La firma del nuevo tratado de libre comercio norteamericano dejaba el viernes pasado un desagradable cambio de última hora. La versión final rebaja el carácter vinculante de la protección frente a la discriminación laboral basada en la orientación sexual y la identidad de género, presente en el texto inicial. Ni siquiera con la nueva formulación, más laxa, se ha dado por contenta la administración Trump. Ante la amenaza de varios congresistas republicanos de rechazar el tratado si se hacía referencia a la realidad LGTB, Estados Unidos se ha autoexcluido de la medida con una nota al pie en la que especifica que el país no va a tomar nuevas medidas en esa dirección.

El pasado 30 de noviembre, el ya expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau firmaban el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio en vigor desde 1994. Era el resultado de dos años de negociaciones y ahora deberá superar la ratificación parlamentaria en cada uno de los Estados signatarios. En el ámbito LGTB, la administración Trump ha conseguido, tras diluir su carácter vinculante, autoexcluirse de una ambiciosa formulación contra la discriminación laboral tras las presiones de los republicanos.

El texto original, en su artículo 23, instaba a los tres países a apoyar «políticas que protejan a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo, inclusive con relación al embarazo, acoso laboral, orientación sexual e identidad de género». Pero ya a mediados de noviembre, un grupo de más de cuarenta congresistas republicanos escribieron una carta al presidente urgiéndolo a no firmar el acuerdo si antes no se borraba esta mención. En el trasfondo, la amenaza de rechazar el tratado durante su ratificación en el Congreso de Estados Unidos.

Para sortear este posible veto, la nueva formulación del artículo 23 anima a los países firmantes a fomentar «políticas que consideren apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo (inclusive con relación al acoso laboral), embarazo, orientación sexual, identidad de género y cuidado de personas allegadas». Una formulación, la de «que consideren apropiadas», que rebaja el carácter vinculante del mandato. Aun así, Estados Unidos se autoexcluye de esta recomendación con una nota al pie en la que asegura que las normas existentes en el país ya «son suficientes para cumplir las obligaciones» que impone el tratado en materia de discriminación laboral y «por tanto, no requieren ninguna acción adicional» por parte de la administración estadounidense.

Sin una ley federal contra la discriminación laboral

La realidad es que, a diferencia de Canadá y México, Estados Unidos carece en la actualidad de una ley federal de protección de las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. La legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado.

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, una posibilidad que por ahora no se ha materializado. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la «libertad religiosa» que la convertiría en papel mojado. Los tribunales, por su parte, han dictaminado que la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964 cubre la protección frente a la discriminación laboral de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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En estos tiempos de regresión política en Estados Unidos, la protección legal contra la discriminación de las personas LGTB es una de las principales batallas que se están librando en ese país, tanto a nivel local y de los estados como en el nivel federal, en el que la administración Obama fue incapaz de consolidar una legislación garantista. Analizamos la situación al hilo de dos noticias contrapuestas. Una, procedente de la justicia federal, muy favorable: por segunda vez en la historia reciente, y a pesar de los esfuerzos de la administración Trump (que se personó en el proceso), una Corte de Apelaciones ha considerado que la orientación sexual es una categoría protegida por la Ley de Derechos Civiles por lo que la protección laboral se refiere. Otra, procedente de la política, desfavorable: 21 senadores republicanos han presentado un proyecto de ley que haría legal la discriminación homófoba. 

El contexto: ausencia de una ley contra la discriminación laboral LGTBfoba

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género ha sido una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata: entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales.

El último intento fue el que tuvo lugar en 2013. En noviembre de ese año el Senado, aún con mayoría demócrata, consiguió aprobar un proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense: diez senadores republicanos se adhirieron al proyecto. Lamentablemente los republicanos no movieron un dedo por conseguir que el proyecto avanzase en la Cámara de Representantes, que controlaban de forma mayoritaria. El proyecto quedaba, una vez más, en vía muerta. La victoria de Donald Trump en las elecciones de 2016 y el tsunami republicano acabaron con cualquier esperanza de aprobación.

Obama y Trump: las órdenes ejecutivas de la discordia

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género (categoría esta última que antes no gozaba de ningún tipo de protección). Unos 14 millones de personas que trabajaban para empresas dependientes del gobierno federal vieron de esta forma reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, y de hecho esa fue una de las posibilidades que se barajó tras su victoria.

Finalmente la reversión no se materializó y Trump mantiene de momento la orden de Obama. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la “libertad religiosa” que la convertiría en papel mojado.

La batalla en los tribunales: el caso Zarda

Pero la posición de la administración Trump respecto a la discriminación de los trabajadores LGTB tiene más frentes, no solo el referido a las empresas que trabajan con la administración federal. De fondo, existe una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta.

Pero en abril de 2017, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), consideró que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma. Y hace solo unas pocas semanas otra Corte de Apelaciones, en este caso del 2º Circuito (con sede en Nueva York y jurisdicción sobre los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont), emitía un fallo en el mismo sentido.

Una decisión, la del 2º Circuito de Apelaciones, que ha sido además toda una bofetada a la administración Trump, cuyo Departamento de Justicia llegó a personarse en el proceso judicial para argumentar que la legislación federal contra la discriminación laboral no debía aplicarse a la orientación sexual. El caso en litigio, Zarda v. Altitude Express, dirime una denuncia por discriminación interpuesta por Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual.

Estaremos atentos a cómo evoluciona el tema, aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada antes o después por el Tribunal Supremo. Por lo pronto, el hecho de que el Departamento de Justicia decidiese personarse en Zarda v. Altitude Express para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha decidido escoger. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Los republicanos rescatan la FADA, una propuesta de ley discriminatoria

En este contexto, los republicanos han decidido reactivar una de sus propuestas: la de la llamada First Amendment Defense Act (FADA), una ley que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones de los estados o de la administración federal, a personas y negocios que discriminen a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos. La FADA, que en cierto modo podría considerarse “el reverso tenebroso” de la ENDA, fue introducida por primera vez en el Congreso estadounidense en 2015 y recabó significativos apoyos entre los legisladores republicanos, aunque entonces no prosperó y ni siquiera llegó a ser votada en ninguna de las dos cámaras.

El Partido Republicano, sin embargo, la incluyó en su plataforma electoral de 2016, y ahora un grupo de 21 senadores de ese partido, liderados por Mike Lee (senador por Utah) ha decidido presentarla de nuevo. De acuerdo a su literalidad, la FADA persigue impedir “que el Gobierno federal tome cualquier medida discriminatoria” contra personas, negocios o instituciones por su “creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión de un hombre y una mujer” o de que “las relaciones sexuales fuera del matrimonio son inadecuadas”. En la práctica, de ser aprobada, la FADA haría prácticamente inservible cualquier tipo de medida antidiscriminatoria por razones de orientación sexual, y no solo a nivel laboral: también en materia de prestación de servicios, vivienda o cobertura sanitaria o de cualquier otro tipo de cónyuges del mismo sexo.

Veremos qué sucede finalmente. A día de hoy, teniendo en cuenta que faltan menos de ocho meses para las elecciones “de medio término”, en las que se renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y dado los recientes reveses republicanos en elecciones parciales (como la derrota del LGTBfobo Roy Moore en Alabama), todo apunta a que la FADA cuenta con pocas posibilidades de salir adelante y constituye más un “postureo” hacia el electorado ultraconservador que otra cosa. Pero de lo que no cabe duda alguna es de que la discusión sobre cómo permitir la discriminación legal de las personas LGTB sigue muy viva entre los republicanos. En 2018.

Fuente Dosmanzanas

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Compañías como Nike, Apple, Amazon, American Airlines o Microsoft, se alían para formar parte de una coalición para promover acciones contra la discriminación LGTB en los Estados Unidos.

Un total de 60 altos cargos de compañías como Nike, Apple, Amazon, American Airlines y Microsoft han firmado la Coalición Empresarial para la Ley de Igualdad, más conocida como Equality Act. “Estos líderes empresariales demuestran una verdadera iniciativa para poner fin a un status quo que deja en riesgo de despido a la comunidad LGTB en una mayoría de estados a los que se les niegan los servicios o les despiden sólo por ser quienes son o a quién aman”, declaraciones de Chad Griffin, presidente de la Campaña de Derechos Humanos.

La HRC (Human Rigths Campaign) es el lobby en favor de los derechos LGTB más respetado y mejor situado de los Estados Unidos, que ha conseguido un gran apoyo corporativo en favor de una pieza capital pendiente de aprobación en el Congreso: la Ley de No Discriminación al Empleado, conocida como ENDA (Employment Non-Discrimination Act). Treinta y dos estados de la unión carecen de protección contra la discriminación por orientación o identidad sexual.

La legislatura de Washington aprobó una ley contra la discriminación LGTB en 2006, siendo el senador Ed Murray su principal promotor. Una ley que se encuentra actualmente en el punto de mira de quienes pretenden restringir el acceso a lugares públicos de ciudadanos transexuales.

La lista de firmantes del Acto de Igualdad incluye compañías de raíces mormonas, como Marriott Internacional Inc, fabricantes de napalm, como Dow Chemical, y compañías que gastan millones de dólares en luchar en favor del etiquetado de los alimentos modificados genéticamente, como Monsanto, Coca Cola, PepsiCo y General Mills. Los empresarios relacionados con la tecnología han sido siempre grandes defensores de los derechos LGTB. El director ejecutivo de Amazon, Jeff Benzos, fue noticia en 2012 cunado prometió dos millones y medio de dólares para apoyar el referéndum del matrimonio igualitario; el co-fundador de Microsoft, Bill Gates, y el entonces director ejecutivo de la compañía, Steve Ballner, donaron 100.000 dólares cada uno para la misma campaña.

El arranque de la campaña por la Ley de Igualdad se produjo en otoño del año pasado, en la sede de Amazon, contando con el apoyo de la líder demócrata Nancy Pelosi. La cena de la Campaña por los Derechos Humanos que se celebra anualmente en Seattle tuvo como patrocinadores a Alaska Airlines, Microsoft, Nordstrom, Starbuscks y Recreational Equipment Inc.

La propuesta de Equality Act firmada por estas compañías incluye protección permanente bajo la ley federal para ciudadanos gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, afectando a áreas como la vida laboral, el acceso a espacios públicos, la vivienda, la educación, servicios financieros y jurídicos y programas financiados por el gobierno. A continuación la lista de los firmantes:

— Abercrombie & Fitch Co.— Accenture— Airbnb Inc.— Amazon.com Inc.— American Airlines— American Eagle Outfitters— Apple Inc.— Best Buy Co. Inc.— Biogen— Boehringer Ingelheim USA Corp.— Broadridge Financial Solutions Inc.— Brown-Forman Corp.— CA Technologies Inc.— Caesars Entertainment Corp.— Capital One Financial Corp.— Cardinal Health Inc.— Choice Hotels International Inc— Corning Inc.— CVS Health Corp.— Diageo North America— Dropbox Inc.— EMC Corp.— Facebook Inc.— Gap Inc.— General Electric Co.— General Mills Inc.— Google Inc.— Hewlett-Packard Co.— Hilton Worldwide Inc.— Hyatt Hotels Corp.— IBM Corp.— Intel Corp.— Johnson & Johnson— Kellogg Co.— Levi Strauss & Co.— Marriott International Inc.— MasterCard Inc.— McGraw Hill Financial— Microsoft Corp.— Mitchell Gold + Bob Williams— Monsanto Co.— Moody’s Corp.— Nike Inc.— Oracle Corp.— Orbitz Worldwide Inc.— PepsiCo Inc.— Qualcomm Inc.— Replacements Ltd.— Salesforce— Sodexo Inc.— Symantec Corp.— T-Mobile USA Inc.— Target Corp.— Tech Data Corp.— The Coca-Cola Company— The Dow Chemical Co.— The Hershey Company— Twitter Inc.— Unilever— WeddingWire Inc.

Fuente Agencias

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Hasta hace unos días, Donald Trump era considerado el “menos antigay” de entre los candidatos con posibilidades reales de ganar la nominación republicana para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Una impresión que se ha venido abajo después de las declaraciones de este domingo a Fox News, en las que el favorito del bando republicano ha mostrado su intención de revertir la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario… proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión.

“Es algo sobre lo que se ha sentenciado, está ahí”, respondió, al ser preguntado sobre la cuestión. “Si soy elegido seré muy firme a la hora de promover al Tribunal a jueces que puedan cambiar las cosas, pero es un camino muy largo”, advirtió. “Yo no estoy de acuerdo con el Tribunal [Supremo], debería ser una cuestión que decidiesen los estados”, aclaró.

Para entender el sentido de las palabras de Donald Trump, hay que tener en cuenta que el de juez del Tribunal Supremo es un cargo vitalicio. Cuando una de las nueve vacantes queda libre, ya sea por fallecimiento, retiro voluntario o impeachment, es el presidente el que propone un candidato, que debe recibir el visto bueno del Senado por mayoría simple. De hecho, se considera que la elección de jueces del Tribunal Supremo es uno de los más importantes legados que un presidente deja una vez acaba su mandato. De los actuales miembros del alto tribunal, dos fueron nominados por Ronald Reagan, dos por Bill Clinton, uno por George Bush padre, dos por George Bush hijo y dos por Barack Obama. Y aunque no siempre los jueces se alinean con las posiciones supuestamente más próximas al ideario de los presidentes que los nominaron (Anthony Kennedy, ponente del fallo en Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país, fue nominado por Reagan), es indudable que proponer a un juez con un perfil más o menos conservador es importante cara al equilibrio final.

Volviendo a Trump, pese a su perfil extremista en multitud de cuestiones, lo cierto es que en materia LGTB el magnate ha preferido huir de la polémica. Cuando se produjo el encarcelamiento de Kim Davis, la funcionaria de Kentucky que se negaba a permitir que en su condado se emitiesen licencias de matrimonio a parejas del mismo sexo, Trump llegó a asegurar que el matrimonio igualitario era ya ley, y que por tanto si Davis no quería emitir estas licencias debería haber permitido que sus funcionarios lo hicieran. Un posicionamiento pragmático, que contrastaba con las manifestaciones de apoyo incondicional a Davis por parte de sus oponente republicanos, y muy especialmente del que hoy se adivina como su principal rival, Ted Cruz. Donald Trump también se ha manifestado en contra de que las empresas privadas puedan despedir a trabajadores por el mero hecho de ser homosexuales, aunque lo ha hecho de forma ambigua y por supuesto sin comprometer un apoyo formal a una posible ley antidiscriminatoria (la Ley de No Discriminación en el Empleo, también conocida como “ENDA” por sus siglas en inglés), que pese a llevar más de dos décadas en discusión aún no ha podido ser aprobada.

Es por eso que las declaraciones de Donald Trump a Fox News han causado cierta sorpresa en el colectivo LGTB estadounidense, que consideraba que al menos en el tema del matrimonio igualitario Trump había pasado página. Algo que las bases republicanas más vinculadas a la derecha religiosa, cuyo candidato favorito parece Ted Cruz, no han hecho. Quizá sea precisamente en este contexto en el que las palabras de Trump puedan entenderse mejor: a las puertas del inicio de las primarias en Iowa, donde Cruz es muy popular entre las bases republicanas y parece el único capaz de hacerle sombra (una duda que se resolverá en solo unas horas).

Sus oponentes, aún peor…

Lo cierto, en cualquier caso, es que si de respeto a los derechos LGTB hablamos tampoco hay mucho donde elegir en el Partido Republicano. Especialmente preocupante es el apoyo expreso que ocho de los candidatos a ganar la nominación (Jeb Bush, Ben Carson, Ted Cruz, Carly Fiorina, Rand Paul, Marco Rubio, Rick Santorum y Mike Huckabee) han dado al proyecto de Ley de Defensa de la Primera Enmienda (First Amendment Defense Act o “FADA”), una propuesta republicana que tiene como objeto impedir por ley que la administración federal exija a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con ella no discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Una exigencia que la actual administración federal mantiene gracias a una orden ejecutiva firmada por Obama en julio de 2014, precisamente debido al enésimo fracaso de la ENDA en el Congreso.

Fuente Dosmanzanas

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Un empleado neoyorquino de la multinacional española Zara presentó una demanda el pasado miércoles contra la empresa por discriminación y acoso laboral basados en su condición de judío, estadounidense y gay. Ian Miller, que trabajaba como abogado hasta su despido el pasado mes de marzo, reclama a la compañía cuarenta millones de dólares (36 millones de euros).

Miller asegura que durante su periodo en Zara USA, Inc (filial estadounidense de la compañía española), que comenzó en el año 2008, era excluido de reuniones, le otorgaban aumentos inferiores a los de sus compañeros y era objeto de ataques verbales de carácter racista, homófobo y antisemita. El abogado apunta directamente al fundador de Inditex, Amancio Ortega, a quien acusa de proteger a las personas que supuestamente ejercieron el acoso laboral que habría acabado con su despido.

Según el representante legal de Miller, la empresa lo discriminó frente a otros empleados por no ajustarse al “perfil preferido” de “cristiano, español y heterosexual”. El demandante alegará que el trato recibido viola la legislación vigente en Nueva York sobre discriminación salarial, despido improcedente, represalias y hostilidad en el ámbito laboral. Inditex ha respondido en un comunicado que la multinacional no tolera “ningún comportamiento discriminatorio o irrespetuoso”, sino que valoran “las contribuciones individuales a nuestra dinámica organización”.

A la espera de conocer el desarrollo de este caso concreto, lo cierto es que la discriminación laboral contra las personas LGTB está ampliamente extendida en Estados Unidos. Hace casi un año, nos hacíamos eco de un estudio con grandes empresas que reflejaba sus mayores dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo: en condiciones de igual preparación, o incluso de objetiva superioridad, las personas que eran percibidas como LGTB tenían menos posibilidades de ser seleccionadas. Se trata además de una discriminación difícil de detectar y combatir, pues se camufla bajo el velo de las preferencias para dar paso a unos currículos sobre otros.

Una situación que se pretendía paliar con el proyecto de Ley de No Discriminación en el Empleo (ENDA), que ha sido propuesta en más de veinte ocasiones desde 1994 y siempre se ha topado con el rechazo del Congreso: la vez más reciente, en diciembre del año pasado en la Cámara de Representantes, tras superar el trámite en el Senado. El presidente Obama sí que aprobó una orden ejecutiva para prohibir la discriminación de las personas LGTB a las empresas que trabajen para el Gobierno federal. A nivel de los estados, la situación varía según las leyes protejan contra la discriminación basada en la orientación sexual solo o también la identidad de género, y si se aplican solo en el sector público o también en el privado. Dieciocho estados carecen de cualquier norma en este sentido.

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Se veía venir. La tramitación de la Ley de No Discriminación en el Empleo (ENDA, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es prohibir la discriminación en el acceso a un puesto de trabajo por razón de orientación sexual o identidad de género, ha entrado en vía muerta en el Congreso de Estados Unidos. El Comité de Normas de la Cámara de Representantes la ha excluido de los proyectos pendientes para el actual periodo de sesiones, que expira a finales de año, y tras el cual ambas cámaras legislativas estarán dominadas por los republicanos.

La aprobación de una ley que prohíba a nivel federal la discriminación laboral por razones de orientación sexual o identidad de género es una de las reivindicaciones históricas del colectivo LGTB estadounidense. A día de hoy la legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares es legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual.

La ENDA ha sido presentada ante el Congreso de formas diversas en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla. Entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales. Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo expreso, entre ellos el presidente Barack Obama.

Como ya entonces aclarábamos, lo cierto es que la aprobación de la ENDA no depende solo de la voluntad del presidente, decidido a firmar la ley en cuanto llegue a su despacho. Lo que cuenta en realidad es el juego de mayorías en el Congreso, dividido hasta las elecciones del pasado noviembre entre un Senado de mayoría demócrata y una Cámara de Representantes controlada por los republicanos. De ahí la importancia de que el Senado aprobara hace algo más de un año el proyecto presentado inicialmente por el senador Jeff Merkley con apoyo “bipartidista”, un aspecto que es muy valorado en la política interna estadounidense.

La ENDA, sin embargo, se enfrentaba tras el visto bueno del Senado a la prueba más difícil: la aprobación por la Cámara de Representantes, de mayoría republicana. La iniciativa es rechazada de plano por el speaker John Boehner. A pesar de eso, el representante demócrata y abiertamente gay Jared Polis lideró un último esfuerzo para introducirla como parte de un paquete de medidas de defensa (no es inhabitual que se incluyan enmiendas con poca relación con el proyecto de ley principal), que constituye la última iniciativa legislativa prevista antes de que expire el actual periodo de sesiones a finales de año. El Comité de Normas, organismo encargado de determinar el orden de tramitación de los proyectos de ley en la Cámara, ha rechazado esta inclusión por siete votos en contra y tres a favor. Ahora, con la nueva mayoría republicana en el Senado y ampliada en la Cámara, la ENDA queda condenada al fracaso, al menos hasta las elecciones de 2016.

Impulsar su aprobación, aunque no estuviera solo en sus manos, era por otra parte una de las promesa electorales de Barack Obama. En junio de 2013 recogíamos como una activista lesbiana interrumpía un discurso de Michelle Obama, para reclamárselo. Lo que sí ha hecho el presidente estadounidense este año ha sido firmar una orden ejecutiva para prohibir a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal han visto reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias tras la entrada en vigor de la orden, que ha sido saludada por los activistas LGTB como un logro histórico que palia parcialmente el fracaso de la ENDA.

Fuente Dosmanzanas

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El pasado martes Estados Unidos celebró de nuevo elecciones legislativas. Como cada dos años, los electores renovaron la Cámara de Representantes al completo y un tercio del Senado. Tuvieron lugar además elecciones locales de diversa índole en numerosos estados. El resultado, una victoria global republicana, que obviamente no puede interpretarse como una buena noticia en clave LGTB, pero cuyo análisis en profundidad arroja también algunos aspectos que pueden considerarse positivos.

Una reflexión general, en primer lugar. Curiosamente, pese a la acumulación de sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario, se ha tratado de la primera vez en muchos años que el tema ha quedado fuera del debate político a nivel nacional. Entre otras razones, por la propia voluntad de los republicanos de evitar una oposición frontal. Una decisión que parece haberles beneficiado electoralmente, y cuya lectura resulta positiva: los republicanos ya no necesitan hacer bandera de la oposición al matrimonio igualitario para ganar elecciones. De hecho, entre los analistas cada vez está más extendido el convencimiento de que el establishment republicano da por hecho que la vía judicial acabará por extender el matrimonio igualitario a todo el país y ha decidido pasar página. Otra cosa, por supuesto, es lo que opinen sus bases más extremistas.

Buen ejemplo de que la oposición al matrimonio igualitario y a otros derechos LGTB ya no es necesariamente definitoria de lo que significa ser republicano es que -como ha destacado los medios LGTB estadounidenses- por primera vez en la historia una legisladora republicana que durante su último mandato se ha mostrado abiertamente favorable al matrimonio igualitario y ha actuado en favor de los derechos LGTB ha sido reelegida. Se trata de Susan Collins, senadora por Maine, cuya participación fue decisiva en la derogación del “Don’ ask, don’ tell”, la ley que prohibía a los militares homo y bisexuales hacer visible su orientación sexual.

Otro dato interesante es que pese a la victoria republicana por primera vez en la historia las encuestas a pie de urna muestran que entre los que acudieron a votar hubo más partidarios del matrimonio igualitario (49 %) que opositores al mismo (48 %). Hace cuatro años, en las últimas elecciones legislativas de “medio término” (aquellas que no coinciden con elecciones presidenciales) los porcentajes fueron del 41 % (favorables) frente al 53 % (opositores). Este tipo de encuestas sobre preferencias paralelas de los votantes son habituales en Estados Unidos y permiten hacerse una idea ajustada de hasta qué punto cambia la importancia que los votantes dan a unos aspectos sobre otros. En este caso, parece confirmarse la idea de que el matrimonio igualitario ha dejado de marcar una línea divisoria clara entre los votantes demócratas y republicanos.

La misma encuesta muestra otro dato ya conocido: las nuevas generaciones han pasado ya la página de esta discusión. El 66 % de los votantes de menos de 30 años son ya favorables al matrimonio igualitario. Hace cuatro años este porcentaje, aunque ya mayoritario, solo llegaba al 52 %.

Lo malo…

El pleno control republicano del Congreso impedirá casi con total seguridad que durante los próximos dos años tengan lugar avances en materia LGTB por vía legislativa a nivel federal. En la práctica, sin embargo, la situación no será muy distinta a la de los últimos cuatro años, durante los cuales los republicanos ya han controlado la Cámara de Representantes y bloqueado iniciativas como la ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo), aprobada por el Senado hace ahora un año.

El nuevo Congreso contará además con varios legisladores republicanos fuertemente homófobos, como Glenn Grothman (nuevo representante por Wisconsin) o Jody Hice (nuevo representante por Georgia), que se unirán a otros ya presentes en Washington. En cualquier caso, parece previsible que durante los próximos dos años los republicanos dediquen su esfuerzo a horadar los logros legislativos de la presidencia Obama, y en este terreno -el estrictamente legislativo- lo cierto es  en materia LGTB poca marcha atrás puede haber porque pocos avances han tenido lugar. Y no parece probable que a estas alturas logros como la derogación del “Don’t ask, don’t tell” o la ”Matthew Shepard Act”, la ley que permitió la inclusión de la orientación sexual y la identidad de género en las categorías contempladas por la legislación federal de crímenes de odio, puedan tener marcha atrás (las dos contaron además con apoyo de una parte de los republicanos).

Más probable parece que, en el actual escenario político, la lucha contra los derechos LGTB se repliegue de nuevo al escenario de los estados, donde los republicanos más conservadores pueden considerarse más legitimados para promover “exenciones” de tipo discriminatorio.

El nombre propio: Maura Healey

Desde el punto de vista LGTB, si debe destacarse un nombre propio, y para bien, es el de la abogada demócrata Maura Healey, elegida nueva fiscal general del estado de Massachusetts con el 63 % de los votos. Healey, abiertamente lesbiana, se convierte en la primera persona LGTB en ocupar este cargo en cualquiera de los 50 estados del país.

Healey, que durante los últimos años ha trabajado como asistente de la anterior fiscal general, Martha Coakley, fue de hecho la persona que lideró el primer desafío legal de un estado (Massachusetts) contra la sección tercera de la DOMA (Defense of Marriage Act, la norma que impedía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo). Fue en 2009. El desafío dio lugar a la que fue primera sentencia de inconstitucionalidad de la DOMA emitida por un juez federal.

Fuente Dosmanzanas

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Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign (quizá el grupo en favor de los derechos LGTB más importante de los Estados Unidos) ha hecho públicas sus disculpas oficiales a la comunidad transexual por el trato que durante años ha recibido de su organización. Griffin ha reconocido que las personas transexuales y sus reivindicaciones han estado infrarrepresentadas y ha prometido recuperarlas como elemento central de su lucha.

Fue en un discurso pronunciado el pasado viernes por Griffin en Atlanta ante la Southern Comfort Conference, un evento que cada año reúne en la capital del estado de Georgia a miembros de la comunidad transexual de los Estados Unidos. “HRC ha actuado mal con la comunidad transexual en el pasado. Y hoy estoy aquí para pedir disculpas formales. Siento las veces en las que nos hemos posicionado de forma separada, cuando debíamos haberlo hecho juntos. Pero incluso más que eso, siento las veces en las que os habéis sentido infrarrepresentados, incluso no representados, por esta organización. Lo que les ocurra a las personas trans es absolutamente central en la lucha LGTB. Y como la más grande organización en favor de los derechos civiles de las personas LGTB, HRC tiene una responsabilidad en dar esa batalla por la justicia, o de lo contrario estaremos fallando a la que es nuestra misión fundamental”, expresó Griffin en el que posiblemente fue el momento más simbólico de un largo discurso (al que puedes acceder aquí) en el que se comprometió a hacer de las reivindicaciones trans un elemento central de la lucha de HRC.

El “divorcio” entre la comunidad trans y la organización que preside Griffin quedó patente en 2007, cuando en un episodio vergonzante HRC decidió desmarcarse de otras organizaciones LGTB y apoyar como “mal menor” la exclusión de las personas transexuales de la ENDA (Employment Non-Discrimination Act), un proyecto de ley de no discriminación de las personas LGTB en el empleo que ha sido presentado ante el Congreso de los Estados Unidos en más de una veintena de ocasiones desde 1994 sin que nunca hasta el momento haya prosperado. En 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, consiguió sin embargo pasar el filtro de la Cámara de Representantes a cambio de retirar la protección a las personas transexuales (aún así no pudo ser finalmente aprobado).

Un episodio que para muchos simbolizó a la perfección como para muchas organizaciones LGTB la letra “T” es un añadido de mera corrección política, pero que en realidad dan prioridad a la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual sobre la discriminación de las personas trans, el grupo más desprotegido y vulnerable dentro del colectivo LGTB.

El explícito reconocimiento de Griffin supone, sin duda, un buen punto de partida para que HRC recupere la confianza de las personas transexuales, pero más allá de este caso concreto supone un elemento de reflexión sobre hasta qué punto las organizaciones LGTB no han considerado de segundo orden las reivindicaciones de las personas transexuales, forzándolas en ocasiones a desarrollar un activismo independiente para poder ser tomadas en serio.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, emitirá una orden ejecutiva que prohibirá a todas aquellas empresas que tengan o aspiren a firmar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. La decisión, largamente reclamada por los colectivos LGTB, no se ha tomado hasta que no ha quedado meridianamente claro que la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no validará la ENDA, el proyecto de ley contra la discriminación de personas homosexuales y transexuales que el Senado aprobó en noviembre.

La ENDA (Employment Non-Discrimination Act, Ley de No Discriminación en el Empleo) ha sido presentada ante el Congreso en más de una veintena de ocasiones desde 1994, sin que nunca haya prosperado. Ni siquiera en 2007, con un Congreso de mayoría demócrata, fue posible aprobarla. Entonces solo pasó el filtro de la Cámara de Representantes y ello a cambio de retirar del proyecto la protección a las personas transexuales. Los colectivos LGTB, sin embargo, no han dejado de considerarla una prioridad y exigirla como compromiso a todo político que quiera contar con su apoyo expreso. Impulsar su aprobación era de hecho una de las promesa electorales del presidente Barack Obama (el propio presidente reclamaba hace meses al Congreso, en una apasionada carta publicada por The Huffington Post, que aprobara el proyecto).

El Senado, de mayoría demócrata, le daba su visto bueno en noviembre, logrando además el voto favorable de diez senadores republicanos. Pero quedaba lo más difícil: que la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, la validase también. Ya entonces el speaker de la Cámara, John Boehner, expresaba su oposición frontal al proyecto, que según él solo serviría para aumentar las “litigaciones frívolas” y perjudicar al empleo. Y en efecto, el proyecto ha quedado en vía muerta y sin horizonte de que se discuta antes de las elecciones de noviembre de 2014. Es por eso que la Casa Blanca ha decidido por fin mover ficha y prohibir la discriminación laboral de homosexuales y transexuales allí donde tiene competencias para hacerlo: en la administración federal. “Hemos esperado algunos meses para que la cámara baja tomara medidas, y desafortunadamente no hay indicios particularmente sólidos de que el Congreso vaya a actuar”, justificaba el portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest.

La noticia tiene un sabor agridulce: por un lado, una vez que la orden ejecutiva sea emitida (no se ha comunicado aún la fecha concreta) unos 14 millones de personas que trabajan para empresas dependientes del gobierno federal verán reforzada su seguridad jurídica ante posibles acciones discriminatorias por razones de orientación sexual o identidad de género. Supone, sin embargo, la constatación de que el Congreso se niega a aprobar una vez más una ley que garantice de una forma más amplia que esto no suceda (y ello a pesar de que en su forma actual el proyecto ya contempla significativas exenciones. Solo es aplicable a empresas con 15 o más trabajadores, lo que deja fuera a las pequeñas empresas de ámbito familiar, y excluye a las organizaciones religiosas).

Y se amplían beneficios laborales para matrimonios del mismo sexo

También esta semana la administración Obama ha anunciado su intención de ampliar los beneficios de los que gozan los matrimonios entre personas del mismo sexo, en esta ocasión reconociéndoles el derecho a permisos laborales por enfermedad de un familiar.

La medida es consecuencia de la derogación hace un año de la sección 3 de la DOMA (la ley que impedía que la autoridad federal reconociera los matrimonios entre personas del mismo sexo) por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que ya ha llevado al gobierno federal a impulsar que los matrimonios del mismo sexo puedan acceder por ejemplo a los beneficios establecidos para las parejas casadas en materia de hacienda, justicia, inmigración o empleo público civil y militar. Beneficios que pertenecen al ámbito federal, y que por tanto son aplicables con independencia de que la pareja establezca su residencia en un estado que no reconoce el matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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