Indonesia, “pero esto claramente contradice el espíritu de fortalecerla“. Porque nada une más a una familia que matar al primo maricón.
Hamid ha explicado a El País que, por ahora, no parece que el debate sobre la ley avance en el comité que se encarga de evaluarla, e incluso el portavoz adjunto de la Asamblea Consultiva del Pueblo ha solicitado su retirada. Entre otras cosas porque, si se aprueba, el país vulnerará sin miramientos un buen número de derechos humanos. Pero desde la Human Rights Watch creen que la ley saldrá adelante en 2021, puesto que se ha incluido en la lista de prioridades del Programa de Legislación Nacional.
Y es que, como explica Harsono de la HRW, en un país con más de 219 millones de musulmanes (un 84% de la población) las creencias tribales y chamanistas se han incorporado a la identidad cultural y por eso los exorcismos son “una práctica que está en aumento“; no solo para “rehabilitar” a personas LGTB+, sino que es habitual que se utilicen también en caso de enfermedad mental o para limpiar pueblos en los que han aparecido espíritus malvados.
La homosexualidad es legal en todas partes en Indonesia, excepto en Aceh, una provincia con cierta autonomía localizada en el extremo norte de la isla de Sumatra, donde rige la ley islámica y las relaciones sexuales con personas del mismo sexo son castigados con latigazos públicos. En 2018, la policía detuvo a un grupo de mujeres trans en esta misma región y las humilló públicamente cortándoles el pelo y obligándoles a vestirse con ropa masculina.
Más allá de Aceh, las encuestas de los últimos años indican que la intolerancia y el radicalismo están en aumento en toda Indonesia. Una proporción significativa de la población apoya la implementación de la ley islámica, la sharia, según una encuesta realizada en 2017 por el Instituto ISEAS-Yusof Ishak en Singapur. El 82% de los 1.620 encuestados también consideran que el uso del hiyab o el velo islámico es un signo importante de religiosidad para las mujeres. Según otra encuesta elaborada por una organización radicada en Yakarta el mismo año, uno de cada cinco estudiantes apoya el establecimiento de un califato.
En esta evolución han contribuido muchos factores. Harsono, de HRW, menciona como ejemplo “la democratización del país, el asesinato de los comunistas hace unos años y la desaparición de algunas organizaciones que hacían de balanza al avance del islam han desaparecido”. El investigador argumenta que, mientras tanto, “las influencias de los saudíes y de otras corrientes de oriente medio que persiguen a la comunidad LGTBI siguen creciendo”.
Las propuestas en el nuevo proyecto de ley están siendo combatidas por los defensores de los derechos humanos. Para Charles Santiago, miembro del Parlamento de Malasia y presidente del grupo Parlamentarios del Sudeste de Asia por los Derechos Humanos (APHR), se ha demostrado que estas supuestas terapias son extremadamente dañinas para las personas LGTBI, ya que están relacionadas “con la depresión, la ansiedad y el suicidio”.
Las personas LGTBI en Indonesia ya enfrentan una creciente persecución y odio; por lo tanto, la presentación de un proyecto de ley que legitima una mayor discriminación contra ellos “es una preocupación importante y puede aislar todavía más a la comunidad”, concluye Santiago.
Escalada de LGTBfobia de Estado en Indonesia
Hace casi un año, informábamos de la detención de diez mujeres, acusadas de «conducta lésbica». Antes, recogíamos, precisamente, la detención de cuatro personas en Banda Aceh, a manos de patrullas ciudadadanas, acusadas de «practicar la homosexualidad»: tres varones y una mujer transexual, que se enfrentan a penas que incluyen los mencionados castigos físicos. A principios del 2018 recogíamos el descarnado caso de LGTBfobia de Estado en Indonesia. La policía de Aceh detuvo a doce mujeres trans, les afeitó el cabello y las obligó a vestirse como«hombres normales». En Aceh, desde 2005 rige la sharia o ley islámica gracias a la autonomía que le fue concedida al firmar la paz con los separatistas, poco después del tsunami que asoló la región. En septiembre de 2014, además se aprobó una terrible ley que castiga las relaciones homosexuales con la pena de recibir cien azotes en público con una vara de ratán. La legislación entraba en vigor en octubre de 2015 y fue aplicada, entre otras ocasiones, el pasado mes de mayo a dos jóvenes de 20 y 23 años. En el mismo mes de octubre de 2015 nos hacíamos eco de la detención de dos jóvenes lesbianas (de 18 y 19 años) por abrazarse públicamente y confesar que eran pareja. Según el jefe de la policía islámica las chicas serían “sometidas a rehabilitación con la participación de psicólogos en dependencias sociales”.
Indonesia también votó en 2014 en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas contra la homofobia y la transfobia y ha sido calificado, por su propia población, como un mal lugar para vivir si eres gay o lesbiana (solo un 2% opina lo contrario) en una encuesta de Gallup.
En el mes de octubre de 2016, informábamos de la detención de una pareja gay por subir a su cuenta de Facebook unas fotos besándose, junto con un mensaje de amor, que fue considerada por las autoridades como “pornografía”. A estos hechos se suman un deterioro homófobo que reconocía el presidente Joko Widodo, quien lejos de atajarla ha llegado a aprobar medidas discriminatorias, como confiscar preservativos, o la persecución de webs LGTB, bloqueando aplicaciones de citas entre personas del mismo sexo o autorizar formas de discriminación laboralcon el veto de aspirantes LGTB a plazas públicas, el cierre de la única escuela y mezquita para personas trans de Indonesia, aparte de permitir las irresponsables declaraciones homofóbicas de políticos y alcaldes demonizando al colectivo LGBTy la radicalización de líderes religiosos que han llegado a fomentar el boicot a empresas internacionales que apoyan al colectivo LGBT.
En diciembre de 2017 nos hacíamos eco la condena de diez hombres a dos años de cárcel en Indonesia por participar en una supuesta «fiesta gay» en Yakarta, la capital de este país asiático. A diferencia de Aceh, en Yakarta las relaciones homosexuales no son ilegales, por lo que los detenidos fueron condenados por violar la ley contra la pornografía.
El hecho de que se utilice esta ley para perseguir penalmente la homosexualidad en un territorio en el que supuestamente esta no está criminalizada pone de manifiesto la gravedad de la situación que se vive hoy día en Indonesia. De hecho, solo en las provincias autónomas de Aceh y Sumatra Meridional, en las cuales se aplica la sharía o ley islámica (en Aceh a todos los ciudadanos, en Sumatra Meridional solo a los musulmanes, que en cualquier caso son mayoría), las relaciones homosexuales son formalmente ilegales, castigándose incluso con castigos físicos.
Pero también en el resto del país la situación se está deteriorando. Ya lo recogíamos en febrero de 2016, cuando hacíamos alusión a la ola de LGTBfobia protagonizada por políticos y líderes religiosos. Desde entonces, por desgracia, no hemos dejado de conocer casos de detenciones y abusos. Un ejemplo es la redada de mayo de 2017 en el que la policía indonesia detenía en Yakarta a 141 hombres por asistir a lo que las autoridades han calificado como una supuesta “fiesta de sexo gay”, pese a que la homosexualidad no es ilegal en la capital y que desembocó en la citada condena de diez hombres, pero ha habido muchos otros. Días antes de aquella redada, otros ocho hombres eran detenidos, igualmente acusados de celebrar una «fiesta gay» en Surabaya, la segunda ciudad del país. En Java Occidental, la provincia más poblada de Indonesia, el jefe de policía hizo pública por su parte su intención de constituir un grupo de trabajo policial para investigar la actividad de personas LGTB. Y en octubre de 2017 tuvo lugar otra redada en un local de ambiente gay de Yakarta, en la que fueron detenidos 51 hombres. Una estigmatización a la que también ha contribuido la decisión de la Asociación Psiquiátrica Indonesia de clasificar la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad como trastornos mentales.
Esta espantosa situación podría agravarse de prosperar la iniciativa legislativa que pretende castigar en todo el país las relaciones homosexuales con penas de hasta cinco años de prisión. Sin embargo, en diciembre también aludíamos al “respiro provisional” que había supuesto la decisión del Tribunal Constitucional de Indonesia de rechazar una propuesta de criminalización de las relaciones sexuales entre personas no casadas, cuyo objetivo principal no era otro que el de castigar por vía indirecta las relaciones homosexuales. Poco duraba el respiro, por desgracia.
Fuente El País/Cristianos Gays
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