Hace un par de semanas, eldiario.es se hacía eco en Desalambre, su sección semanal sobre derechos humanos, de las dificultades que tienen los demandantes de asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género para lograrlo en nuestro país. Un más que recomendable artículo que ha puesto de nuevo sobre la mesa la falta de compromiso por parte de las instituciones españolas (y europeas en general) en lo que respecta al asilo por motivo de orientación sexual y/o identidad de género. 

Las dificultades que enumera el artículo a la hora de que los demandantes de asilo lo puedan conseguir son, por ejemplo, la aportación de pruebas que demuestren su orientación sexual o algunos de los criterios que los jueces utilizan para medir el peligro o la violencia que sufren estas personas para decidir si se les concede el asilo. Destaca, muy en especial, lo que podríamos denominar el “criterio de la discreción”, según el cual si en su país, pese a estar las personas LGTB perseguidas por la ley, la vida de una persona no parece correr peligro si es capaz de sobrellevar “de forma discreta” su orientación sexual y/o identidad de género, el asilo no debe ser la opción elegida. “Es una forma de decir: si no te muestras de forma muy pública, en tu país no te van a molestar. No se tomarán esos esfuerzos”, explica Elena Muñoz, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), organización que lleva tiempo denunciando la persecución que sufren las personas LGTB en el mundo y las dificultades que esas mismas personas perseguidas encuentran en España cuando solicitan protección.

Es este, el de la “discreción”, un criterio que vulnera claramente la libertad de las personas y alienta la LGTBfobia misma: se pide a las personas que oculten su identidad y que vivan en silencio toda su vida. España, no es, por desgracia, el único país en el que se aplica. Hace varios años en dosmanzanas recogíamos, por ejemplo, como un tribunal noruego denegaba el asilo a un refugiado iraquí pese a reconocer su homosexualidad, recomendándole que “volviera a casa y fuera discreto” de acuerdo con “las normas socio-culturales de Irak”.

Otro criterio que se plantea es el del activismo. En este caso, se valora favorablemente que una persona haya ejercido el activismo en defensa de los derechos LGTB, ya que se considera una “prueba” de que la persona no está mintiendo sobre el motivo por el que demanda el asilo. Para que este criterio se tome en cuenta, el demandante debe aportar pruebas, como por ejemplo fotografías o vídeos de actos de visibilización o manifestaciones. De esta manera, vemos que las instituciones solo dan, en la práctica, dos opciones: o la invisibilidad total y el silencio sobre la orientación sexual y/o la identidad de género (lo que conlleva que estas personas no puedan desarrollarse completamente) o la visibilidad absoluta como activista, un peligro bastante grande si tomamos como referencia que en casi  todos los países de donde proceden los demandantes son países en los que la libertad de expresión en general está muy mutilada y, concretamente, la expresión de las personas LGTB está castigada legalmente (véase las leyes “antipropaganda homosexual” en el este de Europa o el asesinato de muchos activistas en sus respectivos países de origen).

Por otra parte, las pruebas que el demandante debe aportar para conseguir la resolución favorable son también un tema controvertido. Puede ser cualquiera que demuestre el riesgo o los “temores fundados” de que esta persona sea o pueda ser víctima de violaciones de derechos humanos. Denuncias sobre delitos de odio tramitadas en sus países o reconocimientos médicos que demuestren que se ha sufrido algún tipo de violencia física, psicológica o sexual ayudan a demostrar el peligro que viven estas personas. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con las personas que por su condición LGTB están en peligro pero no han sido todavía visiblemente agredidas o amenazadas, o simplemente no han podido tramitar alguna denuncia en su país o en un país vecino precisamente porque allí no se permite denunciar los delitos de  odio hacia las personas LGTB?

En este sentido, cabe destacar como un paso en la buena dirección la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ya en 2014 determinó que a la hora de valorar las solicitudes de asilo de estas personas, si bien las autoridades nacionales tienen capacidad para llevar a cabo interrogatorios sobre sus circunstancias particulares, debía respetarse su dignidad. El tribunal estimó que exigirles “exámenes” para demostrar su homosexualidad, preguntarles detalles sobre sus prácticas sexuales o exigirles la presentación de pruebas del tipo de grabaciones en vídeo de sus actos íntimos viola la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (el pronunciamiento tenía su origen en el recurso de tres solicitantes de asilo a los que Holanda había rechazado al considerar que no habían probado suficientemente su homosexualidad).

Llegada al país de acogida

La llegada al país de acogida y la espera a la resolución a la demanda del asilo no está exenta de dificultades, injusticias y peligros. En muchas ocasiones, las personas demandantes de asilo deben depender de organizaciones no gubernamentales o de entidades no lucrativas para poder desarrollarse y vivir en el país de acogida las cuales les conceden viviendas provisionales o cursos de diferente índole o ayuda para encontrar trabajo. Y a pesar de los esfuerzos de estas  entidades, las leyes de nuestros países algunas veces ponen trabas a la real aceptación y al desarrollo de estas personas en los países de acogida. Así, por ejemplo, en algunas comunidades autónomas las personas demandantes de asilo no han disfrutado durante mucho tiempo de acceso a una sanidad pública y completa. A estos problemas se añade la posibilidad de que terminen recluidas en los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en los cuales ya se han registrado muchas veces abusos o malos tratos. Su mera existencia es de hecho una violación del artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que se reconoce expresamente que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

No podemos concluir sin recordar a las instituciones encargadas de tramitar y dar resolución a las demandas de asilo que el desarrollo de unos criterios libres de LGTBfobia, xenofobia y racismo, acordes con las indicaciones de las organizaciones especializadas (como ACNUR y CEAR, entre otras) sería un gran paso hacia el cumplimiento efectivo del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país”.

Fuente Dosmanzanas

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Conforme pasan los días, y con la cautela que una barbarie como la de Orlando merece a la hora de interpretar datos aún incompletos, todo apunta a que fue una rabiosa homofobia, combinada con una reciente radicalización religiosa, el motor principal que condujo a Omar Mateen a asesinar a 49 personas que disfrutaban de una noche de diversión en un local de ambiente. De hecho, el FBI ha sido incapaz de encontrar hasta el momento nexos consistentes con el Estado Islámico. Las declaraciones de los propios familiares del asesino y los indicios, cada vez más numerosos, de la complicada relación de Mateen con la homosexualidad apuntalan la idea de que lo sucedido es, por encima de otras consideraciones, un inmenso crimen de odio.

Mateen, de 29 años, era ciudadano estadounidense, nacido en Nueva York y residente en Port Saint Lucie (aproximadamente a mitad de camino entre Orlando y Miami), junto a su segunda esposa y a su hijo. Sin embargo, el hecho de ser hijo de inmigrantes afganos y su condición de musulmán dispararon la hipótesis de que nos encontrábamos ante un atentado de carácter yihadista. Hipótesis que parecía confirmarse cuando se supo de la declaración de pleitesía de Mateen al Estado Islámico mediante una llamada al 911 (el teléfono estadounidense de emergencias) antes de morir. El Estado Islámico, como era fácil de suponer, se apresuraba además a reivindicar el ataque como una acción propia.

Los primeros datos sobre la personalidad del asesino, por otra parte, retrataban a un individuo violento e inestable. Unas declaraciones de Sitora Yusufiy, la que fue su primera esposa entre abril de 2009 y julio de 2011 lo señalaban además como un maltratador que la golpeó en diversas ocasiones. Bien es cierto que nada de esto se contradecía con la hipótesis del atentado yihadista contra los Estados Unidos como castigo por su política en Oriente Medio. El propio FBI le había investigado en el pasado por encontrarse entre los contactos de otro ciudadano americano que cometió un atentado suicida en Siria en mayo de 2014 (ambos habían acudido a la misma mezquita). El FBI no encontró entonces evidencia de que Mateen supusiera una amenaza.

Conforme ha ido pasando el tiempo, sin embargo, esta hipótesis se ha ido debilitando. En todo caso, Mateen habría cometido su acción como un “lobo solitario”, sin conexión orgánica con el Estado Islámico. Al fin y al cabo, trabajaba como vigilante de seguridad en un centro de internamiento de delincuentes juveniles y disponía  por tanto de licencia de armas y acceso sin problemas a armas de fuego (algo que en cualquier caso no es difícil en los Estados Unidos). Informaciones más recientes apuntan a que la segunda esposa de Mateen, Noor Salman, sí que podía conocer todo o parte del plan de su marido. El FBI la está investigando en estos momentos.

Por el contrario, poco a poco han ido emergiendo más datos que confirman, como poco, una relación conflictiva de Omar Mateen con la homosexualidad. Su propio padre, Mir Seddique (el nombre completo de Omar Mateen era Omar Mir Seddique Mateen) declaraba desde un principio a NBC News que el desencadenante de lo sucedido pudo haber sido, en su opinión, un acceso de ira que su hijo tuvo al contemplar a dos hombres besándose en Miami. “Mira eso, delante de mi hijo y hacen eso”, contaba Mir Seddique que se lamentó su hijo.  La primera esposa de Mateen, por otra parte, confirmaba que en diversas ocasiones expresaba ira hacia los homosexuales.

Por otra parte, hay varios testigos que sostienen que Omar Mateen había acudido en ocasiones anteriores como cliente al Pulse, el nightclub atacado en Orlando (visitas en las que se habría comportado de forma huraña y solitaria, llegando a emborracharse solo) y que había hecho uso de aplicaciones de citas entre hombres, como Grindr o Jack’d, aunque a día de hoy ningún perfil de estas aplicaciones ha podido ser identificado como perteneciente a Mateen. Tampoco hay testimonios de usuarios que lo llegaran a conocer en persona. Respecto a sus conocidos, hay testimonios de todo tipo, Mientras un excompañero de instituto de Mateen abiertamente gay ha declarado que nunca pensó de él que pudiera ser homófobo, compañeros de trabajo más recientes confirman que con frecuencia hacía comentarios homófobos.

En definitiva, todo apunta a que Omar Mateen era un virulento homófobo, actitud que pudo agudizarse con un acercamiento a tesis religiosas más radicales. En la base de esa homofobia puede haber existido una homosexualidad no asumida (la homofobia internalizada o endohomofobia es una realidad bien conocida) pero contrariamemente a lo que numerosos medios aseguran las pruebas de ello son endebles (las visitas previas a locales de ambiente y su posible participación en chats gais, no totalmente confirmada, bien pudieron ocurrir mientras Mateen incubaba y planeaba el ataque). Sea como sea, pretender negar o minimizar el carácter homófobo del atentado no es, en resumidas cuentas, más que otra muestra de homofobia.

Bravo por Owen Jones

Desde dosmanzanas secundamos, en este sentido, el magnífico artículo de opinión publicado hoy en eldiario.es por el activista político británico Owen Jones, que llegó a abandonar en directo un programa de televisión ante la insistencia de sus contertulios en rebajar el carácter homófobo de la masacre y presentarla, simplemente, como un “atentado contra seres humanos” que disfrutaban de su tiempo de ocio. “Si un terrorista con un largo registro de expresiones de odio y repugnancia hacia la comunidad judía hubiera entrado en una sinagoga y asesinado a 50 judíos, estaríamos hablando, con razón, de un ataque terrorista y antisemita. Y si después de eso, en un programa de televisión, un invitado judío hubiera intentado hablar del tema en esos términos, nos habría dado vergüenza que le contradijeran y mucho más que le gritaran mientras lo hacían. Esto fue lo que pasó en el programa de Sky News cuando un hombre gay hablaba acerca de la masacre de la comunidad LGBT”, expresa Jones en su artículo.

“Omar Mateen podía haber elegido entre una gran cantidad de clubes con gente riéndose y disfrutando pero eligió un club LGBT. Fue a la vez un acto de homofobia y de terrorismo. No alcanza con condenar la violencia: debemos entender qué es y por qué pasó”, señala Jones, que destaca también como el primer artículo que dedicó The New York Times a la tragedia ni siquiera se molestó en señalar que el objetivo había sido un club de ambiente.

“Las personas de la comunidad LGBT son diversas y tienen experiencias distintas: las experiencias de vida de una joven negra y gay de clase trabajadora son muy distintas a las de un joven blanco y gay que trabaje como ejecutivo y sea multimillonario. Pero todos somos parte de una sociedad que aún nos trata como si fuéramos inferiores. Una y otra vez hemos sido víctimas del maltrato homófobo, hemos sufrido el estrés de declararnos gay, y el miedo a ir de la mano con nuestra pareja en público. Me resulta intolerable pensar en lo que habrán sentido en sus últimos minutos estas personas de la comunidad LGBT, que probablemente hayan sufrido y sido víctimas de prejuicios a lo largo de toda su vida y sólo por ser quienes son, mientras un terrorista homófobo las perseguía”, prosigue Jones, que también critica “a esos que solo se preocupan por los derechos de la comunidad LGBT si están involucrados los musulmanes”. “Como hombre gay, me enorgullece vivir en una ciudad representada por un alcalde musulmán que ha recibido amenazas de muerte por votar para que las personas de la comunidad LGBT tengan los mismos derechos que el resto del mundo. No podemos permitir que los racistas hagan uso de esta atrocidad”, añade.

A continuación, insertamos el momento en que Jones discute con los contertulios de Sky News y acaba por abandonar el estudio:

Fuente Dosmanzanas

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David, en el paseo marítimo de Cádiz | Foto cedida por la familia

El algecireño David E., de 17 años de edad, ha recibido un auto judicial que confirma su cambio de nombre y de género, convirtiéndose así en el primer caso de un menor transexual reconocido en Andalucía.

Importante sentencia la de un juzgado de Algeciras (Cádiz), que por primera vez en Andalucía reconoce el derecho de un menor transexual a cambiar no solo su nombre, sino la mención registral de su sexo. “Negar lo solicitado por el menor y sus padres sería equiparable a negar la realidad del menor sentida y aceptada por él mismo, su familia y su entorno educativo”, expresa el juez que ha firmado el auto, encargado del Registro Civil de Algéciras.

Según el auto del juez encargado del Registro Civil de Algeciras, fechado el pasado 12 de mayo, “negar a estos menores el derecho a que se les reconozca su verdadera identidad sexual, sin dudas ni ambages, es tanto como negarles llevar una vida plena y libre, sin que se vean obligados a afrontar situaciones que puedan menoscabar su dignidad personal”, añade el auto, según difundía este jueves eldiario.es.

Para Isabel, la madre del menor, la resolución judicial es un auténtico “descanso” que pone punto final a un importante sufrimiento en su hijo, que ya se enfrentaba a situaciones de incomprensión por la discordancia entre su DNI, que sigue reflejando el sexo femenino que le fue atribuido en el momento de su nacimiento, y no su identidad masculina, fuese simplemente al entrar a una discoteca o de comprar títulos de transporte.

Isabel Torres, madre del menor, ha relatado este viernes todo el proceso antes de llegar al “feliz” desenlace para su hijo y para la familia. “La verdad es que él siempre se sintió niño”, pues “digamos que no cumplía con los estereotipos marcados” y, a modo de ejemplo, ha dicho que “prefería el fútbol a las muñecas”.

David, que reveló abiertamente su identidad masculina a su familia hace ahora catorce meses (antes se lo había contado a sus amigos), ya podrá recibir su título de bachillerato con su nombre. “Cuando lo vi crecer yo no lo veía femenina, no le gustaba ponerse falda, ni quitarme el pintalabios. Pedía regalos que la sociedad asigna a los chicos. Ahora entiendo muchas cosas”, explica.

El camino hasta aquí “no ha sido fácil”, comenta la madre, que ha detallado que fue “hace 14 meses” cuando explicó a su familia “cómo se sentía y que siempre había sido un niño”. A partir de entonces comenzaron con un tratamiento hormonal y, tras una sentencia que conocieron en Valencia en la que se autorizaba el cambio de nombre y género, Isabel Torres se puso a trabajar, junto a otras madres de Algeciras que tienen también hijos transexuales para intentar conseguir ese objetivo para su hijo. “A determinada edad puede tener problemas para salir de España, entrar en discotecas, etcétera”, haciendo referencia a la no coincidencia, en su momento, entre la foto del DNI y la realidad.

Así, el pasado 14 de abril acudieron al Registro Civil para iniciar los trámites y hace unos días el juzgado confirmó el cambio de nombre y sexo legales para David. “Estamos muy contentos”, ha apuntado la madre, que explica el “cambio total” de su hijo, que “antes era mal estudiante, ahora aprueba y se le ve más cómodo y sobre todo tranquilo”. El tránsito social en el instituto lo hicieron con ayuda de una orientadora que resultó estar especializada en el tema. David, de hecho, usa ya las instalaciones de chicos de su instituto y aparece en las listas con su nombre sin problema.

Torres también ha considerado que lo ocurrido con su hijo puede ser “un punto de inflexión para otras personas que puedan tener esta situación,” aunque ha admitido que el camino “no ha sido fácil”, ya que “en la sociedad aún hay mucho rechazo a estas situaciones”.

La justicia, árbitro de una situación cada vez más incomprensible

Ahora David ha visto por fin legalmente reconocida su identidad, pero ha tenido que ser después de un proceso judicial que su familia puso en marcha ante la eventualidad de que su título oficial de bachillerato no reflejara su nombre. Han tenido que presentar informes del endocrino y del centro donde ha recibido tratamiento hormonal, informes psicológicos, actas del instituto, informes de adaptación… Hasta sus calificaciones escolares. Afortunadamente en este caso han topado con un juez sensible a la realidad trans. Pero no siempre es así. Hace pocos meses recogíamos el caso contrario: una jueza se negó autorizar que Alexa, una chica adolescente, viese reconocido legalmente su nombre pese a que su identidad es femenina desde su más tierna infancia (como también avalaban, por cierto, informes médicos, psicológicos y escolares).

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que hasta la fecha son varias decenas los menores que ha solicitado el cambio de nombre, pero no todos ellos lo consiguen. Menos frecuente todavía es que el juez autorice también el cambio de la mención registral del sexo, como afortunadamente en este caso han conseguido David y su familia. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal). La exclusión de los menores, de hecho, está pendiente de ser revisada por el Tribunal Constitucional a petición del Tribunal Supremo, cuya sala civil planteó hace pocas semanas una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que la jurisprudencia funda la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de los cuales también son titulares las personas menores de edad.

España ya ha quedado rezagada en esta materia. Resulta lamentable que tenga que ser algunos tribunales (entre ellos el Supremo) los que enmienden la plana a una clase política que 9 años después de la aprobación de la ley 13/2007 ha sido incapaz de actualizarla y adecuarla a la realidad social.

Fuente Eldiario.es/ Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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José Belloso, el joven transexual al que no se permite confirmarse

Nada especialmente sorprendente, si se tiene en cuenta que el obispo de Córdoba es uno de los principales ejemplos de la obsesión tránsfoba en la que la jerarquía católica española parece haberse instalado en los últimos tiempos. Hay que ser ignorante y ser muy retorcido para dar semejante respuesta… ¿Y estamos en el Jubileo de la Misericordia? Estos tipos ni son sacerdotes, ni cristianos, ni por lo que se ve, muy humanos…

Un nuevo caso de hofobia, esta vez en Córdoba. El Observatorio Español contra la LGBTfobia (STOPLGBTFOBIA) ha considera éticamente reprobable que el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el párroco de Posadas, Juan José Romero, no permitan ejercer hacer la confirmación a José Belloso, un joven transexual de 28 años que pretendía ejercer como padrino de su sobrina. Apenas unas semanas después del último episodio que saltó a los medios, ocurrido en Écija, una nueva persona transexual es víctima de la discriminación tránsfoba en una parroquia andaluza. José Belloso es un peón agrícola de Posadas. Un chico humilde, una de cuyas principales ilusiones es ser padrino de su sobrina. Es por eso que decidió seguir el curso de catequesis para poder confirmarse. Sin embargo, cuando debía entregar la documentación necesaria para recibir el sacramento a finales de mayo, el párroco le dijo que era imposible

El párroco arguye que recibió el sacramento del bautizo como mujer, “se convirtió en hija de Dios”

El párroco defiende que en la Iglesia “no podemos cambiar lo que Dios ha hecho. Si lo creó mujer, mujer será para siempre”

“Que yo me tenía que haber quedado como estaba, siendo una mujer, y haber aguantado el castigo que Él me mandó”

“Me dio un ‘no’ rotundo. Me dijo que no me confirmaba, que había tenido una reunión con el obispo y le había dicho que no se admiten a las personas transexuales”

“El cura me ha dicho que no admiten mi confirmación por ser transexual”. José Belloso tiene 28 años y vive en Posadas, un pueblo de Córdoba. Tras cumplir los cursos de catequesis para poder confirmarse, y así poder ser padrino en el bautizo de su sobrina, que se celebrará el 27 de mayo, el párroco le negó el sacramento.

El obispo Demetrio Fernández y  José Antonio Agüero, párroco de la iglesia de Santa María de las Flores, en Posadas.

El año pasado faltó a muchas clases del curso, así que este año ha tenido que repetir la preparación para recibir el sacramento. Desde el principio informó al párroco de la iglesia de Santa María de las Flores en Posadas. “Él me dio su visto bueno, me dejó la puerta entreabierta pero me dijo que tenía que consultarlo con el vicario y el obispo”, relata el joven a eldiario.es.

A finales de abril, el cura le dio la mala noticia. “Me dio un ‘no’ rotundo. Me dijo que no me confirmaba, que había tenido una reunión con el obispo y le había dicho que no se admiten a las personas transexuales. Que yo me tenía que haber quedado como estaba, siendo una mujer, y haber aguantado el castigo que Él (Dios) me mandó sin ofender a la naturaleza que Él me dio“.

Indignado, José cuenta cómo fue la conversación con el párroco: “Me llegó a hacer preguntas como, por ejemplo, si estaba operado. Eso creo que está fuera de lugar”, explica. “Si me hubiese quedado como mujer me hubiese matado, por supuesto, porque mi vida era un espejo en el que no me reconocía”, relata José con crudeza.

José Antonio Agüero, el cura de la iglesia de Posadas, asegura que José recibió el sacramento del bautizo como mujer, “se convirtió en hija de Dios”, así entró en la Iglesia y así sería llamado por el obispo para recibir la confirmación. El cura alega que no supo de la transexualidad del joven hasta que se apuntó al curso el segundo año.

“He sentido una discriminación total y mayúscula por parte de ellos. Discriminación en toda regla”, dice el joven que no entiende el razonamiento que le ha dado el párroco. José no da crédito y comparte su rabia en las redes sociales:

Por su parte, el Observatorio Español contra la LGBTfobia (StopLgbtfobia) considera “éticamente reprobable” que el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y el párroco de Posadas, nieguen la confirmación a José Belloso, un transexual que pretendía ejercer como padrino de bautismo de su sobrina.

Según explica el citado observatorio, José Belloso, de 28 años, que trabaja de peón agrícola en la localidad cordobesa de Posadas, quería ser el padrino de bautismo de su sobrina, para lo que era necesario que se confirmara.

Pocos días antes de terminar la catequesis para la confirmación, que iba a celebrarse el próximo 27 de Mayo, el párroco de la Iglesia de Santa María de las Flores, Juan José Romero, ha informado a José Belloso de que no pueden confirmarle “por ser transexual”.

Este observatorio contra la Lgbtfobia indica que el obispo de Córdoba afirmó que “no admiten a personas transexuales” y que Belloso “tenía que haber aguantado el castigo que Dios le dio y la cruz que el Señor le mandó sin ofender a la naturaleza”.

Desde el Obispado de Córdoba, prosigue el Observatorio, dicen que no se trata de una discriminación, sino que acogiéndose al Código de Derecho Canónico consideran “no idóneo” “su estilo de vida”, que es incongruente con la vida cristiana.

“Desde el Observatorio Español contra la Lgbtfobia consideramos (este hecho) éticamente reprobable desde todo punto de vista y una degradante y humillante discriminación por el único motivo de la identidad sexual”, declaró su director, Paco Ramírez.

Ya el Observatorio “vio con gran decepción el contenido final de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco sobre la Familia denominada “La Alegría del Amor”, donde a pesar de hablar de acogimiento de las personas homosexuales y de condenar su discriminación y violencia, denosta y humilla en gran medida a las personas LGBT, sus uniones y sus familias, considerando únicamente familia como un hombre y una mujer con el único objetivo de la procreación. Sin embargo si entrevimos ciertas rendijas en las que los obispos podrían impulsar alguna interpretación más abierta y flexible”, reflexiona Paco Ramírez. “No obstante vemos una y otra vez que la Jerarquía Católica en España, a excepción de determinados obispos concretos está completamente cerrada a un acercamiento a la sociedad y a la flexibilidad de sus dogmas ancestrales, por lo que esa Iglesia más inclusiva y caritativa que muchos feligreses esperaban va a tardar mucho en aparecer en España. La ortodoxia en la moral tradicional, acerca la Iglesia Católica en España más a las interpretaciones caducas y fundamentalistas de las jerarquías de las Iglesias de África y América Latina, que a los posicionamientos de las Iglesias del centro y norte de Europa. Esto sin duda es un hecho lamentable que ofrece una visión de una Iglesia que camina por un recorrido diferente de la sociedad española cuando ahora se cumplen 30 años del ingreso de España en la Unión Europea. Los españoles ya nos hemos concienciado de que somos europeos, pero la Iglesia parece querer permanecer en la autarquía y seguir creyendo que Europa sólo empieza más allá de los Pirineos“, afirma el director del Observatorio.Voces de apertura en otros países

“Estas reiteradas actitudes de la Iglesia Española contrastan con algunos obispos del centro y norte de Europa que hacen llamamiento a un acercamiento más real, algunos incluso como el obispo de Osnabrück dispuestos a celebrar ceremonias de uniones homosexuales. Recientemente el Sínodo Católico de Tréveris (Alemania) ha pedido una pastoral y una ‘oferta litúrgica’ destinada a las personas LGBT y sus familias“, reflexiona Ramírez.

“Dentro de la Conferencia Episcopal Española hay voces que llaman una apertura y un acercamiento a la sociedad, pero no terminan de controlar a la vieja guardia que continúa con su mantra de una interpretación del Evangelio sesgada, anticuada, simplista y discriminatoria con la sexualidad humana. Ambos discursos no pueden ser defendidos por la Conferencia Episcopal, y van a tener que dar un paso adelante para introducirse en las rendijas que nos acerque más a Europa, y tienen que empezar a condenar las voces caducas y discrepantes”, finaliza Ramírez.

La obsesión de la Iglesia católica con la transexualidad

El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, es de hecho uno de los principales ejemplos de la reciente obsesión con la transexualidad de la jerarquía católica española, que parece haber sustituido a su más tradicional odio homófobo. Ya en enero de 2013 Fernández difundía su mensaje tránsfobo en una carta pastoral en la que criticaba la “ideología de género” que “sitúa al hombre por encima de Dios”. “La ideología de género es una filosofía, según la cual el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente”, añadía. “Ya no valdrían las ecografías que detectan el sexo de la persona antes de nacer. Esperamos un bebé. ¿Es niño o niña? La ecografía nos dice claramente que es niña. No. Lo que vale es lo que el sujeto decida. Si quiere ser varón, puede serlo, aunque haya nacido mujer. Y si quiere ser mujer puede serlo, aunque haya nacido varón. No se nace, se hace. Al servicio de esta ideología existen una serie de programas formativos, médicos, escolares, etc. que tratan de hacer ‘tragar’ esta ideología a todo el mundo, haciendo un daño tremendo en la conciencia de los niños, adolescentes y jóvenes”, aseguraba entonces el obispo de Córdoba.

Pero no es el único, por desgracia. Hace pocas semanas eran tres obispos madrileños, entre ellos el de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, los que cargaban con fiereza contra la Asamblea de Madrid por aprobar una avanzada ley integral de transexualidad. Ya antes, de hecho, el obispo de Alcalá de Henares había incluido menciones tránsfobas en sus diversas diatribas, como la que lanzó en diciembre de 2014, cuando incluyó a la “despatologización de la así llamada transexualidad” en la lista de supuestos objetivos de una perversa agenda LGTB.

La actitud del papa Francisco no ayuda…

Lo cierto es que el más importante ataque a las personas transexuales surgido del ámbito católico en los últimos años ha venido precisamente de la mano del papa Francisco y su reciente encíclica Laudato si’, como bien contamos en su momento. Más allá de gestos mediáticos aparentemente conciliadores, lo cierto es que la encíclica de Francisco sobre el medio ambiente contiene un claro mensaje tránsfobo. Es, en concreto, en su punto 155, donde el argentino aprovechaba para considerar que el respeto a la ecología incluye “la aceptación del propio cuerpo como don de Dios” y su “valoración en su femineidad o masculinidad”. Según aseguraba el papa, “cancelar la diferencia sexual” no es una actitud sana.

No era el primer aviso de Francisco. “Pensemos en las armas nucleares, en su capacidad de aniquilar en unos pocos instantes un alto número de vidas humanas. Pensemos en la manipulación genética, en la manipulación de la vida, o en la teoría de género, que no reconocen el orden de la creación. Con esta actitud, el hombre comete un nuevo pecado contra Dios el Creador”, expresaba el papa solo unos meses antes de su encíclica.

Fuente Agencias/Religión Digital/Dosmanzanas

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Buena noticia la que ha dado a conocer Imagina MÁS: Daniel Jiménez, el joven con VIH que fue despedido a través de un mensaje de móvil tras revelar a su jefa su estatus serológico, ha visto reconocido la improcedencia de su despido. 

“Hoy lunes 11 de enero del 2016 ha tenido lugar el juicio. Dani ha estado meses con tratamiento psicológico, ha pasado días sin poder dormir, ha intentado recomponerse de todo lo que le ha pasado. No es fácil recibir un diagnóstico por VIH y menos aún cuando uno sufre una discriminación como esta. Pero hoy Dani ha recibido una gran noticia: el bar Mokäi ha reconocido, en el acto de conciliación ante el juzgado, la improcedencia de su despido al haberle discriminado por tener VIH”, podemos leer en la web de Imagina MÁS, la ONG que le ha prestado a Daniel apoyo y asesoramiento en todo el proceso.

Recordamos cómo fue la historia: Daniel Jiménez, de 25 años, gay y con VIH, entró a trabajar como barman en un local de Chueca, el Mokäi, situado en la Plaza Pedro Zerolo. Pocos días después, confiado, reveló a su jefa su condición. En ese momento la reacción fue positiva, pero par de horas después su jefa le comunicaba el despido mediante un mensaje recibido en su teléfono móvil. “Siento mucho lo que te ocurre pero no me parece justo que no me lo hayas comunicado antes de contratarte. Tengo un negocio de restauración y, al menos, me podías haber contado esto. No puedo arriesgar. Mañana hablaré con la gestoría y le comunicaré tu baja. Me parece un golpe bajo por tu parte”, rezaba el mensaje. “Conmigo no has actuado de buena fe”, añadía después. Tras comunicarle el joven que pondría una denuncia por discriminación, el tono de los mensajes subió. “Me parece indignante que seas capaz de decir que te he discriminado cuando ni siquiera has tenido la delicadeza de informarnos de que estabas enfermo antes de hacerte el contrato”, le dijo.

Trascendida la noticia, la encargada del local negó haber despedido a Daniel por tener el VIH, aunque en declaraciones a eldiario.es aseguró que “la empresa tiene todo el derecho de contratar a gente sana”. “Llevaba un día y medio de trabajo y se encontraba mal, sudando mucho. Le dije que se fuera a casa y que se necesitaba a alguien en plenas facultades porque en el verano es temporada alta, no alguien delicado”, se justificó. Tras el despido de Daniel, recordamos, la Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA) insistió en un comunicado que “las personas con VIH tienen una productividad similar a la población general y su infección no les descalifica para el desempeño de ningún puesto de trabajo”, aclarando además que “las normativas estatal y la comunitaria no justifican la exclusión de las personas con VIH ni en los trabajos que conllevan la manipulación de alimentos, ni en ningún puesto de trabajo”. 

Ahora Daniel Jiménez ha visto reconocida la improcedencia del despido por parte de la misma empresa que lo discriminó. Una buena noticia, sin duda. Daniel, por cierto, fue coprotagonista del spot de la campaña de Imagina MÁS “Ponte en mi piel”, junto a Almudena Cid, Rosa López, Melani Olivares, Fernando Tejero y Rozalén. Os dejamos con él:

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior ha hecho público, por segundo año consecutivo, su informe sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España, referido a 2014 (que puedes descargar aquí). Los datos no son tranquilizadores: en 2014 se contabilizaron 1.285 delitos de odio, de los cuales el grupo más numeroso (513, un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Las cifras son peores que las de 2013 (aunque el Ministerio advierte que ello no significa necesariamente que haya habido más delitos), y se si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es inquietante.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz ha presentado este martes un informe referido a los crímenes de odio en España durante el pasado 2014, en los que se cometieron un total de 1.285. Del total, los delitos racistas se cifraban en 475 casos, los dirigidos contra los discapacitados en 199, por creencias religiosas en 63 casos, y actitudes antisemitas 24 casos -diferenciados de los religiosos ya que están tipificadas como tal en el Código Penal-, y un 0,9 de delitos de aporofobia, acciones contra mendigos. Sin embargo, la lista la encabeza y por goleada los delitos de homofobia y transfobia: 513 casos registrados.

Los delitos de odio se distribuyen en estas seis categorías siguiendo una clasificación internacional establecida por la Agencia Europea de Derechos Humanos, según ha explicado Fernández Díaz, y apuntó que pese a que en el informe se las llame delito alguna de las algunas de las conductas registradas en este informe tan sólo son consideradas faltas administrativas en las leyes españolas. Para el año que viene se contabilizarán también los delitos relacionados con violencia de género y los delitos de motivación ideológica. Tras esta afirmación, desde RAGAP nos preguntamos si dentro de esta violencia de género se incluirá también la violencia intragénero, la que se produce dentro de parejas del mismo sexo.

En cuanto a la tipología delictiva, lo que más se repiten son las agresiones de tipo sexual, un total de 308 repartidas en 157 abusos sexuales, 77 agresiones sexuales y 74 agresiones sexuales con penetración. Le siguen las lesiones (179 casos), amenazas (145), vejaciones leves (84), injurias (63), actos racistas y xenófobos en el deporte (58), daños (41) y el resto (407). Los datos presentados en este informe reflejan un incremento del 9,6 por ciento de delitos de odio registrados durante el año 2013, algo que se justifica explicado que por primera vez se han integrado los resultados de todas las policías autonómicas.

Por distribución territorial, en lo que a los delitos LGTBfobos se refiere, las comunidades autónomas con mayor número de denuncias fueron Andalucía (188), Cataluña y Galicia (ambas con 43) y Baleares (41). Por provincias, una distribución más afinada, destaca muy singularmente Cádiz, provincia en la que se contabilizaron 115 incidentes, seguida de Sevilla (63), A Coruña y Baleares (41), Zaragoza (35), Barcelona (29), Madrid (26) y Valencia (20). Por el contrario, no se registraron incidentes en las provincias de Álava, Burgos, Cantabria, Cáceres, Córdoba, Guadalajara, Huelva, Jaén, La Rioja, Lugo, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria y Teruel. No necesariamente esto último nos parece una buena noticia. Ello puede significar más bien que en estas provincias -al menos en algunas- hay una deficiencia en el reconocimiento de los incidentes. Resulta poco coherente, por mencionar un ejemplo llamativo, que Cádiz y Sevilla encabecen la clasificación provincial mientras que en las vecinas Córdoba, Huelva y Jaén no se haya contabilizado un solo delito…

Especial interés tiene ver el sexo de víctimas y agresores. En contra de lo algunos pudieran pensar, la mayoría de las víctimas de delitos por LGTBfobia que se denuncian fueron mujeres (401 víctimas, frente a 157 hombres). En cambio la inmensa mayoría de los agresores fueron hombres (264, frente a solo 9 mujeres). De hecho, de las seis tipologías de delitos de odio reconocidas en el estudio, es en los delitos por orientación sexual e identidad de género donde esta diferencia entre los dos sexos es más pronunciada. Resulta obvio que, aunque existan características propias, la violencia machista y la violencia LGTBfoba beben de las mismas fuentes.

Las cifras, como ya adelantábamos en el encabezamiento, suponen un empeoramiento respecto a las de 2013 (puedes descargar aquí el informe correspondiente a ese año), pero según el Ministerio del Interior no por ello debe deducirse necesariamente que haya habido más delitos, al haberse desarrollado en este tiempo programas de formación y sensibilización a los distintos cuerpos policiales, haberse establecido procedimientos operativos más eficaces (como la implementación de un protocolo de delitos de odio) y haberse hecho un mayor esfuerzo de acercamiento a las víctimas para que estas sean conscientes de la necesidad de denunciar lo sucedido.

Todo ello, según el Ministerio, puede explicar el que haya existido un mayor número de contabilizaciones sin que necesariamente haya un crecimiento real de las agresiones respecto al año anterior.

La FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) ha hecho público un comunicado en el que celebra la continuidad en la recogida de datos por parte del Ministerio del Interior, pero recuerda que según sus propios datos más del 70% de quienes sufren agresiones físicas o verbales o amenazas con tintes LGTBfóbicos no lo denuncia (entre el 60 y el 90%, según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

La FELGTB ha pedido también al gobierno español que promueva una ley de protección integral contra los delitos de odio que regule las denuncias, su tratamiento y  el apoyo a las víctimas y ha aprovechado para insistir en su preocupación por la negación del derecho de asilo a Christelle Nangnou, perseguida en Camerún por lesbiana. “Resulta paradójico que el Ministro de Interior el mismo día que habla de la necesidad de combatir la LGTBfobia permita que una mujer que ha huido de su país perseguida por su orientación sexual continúe en una sala de no admitidos del Aeropuerto de Barajas sin ver reconocido su derecho a protección y refugio, tal y como reconoce nuestra ley”, ha destacado su presidente, Jesús Generelo.

También la confederación COLEGAS ha reaccionado ante la publicación del informe. Esta organización considera ”muy positivo” que España se integre en la lista de los principales países de la Unión Europea “que recogen tan exhaustivamente los datos de incidentes sobre delitos de odio” pero recurre al mismo símil de iceberg para explicar que en esos otros países el número de incidentes registrados es mayor. “La infradenuncia es el principal caballo de batalla de las organizaciones LGBT y las fuerzas de seguridad (…) por lo que es crucial la plena colaboración entre sociedad civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad para aumentar la confianza mediante campañas específicas destinadas a la población LGBT. Desde COLEGAS animamos a la población LGBT a que denuncie cualquier tipo de incidente del que sea víctima por nimio que parezca, ya que es la única forma de que se luche contra la LGBTfobia social que aún permanece en la sociedad española a pesar de los avances legislativos en materia de igualdad en los últimos años. También pedimos colaboración al resto de la población a que denuncie cualquier incidente del que sea testigo o tenga conocimiento”, ha declarado su presidente, Paco Ramírez.

En el informe del Ministerio del Interior revela que en la Comunidad de Madrid se registraron 26 delitos de odio por LGTBfobia en 2014, frente a los 12 registrados en 2013.

De los 102 delitos de odio registrados en la Comunidad de Madrid, 26 lo han sido por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima. Es un incremento de más del 115% en un solo año, el mayor aumento de entre todas las comunidades autónomas. Desde la asociacíon madrileña Arcópoli afirman que “es necesario poner en perspectiva este dato con la situación de que, aproximadamente, el 90% de las agresiones por LGTBfobia que se producen no se denuncian, como pudo atestiguar esta entidad con los testimonios de las víctimas a las que ayuda“.

Igualmente destacan la importancia de tener en cuenta que el registro no recoge las faltas, sino únicamente los delitos, con lo que quedan fuera muchos de los incidentes basados en la LGTBfobia y que sí han sido denunciados.

Arcópoli ha exigido, como viene haciendo desde el pasado mes octubre, un plan de choque urgente a las instituciones madrileñas ante el aumento de agresiones que han llegado hasta ellos. A este respecto, la asociación se ha reunido con la Directora General de Asuntos Sociales, con la Delegación de Gobierno, con los Grupos Parlamentarios Autonómicos, y con Metro de Madrid. También han solicitado en numerosas ocasiones una reunión con RTVAM que no ha tenido respuesta.

“Sin embargo, el resultado continúa siendo infructuoso y, salvo Metro de Madrid, ninguna otra institución ha aprobado ninguna medida urgente para atajar este alarmante aumento de agresiones”, denuncian.

Además, desde Arcópoli han reclamado para la próxima legislatura una Ley Contra la LGTBfobia que dote a las entidades de herramientas para combatir las agresiones que, lejos de remitir, van en aumento en toda España, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid. Asimismo, han solicitado la implantación del protocolo policial Contra los Delitos de Odio y formación a la policía en este tema, para que conozcan las particularidades y sensibilidades de este colectivo, el más agredido en España.

El coordinador de Arcópoli, Yago Blando, ha declarado que “una vez más comprobamos que somos uno de los colectivos más vulnerables y desprotegidos de la Comunidad de Madrid. Reclamamos a los partidos que de cara a las próximas elecciones se comprometan a aprobar una Ley Contra la LGTBfobia como la recientemente aprobada en Extremadura o la catalana para dotar a la sociedad de las herramientas necesarias para combatir la LGTBfobia y así poder crear una región en la que quepamos todas y todos”.

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Enrique López, magistrado del Tribunal Constitucional muy cercano al PP, ha anunciado que presentará su dimisión este lunes después de haber sido imputado por un posible delito contra la seguridad vial. López fue interceptado por la policía mientras conducía una moto ebrio (cuadruplicaba el nivel de alcoholemia legalmente permitido) y sin casco. Fue a las 07:30 de la mañana en el Paseo de la Castellana, principal arteria de Madrid, y después de haberse saltado un semáforo en rojo. Enrique López, recordemos, ha sido en el pasado uno de los azotes contra el matrimonio igualitario.

Enrique López, un personaje muy próximo a Federico Trillo y colaborador habitual de FAES (fundación conservadora vinculada al PP) era miembro del Consejo General del Poder Judicial en la época en que se discutía la aprobación del matrimonio igualitario. Desde ese puesto defendió un informe que lo descalificaba de forma rotunda, llegando a compararlo con la zoofilia o los tríos (la comparación fue eliminada de la versión final del informe ante las protestas). López también defendió en su momento a la jueza homófoba Laura Alabau.

Pese a su perfil fuertemente politizado, el PP no dudó en colocarlo en el Tribunal Constitucional hace un año, cuando se produjo su última renovación parcial y loa conservadores se hicieron con el control del organismo. El PP, de hecho, llevaba años queriendo convertirlo en miembro del Constitucional. Ya en junio de 2010 la mesa del Senado rechazó su candidatura al no tener por aquel entonces los 15 años de experiencia que exige el cargo, tras lo cual el PP, a regañadientes, propuso otro candidato.

Enrique López no es (o no era, una vez se consume la dimisión) el único miembro del Constitucional con un pasado explícitamente opuesto a la igualdad LGTB. Ya desde 2011 formaba parte del alto tribunal Francisco Hernando, también a propuesta del PP, y que también votó a favor del referido informe. Hernando, eso sí, actuó con gran honestidad profesional al renunciar voluntariamente a participar en la discusión del recurso del PP contra el matrimonio igualitario, resuelto en noviembre de 2012 tras siete años de espera, por ese mismo antecedente.

Posible pena de prisión

Según explica el abogado Gonzalo Boye en eldiario.es, Enrique López será juzgado por el Tribunal Supremo, al ser aforado. Cualquier otro ciudadano no aforado sorprendido con su cifra de alcoholemia hubiera sido detenido y puesto a disposición judicial, siguiéndose los trámites previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los juicios rápidos (procedimiento simplificado para conductas penalmente relevantes, pero de sencillo enjuiciamiento).

En cualquier caso, López se enfrenta a entre 3 y 6 meses de prisión o multa o trabajo en beneficio de la comunidad y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 y hasta 4 años. Pero si conducía, como se presume, a una velocidad superior a 60 kilómetros por hora por la Castellana, la pena podría ser de hasta 6 meses y 2 años de cárcel y privación del derecho a conducir por tiempo superior a 1 y hasta 6 años.

También según Gonzalo Boye, aunque Enrique López no hubiera tomado la decisión de dimitir el Tribunal Constitucional le hubiera tenido que cesar, si bien existía la posibilidad de una suspensión cautelar hasta que se dicte sentencia. López también tendrá muy complicado incorporarse de nuevo a la carrera judicial si es condenado.

Fuente Dosmanzanas

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