Una pareja gay de Sevilla denuncia que lleva más de dos años siendo acosada por una vecina que constantemente hace gala de su homofobia, y que ha llegado a agredirles físicamente en más de una ocasión. A pesar de la precaria situación de la pareja y de las múltiples denuncias (y sentencias condenatorias) presentadas, ni la administración ni la empresa municipal de la vivienda (que les brindó en su día un alquiler social) les han propuesto aún una solución efectiva que ponga fin a su infierno personal.

En marzo de 2016, Diego y su pareja lograron hacerse con una vivienda protegida en régimen de alquiler a través de la empresa municipal de la vivienda de Sevilla, Emvisesa. La tranquilidad y alegría les duró poco, porque en agosto de ese año comenzaron a ser víctimas de los ataques de una vecina homófoba que residía en el mismo bloque.

En estos dos años, la pareja ha tenido que hacer frente a pintadas homófobas en la entrada de su vivienda, arañazos en su vehículo, insultos, escupitajos y amenazas (casi) diarias. Eso, por no hablar de las múltiples agresiones físicas. «Desde tirarme por las escaleras, rociarme con espray sobre los ojos cuando venía de darme el tratamiento de radio o quimioterapia, liarse a patadas conmigo o mandarme a gente para agredirnos con un arma blanca [agresión por la que necesitó varios puntos de sutura]», explica a dosmanzanas Diego, que es pensionista y desde hace tiempo lucha contra un cáncer. «La señora no hace otra cosa que referirme que si no me mata el cáncer, me mata ella».

La cruel agresora, que además está al cargo de una persona dependiente, nunca atendió a razones. Es más, Diego le llegó a preguntar a qué obedecía esa inquina, pero ella le respondió insultándole y burlándose tanto de él como de su pareja. Las víctimas, que tienen pocos recursos económicos y padecen ansiedad desde que comenzó todo, presentaron varias denuncias ante la policía e informaron de lo ocurrido a Emvisesa, pero eso no sirvió para que la situación de acoso remitiera.

«Tenemos como seis o siete sentencias condenatorias hacia la agresora. Como ella tiene un expediente abierto con la empresa municipal, ahora incita a otro vecino que está mal económicamente para que arremeta contra nosotros», apunta. En efecto, las denuncias se saldaron siempre con la condena de la agresora por lo que el juez vio como un delito leve de daños y amenazas. Así, se obligó a la homófoba agresora a pagar varias multas y a cumplir una orden de alejamiento. Pero esa orden fue retirada poco después, porque víctimas y agresora vivían en el mismo edificio y tan solo quedó en vigor una prohibición de comunicación (algo que tampoco se ha respetado).

Diego, de 50 años, señala que Emvisesa cuenta con un protocolo de actuación para casos de incumplimiento de las normas de convivencia vecinal, pero la lentitud de la burocracia no les está ayudando en absoluto. Efectivamente, la empresa abrió un expediente a la conflictiva vecina en septiembre de 2016, pero no fue hasta septiembre de 2017 cuando procedieron a «interponer una denuncia de expulsión de la señora agresora, con primera vista en noviembre de este año».

La pareja lamenta que, a pesar de haber pedido ayuda a Emvisesa, la empresa no se ha implicado a ningún nivel. Y que no haya tenido en cuenta la ley andaluza de igualdad LGTBI, aprobada el pasado mes de diciembre. «Incluso les hemos solicitado y suplicado que nos faciliten la salida transitoria o permanente de la vivienda, cosa que no ha sido fructífera. En septiembre nos ofertaron una zona para trasladarnos, pero no se nos dio detalles de la supuesta vivienda. Solo nos dijeron que la mensualidad es elevada y que no podremos afrontarla», señala indignado. «Ya no solo tengo que estar luchando contra mi enfermedad, sino también contra la homofobia y las injusticias de la administración». Un caso terrible que demuestra que aún queda mucho por hacer para erradicar la homofobia social y la desprotección de las víctimas de LGTBfobia, que muchas veces se encuentran además en una situación de vulnerabilidad económica.

Fuente Dosmanzanas

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