La medida no es una sorpresa. Desde su llegada al poder en junio de 2019, Bukele ha creado progresivamente una barrera al escrutinio para imponer un silencio a investigaciones y publicaciones periodísticas que denuncian y otorgan pruebas de posibles casos de corrupción, violaciones a derechos humanos, transacciones opacas de bitcoin y negociaciones con las pandillas que asolan al país centroamericano.

Bukele ha insistido que durante su gobierno El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo, tras la histórica reducción de homicidios gracias a la implementación de su Plan Control Territorial del que no se conoce ni un detalle ni programa.

El amedrentamiento permanente

Gabriela Cáceres periodista especializada en temas judiciales y violencia del periódico digital El Faro, ya afronta las consecuencias de las reformas aprobadas. La periodista reveló que la Dirección de Centros Penales, manejado por el ejecutivo, liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook Se trata de uno de los máximos líderes de la pandilla MS-13 que tiene procesos judiciales pendientes de cumplir.

Cinco días después de la aprobación de las reformas, Gabriela fue amenazada por Kevin Sánchez, integrante del partido de Bukele, Nuevas Ideas. Le dijo que iniciarán un proceso penal en su contra por “haber replicado mensajes afines a pandillas con el fin de atemorizar a la población”.

“Son las consecuencias lastimosamente que estamos pasando las periodistas de investigación que trabajamos bajo un régimen tan difícil como este. Dije ni modo voy a enfrentar lo que sea y voy a seguir haciendo mi trabajo porque no he mentido. Es una prueba legal, una prueba que fue emitida por un juez”, expresó Gabriela a Presentes.

El juez especializado en crimen organizado, Godofredo Salazar, fue acusado por Bukele de ser “cómplice del crimen organizado”. También “recomendó” a la Corte Suprema de Justicia removerlo de su cargo. Su remoción fue aprobada el mismo día de la publicación del presidente.

“Es una medida que se ha salido de control y que ha generado demasiado temor dentro del gremio periodístico. Porque te quedas pensando ¿cómo publico esto sin que me vayan a meter preso? Porque ni siquiera puedes ampararte a una institución porque las instituciones también están ligadas al oficialismo. Es bastante preocupante la decisión que tomó la asamblea y respaldada por el presidente Bukele”, lamentó Gabriela.

Justificando las reformas

La efectividad del Plan Control Territorial quedó entre dicho el 26 de marzo, cuando fueron asesinados 62 personas, la cifra más alta del siglo, de acuerdo a defensores de derechos humanos. En 72 horas, 87 personas perdieron la vida por supuestos ataques de pandilleros.

El mandatario solicitó a sus diputados aprobar de emergencia un régimen de excepción, que temporalmente suspende derechos constitucionales como la libre asociación, la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia, detención por la policía o militares y la anulación de defensa legal.

Durante 24 días la policía y militares han detenido a 13.573 personas acusadas de pertenecer a las pandillas por su sola apariencia. Ninguna de estas detenciones tuvo orden de un juez.

Mordaza al hablar de pandillas

Surgidas en las calles de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, miles de pandilleros fueron deportados a su país de origen y se extendieron en todo el territorio. Desde allí extorsionan, venden droga y luchan a muerte el control de sus territorios. Se estima oficialmente que unas 86.000 pertenecen a estas estructuras.

En 2015, El Salvador registró 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de la tasa más alta del mundo, según las Naciones Unidas. Desde entonces, las cifras han venido a la baja y durante el gobierno de Bukele, los números se redujeron a niveles históricos.

En 2021, la policía registró un total de 1,140 asesinatos, un 15% menos que en el mismo periodo de 2020. Lo que equivale a 18 muertes por cada 100.000 habitantes.

Crisis Group International aseguró en septiembre de 2020 que el desplome en la tasa de homicidios podría deberse no sólo a políticas de seguridad, sino a decisión propia de las pandillas. Posiblemente por un frágil acuerdo de no agresión con las autoridades.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos acusó en diciembre a dos altos funcionarios del gobierno, Osiris Luna, director general de Centros Penales, y a Carlos Marroquin, director de Tejido Social. Según la acusación, ellos facilitaron una negociación con las pandillas a cambio de apoyo electoral para el partido de Bukele en las elecciones de febrero de 2021.

“En 2020, el gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó incentivos económicos a las pandillas salvadoreñas MS-13 y Barrio 18 para que éstas le garantizaran bajos niveles de violencia de pandillas y de homicidios confirmados”, señaló el Departamento del Tesoro en un comunicado oficial.

En enero de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a El Salvador la extradición de 14 lideres de la Mara Salvatrucha por delitos narcotráfico, terrorismo y conspiración, pero Bukele y sus aliados en la Fiscalia General y la Corte Suprema de Justicia, cooptada desde el 1 mayo 2021 se niegan a extraditarlos.

El fiscal general impuesto por Bukele, solicitó a la Corte Suprema de Justicia no aprobar la extradición alegando que no hay garantías que Estados Unidos respete los derechos constitucionales de los acusados.

Sin embargo, los legisladores oficialistas aprobaron la primera semana de abril unas reformas que sancionan a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales que reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población en general.

El castigo a la prensa

“Vemos con suma preocupación las reformas porque podría aumentar los casos en contra de mujeres periodistas. Sobre todo, para quienes están trabajando en investigaciones”, dijo a Presentes Mónica Rodríguez, integrante de la Colectiva de Mujeres Periodistas del país centroamericano.

Para la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), las reformas impulsadas por Bukele responden al interés de censurar a los medios de comunicación y socavar el derecho a la libertad de prensa e información en el país.

“Nuestra principal preocupación es que se le esté limitando el derecho a la información a la población salvadoreña. Se le quiere esconder a los salvadoreños, que en ese supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derechos. Se está restringiendo la libertad de prensa”, expresó César Fagoaga, presidente de la gremial de periodistas.

El centro de monitoreo de agresiones contra periodistas de la APES registró 38 denuncias de ataques entre enero y abril de 2022. Diecinueve de ellos fueron acosos digitales y 8 restricciones al ejercicio de su trabajo, 15 de los casos fueron contra mujeres. Gabriela Cáceres recibió solamente en una publicación en Twitter 1,095 ofensas de cuentas afines al gobierno.

“Esta ley se trata únicamente para silenciar a la prensa. No creo que esta reforma se trate de combatir a las pandillas y la mejor opción es no hablar de ellos. Es una medida que va encaminada hacia otro rumbo que todavía no sabemos pero que ahorita claramente es silenciar a la prensa. Estamos caminando sobre un piso demasiado frágil en este momento”, dijo Gabriela.

El presidente del Congreso, Ernesto Castro atacó a periodistas e investigadores desde el hemiciclo. Y les “recomendó” que se busquen asilo humanitario fuera de El Salvador.

“No los necesitamos, váyanse. Pero si se quieren quedar este es el nuevo país en el que estamos viviendo y este es el nuevo país donde vamos a vivir”, expresó exacerbado durante su intervención durante la aprobación de una ley para construir más centros penales en el país.

De acuerdo a la APES, en 2022 se han exiliado cuatro periodistas después de ser objeto de ataques de Bukele que les acusó de ser defensores y familiares de pandilleros. Las agresiones reportadas fueron hechas en su mayoría por funcionarios públicos y usuarios de redes sociales afines al partido Nuevas Ideas.

Bukele justificó la penalización de los periodistas en el código penal de Alemania que regula el uso de la simbologia nazi. Sin embargo, la legislación del país europeo no limita la libertad de prensa e información.

“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, asi como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.

Libertad de información en riesgo

La Federación Salvadoreña de personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (FESLGBTI),señaló en un comunicado su preocupación por el aumento de acosos digitales y discursos de odio desde la implementación del régimen de excepción, que ponen en riesgo la vida de defensores de derechos humanos.

Consideran que el gobierno mantiene una permanente campaña de desinformación y criminalización de los defensores de derechos humanos del país.

“Nos enfrentamos a un discurso de odio instalado desde el Estado y validado constantemente dentro de sus instituciones. Incluso desde las que deberían de tratar de poner fin, las cuales contribuyen a acrecentar estas situaciones motivadas por la intolerancia a la crítica y la disidencia”, expresó la FESLGBTI.

El defensor de derechos humanos y activista político, Erick Iván Ortíz fue amenazado de muerte en dos llamadas telefónicas. De acuerdo a la FESLGBTI criticar los constantes abusos del gobierno a la prensa y organizaciones sociales les convierte en blancos de ataque para el oficialismo.

Bianka Rodríguez llegó a las 4 de la tarde al aeropuerto salvadoreño Óscar Arnulfo Romero, el pasado 14 de agosto. Tuvo el tiempo suficiente para registrar su documentación y así abordar un vuelo con el que haría escala en Madrid, para luego dirigirse a Dinamarca, al World Pride and Euro Games, un encuentro que juntó a más de 200 defensorxs de derechos humanos LGBTIQ+ entre la segunda y tercera semana de agosto.

Sin embargo, Rodríguez, una reconocida activista trans de El Salvador, no pudo abordar el avión, a pesar de cumplir los requisitos de vuelo establecidos por la aerolínea: la doble dosis de vacuna contra la COVID-19 y su test PCR negativo. Además, ella contaba con una carta extendida por organizadores del encuentro, debido a las restricciones migratorias que actualmente tiene ese país.

La activista no solo perdió su asistencia al World Pride and Euro Games, sino también su participación en un foro sobre desplazamiento forzado de personas LGBTIQ+, una temática central que trabaja en El Salvador y por cuya labor, en 2019, fue reconocida con el Premio Nansen Regional para las Américas, otorgado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

En entrevista con Agencia Presentes, Rodríguez relató que, en cuestión de 50 minutos, se registró y registró su equipaje en Iberia, y una colaboradora que le atendió en el mostrador de la aerolínea, inicialmente, aprobó su viaje. Pero, pasados 10 minutos, le dijo que tenía que consultar “una situación” con el gerente.

Y, entonces, la decisión cambió:  Rodríguez no podía viajar porque tenía 10 días de haber recibido su segunda dosis de la vacuna y, al hacer escala en Madrid, el requisito, según la colaboradora, era que hubiesen pasado 14 días. La activista explicó que estaría de tránsito en Madrid, en ningún momento saldría del aeropuerto y mostró, nuevamente, la carta de invitación oficial a Dinamarca.

Al World Pride and Euro Games también fue invitado el activista Érick Iván Ortiz, quien en ese momento estaba con Bianka. Y aunque él ya se había hecho el registro en la aerolínea y tenía todo en orden para viajar, la colaboradora de Iberia alegó que Ortiz tampoco no cumplía con los requisitos de viaje. Tenía menos de 10 días de haberse aplicado la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Les activistas llamaron a la aerolínea, donde les informaron que no existían problema con su aterrizaje en Madrid, porque elles iban de tránsito. Explicaron esto a la colaboradora, pero ella se negó a seguirles atendiendo, bajo la excusa de que iniciaría con el abordaje de pasajeres en la puerta de embargue. Lo que podía hacer, señaló, era documentar que Rodríguez y Ortiz se presentaron al aeropuerto, pero no pudieron viajar por incumplir normas de viaje.

También elles exigieron hablar con el gerente. Este les preguntó el motivo de viaje y resolvió que podían viajar, pero sin equipaje. Elles se opusieron, porque el viaje implicaría estar aproximadamente 20 días afuera de El Salvador. El colaborador de Iberia pidió, entonces, que mandaran sus documentos a un correo, para comprobar que lo decían era verdad. Esperaron 40 minutos y no tuvieron respuesta.

Sociedad transodiante 

Durante esta conversación, el gerente nunca respetó la identidad y expresión de género de Rodríguez. Les hizo esperar otros cinco minutos y luego les dijo que no habían recibido respuesta sobre el aval para que elles viajaran. Luego les avisó de que tenía que subir a la puerta de embarque y, por último, les dijo que estaba evitando que les deportaran desde Madrid, porque no cumplían con las medidas de bioseguridad. El centro de operaciones no les dio una respuesta rápida, pero Rodríguez ya estaba cansada del maltrato y prefirió irse.

Al estar afuera del aeropuerto, recibió una llamada telefónica de Ortiz, quien le dijo que lo habían dejado abordar y que todo se había tratado de “una equivocación”, pero que tenía un minuto para llegar a tomar el vuelo. Algo imposible, porque le implicaría pasar nuevamente por los controles sanitarios.

 “Para mí, cuando el gerente me trató de él y cuando nunca me dieron una respuesta fue un momento estresante, transfóbico. No hay ninguna otra explicación que hasta que yo me retiro, voluntariamente, le dan el pase a la otra persona para que suba al avión”, denuncia Rodríguez.  

Desde el lunes participo de @CPH2021 en Dinamarca junto a más de 200 defensores y defensoras LGBTI. Sin embargo, nos faltó una persona: @BiankaR_odrguez.

Bianka no pudo estar aquí por la transfobia y el mal trato que vivió por parte de @Iberia en el aeropuerto de El Salvador.

— Erick Iván Ortiz 🏳‍🌈 (@EIvanOrtiz) August 17, 2021

El pasado 17 de agosto, Ortiz denunció desde su cuenta de Twitter el hecho. Relató que, a los pocos minutos de que Rodríguez se retiró del aeropuerto, Iberia le notificó que él sí podía abordar el avión, porque vieron que portaba la carta de invitación a Dinamarca. “Y cuando llegué a Madrid vi banderitas arcoíris con el logo de @Iberia. Sin vergüenzas”, escribió el activista.

Al día siguiente de haber perdido su vuelo, Rodríguez se contactó con la aerolínea y esta la condicionó a pagar 700 dólares para viajar ese mismo día o al día siguiente. Ella se negó.

Para Roberto Zapata, de la organización Amate El Salvador, empresas multinacionales, como Iberia, quieren venderse abiertas con el tema de la diversidad sexual, pero en la sociedad todavía existe transfobia, además de discriminación para grupos vulnerables. En ese sentido, Zapata considera muy importante que Rodríguez y Ortiz realizaron en sus redes sociales.  

“En este caso, simplemente nos pudimos dar cuenta porque les ha pasado a dos defensores de derechos humanos visibles, pero de lo contrario probablemente hubiera quedado en el anonimato, como queda la gran mayoría de estos casos, que solo los conocemos a nivel de grupo de amistades o un poco la comunidad LGBTI, pero no la población en general”, sostiene.

Agencia Presentes intentó comunicarse con voceres de la Iberia para conocer su postura sobre este hecho denunciado por les activistas y reprochado por la población LGBTIQ+ salvadoreña. Al cierre de esta nota, no hubo ninguna respuesta.