La reacción se produce después de que el país norteamericano haya aprobado el decreto de reforma del Código Penal Federal y la Ley General de Salud para prohibir los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG), las mal llamadas ‘terapias de conversión’.

“El estigma y la discriminación que perpetúa la llamada ‘terapia de conversión’ han dañado la salud pública. La decisión de México de poner fin a esta práctica nociva contribuirá a garantizar la salud pública. Todos los países deberían seguir el ejemplo de México“, declaró Luisa Cabal, directora regional de ONUSIDA para América Latina y el Caribe.

Expertos en salud y derechos humanos han condenado la llamada “terapia de conversión” por causar graves trastornos psicológicos.

En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que dichas terapias no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos.

En 2015, la declaración conjunta de los organismos de la ONU condenó “los abusos en entornos médicos, incluidas las denominadas “terapias” no éticas y perjudiciales para cambiar la orientación sexual”.

En 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría concluyó que “no hay pruebas científicas sólidas de que la orientación sexual innata pueda cambiarse.” En 2020, el Grupo Independiente de Expertos Forenses (IFEG) declaró que ofrecer este tipo de terapia es una forma de engaño, publicidad engañosa y fraude.

Prohibición mundial

En 2020, el informe sobre terapia de conversión del Experto Independiente de la ONU sobre orientación sexual e identidad de género pidió “una prohibición mundial de las prácticas de ‘terapia de conversión’”, por ser falsas y perjudiciales, y consideró necesario acabar con ella en todas partes.

La experiencia de ONUSIDA ha demostrado que el estigma y la vergüenza alejan a las personas de los servicios sanitarios esenciales y de los sistemas de apoyo, incluidos los de prevención, pruebas, tratamiento y atención del VIH.

La protección de los derechos humanos de todas las personas, según demuestran las investigaciones de ONUSIDA, es esencial para proteger la salud pública, ya que permite un acceso inclusivo y equitativo a los servicios de salud sin discriminación.

“Las pruebas son claras“, afirmó Cabal. “Las prácticas estigmatizantes perjudican la salud pública. Garantizar la inclusión, la aceptación y el respeto de los derechos humanos de todas las personas es vital para proteger la salud de cada una. El estigma mata, y la solidaridad salva vidas“.