Como ya habíamos adelantado, el Departamento de Justicia (DJ) anunció el pasado viernes que el gobierno de Puerto Rico no defenderá la constitucionalidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, según lo dispuesto en el Artículo 68 del Código Civil, “porque las leyes que defienden el matrimonio tienen que respetar los derechos constitucionales de todos los ciudadanos”.

El anuncio, que fue realizado durante una conferencia de prensa en la sede de Justicia, en Miramar, se produjo al vencerse el plazo para que el gobierno de Puerto Rico presentara su argumentación escrita como parte del proceso de apelación de un caso federal interpuesto por cinco parejas homosexuales que solicitan que se validen en la isla sus derechos como matrimonios.

“El día de hoy es importante para el país. Los he convocado para esta conferencia de prensa que a mí entender tiene matices históricos para nuestra ciudadanía y el entorno jurídico del pueblo de Puerto Rico”, comenzó diciendo el secretario de Justicia, César Miranda, al hacer el anuncio ante una sala llena de medios de comunicación. “El Departamento de Justicia, en la presentación que entregará, y por trabajo de la procuradora general del Estado Libre Asociado, Margarita Mercado, hemos concluido que ante el estado de derecho actual no se justifica ni es correcto el defender la constitucionalidad del Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico que promulga que el matrimonio será solo entre un hombre y una mujer”, declaró Miranda.

El funcionario agregó que la determinación de Justicia se tomó porque, jurídicamente y éticamente, “no es correcto” que a unos ciudadanos en la isla se les nieguen los derechos que otros disfrutan por “motivos de orientación sexual”. “Esos mismos derechos deben estar disponibles para aquellos que se aman, que se cuidan entre sí, que trabajan y aportan a nuestra sociedad igual que los demás”, agregó el funcionario.

Inmediatamente después que se hiciera pública la postura del Departamento de Justicia, el gobernador Alejandro García Padilla emitió unas declaraciones escritas en las que apoyó la determinación de Justicia de no rebatir el reclamo de los demandantes que soliciten se declare inconstitucional la prohibición de matrimonios entre personas del mismo sexo y afirmó que su deber como primer ejecutivo es “adelantar el progreso de los derechos civiles y humanos en igualdad de condiciones para todo ciudadano y ciudadana”. “El pueblo de Puerto Rico me eligió para defender las Constituciones del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos de América. El desarrollo de la jurisprudencia en múltiples jurisdicciones estadounidenses apunta a un consenso innegable. Esto es, que nuestro ordenamiento constitucional no permite distinciones discriminatorias como la que está contenida en el Código Civil respecto a los derechos de las parejas del mismo sexo”, manifestó el gobernador.

Este caso se remonta a marzo del pasado año, cuando Ada Conde Vidal, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos (FDH), presentó una demanda en el Tribunal Federal para que se reconozca en Puerto Rico como legal y legítimo el matrimonio que contrajo con su pareja, Ivonne Álvarez Vélez, en el estado de Massachusetts.

En la demanda presentada junto a Álvarez Vélez y otras cuatro parejas en contra de la secretaria de Salud, Ana Ríus Armendáriz, y la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, la licenciada Conde Vidal solicitó un interdicto preliminar, permanente y sentencia declaratoria para que en Puerto Rico se reconozcan los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo contraídos en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Posteriormente, en octubre de 2014, el juez federal Juan Pérez Giménez desestimó la demanda, por lo que las demandantes recurrieron al Circuito de Apelaciones de Boston. Desde ese entonces, el secretario de Justicia ya había señalado que el gobierno del Estado Libre Asociado se allanaría a la decisión que se emitiera en Boston.

La determinación del Gobierno hecha pública hoy, había sido adelantada en un escrito del periódico El Nuevo Día el pasado lunes. Ese día, este medio señaló que el Gobierno contemplaba anunciar esta semana su cambio de postura en torno al apoyo al estatuto puertorriqueño, que solo reconoce el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Miranda explicó que el cambio de posición del Gobierno con respecto a la argumentación inicial ante Pérez Giménez fue producto del cambio en el estado de derecho, como el Defense of Marriage Act (DOMA), de 2013. En este caso, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió que el Congreso violó la cláusula de igual protección de las leyes al definir el matrimonio exclusivamente como la unión entre una mujer y un hombre en esa ley. Tras esta decisión, la inmensa mayoría de las cortes federales han concluido que la definición de matrimonio limitada a un hombre y una mujer no es constitucionalmente válida.

A preguntas de la prensa, Miranda reconoció que si el Circuito de Apelaciones de Boston declara inconstitucional el Artículo 68, “es que la prohibición para que las personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en Puerto Rico dejaría de existir”.

“Obviamente, hay que decir que el tribunal podría emitir esa decisión”, indicó Miranda, quien expresó que igualmente podría pedir tiempo en lo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve los casos que tiene planteados.

Alegría entre los defensores del matrimonio igualitario

“Puerto Rico finalmente se une a la corriente mundial. Esta Administración sigue haciendo historia en la defensa, expansión y reconocimiento de los derechos humanos”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Bhatia.

“La igualdad en el matrimonio y la libertad de amar y constituir un hogar con quien uno quiera es un derecho fundamental que debe ser respetado”, dijo en línea con los argumentos expresados este viernes por el secretario de Justicia de la isla, César Miranda, al anunciar este cambio de postura del Gobierno.

Quienes sí celebraron esta decisión, como era previsible, fueron las organizaciones de defensa de los derechos de la comunidad LGBT, como Lambda Legal, que representa a cuatro de las parejas que presentaron la demanda que ha dado motivo a este pronunciamiento del Gobierno ante el Tribunal de Apelaciones de Boston. Omar González-Pagan, del equipo de Lambda Legal, expresaba su satisfacción porque “al no seguir defendiendo la prohibición discriminatoria del matrimonio para personas LGBTT en la isla, el gobierno de Puerto Rico por fin reconoce que negarle el matrimonio a las personas LGBTT es nocivo y no puede ser justificado. El único objetivo de la prohibición es perpetuar la discriminación y eso es simplemente injusto. Las parejas del mismo sexo, las personas LGBTT y sus familias son parte de la rica cultura y sociedad puertorriqueña. Las acciones tomadas en el día de hoy cumplen las promesas constitucionales de justicia e igualdad para las personas LGBTT en Puerto Rico. Puramente, la discriminación nunca está en los mejores intereses de Puerto Rico”.

Pedro Julio Serrano, presidente de la organización LGTB Puerto Rico Para Tod@s, estimaba que “las luchas no se ganan en un solo día. Son producto del sacrificio de mucha gente. Hoy es un gran día. Es un día histórico. Siempre lo he dicho, la igualdad es inevitable. El gobernador hoy se coloca en el lado correcto de la historia. Por muchos años, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros y transexuales hemos sido tan pisoteadas, que cuando se nos afirma, es maravilloso. Y más cuando es el gobierno que al fin te reconoce como el ser humano digno y pleno que eres”. El activista expresaba también su esperanza: “Ahora solo falta que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito haga lo correcto, validar la dignidad de todas las parejas reconociendo el derecho al matrimonio a las personas LGBTT. Estamos a un paso de la igualdad matrimonial. Venceremos”.

Igualmente, la presidenta del Caucus LGBT del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, dijo en un escrito que las familias LGBTT puertorriqueñas deben tener los mismos derechos, responsabilidades y respeto que el resto de las familias. “Aplaudimos y agradecemos al gobernador Alejandro García Padilla y su Administración por escoger estar en el lado correcto de la historia en el tema  del matrimonio igualitario. Su cambio de posición es esperanzador”, afirmó.

Desde la presidencia de Freedom to Marry, Evan Wolfson felicitó al Gobierno por sumarse a la “larga lista de funcionarios electos, incluyendo conservadores y representantes latinos de Estados Unidos, que creen que no hay razón legítima para la discriminación del matrimonio a las parejas del mismo sexo”.

Ricky Martin, la estrella puertorriqueña más internacional, ha declarado:

Mi agradecimiento al Gobernador Alejandro García Padilla por demostrar que es un líder que no teme al los retos del presente. Su respaldo a la determinación del Tribunal de Boston sobre el matrimonio igualitario hace justicia a la igualdad. Mi reconocimiento a Senadores y Representantes y a mis hermanas y hermanos que se unieron a esta lucha por la igualdad y los derechos humanos. Hoy es un gran día para mi Isla, el corazón se me sale del pecho. Que orgulloso estoy de vivir en un País de igualdad. Te amo Puerto Rico.

Pero no todas las reacciones han sido positivas. María Milagros Charbonier, representante del opositor Partido Nuevo Progresista, partidario de la anexión completa a los Estados Unidos, describía la decisión de la administración de García Padilla como una “bofetada a la sociedad portorriqueña”. Para la política, “este gobernador ha jugado con el pueblo cristiano. Esto es un abuso de primer orden”, calificando la decisión como “una muestra clara del cinismo que permea a esta administración” y “una afrenta al pueblo cristiano”.mientras que el senador Angel Chayanne Martínez habló de “desilusión con el errático Gobierno de turno” que quiere “dividir y sembrar la discordia”.

La Iglesia de Puerto Rico pide referéndum sobre matrimonio igualitario

(Muy alegres y contentas sus ilustrísimas: A la izquierda el obispo de Arecibo Daniel Fernández Torres y a la derecha el de San Juan, Roberto González Nieves )

La Iglesia Católica expresó su disconformidad con la determinación de Justicia: “A este tipo de imposición por parte del Estado el papa Francisco la ha llamado colonización ideológica”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, quien en un comunicado calificó la decisión del Gobierno de “muy lamentable y desconcertante”. Además, el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves, quien ya se ha manifestado contrario a los derechos LGTB , propuso un referéndum para que los ciudadanos expresen su opinión sobre el matrimonio entre parejas del mismo sexo en Puerto Rico.

“Exhortamos a nuestro pueblo a iniciar un proceso para que una decisión de esta magnitud y trascendencia histórica se decida mediante un referéndum donde los ciudadanos y ciudadanas se expresen. De no ser así se trataría de una imposición dictatorial par parte del Estado”, dijo González Nieves.

“La postura del gobernador de no defender la legislación actual que solo permite la validez y el reconocimiento del matrimonio hombre y mujer es muy lamentable y desconcertante. Nos llena de tristeza. El deber ministerial del Gobierno debió ser defender la constitucionalidad de la legislación actual como lo hizo en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico y tal y como resolvió dicho tribunal”, lee el comunicado enviado por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña.

“No se puede avanzar en la promoción de derechos humanos cuando se redefine y se debilita la institución familiar que es la célula vital y fundante de toda sociedad desde el comienzo de la historia humana. Hoy, la voz del sentir mayoritario de nuestro pueblo se ha quedado sin oídos que lo escuchen en la más alta esfera de su Gobierno. El deber del Estado es ser fiel a los valores y la cultura de un pueblo y nación, no redefinirlos. Hoy, el Estado envía un mensaje equivocado a nuestra niñez y juventud”, afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal Puertorriqueña y arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves

General, Historia LGTBI Ada Conde Vidal, Alejandro García Padilla, Ana Ríus Armendáriz, Angel Chayanne Martínez, Arecibo, César Miranda, Código Civil, Conferencia Episcopal Puertorriqueña, Daniel Fernández Torres, Eduardo Bhatia, Evan Wolfson, Freedom To Marry, Fundación de Derechos Humanos (FDH), Iglesia Católica, Iglesia Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua, Ivonne Alvarez, Ivonne Álvarez Vélez, Juan Pérez Giménez, Lambda Legal, Luis Vega Ramos, Margarita Mercado, María Milagros Chabonier, Matrimonio igualitario, Melissa Mark Viverito, Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rosselló, Puerto Rico, Ricky Martin, Roberto González Nieves, San Juan de Puerto Rico, Wanda Llovet Díaz, Wanda Rolón

Este viernes 16 de enero, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dado a conocer los casos que considerará en el primer semestre de sesiones de 2015. Se esperaba que entre ellos estuviese alguna de las sentencias desfavorables al matrimonio igualitario, todas ellas dictadas por la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, pero el alto tribunal ha comunicado que ha aceptado las cuatro, que afectan a los estados de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. Las sesiones orales finales se celebrarán en los últimos días del mes de abril, por lo que los expertos prevén que el fallo definitivo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales del mes de junio.

En el mes de noviembre de 2014, el panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito, con sede en Cincinnati, decidió sobre los recursos a cuatro sentencias favorables al matrimonio igualitario emitidas por cuatro jueces federales de Kentucky, Michigan, Ohio y Tennessee. En los dos primeros casos, referidas a parejas del mismo sexo a las que no se les permite contraer matrimonio, mientras que en Ohio y Tennessee las sentencias obligaban a reconocer matrimonios ya celebrados en otros estados. La ejecución de la sentencias había permanecido en suspenso mientras se decidía la apelación.

El fallo final de la Corte de Apelaciones del 6º Circuito contradijo las sentencias ya emitidas tanto por el resto de circuitos que se habían pronunciado hasta el momento (el Décimo, el Cuarto y el Séptimo) como por la inmensa mayoría de jueces federales que habían hecho lo propio. El 6ª Circuito consideró así que la decisión o no sobre autorizar el matrimonio igualitario corresponde a los estados y no es una cuestión que deba dirimirse en base a argumentos constitucionales, en concreto a los derechos al debido proceso y a la igual protección recogidos en la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

Los equipos legales de las parejas demandantes decidieron recurrir directamente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que finalmente ha decidido considerar los cuatro casos en este periodo de sesiones. De las apelaciones presentadas, el alto tribunal ha decidido que decidirá sobre las dos cuestiones siguientes:

1. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado autorice un matrimonio entre dos personas del mismo sexo?
2. ¿La Decimocuarta Enmienda requiere que un estado reconozca el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, cuando dicho matrimonio ha sido legalmente autorizado y tenido lugar fuera de ese estado?

También se ha comunicado el calendario para la presentación de informes. El 27 de febrero deberán presentar sus alegatos escritos los equipos legales de las parejas demandantes. El 27 de marzo lo harán las fiscalías. Finalmente, el 17 de abril los demandantes podrán presentar sus réplicas. La sesión final, en la que se presentarán los alegatos orales, tendrá lugar entre el 20 y el 29 de abril. Se ha establecido un total de 90 minutos de tiempo para la presentación de los alegatos orales referidos a la primera pregunta, y de 60 minutos para los de la segunda.

El alto tribunal ha dado instrucciones a los equipos legales para que únicamente ciñan sus argumentos y alegaciones a la cuestión que corresponda a su caso en concreto. Por ejemplo, en el caso de Michigan únicamente se podrá argumentar respecto a la primera cuestión, mientras que en el caso de Ohio se ceñirán a la segunda.

Según los expertos del prestigioso blog especializado en el Tribunal Supremo SCOTUSblog, es muy probable que la sentencia final sobre el matrimonio igualitario se dé a conocer a finales de junio.

Reacciones esperanzadas de los grupos LGTB

Los portavoces de distintas asociaciones de defensa de los derechos LGTB, varias de ellas incluso implicadas en los equipos legales de los casos que se considerarán, han valorado, en general, con esperanza la actuación del Tribunal Supremo. Os ofrecemos algunas de sus reacciones:

Evan Wolfson, presidente de Freedom To Marry, cree que “la decisión de hoy del Tribunal Supremo es el comienzo de lo que esperamos que sea el último capítulo de nuestra campaña para obtener el matrimonio en todo el país”.

Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, ha querido hacer referencia a la decisión del Tribunal Supremo en el caso Windsor, que obligó a la autoridad federal a reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en los estados donde es legal: “Como dijo el juez Anthony Kennedy en el caso de Windsor, esta es una lucha sobre si nuestras familias son iguales o si son de segunda clase. La Constitución de los Estados Unidos no tolera la ciudadanía de segunda clase, un hecho que ha derrocado prohibiciones matrimoniales discriminatorias desde Utah hasta Arkansas. Hemos llegado al momento de la verdad, los hechos son claros, los argumentos han sido escuchados por docenas de tribunales, y ahora los nueve jueces del Tribunal Supremo tendrán la apremiante oportunidad de garantizar la equidad para innumerables familias, de una vez por todas”.

James Esseks, perteneciente a ACLU (American Civil Liberties Union), cuyo equipo legal está implicado en el caso de Kentucky, declara por su parte que “estamos encantados de que el Tribunal decida por fin sobre esta cuestión. El país está listo para una solución a escala nacional que trate a las parejas de gais y lesbianas de manera justa. Cada día que esperamos significa que más personas morirán antes de que tengan la oportunidad de casarse, más niños nacerán sin las protecciones adecuadas, más personas se enfrentarán a emergencias médicas sin poder contar con el reconocimiento de sus cónyuges. Es hora de que los valores americanos de la libertad y la igualdad se apliquen a todas las parejas”.

Susan Sommer, directora de litigios constitucionales de Lambda Legal, que forma parte del equipo legal del caso de Ohio, estima que “estamos dispuestos a presentar nuestro caso ante el Tribunal Supremo para poner fin a estas prohibiciones discriminatorias de una vez por todas. El estado de Ohio no debe permitir que no se respeten los matrimonios legales de parejas del mismo sexo dentro de sus fronteras estatales y ciertamente no debe entrometerse en los asuntos de familia de los estados que respetan los matrimonios de parejas del mismo sexo. De hecho, ningún estado en el país debe continuar con esta discriminación vergonzosa”.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI ACLU, Chad Griffin, Corte de Apelaciones del 6º Circuito, Discriminación, Estados Unidos, Evan Wolfson, Freedom To Marry, Human Rights Campaign, James Esseks, Kentucky, Lambda Legal, Matrimonio, Michigan, Ohio, SCOTUSblog, Susan Sommer, Tennessee, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

Los republicanos aparecen torpemente divididos en tres facciones: un pequeño pero creciente número de partidarios del matrimonio igualitario, una facción ultraconservadora que los sigue condenando y, en medio, un grupo de tamaño considerable que parece preferir que el asunto simplemente desaparezca.

En un extremo del espectro, por lo menos ocho legisladores federales del Partido Republicano han apoyado los matrimonios entre personas del mismo sexo y dos candidatos republicanos abiertamente homosexuales que se postulan para la Cámara de Representantes esperan unirse a ellos.

En el otro extremo, los republicanos más conservadores del Congreso presentaron un proyecto de ley que busca evitar que los estados se vean obligados a reconocer los matrimonios del mismo sexo realizados en otro estado. Uno de esos legisladores es el senador Ted Cruz de Texas, un potencial candidato presidencial que arrancó aplausos en una reciente reunión conservadora cuando insistió en que su partido no dejará de defender los “valores familiares”.

Entre ambos lados está un grupo grande de republicanos que no están listos para respaldar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que se cuidan de no antagonizar con sus partidarios, incluyendo –según las encuestas– una sólida mayoría de los republicanos menores de 30 años.

La Corte Suprema podría decir pronto si tomará uno o más casos de matrimonios del mismo sexo. En caso de que los jueces confirmen que los gays y las lesbianas tienen el derecho constitucional de contraer matrimonio en los 50 estados del país, eso sería un alivio para los 2016 aspirantes a la presidencia del Partido Republicano, estiman algunos activistas y analistas políticos.

“Entonces ya no tendrían que hablar de ello”, dijo Evan Wolfson, quien dirige el grupo de defensa Freedom to Marry (Libertad para Casarse). “Realmente les encantaría que la Corte Suprema termine el trabajo y ellos puedan seguir adelante”, agregó.

Una prueba importante para el Partido Republicano podría ocurrir durante su convención nacional en Cleveland en 2016, cuando una coalición llamada Young Conservatives for the Freedom to Marry (Jóvenes Conservadores por la Libertad para Casarse) sabrá cuántos frutos habrá rendido su campaña para retirar de la plataforma política del partido la insistencia de oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Fuente Cáscara Amarga

General, Homofobia/ Transfobia. División, Evan Wolfson, Freedom To Marry, Jóvenes Conservadores por la Libertad para Casarse, Libertad para Casarse, Matrimonio igualitario, Partido Republicano, Ted Cruz, Texas, Young Conservatives for the Freedom to Marry

La juez federal Candy Dale ha fallado a favor de las parejas del mismo sexo que demandaron al estado de Idaho por impedirles contraer matrimonio, dictaminando que la prohibición del matrimonio igualitario en ese estado es inconstitucional. La juez no ha dictado orden de suspensión de la sentencia, aunque sí ha fijado su entrada en vigor para el próximo viernes 16 de mayo. Por su parte, el gobernador de Idaho, Butch Otter, ya ha presentado una petición preliminar de suspensión.

La demanda fue interpuesta por cuatro parejas de Idaho, que denunciaban a ese estado por vulnerar sus derechos a la igual y protección y al debido proceso recogidos en la 14ª Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, ya que se les impedía contraer matrimonio basándose únicamente en el hecho de ser parejas del mismo sexo.

La Fiscalía del estado de Idaho, por su parte, defendía el respeto a la voluntad de los votantes del estado, que en 2006, por una mayoría del 63 %, aprobaron una enmienda a la Constitución de Idaho que definía el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y prohibía las uniones civiles de cualquier tipo. También arguía que permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo vulneraría el derecho a la libertad religiosa, pues las religiones mayoritarias lo rechazan, argumento calificado en la sentencia como “miope”.

La juez Dale, quizás para despejar cualquier duda desde el principio, encabeza su sentencia con una cita del voto discrepante del juez Harry Blackmun a la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso Bowers versus Hardwick, que en 1986 respaldó las leyes que prohibían las prácticas sexuales entre homosexuales (decisión revocada por otra sentencia del Tribunal Supremo en 2003). La cita es la siguiente: “Es precisamente debido a que la cuestión planteada por este caso toca el corazón de lo que hace a las personas lo que son, que debemos ser especialmente sensibles a los derechos de aquellos cuyas elecciones trastornan a la mayoría”.

La juez prosigue planteándose si efectivamente se han vulnerado los derechos constitucionales de las parejas demandantes, resolviendo favorablemente a sus demandas y desestimando uno a uno los argumentos de la Fiscalía. La sentencia hace referencia a otras recientes del mismo signo dictadas tanto por tribunales federales como estatales, así como a los casos Estados Unidos versus Windsor, que forzó el reconocimiento por la autoridad federal de los matrimonios del mismo sexo, y a Loving versus Virginia que declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio interracial.

Finalmente, la sentencia concluye que “las parejas demandantes tienen derecho a un recurso extraordinario a causa de un perjuicio extraordinario. Las leyes de matrimonio de Idaho les impiden adoptar una opción profunda y personal, una de las que más deberían estar garantizadas. Al hacerlo, las leyes matrimoniales de Idaho niegan a las parejas del mismo sexo los beneficios económicos, prácticos, emocionales y espirituales del matrimonio, relegando a estas parejas a un estigmatizado estatus de segunda clase. Los demandantes sufren este perjuicio no porque no estén capacitados para casarse, formar una familia, o envejecer juntos, sino por ser lo que son y amar a quien aman“.

Por último, la juez Dale establece que la sentencia entrará en vigor a las nueve de la mañana del próximo viernes 16 de mayo, sin dictar, como en otros casos, una orden de suspensión temporal en espera de la resolución de la posible apelación. Aunque esto permitiría celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo en Idaho desde esa fecha y esa hora, también da plazo suficiente para que se resuelva la petición de suspensión ya presentada por el gobernador Butch Otter, en la que solicita que la sentencia sea suspendida hasta una posible apelación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Reacciones

El gobernador Otter, del Partido Republicano, ya ha expresado su total disconformidad con la decisión de la juez Dale por medio del siguiente comunicado: “En 2006, el pueblo de Idaho ejerció su derecho fundamental, reafirmando que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. La decisión de hoy, aunque decepcionante, es un pequeño contratiempo en una batalla a largo plazo que terminará en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Estoy firmemente comprometido con la defensa de la voluntad del pueblo y la defensa de nuestra Constitución”.

Por su parte, Evan Wolfson, fundador de la organización en defensa del matrimonio igualitario Freedom to Marry, declaraba con satisfacción que “la decisión de hoy del tribunal federal de Idaho es la última de más de una docena de resoluciones que unánimemente han declarado inconstitucional la discriminación en el matrimonio. Desde Idaho a Arkansas, de Utah a Michigan, los tribunales están confirmando que no hay ninguna buena razón para que el gobierno niegue el matrimonio a parejas comprometidas. A medida que las parejas homosexuales y sus familias comienzan a compartir la alegría y la seguridad de la libertad de casarse, los corazones y las mentes se abren, las barreras de la discriminación caen, y hacemos avanzar a nuestro país por el lado correcto de la historia”.

Continúa la avalancha

Desde la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que derogaba la parte de la DOMA que impedía el reconocimiento federal de los matrimonios entre personas del mismo sexo en junio de 2013, se han presentado varias decenas de demandas en diversos estados, en las que de una u otra forma se desafía la prohibición del matrimonio igualitario. Idaho se une a los estados en los que las sentencias han dado resultados favorables, como en el caso de Utah, Oklahoma, Virginia, Texas, Michigan y Arkansas. En todos ellos, sin embargo, las sentencias están en suspenso mientras se resuelven las apelaciones, salvo en Arkansas, donde a fecha de hoy no se dictaminado ninguna suspensión y se siguen celebrando matrimonios entre personas del mismo sexo.

En Kentucky y Ohio se ha resuelto a favor del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo celebrados en otros estados donde están permitidos, con las sentencias también en suspenso. En Tennessee e Indiana ese reconocimiento se circunscribe únicamente a las parejas demandantes, aunque el precedente ya se ha establecido.

En dosmanzanas también hemos aludido a algunas otras de las que están en proceso (como las de Nevada o Pensilvania), pero en realidad el proceso alcanza ya a treinta estados que cubren todos los territorios judiciales del país. Todo apunta a que esta auténtica avalancha judicial tendrá que culminar más pronto que tarde en una nueva sentencia del Tribunal Supremo que aclare la situación.

Actualmente, y en espera de que se resuelvan las diversas apelaciones y procesos, en los Estados Unidos el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Nuevo México, Rhode Island, Vermont y Washington. A estos 17 estados se unen además Washington DC (la capital federal) y ocho jurisdicciones tribales.

General, Historia LGTBI Arkansas, Butch Otter, Candy Dale, Discriminación, Estados Unidos, Evan Wolfson, Freedom To Marry, IDAHO, Matrimonio, Michigan, Oklahoma, Texas, Utah, Virginia