El miserable juez tránsfobo Danny C. Reeves

El fallo prepara el terreno para que Trump anule las protecciones escolares para LGBTQ+ el primer día de su presidencia.

Por Daniel Villarreal Jueves, 9 de enero de 2025

Un juez federal de Kentucky ha anulado las directrices del Título IX del presidente Joe Biden que prohíben la discriminación contra los estudiantes transgénero. El juez dictaminó que las regulaciones del Título IX de la administración Biden, que ampliaban las protecciones para los estudiantes LGBTQ+, eran inconstitucionales, derogándolas en todo el país. La decisión, emitida el jueves por el juez de distrito estadounidense Danny C. Reeves, invalidó todo el reglamento de 1.500 páginas, citando lo que describió como un razonamiento legal “fatalmente defectuoso”.

El jueves, el juez de distrito de EE. UU. Danny C. Reeves (nombrado por el expresidente anti-LGBTQ+ George W. Bush) dictaminó que el Departamento de Educación (DOE) de Biden se extralimitó en su autoridad y pasó por alto el proceso legislativo necesario para extender una decisión de la Corte Suprema sobre la discriminación en el lugar de trabajo de las personas LGBTQ+ a las escuelas. Las directrices educativas ya han sido bloqueadas en 26 estados.
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En junio de 2022, el secretario de Educación de Biden, Miguel Cardona, anunció que el Título IX, la ley de educación de 1972 que prohíbe la discriminación en las escuelas financiadas con fondos federales “por motivos de sexo“, debería basarse en la decisión de 2020 de la Corte Suprema en Bostock v. Clayton County. Esa decisión judicial determinó que la prohibición del Título VII sobre la discriminación en el lugar de trabajo basada en el sexo incluye la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

En su línea anti LGTBIQ+, los obispos de EE. UU. se opusieron a las nuevas revisiones del Título IX destinadas a proteger a los estudiantes LGBTQ. Los presidentes de tres comités de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (USCCB)  expresaron su preocupación por las revisiones propuestas a las regulaciones del Título IX, específicamente en lo que respecta a la enseñanza católica sobre orientación sexual, identidad de género y aborto. En una acción separada, la USCCB se unió a un informe de amicus curiae sobre un caso de la Corte Suprema de EE. UU. que trata sobre la libertad religiosa y las personas LGBTQ

Pero, aunque las nuevas normas del Título IX de Biden debían entrar en vigor el 1 de agosto de 2022, los fiscales generales republicanos presentaron una demanda para detener los cambios en las normas. Reeve emitió su decisión en respuesta a las demandas presentadas por los fiscales generales de Tennessee, Kentucky, Indiana, Ohio, Virginia y Virginia Occidental. En su fallo, Reeves escribió: “Hay dos sexos: masculino y femenino“.

En la demanda se cuestionaban tres disposiciones que ampliaban las definiciones del Título IX de discriminación y acoso sexual, así como una disposición que permitía a los estudiantes trans utilizar instalaciones escolares que coincidieran con su identidad de género.

“Las tres disposiciones impugnadas manchan fatalmente toda la norma”, escribió Reeves sobre la interpretación del Título IX por parte de la Administración Biden. “En pocas palabras, no hay nada en el texto o el diseño estatutario del Título IX que sugiera que la discriminación ‘por motivos de sexo’ significa algo distinto de lo que ha significado desde el inicio del Título IX: que los destinatarios de fondos federales en virtud del Título IX no pueden tratar a una persona peor que a otra en una situación similar en función del sexo de la persona, es decir, hombre o mujer”.

“El objetivo del Título IX es prevenir la discriminación basada en el sexo”, escribió. “Incluir la identidad de género en la mezcla destripa el estatuto y lo vuelve en gran medida insignificante… [El DOE] lee Bostock de manera demasiado amplia al importar su decisión al contexto del Título IX. El Tribunal en Bostock limitó expresamente su decisión al Título VII e, incluso en ese contexto restringido, ‘[hizo] no pretendió abordar los baños, los vestuarios ni nada por el estilo”.

Reeves calificó la interpretación del DOE de “vaga y excesivamente amplia” y también cuestionó una disposición de la norma que clasifica el uso incorrecto del género de los estudiantes trans como una forma de acoso. “La Primera Enmienda no permite al gobierno restringir el discurso u obligar a afirmar una creencia con la que el orador no está de acuerdo de esta manera”, escribió el juez.

“El Congreso le dio al Departamento [de Educación] autoridad para emitir normas, reglamentos y órdenes para hacer efectiva la prohibición del Título IX sobre la discriminación sexual en consonancia con los objetivos del estatuto. Sin embargo, el Departamento excedió esa autoridad al emitir la Norma Final”, agregó.

En una declaración condenando el fallo, la presidenta del Centro Nacional de Derecho de la Mujer, Fatima Goss Graves, escribió: “La decisión de hoy muestra un desprecio extraordinario por los estudiantes que son más vulnerables a la discriminación y son los que más necesitan protecciones federales bajo la norma del Título IX. La norma del Título IX de la administración Biden es esencial para garantizar que todos los estudiantes, incluidos los sobrevivientes de agresión y acoso sexual, estudiantes embarazadas y con hijos, y estudiantes LGBTQI+, puedan aprender en un entorno seguro y acogedor”.

“Estamos en el comienzo de la lucha para proteger los derechos de todos los estudiantes, especialmente los estudiantes LGBTQI+, mientras hacemos la transición a una nueva administración”, continuó la declaración de Graves. “Este fallo judicial cambia por completo un precedente legal de larga data en un ataque directo y desproporcionado a los estudiantes trans que continúa afectando su educación y sustento”. Graves se comprometió a seguir luchando por los derechos de los estudiantes trans y de otros estudiantes.

Los cambios de reglas de Biden no abordaron el problema de los estudiantes trans que juegan en equipos deportivos escolares: su administración solo ha dicho que se les debe dar a los estudiantes trans oportunidades de participar en deportes, pero no ha emitido ninguna directriz o regla que explique cómo.

El fallo prepara el escenario para la agenda antitrans de Trump

El presidente electo entrante Donald Trump ha dicho que “el primer día” de su administración revertirá las protecciones de Biden para los estudiantes trans.

La administración Trump pasó cuatro años luchando contra el argumento legal de que las leyes que prohíben la discriminación “basada en el sexo” prohíben la discriminación anti-LGBTQ+, particularmente en las escuelas. En 2017, la entonces Secretaria de Educación Betsy DeVos emitió una guía para las escuelas diciendo que el Título IX no protegía a los estudiantes LGBTQ+, poco después de que ella y el Fiscal General Jeff Sessions revocaran una guía de la administración del expresidente Barack Obama que decía lo contrario.

Se espera que Trump siga el Proyecto 2025, un plan desarrollado por la Heritage Foundation, un grupo de expertos conservador. Los autores del manual afirman que uno de los mayores problemas a los que se enfrenta Estados Unidos hoy en día es la “normalización tóxica del transgenerismo con drag queens y pornografía que invaden las bibliotecas escolares”.

El Proyecto 2025 exige que Trump restablezca su prohibición militar de las personas transgénero; ponga fin a las protecciones educativas, laborales y de atención médica para las personas trans; y ordene al Congreso que defina el género como masculino y femenino y fijo al nacer. El plan pondría fin a todo reconocimiento de las personas trans y la identidad de género.

Trump ha prometido poner fin a todos los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) financiados por el gobierno federal y federal. Esto pondría fin a numerosas capacitaciones organizacionales y fondos para cualquier grupo dedicado a servir a las comunidades marginadas.

Fuente LGBTQNation/Cristianos Gays/Agencias

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La Superintendencia de Educación actualizó la circular previa del 2017 que solo permitía a los mayores de 18 años actuar de manera autónoma y sin sus apoderados. El Movilh valoró el avance.

La Superintendencia de Educación, encabezada por Cristian O´Ryan Squella, sustituyó la Circular 768 sobre derechos de niños, niños y adolecentes (NNA) trans, dictada en 2017,  por la Resolución 812 del 21 de diciembre del 2021, “siendo su principal avance el hecho de que reconoce la autonomía progresiva de los/as NNA”, consideró hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

“La nueva resolución actualiza y amplía derechos para los/as NNA trans en función de los principios de la Ley de Identidad de Género 21.120, publicada en 2018. La actualización era un tarea pendiente del Estado, pues la circular 768 era previa a la Ley de Identidad de Género”, explicó la vocera del Movilh, Daniela Andrade.

Añadió que  “festejamos la actualización porque amplía derechos a través de un cambio primordial: permite a mayores de 14 años solicitar a  los establecimientos educacionales que se respete su sexo y nombre social en forma autónoma a sus apoderados. Antes este derecho era solo para mayores de 18 años.  Considerando que muchas familias discriminan o desconocen qué es la identidad de género, dar esta libertad a los mayores de 14 años sin duda tendrá un impacto positivo en su calidad de vida y dignidad”.

Entre otras modificaciones, la Resolución 812 añade como principios la integración y la inclusión, con el fin de “eliminar todas las formas de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de los y las estudiantes”.

En el mismo orden, incorpora los principios de la Ley de Identidad de Género, cuales son  la no patologización, la confidencialidad, la dignidad en el trato y la autonomía progresiva del/a niño/a. En torno a este último, la Resolución  establece que “todo niño, niña o adolescente podrá ejercer sus derechos por sí mismo, en consonancia con la evolución de sus facultades, edad y madurez”.

Acto seguido se incorpora como derecho del/a NNA el “reconocimiento y protección de su identidad de género, así como a expresar su orientación sexual (…) Toda persona tiene derecho a ser reconocida e individualizada por su identidad y expresión de género en los instrumentos públicos y privados que lo identifiquen. Lo mismo respecto de imágenes, fotografías, soportes digitales, datos informáticos o cualquier otro instrumento en que figure su identidad”, señala la resolución.

Para hacer respetar sus derechos los/as NNA mayores de 14 años podrán actuar de manera autónoma a sus apoderados y “solicitar al establecimiento educacional una entrevista para requerir el reconocimiento de su identidad de género, medidas de apoyo y adecuaciones pertinentes a la etapa por la cual transita”.

Del mismo modo se establece que los/as NNA trans  deben ser tratados/as verbalmente  por su nombre social  “siempre y sin excepción”, así como utilizar uniforme y baños acordes a su género.

Si bien en el libro de clases, en el certificado anual de notas y en la licencia de educación media estará el nombre legal, se puede añadir el nombre social.

“Los establecimientos educacionales podrán agregar en el libro de clases el nombre social del niño, niña o adolescente, para facilitar su integración y su uso cotidiano, sin que este hecho constituya infracción a las disposiciones que regulan esta materia. Asimismo se podrá usar el nombre social en todo tipo de documentación afín, tales como informes de personalidad, comunicaciones al apoderado, informes de especialista de la institución, diplomas, listados públicos, entre otros”, finaliza la resolución.

Las circular  sobre derechos de niños, niños y adolescentes (NNA) trans  surgió en 2017 en el marco del cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa que el Estado de Chile y el Movilh firmaron ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH)

Nueva circular aqui

Fuente MOVILH

General, Historia LGTBI Chile, Daniela Andrade, Estudiantes trans, Ministerio de Educación, MOVILH

Terribles datos: un tercio de los estudiantes TRANS ha intentado suicidarse en 2018.

Un tercio de los estudiantes trans han intentado suicidarse el año pasado, según las cifras publicadas el jueves (24 de enero).

Por primera vez, la Encuesta sobre Conductas de Riesgo en la Juventud (YRBS) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) incluyó una pregunta opcional en la que los estudiantes podrían expresar su identidad de género.

Diez estados (Colorado, Delaware, Hawaii, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Rhode Island, Vermont, Wisconsin) y nueve grandes distritos escolares urbanos (Boston, Condado de Broward, Cleveland, Detroit, Distrito de Columbia, Los Angeles, Ciudad de Nueva York, San Diego, San Francisco) acordaron incluir la pregunta en la encuesta de 2017.

Casi el 2 por ciento (1.8 por ciento) de los 131,901 estudiantes de secundaria encuestados se identificaron como transexuales y, entre estos estudiantes transexuales, el 34.6 por ciento informó haber intentado suicidarse el año pasado.

El mismo porcentaje (34.6 por ciento) reportó haber sido intimidado en la escuela.

General, Homofobia/ Transfobia. Amit Paley, Boston, Caitlin Clark, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Ciudad de Nueva York, Cleveland, Colorado, Condado de Broward, Delaware, Detroit, Distrito de Columbia, EE.UU., Encuesta sobre Conductas de Riesgo en la Juventud (YRBS), Estudiantes trans, GLSEN, Hawaii, Los Ángeles, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Personas trans, Proyecto Trevor, Rhode Island, San Diego, San Francisco, Suicidio, Vermont, Wisconsin