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El prefecto Octavio Romero fue brutalmente asesinado en 2011 pero la Justicia no lo investigó como crimen de odio. Hasta hoy está impune.

 El Estado argentino reconoció su responsabilidad por la falta de adecuación a los estándares internacionales en la investigación del crimen del prefecto Octavio Romero, ocurrido hace once años. Por primera vez en la historia de la Argentina y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pactó un acuerdo de solución amistosa en torno a un crimen de odio.

El acuerdo se firmó hoy en Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria, en la Ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia de Gabriel Gersbach, querellante y pareja en ese entonces de Romero. En el momento de su asesinato se estaban por casar. También estuvieron presentes Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos; Pedro Paradiso Sottile, presidente de la Fundación Igualdad; Celeste Fernández, directora adjunta de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); y Víctor Madrigal-Borloz, experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU.

«Esto deja un precedente para intentar que esto no se repita. Que no haya otro Octavio Romero, no haya más casos de discriminación. Esto abre puertas y calma un dolor de muchos años», dijo Gabriel en el acto, al que asistió vestido con prendas que eran de Octavio.

Por impulso de Gabriel y del activismo LGBT+, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tomó el caso en 2018.

«El Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales, especialmente la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+», afirma el acuerdo. También reconoce que «la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach, pareja y conviviente de Octavio Romero».

Los hostigamientos y el crimen de odio

A un año de sancionada la Ley de Ley de Matrimonio Igualitario (N° 26.618), Octavio y Gabriel iban a ser el primer matrimonio homosexual al interior de las Fuerzas Armadas. Para ello, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina, que entonces tenía 33 años, debió avisar a sus superiores sobre el casamiento ya que era una petición obligatoria en ese momento. Desde entonces comenzó a recibir hostigamientos en su ámbito laboral y siete meses antes de la boda desapareció.

“En doce años de relación nunca me había pasado, éramos culo y calzoncillo nosotros. Todo el tiempo mensajito, éramos muy amigos”, contó a Presentes Gabriel sobre el momento en que no obtenía noticias de su novio. Ante su ausencia hizo la denuncia en la Comisaría N° 15. Luego de declarar dos veces, se presentaron dos superiores de Octavio. Uno de ellos le ofreció su tarjeta y le dijo: “Cualquier cosa estoy a disposición”.

El 17 de junio de 2011, seis días después de su desaparición, un lanchero halló su cadáver en la costa del Río de la Plata y su intersección con la avenida San Martín, en la localidad bonaerense de Vicente López. Ese lugar se encontraba dentro de la jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina. Estaba desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre.

La causa judicial 

Las organizaciones LGBT+ reclaman que se trató de un crimen de odio y que la causa (N° 65761/11) estuvo “parada” durante muchos años. Luego de 11 años desde el crimen, el Poder Judicial no brindó avances en la investigación. La causa la llevó adelante Juzgado Nacional de 1ra. Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo entonces del juez Juan Ramos Padilla. Actualmente, la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires investiga el caso como “NN (‘no name’, es decir, autor desconocido) sobre homicidio”.

“La causa en el poder judicial nunca avanzó. No se tuvo en cuenta la perspectiva de diversidad y de derechos humanos ni que fue un crimen de odio. Por eso decidimos ir a la CIDH. El acceso a la justicia para la comunidad LGBT siempre es difícil”, dijo a Presentes el abogado y activista LGBT Pedro Paradiso Sottile. Desde la Fundación Igualdad -la cual preside- y junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) representan a Gabriel en el litigio.

Las pruebas y el periodismo

En 2015 ocurrió un hecho clave para la investigación del caso. Llegó al periodista Franco Torchia un informe que narraba en detalle la consecución de hechos que llevaron al crimen de Octavio. En sus páginas detallaba que el prefecto había sido secuestrado y torturado por un grupo de integrantes de la Prefectura Naval Nacional para evitar el matrimonio entre miembros de la fuerza. Además, que la operación estaba archivada en un disco rígido en el Edificio Guardacostas.

“Era un informe anónimo fuertísimo que detallaba muy pormenorizadamente qué le había pasado al cuerpo de Octavio y por qué lo habían asesinado como lo asesinaron. Rápidamente se lo di a Gabi para que se lo acercara a la fiscalía”, narró a Presentes Torchia. Desde hace años cubre el caso en su programa de radio “No se puede vivir del amor”. Sin embargo, aclaró que “significó lo mismo que nada”.

La Fiscalía y la querella solicitaron que se realizara un allanamiento con el objetivo de encontrar el disco rígido. Sin embargo, el Juez de la causa, Juan Ramos Padilla, denegó la solicitud por considerar que el informe “carecía de verosimilitud”. Ante esto se interpusieron dos recursos en contra de esta decisión, los cuales también fueron denegados. Finalmente, el 10 de noviembre de 2015 la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobó la solicitud. El allanamiento se hizo dos meses más tarde. No se encontró el dispositivo y para ese momento los superiores de Octavio habían sido removidos o estaban retirados.

Durante años el caso tuvo una mínima repercusión mediática. “Fue muy conocido en su momento: ni bien Octavio desaparece hasta que el cuerpo se encuentra asesinado en Costanera Norte. Luego con el paso de los meses desapareció de los medios, como suele pasar”, indicó Torchia.

El año pasado se cumplieron 10 años desde el crimen y los medios elaboraron distintos informes. “¿Cómo vi esos informes? Mal. Muy edulcorado, muy tratado desde la historia de amor, cobarde en muchos casos. Acá hay que hablar directamente de la impunidad del Estado”, agregó el periodista.

El recorrido en la justicia internacional

En 2012, Gersbach presentó el caso ante la CIDH y en el 2018 fue admitido. En ese momento, el organismo emitió un informe que indicó que el caso cumple con los requisitos para que la Comisión evalúe si la Argentina violó derechos humanos específicos. Desde 2021 hubo reuniones entre el Estado nacional y Gabriel Gersbach junto a sus representantes. Estos intercambios concluyeron en la firma del acuerdo de solución amistosa.

“Este momento nos parece increíble: tener el derecho a estar contentos, a sentir felicidad. Lo terrible que provoca la impunidad, el silencio cómplice, la falta de acceso a la justicia, es que dificulta la posibilidad de sentirse bien frente a un hecho que es histórico”, dijo Paradiso Sottile.

Además de reconocer la responsabilidad del Estado argentino en la falta de investigación sobre el caso, el acuerdo detalla una serie de compromisos. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está a cargo del monitoreo, control y seguimiento de los compromisos. Para ello, el Estado elaborará informes semestrales acerca del grado de cumplimiento de las medidas.

Los compromisos que asumió el Estado

– El Estado deberá difundir el acuerdo en el plazo máximo de 6 meses desde su publicación en el Boletín Oficial. Lo hará en las páginas web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). También en un diario de amplia circulación nacional.

– También se comprometió a brindar “todo el apoyo que pueda requerir la fiscalía interviniente en la investigación de los hechos relacionados con la muerte de Octavio Romero”.

– A través del canal educativo y cultural “Encuentro” se elaborará un especial documental. Será sobre la diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, en memoria y homenaje de Octavio. Quedará disponible en la plataforma Cont.ar y se distribuirá en escuelas.

– El Estado brindará apoyo para la realización de un mural en memoria del Romero.

Los ministerios

– El Ministerio de Seguridad de la Nación dictará el “Protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual y/o identidad de género, su expresión y característica sexual”. También impulsará una jornada anual de sensibilización destinada a cadetes y aspirantes que deseen ingresar a las fuerzas de seguridad federales. Se comprometió a trabajar en la incorporación de la perspectiva de género y diversidad sexual en la capacitación de docentes e instructores de los Centros de Entrenamiento Policial.

– El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación realizará acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas LGBTIQ+ en situación de violencia de género. Entre ellas, la ampliación de profesionales del Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género y del Programa Acercar Derechos. Además se comprometió a trabajar en la confección de lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– El Ministerio Público Fiscal, a través de la UFEM, llevará adelante un proceso de trabajo para la adaptación de su “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. El objetivo es incluir la perspectiva de diversidad y en los crímenes por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual, su expresión o identidad de género.

– Las partes acordaron constituir un tribunal arbitral ad-hoc que determine las reparaciones que le corresponden a Gabriel Gersbach “por los daños materiales e inmateriales sufridos por las violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente acuerdo”.

7 de septiembre de 2022

Agustina Ramos

Edición: Ana Fornaro

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Derechos Humanos, Estado, Franco Torchia, Fundación Igualdad, Gabriel Gersbach, Justicia, Octavio Romero, Pedro Paradiso Sottile, Reconocimiento

Por Vero Ferrari 

Veintidós personas fueron asesinadas en Perú entre enero de 2017 y diciembre de 2018 por su orientación sexual e identidad de género. Asimismo, 341 personas presentaron información de haber sido discriminadas por ser lesbianas, gays, trans y bisexuales en el mismo periodo de tiempo.

Las cifras son parte del Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, presentado en junio por este observatorio en colaboración con el Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social y el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad, Sida y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

De las 341 vulneraciones registradas a lo largo de 2017 y 2018, casi la tercera parte (108) fueron responsabilidad del Estado peruano. Los agentes del Estado implicados son el personal municipal de serenazgo, la Policía Nacional del Perú, el personal sanitario (médicos y enfermeras) de diversos centros hospitalarios, funcionarios ediles y funcionarios varios del Estado (Poder Judicial, Reniec, etc.).

Para Ho Amat y León, encargado del Observatorio de Derechos LGBT, “la media de asesinatos a personas LGTB ha sido de entre 10 a 12 estos dos años, pero hay que tener en cuenta que existe un subrregistro y se sabe que el 90% de estos casos no se denuncian, es decir, los familiares, por vergüenza, no manifiestan que estas personas han sido asesinadas por su orientación sexual e identidad de género. Esta invisibilización no permite tener la cifra exacta, entonces recurrimos a los medios, pero estos han asumido como premisa ‘respetar el buen nombre de la víctima’, entonces, por lo que resulta complejo saber el número exacto de crímenes de odio”.

En 2017, la población más vulnerada, según el registro de denuncias que se hicieron públicas, fue la gay con 67 casos reportados, le siguen 37 casos contra la población transfemenina, y 18 casos contra lesbianas. El 2018, la población gay presentó 70 casos de vulneración, la transfemenina, 48 casos, y la lésbica, 16.

Estas cifras chocan con una realidad en donde más del 95% de peruanxs no denuncia vulneraciones a sus derechos cuando son por razones de orientación sexual e identidad de género, según la data recogida por la Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI (de entre 18 y 29 años de edad), que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), entre mayo y agosto de 2017, de una población de 12,026 personas pertenecientes a estos grupos.

Crímenes de odio

El 2017 ocurrieron 5 asesinatos de hombres gays, 2 de mujeres trans y 1 de un hombre que era pareja de una mujer trans. El 2018 ocurrieron 14 asesinatos, 7 de personas trans y 7 de personas gays. Debido a que en el Perú no se ha legislado sobre los crímenes de odio, estos asesinatos, si llegan a ser investigados, pasan a ser procesados como homicidio doloso.

Está pendiente aún en el Congreso la derogación del Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba fortalecer la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género, promulgado en 2017. La bancada fujimorista se opuso a la posibilidad de agravar los delitos de homicidio cuando estos se produjeran bajo «móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural”, y buscaron eliminar la tipificación de «discriminación e incitación a la discriminación» como delito. Esto era un aporte de este decreto legislativo al Código Penal, que incluiría por primera vez la orientación sexual y a la identidad de género como causales de discriminación.

Amat y León señala que “las posibilidades de alcanzar normas que favorezcan a la población LGTBI obedecen más a contextos que a programas de organizaciones políticas, esto sumado al hecho de que no hay un movimiento fuerte y las constantes crisis del Estado genera que estas agendas terminen siendo relegadas al no ser consideradas como prioritarias, sino como problemas secundarios que no importa atender, al igual que pasa con las comunidades afroperuanas e indígenas, que también tienen proyectos estancados, por lo que el panorama no pinta nada bien a mediano plazo”.

Prensa y transfobia

El informe también hace un recorrido por la forma en que la prensa trata los temas de violencia contra las personas trans, en especial contra las mujeres. Se reproducen prejuicios, estereotipos y estigmas contra ellas, persistiendo en el sensacionalismo al reportar hechos de extrema violencia, no reconociendo su identidad de género, lo que contribuye a perpetuar su invisibilidad. También se omiten o se ocultan aspectos relacionados a la violencia que se desata contra estas poblaciones dificultando su comprensión como un problema social.

Por último, el informe hace un recuento de lo avanzado en el tratamiento de la noticia desde 1959 hasta la actualidad titulado “Nada ha cambiado”, por la persistencia de la violencia contra las poblaciones LGTBI. Allí se enfoca en dos casos emblemáticos, el transfeminicidio de Brenda Jazmín Caimata Benites, ocurrido en octubre de 2016 en la ciudad de Pucallpa, en la selva del Perú, a manos de su pareja, y de la forma en que se llevó un proceso judicial que tal vez deje en la impunidad su asesinato por la situación de pobreza en la que vive la familia de Brenda; y el asesinato del periodista José Yactayo, en febrero de 2017 en Lima, quien había sido declarado desaparecido tres días antes. Yactayo era reconocido en los medios de comunicación y su asesinato fue resentido por diversos periodistas debido a la violencia con que se produjo, él fue dopado, ahorcado y descuartizado, siendo su cuerpo repartido por varios lugares de Lima. Sus asesinos están hoy en prisión.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Brenda Jazmín Caimata Benites, Centro de Investigación Interdisciplinaria en Sexualidad Sida y Sociedad, Crímenes de Odio, Estado, Ho Amat y León, Homofobia/Transfobia, Informe Anual del Observatorio de Derechos LGBT 2017-2018, Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), Perú, Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI, Proyecto Únicxs – Personas Trans por Inclusión Social, Universidad Peruana Cayetano Heredia

(Jesús Bastante/Agencias).- El Gobierno está dispuesto a trabajar sobre “cualquier reforma” de la Ley de Libertad Religiosa, vigente en España desde 1980. En su respuesta a una pregunta de Unidos Podemos en el Senado, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, calificó la norma de “modelo” para muchos países de Europa y Latinoamérica.

En el trasfondo del debate, la necesidad de acabar con la “confesionalidad encubierta” del Estado, tal y como han denunciado en infinidad de ocasiones parlamentarios de todos signo. Sin embargo, dicha reforma, que en varias ocasiones estuvo a punto de consensuarse, sigue encerrada en un cajón. Y es que el fenómeno religioso en España continúa siendo centro de conflicto.

Funerales de Estado, presencia de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o corporaciones municipales en procesiones, condecoraciones a Vírgenes o patronos… son algunos de los temas a tratar, aunque el fondo de la cuestión estaría en la progresiva laicización del Estado, y en la igualdad de trato entre la confesión principal (la católica) y las minoritarias.

Así, Catalá resaltó que “cualquier reforma que ustedes consideren que es necesario llevar a cabo en nuestra Ley de Libertad Religiosa, que insisto es modelo para muchos países de nuestro entorno, nosotros estaremos encantados de trabajarla siempre desde esos principios: el articulo 16.3 y 9.2 de la Constitución, y del desarrollo de una Ley que ha dado un extraordinario aval a la puesta en marcha de una realidad sociológica de enorme riqueza cultural y religiosa en España como es la que tenemos en este momento”.

Catalá respondía de este modo al senador de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Joan Comorera, quien preguntó si el Gobierno garantiza adecuadamente la aconfesionalidad del Estado prevista en el artículo 16.3 de la Constitución, que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal.

El parlamentario morado ha denunciado casos como el hecho de que en la sede central del Ministerio de Defensa la bandera ondeara a media asta durante la Semana Santa, o que se haya condecorado a una cofradía “que poco aporta a la seguridad del Estado”.

Del mismo modo Comorera ha indicado que el presidente del Gobierno y varios de los ministros juraron el cargo “ante un crucifijo”, o que “en las prisiones también priman las religiones” cuando a la sociedad civil y a las ONG se les están “cerrando las puertas”. “Es llamativo que el número de programas religiosos sea mucho más elevado que el resto de programas”, apuntó.

El senador de Unidos Podemos, además, considera que los funerales de Estado “católicos” son otra de las “asignaturas pendientes”. En su opinión, estos hechos “ponen en entre dicho la aconfesionalidad del Estado”, que “a muchos les retrotrae a la etapa franquista”.

Por su parte, el ministro de Justicia considera que el Gobierno garantiza “adecuada y plenamente” la aconfesionalidad del Estado prevista en la Constitución, y ha señalado que, desde la llegada de la democracia, España ha ratificado “todos los convenios internacionales” que garantizan el derecho fundamental de conciencia, pensamiento y religión.

En este sentido, Catalá ha defendido que “nada” dice el ordenamiento jurídico respecto a qué elementos religiosos deben estar presentes en la toma de posesión de un alto cargo. “Es la decisión individual de la persona la que hace que pueda haber un crucifijo o no”, ha explicado, para agregar que se está ejerciendo el derecho de libertad religiosa. De esta forma, el ministro ha apuntado que prohibirlo sería violentando la neutralidad. “Hay que respetar la opción individual y personal de cada ciudadano”, ha enfatizado.

Además, ha puesto de relieve que otras confesiones religiosas han firmado acuerdos y convenios con el Estado y se benefician “por tanto de algún tipo de reconocimiento”. También ha destacado que existe una Comisión asesora de libertad religiosa que permite un “sincero” diálogo interconfesional que sirve para mantener la estabilidad y resolver controversias.

En concreto, Catalá se ha referido al caso de las cofradías y ha dicho que tienen una “labor social, de beneficencia y de atención a los más necesitados” por lo que, desde su punto de vista, merecen el reconocimiento público.

Del mismo modo, el ministro señaló que la libertad religiosa está “íntimamente” relacionada con los principios de la aconfesionalidad del Estado y ha asegurado que “ninguna confesión tiene carácter Estatal”, y que la aconfesionalidad está garantizada “al máximo nivel” por el ordenamiento jurídico.

No obstante, el ministro ha defendido que el hecho religioso está presente en la sociedad española. “Hay un porcentaje muy alto de ciudadanos que sí quieren ese sentimiento y es una obligación, un mandato a los poderes públicos crear y desarrollar políticas que permitan reconocer esas creencias y esos sentimientos en un contexto de aconfesionalidad, por su puesto”, ha zanjado.

Finalmente, Rafael Catalá ha abogado por “mejorar en la medida de lo posible” el marco jurídico, seguir trabajando con todas las confesiones religiosas y “hacer efectivo el respeto a la libertad religiosa que la Constitución consagra“.

Fuente Religión Digital

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Espiritualidad, General, Iglesia Católica Estado, Laicidad, Misa, Podemos, TVE

Leído en su blog:

El pasado 9 de junio, Fernando Giménez Berriocanal, gerente de la Conferencia Episcopal Española, presentó la memoria del último ejercicio económico de la Iglesia católica en el Estado español. Lo hizo como economista solvente y riguroso que es, pero desde la visión eclesial de la institución que representa. No hay economía ni memoria económica neutra, como no hay teología pura. Por eso me permito formular unas observaciones a su memoria económica desde mi perspectiva eclesial.

Las cifras presentadas son impresionantes, pero no es eso lo que me escandaliza. Son las que cabe esperar si se tiene en cuenta la historia religiosa y política de la Iglesia en este país, su inmenso patrimonio artístico y cultural, amén de su inagotable legado espiritual, imposible de traducir en términos económicos. Y su capacidad de reunir semanalmente hoy todavía a 10 millones de personas a celebrar la memoria de Jesús y compartir su pan. Y sus grandes privilegios heredados del pasado. Todo eso no se borra de un año para otro ni de un siglo para otro.

No quiero ser, pues, purista ni maximalista, pero tampoco mero observador acrítico. En la presentación del señor Giménez Berriocanal encuentro datos e interpretaciones que me parecen sesgadas y engañosas, por parciales. Las medias verdades pueden ser mentiras. A algunas de ellas me referiré.

En primer lugar, no me parece honesto contabilizar la actividad asistencial o caritativa de la Iglesia, por ejemplo Cáritas, como aportación económica de la Iglesia al Estado. ¿No será una forma de justificar la enorme aportación del Estado a la Iglesia y una coartada para seguir pidiendo más? Seamos rigurosos. Es verdad que la Iglesia católica realiza una inmensa labor social, muy a menudo de manera voluntaria y gratuita. Pero los obispos, si quieren ser sinceros, no deben ignorar u ocultar que buena parte de la gente, quizás incluso la mayoría de quienes colaboran con Cáritas y otras instituciones asistenciales, sea con sus donativos o sea con su trabajo, no son “gente de Iglesia” ni quieren que ésta les utilice como propaganda. Cáritas es sin duda lo mejor que tiene la Iglesia, y su gestión eclesial es seguramente muy eficaz y honrada, pero los obispos no debieran jactarse de ello en sus memorias económicas. El mérito de Cáritas no es de la institución eclesial, sino de la gente, creyente o no, que la sostiene; el mérito es de los ciudadanos/as que forman el Estado. ¿O creen los obispos que hay menos caridad y justicia social efectiva allí donde no existe Cáritas eclesiástica?

Tampoco me parece de recibo afirmar que los centros religiosos de enseñanza ahorran al Estado cerca de 3.000 millones de euros al año. La inmensa mayoría de esos centros están subvencionados por el Estado, y en cualquier caso son empresas económicamente viables, gracias a las matrículas que cobran o a los donativos que reciben. Puede ser que el coste por estudiante en los centros concertados sea muy inferior al de los centros públicos, pero supongo que ello se debe a una mejor gestión y, básicamente, a que su personal docente y no docente trabaja más y cobra menos. Lo mismo cabría decir de los centros hospitalarios. Insisto: la Iglesia no debe arrogarse el esfuerzo y la generosidad de la gente, sean o no gente de Iglesia.

Considero también una falacia sostener como sostuvo el gerente del Episcopado Español que las diferentes actividades de la Iglesia católica española “aportan al Estado” 32.000 millones de euros, el 3,1% del PIB español. Y me parece muy feo afirmar como afirmó que “cada euro que se invierte en la Iglesia rinde como 2,35 del mercado”. ¿Constituye ese dato un título de gloria para la Iglesia de Jesús? Nunca lo debiera haber dicho, y menos en los tiempos que corren, en un mundo ahogado por el Gran Mercado. Como no debiera haber defendido la abusiva exención del IBI de que gozan tantos templos cerrados, casas curales, garajes y huertas eclesiásticas sin utilidad social. Por no hablar de los numerosos bienes inmatriculados por los obispos gracias a una ley del Gobierno de Aznar difícilmente compatible con la Constitución, y del todo incompatible con el Evangelio.

¿Puede alguien imaginar a Jesús de Nazaret, el profeta subversivo, el carismático itinerante, el alegre comensal de gente social y religiosamente marginada, presentando la memoria económica del año tal como se hizo?

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El nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, Antonio Narváez Rodríguez, jura su cargo

Casa Real cambia el protocolo y ya no será obligatoria su presencia en Zarzuela

La institución argumenta que esta modificación quiere cumplir con la libertad religiosa según la Constitución

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Los Reyes de España han estado muy vinculados a la Iglesia, sin embargo la única referencia que apareció en la proclamación del nuevo monarca fue una pequeña cruz

JUAN RUBIO | Pese a ostentar en el largo listado de títulos, y además en primer lugar, el de Su Majestad Católica, Felipe VI no tuvo en su coronación ni simbología ni ceremonia religiosas. Solo una cruz se coló en el acto.

• EDITORIAL: Felipe VI, el rey de todos los españoles

La corona, que junto al cetro, lució en el estrado del Congreso de los Diputados, está rematada por una pequeña cruz, que aparece desde que en 1983 se adoptó oficialmente tanto el diseño de la corona como el del escudo,como símbolos del Estado.

No podía ser de otra manera. En la Constitución de 1978 se dice de forma explícita:

Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. (Artículo 16, apartado 3)

En virtud de este artículo, la cruz fue desapareciendo de los lugares oficiales, aunque, de vez en cuando, se remuevan las cosas y salten las anécdotas. En el despacho de quien fuera presidente del Congreso, el socialista José Bono, destacaba un gran crucifijo que no parecía gustar a muchos diputados.

En otra ocasión, con motivo de un acto cultural en la catedral-mezquita de Córdoba, el Cabildo, por recomendación de la Casa Real, tuvo que retirar una cruz del lugar en el que se iban a celebrar los actos. Dos caras de una moneda.

En medio, la repetida frase de Tierno Galván al tomar posesión de su despacho en la Alcaldía de Madrid, cuando, invitado a quitar el crucifijo, dijo:

La contemplación de un hombre justo que murió por los demás no molesta a nadie. Déjenlo donde está.

El título de Majestad Católica queda como reliquia histórica. Fue concedido por Alejandro VI, el papa Borgia, en 1496 a los Reyes Católicos por su cruzada contra el islam.

Hoy, la Casa Real, en su protocolo, ofrece esta versión:

Hizo referencia en su momento a la concreta adscripción religiosa del monarca y a su defensa de la fe católica, aunque también denotaba, según ciertas interpretaciones, una proyección de carácter ecuménico y universalista en un momento en el que, por primera vez en la historia del mundo, un poder político –en este caso la Monarquía Hispánica– alcanzaba una dimensión global con soberanía y presencia efectiva en todos los continentes –América, Europa, Asia, África y Oceanía– y en los principales mares y océanos –Atlántico, Pacífico, Índico y Mediterráneo–.

José Luis Sampedro, experto en temas nobiliarios, refiriéndose a la jura o promesa, dice:

Ya no hay súbditos, sino ciudadanos, por lo que el rey solo tiene que hacer un juramento que consta de dos partes: respeto a la Constitución y a las leyes, y respeto a los derechos de las comunidades autónomas (…). El juramento se hace ante Dios, la promesa ante la conciencia y el honor. Cualquiera de las dos son válidas.

Lo que sí parece cierto, más allá de la sobria ceremonia y de la lógica ausencia de símbolos en un Estado aconfesional, es que haya algún guiño a ese título. Por lo pronto, entre las primeras visitas de los nuevos reyes, ya se ha incorporado la que realizarán al papa Francisco en los primeros días de julio. No faltarán otros gestos de cara a los católicos.

Quienes consideran una afrenta esta ausencia de ceremonia religiosa, evocando la coronación de Juan Carlos I en 1975, han de saber que, cuando el entonces príncipe, sucesor con título de rey, según las leyes vigentes entonces, juró la Ley de Principios del Movimiento de 1958, que decía:

La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación.

Luego en 1975 es lo que correspondía hacer.

Eran otros tiempos

La Casa Real sondeó al entonces cardenal arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Vicente Enrique y Tarancón, sobre el formato de celebración religiosa que podría llevarse a cabo.

Ya habían hablado antes el príncipe y el cardenal con motivo del entierro de Franco, cuando un grupo de obispos intentó que al sepelio del caudillo acudiera el Episcopado en su totalidad. Se acordó que lo presidiera el cardenal primado de Toledo y unos pocos obispos, mientras que el presidente de la CEE se reservaría el acto de coronación del nuevo rey, también con pocos obispos.

El cardenal madrileño, administrador de sutilezas y equilibrios, no quiso ofrecer una imagen que pareciera la continuidad. Él mismo propuso un sencillo Te Deum, breve ceremonia de acción de gracias. Pero fue el príncipe quien, en una llamada telefónica, le pidió que se celebrara una misa solemne, y en la Iglesia de los Jerónimos.

El cardenal se puso esa misma noche manos a la obra y pidió ayuda al entonces director Vida Nueva, José Luis Martín Descalzo. Ambos sabían que se trataba de un texto histórico. Y lo fue [ver íntegro]

Hubo quienes creyeron advertir en el tono de la homilía del cardenal un aire de admonición que parecía propia de otros tiempos, diciendo que “el altar estaba dictando al trono lo que debía de hacer”. El cardenal tuvo que salir al frente de las acusaciones, no solo con la exquisitez y equilibrio del texto en sí, sino incluso contando cómo “se me olvidaron las gafas para leer de cerca y tuve que hacer un esfuerzo, retirando los folios y alzando la voz”.

Felipe VI, ¿Su Majestad Católica? [íntegro solo suscriptores]

En el nº 2899 de Vida Nueva

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