Una mujer trans que fue esterilizada en Chequia ha elogiado la decisión de un tribunal superior que dictaminó que la esterilización forzosa es ilegal.

Los ciudadanos transexuales checos que quieren cambiar su género legal están obligados a esterilizarse y a someterse a cirugía de reafirmación de género en virtud de códigos civiles que datan de al menos 2012.

Sin embargo, tras la decisión del Tribunal Constitucional de la República Checa a principios de este mes, que consideró la ley una “violación de la dignidad humana“, se va a cambiar el requisito en favor de un diagnóstico médico.

El cambio ha sido acogido con satisfacción por grupos de derechos humanos, activistas y miembros de la comunidad trans, incluidos los que ya se han visto obligados a someterse a la invasiva cirugía.

Alexandra Tomanová, una mujer trans que vive en la República Checa conocida como la República Checa en Gran Bretaña, contó a PinkNews su terrible experiencia tras ser esterilizada en 2022 cuando quiso cambiar legalmente su marcador de género.

“Me desperté una tarde, 10 días después de la operación, en un charco de sangre, en un charco de pus, y todo fue para poder cambiar una letra de mi DNI“, cuenta.

A sus 22 años, “no veía realmente ninguna razón” para someterse a la intervención, pero se sintió obligada a hacerlo para poder vivir como ella misma en el país de Europa Central y Oriental.

Dos años después, dice: “Para ser sincera, estaba muy asustada. Te pueden pasar muchas cosas. Mucha gente… habla de que fue mi elección y sí, la elegí, pero en realidad no fue una elección para mí porque era eso o no vivir”.

Tomanová afirmó que la decisión de derogar la ley es “extremadamente útil” para la comunidad trans. “Todas estas personas tendrán otra opción y les resultará mucho más sencillo. Me da rabia que haya tardado tanto”.

La red de defensa de los transexuales Transgender Europe señala que Letonia, Rumanía, Chipre y Eslovaquia siguen siendo los únicos Estados miembros de la UE en los que la esterilización para permitir un cambio en los marcadores de género es habitual.

El proceso de esterilización quirúrgica es complejo e implica una histerectomía para los hombres transexuales y la extirpación de los testículos de las mujeres transexuales. Las complicaciones e infecciones, como coágulos de sangre, inflamaciones y hemorragias, son frecuentes tras la intervención.

Tomanová estuvo dos meses en cama debido a una infección: “Fue el mayor dolor que he experimentado en toda mi vida. Fue una locura, para ser sincera, y sólo puedo dar las gracias a mi familia por cuidar de mí”, dice. “Me alegraba si podía ir a orinar, si podía ir al baño. Me alegraba si podía lavarme los dientes. Cosas humanas básicas“.

Aunque está de acuerdo en que nadie debería verse obligado a someterse a una esterilización forzosa por el mero hecho de indicar su sexo en los documentos legales, no se arrepiente de haberse sometido a la operación. “Tengo una filosofía de vida sencilla: No me retracto de las cosas. Todo me ha hecho llegar hasta aquí por alguna razón”, explica.

El Tribunal Constitucional ha dado de plazo hasta 2025 para que el gobierno modifique la ley tras la sentencia judicial de 13-2.

Además de pedir que se derogue la ley, los expertos advirtieron de que las listas de espera para la operación eran cada vez más largas. Viktor Heumann, cofundador del grupo checo de defensa de los derechos Transparent, declaró que, por lo general, solo se atiende a 300 personas al año.

“No todas las personas trans quieren o pueden someterse a una intervención quirúrgica irreversible sólo para cambiar un marcador de género“, añadió, “hay muchas cosas que enmendar o remediar. Hace muy poco tuvimos una votación en el Parlamento sobre el matrimonio igualitario que no salió adelante. La modificación de los derechos de adopción fue una gran decepción. Estamos dando pasos muy pequeños hacia la igualdad. Sin embargo, nos alegramos de estos avances porque, por ejemplo, en Eslovaquia y los países vecinos hay retrocesos.“

Fuente PinkNews

General, Homofobia/ Transfobia. Alexandra Tomanová, Chipre, Eslovaquia, Esterilización, Letonia, Personas LGTBIQ, Personas trans, República Checa, Rumanía, Transgender Europe, Transparent, Viktor Heumann

De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

• El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
• En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
• El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
• El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

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Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Asesinatos, Azerbaiyán, Bangladés, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Delitos de Odio, Día Internacional de la Memoria Trans., Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irak, Italia, LGTBIfobia, México, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Personas trans, Perú, Puerto Rico, Racismo, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Violencia LGTBIfoba, Xenofobia

ILGA-Europe publica su índice anual en el que reconoce la autodeterminación de género, las prohibición de las terapias de aversión y la mutilación genital de menores intersex que recoge la ley trans

La ley trans eleva a España al cuarto puesto del ranking de países con más derechos LGTBI

La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado en la elaboración de este informe

ILGA Europa ha publicado sus acostumbrados mapa interactivo y clasificación de los países del continente europeo y Asia central correspondientes al año 2022, en los que se refleja el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI en los distintos países. De nuevo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. España es el país que experimenta un mayor ascenso en la clasificación, debido a la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI iniciada el año pasado, alcanzando el cuarto lugar. Suben también los otros países que han legislado a favor de la autodeterminación de la identidad de género o la identidad corporal intersexual. 

España, que llegó a ocupar en 2011 el segundo puesto de este mapa, que elabora cada año ILGA-Europe, había ido perdiendo posiciones en los últimos años. Tras una exhaustiva clasificación de 49 países, en base a sus respectivas legislaciones en materia LGTBI, la organización reconoce a nuestro país (con un 74% de los puntos) como uno de los que han experimentado “el mayor salto en las puntuaciones”, junto a Islandia, Finlandia, Moldavia, Suiza y Croacia. Como puede verse en el mapa, el podio lo ocupan Malta (89), que repite en primera posición; Bélgica (76%), que ha incluido la identidad de género y las características sexuales como agravantes en su código penal; y Dinamarca (76%), gracias a un nuevo plan de igualdad.

ILGA Europa publicó el pasado mes de febrero su informe anual sobre los derechos humanos de la población LGTBI del continente europeo y Asia Central en el año 2022, en el que concluía que había sido el año más violento para las personas LGTBI en toda la región en la última década, tanto por los ataques feroces y planificados como por los suicidios causados por los discursos de odio crecientes y generalizados por parte de políticos, líderes religiosos, organizaciones de derechas y expertos de los medios de comunicación 

España asciende siete puestos y ocupa la cuarta posición en el ránking de países más respetuosos con los derechos LGTBI+ elaborado por la entidad de derechos humanos ILGA Europa. Según esta entidad internacional, la reciente aprobación de la Ley Trans y LGTBI+, que reconoce la autodeterminación de género para las personas trans, entre otras medidas contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género, ha hecho que España suba siete puestos con respecto a su posición anterior en este índice internacional.

Se trata del Índice Arco iris que elabora anualmente la principal organización europea de defensa de los derechos de las personas LGBTI+, ILGA Europa, y analiza la situación legal y política de las personas LGBTI+ en 49 países.

Según esta entidad, “aunque el discurso público es cada vez más polarizado y violento, en particular contra las personas trans, la determinación política de promover los derechos de las personas LGBTI+ está dando sus frutos”. “Los mayores avances en el mapa corresponden a los países que introdujeron el reconocimiento legal de género siguiendo un modelo de autodeterminación”, describen a través de su informe.

“España vuelva a situarse a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+”

Por su parte, Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal LGTBI+, organización que ha colaborado en la elaboración de este informe, ha celebrado este ascenso, “fruto del trabajo de incidencia del asociacionismo LGTBI+ con el apoyo de la sociedad civil.” y ha aplaudido que España vuelva a situarse “a la vanguardia internacional de los derechos LGTBI+ como ya sucedió con la aprobación del matrimonio igualitario, cuando España ocupó el segundo puesto en el ránking”.

“Nuestra posición de liderazgo en materia de derechos LGTBI+ debe de ser un motivo de celebración y de orgullo, pero no nos puede hacer caer en la autocomplacencia. Desde la Federación Estatal LGTBI+ trabajaremos para garantizar que los derechos logrados se apliquen en todo el territorio nacional, instando a las autoridades competentes a que destinen recursos específicos. También para frenar el discurso de odio, cada vez más presente en la esfera pública, que legitima la violencia en las calles. Solo de esta manera podremos seguir avanzando.”, manifiesta.

Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo

Por encima de España, Malta encabeza este índice por octavo año consecutivo. Asimismo, Bélgica ha ascendido hasta el segundo puesto, con una subida de cuatro puntos con respecto a su posición anterior, gracias a la inclusión de la identidad de género y las características sexuales como factores agravantes en el código penal del país. Dinamarca ocupa el tercer lugar, con una subida de dos puntos debida a su nuevo plan de acción para la igualdad, que incluye medidas específicas sobre orientación sexual e identidad de género.

Además, otros países, como Islandia o Moldavia, que ha incluido la identidad de género y las características sexuales en su legislación contra la discriminación y/o los delitos de odio también han tenido un ascenso significativo en la tabla, al igual que España.

NOTA. Mapa de ILGA-FELGTBI+

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Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente en el año pasado. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Continuando con el criterio establecido el año pasado, las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 23 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 17,5 %, los crímenes y discursos de odio el 19 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 17,5 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 9 %, el asilo un 9 % y la integridad corporal intersexual el 5 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa. 

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados: 

(Pincha en las imágenes para agrandarlas)

La clasificación de los países europeos 

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente: 

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo): 

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.Con un 89,29 % de consecución de objetivos, se sitúa muy por encima del resto de países. 

Como comentábamos anteriormente, el mayor ascenso en la clasificación de este año es el de España, que el año anterior había descendido hasta la undécima posición debido a su inmovilismo legislativo. La aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI del pasado mes de diciembre por el Congreso de los Diputados, si bien solo era una primera lectura, ha sido la causante de la subida. La aprobación de la autodeterminación de género en Finlandia y el respeto legislativo a la integridad corporal intersexual en Grecia también han hecho que ambos países experimenten un estimable ascenso. A su vez, Moldavia ha modificado su ley de igualdad y su código penal para incluir la orientación sexual y la identidad de género, lo que la ha hecho ascender 14 posiciones. 

Bielorrusia, Rusia, Armenia, Turquía y Azerbaiyán cierran la clasificación, no solo por falta de políticas de protección de la población LGTBI, sino por legislaciones y actuaciones gubernamentales específicamente LGTBIfobas. 

La situación en España 

Si en los años 2020 y 2021 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI, el 2022 ha sido completamente diferente. La aprobación en primera lectura de la tan esperada Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI (Ley 4/2003) ha causado que el porcentaje de consecución de objetivos haya pasado de un exiguo 61,79 % hasta un 74,10 %. Así, España sube de la undécima posición hasta la cuarta, regresando a su habitual posición entre los diez primeros países de la clasificación. 

ILGA Europa destaca que con la Ley 4/2003 España ha regulado el reconocimiento legal del género basado en la autodeterminación, ha prohibido las mutilaciones genitales en menores intersexuales, ha prohibido también las llamadas prácticas de «conversión» y ha proscrito la discriminación basada en la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales. 

En el informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGTBI publicado hace unos meses, ILGA Europa destacaba respecto a España el incremento sostenido de la retórica de odio contra las personas trans. Señalaba como dato significativo el hecho de que en la celebración del 8 de mayo por el Día de la Mujer hubo dos manifestaciones separadas en más de 20 ciudades, dada la no aceptación de la autodeterminación de género por parte de un sector del movimiento feminista. 

También destacaba la comunicación del Ministerio del Interior de un incremento del 68 % en el año 2021 de los delitos de odio basados en la orientación sexual e identidad de género. 

En esta ocasión, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español: 

• Incluir específicamente la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales en las políticas diseñadas para abordar los delitos de odio y la incitación al odio. 
• Actualizar el marco legal de reconocimiento de género existente para que incluya una opción no binaria o de tercer género, y garantizar que sea accesible sin restricciones de edad. 
• Introducir leyes sobre asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales. 

Clasificación en años anteriores 

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Este año vuelve a situarse en esa posición a considerable distancia de los demás. España ha ascendido hasta el cuarto puesto por la aprobación de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Esperemos que este importante avance legislativo en el respeto a los derechos LGTBI no solo se consolide sino que se amplíe. 

 Fuente FELGTBI+/Dosmanzanas

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Nosotros no estamos tan esperanzados como El autor de este artículo. Aunque es un paso importante la aceptación de las uniones civiles, si bien muy devaluadas al comparar  una pareja homosexual con dos viudas que necesitan protección, no podemos aceptar que se nos niegue el derecho al matrimonio sacramental. No somos fieles de segunda, a ver si se entera…

El Papa Francisco ha reiterado su apoyo a las uniones civiles entre personas del mismo sexo en términos muy claros. Lo hizo pocos días después de asistir a una proyección del controvertido documental del año pasado en el que parecía dar a conocer ese apoyo también.

Hablando con los periodistas en su vuelo de regreso de una visita papal a Eslovaquia y Hungría, se le preguntó al Papa Francisco sobre sus referencias a la familia durante el viaje a la luz de una resolución actual del Parlamento Europeo en apoyo de la igualdad en el matrimonio, informó Crux sobre cómo Francisco respondió a la pregunta:

“El Papa dijo que la Iglesia Católica ‘no tiene el poder de cambiar un sacramento como fue instituido por el Señor’, pero apoyó las leyes civiles que tratan de ayudar a ‘aquellos que tienen una orientación sexual diversa’, porque ‘es importante para ayudar a estas personas, pero sin dar algo que, por su naturaleza, la Iglesia no puede dar ”.

“‘ Pero si una pareja homosexual quiere llevar una vida en común, el Estado tiene la posibilidad de darles seguridad, estabilidad, herencia; y no solo a los homosexuales sino a todas las personas que quieran asociarse. Pero el matrimonio es un matrimonio “.

“‘ Esto no significa que tengan que ser condenados; No, por favor, son nuestros hermanos y hermanas “, continuó Francisco. Pero el matrimonio es un sacramento y, como tal, no. Esto está claro. Pero una ley civil que ayuda también, por ejemplo, a dos viudas que quieren asociarse para que la ley civil las proteja, eso está bien ‘“.

“El sacramento del matrimonio, insistió, es entre un hombre y una mujer, y ‘a veces lo que digo siembra confusión, porque todos somos iguales. El Señor es bueno y quiere que todos seamos salvos, pero, por favor, no hagas que la Iglesia niegue la verdad ‘”.

En noticias relacionadas, la semana pasada Francisco asistió a una proyección en el Vaticano del documental Francesco. Esta película, lanzada en octubre pasado, fue noticia después de que aparentemente mostraba al Papa apoyando las uniones civiles. Los lectores de Bondings 2.0 recordarán que hubo mucho debate sobre cómo se editó la película, la forma en que respondieron los funcionarios del Vaticano y si Francisco realmente apoyó las uniones civiles. Ahora, según Crux, la asistencia del Papa a la proyección oficial con aproximadamente 100 personas, incluidos muchos migrantes y algunos refugiados recientes de Afganistán, parece “darle a la película su sello de aprobación”.

En conjunto, estos desarrollos demuestran que ahora está indiscutiblemente claro que el Papa Francisco apoya las uniones civiles para parejas del mismo sexo. Los defensores de LGBTQ pueden celebrar con entusiasmo este desarrollo positivo en las uniones civiles que antes de este Papa actual hubiera parecido inimaginable, incluso si sus palabras sobre el matrimonio refuerzan que todavía hay trabajo por hacer. Pero para una iglesia que se mueve no en décadas, sino en siglos, le tomó solo dieciocho años pasar de condenar duramente las uniones civiles en 2003 a un claro apoyo papal para las protecciones legales de parejas del mismo sexo en 2021.

—Robert Shine, New Ways Ministry, 16 de septiembre de 2021

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Añadimos lo recogido en Religión Digital:

“Usted habló con la comunidad húngara, ayer con los jóvenes. Desde Estrasburgo, el Parlamento Europeo pide que los estados reconozcan el matrimonio homosexual”

Fui claro sobre este tema, el matrimonio es un sacramento. Matrimonio. La Iglesia no tiene el poder de cambiar el sacramento así como el Señor lo ha instituido. Estas son leyes que buscan ayudar la situación de tanta gente con una orientación sexual diversa, es importante que se ayuda a esta gente, pero sin dar algo que, por su naturaleza, la Iglesia no da. Pero si una pareja homosexual quiere llevar una vida juntos, los estados tienen las posibilidades de darles seguridad, estabilidad, herencia, no solo para los homosexuales sino para todas las personas que quieran asociarse. Pero matrimonio es matrimonio. Esto no quiere decir condenarlas, no, por favor, son hermanos y hermanas nuestras. El matrimonio como sacramento no, es claro, Pero que haya una ley civil, por ejemplo, entre viudas que quieran asociarse para que la ley civil las proteja, bien.

Las parejas homosexuales puedan usar estas leyes, sí, pero el matrimonio como sacramento es hombre y mujer. A veces con lo que digo se crean confusiones, somos todos iguales, el Señor es bueno, quiere que todos nos salvemos, pero por favor, no hagan que la iglesia reniegue de su verdad.

Las parejas homosexuales puedan usar estas leyes, sí, pero el matrimonio como sacramento es hombre y mujer. A veces con lo que digo se crean confusiones, somos todos iguales, el Señor es bueno, quiere que todos nos salvemos, pero por favor, no hagan que la iglesia reniegue de su verdad.

Tantas personas de matrimonio homosexual se acercan al sacramento de la penitencia, a pedir consejo a los sacerdotes y la Iglesia los ayuda a ir adelante, pero el sacramento es el sacramento.”

Fuente New Ways Ministry/ Religión Digital

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Eslovaquia, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Matrimonio, Papa Francisco, Uniones Civiles

Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
• Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
• Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Europa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBIfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Menores, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Personas trans, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transexualidad, Turquía, Ucrania

Aunque algo habíamos adelantado ya el pasado sábado con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, ampliamos el informe con este post de Dosmanzanas:

Después de que el pasado mes de febrero emitiese su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo, ILGA Europa ha dado a conocer la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Malta vuelve a encabezar la clasificación con holgura, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Como el año anterior, ILGA Europa advierte de que se están experimentando retrocesos legislativos en algunos países respecto a los derechos de las personas LGTBI. También se están propagando los discursos de odio por parte de los movimientos populistas, que ponen en riesgo a quienes defienden los derechos civiles, sin que las autoridades políticas estén tomando medidas al respecto. España asciende hasta la sexta posición, a pesar del inmovilismo legislativo de los últimos años, debido a la sentencia que ha declarado inconstitucional la discriminación de los menores trans en cuanto al reconocimiento de su identidad de género. ILGA Europa sigue recomendando la aprobación definitiva de la ley de igualdad de las personas LGTBI, la reforma de la ley de identidad de género que incluya la despatologización y la prohibición a nivel nacional de las terapias de reconversión de la orientación sexual.

Por primera vez, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, advertía del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de personas de relevancia social y política, debido al auge de los partidos de extrema derecha populista en números países. También informaba de que se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario.

La mayor caída en la clasificación la experimenta Hungría, que pierde 8,46 puntos debido a la suspensión de los procedimientos para el reconocimiento de la identidad de género, y a la falta de protección adecuada por parte del Gobierno en los eventos públicos. También descienden Francia y Finlandia, ya que las iniciativas gubernamentales en cuanto a la ampliación de derechos no han logrado entrar en vigor.

Ascienden Holanda, Montenegro y Macedonia del Norte debido a la implementación de reformas para impedir la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. España también asciende hasta la sexta posición, tras el dictamen del Tribunal Constitucional respecto a la identidad de género de los menores trans.

Según los datos recopilados por ILGA Europa, no ha habido ningún avance legislativo en el 49,9 % de los países europeos.

La pérdida de derechos o el aplazamiento de las reformas destinadas a su reconocimiento son una gran preocupación para ILGA Europa. Su directora ejecutiva, Evelyne Paradis, declaraba que «este es un momento crítico para la igualdad LGBTI en Europa. Con cada año que pasa, más y más países, incluidos aquellos que defienden la igualdad LGBTI, continúan rezagados en sus compromisos de igualdad para las personas LGBTI, mientras que más gobiernos toman medidas activas para atacar a las comunidades LGBTI. Hay razones para estar extremadamente preocupados de que esta situación se extienda a medida que la atención política se vea inmersa en las consecuencias económicas de la COVID-19».

La situación en España

Aunque el pasado año hubo una vez más en España un total inmovilismo legislativo respecto a los derechos LGTBI, su clasificación se he visto sustancialmente mejorada, al pasar de la undécima posición hasta la sexta. El ascenso se debe principalmente a la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional la prohibición de que los menores trans pudieran acceder a la rectificación registral del sexo.

De esta manera, España ha pasado de un cumplimiento del 59,98 % en la clasificación del año pasado hasta un 66,82 % en la del actual.

No obstante, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual.
• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017, 2018 y 2019. Este año vuelve a situarse en esa posición, a considerable distancia de los demás. España, que salió el año pasado por primera vez del grupo de los 10 países de cabeza, vuelve a integrarse en él, debido al reconocimiento de los derechos de los menores trans por el Tribunal Constitucional.

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Europa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBIfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Menores, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Niñas trans, Niños trans, Noruega, Países Bajos, Personas trans, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transexualidad, Tribunal Constitucional, Turquía, Ucrania

La 10ª edición de su informe anual, que analiza la situación del colectivo en los 49 países europeos

Con adelanto respecto a otros años, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. Como es habitual, el estudio incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2020 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2019. La clasificación la encabeza de nuevo Malta, a considerable distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. ILGA Europa se muestra especialmente preocupada por el avance de los discursos y delitos de odio en gran parte del continente europeo, así como el aumento de quienes se ven obligados a abandonar sus países por otros más seguros. España desciende un puesto más en esta ocasión, hasta situarse en el duodécimo puesto, debido a la continuidad del inmovilismo legislativo de los últimos años, si bien se ha incrementado el porcentaje de consecución de objetivos por la aprobación de algunas normas de ámbito autonómico.

La entidad internacional referente en materia de derechos LGTBI, ILGA-Europa, de la que la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) forma parte, ha instado este martes a los estados a adoptar leyes que protejan a las personas LGTBI ante el auge generalizado de los discursos de odio que la ONG ha identificado tras el análisis de la situación de la realidad del colectivo en los 49 países europeos y los cinco países del Asia central.

Así, la directora ejecutiva de ILGA-Europa, Evelyne Paradis, ha asegurado que “los gobiernos todavía tienen mucho que hacer. Es necesario actuar y adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y den a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores. Deben dar ejemplo adoptando un discurso que promueva el respeto y la inclusión social”.

Y es que, la 10ª edición de un informe que recoge las conclusiones de este análisis, revela que, actualmente, existe en Europa “un fuerte aumento de los discursos de odio en toda la región, a menudo llevados a cabo por figuras públicas”.

La investigación revela el auge de los discursos de odio por parte de dirigentes políticos y religiosos en Albania, Andorra, Azerbaiyán, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, España, Finlandia, Georgia, Grecia, Hungría, Kosovo, Portugal, la República Checa y Turquía. En la mayoría de estos países, este discurso LGTBIfóbico se difunde con total impunidad.

Además, alerta de que, en muchos de los países analizados, y no sólo en los que se ha documentado un aumento de los discursos LGTBIfóbicos en la esfera pública, se ha producido un incremento igualmente significativo de la incitación al odio contra el colectivo a través de las redes sociales y de las agresiones físicas contra personas LGBTI.

En muchos países de las regiones de Europa y Asia central, y no sólo en aquellos en los que se ha documentado un crecimiento del discurso oficial motivado por el prejuicio, también se ha producido un aumento igualmente pronunciado de las expresiones de odio en línea y de las agresiones físicas contra las personas LGBTI, muchas de ellas premeditadas y brutales.

En el examen se señala que se trata de un fenómeno paneuropeo, desde el Reino Unido, donde la narrativa populista que rodea a Brexit puede vincularse a un aumento de los delitos e incidentes de odio contra las personas LGBTI, hasta la prohibición de actos en muchos pueblos y ciudades del continente, el enjuiciamiento de les participantes en las marchas del Orgullo  en Turquía y la creciente presencia de manifestantes anti-LGBTI y neonazis en los espacios públicos durante los actos LGBTI en toda la región.

Junto con el aumento del odio, hay un mayor movimiento de personas de la región hacia países considerados menos duros. Un mayor número de personas LGBTI abandonaron países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán para ir a países vecinos en los que la situación podría percibirse como relativamente más segura. También hay un aumento anecdótico de personas que dicen que quieren dejar países como Polonia para ir a otros países de la UE.

Los obstáculos comunicados en el acceso a la atención de la salud, el acoso en las escuelas y en el lugar de trabajo y la denegación de servicios a las personas LGBTI, a menudo por falta de intervención gubernamental, son factores que influyen en el panorama general de una Europa en la que las experiencias vividas en gran medida no coinciden con el mensaje superficial de que los derechos y la igualdad de las personas LGBTI están plenamente garantizados.

Según ILGA-Europa, Alemania, Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Suecia y Suiza ya han adoptado medidas para hacer frente a la incitación al odio o han fortalecido la legislación existente. Sin embargo, dado el contexto actual y las repercusiones que estas actuaciones LGTBIfóbicas tienen para la sociedad en general, asegura que “es sorprendente que un mayor número de gobiernos no estén adoptando de manera proactiva medidas como la aprobación de legislaciones eficaces, planes de acción y formación de las autoridades públicas”. Además, denuncia que “en los países en los que existe legislación, no hay suficiente compromiso político para garantizar la aplicación efectiva y la dotación de recursos”.

Así, la presidenta de FELGTB, Uge Sangil, recuerda la importancia de que España apruebe una Ley Estatal LGTBI para blindar los derechos de las personas LGTBI de todo el territorio y no quedarse atrás con respecto a otros países en materia de avances sociales. En este sentido, la presidenta denuncia que “en España, aún hay cinco Comunidades Autónomas donde las personas LGTBI están totalmente desprotegidas pues que no existe ningún tipo de legislación que garantice sus derechos”. “Además, tal y como alerta ILGA-Europa, en aquellos territorios donde sí existe legislación autonómica, como puede ser Murcia, ésta está siendo incumplida por la LGTBIfobia institucionalizada de la ultraderecha”.

En este sentido, la presidenta recuerda que, en 2019, España dejó de estar por primera vez entre los 10 países europeos más respetuosos con los derechos del colectivo LGTBI. Este descenso, según apuntó ILGA-Europa en el informe en el que realizó la comparativa entre países se debió precisamente a la falta de legislación estatal.

“Y es que, pese a las recomendaciones de Europa, en España, algunos aspectos fundamentales como la prohibición de las terapias de reconversión, la creación de políticas para el fomento del empleo de las personas trans o el establecimiento de medidas para erradicar la discriminación contra el colectivo en los ámbitos sanitarios o educativos sólo están aprobados en determinadas autonomías”, alerta Sangil.

Según Evelyne Paradis, Directora Ejecutiva de ILGA-Europe: “No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoiris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.”

“Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA-Europe. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social.”

“Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA-Europe tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor”.

La 10ª edición de ILGA-Europa ‘Annual Review of the Human Rights Situation of LGBTI people in Europe and Central Asia, 2020’ fué  lanzada en el Parlamento Europeo el pasado martes 4 de febrero en presencia de activistas de Bulgaria, Bosnia y Herzegovina y de la Organización Intersex Internacional (OII) Europa, y de una representante de la Comisaria de la UE para la Igualdad, Helena Dalli.

Preocupación del Parlamento Europeo 

Asimismo, ILGA-Europa recuerda en su informe que, el pasado mes de diciembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre “Discriminación pública y expresiones de odio contra las personas LGBTI, incluidas “zonas sin LGBTI. En dicha resolución se expresa “una profunda preocupación por el creciente número de ataques contra la comunidad LGBTI por parte del Estado, los funcionarios estatales, los gobiernos a nivel nacional, regional y local y los políticos de la Unión Europea (UE)”.

La resolución reconoce que estos ataques han generado un aumento de la violencia contra las personas LGTBI y que los delitos de odio por LGTBIfobia van en aumento en toda la Unión Europea, mientras que las respuestas de las autoridades siguen siendo con demasiada frecuencia inadecuadas. Así, reitera un llamamiento a la Comisión para que adopte una estrategia de la Unión Europea en materia de derechos LGBTI.

Más detalladamente:

Al igual que en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Las correspondientes a la igualdad y no discriminación suponen el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia el 20 %, los crímenes y discursos de odio el 20 %, la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el derecho a asilo el 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. Hay que remarcar que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea, entre los que ya no está incluido el Reino Unido, alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Una vez más, Malta encabeza la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. El mayor ascenso en la lista es el de Montenegro, que sube desde el puesto 22 al 13, inmediatamente detrás de España, debido a la implementación de medidas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género en abril de 2019.

ILGA Europa advierte este año en su informe del aumento de los discursos de odio contra las personas LGTBI en gran parte de Europa por parte de figuras públicas, debido al auge de los partidos populistas de extrema derecha. Así se ha detectado en Bulgaria, Polonia y Turquía, Chipre, Finlandia, Grecia, Portugal o España. También se ha producido un aumento de las agresiones físicas y de las expresiones de odio a través de las redes sociales en muchos países, como en el Reino Unido, consecuencia de los discursos populistas que rodean al Brexit. En países como Turquía se enjuicia a los participantes en las marchas del Orgullo y en otros países es creciente la presencia de manifestantes LGTBIfobos durante estos actos.

Se ha comprobado que hay un aumento de la migración hacia países con menor LGTBIfobia social desde Albania, Bosnia-Herzegovina, Tayikistán y Turkmenistán. Dentro de la Unión Europea también ha aumentado el número de personas que abandonan países como Polonia para ir a otros de la eurozona.

A pesar de todo, Evelyne Paradis, directora ejecutiva de ILGA Europa, quiere hacer una lectura positiva del informe: «No todo son malas noticias. La cuestión de la integridad corporal de las personas intersex sigue ganando cada vez más importancia en la agenda política de los gobiernos e instituciones. El año 2019 fue un año de acontecimientos positivos para las familias arcoíris en la región, con una expansión de los derechos de la familia en unos pocos países; y se siguen realizando importantes avances en la reforma o el establecimiento de procedimientos legales de reconocimiento del género, aunque en muchos países los progresos se están ralentizando.

«Sin embargo, la realidad vivida por las personas LGBTI en muchas partes de Europa y Asia Central es cada vez más difícil y en gran parte permanece invisible, incluso para organizaciones como ILGA Europa. Es necesario tomar medidas. Los gobiernos todavía tienen mucho que hacer, desde adoptar leyes que garanticen la protección de los derechos de las personas y dar a las autoridades públicas los medios para traducir la política en la práctica en todos los sectores, hasta dar el ejemplo de tener un discurso que promueva la aceptación y la inclusión social».

«Al dar a conocer un panorama tan amplio y matizado, que cambia y evoluciona constantemente, el examen anual de ILGA Europa tiene por objeto dar una idea de la enormidad de las cuestiones y esferas que afectan a la vida de las personas, que seguirán requiriendo atención, especialmente en un contexto en el que las personas LGBTI son el blanco de ataques y la vulnerabilidad es mayor».

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Sin embargo, se ha producido un pequeño incremento desde el 59,98 % de cumplimiento en el informe del año pasado hasta el 61,20 % en el presente, debido a la aprobación de leyes contra la discriminación o creación de consejerías específicas en Canarias, Murcia o la Comunidad Valenciana. También ha puntuado favorablemente la sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la exclusión de los menores trans del derecho al reconocimiento de género. A pesar de ello, España pierde otro puesto respecto al año anterior y se sitúa en la 12.ª posición, debido a la escalada de Holanda, que ha pasado del 12.º puesto al 10.º, por delante de Suecia.

ILGA Europa señala que se ha producido en España un aumento de los discursos de odio por parte de líderes políticos. Como ejemplo, destaca que Vox, el tercer partido en representación parlamentaria, comparase la homosexualidad con el bestialismo durante su campaña electoral o que propusiera la prohibición de las marchas del Orgullo. También incluye a Lidia Falcón, presidenta del Partido Feminista (formación integrada en Izquierda Unida), quien desde la cuenta oficial del partido ha difundido mensajes homófobos que atacaban al «lobby gay» a cuyos miembros acusaba de «proxenetas y compradores de niños». Sus críticas más feroces se dirigían a las mujeres trans, a quienes niega su identidad de género, acusándolas de haber impuesto el reconocimiento legal del género en España.

También se muestra preocupación por el aumento de las agresiones por motivo de orientación sexual e identidad de género. Hace evidente la discrepancia entre los datos oficiales del Ministerio del Interior, que hablaban de un descenso de estos delitos del 4 % respecto al año anterior, con los que ofrecen los distintos Observatorios contra la LGTBfobia. El madrileño señalaba un aumento del 7 %, mientras que el catalán apuntaba a un incremento del 30 % de los delitos de odio en Cataluña durante los primeros seis meses de 2019.

En el apartado referido a la libertad de reunión, el informe únicamente incluye la obstrucción a los miembros de Ciudadanos en las marchas del Orgullo de Madrid y Barcelona por parte de otros manifestantes, debido a sus alianzas con el partido LGTBIfobo Vox.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que ha repetido en 2017, 2018 y 2019. España siempre se había situado entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandonase ese grupo en 2018 y este año pierda incluso otro puesto.

Fuente FELGTB/ ILGA-Europa/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Ciudadanos, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Evelyne Paradis, FELGTB, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Lidia Falcón, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Partido Feminista, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, Uge Sangil, VOX

La Comisión Europea ha publicado el resultado de una encuesta, conocida como Eurobarómetro, realizada el pasado mes de mayo entre los ciudadanos de la Unión Europea respecto a los derechos y aceptación social de las personas LGTBI. Si bien el resultado medio es positivo, la encuesta hace evidente la enorme distancia que existe entre los distintos países en cuanto al respeto y defensa de los derechos LGTBI. Mientras que la aceptación es ampliamente mayoritaria entre los países de la Europa occidental, en la mayoría de los países del antiguo bloque del este la LGTBIfobia es generalizada. España ocupa el tercer puesto entre los países cuyos ciudadanos estiman que gais, lesbianas y bisexuales deben tener los mismos derechos que las personas heterosexuales, y el primer lugar entre quienes opinan que las personas trans deben tener derecho a cambiar su documentación legal en consonancia con su identidad de género.

Este 23 de septiembre se ha dado a conocer el Eurobarómetro efectuado por la Comisión Europea sobre la aceptación social de las personas LGTBI en los países de la Unión Europea, que forma parte del estudio más amplio sobre la discriminación de las minorías que se publicará el próximo mes de octubre. La encuesta se realizó el pasado mes de mayo entre ciudadanos de sus 28 países, y trata de dilucidar cuál es la opinión de la ciudadanía europea respecto a los derechos y la discriminación de gais, lesbianas, bisexuales, personas trans y personas intersexuales. También ofrece una comparativa entre las respuestas dadas en esta encuesta y otra semejante realizada en 2015.

Las preguntas se han agrupado en diferentes apartados que reflejan la actitud de los ciudadanos de los diferentes países de la Unión Europea ante la diversidad afectivo-sexual y de identidad de género. Se observa con claridad la existencia de dos bloques claramente diferenciados, el de la Europa occidental y el formado por los antiguos países del bloque del este. En cuanto a la aceptación social de gais, lesbianas y bisexuales, en el bloque occidental destacan Suecia, Holanda, Dinamarca, España y Luxemburgo; esa aceptación disminuye en Austria, Italia, Grecia y Chipre, cuyos porcentajes se encuentran por debajo de la media europea. En el bloque de los antiguos países del este, todos ellos se hallan en esa franja inferior a la media, si bien parece haber una mayor aceptación social en la República Checa y Polonia, mientras que el menor grado se da en Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria.

En cuanto al respeto a la identidad de género, los bloques son semejantes. Sin embargo, en este caso en el bloque occidental destacan España, Malta y Dinamarca; Italia, Austria, Grecia y Chipre vuelven a ser los únicos países occidentales en estar por debajo de la media europea. Todos los países del antiguo bloque del este se sitúan en la franja inferior a la media, si bien la República Checa es el único país que supera el 50 % de población respetuosa con la identidad de género. Letonia, Rumanía, Eslovaquia y Bulgaria son los países con mayor transfobia social.

Derechos de las parejas del mismo sexo

La primera pregunta formulada es la siguiente: «¿Está de acuerdo en que las personas gais, lesbianas o bisexuales deben tener los mismos derechos que las personas heterosexuales?». Ha contestado favorablemente el 76 % de los encuestados (cinco puntos por encima del resultado en 2015) y ha mostrado su desacuerdo el 20 %, el resto se ha abstenido de dar alguna respuesta. España ocupa el tercer lugar, con un 91 % de ciudadanos que aboga por la igualdad de derechos, mientras que tan solo un 6 % se ha declarado contrario.

La siguiente pregunta es: «¿Está de acuerdo en que no hay nada malo en una relación sexual entre personas del mismo sexo?». El 72 % de los encuestados está de acuerdo con esa afirmación (también cinco puntos por encima del resultado de 2015), mientras que el 24 % considera que sí hay algo malo en ese tipo de relaciones. En España, el 89 % de los ciudadanos no ve nada malo en las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y tan solo un 8 % opina lo contrario.

La tercera pregunta formula lo siguiente: «¿Está de acuerdo en que el matrimonio entre personas del mismo sexo debería permitirse en toda Europa?». El 69 % de los encuestados ha afirmado estar de acuerdo (ocho puntos por encima del 2015), mientras que el 26 % se ha mostrado disconforme. El 86 % de los ciudadanos de España se ha mostrado favorable al matrimonio igualitario en toda Europa, mientras que tan solo un 9 % ha señalado su disconformidad. Cabe destacar que en la República Checa hay un empate entre los favorables y quienes se oponen, dato importante en un país donde la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo está en trámite parlamentario.

Reconocimiento legal del género

El siguiente grupo de preguntas, que atañe a las personas trans, comienza con la siguiente: «¿Cree que las personas transgénero o transexuales deberían poder cambiar sus documentos civiles para que coincidan con su propia identidad de género?». En este caso el porcentaje de quienes han respondido afirmativamente es del 59 %, mientras que el 29 % ha contestado en contra y el 12 % se ha abstenido. España encabeza la lista de quienes defienden los derechos trans, con un 83 % de encuestados favorables y un exiguo 8 % en contra.

La segunda pregunta dice así: «¿Cree que en los documentos públicos, como pasaportes y certificados de nacimiento, además de Mujer (M) y Varón (V), debería estar disponible una tercera opción como X u O (Otro) para aquellas personas que no se identifican como mujeres o varones?». En este caso, ninguna de las respuestas supera la mitad, pues se muestra favorable el 46 % de los encuestados, en contra el 42 % y un 12 % no da ninguna respuesta. En España, que ocupa el segundo puesto, sí hay una clara mayoría del 63 % a favor de una opción nueva en los documentos de identidad y un minoritario 21 % en contra.

Muestras de afecto en público

Este apartado trata de comparar la distinta aceptación social que las muestras públicas de afecto tienen entre la población. Por ello, ha preguntado no solo por cómo se perciben esas muestras de afecto por parte de personas del mismo sexo, sino también las de las parejas de distinto sexo. La cuestión planteada era la siguiente: «Usando una escala del 1 al 10, díganos por favor cuán cómodo se sentiría con personas que muestran afecto romántico en público (por ejemplo, besándose o cogiéndose de la mano) en cada uno de los siguientes grupos. ‘1′ significa que no se sentiría «nada cómodo» y ’10’ que se sentiría «totalmente cómodo»».

En el conjunto de la Unión Europea, las respuestas han sido las siguientes:

• Un hombre y una mujer: un 89% de los encuestados ha contestado que se siente totalmente cómodo (78 %) o moderadamente cómodo (11 %), mientras que el 8 % se siente totalmente incómodo.
• Dos mujeres: un 68 % se siente totalmente cómodo (53 %) o moderadamente cómodo (15 %). El 29 % se siente totalmente incómodo.
• Dos hombres: un 63 % se siente totalmente cómodo (49 %) o moderadamente cómodo (14 %). El 38 % se siente totalmente incómodo.

Como se puede comprobar, son las muestras de afecto entre dos hombres las que producen un mayor rechazo, hasta el punto de que son las únicas que no superan el 50 % de encuestados que se encuentren totalmente cómodos al observarlas. Aun así, la aceptación de las muestras de afecto en público ha subido desde el 2015 un 11 % en cuanto a las parejas masculinas y un 12 % respecto a las parejas femeninas.

En España, los resultados son bastante más alentadores:

• Un hombre y una mujer: un 93 % de los encuestados ha contestado que se siente totalmente cómodo (81 %) o moderadamente cómodo (12 %), mientras que el 6 % se siente totalmente incómodo.
• Dos mujeres: un 81 % se siente totalmente cómodo (66 %) o moderadamente cómodo (15 %). El 17 % se siente totalmente incómodo.
• Dos hombres: un 79 % se siente totalmente cómodo (63 %) o moderadamente cómodo (16 %). El 19 % se siente totalmente incómodo.

Cabe destacar que la total comodidad con las muestras de afecto en público entre dos mujeres o dos hombres se ha incrementado en España un 12% y un 10% respectivamente desde 2015. Aun así, es reseñable que las muestras de afecto en público entre dos hombres sean intolerables para casi la quinta parte de la población.

Personas LGTBI en ámbitos sociales

A continuación, la Comisión Europea pretende dilucidar cuál es la aceptación social de las personas LGTBI. Se preguntaba a los encuestados sobre qué grado de comodidad sentían al considerar la presencia de una persona LGTBI en distintos ámbitos. En el conjunto de la Unión Europea estas eran las respuestas:

• En un alto cargo político.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 77 % se sentiría totalmente cómodo (64 %) o moderadamente cómodo (13 %). Un 18 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 68 % se sentiría totalmente cómodo (53 %) o moderadamente cómodo (15 %). Un 24 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 68 % se sentiría totalmente cómodo (54 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 21 % se sentiría incómodo.

• En el centro de trabajo.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 82 % se sentiría totalmente cómodo (72 %) o moderadamente cómodo (10 %). Un 12 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 76 % se sentiría totalmente cómodo (65 %) o moderadamente cómodo (11 %). Un 15 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 77 % se sentiría totalmente cómodo (66 %) o moderadamente cómodo (11 %). Un 14 % se sentiría incómodo.

• Como pareja sentimental de un hijo o hija.
  • Una persona de su mismo sexo: un 67 % se sentiría totalmente cómodo (55 %) o moderadamente cómodo (12 %). Un 27 % se sentiría incómodo.
  • Una persona trans: un 57 % se sentiría totalmente cómodo (43 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 34 % se sentiría incómodo.
  • Una persona intersexual: un 58 % se sentiría totalmente cómodo (44 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 31 % se sentiría incómodo.

Los datos de España, mucho más positivos, son los siguientes:

• En un alto cargo político.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 90 % se sentiría totalmente cómodo (81 %) o moderadamente cómodo (9 %). Un 4 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 85 % se sentiría totalmente cómodo (74 %) o moderadamente cómodo (11 %). Un 7 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 82 % se sentiría totalmente cómodo (72 %) o moderadamente cómodo (10 %). Un 6 % se sentiría incómodo.
• En el centro de trabajo.
  • Gay, lesbiana o bisexual: un 92 % se sentiría totalmente cómodo (86 %) o moderadamente cómodo (6 %). Un 4 % se sentiría incómodo.
  • Persona trans: un 89 % se sentiría totalmente cómodo (81 %) o moderadamente cómodo (8 %). Un 3 % se sentiría incómodo.
  • Persona intersexual: un 86 % se sentiría totalmente cómodo (79 %) o moderadamente cómodo (7 %). Un 4 % se sentiría incómodo.
• Como pareja sentimental de un hijo o hija.
  • Una persona de su mismo sexo: un 83 % se sentiría totalmente cómodo (71 %) o moderadamente cómodo (12 %). Un 12 % se sentiría incómodo.
  • Una persona trans: un 75 % se sentiría totalmente cómodo (61 %) o moderadamente cómodo (14 %). Un 15 % se sentiría incómodo.
  • Una persona intersexual: un 73 % se sentiría totalmente cómodo (61 %) o moderadamente cómodo (12 %). Un 14 % se sentiría incómodo.

Diversidad y educación

La Comisión Europea también quiere conocer la opinión de los ciudadanos respecto a la educación de la diversidad. Para ello, ha preguntado a los encuestados si están de acuerdo en que el temario y material escolar debe incluir información sobre la diversidad respecto a los distintos colectivos LGTBI.

• Respecto a la orientación sexual (sobre gais, lesbianas y bisexuales): un 71 % está de acuerdo en que se incluya información y un 24 % se declara en desacuerdo.
• Respecto a las personas trans: un 65 % está de acuerdo y un 28 % en desacuerdo.
• Respecto a las personas intersexuales: un 65 % está de acuerdo y un 28 % en desacuerdo.

Los datos de España son, de nuevo, más positivos:

• Respecto a la orientación sexual (sobre gais, lesbianas y bisexuales): un 84 % está de acuerdo en que se incluya información y un 11 % se declara en desacuerdo.
• Respecto a las personas trans: un 81 % está de acuerdo y un 13 % en desacuerdo.
• Respecto a las personas intersexuales: un 80 % está de acuerdo y un 13 % en desacuerdo.

Discriminación de las personas LGTBI

Por último, se ha preguntado a los encuestados sobre su percepción de la discriminación que sufren las personas LGTBI en su propio país. A la pregunta de si estiman que la discriminación está muy o bastante extendida, o, si bien, creen que es muy o bastante infrecuente, han contestado de la siguiente manera:

• Discriminación por razón de la orientación sexual (gais, lesbianas y bisexuales): un 53 % cree que está muy o bastante extendida y un 40 % que es muy o bastante infrecuente.
• Discriminación de las personas trans: un 48 % cree que está muy o bastante extendida y un 35 % que es muy o bastante infrecuente.
• Discriminación de las personas intersexuales: un 39 % cree que está muy o bastante extendida y un 39 % que es muy o bastante infrecuente.

El resultado que ofrecen los datos de España son reflejo de lo que sucede en otros países. En aquellos en que la población muestra más LGTBIfobia, los encuestados rehúsan que haya discriminación; en aquellos donde hay una mayor aceptación de las personas LGTBI, los encuestados reconocen la discriminación que experimentan:

• Respecto a la orientación sexual (sobre gais, lesbianas y bisexuales): un 54 % cree que la discriminación está muy o bastante extendida y un 43 % que es muy o bastante infrecuente.
• Discriminación de las personas trans: un 58 % cree que está muy o bastante extendida y un 31 % que es muy o bastante infrecuente
• Discriminación de las personas intersexuales: un 47 % cree que está muy o bastante extendida y un 35 % que es muy o bastante infrecuente

Fuente Dosmanzanas

General Austria, Bulgaria, Chipre, Comisión Europea, Dinamarca, Eslovaquia, España, Eurobarómetro, Grecia, Holanda, Italia, Letonia, LGTBIfobia, Luxemburgo, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia

El Parlamento de Letonia vuelve a decir «no» a las uniones civiles. Una proposición de ley presentada por diputados de partidos representados en el Gobierno ha fracasado, al obtener solo 23 votos favorables de los 100 representantes de la Saeima, el legislativo unicameral letón. El país báltico, que en 2006 reformó su Constitución para blindar una definición excluyente del matrimonio, seguirá siendo uno de los pocos miembros de la Unión Europea que no reconoce ningún derecho a las parejas del mismo sexo, aunque ya ha habido varios intentos.

La primera iniciativa para reconocer las uniones civiles en Letonia se remonta a 1999, cuando la Oficina Nacional de Derechos Humanos presentó una proposición de ley, que el Parlamento rechazó en comisión sin permitir su tramitación. El asunto permaneció estancado hasta el Orgullo Báltico celebrado en Riga en junio de 2012, tras el cual el entonces ministro de Justicia anunciaba un proyecto de reconocimiento de derechos a las parejas no casadas, que incluiría a las del mismo sexo. Otros miembros del Gobierno mostraban su apoyo a la medida, aunque la oficina del Defensor del Pueblo había recomendado en enero que el Parlamento no reconociera este tipo de uniones. La propuesta no se materializó.

En enero de 2015, un diputado del partido liberal-conservador Unidad, Veiko Spolītis, presentó una nueva proposición de ley de uniones civiles abiertas a las parejas del mismo y de distinto sexo. El Comité de Asuntos Legales del Parlamento rechazó la tramitación de la medida, citando la reforma constitucional que en 2005 definió el matrimonio como la «unión entre un hombre y una mujer». El partido liberal Por el Desarrollo de Letonia (LA) inició entonces una campaña de recogida de firmas a favor de una norma para reconocer derechos a las parejas no casadas. La formación llevó los apoyos recogidos a la Saeima, el Parlamento unicameral del país, donde un comité rechazó la tramitación de la iniciativa.

El año pasado, unos meses después de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el derecho de residencia de los cónyuges del mismo sexo, el Defensor del Pueblo letón cambiaba su posición anterior y hacía un llamamiento a los legisladores para que aprobaran una ley de uniones civiles. Juris Jansons apelaba a la necesaria protección legal de los niños nacidos fuera del matrimonio, que constituyen alrededor de la mitad del total.

El último esfuerzo ha provenido de un grupo de políticos de dos partidos de la coalición de Gobierno (que abarca desde el centro liberal hasta la extrema derecha), que presentó una proposición de ley para dotar de derechos a las parejas no casadas del mismo y de distinto sexo. La Saeima rechazó la medida el jueves pasado por 23 votos a favor, 60 en contra y una abstención. Especialmente beligerantes en su negativa fueron los miembros de Alianza Nacional, el partido de extrema derecha que controla el ministerio de Justicia. Letonia seguirá siendo, junto a Bulgaria, Eslovaquia, Lituania, Polonia y Rumanía, uno de los países de la Unión Europea que no reconoce ningún derecho a las parejas del mismo sexo.

Un país hostil a la igualdad LGTB

Letonia, pese a contarse entre los más hostiles de la Unión Europea para su población LGTB, ha empezado hace poco a mostrar algún signo esperanzador. El más simbólico, la salida del armario como gay de su ministro de Exteriores, Edgars Rinkēvičs, en noviembre de 2014. Reelegido para su puesto tras las elecciones de 2018, Rinkēvičs sigue abogando por el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Otro gesto, menor pero cargado también de simbolismo, fue la rectificación de una promoción de San Valentín de los autobuses de la capital Riga que excluía a las parejas del mismo sexo.

En diciembre de 2005 se introdujo una enmienda a la Constitución de Letonia para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y así impedir a las parejas del mismo sexo el acceso a esta institución. Quienes se muestran contrarios al proyecto de reconocimiento de otro tipo de uniones consideran que se trata de un subterfugio para violar lo que la Constitución prohíbe taxativamente.

Esta actitud es la que el ministro Rinkēvičs calificaba en noviembre de 2015 de «montón de histeria» y contra la que se ha comprometido a luchar. Este tipo de grupos homófobos ya intentaron en 2006 aprobar, sin éxito, una ley contra la «propaganda homosexual» como la vigente en Rusia desde 2013. En 2015, la celebración del Europride en Riga se vio amenazada por el boicot de grupos homófobos, aunque finalmente tuvo lugar sin grandes problemas.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Alianza Nacional, Bulgaria, Edgars Rinkevics, Eslovaquia, Juris Jansons, Letonia, Lituania, Matrimonio, Polonia, Por el Desarrollo de Letonia, Rumanía, Rusia, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Unidad (Letonia), Unión Europea, Uniones Civiles, Veiko Spolītis

Los derechos LGBT se han estancado y en algunos países incluso han retrocedido, esta es la preocupante conclusión a la que ha llegado la ILGA-Europe -la asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e intersexuales- en su reunión anual que ha tenido lugar hoy en Oslo. Asimismo, también han lanzado el 10º mapa sobre los derechos LGTB+ en Europa, una herramienta para monitorizar y clasificar los 49 países del continente en aspectos como legislación contra la discriminación y derechos, reconocimiento legal de género, integridad, protección contra delitos de odio, derechos familiares y espacios en la sociedad civil. Como se puede ver, no solo no avanzamos sino que estamos retrocediendo en algunos lugares:

Como es costumbre por estas fechas, ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2019 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2018. Malta encabeza de nuevo la clasificación, a bastante distancia del resto de países, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales o la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad. Pero ILGA Europa advierte que este año, por primera vez desde que realiza el informe, se ha experimentado un retroceso en las legislaciones de algunos de los países europeos en lo que respecta a los derechos de las personas LGTBI, como en Polonia, Bulgaria, Serbia y Kosovo. Por ello, ILGA Europa da la voz de alarma para que se redoblen los esfuerzos para asegurar la igualdad de derechos de los europeos LGTBI. España desciende a la undécima posición, situándose por primera vez fuera de los diez primeros puestos, todo ello debido al inmovilismo legislativo de los últimos años, con la recomendación una vez más por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año ha variado la valoración de cada apartado. Se mantiene el de las medidas respecto a la igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), baja la puntuación del derecho de familia (20 %), no experimenta cambios el de los crímenes y discursos de odio (20 %), sube la estimación del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (20 %), se mantiene la de las libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y se incrementa la del asilo (7 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 90,35 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, a considerable distancia del segundo clasificado, Bélgica, que se queda en un 73,08 %. Es de reseñar también el ascenso en la lista de Luxemburgo, que el pasado año aprobó importantes medidas respecto al reconocimiento de la identidad de género y la no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en todos los ámbitos sociales. Eso le ha permitido ascender del decimoctavo puesto al tercero.

 Pero la gran preocupación de ILGA Europa en el presente año es la pérdida de derechos de las personas LGTBI en algunos de los países europeos por primera vez en los diez años de existencia de este informe, que se teme que sea la avanzadilla de las políticas populistas que amenazan tanto lo ya conseguido como el avance en la igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género. Según señala ILGA Europa, Polonia ya no brinda acceso a la reproducción asistida para mujeres solteras; Bulgaria ha eliminado todos los procedimientos administrativos para el cambio legal del nombre o del género en los documentos oficiales de las personas trans; Serbia y Kosovo no han renovado sus planes de acción para la igualdad; por último, Bulgaria, Hungría y Turquía no han respetado derechos civiles y políticos fundamentales, como la libertad de reunión, la libertad de asociación y la protección de los defensores de los derechos humanos durante el año pasado. El resultado es un entorno cada vez más inseguro e insostenible para las organizaciones LGTBI y los defensores de los derechos humanos en un número creciente de países.

Por ello, la directora ejecutiva de ILGA Europa, Evelyne Paradis, declaraba que «si alguna vez hubo un momento para dar prioridad política a la igualdad LGBTI, ¡es ahora! El año pasado, advertimos sobre los peligros de pensar que el trabajo estaba hecho. Lamentablemente, este año vemos pruebas concretas de retroceso a nivel político y legislativo en un número creciente de países. No hay más tiempo que perder. En el actual clima social y político cada vez más polarizado, las leyes y las políticas son a menudo las últimas líneas de defensa de las comunidades LGBTI. Por eso necesitamos que los responsables de la toma de decisiones nacionales y europeos redoblen sus esfuerzos para garantizar la igualdad en la ley y en la práctica para las personas LGBTI».

La situación en España

Un año más, la falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además, el hecho de que la valoración respecto al reconocimiento legal de la identidad de género se haya incrementado en este año, hace que la puntuación en este apartado por primera vez sea inferior al 50 %. Así, España ha pasado de un cumplimiento del 67,03 % el año pasado a un ya escaso 59,98 % en el presente.

ILGA Europa vuelve a hacer estas dos recomendaciones al Gobierno español:

• Implementar un organismo de igualdad con mandato explícito sobre orientación sexual, identidad de género y características sexuales.
• Actualizar el marco legal existente a nivel nacional para el reconocimiento legal del género, a fin de establecer un proceso administrativo basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (tales como un diagnóstico médico) y de límites de edad.

A pesar de ello, ILGA Europa reconoce los avances legislativos producidos en Andalucía, Murcia, Castilla y León o Aragón. También señala que la ley de igualdad LGTBI y la reforma de la ley de identidad de género iniciaron su trámite parlamentario. Sin embargo, su aprobación quedó cancelada definitivamente con la convocatoria de las elecciones generales. El informe también destaca la salida del armario como bisexual del senador de Ciudadanos Tomás Marcos y la entrada en el parlamento andaluz de VOX, de quien resalta su intención de prohibir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017 y 2018. Este año se consolida en lo más alto de la lista a considerable distancia de los demás. España, hasta este año, se había situado siempre entre los 10 países de cabeza, pero el inmovilismo legislativo ha causado que abandone ese grupo y baje hasta la undécima posición.

General, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Homofobia, Hungría, ILGA, ILGA Europa, Informe, Irlanda, Islandia, Italia, Kosovo, Letonia, LGTBfobia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Tomás Marcos, Turquía, Ucrania, VOX

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

General, Homofobia/ Transfobia. Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bahrein, Bangladés, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Botsuana, Brasil, Brunei, Bulgaria, Burundi, Bután, Camerún, Canadá, Catar, Chad, Chechenia, Chile, China, Chipre, Colombia, Comoras, Corea del Norte, Corea del Sur, Croacia, Dominica, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estado Islámico, Estonia, Etiopía, Etiquetas:Afganistán, Finlandia, Fiyi, Francia, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Helen Kennedy, Holanda, Homofobia, Homofobia de Estado, Honduras, Hungría, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Irlanda, Islandia, Islas Salomón, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kenia, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malawi, Maldivas, Malta, Marruecos, Mauricio, Mauritania, México, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Perú, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Ruth Baldacchino, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, senegal, Serbia, Seychelles, Sharia, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Sudán del sur, Suecia, Surinam, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Yemen, Zambia. Zimbabue

Solo un 7% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se opone al matrimonio igualitario. Así lo pone de manifiesto una encuesta de Pew Research Center, el prestigioso instituto de investigación social estadounidense, cuyo objetivo era la de comparar las actitudes de la juventud de 34 países europeos en diversos aspectos. Un resultado coherente con lo que muestran estudios previos, que de forma repetida colocan a España como uno de los países con mayor aceptación social de la realidad homosexual.

De todos los países de la encuesta, solo Suecia y Dinamarca, dos países nórdicos cuya tradición de respeto y tolerancia al colectivo LGTB es bien conocida, registran cifras inferiores a las de España (5% y 6%, respectivamente). Justo a continuación de España, se sitúan Bélgica (9%), Holanda (10%), Finlandia (12%), Reino Unido (13%), Austria, Noruega y Portugal (14%), Alemania (15%), Suiza (16%), la República Checa (18%) e Irlanda (20%). Cabe destacar que en casi todos estos países se ha aprobado (mediante diferentes procedimientos) el matrimonio igualitario, con la excepción de República Checa (cuyo parlamento lo está discutiendo) y Suiza (pincha para ampliar la imagen):

A más distancia y a caballo entre las Europas occidental y oriental se sitúa Italia, con un 27%. Hablamos de un país que arrastra una LGTBfobia social mayor que la del resto de Europa occidental, y en el que por ejemplo ninguno de los grandes partidos políticos ha apostado nunca por el matrimonio igualitario. Detrás de Italia se sitúan todos los países de la Europa del este, así como los de tradición ortodoxa. Pese a todo, pueden apreciarse importantes diferencias entre aquellos en los que el porcentaje de jóvenes contrarios al matrimonio igualitario está relativamente equilibrado con el resto, como Eslovaquia (42%), Polonia (50%), Grecia (51%) o Hungría (52%); aquellos en los que ya empieza a ser muy importante, como Estonia y Croacia (61%), Rumanía (66%), Bulgaria (68%) y Letonia (70%), y aquellos en los que la oposición es abrumadora, como Lituania (74%), Bielorrusia y Serbia (75%), Bosnia-Herzegovina (79%) y por supuesto Ucrania (82%), Rusia (86%), Moldavia (89%), Georgia (94%) y Armenia (95%).

No han sido incluidos en la encuesta Islandia, Luxemburgo y Malta (que caerían, casi seguro, en el bloque de países más tolerantes) ni Albania, Chipre, Kosovo, Montenegro, Macedonia y Turquía (en los que creemos que, con distintos porcentajes, la oposición sería importante). Nos hubiera gustado conocer especialmente el porcentaje de Eslovenia, país en el que llegó a aprobarse una ley de matrimonio que fue luego anulada en un referéndum promovido desde sectores afines a la Iglesia católica en el que participó poco más de un tercio del censo, y el pasado marzo aprobó una ley de uniones civiles. Imposible olvidar, por cierto, el papel que desempeñó el papa Francisco, que pocos días antes del referéndum quiso dar su apoyo expreso a los partidarios de prohibir el matrimonio igualitario y contribuir de esta forma a la victoria del bando homófobo.

Más allá de las opiniones sobre el matrimonio igualitario, el estudio de Pew Research Center preguntaba a los jóvenes europeos sobre otras materias como la actitud hacia las personas de religión musulmana, la importancia que conceden a la religión como elemento de su identidad nacional, el aborto o la creencia en que la cultura propia es superior a otras. Sus resultados quedan fuera del ámbito LGTB, pero arrojan dos resultados que de forma general son coherentes con la opinión sobre el matrimonio igualitario: hay un fuerte contraste entre los jóvenes de Europa occidental y oriental, y en todos los casos los jóvenes españoles se sitúan en el lado más tolerante del espectro. Puedes acceder aquí a más información sobre el estudio.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Viorica Dancila, primera ministra de Rumanía, deposita su voto en el referéndum

El referéndum para prohibir constitucionalmente el matrimonio igualitario en Rumanía no ha alcanzado el mínimo de participación necesario para ser efectivo. Solo un 20,41 % de los censados ha acudido a las urnas, frente al 30 % necesario, lo cual puede calificarse sin duda alguna como de enorme fracaso para los convocantes. Rumanía, pues, no se suma a la lista de países europeos donde el matrimonio entre personas del mismo sexo está expresamente prohibido en su Constitución, si bien la legislación ordinaria sí lo continúa impidiendo. Actualizaremos la noticia cuando se conozcan los datos del escrutinio con la decisión, ya sin relevancia, de los escasos participantes.

Casi diecinueve millones de ciudadanos rumanos habían sido convocados para votar en referéndum la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo. Para que el resultado fuera vinculante, se necesitaba que participase al menos el 30 % de los censados. Sin embargo, y a pesar de la fuerte presión de los sectores más LGTBfobos —sobre todo la Iglesia ortodoxa— y el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, la participación tan solo ha alcanzado el 20,41 %, por lo que, sea cual sea el resultado del escrutinio final, el texto constitucional no puede ser modificado. La legislación ordinaria sigue impidiendo el matrimonio igualitario en Rumanía, pero al menos su Constitución seguirá sin prohibirlo.

El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado mes de septiembre. En la cámara alta también se superó la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracción frente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tuvo vía libre para ser votada en referéndum. El objetivo era cambiar la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Para que el resultado de la consulta popular fuera válido, debía participar al menos el 30 % del censo electoral y los votos favorables superar el 50 %. El plebiscito se ha celebrado en dos jornadas, el 6 y 7 de octubre. El primer día, la participación solo alcanzó el 5,72 %, mientras que en la segunda jornada se ha llegado solamente hasta el 20,41 % de participación definitiva.

Tras el resultado, el líder de la USR, Dan Barna, ha pedido la dimisión del Gobierno por «haber dilapidado cuarenta millones de euros en una fantasía». La promotora Coalición por la Familia ha reconocido el mal resultado, aunque se felicita por haber movilizado a casi cuatro millones de rumanos. Por su parte, las asociaciones en defensa de los derechos LGTB, que habían pedido el boicot al referéndum, se han congratulado de que la población se haya abstenido de manera tan clara, pero aún así reclaman que «la comunidad de gais, lesbianas, bisexuales y personas transgénero es parte de la población del país, y tiene muchas familias, que en este momento carecen totalmente de reconocimiento y protección legales. Es hora de que el estado rumano, a través de las autoridades competentes, garantice la igualdad de derechos y obligaciones para las parejas del mismo sexo».

La situación de las parejas del mismo sexo en Rumanía

Todo este proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario.

Posteriormente, el alto tribunal rumano dio a conocer los considerandos de su decisión. Los jueces se remitían a la sentencia europea y la interpretaban de acuerdo con legislación rumana. Concretamente, establecen que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la protección de la vida privada y familiar que consagra el artículo 26.1 de la Constitución rumana:

Las autoridades públicas respetarán y protegerán la vida íntima, familiar y privada.

El Constitucional consideraba que este artículo debía interpretarse en un sentido inclusivo con las personas LGTB. Aún más, afirmaba que las parejas del mismo sexo «tienen derecho, con el tiempo y de acuerdo con la ley, a disfrutar de un reconocimiento legal y jurídico de sus derechos y obligaciones». Las derivaciones legales de esta formulación no están claras, porque el alto tribunal no ha ordenado el reconocimiento inmediato de las parejas del mismo sexo, sino que deja la regulación en manos del legislativo. La traslación del mandato de igualdad, por tanto, puede durar aún mucho tiempo, si es que se llega a producir.

Expertos legales citados por la web queer.de opinan que el fallo solo obliga a las autoridades a reconocer a las parejas del mismo sexo los mismos derechos y obligaciones que a las parejas de distinto sexo no casadas. Es decir, casi ninguno en la actualidad, ya que Rumanía carece de una ley de uniones civiles. La mención a un «reconocimiento legal y jurídico» de las parejas del mismo sexo podría abrir, sin embargo, el debate legislativo y social sobre esta vía.

El matrimonio igualitario en Europa

Las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en 16 países europeos (entre paréntesis, el año de entrada en vigor de las respectivas normativas):

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Dinamarca (2012), Francia (2013), Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017) y Alemania  , Malta (2017) y Austria (2019).

Reino Unido (2014 en Inglaterra, Gales y Escocia, sin que exista legislación igualitaria en Irlanda del Norte), Luxemburgo (2015), Irlanda (2015), Finlandia (2017), Alemania (2017), Malta (2017) y Austria (2019).

Por otra parte, existen 13 países europeos cuyas respectivas constituciones prohíben expresamente el matrimonio igualitario (entre paréntesis, el año en que entró en vigor la prohibición constitucional):

Bulgaria (1991), Lituania (1992), Bielorrusia (1994), Moldavia (1994), Ucrania (1996), Polonia (1997), Letonia (2006), Serbia (2006), Montenegro (2007), Hungría (2012), Croacia (2013), Eslovaquia (2014) y Armenia (2015).

Podéis pinchar en el mapa para verlo a mayor tamaño:

General, Homofobia/ Transfobia. Adrian Corman, Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Coalición por la Familia (Rumanía), Croacia, Dan Barna, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, Polonia, Robert Hamilton, Rumanía, Serbia, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ucrania, Unión Europea, Unión Salvar Rumanía

Importante toma de posición de la justicia rumana sobre los derechos LGTB. El Tribunal Constitucional ha publicado los considerandos de su sentencia del pasado mes de junio en la que reconoció el derecho de residencia a los cónyuges de ciudadanos comunitarios. Según el alto tribunal, las parejas del mismo sexo están amparadas por el derecho constitucional a la protección de la vida privada y familiar. El fallo va en la dirección contraria a la del referéndum del próximo 7 de octubre, en el que se votará una reforma de la ley fundamental para blindar la exclusión de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. 

A mediados del mes pasado conocíamos que el Senado de Rumanía daba vía libre al referéndum para prohibir el matrimonio igualitario en la Constitución, con lo que Rumanía estaría un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes día 11 de septiembre. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

Sin embargo,  el Tribunal Constitucional del país acaba de decir que las parejas formadas por dos personas del mismo sexo han de tener los mismos derechos que las parejas formadas por dos personas del sexo opuesto. Según los jueces del Tribunal Constitucional rumano, las parejas homosexuales tienen derecho a llevar una vida privada y familiar exactamente igual que las parejas heterosexuales, pues han de tener “el mismo reconocimiento legal de sus derechos y obligaciones“. Que es, curiosamente, un argumento muy parecido al que terminó por tumbar la sección 377 en India, lo que llevó a la legalización de la homosexualidad allí hace unas semanas. Básicamente: va contra la Constitución cualquier ley que penalice lo que la Constitución protege.

Desde Accept, un grupo de derechos LGTB+ rumano, Teodora Ion-Rotaru ha explicado que la sentencia es “extremadamente importante“: “Lo que dice es que las parejas homosexuales han de tener los mismos derechos que las heterosexuales. El Tribunal ha sentenciado que una familia homosexual vale lo mismo que una familia heterosexual.”

Aunque el referéndum contra el matrimonio igualitario de los próximos días 6 y 7 de octubre sigue adelante, parece que aunque el resultado afiance la homofobia del país el Gobierno no lo tendrá fácil para modificar la Constitución rumana y definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Porque aunque esta sentencia llegue antes de esa reforma (ahora mismo la Constitución define el matrimonio como una union entre dos cónyuges) muchos expertos ya han avisado de que modificar eso podría suponer una violación de la propia carta magna, un ataque a los derechos humanos de la población homosexual y, además, va en contra de lo que la Unión Europea lleva meses diciendo.

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente | Associated Press, vía EstoyBailando/Cristianos Gays

General, Homofobia/ Transfobia. Accept, Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Coalición por la Familia (Rumanía), Croacia, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Klaus Iohannis, Letonia, Lituania, Liviu Dragnea, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, Polonia, PSD (Rumanía), Rumanía, Serbia, Teodora Ion-Rotaru, Traian Băsescu, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ucrania, Unión Europea, Unión Salvar Rumanía

Rumanía está un paso más cerca de convertirse en el próximo país que eleva a nivel constitucional la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio. Más de un año después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el Senado rumano ha dado su visto bueno a la iniciativa para definirlo como la unión de un hombre y una mujer en la norma fundamental. La propuesta de reforma constitucional será sometida a referéndum el próximo 7 de octubre. Si gana el «sí», Rumanía se sumará al grupo de países en los que el matrimonio excluyente está blindado al más alto nivel normativo.

La aprobación por el Senado era el último trámite legislativo que debía superar la iniciativa de la Coalición por la Familia, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, en su batalla para conseguir el referéndum para fijar el matrimonio excluyente en la Constitución. El proceso lleva fraguándose desde julio de 2016, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de reforma de la carta magna para blindar la discriminación, que había reunido más de 3 millones de firmas. En mayo del año pasado se votó la propuesta en la Cámara de Diputados. El resultado allí fue de 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma constitucional de este tipo.

Tras más de un año de recorrido legislativo, la iniciativa llegó al Senado, donde fue votada el pasado martes. En la cámara alta también se superaron la mayoría de dos tercios requerida: 107 votos a favor frente a 13 en contra y siete abstenciones. La única formación en oponerse fue la Unión Salvar Rumanía (USR), un partido anticorrupción de reciente fundación cuyo líder Dan Barna tachó la medida de maniobra de distracciónfrente a otros problemas más acuciantes.

Con el visto bueno del Senado, la propuesta homófoba tiene vía libre para ser votada en referéndum. La consulta se celebrará el próximo 7 de octubre y será válida si participa al menos el 30 % del censo electoral y los votos a favor superan el 50 %. En ese caso, se cambiará la redacción del artículo 48.1 de la Constitución rumana para sustituir en la definición del matrimonio la expresión «entre los esposos» por la excluyente de «entre un hombre y una mujer». Cabe destacar que, a pesar de que la norma fundamental no haga mención explícita al sexo de los contrayentes, la legislación ordinaria ya impide el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta y la participación supera el mínimo, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder socialdemócrata Liviu Dragnea como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

En la línea contraria a la justicia europea

El proceso de reforma de la Constitución para blindar el matrimonio excluyente se ha desarrollado parcialmente de forma paralela a la batalla legal de de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto.

La justicia europea sentenció a favor de la pareja (y de todos los casos similares) y el Constitucional rumano adoptó el fallo, según el cual el concepto de «cónyuge», en el sentido de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea en materia de libertad de residencia de sus ciudadanos y de los miembros de sus familias, incluye a los cónyuges del mismo sexo, con independencia de que los estados permitan o no el matrimonio igualitario y de que el cónyuge no sea comunitario. Esta sentencia convertiría en poco más que papel mojado la posible prohibición constitucional del matrimonio igualitario, al menos en lo que se refiere al derecho de residencia de las parejas casadas en los que alguno de los miembros se ciudadano de la Unión.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Coalición por la Familia (Rumanía), Croacia, Discriminación, Eslovaquia, Hungría, Klaus Iohannis, Letonia, Lituania, Liviu Dragnea, Matrimonio, Moldavia, Montenegro, Polonia, PSD (Rumanía), Rumanía, Serbia, Traian Băsescu, Tribunal Constitucional de Rumanía, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Ucrania, Unión Europea, Unión Salvar Rumanía

Agresión homófoba en Copenhague: Josue Medina Vásquez, novio del ministro de Justicia (y líder conservador) Søren Pape Poulsen, recibió a la salida de un bar un puñetazo de un individuo que le gritó «no me gustan los homosexuales». El agresor, de nacionalidad eslovaca, ha sido detenido por la Policía.

Josue Medina Vásquez, de nacionalidad dominicana, es el prometido del ministro danés de Justicia, Søren Pape Poulsen, que además es el líder del Partido Popular Conservador. Se conocieron en Bruselas en 2013, y desde 2014 son pareja oficial. En verano de 2017 la pareja anunció sus intenciones de contraer matrimonio este 2018 en la catedral de Viborg (la Iglesia luterana evangélica de Dinamarca celebra bodas entre personas del mismo sexo desde 2012).

La agresión se produjo en la madrugada del pasado jueves, a la salida de un bar de Copenhague, recién comenzado el Día Internacional contra la LGTBfobia. El agresor, de 34 años, es natural de Eslovaquia, y al parecer se encontraba en Dinamarca con motivo de la celebración del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo, en el que ha participado su país. Según la denuncia, el individuo se encaró con Medina Vázquez, le hizo un comentario homófobo y lo golpeó en el rostro.

Aunque el ministro de Justicia no ha querido comentar públicamente el incidente, limitándose a comentar en redes sociales su deseo de «digerir lo sucedido cuánto antes», el que sí lo ha hecho es el primer ministro danés,  el liberal Lars Løkke Rasmussen. «En shock al saber que Josue Medina Vazquez, pareja de Søren Papes, ha sido víctima de un delito de odio. Uno tiene que ser libre de vivir la vida como quiera. Debería ser algo ya asumido en 2018. Mis pensamientos están con Søren y Josué», tuiteó el primer ministro danés tras conocer lo sucedido:

Rystet over, at Søren Papes samlever Josue Medina Vazquez er blevet udsat for en hadforbrydelse. Man skal frit kunne leve sit liv, som man ønsker. Det burde være en selvfølge i 2018. Tanker til Søren og Josue. ❤️

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) 17 de mayo de 2018

El agresor se encuentra detenido y permanecerá encarcelado, según la prensa danesa, hasta el 30 de mayo. Tras tomarle declaración el juez le acusa de un delito de agresión, aunque no considera probada la motivación homófoba. El agresor asegura no tener nada en contra de los homosexuales y dice no recordar apenas nada de lo sucedido por encontrarse bebido. También asegura que fue Medina el que lo golpeó primero.

Josue Medina Vásquez no ha hecho por el momento declaraciones, pero sí dejó en su perfil de Facebook un significativo mensaje en inglés apenas unas horas después de ser agredido. «No más delitos de odio», reza la imagen:

Josue Medina Vásquez
17 de mayo a las 9:45 ·

 Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Delitos de Odio, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, Dinamarca, Eslovaquia, Homofobia, Josue Medina Vásquez, Lars Løkke Rasmussen, LGTBfobia, Partido Popular Conservador (Dinamarca), Søren Pape Poulsen

ILGA Europa ha emitido su acostumbrado informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es habitual, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2018 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2017. Como en pasados años, Malta encabeza la clasificación debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años, como el reconocimiento legal de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, la prohibición de las infames «terapias reparadoras» de la homosexualidad, la adopción homoparental o, finalmente, la aprobación del matrimonio igualitario, que la sitúan a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. España, debido a su inmovilismo legislativo, se mantiene en la novena posición, con la recomendación por parte de ILGA Europa de que se aprueben definitivamente tanto la ley de igualdad de las personas LGTBI como la reforma de la ley de identidad de género.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta sigue encabezando la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años. En 2015 aprobó una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, que prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento, además de estar adecuada a la despatologización de la transexualidad y ser aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2014, cuando aprobó la ley de uniones civiles abierta a parejas del mismo sexo, incluyó en la misma la adopción homoparental. Dos años después, en 2016, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles «terapias» reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género. Finalmente, en julio de 2017 Malta aprobó la ley de que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Todo ello ha ocasionado que Malta alcance el 91,04 % de cumplimiento de los objetivos de igualdad y no discriminación de ILGA, quedando tan solo pendientes legislaciones respecto a la no discriminación en el acceso a bienes y servicios, las medidas reproductivas para parejas del mismo sexo o mejorar la situación de los asilados por orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, el inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, ha ocasionado que países que en su día encabezaron la clasificación o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, como Suecia u Holanda, se sitúen en la décima y undécima posición respetivamente. Ya no bastan leyes que establezcan la igualdad de derechos, también se exigen políticas activas contra la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género.

La situación en España

La falta de disposiciones de rango constitucional o de leyes de ámbito estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género hace que la puntuación alcanzada por España se vea mermada. Además de ello, el hecho de que no exista un organismo que se encargue tanto de vigilar y sancionar las situaciones de discriminación como de fomentar la igualdad en todos los ámbitos resta el porcentaje de consecución de objetivos en el apartado de «Igualdad y no discriminación».

ILGA Europa hace estas dos recomendaciones al Gobierno español:

Es decir, las recomendaciones son que se aprueben leyes como las que están actualmente en trámite parlamentario. Respecto a los acontecimientos más destacables del pasado año, ILGA Europa precisamente señala el gran esfuerzo de las asociaciones LGTBI para convencer a los distintos grupos políticos de la necesidad de aprobar las leyes de igualdad LGTBI y de reformar de la ley de identidad de género. También destaca la gran aceptación social que las personas LGTBI disfrutan en España, según confirman numerosas encuestas, y comenta, por ejemplo, el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciera pública su bisexualidad. Por otro lado, no deja de lamentar las agresiones denunciadas por el Observatorio contra la LGTBfobia de Madrid y los lamentables sucesos que tuvieron lugar en Murcia durante la celebración del Orgullo.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. Repitió en 2017 y este año se consolida en lo más alto de la lista. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza, aunque cayendo hasta el 9º puesto estos dos últimos años debido al inmovilismo legislativo.

Fuente Dosmanzanas

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Importante noticia la que hemos conocido esta semana: la Corte Europea de Justicia comenzó a examinar el martes pasado el caso de una pareja del mismo sexo casada legalmente en Bélgica, pero cuyo matrimonio no reconocen las autoridades de Rumanía. La resolución de este caso, que se conocerá previsiblemente el año que viene, podría sentar un importante precedente para la libertad de circulación de las personas LGTB en el territorio de la Unión Europea. Una sentencia positiva obligaría a todos los estados miembros a reconocer los matrimonios y uniones civiles legalmente celebrados en otros países de la Unión.

La Justicia europea ha empezado a deliberar sobre un asunto cuya resolución podría traer profundas consecuencias para las parejas del mismo sexo. Hemos informado del caso que llevan adelante Adrian Coman, un ciudadano rumano, y su marido estadounidense Robert Hamilton, casados legalmente en Bélgica. La pareja presentó una demanda ante las autoridades rumanas por negarse a reconocer su matrimonio. Esta falta de reconocimiento legal impide a Hamilton obtener permisos de residencia y de trabajo y, por tanto, permanecer más de tres meses seguidos en el país.

Tras un ya largo proceso judicial, en noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional rumano anunciaba un nuevo aplazamiento para que los jueces pudieran consultar el caso con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La propuesta partió de los demandantes, que argumentan que se trata de un asunto relacionado con la libre circulación de personas en territorio europeo que ha sido vulnerada en su caso. La clave reside en dilucidar si una pareja casada del mismo sexo tiene derecho a que se le aplique la normativa europea sobre reunificación familiar, toda vez que uno de sus miembros es un ciudadano comunitario.

Casi un año después, la Corte Europea de Justicia (uno de los dos órganos que conforman el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) ha anunciado que la Gran Sala se hará cargo de las deliberaciones, que comenzaron la semana pasada. Se trata de una sala en la que participan quince jueces de otros tantos Estados miembros y solo resuelve asuntos de especial complejidad y relevancia. La resolución, que previsiblemente se conocerá ya en 2018, podría sentar un importante precedente para muchas parejas perjudicadas en su derecho a la libre circulación en la Unión Europea por culpa de las legislaciones nacionales discriminatorias.

Concretamente, podría tener consecuencias para los únicos seis Estados miembros que actualmente carecen de cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo: se trata, además de Rumanía, de Bulgaria, Eslovaquia, Letonia, Lituania y Polonia. Una sentencia favorable para los demandantes podría obligar a estos países a reconocer a las parejas del mismo sexo legalmente casadas o unidas civilmente en otros Estados de la Unión cuando al menos uno de los cónyuges sea ciudadano de un Estado miembro. Situaciones como la aquí descrita, o como la del ciudadano lituano casado en Dinamarca con un hombre de nacionalidad bielorrusa al que las autoridades lituanas denegaron el permiso temporal de residencia, pasarían a ser parte del pasado.

Se trata de la primera vez que el Constitucional rumano acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que hace difícil hacer un pronóstico sobre el resultado final. Del alto tribunal con sede en Luxemburgo han salido sentencias favorables para los derechos LGTB, como la que prohibió las pruebas denigrantes para los solicitantes de asilo homosexuales o la que equiparaba los derechos laborales de las parejas del mismo sexo a las que se prohíbe el matrimonio con los de las parejas casadas. Otras han sido más decepcionantes, como cuando hace dos años consideraba considera lícito que se pueda prohibir a los gais donar sangre.

Un proceso paralelo a la convocatoria del referéndum

De manera paralela al contencioso de Coman y Hamilton, se está desarrollando en Rumanía un proceso por la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre el asunto promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento.

En mayo de este año, la Cámara de Diputados aprobaba la medida por 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo y en septiembre, el gobernante Partido Socialdemócrata anunciaba la próxima convocatoria de un referéndum que aún no se ha llevado a cabo. Si el plebiscito se produce finalmente y los ciudadanos respaldan la propuesta homófoba, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

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ILGA Europa ha emitido su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo. El estudio, como es de costumbre, incluye la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. El informe de 2017 se refiere al estado de los derechos de las personas LGTBI europeas entre enero y diciembre de 2016. En esta ocasión, vuelve a encabezar la clasificación Malta, un país que ha aprobado importantes medidas legislativas en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales e intersexuales, así como contra las infames “terapias reparadoras” de la homosexualidad, situándose a la vanguardia mundial en cuanto a legislaciones de ese tipo. Noruega asciende hasta la segunda posición, debido a su reciente legislación sobre identidad de género. España, por el contrario, baja desde la quinta a la novena posición, debido al inmovilismo del Gobierno respecto a leyes de ámbito nacional contra la discriminación de las personas LGTBI o la falta de adecuación de la ley estatal de identidad de género a las reivindicaciones del colectivo.

Como en años anteriores, la clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje, en el que influyen todas las medidas implementadas en materia de igualdad y no discriminación (25 % de la puntuación total), derecho de familia (27 %), crímenes y discursos de odio (20 %), reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal (15 %), libertades de reunión, asociación y expresión (8 %) y asilo (5 %). El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos, es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar este año la clasificación, sin duda debido a una de las legislaciones de identidad de género más avanzadas del mundo, pues prohíbe taxativamente cualquier procedimiento quirúrgico innecesario en las características sexuales de una persona sin su consentimiento. También está adecuada a la despatologización de la transexualidad y es aplicable a los menores. La ley maltesa también prohíbe a los profesionales de la medicina la realización de innecesarias intervenciones quirúrgicas en los niños intersexuales. En 2016, además, el Parlamento maltés aprobó dos leyes muy positivas para la población LGTB. El país mediterráneo se convirtió en el primero de Europa en prohibir las dañinas e inútiles “terapias” reparadoras de la homosexualidad o la transexualidad. También amplió su ya avanzada legislación para permitir a las personas transgénero solicitar el cambio en el registro del sexo legal a partir de los 16 años (hasta entonces eran 18), y a la población reclusa servir condena en una prisión acorde a su identidad de género.

La ministra de Libertades Civiles maltesa ha comunicado este año que se ha abierto el proceso para que la isla apruebe finalmente el matrimonio igualitario. Precisamente es en el apartado de “familia” donde Malta reduce su porcentaje de logros, debido a la actual discriminación de las parejas del mismo sexo, que hasta el momento solo pueden optar por las uniones civiles. De prosperar el proceso, la legislación maltesa destacará aún más en su respeto a los derechos LGTBI.

Noruega, por su parte, ha ascendido desde la undécima posición hasta la segunda, debido a la aprobación en junio de 2016 de otra de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Desde su promulgación, basta un simple trámite administrativo para que los mayores de 16 años puedan modificar la referencia al sexo que aparece en sus documentos oficiales. El mismo procedimiento se aplica a los niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, siempre que cuenten con el visto bueno de sus tutores legales.

El inmovilismo legislativo, como ocurre en el caso de España, es el que ocasiona que países como Suecia u Holanda, que encabezaron en su día la lista o se situaron a la vanguardia de los derechos LGTBI, hoy se encuentren en la duodécima y décima posición respetivamente. Según un portavoz de ILGA Europa, el motivo de la clasificación sueca es que aún sigue exigiendo procedimientos quirúrgicos para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo registral. En cuanto a Holanda, ni su Constitución ni sus leyes contra los delitos de odio protegen específicamente a las personas LGTBI.

La situación en España

La puntuación alcanzada por España sigue viéndose mermada por la falta de disposiciones de rango constitucional o leyes de carácter estatal que protejan específicamente la orientación sexual y la identidad de género. También influye notoriamente la falta de adecuación de la vigente ley de identidad de género de ámbito nacional a la despatologización de la transexualidad, más la carencia de una legislación protectora de las personas intersexuales.

Estas son las recomendaciones que ILGA Europa hace al Gobierno español:

• Extender las protecciones contra la discriminación en la legislación laboral para garantizar que las personas LGBTI estén protegidas en todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en todas las regiones.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito educativo.
• Incluir específicamente todos los campos (orientación sexual, identidad de género y características sexuales) en la legislación que prohíbe la discriminación en el ámbito de la salud.

Por su parte, en cuanto a los sucesos ocurridos en 2016, de relevancia social, que han afectado al colectivo LGTBI, ILGA Europa destaca los siguientes:

El discurso de odio dirigido a personas LGBTI por varias instancias de funcionarios eclesiásticos prominentes fue una tendencia negativa en 2016. Los incidentes fueron registrados por ONG o fueron objeto de quejas por parte de representantes públicos favorables a la igualdad. El lenguaje utilizado se refería a las leyes contra la discriminación como algo negativo, hablaba de una tendencia de la llamada “ideología de género” o cuestionaba la moralidad de las personas LGBTI. En un caso específico, el director de una escuela católica fue multado después de comparar las leyes contra los crímenes de odio con el terrorismo.

Incluso dentro de la Policía, el acoso motivado por prejuicios fue denunciado en diciembre por una integrante lesbiana de las fuerzas del orden. Las ONG LGBTI siguieron ayudando a las personas que informaban de incidentes violentos. Una ONG con sede en Madrid ha registrado más de 200 crímenes de odio contra las personas LGBT a lo largo del año.

Como dato positivo, varias regiones reforzaron sus disposiciones sobre el derecho de familia, abriendo el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las mujeres.

En efecto, el informe de ILGA hace una detallada relación de muchas de las agresiones sufridas por personas LGTBI a lo largo del 2016, de las que lamentablemente hemos tenido que hacernos eco en dosmanzanas, así como destaca la labor del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia por su amparo a las víctimas y su denuncia de la violencia.

También destaca los mensajes de odio por parte de miembros de la jerarquía católica, como el arzobispo de Valencia y cardenal, Antonio Cañizares, que definió a la “ideología de género” como “una de las ideologías más insidiosas en la historia de la humanidad y de la cultura”. Detalla a su vez la misiva firmada por los obispos de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; de Getafe, Joaquín María López de Andújar, y el obispo titular de Mentesa y auxiliar de Getafe, José Rico, en la que acusaban a la Asamblea de Madrid de perpetrar “un ataque a la libertad religiosa y de conciencia” por aprobar la ley integral de transexualidad y hacían un llamamiento a la desobediencia civil.

Asimismo, el informe se hace eco de la carta que envió el director del colegio Juan Pablo II de Alcorcón a los padres de los alumnos, en la que, en referencia a la mencionada ley integral de transexualidad madrileña, la equiparaba con el terrorismo. También se refiere al reparto de folletos a colegios por parte de HazteOír, en los que denigraba los avances legislativos en materia de derechos LGTBI.

Como acontecimientos socialmente positivos, el informe señala la salida del armario del patinador Javier Raya, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el árbitro de fútbol Jesús Tomillero.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo transexual, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, ya fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género. España, en todos los casos, se ha situado siempre entre los 10 países de cabeza

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Albania, Alemania, Andorra, Antonio Cañizares, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Discriminación, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, HazteOir, Holanda, Homofobia, Hungría, Iglesia Católica, ILGA, Irlanda, Islandia, Italia, Javier Raya, Jesús Tomillero, Joaquín María López de Andújar, José Ignacio Munilla, José Rico, Juan Antonio Reig Plà, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Noruega, Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, San Marino, Serbia, Suecia, Suiza, Transfobia, Turquía, Ucrania, Víctor Gutiérrez, Visibilidad LGTBI

Rumanía da un paso más para convertirse en el próximo país en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución. La Cámara de Diputados del país apoyó el viernes pasado por una amplia mayoría la iniciativa de la Coalición por la Familia (un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa) para elevar a nivel constitucional la definición de matrimonio que excluye a las parejas del mismo sexo. El proyecto pasa ahora al Senado, y si este también le da su apoyo, será sometido a referéndum.

Malas noticias para la igualdad LGTB en Europa. El proceso para vetar el matrimonio igualitario a nivel constitucional ha dado un importante paso adelante al conseguir el apoyo de la Cámara de Diputados. Concretamente, la iniciativa de la Coalición por la Familia cosechó 232 votos a favor, 22 en contra y 13 abstenciones, un apoyo superior a los dos tercios que se necesitan para una reforma de este tipo.

Ahora la propuesta pasará al Senado, donde necesita también el voto favorable de las dos terceras partes.. Si el Senado constituido tras los comicios también apoya la iniciativa homófoba, se convocará un referéndum sobre su aprobación definitiva. La consulta será válida si participa al menos el 30% del censo electoral y los votos a favor superan el 50%.

El proceso tomó impulso en julio del año pasado, cuando el Tribunal Constitucional de Rumanía dio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum sobre la prohibición del matrimonio igualitario, que había reunido más de 3 millones de firmas. En un principio se planteó la posibilidad de que el referéndum se celebrara conjuntamente con las próximas elecciones generales. Pero el Senado del país decidió posponer la tramitación del proyecto hasta después de las elecciones legislativas del pasado mes de diciembre, y por ello se ha reactivado ahora.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. El objetivo de los sectores LGTBfobos es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y  que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania. Tanto el líder del gobernante Partido Socialdemócrata (PSD), Liviu Dragnea, como el expresidente Traian Băsescu se han mostrado favorables al blindaje constitucional del matrimonio excluyente. Una posición diferente a la del actual presidente Klaus Iohannis, que aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso.

La vía judicial, en paralelo

El asunto del matrimonio igualitario está pendiente también de un proceso judicial. Se trata de la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, que contrajeron matrimonio en Bélgica. Posteriormente presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Tras varios aplazamientos, el Tribunal Constitucional anunciaba en diciembre del año pasado que consultaría con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para recabar su opinión antes de pronunciar un veredicto, cosa que hasta ahora no se ha producido.

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