A lo largo de este martes 28 de febrero las reacciones políticas e institucionales a la campaña de odio tránsfobo de HazteOír no han dejado de sucederse. Recogemos algunas de las más significativas. Seguimos sin tener noticia, en cualquier caso, de intervención alguna por parte de la Fiscalía. Nos permitimos destacar, en primer lugar, la reacción de la Generalitat de Cataluña, que ha abierto expediente a HazteOír por posible vulneración de la ley autonómica contra la LGTBfobia y que desde un principio ha dado traslado del caso a la Fiscalía por un posible delito de odio.También destacamos la reacción del Ayuntamiento de Madrid, que según conocíamos poco después de publicar esta entrada ha inmovilizado el autobús de la campaña.

Desde el ámbito de la política, prácticamente todos los partidos han expresado de una u otra forma su malestar. Muy activo en este sentido ha sido el PSOE, cuya diputada en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli era una de las primeras en denunciar la campaña y que ha pedido directamente la inervención de la Fiscalía. Ha sido a través de su diputada Ángeles Álvarez, en una rueda de prensa en el Congreso. “Con su autobús, HazteOír está dirigiendo mensajes contra un colectivo motivado por sus prejuicios en materia de identidad sexual y pretende alentar odio y discriminación hacia ese colectivo”, ha declarado. El PSOE también se está moviendo en la Asamblea de Madrid, donde ha registrado ya una petición para que sancione la campaña de HazteOír, además de otras 45 preguntas relacionadas con el incumplimiento de la ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid.

Las instituciones madrileñas, de hecho, se han sumado a la condena. Desde el Ayuntamiento de Madrid, que preside Manuela Carmena (Ahora Madrid) se daban instrucciones a la Policía Municipal para que proceda a paralizar el autobús con los mensajes tránsfobos. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha condenado la campaña por su transfondo tránsfobo, pero ha asegurado que en cualquier caso viola dos ordenanzas municipales, la de circulación y la de publicidad exterior, lo que ya de por sí es razón para impedir que transite por las calles de Madrid. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, ha pedido de hecho al equipo de Gobierno que reforme la ordenanza de publicidad y se dote de herramientas que le permitan prohibir campañas que atenten a los derechos humanos.

Por lo que se refiere a la Comunidad de Madrid, su presidenta Cristina Cifuentes ha calificado la campaña de “impresentable” y aseguraba a primera hora que había puesto en caso en manos de la abogacía para que valorase si incumple la ley madrileña contra la LGTBfobia. Cifuentes, en su cuenta de Twitter personal, ha lanzado además un mensaje a HazteOír, organización que ya ha lanzado en el pasado ataques contra ella. “Los de HazteOír sois muy plomicos”, escribía en un tuit adornado con caracteres gráficos. Más tarde los medios se hacían eco de que Cifuentes había remitido un escrito a la Delegación del Gobierno para que pusiese los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

Se da precisamente la circunstancia de que el colectivo Arcópoli ha interpuesto esta misma mañana una denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En opinión del gabinete jurídico de Arcópoli, la campaña de HazteOír promueve un mensaje negacionista contra un sector de la población, el de las personas transexuales y transgénero. “Invisibilizar su realidad y negar su identidad puede provocar aislamiento, estigmatización y malestar en especial a niñas, niños y adolescentes trans, que ya sufren a menudo acoso escolar tránsfobo y que esta campaña es otra muestra más de rechazo de una parte de la sociedad a su dignidad”, argumenta Arcópoli. “Este negacionismo atenta contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el artículo 10 de la Constitución Española y contra Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. Por ello como colectivo de defensa de las personas transexuales nos vemos obligadas a presentar un escrito de denuncia para que esta campaña sea sancionada administrativamente de acuerdo con la ley aprobada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid, que representan a la ciudadanía autonómica madrileña”, explica esta organización en su comunicado.

Arcópoli no es el único colectivo que ha expresado su indignación por lo que está sucediendo. La Plataforma por los Derechos Trans, por ejemplo, ha mostrado su enfado por la actitud de la Fiscalía, que hasta la fecha no ha llevado a cabo acción alguna contra la anterior campaña de HazteOír, consistente en el envío de un folleto LGTBfobo a colegios de todas España. “Los esfuerzos que muchas comunidades autonónomas están realizando para la protección y garantía de derechos de la diversidad sexual y de género en sus legislaciones, protocolos de educación y atención sanitaria no se corresponden con estos impunes actos de odio y fobia hacia las personas trans”, ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), por su parte, ha exigido que se apruebe con urgencia una ley estatal de igualdad “que equipare los derechos y proteja a los sectores más vulnerables del colectivo LGTBI de ataques tales como la campaña transfóbica de HazteOír”. La FELGTB ha dado su apoyo a Arcópoli en su denuncia ante la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, y considera además que la campaña de HazteOír supone un claro desafío a los artículos 14, 18 y 20.4 de la Constitución Española, “en los que se contemplan los principios de igualdad, derecho al honor y dignidad de la persona como límite a la libertad de expresión”. El equipo de juristas de la FELGTB considera además que el mensaje negacionista sobre las personas trans vulnera su derecho a la dignidad y puede considerarse publicidad ilícita según el artículo 3 de la Ley General de Publicidad.

Concentración este miércoles en Valencia

Pero no solo en Madrid se han producido reacciones. En Valencia, supuestamente el próximo destino del autobús tránsfobo, la diputada en el Congreso por Podemos, Àngela Ballester, aseguraba esta mañana en Twitter que ya ha pedido al delegado del Gobierno que lo impida. Y Ricardo Sixto, diputado de Esquerra Unida del País Valencià (la rama valenciana de Izquierda Unida) pedía también en el Congreso que actuase la Fiscalía.

Los colectivos LGTB valencianos, de hecho, ya han convocado una concentración urgente mañana miércoles 1 de marzo a las 19:00 horas frente a las Cortes Valencianas. Los colectivos consideran “intolerable” la campaña de odio tránsfobo, que “en ningún caso puede ampararse en el derecho a la libertad de expresión”. “En esta ocasión la agresión es valorada como más grave, por dirigirse específicamente contra los derechos básicos de las niñas y niños trans”, explican en su comunicado. “Nos encontramos ante un claro ataque contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas trans, la situación personal, social y laboral de las cuales es de las peores de toda la sociedad española”, ha declarado Fani Boronat, coordinadora general del colectivo Lambda. La concentración ha recibido por cierto el apoyo expreso en Twitter de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra (Compromís).

Demà, us esperem a totes i tots davant les Corts a partir de les 19 hores. #ConLaVozBienAlta #Transfobia pic.twitter.com/CJne8dKstk

— Lambda (@lambdavalencia) 28 de febrero de 2017

Y en Cataluña, la Generalitat se moviliza activamente

En Cataluña, otro de los destinos de la campaña homófoba (que tiene previsto recalar en Barcelona, Hospitalet y Sant Cugat), la Generalitat le ha abierto el correspondiente expediente, en aplicación de la ley catalana contra la LGTBfobia. Ya desde el principio, además, la Generalitat ha puesto el caso en conocimiento de la Fiscalía de Delitos de Odio, al considerar que puede haber una vulneración del artículo 510 del Código Penal español, que castiga con a quienes “lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad” a pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.

La Generalitat de Catalunya también se ha puesto en contacto con los Ayuntamientos afectados para pedirles que hagan valer sus ordenanzas municipales de civismo contra la campaña. El Ayuntamiento de Barcelona, de hecho, ya ha anunciado que en caso de aparecer por sus calles paralizará la circulación del autobús y lo multará. “El autobús no tiene permiso para circular por la ciudad, no es bienvenido”, ha declarado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI, que ha asegurado que el consistorio barcelonés “no se quedará de brazos cruzados” y aprovechará todo el margen legal del que dispone para sancionar su actividad. Diferentes fuerzas políticas catalanas, como el PSC, Esquerra Republicana o la Candidatura d’Unitat Popular han exigido que no se permita al autobús circular.

ACTUALIZACIÓN (20:45 horas): El Ayuntamiento de Madrid inmoviliza el autobús

A los pocos minutos de publicar esta entrada saltaba la noticia: El Ayuntamiento de Madrid ha cumplido la promesa que horas antes hacía su portavoz, Rita Maestre. La Policía Municipal madrileña ha inmovilizado en la tarde de hoy el autobús con mensajes tránsfobos de HazteOír. Así lo ha anunciado el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Javier Barbero, que ha informado de que el vehículo incumplía las ordenanzas municipales en materia de publicidad.

Desconocemos por el momento bajo qué condiciones y por cuánto tiempo el vehículo ha sido inmovilizado. Una buena noticia, en cualquier caso, que servirá de poco si no se acompaña de una actuación sancionadora decidida por parte de las autoridades autonómicas y sobre todo de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.

Fuente Dosmanzanas

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La Junta de Andalucía defiende la Ley Integral de Transexualidad ante las presiones del Gobierno

Sea en la oposición, sea en el gobierno, parece que el PP de Mariano Rajoy sigue empeñado en utilizar la Constitución Española como arma arrojadiza contra el autogobierno de las comunidades y contra los derechos de las personas LGTB. En esta ocasión, con motivo de la avanzada ley integral de transexualidad aprobada en junio por el Parlamento andaluz, que el gobierno central amenaza con llevar ante el Tribunal Constitucional pese a haber sido aprobada por unanimidad (también con los votos del PP andaluz).

Gobierno central y Junta de Andalucía han decidido poner en marcha un grupo de trabajo que proponga soluciones a las reticencias expresadas por el primero sobre varios artículos básicos de la ley, en concreto los 2.4, 4.1, 4.2, 9, 10.2, 10.7, 15.2.b, 19.3 y 19.4, que regulan aspectos relativos a la concesión de documentación administrativa que refleje la identidad de género manifestada, el reconocimiento del derecho de los menores a utilizar libremente el nombre que hayan elegido o la inclusión en la cartera de prestaciones sanitarias de los tratamientos para modular el tono y timbre de la voz de las personas transexuales para adecuarlos a su identidad.

El grupo de trabajo debe ahora comunicar el acuerdo al Constitucional para que, como permite la ley en estos casos, amplíe de tres a nueve meses el plazo que tiene el gobierno para presentar recurso de inconstitucionalidad contra leyes autonómicas, así como proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía una solución que evite el recurso.

El secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha asegurado sin embargo que la Junta no va a cambiar de posición sobre la ley. Cornejo ha asegurado que la creación de este grupo de trabajo “no deja de ser algo ordinario” siempre que el gobierno central plantea la posibilidad de un recurso al Constitucional. “La posición de los representantes de la Junta en esa mesa de trabajo va a apoyar la decisión mayoritaria y unánime que hubo en el Parlamento, donde se aprobó la ley con el apoyo de los tres grupos parlamentarios”, ha reiterado. El PSOE, recordamos, gobierna Andalucía en coalición con IULV-CA.

Una ley modélica…

La ley andaluza de transexualidad es un texto modélico, sin duda el más ambicioso de los que se han aprobado en España en esta materia, al recoger sin matices el principio del derecho a la libre autodeterminación de género. La ley permite a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad andaluza, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o psicológico o de estar sometidas a tratamientos de ningún tipo.

El texto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores, tanto desde el punto de vista sanitario como educativo.

…y un Tribunal Constitucional en manos conservadoras

La noticia, sin embargo, no deja de ser preocupante si se tiene en cuenta que a raíz de sus últimas renovaciones el Tribunal Constitucional está controlado por una mayoría conservadora afín al gobierno del PP que no ha dudado, por poner un ejemplo referido específicamente a los derechos LGTB, en sentenciar que la discriminación en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas del mismo sexo que en su momento no pudieron contraer matrimonio (por estar prohibido) es plenamente constitucional.

Confiemos en que la Junta de Andalucía no ceda y en que finalmente el gobierno central desista de su propósito de plantear otro nuevo recurso para limitar derechos de ciudadanía cuya conquista tanto trabajo ha costado.

Fuente Dosmanzanas

Y además, podemos ver esta contundente respuesta al PP valenciano:

Fran Ferri, al PP valenciano: “la homofobia y ustedes tienen los días contados”

Por su interés, os presentamos la intervención ante el pleno de las Cortes Valencianas del diputado de Compromís y activista LGTB Fran Ferri en defensa de la proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada por el grupo socialista y rechazada por la mayoría absoluta del PP. Y ello a pesar de que, como comentábamos hace unos días, en un primer momento el gobierno valenciano se mostró favorable a tramitarla.

El grueso de la intervención de Ferri tiene lugar en valenciano, pero si no os aparecen vosotros mismos podéis activar los subtítulos en castellano:

Como explicábamos en nuestra anterior entrada, el argumento esgrimido por el PP valenciano para oponerse a la tramitación fue que según un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social la proposición invadía “la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral”. Todo apunta, sin embargo, a que el cambio de opinión se debió a la reacción del sector más ultraconservador del partido.

La tramitación de la proposición de ley presentada por los socialistas contaba con el apoyo tanto de Compromís como de Esquerra Unida, las otras dos fuerzas presentes en las Cortes Valencianas. Habrá que esperar hasta después de las próximas elecciones autonómicas, donde todas las encuestas coinciden en que el PP perderá la mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, para que un texto de este tipo pueda ver la luz.

Fuente Dosmanzanas

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Los votos de PSPV (PSOE), Compromís y EU no han sido suficientes para sacar adelante una ley que pretendía dotar de un marco legal de protección y no discriminación a las personas LGTB de la región.

El grupo popular en las Cortes Valencianas ha rechazado tramitar una proposición de ley para la igualdad efectiva de las personas LGTBI y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género presentada en julio por el grupo parlamentario socialista. Y ello a pesar de que en un primer momento el gobierno valenciano mostró su predisposición favorable a discutirla. La aprobación de una norma así, que contaba con el apoyo del resto de la oposición, tendrá que esperar a después de las próximas elecciones autonómicas, donde las encuestas pronostican, esperemos, el fin de la mayoría absoluta del PP en la Comunidad Valenciana.

El pleno de Les Corts ha rechazado, con los votos del PP, una proposición de ley del grupo socialista para “desarrollar y garantizar” los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, intersexuales y transexuales y evitar situaciones de discriminación y violencia. El PP ha justificado el rechazo a una iniciativa sobre la que el Consell emitió primero un criterio favorable que luego retiró, porque, afirman, algunos de los artículos que se incluyen invaden competencias que corresponden al Estado o crean “una situación de inseguridad jurídica”.

El 12 de septiembre, después de en julio que los socialistas presentaran la proposición de ley (que puedes descargar aquí), el gobierno valenciano llegó a hacer público su criterio favorable a su toma en consideración” porque los valores de igualdad, respeto y tolerancia que demuestra la sociedad valenciana la hacen mayoritariamente consciente de la necesidad de erradicar cualquier forma de discriminación por motivos de orientación sexual o de identidad de género que pueden afectar a diversos ámbitos sensibles de la vida de cualquier persona”.

Semanas más tarde, el gobierno valenciano daba sin embargo marcha atrás. El argumento esgrimido para ello fue que un informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ponía de manifiesto “diversas objeciones e inconvenientes sobre algunos de los artículos incluidos en la proposición” y que la proposición invadía “la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, vulnerando el orden constitucional de distribución de distribución de competencias”. Todo apunta, sin embargo, a que el cambio de opinión del gobierno valenciano se debió a la reacción del sector más ultraconservador del PP.

La tramitación de la proposición de ley presentada por los socialistas, siguiendo el modelo de la ya aprobada por el Parlamento catalán, contaba con el apoyo tanto de Compromís como de Esquerra Unida, las otras dos fuerzas presentes en las Cortes Valencianas. No ha sido suficiente, dada la cómoda mayoría absoluta de la que goza el PP en la cámara.

La propuesta socialista se divide en cuatro ejes fundamentales centrados en los ámbitos del trabajo, la educación, la sanidad y la política social, en los que se establecen derechos y se articulan los mecanismos que deben ponerse en marcha en la Comunitat “para garantizar estos derechos y que puedan ser efectivos“. Se propone desarrollar legislativamente derechos y obligaciones, declarar conductas que no son tolerables, y crear un servicio de atención integral para que todas las personas LGTBI que sufran alguna situación de discriminación encuentren en la Generalitat ayuda con personas especializadas y formadas para atenderlas.

El debate ha sido seguido desde la tribuna de invitados por miembros de varios colectivos de LGTBI de la Comunitat Valenciana, a quienes han saludado todos los diputados que han intervenido. La diputada del PP Carmen Amorós ha explicado que un informe estatal “pone manifiesto irregularidades en el texto legislativo” propuesto por el PSPV debido a “conflictos en la distribución de competencias”, especialmente en aquellos artículos que se refieren a regulación laboral. No obstante, ha asegurado estar totalmente de acuerdo con los principios que inspiran esta norma, y ha pedido su retirada para abrir un proceso de negociación que permita crear una ley “integral, firme, que no invada competencias de otros” y que se elabore de la forma “más participativa posible“.

Sarrión ha cogido la mano tendida de los populares pero les ha pedido que muestren “sensibilidad”, acepten la tramitación de la proposición de ley que presenta su grupo y se haga una comisión amplia en la que puedan mejorarse o limarse algunas de las cuestiones de esta iniciativa.

El diputado de Compromís Fran Ferri ha criticado la falta de sensibilidad de los populares con este colectivo, y ha destacado las agresiones que todavía sufren los LGTBI, y que hacen que todavía 7 de cada 10 no se atreva a ir de la mano con su pareja por la calle o a hablar de sus primeros amores con los amigos.

Esther López (EU) ha acusado al PP de usar “excusas de mal pagador” para no tramitar la ley, ha recordado que este partido presentó recursos de inconstitucionalidad contra el matrimonio homosexual y contra la ley del aborto, y ha lamentado que “el crucifijo” del expresidente de Les Corts Juan Cotino “siga ahí arriba aunque él no esté“.

Para Mar Ortega, coordinadora de Lambda-Col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, “estamos ante un nuevo atentado contra nuestros derechos, algo a lo que por desgracia nos tiene acostumbrados el Gobierno Valenciano, que de nuevo ha preferido escuchar las voces más intolerantes dentro de la derecha política para decir que las personas LGTB no merecemos que se protejan nuestros derechos, nuestra salud, o integridad física”. A pesar del varapalo, Ortega aseguró que “desde Lambda seguiremos trabajando con las demás fuerzas políticas, e instamos al PP valenciano a unirse, para conseguir que en el futuro se apruebe dicha ley”.

El colectivo LGTB valenciano Lambda ha condenado la actitud del gobierno valenciano. En palabras de su coordinadora, Mar Ortega, “estamos ante un nuevo atentado contra nuestros derechos, algo a lo que por desgracia nos tiene acostumbrados el gobierno valenciano, que de nuevo ha preferido escuchar las voces más intolerantes dentro de la derecha política para decir que las personas LGTB no merecemos que se protejan nuestros derechos, nuestra salud, o integridad física”. A pesar del varapalo, Ortega asegura que desde Lambda seguirán trabajando para conseguir que en el futuro se apruebe una ley como esta. Algo que bien podría suceder después de las próximas elecciones autonómicas, donde todas las encuestas coinciden en que el PP perderá la mayoría absoluta con la que gobierna a su antojo esa comunidad desde 1999 (aunque ya desde 1995 gobernaba con el apoyo de Unió Valenciana, un partido derechista de ámbito regional que acabó fagocitado por el PP).

Fuente El País

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Según un informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) sobre la situación de los alumnos homosexuales en los centros educativos, realizado para el Defensor del Pueblo, el sistema educativo en España “no es un espacio acogedor para la población escolarizada que no responde a las expectativas de género“. Esta es la dura conclusión de la FELGTB tras encuestar a 653 menores de 25 años que reconocen haber sufrido acoso escolar.

Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte alegan que con el Plan de Prevención y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana (Previ), se está dando respuesta a los problemas de convivencia de la comunidad educativa. Pero para el Síndic de Greuges las medidas son insuficientes porque aunque el Plan Previ actúa sobre la violencia, no tiene en cuenta su origen, por lo que no se toman medidas que impidan la discriminación antes de producirse. Esto pasa porque según el Síndic la Conselleria no tiene datos suficientes sobre los casos de discriminación de adolescentes LGBT en los centro escolares de la Comunitat.

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Un joven de 15 años ha sido víctima de una agresión física cometida por compañeros de su propio instituto, el Tirant lo Blanch de Gandía (Valencia). Los hechos tuvieron lugar la semana pasada en el patio del citado centro de enseñanza secundaria. Los padres han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, que ya está investigando lo ocurrido. Entretanto, la dirección del instituto ha decidido expulsar temporalmente a los dos autores del ataque, aunque no reconoce los tintes homófobos de la paliza.

Mordiscos, patadas y gritos de “maricón, das vergüenza, no sabes vestir”, así se resume la agresión que sufrió A. Z. en el patio de su instituto. Los dos atacantes, igualmente menores y compañeros del centro, están expulsados durante varias semanas. Sin embargo, la medida disciplinaria que cumplen los jóvenes atacantes llega envuelta en la polémica resolución de los responsables del instituto de secundaria Tirant lo Blanch, que achaca esta violenta actitud a motivos ajenos a la orientación homosexual del muchacho.

Hortensia, la madre de la víctima, asegura que ahora ha sido un ataque físico pero la violencia verbal y el acoso se suceden desde hace años, ya que A. Z. nunca ha ocultado su condición sexual. En este sentido “esta es la primera denuncia que he presentado, pero ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes”, ha asegurado Hortensia. Con la denuncia que la familia de A. Z. ha presentado ante la policía, la Fiscalía de Menores tendrá que tomar cartas en el asunto.

Asimismo, esta agresión homófoba ha despertado diversas reacciones y declaraciones políticas. Para la concejal de Educación de Gandía, Marta Cháfer (Partido Popular), se trata de una acción “intolerable”. La diputada autonómica Esther López Barceló, de Esquerra Unida (la federación valenciana de Izquierda Unida), sostiene que “es imprescindible la educación en igualdad en los centros escolares”. Además, López Barceló ha anunciado que su grupo parlamentario presentará en las Cortes Valencianas una Proposición No de Ley para combatir la homofobia en las aulas.

El también diputado autonómico valenciano de Compromís, Fran Ferri, ha solicitado la comparecencia en las Cortes de la consellera de Educación, María José Catalá (PP) para que explique los hechos y las medidas que va a tomar el Consell al respecto. Ferri es, además de político, un conocido activista LGTB en la Comunidad Valenciana.

Las aulas no son seguras para los jóvenes LGTB

El suceso homófobo de Gandía refrenda la reciente resolución del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana (el defensor del pueblo autonómico), que reconoce “la discriminación que sufren los y las adolescentes por su Diversidad Sexual y de Género en el sistema educativo” y que “contraviene lo establecido en el ordenamiento  jurídico”. El documento que firma el síndic José Cholbi (un histórico dirigente del PP valenciano) responde a la denuncia sobre el acoso escolar a jóvenes LGTB realizada por varias asociaciones de la Comunidad Valenciana, entre las que se encuentran el Colectivo Lambda, Diversitat, Diversament y GALEHI. El defensor del pueblo valenciano sugiere a la Conselleria de Educación que “realice un estudio en profundidad, con datos estadísticos en los Institutos de nuestra Comunitat, a fin de conocer la realidad en la que se encuentran los y las adolescentes LGTB”.

Cholbi también insta a la Generalitat Valenciana a incluir materiales pedagógicos que fomenten la igualdad y la no discriminación de los menores, a ampliar la formación sexual del profesorado, a “impulsar y facilitar la colaboración de los centros educativos con los colectivos de LGTB” y a la realización de “un Plan de prevención contra el acoso y sus consecuencias de aquellos/as adolescentes que sufren discriminación por razón de su orientación sexual”.

Para el Síndic de Greuges “está demostrado fehacientemente que los centros educativos no son lugares seguros para los jóvenes que no responden a las expectativas de género y que no se están tomando las medidas necesarias para acabar con la lacra del acoso escolar por cuestión de orientación sexual o identidad de género”.

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