La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

SAN SALVADOR, El Salvador. Esteban M (nombre de la víctima modificado para resguardar su integridad) es un hombre transexual de 27 años. La tarde del jueves 21 de abril la policía lo obligó a descender del autobús para una revisión rutinaria en el marco del régimen de excepción.

El Congreso salvadoreño, controlado por el presidente Nayib Bukele, aprobó la madrugada del 27 de marzo un régimen de excepción durante treinta días en todo el territorio del país centroamericano que se extendió a partir del 25 de abril, por 30 días más.

El objetivo es contener una inusitada alza de asesinatos provocados por las violentas pandillas Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18. La situación puso en entredicho la efectividad del Plan Control Territorial del gobierno.

Del 26 al 28 de marzo fueron asesinadas 87 personas. En un sólo día se registraron 62 crímenes, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 27 días la policía y militares han detenido a más de 15.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso

Esteban es activista y defensor de derechos humanos, pertenece a la organización Cultura Trans. El día de su detención se dirigía a una reunión con la organización Amnistía Internacional pero no se presentó.

El colectivo Cultura Trans trabaja desde 2017 en incidencia de políticas públicas y en la formulación de protocolos de atención a población LGBTI.

El activista salió de su casa a las 13 a reunirse con Liam Fernando Linares (coordinador de Cultura Trans) para ir juntos al sitio de la organización internacional. Al ver que su amigo tardaba en acudir a la cita, Linares le llamó sin obtener respuesta. Recién a las 14.24, Esteban respondió para informar que había sido detenido. Ese fue su último mensaje.

Esteban relató que policías ordenaron a varias personas a descender del autobús, pero centraron su atención específicamente en él por los tatuajes artísticos que tiene en su cuerpo. Cuestionaron por qué su nombre era diferente al documento de identidad personal.

El Salvador no cuenta con una ley de identidad de género. El 22 de febrero la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo parcial que reconoce el derecho de las personas trans de cambiar su nombre en los documentos de identidad acorde a su género autopercibido.

“Lo golpearon e hincaron, luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido”

Desde que inició el régimen de excepción la sede de la fuerza naval se ha convertido en una especie de centro de detención provisional mientras las personas detenidas son enviadas a los centros penales del país.

“En el actual contexto en el que se han suspendido garantías judiciales fundamentales, las personas LGBTI pudieran experimentar mayores violaciones a los derechos humanos. Incluidas detenciones arbitrarias en centros penitenciarios sin que se reconozca su identidad de género”, dijo a Presentes Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.

Esteban relató que fue humillado por el cuerpo de seguridad. Además de los golpes lo insultaron y lo encerraron junto a otras mujeres detenidas en el centro de detención provisional.

“Lo golpearon e hincaron. Luego le dijeron que se lo iban a llevar detenido. Hicieron que se quitara el binder que es la camisa compresora que usamos para que se nos vea el pecho plano. Hicieron que se desnudara para revisar si no tenía más tatuajes”, expresó Liam a Presentes.

El informe “Estudio de casos que evidencian la discriminación y violencia contra la población LGBTI en El Salvador” realizado por la organización Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – Comcavis Trans, señala que el 90 por ciento de las personas consultadas en la investigación ha sufrido discriminación por su orientación e identidad de género.

“Es importante enfatizar que las personas LGBTI han sufrido desproporcionadamente de altos niveles de violencia y discriminación en El Salvador. En el pasado hemos documentado cómo personas LGBTI tuvieron que huir del país por amenazas, hostigamiento y violencia, sin recibir protección del Estado”, señaló Erika.

Denuncias en redes

Las redes sociales son hoy el principal medio de denuncia de detenciones arbitrarias del gobierno. Después que la retención de Esteban se hizo pública fue liberado golpeado y atemorizado por la brutal experiencia que vivió.

El régimen de excepción suspende las garantías de tener un proceso justo y apegado a la ley. Las personas detenidas en este periodo no tienen derecho a un defensor y pueden permanecer encarceladas hasta seis meses, mientras duran las investigaciones fiscales.

Nayib Bukele de 40 años, acostumbra a tener una imagen desenfadada y moderna. Se autoproclama un “dictador de El Salvador”, “el emperador” o “el presidente más cool del mundo” y se apoya en las redes sociales para impulsar su agenda alejada de los señalamientos.

Con una retórica incendiaria, similar al estilo del expresidente estadounidense Donald Trump, se ha convertido en una especie de policía, investigador y juez. La presunción de inocencia es cosa obsoleta para el gobierno.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado de El Salvador a investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal. También pidió absoluto respeto a las garantías judiciales y adoptar una política de seguridad ciudadana integral que tenga como premisa la protección a los derechos humanos.

Durante el régimen de excepción han detenido a productores audiovisuales, defensoras de derechos humanos, empleados y personas adultas mayores. Organizaciones sociales denunciaron que cuatro detenidos han muerto después de recibir palizas de los policías y los pandilleros en la prisión.

En las primeras horas del 25 de abril, el congreso de El Salvador aprobó extender 30 días más el régimen de excepción en El Salvador.

Fuente Agencia Presentes