José Nicolás Ferrando es un ex agente de seguros que ha denunciado a la sucursal de Santa Lucía Seguros en la que trabajaba por acoso homofóbico y despido improcedente, que sido ahora víctima de una nueva agresión de carácter homófobo en su propio domicilio de Madrid.

José Nicolás Ferrando ha sufrido la xenofobia y la homofobia en el entorno laboral, motivo por el que ha denunciado a la agencia de Santa Lucía Seguros en la que trabajaba. El hecho de que en una nueva agresión homofóbica que sufre en la madrugada del lunes, 10 de octubre, al entrar en el portal del inmueble en el que reside, le gritaran «maricón de mierda, no vas a cobrar ni un duro», le hace pensar que no ha sido una víctima aleatoria, sino perfectamente escogida, aunque no se aventura a hacer conjeturas sobre su origen.

Ferrando trabajaba en la sucursal de Santa Lucía ubicada en la calle General Ricardos. Allí es víctima de vejaciones de carácter homofóbico y xenófobo hasta que le despiden. Una situación instigada y aplaudida por el director de la sucursal, Manuel Morales Lacal, que se refiere habitualmente al trabajador como «maricona», «la vedette de la compañía», «maricón de mierda», «sudaca» y «argentino de mierda», aunque no siempre cuando está presente. Unos hechos confirmados por otra ex trabajadora de la misma sucursal, lo que han llevado a suscitar la solidaridad del Movimiento contra la Intolerancia.

Tras su despido, presenta una demanda por acoso homofóbico, además de reclamar que se trata de un despido improcedente, a lo que Santa Lucía Seguros responde con una querella criminal contra él, donde le acusan de ser el autor de unas irregularidades que se habría estado produciendo con los clientes de la compañía. Como consecuencia la causa del despido quedaba aplazada, hasta febrero de 2017, entendiendo que la procedencia o no del despido de Nicolás Ferrando dependería de la resolución de una querella que, finalmente, es sobreseida al no encontrar siquiera indicios de su participación en unas irregularidades que habría destapado él mismo anteriormente ante las autoridades pertinentes. Recientemente, Ferrando publicaba el libro Homofobia Seguros, un mundo sin protección, en el que relata su experiencia.

Con respecto a la agresión sufrida a primeras horas de la madrugada del lunes de la semana pasada, Ferrando volvía a su domicilio del madrileño barrio de las Letras cuando un individuo que parecía estar esperándole dentro del portal, le asalta, golpeándole e hiriéndole en la cabeza para robarle el teléfono móvil y huir gritándole: «maricón de mierda, no vas a cobrar ni un duro». Lo extraño del episodio es que no se llevó su cartera ni el dinero en metálico que llevaba en ese momento. Sin embargo, Ferrando no considera que esta agresión esté necesariamente relacionada de alguna manera con la demanda a Santa Lucía Seguros, recordando que se han producido otras agresiones de idéntico carácter homofóbico recientemente en el centro de Madrid. Lo que no duda es que su agresor sí sabe a quien está agrediendo, a juzgar por lo que le grita.

Fuente Universogay

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La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli ha lamentado que el Gobierno del PP de Ignacio González no haya protegido a los trabajadores del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la región.

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Sociales celebrada hoy en el Parlamento regional, la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, lamentaba que el Gobierno del PP de Ignacio González no haya protegido a los trabajadores del Programa de Información y Atención a Homosexuales y Transexuales de la región en la subrogación de sus contratos en los que se refiere a sueldos y antigüedad, tal y como venía haciéndose desde el año 2007. Cuando el Programa pasó del Colectivo LGTB COGAM a depender de la Consejería de Asuntos Sociales, el Ejecutivo adquirió el compromiso de subrogación que, según ha denunciado la parlamentaria, en el año 2013 “traicionaron e incumplieron”. Antonelli preguntaba si va a repercutir en el salario de los trabajadores el aumento del 6% que la Comunidad ha destinado para este programa. De hecho, las diputadas socialistas Antonelli y Toledano tienen el compromiso del empresario adjudicatario quien les ha asegurado que si renueva el contrato subirá proporcionalmente el sueldo.

“El Subdirector General, sr. Alberto Díaz Arcones, nos explicó en la reunión mantenida en el Programa de Atención LGTB que el contrato había pasado de ser Administrativo Especial a uno de Servicios… lo que no nos dijo claro está, es que ninguna reforma de Ley de Contratos Administrativos del Estado obliga a hacer desaparecer la subrogación de los trabajadores; ni que tampoco en el 2012 la licitación quedó desierta y ustedes crearon un contrato a la medida del empresario haciendo desaparecer del pliego de condiciones administrativas la obligación de la subrogación de los trabajadores, donde la nueva empresa que no el empresario, que sigue siendo el mismo, le dice a los trabajadores que no tiene la obligación de contratarlos pero que si renuncian todos a la antigüedad presente y futura, además de una rebaja del 5€ de su sueldo si los contratará, cosa que ellos hacen acuciados por la necesidad y para no verse en la calle y en el paro” ha manifestado.

Es por ello que Antonelli ha recordado que según lo establecido en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores la nueva sociedad está obligada por imperativo legal a subrogarse en todas las contrataciones laborales, ya que de no hacerlo así puede ser considerado fraude de ley, sobre todo en lo que se refiere a que los trabajadores renuncien a derechos para poder seguir trabajando y en especial su antigüedad.

“Por lo que parece mentira que la Comunidad de Madrid haya sido propiciatoria y cómplice necesaria de esta situación; pero que vergüenza, la Joya de la Corona y de la que ustedes presumen tanto, al final dejan que se exploten a sus trabajadores, sí ,que se exploten a sus trabajadores, ¿pero sabe usted por qué?. Porque en realidad les importa bien poco el Programa y la defensa de los derechos del Colectivo LGTB, sólo lo utilizan como pantalla para justificar la Homofobia y la Transfobia de la propia Comunidad de Madrid cuando votan en contra la Ley Integral de Transexualidad o la PNL contra la LGTBfobia en las escuelas”

A lo que también le recordó a la señora Pérez Anchuela, Directora de Servicios Sociales “Sabe usted por qué el Programa de Atención ha tenido 5000 actuaciones este año y más de 62.000 desde su creación, precisamente por la falta de políticas de prevención para combatir la LGTBfobia en la Comunidad de Madrid, de las que ustedes han sido participes al votar una y otra vez en contra de cualquier iniciativa que se trae a esta Asamblea. Así que piénselo usted dos veces antes de repetir como un bucle la intervenciones que ha tenido el Programa LGTB porque solo demuestra la inexistencia de las políticas de prevención del Partido Popular en Madrid para combatir la LGTBfobia, y de ahí el aumento año tras año de las agresiones a Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales en Madrid, pero ustedes son perfectamente conscientes de todo esto y de ahí que no haya ni rastro de los casos de agresiones violentas en las memorias publicas del Programa LGTB, y que son más de un 5% de los que llegan a este Servicio, porque si no se evidenciaría vuestra total incompetencia en esta materia” ha criticado para concluir.

Os adjuntamos el documento gráfico con la intervención de la diputada Carla Antonelli:

General, Homofobia/ Transfobia. Alberto Díaz Arcones, Carmen Pérez Anchuela, COGAM, Estatuto de los Trabajadores, Ignacio González, Madrid, PP, PSOE, Trabajadores

EL JUZGADO DE LO SOCIAL PIDE LA INTERVENCIÓN DEL FISCAL

PERICO ECHEVARRÍA

“Maricón de mierda” y “vedette” fueron algunos de los insultos que soportó José Nicolás Ferrando, uno de los comerciales más destacados de la compañía Santalucía Seguros, además de que públicamente “se le imitara en su forma de caminar”. La aseguradora fue aún más lejos: llamó a sus clientes preguntándoles si habían tenido relaciones sexuales con el trabajador como paso previo a la contratación de las pólizas de seguros y como pago por tal suscripción, según consta en la denuncia de los hechos.

Demanda contra Santalucía Seguros por acoso a uno de sus comerciales más destacados por “maricón de mierda” y “vedette”. El pasado 23 de Junio, se registró en los Juzgados de lo Social una Demanda -que obra en poder de esta redacción- en la que un trabajador de Santalucía Seguros denuncia a la compañía por acoso laboral y discriminación por orientación sexual. José Nicolás Ferrando, el trabajador que sufrió esta vulneración de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, ha detallado a Diario Progresista las continuas amenazas de las que fue objeto por parte de sus superiores directos y la “caza de brujas” a la que fue sometido por ser homosexual, que, según consta en la demanda, fue consentida y tolerada por los máximos directivos de la compañía en Madrid.

Santalucía Seguros habría menoscabado así el derecho a la intimidad reconocido por el Estatuto de los Trabajadores, haciendo, además, un uso ilegal de los datos que regula la Ley de Protección de Datos. Cabe destacar que la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como infracción muy grave “los actos del empresario que fueren contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”, contemplando multas por estos hechos de hasta los 187.515 €.

“GRAVES IRREGULARIDADES” PARA LOGRAR OBJETIVOS INALCANZABLES

José Nicolás Ferrando fue uno de los comerciales más destacados de la compañía en el año 2013 y recibió sendos premios internos por parte de Santalucía Seguros, siempre bajo la supervisión de su jefe directo, el director de la sucursal donde trabajaba, Manuel Morales Lacal, que, según relata Ferrando, fue trasladado a Fuenlabrada como consecuencia de la denuncia, “pero sigue estando protegido por la empresa”. En su escrito al juzgado, Ferrando describe el acoso laboral sufrido por parte de Morales Lacal, quien le exigía un objetivo de hasta 20 pólizas semanales -un objetivo sumamente alto según fuentes consultadas por este periódico- y que se hicieran “como sea”, con lo cual “se incurrió en una serie de irregularidades” que han sido notificadas a la Dirección General de Seguros por atentar contra las buenas practicas que rigen sobre este sector.

“Con el argumento de que había muchas bajas, el Sr. Morales ordenó que se hicieran pólizas como sea y en muchos casos se perjudicaba al cliente de manera deliberada” señala José Nicolás Ferrando, que sufrió un severo cuadro de ansiedad debido a esta situación, como lo evidencian los informes médicos que nos aporta.

EL JUZGADO DE LO SOCIAL PIDE LA INTERVENCIÓN DEL FISCAL

El juicio se celebrará el 12 de marzo de 2015 y el Juzgado de lo Social, con buen criterio y en cumplimiento del artículo 177.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ha citado al Ministerio Fiscal puesto que el acoso y la discriminación por orientación sexual sufrida por el trabajador pueden ser objeto de conductas delictivas que exceden la competencia del Juzgado, que solo juzgará sobre la procedencia del despido y las cantidades adeudadas, pero que no se pronunciará sobre aspectos penales y administrativos que pudieran derivarse, puesto que la homofobia es un delito aunque no tiene un régimen sancionador claro.

“Actualmente en España hay leyes avanzadas para que se condenen legalmente estas conductas pero se carece de mecanismos para evitar que se produzcan, y en esto creo que deben trabajar las asociaciones de defensa de los derechos de las minorías sexuales”, afirma Ferrando, quien ha solicitado ayuda a varias entidades que le están asesorando y se personarán de forma particular en un eventual proceso penal.

Diario Progresista se ha puesto en contacto con Santalucía Seguros para conocer la versión de la compañía sobre los hechos denunciados, aunque a la hora de publicar esta información aún no había contestado al requerimiento de esta redacción. “Sorprendentemente”, según afirma Ferrando, la aseguradora se ha negado a llegar a acuerdo alguno con el trabajador en el SMAC (el servicio de mediación previo a la instancia judicial) pese a que él mismo manifestó su predisposición a alcanzarlo. “La verdad que este tema me hace mucho daño y quería en un principio llegar a un acuerdo y olvidarme”, reconoce el denunciante, pero a medida de que se han precipitado los acontecimientos cree que se debe llegar hasta el final. “Un pacto prejudicial dejaría impune el delito cometido y consentido por Santalucía y creo que debo pelear para que ningún trabajador vuelva a ser acosado y discriminado por esta compañía. Por eso creo que no hay vuelta atrás. Es una cuestión de honor y de compromiso con el colectivo del que formo parte y del cual me siento profundamente orgulloso”, señala con vehemencia Ferrando, que desea que la Justicia repare pronto la discriminación de la que fue objeto.

Fuente Diario Progresista

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