Uno de los autores de una agresión homófoba en el metro de Barcelona ha sido condenado a tres años y medio de cárcel. La agresión sucedió en el metro de Barcelona en enero de 2019, cuando un joven que se dirigía a su trabajo en la línea 4 se topó con un grupo de jóvenes que le dedicaron insultos homófobos y acabaron agrediéndole físicamente.

Diego Martos, un joven enfermero jiennense que trabaja por entonces en Barcelona, se dirigía en la línea 4 del metro hacia el trabajo cuando se topó con cuatro jóvenes que comenzaron a molestarle. Él mismo lo contó en un texto que difundió inicialmente en Instagram: «Cuatro niños han decidido vacilarme. A la primera me he callado y me he cambiado de sitio. Cuando me ha seguido uno ya le he dicho: ‘¿Y a ti que te pasa?’ y se me ha levantado a decirme que le diga hombre a hombre eso mismo, ya he decidido ignorarle. Después ha dicho: ‘claro, es que no eres hombre, eres un maricón’, a lo cual le he contestado que lo que era él es tonto. Han seguido amenazándome hasta que he llamado al interfono de urgencias, me han contestado pero solución no me han dado».

La agresión, por desgracia, no se quedó ahí: «Ya bajando en mi parada [Urquinaona, en pleno centro de Barcelona] a punto de coger las escaleras por las espaldas me han derribado y me han pateado. Al principio me defendí y dos acabaron en el suelo, pero eran cuatro contra mí así que me encogí a esperar que pasara. Los vigilantes de seguridad llegaron pronto, y me toco la cara y me la encuentro llena de sangre. Finalmente vienen los mossos y la ambulancia. Desde las seis de la mañana hasta ahora dando vueltas. Al menos ahora sé lo que se siente al que ten puntos. Pero claro, veía borroso. Al hospital al oftalmólogo. Estoy bien, me han dado seis puntos que me dejarán una bonita cicatriz y el ojo está bien, solo que voy a tener un complemento durante un mesecillo. Ahora voy a dormir un rato si puedo», terminaba la narración, que el joven agredido publicaba junto a una fotografía que en su momento se hizo viral y que mostraba hematomas en un ojo y un profundo corte inmediatamente por debajo del párpado inferior.

Los cuatro agresores, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra (dos de ellos, de hecho, fueron retenidos desde el primer momento por los vigilantes de seguridad del metro de Barcelona). Parte de la agresión, además, fue captada por las cámaras de vigilancia de la red metropolitana.

Tres años y medio después por fin se ha celebrado el juicio, que quedó visto para sentencia hace un par de semanas, y en el que además de la Fiscalía se han personado como acusación Generalitat de Cataluña, Ayuntamiento de Barcelona y Observatori contra l’Homofòbia. El joven agredido, obligado a rememorar los hechos, señalaba que tras la agresión ha sufrido ansiedad y que desde entonces evita las muestras de afecto en público «para evitar problemas».

Este viernes se ha conocido el resultado del juicio. Según ha desvelado eldiario.es y confirma en Twitter el Observatori contra l’Homofòbia, la jueza ha impuesto una condena de tres años y medio de cárcel a uno de los acusados mayores de edad, al considerar suficientemente probada la comisión de un delito de lesiones con la agravante de discriminación por orientación sexual:

pic.twitter.com/SpvM9ALxdx

— Observatori Contra l'Homofòbia (@OCL_H) July 22, 2022

El condenado deberá indemnizar además a la víctima con cerca de 10.000 euros. Los otros dos acusados mayores de edad han resultado absueltos al no quedar suficientemente acreditada su participación activa en la agresión. El cuarto acusado, menor de edad en el momento de los hechos, ya había sido condenado a 22 meses de libertad vigilada tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocía los hechos.

Fuente Dosmanzanas

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Este 3 de julio se cumplió un año del asesinato de Samuel Luiz. Dos de sus asesinos, menores de edad, han sido ya condenados. Otros cinco acusados están a la espera de juicio. La muerte de Samuel, víctima de una terrible paliza, puso de manifiesto no solo la brutalidad que tantas veces acompaña al odio homófobo, sino la hipocresía de una sociedad que seguramente se encuentra a nivel global entre las más tolerantes del mundo en materia LGTBI, pero en la cual las fuerzas de seguridad se resistieron inicialmente a admitir la motivación homófoba y no pocos medios de comunicación, opinadores y participantes en redes sociales llegaron a negarla expresamente.

Haremos un breve recordatorio de lo sucedido aquella fatídica madrugada del 3 de julio de 2021. Samuel Luiz, un joven auxiliar de enfermería, disfrutaba de la noche en compañía de unos amigos en un local de A Coruña. Cerca de la hora del cierre Samuel salió a fumar junto a una de sus amigas, de nombre Lina. En ese momento hicieron una videollamada a otra amiga, testigo a distancia del inicio de la agresión. Un grupo de jóvenes que se encontraban cerca pensaron que los estaban grabando y les gritaron. Samuel y su amiga intentaron explicarles que no era así, pero uno de ellos le espetó directamente a Samuel «O paras de grabar o te mato, maricón». «¿Maricón de qué?», se revolvió entonces Samuel, antes de recibir varios golpes.

La agresión no se detuvo ahí, pese a que el agresor se alejó de Samuel en ese primer momento. Samuel, consciente y en un estado relativamente bueno pese a las contusiones, pidió a Lina que buscara su móvil, que se le había caído (luego se supo que lo robó uno de los agresores). Instantes después, sin embargo, el agresor volvió acompañado de cerca de una docena de personas, varias de las cuales lo acorralaron y golpearon brutalmente pese a los gritos de horror de su amiga, al grito de «¡maricón de mierda!». Samuel intentó escapar y corrió durante unos 200 metros, pero los agresores lo alcanzaron, lo derribaron y continuaron pateándolo con saña, hasta que quedó inconsciente y se dejó de mover. En ese momento los agresores se dispersaron. Dos jóvenes senegaleses, Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, intentaron defender a Samuel durante la paliza, pero no pudieron hacer nada ante la turba y de hecho Ibrahima recibió varios golpes. Aunque los profesionales sanitarios intentaron reanimarlo de forma denodada, Samuel fallecía esa misma noche debido a la gravedad de los golpes recibidos. Además del traumatismo craneoencéfalico severo, presentaba contusiones y hematomas por todo el cuerpo.

La Policía Nacional pudo identificar, durante los días siguientes, a la mayor parte del grupo agresor. Utilizaron para ello las declaraciones de varios testigos (al menos uno de ellos conocía de vista a alguno de los agresores), además de imágenes grabadas con móviles por algunos testigos e imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona. El hecho de que en ese momento en Galicia fuese necesario dar el DNI para acceder a locales de ocio debido a la pandemia de covid-19 fue también de ayuda. Las pruebas de ADN también fueron importantes para reforzar la acusación de algunos de los detenidos.

El siguiente vídeo, minutado por eldiario.es, pertenece a unas de las cámaras de vigilancia que grabaron lo sucedido desde la distancia:

La actuación posterior de los agresores

De hecho, las declaraciones de testigos e implicados permitió reconstruir el comportamiento de los agresores tras matar a Samuel. De forma resumida (este artículo de eldiario.es lo explica con detalle) hubo dos reuniones en las horas siguientes en las que hablaron del linchamiento. La primera de ellas, apenas una hora después, en un parque situado lejos del lugar de la agresión en la otra punta de la ciudad. Una testigo escuchó parte de una conversación en la que uno de los agresores que fueron luego detenidos se refirió a Samuel como «puto maricón, si era un maricón de mierda».

La siguiente reunión tuvo lugar algo más tarde, en otro parque cercano. Al parecer ya eran plenamente conscientes de que Samuel estaba muerto. En esta reunión el grupo acordó eliminar las pruebas que pudieran existir en sus teléfonos móviles y redes (los esfuerzos para conseguir recuperarlos, de hecho, son una de las causas de la demora del procedimiento).

Dos menores, ya condenados

Aunque las informaciones llegaron a hablar de la detención de 13 sospechosos, tras la investigación policial los acusados formalmente del crimen fueron finalmente siete personas: cinco mayores de edad (cuatro hombres y una mujer) y dos menores. Cabe señalar que uno de los adultos acusados no fue detenido hasta el mes de septiembre.

Los dos menores fueron condenados por asesinato el pasado mes de abril a tres años y medio de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, seguidos de tres años de libertad vigilada, tras llegar a un acuerdo de conformidad entre las partes personadas. En estos momentos, hay tres varones en prisión provisional y la única mujer detenida fue puesta en libertad con medidas cautelares.

Por lo que se refiere a los mayores de edad, están a la espera de un juicio se celebrará con jurado. Tres de ellos se encuentran en prisión preventiva y otros dos (entre ellos la mujer) en libertad vigilada. Tanto Fiscalía como acusaciones particulares solicitan que sean condenados por asesinato. A dos de ellos se les atribuye además un posible delito de odio. El que se quedó con el móvil de Samuel está acusado además de otro delito de robo con violencia.

Quizá el único elemento positivo que podemos encontrar en lo sucedido es que Ibrahima Diack y Makate Ndiaye, los dos senegaleses que intentaron evitar la muerte de Samuel, consiguieron regularizar su situación en España y un puesto de trabajo en la empresa Puertas Betanzos, cuyo propietario quedó impresionado tras conocer su historia.

Negación de la homofobia y rabia en el colectivo LGTBI

Pasado el tiempo pocas dudas persisten ya sobre lo sucedido y sobre el papel que la homofobia jugó en el asesinato de Samuel. Sin embargo, muy especialmente durante los primeros días tras su muerte, tanto fuentes policiales como medios de comunicación, opinadores, columnistas y participantes en redes sociales (algunos de ellos no precisamente anónimos…) se esforzaron por evitar calificar como homófoba la agresión sufrida por Samuel. Incluso negaban expresamente que así hubiera sido. Se agarraban para ello a argumentos tan endebles como el hecho de que la víctima no hubiera revelado su condición de gay a su familia, sin tener en cuenta sus condicionantes familiares (Samuel, de origen brasileño, pertenecía a una familia de fuertes convicciones evangélicas). O declaraciones de su propio padre, reticente a que el colectivo LGTBI considerase a Samuel un símbolo.

Todo ello como si el hecho de que la víctima de una agresión homófoba no haya verbalizado ante su familia su condición de gay obligase a aportar pruebas extraordinarias de «gaicidad». O como si no supiéramos que las agresiones por LGTBIfobia se dirigen contra toda aquella persona percibida como LGTBI, incluyendo a personas heterosexuales con expresión de género no normativa.

Por lo que se refiere a la acusación por delito de odio, no sabemos que sucederá una vez se celebre el juicio. En cualquier caso, lo decíamos hace un año y nos ratificamos ahora: las personas LGTBI sabemos que muchas investigaciones policiales y/o procesos judiciales se inclinan finalmente por invisibilizar el componente homófobo de muchas agresiones a no ser que la evidencia sea abrumadora. Pero en la España actual las agresiones por LGTBIfobia pocas veces son la consecuencia de una decisión planificada en frío y plasmada documentalmente. En sociedades como la nuestra las mayoría de las agresiones son el fruto explosivo del odio acumulado. Un odio alimentado por discursos de deshumanización del diferente que tras una época de relativa calma vuelven a escucharse de la boca de políticos y líderes de opinión y que son amplificados, cada vez con menos reservas, por medios y redes. En la mayor parte de las situaciones, ese odio queda contenido por la fuerza de los usos y costumbres, pero estalla cuando encuentra la oportunidad. El desencadenante puede ser cualquiera. Incluso un incidente banal que con otras personas no tendría mayores consecuencias, pero con una persona LGTBI supone un estallido de violencia que revela la LGTBIfobia que lo trasciende.

Sea como sea, lo que nadie puede ya evitar es que el asesinato de Samuel actuase como revulsivo del activismo LGTBI, que en las semanas que siguieron fue capaz de movilizar en las calles a multitudes nunca vistas en concentraciones y manifestaciones de protesta (Orgullos aparte). En el caso de Madrid, lamentablemente, desembocando en una intervención policial absolutamente desproporcionada (curiosamente, pocas semanas después, una manifestación neonazi de carácter homófobo tenía lugar en el barrio de Chueca sin que este caso nadie hiciera nada por evitarlo. Pero esa es otra historia…).

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Cuatro guardias civiles han sido condenados por un juzgado militar a diez meses de prisión y a pagar una indemnización de 10.000 euros por el hostigamiento homófobo continuado al que sometieron a un compañero en el cuartel de Noia (A Coruña) entre 2010 y 2014, cuando la víctima fue apartada del servicio por las consecuencias psicológicas del calvario sufrido. Los condenados han recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Según recogía este domingo eldiario.es, el hostigamiento comenzó ya antes de la llegada de la víctima al cuartel, cuando uno de los ahora condenados comentó al resto que «iba a llegar al puesto un maricón». Desde ese momento comenzaron a difundir rumores referentes a su orientación sexual y a referirse a él en términos homófobos, del tipo de «prima», «perla» o «la mujer del puesto». «Arriba España y muerte a los maricones», «los maricones no deberían estar en la Guardia Civil» o «prefiero un hijo muerto o drogadicto que maricón» fueron algunas otras frases que tuvo que escuchar.

El acoso no se limitó, sin embargo, al ámbito del cuartel. Sus compañeros extendieron también rumores sobre la víctima en la localidad. La sentencia recoge algunos ejemplos que lo demuestran, como las burlas de algunos detenidos (conocidos de dos de los condenados) hacia la víctima, o los comentarios de un camarero en un bar al que la víctima entró con uno de los condenados.

El tribunal también se refiere en su sentencia al papel de uno de los superiores del cuartel, un sargento que no figura entre los condenados, pero al que la víctima se dirigió en diferentes ocasiones para contarle el trato que estaba recibiendo y que se limitó a decirle «que no hiciese caso». De hecho, según la sentencia, tres de los condenados le hicieron llegar al agente que el sargento «estaba descontento» con él y que lo iba a sancionar. La víctima empezó a percibir que su superior «le hacía muchos reproches acerca de cuestiones profesionales, tildándolo de poco competente y vago». El agente asumió que estos comentarios se debían a que el sargento estaba influenciado por los condenados. Durante el juicio, sin embargo, el sargento, ahora subteniente, negó tener noticia de comentarios despectivos o vejaciones hacia la víctima, a pesar de lo cual el tribunal ha reconocido la existencia de pasividad por su parte, y aunque no se encontraba encausado ha acordado notificar a sus superiores su conducta para que la valore.

El acoso no finalizó hasta que la víctima se apartó del servicio. En noviembre de 2014 fue atendido en un centro de salud por una crisis de ansiedad y luego derivado a la Unidad de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago tras un incidente con un compañero. Desde entonces está de baja, a pesar de que antes del incidente juzgado la víctima «no presentaba antecedentes personales de problemática mental», según reconoce el propio tribunal.

Aunque eldiario.es, el medio que ha dado a conocer la condena, contactó con la Guardia Civil para consultar cómo gestionó la institución lo sucedido, de momento no ha habido respuesta. La abogada de la víctima, por su parte, ha contado que su cliente «no tuvo ningún apoyo, solicitó un destino en unas oficinas y no se lo concedieron». La defensa de los condenados se ha escudado por su parte en que el objetivo de la víctima era «abandonar la Guardia Civil con una pensión por dolencia en acto de servicio». La sentencia ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

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 Carmen Cariciolo, concejala de Vox en Bormujos (Sevilla) ha anunciado que abandona la formación ultraconservadora después de comprometerse en matrimonio con otra mujer, inmigrante venezolana. Cariciolo, que ya había denunciado a un compañero de partido por uso indebido de una tarjeta de crédito que su partido les asignó para su actividad municipal, acusa ahora a Vox de «autoritario» y de amparar a cargos que vienen «de la ultraderecha».

Según informa eldiario.es, la relación de Cariciolo con su partido se había deteriorado ya después de la denuncia de las compras personales realizadas por su compañero con la tarjeta de Vox, que la dirección del partido perdonó después de que este devolviera el dinero. Durante su intervención en el pleno del Ayuntamiento en el que anunció la decisión de abandonar su partido, Cariciolo añadió que al margen del uso de la tarjeta ha presentado dos denuncias por acoso contra el otro concejal de Vox.

La relación con su partido fue a peor después de anunciar que contraería matrimonio con otra mujer, inmigrante venezolana. Cariciolo, madre de cuatro hijos de una relación anterior, sostiene que en ese momento le obligaron a conceder entrevistas comentando que contaba con el apoyo de su partido, un apoyo que ahora sabemos que no sentía. De hecho, asegura que nunca le dejaron hacer entrevistas sin que alguien de la dirección estuviese presente para asegurarse que decía lo que le habían indicado. Desde luego basta con bucear en la hemeroteca para encontrar referencias a dicha boda «bendecida» por Vox. El diario El Mundo, un medio siempre proclive a blanquear el discurso ultra de Vox, recogía por ejemplo unas declaraciones de Cariciolo en la que esta aseguraba entonces que su matrimonio no iba a ser un matrimonio sino «una unión sentimental» [asumiendo así el discurso de Vox contra el matrimonio igualitario en una alambicada cuadratura del círculo], cargaba contra el activismo LGTBI por ser «un chiringuito que no debería existir» y anunciaba que Santiago Abascal estaba invitado a la boda (suponemos que la invitación ha sido cancelada).

Carmen Cariciolo también ha denunciado que desde su partido impusieron a los concejales de Vox en la provincia apoyar a Rafael García Ortiz como su representante en la Diputación Provincial de Sevilla sin tener en cuenta su criterio. La concejala, de hecho, ha acusado a Vox de ser «un partido autoritario que no me representa» y de amparar a cargos que vienen «de la ultraderecha». También ha anunciado que continuará como concejala no adscrita al entender que su cargo electo «no pertenece a Vox, sino a los vecinos, que siguen confiando en mí».

Un caso que nos ha recordado lo sucedido en 2019 en Torremolinos, cuando la entonces recién elegida concejal de Vox Lucía Cuín abandonada también el partido tras las críticas internas recibidas por asistir al despliegue de una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento y «descubría» el carácter homófobo de la formación.

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Según adelantaba a primera hora de la tarde eldiario.es y más tarde han publicado otros medios, la Policía Nacional investiga una brutal agresión cometida a media tarde de ayer domingo en pleno centro de Madrid. Según la denuncia de la víctima, ocho individuos, ataviados con sudaderas negras y pasamontañas, le asaltaron cuando entraba al portal de su casa, le cortaron el labio y le marcaron la palabra «maricón» en el glúteo con un cuchillo.

Por el momento los hechos que se conocen son los que detalla eldiario.es, confirmados a dicho medio digital por fuentes policiales.  Los hechos sucedieron en un portal del barrio de Malasaña, en pleno centro de Madrid, en torno a las 17:00 horas de ayer domingo, 5 de septiembre. Los encapuchados accedieron al edificio al mismo tiempo que su víctima, un joven de 20 años. Allí, en el mismo portal, lo agredieron brutalmente. Primero le cortaron el labio inferior con una navaja mientras le insultaban con términos como «maricón», «asqueroso» y «comemierda». A continuación lo tumbaron en el suelo, le bajaron los pantalones y le marcaron el glúteo con la palabra «maricón». La víctima ha contado además a la Policía que durante la agresión los encapuchados hicieron una referencia al «anticristo».

Agentes de la comisaría de Policía Nacional de Distrito Centro investigan la agresión (esta vez sí) como un posible delito de odio, de acuerdo a una reciente instrucción del Ministerio del Interior a las fuerzas de seguridad del Estado para que así se haga siempre que durante la agresión se viertan insultos homófobos o la víctima pertenezca a una minoría discriminada. Una instrucción que fue dictada después de la polémica surgida en los primeros días tras el asesinato de Samuel Luiz, cuando desde la propia policía se insistía en que no había pruebas de su carácter homófobo pese al inconfundible relato que ya desde el principio hicieron las amigas de Samuel. Una negación en la que de forma vergonzante siguieron insistiendo durante días medios de comunicación y opinadores diversos.

Estaremos atentos a la investigación de lo sucedido en Malasaña. Por el momento, lo único que podemos decir, sin temor a equivocarnos, es que estamos ante un paso más en la escalada homófoba que vivimos en los últimos meses en las calles de nuestro país. Si se confirma lo denunciado por el joven agredido, no hablamos de una agresión surgida de forma espontánea, sino de una banda organizada que ha planificado y perpetrado un ataque homófobo aleatorio que buscaba no solo atormentar a la víctima directa de la agresión, sino producir miedo en todo el colectivo LGTB. Auténtico terrorismo.

COGAM y Kifkif llaman a manifestarse el próximo sábado

Bajo el lema «Nos están matando» los colectivos COGAM y KifKif han convocado una concentración de protesta el próximo sábado 11 de septiembre a las 19:00 horas en la Puerta del Sol de Madrid como primera respuesta a lo sucedido este domingo en Malasaña:

Rubén López, coordinador del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia de la asociación Arcópoli, aún no se lo puede creer, a pesar de que ha hablado con la Policía Nacional y Municipal y con la Delegación del Gobierno. “Estamos en estado de shock, en un primer momento no nos podíamos creer que fuera solo homofobia, pensábamos que podía ser un ajuste de cuentas, algo más, pero parece que sí lo es. De ser así, es terrible, es lo más duro que he visto en Madrid en mis seis años al frente del observatorio y en mis 17 de activismo”, confiesa López, que subraya el hecho de que las heridas se las hayan producido en puntos claves del cuerpo relacionados con la sexualidad gay, como a Federico García Lorca, que “también le dispararon en el culo”. “Este mensaje de odio es tremendo, brutal”, añade.

El observatorio lleva contabilizadas 103 agresiones homófobas en lo que va de año en Madrid. “Los casos han descendido, pero la cifra es irreal, porque las agresiones se producen normalmente de noche y de copas y ahora no salimos. De los ocho meses que llevamos del año, en cinco ha habido estado de alarma”, recuerda López, que no conoce a la víctima, ya que no ha recurrido a ellos ni a ninguna otra asociación.

Condena del presidente del Gobierno español

Por otra parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un tuit de condena de lo sucedido. «En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros»,

En nuestra sociedad no tiene cabida el odio. Mi rotunda condena a este ataque homófobo. No vamos a permitirlo. Seguiremos trabajando por un país abierto y diverso, donde nadie tenga miedo a ser quien es, en el que todos/as vivamos libres y seguros.

Mi cariño al joven agredido. https://t.co/YDjWENyeVa

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 6, 2021

 Que, además, ha convocado de manera urgente la comisión contra los delitos de odio. El presidente del Gobierno asistirá a la reunión que analiza el seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio que Interior puso en marcha en 2018 cuando el PSOE llegó al Gobierno.

🔴ÚLTIMA HORA | Sánchez convoca de manera urgente la comisión contra los delitos de odio tras la última agresión homófoba en Madrid en la que un grupo de encapuchados grabaron “maricón” a un joven de 20 años en la nalga con un cuchillo https://t.co/ipS408iiRy pic.twitter.com/xWREy6osob

— EL PAÍS (@el_pais) September 7, 2021

Sánchez preside este viernes una comisión especial sobre delitos de odio tras las últimas agresiones homófobas https://t.co/ZFMIu8y3OD

— Ignacio Escolar (@iescolar) September 7, 2021

Eduardo Rubiño, diputado de Más Madrid en la asamblea, ha condenado el ataque y ha llamado a una “reacción colectiva por parte de la comunidad LGTBI”: “No basta con una simple concentración de repulsa ni con esperar a que llegue el Orgullo como cada año. Va a hacer falta mucho más para plantar cara a la involución”, ha dicho en su cuenta de Twitter. “Es innegable el papel de los discursos de odio que legitiman la violencia que están vertiéndose a diario desde las propias instituciones. Los discursos de la extrema derecha se amparan en quienes pactan con ellos y les convierten en decisivos”.

Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que”Madrid debe ser una ciudad libre Almeida ha aseverado en una entrevista en la Cadena SER que considera “excesivo” sostener que los mensajes de Vox “pueden estar detrás” de agresiones al colectivo LGTBI como la ocurrida en la tarde de ayer en el centro de Madrid.

Los delitos de odio han aumentado de manera alarmante desde que VOX vomita su dircurso, PP y Cs le dan acceso a las instituciones y varios medios los blanquean banalizando el peligro y el terror que viene con ellos: agresiones, insultos, mutilaciones, miedo y muerte. Y ante esto, ni Isabel Díaz Ayuso, ni Begoña Villacís, ni, por supuesto los voxasunos, han condenado el hecho. Normal… son esto:

Fuente Dosmanzanas/El Diario/ Cristianos Gays

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Preocupante noticia la que recogía este sábado eldiario.es en su edición andaluza. La Brigada Provincial de Información de Sevilla, dependiente de la Dirección General de la Policía, ha elaborado un informe a instancias del Juzgado de Instrucción nº 16 en el que, entre otros, atribuye un presunto delito de odio a ocho jóvenes que en 29 de marzo de 2017 impidieron que circulara por las calles de la capital andaluza su ya famoso autobús, vehículo de la infame campaña de odio tránsfobo de la organización ultraconservadora.

Como recogimos en su momento, HazteOír pretendía que su autobús se pasease por las calles del centro de Sevilla, pero numerosos manifestantes, entre los que se encontraban estos jóvenes, impidieron el paso del vehículo, ya desprovisto de la cartelería más agresivamente tránsfoba después de las multas recibidas anteriormente en otras ciudades españolas y de que los Mossos d’Esquadra obligaran a la organización a retirarla durante su estancia en tierras catalanas. «Respeto para todos. No al bullying» era el nuevo lema con el que, con un cinismo absoluto, HazteOír decoró el vehículo. Un truco que no impidió que el vehículo fuese recibido en la capital andaluza con lanzamiento de huevos, piedras y otros objetos contundentes, que incluso agrietaron el parabrisas. También fue objeto de pintadas contra la transfobia. Efectivos de la Policía Nacional, de hecho, tuvieron que intervenir para proteger el vehículo mientras se alejaba. El autobús tenía también previsto hacer acto de presencia en San Juan de Aznalfarache, pero finalmente no lo hizo.

El caso contra los manifestantes se archivó en un primer momento pero, hace ya año y medio, tanto la Fiscalía como HazteOír consiguieron que la Audiencia de Sevilla lo reabriera. La Policía, en un pormenorizado informe de 130 páginas que resume eldiario.es, desgrana ahora no ya solo su actuación aquel día en relación a los daños materiales causados al autobús sino que repasa su trayectoria activista. Aunque el juzgado simplemente había pedido a la Policía un estudio fisionómico con objeto de identificar a los investigados mediante el material grabado, la Brigada de Información ha apostado por desarrollar una investigación más completa «para confirmar o descartar un posible delito de odio por motivo ideológico». Para ello se basan en «indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes» como la relación del investigado con grupos o asociaciones de carácter antifascista, su estética o el análisis de sus perfiles en redes sociales, entre otros.

«La Policía se atreve a calificar jurídicamente como delito de odio la actitud de dichos manifestantes y por supuesto, para corroborar lo malos y lo rojas que son, insertan las reuniones y colectivos a los que pertenecen o han pertenecido durante los últimos años, todo ello con el ánimo de influir el juzgador y dictar una sentencia acorde con los fines de los sectores tránsfobos que existen en nuestra ciudad y que no soportan la defensa de las libertades (…) El mundo al revés: manifestantes pro derechos humanos acusados y manifestantes con discursos de odios presentados como víctimas», ha declarado a eldiario.es Luis de los Santos, abogado de la cooperativa Derechos Al Sur que defiende a uno de los investigados.

ATA-Sylvia Rivera lo considera «grotesco» e intolerable

La noticia ha provocado estupor e indignación entre el activismo trans. El colectivo ATA-Sylvia Rivera lo ha calificado directamente de «grotesco». «Es intolerable que se quiera imponer el miedo hacia la respuesta social ante los verdaderos discursos de odio, iniciando investigaciones propias de tiempos donde las libertades sociales y civiles eran cercenadas y reprimidas por el franquismo», ha declarado su presidenta, Mar Cambrollé, para la cual tales actuaciones «por parte de quienes han de proteger los derechos humanos de toda la ciudadanía» ponen en cuestión el propio Estado de derecho. Para Cambrollé, sobredimensionar el alcance de la protesta desarrollada en Sevilla ante el autobús tránsfobo simplemente sirve para blanquear al verdadero agresor.

ATA-Sylvia Rivera hace además un llamamiento a organizaciones sociales, políticas y sindicales a que condenen lo que consideran una actuación impropia de las fuerzas y cuerpos de seguridad e incluso ha pedido la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Fuente Dosmanzanas

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La marcha, impulsada desde el Sarajevo Open Center, tuvo lugar durante la mañana del 8 de septiembre y se vió amenazada por concentraciones homófobas. La de bosnia era la única de las capitales de las antiguas repúblicas yugoslavas en la que todavía no se había celebrado una marcha de reivindicación de los derechos de la diversidad sexual después de que Skopje, la capital de Macedonia del Norte, se estrenara el pasado 29 de junio. 

El trabajo de años del Sarajevo Open Center en materia de derechos LGTBI ha escalado un peldaño con la celebración de la primera marcha del Orgullo en Bosnia-Herzegovina. Una marcha que, pese a su carácter festivo y pacífico, tuvo que ser protegida por una importante presencia policial, además de la seguridad privada y la infraestructura de apoyo que los propios organizadores se vieron obligados a contratar.

Estas medidas de seguridad se deben a la LGTBfobia social imperante en la antigua república yugoslava, que esta vez se plasmó  en dos concentraciones. Una la noche previa al evento, impulsada por colectivos católicos y musulmanes, y otra trascurrió al mismo tiempo que la marcha por la diversidad. También se temía que grupos ultras de fútbol de corte neonazi acudieran a reventar el acto. Pese a todo, la marcha en favor de los derechos LGTBI fue multitudinaria y discurrió sin incidencias significativas.

The first ever Pride march in Bosnia has begun in Sarajevo w/ thousands in attendance, according to local media. Most importantly, the scene remains peaceful and celebratory. Iskrene čestitke hrabrim organizatorima @BHpovorkaponosa. #imaizac 🏳️‍🌈🇧🇦 https://t.co/asRDshuReV

— Jasmin Mujanović (@JasminMuj) September 8, 2019

Bajo el lema «Ima Izać’!», el Sarajevo Open Center impulsó esta celebración reivindicativa con una clara alusión al objetivo de que las personas LGTBI salgan del armario. Según explican los propios organizadores, es una expresión que se utiliza en los autobuses cuando alguno de los pasajeros solicita una parada, y que podría traducirse por «abra la puerta, por favor».  El hecho de «salir» a la sociedad como personas con una orientación sexual o una identidad de género diversa se topa con la «violencia intrafamiliar» con tintes LGTBIfobos. Este es uno de los principales escollos para empezar a vivir una vida en igualdad, según denuncia la activista Lejla Huremovic en una entrevista a eldiario.es.

Un contexto complicado

La primera marcha del Orgullo LGTBI bosnio fue anunciada a principios del mes de abril por activistas pertenecientes a organizaciones de diversos puntos del país. Desde esa fecha, sus promotores han mantenido reuniones con el Ministerio del Interior bosnio para asegurar la seguridad de la manifestación. Un hecho que no ha podido evitar que hayan tenido lugar diversas agresiones contra los organizadores. Una parte de la prensa bosnia también se ha mostrado contraria, amparándose en encuestas según las cuales una mayoría de la población se oponía, supuestamente, a la celebración del evento. Tampoco jugaba a favor el recuerdo de lo sucedido en 2008, cuando se intentó por primera vez celebrar un festival LGTB en Sarajevo: ante los ataques sufridos por varios asistentes el primer día, el resto de los días se tuvo que celebrar a puerta cerrada y bajo protección policial.

Pese a todo, la asistencia al primer Orgullo LGTBI de Bosnia-Herzegovina se cifró en unas dos mil personas, mientras que las convocatorias contra los derechos de las minorías sexuales concentraron a unos pocos cientos. El apoyo de la Unión Europea y embajadas como la de Estados Unidos, Canadá o la propia España también ha supuesto un impulso para los organizadores. Una escena internacional que apoya a estos colectivos resulta en ocasiones determinante para que millones de personas puedan conquistar sus derechos y vivir en libertad.

¡Fantástica noticia! Un gran paso hacia la visibilidad #LGBTI en un país con el que nos unen tantos lazos. #SarajevoPride https://t.co/BTvKbLApQs

— ExteriorEsDiverso (@ExterioresLGTBI) September 5, 2019

Fuente Dosmanzanas

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Incomprensible sentencia la de la sección 7ª Audiencia Provincial de Barcelona, que ha absuelto a tres hombres que agredieron a dos mujeres trans de un delito contra la integridad moral por razón de orientación o identidad sexual al considerar que «probablemente» estos desconocían su condición trans. 

Lo publicaba este lunes eldiario.es. Aunque en primera instancia un juzgado de Terrassa consideraba probadas las expresiones tránsfobas supuestamente usadas por tres de los agresores, del tipo de «¿sois hombres o mujeres?» o «¿quién tiene la polla más grande?», los magistrados de la Audiencia de Barcelona consideran verosímil la versión de estos, según la cual desconocían que las víctimas eran mujeres trans cuando les preguntaron por el precio a pagar a cambio de servicios sexuales, lo que derivó finalmente en una pelea.

Al creer la versión de los agresores y desaparecer de los hechos probados las citadas expresiones tránsfobas, según la Audiencia de Barcelona ya «no cabe hablar de menosprecio a una orientación o identidad sexual que desconocían». Esa sería la razón argumentada para absolverles del delito contra la integridad moral, por el que habían sido condenados a seis meses de prisión, aunque sí se reconoce que causaron lesiones leves a las mujeres, por lo cual únicamente deberán abonar una multa de 180 euros. La sentencia sí que reconoce que uno de los agresores le dijo a una de las mujeres «si eres un hombre entonces te puedo pegar», pero considera que esta expresión «no entraña desdoro alguno» y que fue pronunciada una vez iniciada la pelea, por lo que no puede considerarse demostrativa de que esta se iniciase por una motivación tránsfoba.

Curiosamente, la Audiencia de Barcelona sí mantiene la condena a un cuarto individuo que agredió a una tercera víctima, un joven gay amigo de las dos mujeres, al que llamó «maricón» y al que según la sentencia sí agredió «por la condición de homosexual que su manera de vestir, moverse y hablar denotaba». La sentencia destaca además que una de las víctimas señaló a este cuarto acusado como el que desencadenó la pelea.

Una serie de argumentaciones, en definitiva, que nos deja realmente sorprendidos y que ilustra a la perfección la situación de vulnerabilidad a la que se enfrentan a diario las mujeres trans. No solos los únicos. «No compartimos este cuestionamiento del odio tránsfobo. Hace falta contundencia ante la violencia hacia las personas trans», expresaba en redes sociales el Observatori contra l’Homofòbia.

Fuente Dosmanzanas

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Tal y como adelantamos en mayo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, la máxima instancia judicial del país, ha fallado a favor de la protección legal de la población LGTB frente a la violencia y la discriminación. El recuento final arroja ocho votos a favor y tres en contra de un texto que decreta la equiparación de los delitos por homofobia y transfobia con los motivados por el racismo mientras persista la «omisión legislativa» al respecto. 

Fue el pasado mes de febrero cuando comenzó el proceso sobre la persecución legal de la LGTBfobia, en respuesta a dos recursos presentados por la Asociación Brasileña de Gais, Lesbianas y Transgénero (ABGLT) en 2012 y el Partido Popular Socialista en 2013. Ambos persiguen «la criminalización específica de todas las formas de homofobia y transfobia, especialmente (pero no exclusivamente) de las ofensas (individuales y colectivas), de los homicidios, de las agresiones y discriminaciones motivadas por la orientación sexual y/o identidad de género, real o supuesta, de la víctima».

Cuatro de los once jueces del Supremo ya se pronunciaron en febrero a favor de las tesis de los demandantes. Con la inclusión en mayo de otros dos votos favorables se alcanzaba ya la mayoría del alto tribunal, compuesto por once magistrados. Ahora lo han hecho los cinco restantes, de los cuales dos se han posicionado a favor y tres en contra. Finalmente, 8 votos contra 5.

La tesis fijada por el Supremo brasileño hace extensiva la legislación contra el racismo a los delitos por homofobia y transfobia y será de aplicación mientras se mantenga la ausencia de legislación al respecto, un vacío legal que coloca al colectivo LGTB en situación de indefensión. «El concepto de racismo sobrepasa los aspectos estrictamente biológivos o fenotípicos e incluye la negación de la dignidad y de la humanidad de grupos vulnerables», asegura el Supremo en la nota de prensa que daba a conocer el resultado de la votación.  Puedes descargar aquí la tesis completa, que también impone límites al discurso de odio por parte de los líderes religiosos al considerar que este no queda cubierto por el derecho a la libertad religiosa.

Críticas de Jair Bolsonaro

La decisión, como era de esperar, no ha sido recibida con agrado por el presidente de Brasil, el abiertamente homófobo Jair Bolsonaro, que la ha calificado como «completamente equivocada» y ha asegurado que perjudica a los propios homosexuales, que según él tendrán más dificultades para encontrar trabajo ya que los empresarios se lo pensarán «dos veces» antes de contratarlos por miedo a ser acusados de descriminación. Bolsonaro ha añadido que esta decisión del Supremo brasileño es un argumento más a la hora de renovar el alto tribunal incorporando magistrados evangélicos.

Habrá que ver, por otra parte, si el legislativo brasileño avanza en la misma dirección que el Supremo. En este sentido, solo un día antes de que en mayo se adelantase la decisión mayoritaria del Supremo, el Senado brasileño aprobaba en comisión un proyecto de ley para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. El texto equipara las penas para los delitos motivados por la raza, color, etnia, religión o procedencia nacional con los cometidos contra las personas LGTB. También castiga la denegación del acceso a establecimientos abiertos al público, así como los intentos de impedir o restringir las «manifestaciones razonables de afecto de cualquier persona», salvo en lugares de culto. A la propuesta, no obstante, le queda por delante una trabajosa tramitación.

Una situación muy complicada para el colectivo LGTB

En 2018, además, fuimos testigos de como la LGTBfobia ha escalado hasta alcanzar ámbitos activistas y políticos. En mayo recogíamos el asesinato en Río de Janeiro de la activista de género no binario Matheusa Passareli. Y en marzo el de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, afrodescendiente, abiertamente bisexual, feminista y activista en favor de los derechos humanos. Una escalada a la que también nos hemos referido al recoger tanto el episodio de acoso que sufrió Judith Butler en una visita al país para participar en un debate universitario como la decisión de un juez federal contra la orden del Consejo Federal de Psicología que prohibía desde hace años las «terapias» reparadoras de la homosexualidad. Y que ha forzado al que fuera primer diputado abiertamente gay de Brasil, Jean Wyllys, a abandonar el país e instalarse en Alemania (ver aquí la interesante entrevista que hace pocos días publicaba eldiario.es).

La llegada de Bolsonaro a la presidencia

La situación de la comunidad LGTB, incluso ya antes de la victoria de Bolsonaro en octubre de 2018, es muy dura. El Grupo Gay de Bahía, colectivo que hace una meritoria labor de monitorización de los delitos de odio en Brasil, tuvo conocimiento de 445 muertes violentas de personas LGTB en 2017: 387 asesinatos y 58 suicidios, un aumento del 30% con respecto a 2016, «cuando se registraron 343 muertes», comienza su informe 2017. De alguna de estas muertes nos hemos hecho eco en esta misma página, como sucedió por ejemplo con el terrible asesinato de Dandara dos Santos, una mujer trans. La tendencia, en este sentido, ha sido creciente a lo largo de los últimos años.

Y si algún político encarna a la perfección esa LGTBfobia en su discurso político, ese es Jair Bolsonaro, elegido presidente en octubre de 2018. Una victoria que, dados los precedentes del personaje y el apoyo del poderoso movimiento evangélico, abrió un escenario terrible para las personas LGTB en Brasil. Ya en 2011 lo mencionábamos cuando acusó al Ministerio de Educación de «fomentar la homosexualidad» por promover un proyecto contra la homofobia. En 2014 volvimos a referirnos a Bolsonaro, que negaba que educar en la diversidad sirviese para combatir la homofobia, y acusaba explícitamente a los que así lo defienden de querer «llevar la materia a las escuelas para transformar a niños de seis años en homosexuales. Al punto de que así se facilita la pederastia en Brasil».

Bolsonaro acababa la entrevista burlándose del intento de aprobar una ley que castigase la violencia homófoba, a la que quitaba importancia. «¿Solo porque a uno le guste tomar por culo se convierte en un semidios al que no se le puede pegar?», remataba. El ahora presidente ha hecho otras declaraciones homófobas en el pasado, como aquellas en las que aseguraba preferir que un hijo suyo muriese en un accidente a que apareciese «con un bigotudo», pero basta con releer la entrevista de 2014 a El País para ser consciente de la monstruosidad del personaje.

En el ámbito legal, hay que tener en cuenta que muchos de los avances en derechos LGTB que ha experimentado Brasil se han producido al margen de los poderes legislativo o ejecutivo: el matrimonio igualitario es una realidad posible gracias a resoluciones judiciales, mientras que la prohibición de las «terapias» reparadoras, sobre la que como mencionamos arriba tiene lugar una batalla en los tribunales, fue una decisión profesional del Consejo Federal de Psicología. La presión de los grupos evangélicos para que desde el poder político se ponga coto e incluso se revierta esta situación puede encontrar en Bolsonaro el aliado ideal.

En este sentido, la recién aprobada tesis del Supremo contra la LGTBfobia es una soplo de aire fresco en un ambiente profundamente enrarecido.

Fuente Dosmanzanas

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El espectáculo en el que se ha convertido la política española desde la irrupción de la extrema derecha en el Parlamento andaluz el pasado noviembre sería cómico… si no fuera por sus terribles consecuencias para los colectivos más vulnerables, entre ellos las personas LGTBI. Hoy asistimos a un nuevo episodio del vodevil: el abandono de una recién elegida concejal de Vox en Torremolinos de la formación de extrema derecha tras las críticas internas recibidas por asistir al despliegue de una bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Lucía Cuín, que así se llama la lumbrera, ha descubierto que la formación con la que se presentó a las elecciones es homófoba. Debe ser que no se preocupó de informarse con anterioridad de donde se metía.

La historia es seguramente conocida por nuestros lectores, especialmente aquellos más activos en redes sociales. Lucía Cuín sorprendía hace unos días apareciendo junto a otros concejales en el balcón del Ayuntamiento de Torremolinos celebrando el despliegue de la bandera arcoíris que daba paso al mes del Orgullo LGTBI. Hay que tener en cuenta, para los que no lo sepan, que Torremolinos, localidad de la Costa del Sol, es un lugar que antaño desempeñó un papel clave en la historia del movimiento LGTBI español y sigue siendo hoy día un destino turístico preferente para este colectivo. La corporación municipal saliente, de hecho, ha hecho un esfuerzo importante de promoción de este tipo de turismo, que dio lugar incluso a una polémica de la que nos hicimos eco en enero de 2018 cuando el Partido Popular acusó al PSOE, entonces gobernante, de «promocionar solo un turismo gay de baja estopa que ahuyenta el turismo familiar y rechazan los propios gais serios y formales que siempre se han sentido a gusto en Torremolinos».

Lucía Cuín, cuarta comenzando por la izquierda

La participación de la concejala de Vox en el evento desencadenó, como era de esperar, reacciones indignadas entre los seguidores de la formación de extrema derecha en redes sociales, así como en medios cercanos. «Seguro que buena parte de los votantes y la base de militancia de Vox, sorprendidos ante la presencia de su candidata en el aquelarre anual de los homosexuales, su fiesta por antonomasia, se habrán quedado interpérritos [sic], completamente fuera de juego (…) Precisamente viniendo desde una formación que se ha desmarcado desde el principio del resto de siglas del arco parlamentario por criticar con dureza y sin complejos, los totalitarismos ideológicos y los chiringuitos subvencionados del lobby LGTBI o el negocio del feminismo en España», podía leerse en Mediterráneo Digital, un panfleto de extrema derecha. Alerta Digital, otro medio ultraderechista, recogía la noticia asegurando que «Vox en Málaga se podemiza ante la indiferencia de la dirección nacional» y alabando la postura homófoba del que fuera alcalde popular de Torremolinos, Pedro Fernández Montes. «La ‘derechita cobarde’ al menos mantuvo los principios de los que la ‘derechita valiente’ carece», aseguraba. Conviene recordar, en este punto, que en 2014 el Ayuntamiento presidido por Fernández Montes prohibió la celebración del «Orgullo Solidario», un evento que pretendía servir de colofón a una campaña de recogida de alimentos emprendida por activistas y empresarios de los principales locales de ocio gay de la localidad, por incluir actuaciones de transformistas, al considerar que no daban «buena imagen». Una prohibición que acabó desembocando en la celebración, a modo de protesta, del «Día Internacional del Transformismo» con la participación de numerosos transformistas que quisieron expresar su rechazo a la posición del entonces alcalde.

Volviendo a Vox, el partido de extrema derecha decidía por fin reaccionar exigiendo el acta de concejal a Cuín por su participación en el mencionado evento, según recoge eldiario.es, así como pedirle que escribiera una carta pública mostrando su arrepentimiento. «Les dije que no porque considero que es fundamental la lucha por los derechos de las personas y creo que debía estar allí», ha declarado Cuín a este medio digital.

Finamente, Lucía Cuín ha optado por abandonar Vox (y de hecho ya ha comunicado su baja al partido) pero mantener su acta de concejal. Cuín, en realidad, lleva solo unos meses en Vox. Antes militaba en el PP, aunque acabó por abandonar este partido tras el cisma que tuvo lugar entre los partidarios del antes mencionado Pedro Fernández Montes (como ella misma) y los de la nueva candidata popular a la alcaldía, Margarita del Cid. La carámbola podría ser completa, de hecho: hasta el pasado jueves todo apuntaba a que el PP se haría con la alcaldía tras un paréntesis de 4 años, sumando los dos concejales de Ciudadanos y los dos de Vox. Si Cuín decide llevar ahora su disidencia de Vox más lejos y desmarcarse de un posible acuerdo entre las tres formaciones derechistas para elegir alcaldesa a del Cid (precisamente la rival de Fernández Montes…) quizá la situación sea otra muy distinta.

En cualquier caso, no deja de resultar sorprendente que a Cuín le extrañe la bien conocida posición de Vox en contra de los derechos de las personas LGTBI y del Orgullo.«Les dije [a los dirigentes locales del partido] que estas presiones no las iba a consentir y la carta no la iba a enviar. Porque al final la que sale de homófoba soy yo, y yo no soy así», ha declarado a eldiario.es. «No sabía que estaba cruzando una línea roja infranqueable. Este es un pueblo muy diverso en culturas, religión, orientación sexual… No creo que sea nadie para juzgar eso. Toda la campaña manteniendo que en Vox hay homosexuales y un chico negro, y a las primeras de cambio…». Cómo si un partido no pudiera tener el apoyo de personas homosexuales y defender políticas homófobas, por cierto.

En definitiva, no parece que Lucía Cuín se informase mucho del tipo de partido por el cual decidió presentarse a las elecciones municipales. Y eso que Vox, en su programa para las pasadas elecciones autonómica andaluzas, incluía la derogación de las leyes de protección al colectivo LGTBI y proponía, a nivel educativo, la obligatoriedad de que los padres tengan que firmar una autorización expresa «sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad», así como excluir la atención sanitaria a las personas trans de la cartera de prestaciones del Sistema Nacional de Salud y retirar cualquier tipo de subvención a asociaciones LGTB. Y en su programa para las pasadas elecciones generales proponía, de forma expresa, «suprimir en la sanidad pública las intervenciones quirúrgicas ajenas a la salud (cambio de género, aborto…)».

Pistas que al parecer Cuín no pilló.

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Ignacio Garriga

El candidato a la alcaldía de Barcelona por Vox, la formación ultraderechista que sostiene al gobierno autonómico andaluz y que en las elecciones generales del pasado 28 de abril consiguió 24 diputados en el Congreso ha hecho pública su intención de cerrar el Centro LGTBI de la capital catalana. A diferencia de lo que sucede en otras ciudades españolas (como Madrid), Vox no parece contar con ninguna posibilidad de ser determinante en la formación del gobierno municipal barcelonés, pero el mero anuncio de sus intenciones pone de manifiesto el papel central que el recorte de los derechos LGTBI juega en el discurso político ultraderechista.

«Hay que cerrarlo. El primer día que entremos en el ayuntamiento propondremos su supresión, no tiene ningún sentido», ha declarado Ignacio Garriga, candidato a alcalde de Barcelona por Vox, en referencia al Centro LGTBI de Barcelona. Su argumento es que hay que retirar subvenciones a «organizaciones superfluas, carentes de impacto e ideologizadas».

El Centro LGTBI de Barcelona, como los seguidores de dosmanzanas conocen, es una instalación financiada por el Ayuntamiento de la capital catalana, que fue inaugurada el pasado 19 de enero por la alcaldesa Ada Colau y de cuya gestión se encarga la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña. Cuenta con un servicio de acogida,  información y orientación atendido por especialistas en psicología, trabajo social, derecho, salud y gestión comunitaria, entre otras áreas, además de un protocolo propio para abordar las agresiones por LGTBIfobia. El espacio dispone además con una zona de exposiciones con programación regular, un auditorio con capacidad para cien personas, un espacio de salud y un área familiar y cinco salas equipadas para reuniones, asesorías, formación y talleres. Una magnífica instalación que por cierto ya sufrió un primer ataque fascista pocos días después de ser inaugurado.

La respuesta de la Plataforma de Entidades LGTBI de Cataluña no se ha hecho esperar. En un comunicado de prensa hecho público este domingo, la entidad que agrupa a las principales organizaciones LGTBI catalanas defiende que estas no son precisamente organizaciones superfluas y carentes de impacto. «Consiguieron, entre otras medidas, la aprobación de la ley contra la LGTBIfobia de Cataluña en el año 2014», argumenta. Eso sí, la plataforma reconoce abiertamente que en efecto tiene ideología: «la que combate el odio, el fascismo y la LGTBIfobia».

En palabras de Joaquim Roqueta, presidente de la plataforma, el Centro LGTBI de Barcelona «es un derecho conseguido por el movimiento LGTBI de la ciudad tras décadas de lucha y reivindicación». «Con la apertura del Centro, Barcelona se ha situado como una de las ciudades más abiertas y democráticas del mundo, siguiendo el modelo de grandes capitales como Nueva York o Ámsterdam, que cuentan con espacios similares», ha añadido. «Tres meses después de su apertura, el Centro LGTBI se ha convertido en un punto de encuentro y reflexión sobre diversidad sexual y de género para toda la ciudadanía. Desde el pasado 19 de enero, miles de personas lo han visitado, han participado de sus actividades y realizado consultas al Servicio de Información y Dinamización. Además, el Servicio de Acogida ha asistido a un centenar de casos, tanto a nivel individual como grupal o familiar», ha detallado Roqueta.

Vox, receptor de cuantiosas subvenciones

Se da la paradoja de que la misma organización política que quiere acabar con la financiación pública del Centro LGTBI de Barcelona se ha convertido, tras las elecciones del pasado 28 de abril, en un receptor de cuantiosas subvenciones: según informa eldiario.es, al haber obtenido representación parlamentaria, Vox recibirá 2,6 millones de euros por sus gastos electorales y 68.088 euros al mes del Congreso de los Diputados (además, por supuesto, del sueldo de sus diputados). Una cantidad que se suma a los 3 millones de euros percibidos gracias a su entrada en el Parlamento andaluz.

Dinero público al que Vox no parece intención de renunciar, en lo que sería la consecuencia lógica de su supuesta aversión a las «subvenciones». Nada sorprendente, por otra parte, si se tiene en cuenta que el líder de la formación, Santiago Abascal, fue durante años receptor de un cuantioso sueldo público gracias a la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, primero como director de una agencia de protección de datos (que finalmente fue disuelta) y luego como gerente de la denominada «Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social», entidad que se extinguió sin dejar rastro de su último año de actividad.

Fuente Dosmanzanas

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Lo adelantábamos el pasado día 14 y lo destacaba hace unos días eldiario.es, y en efecto lo hemos podido comprobar leyendo las propuestas de enmienda del Partido Popular a la proposición de ley de reforma de la ley de identidad de género. Los populares, contrarios ahora al principio de despatologización de la transexualidad, piden que se mantenga la necesidad de un «diagnóstico» para que las personas trans puedan modificar sus datos registrales. Un paso atrás respecto a lo que el propio PP se comprometió en su momento, cuando, en un documento que se ha revelado como una de las mayores mentiras de los diputados populares Javier Maroto y Andrea Levy, que llegaron a estampar su firma en él, los conservadores aseguraron estar de acuerdo con suprimir la patologización de las identidades trans.

Como sabemos, en este momento se tramita en el Congreso una proposición socialista que elimina la necesidad del diagnóstico médico o psicológico para proceder a la rectificación registral y facilita el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores (sin necesidad de intervención judicial salvo oposición expresa de uno o ambos progenitores o representantes legales). Quedaría así actualizada la anacrónica Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, más conocida como «ley de identidad de género». La iniciativa fue registrada en febrero de 2017, si bien no fue hasta noviembre cuando el pleno del Congreso aprobó iniciar la reforma, con la oposición del PP, y no ha sido hasta febrero de este año cuando la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, desbloqueó su avance. La proposición permanece sin embargo atascada en el marasmo parlamentario, a la espera de que se vote una serie de enmiendas publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes con fecha 21 de marzo.

Una de estas enmiendas, del PP, propone mantener la patologización de la transexualidad que contempla la legislación vigente. Los populares proponen para ello la siguiente redacción del artículo 4 (requisitos para acordar la rectificación):

1. La rectificación registral de la mención del sexo se acordará una vez que la persona solicitante acredite que le ha sido diagnosticada disforia de género.
2. La acreditación del cumplimiento de este requisito se realizará mediante informe de médico o psicólogo clínico, colegiados en España o cuyos títulos hayan sido reconocidos u homologados en España, y que deberá hacer referencia:
   • A la existencia de disonancia entre el sexo morfológico o género fisiológico inicialmente inscrito y la identidad de género sentida por el solicitante o sexo psicosocial, así como la estabilidad y persistencia de esta disonancia.
   • A la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir, de forma determinante, en la existencia de la disonancia reseñada en el punto anterior.

El PP justifica la enmienda como una «mejora técnica», argumentando que «la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares».

La propuesta del PP supone, en definitiva, mantener la patologización de las identidades trans y que España continúe alejándose de los puestos de cabeza en materia de derechos LGTB. Hay que recordar, en este sentido, que son ya bastantes los países que han adelantado a España en este aspecto, entre ellos varios de nuestro entorno como Portugal, Grecia, Bélgica, Irlanda, Dinamarca, Malta  o Noruega. En España, por el contrario, mientras la Ley 3/2007 no sea actualizada sigue vigente la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» y la exigencia (con algunas excepciones) de dos años de tratamiento hormonal para que tu identidad sea legalmente reconocida en todos los documentos oficiales. Y aunque leyes posteriores de ámbito autonómico hayan incorporado ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de alcance limitado por lo que a este aspecto se refiere, que no permiten modificar algunos de los documentos más importantes.

Las mentiras de Maroto y Levy

Más allá de esto, cabe destacar que el PP ha dado aquí un giro de 180 grados sobre su compromiso de junio de 2017, cuando las principales fuerzas políticas acordaron con la FELGTB permitir la aprobación de una ley LGTBI cuyo texto final fuese «lo más cercano posible al redactado y consensuado por la mayoría del movimiento LGTBI español», así como «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans tanto a nivel nacional como internacional». El primero de estos puntos ya resultó incumplido en septiembre, cuando los populares se abstuvieron de votar la toma en consideración del proyecto de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI propuesto por la FELGTB y presentado formalmente por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Pero es ahora cuando de forma más clara se visualiza el incumplimiento: podría argumentarse que en aquel momento la abstención no suponía necesariamente una oposición frontal, pero la propuesta popular en un aspecto tan concreto y específico como es el de exigir un «diagnóstico» a las personas trans no admite dudas.

En este caso, además, no podemos responsabilizar al nuevo presidente popular, Pablo Casado, entre cuyos apoyos para hacerse con el liderazgo del PP se encontraba por ejemplo la organización ultraconservadora HazteOír. Fue la anterior dirección la responsable de las propuestas de enmienda. A quién sí debemos recordar, para mal, es a Javier Maroto y Andrea Levy (dos de los fieles a Casado, por cierto) que para estar presentes en representación del PP por primera vez en la historia de la manifestación del Orgullo 2017 en Madrid (que ese año coincidía con la celebración del World Pride) no dudaron en mentir y estampar su firma en un documento en el que aseguraban que su partido se comprometía a «desarrollar políticas que tiendan a suprimir la patologización de las identidades trans», así como estar de acuerdo con los mensajes de las pancartas de cabecera, una de las cuales rezaba «Despatologización Trans ¡Ya!». Un documento que la FELGTB divulgó en su momento:

Recordamos los compromisos con la #LeyIgualdadLGTBI que firmó el @PPopular en el @WorldPride2017 pic.twitter.com/kGf0UsaXmh

— Federación Estatal LGTB (@FELGTB) 19 de septiembre de 2017

Nada sorprendente, por cierto, viniendo de Javier Maroto, un político abiertamente gay pero que en el pasado no ha dudado en mentir para blanquear las posiciones de su partido en materia de derechos LGTB.

UPN, socio de los populares, también en contra de la despatologización

No podemos finalizar esta entrada sin reseñar que el PP no es la la única fuerza política que se opone a despatologización de las identidades trans. Los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, fuerza política que acudió junto al PP a las elecciones generales, han propuesta una enmienda en el mismo sentido. UPN, de hecho, propone mantener la ley como está, incluyendo las limitaciones a menores de edad y personas extranjeras.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlaska, ha anunciado en su cuenta de Twitter la apertura de un expediente «para ver si persiste la utilidad pública de HazteOír» después de la publicación, por parte de eldiario.es, de una noticia según la cual Interior descartaba retirar dicha declaración por «cuestiones técnicas». Una noticia de la que también se hacían eco algunas páginas LGTBI y que desató la polémica en redes sociales.

La noticia de eldiario.es se remitía a fuentes de Interior, según las cuales no se planteaba la retirada dado que HazteOír mantiene al día sus obligaciones administrativas. Y ello a pesar de que las mismas fuentes reconocían que la Secretaría General Técnica del Ministerio podría considerar que, al margen de dichas obligaciones, una entidad no cumple con los requisitos para ser de utilidad pública.

Tras difundirse la noticia se desataba la polémica sembrando la confusión en redes sociales, que denunciaban la supuesta falta de coherencia entre la posición del PSOE en la oposición y la inactividad del Gobierno.

Pocos minutos después, sin embargo, comenzaban a sucederse las reacciones entre políticos socialistas, que desmentían la noticia: desde la diputada en la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli, hasta el diputado en el Congreso Odón Elorza, pasando por el secretario de Estado de la Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo:

Con respecto noticia que @desdelamoncloa no retirará “utilidad pública” a HazteOir, nada + lejos verdad, fue @PSOE tanto en Congreso como en parlamentos quien lo ha pedido, y desde @interiorgob se están lo pasos necesarios para que así sea #StopBulos 🖐 https://t.co/gn0Vf3plxl

— Carla Antonelli (@CarlaAntonelli) 17 de agosto de 2018

🔴 Para vuestra información, esta noticia NO es correcta.
Desde el ministerio del interior se darán los pasos necesarios para quitarle la declaración de Utilidad Pública a HazteOir https://t.co/WmPNCLMnga

— Odón Elorza (@odonelorza2011) 17 de agosto de 2018

Está noticia no es correcta. Pedro Sánchez salió a criticar duramente a HO por su lamentable iniciativa, lo llevamos al Congreso y no hemos cambiado nuestra posición. https://t.co/VWBZ6hxnq7

— Francisco Polo (@franciscopolo) 17 de agosto de 2018

También la cuenta oficial del PSOE desmentía la noticia:

El ministro del @interiorgob ya ordenó la apertura de un expediente sobre la utilidad pública de #HazteOir. Los socialistas lo tenemos claro 👇🏼 pic.twitter.com/gg0INBDCbf

— PSOE (@PSOE) 17 de agosto de 2018

Y lo más importante, el propio Ministerio del Interior anunciaba en Twitter la apertura, por fin, de un expediente a HazteOír para comprobar si esta organización sigue siendo de «utilidad pública»:

Abierto un expediente por orden del ministro de @interiorgob para ver si persiste la utilidad pública de HazteOirhttps://t.co/Ks6usx4c5G

— Ministerio Interior (@interiorgob) 17 de agosto de 2018

Una noticia que nos agrada si al final una organización de odio como HazteOír pierde sus privilegios.

En 2013 el Gobierno del Partido Popular decidió conceder a HazteOír un reconocimiento que no merece. Al margen de que la organización ultraconservadora mantenga al día sus obligaciones administrativas, hay que recordar que, para ser una asociación de utilidad pública, según la ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo, sus fines estatutarios deben «promover el interés general» y ser de carácter «cívico, educativo, científico, cultural, deportivo, sanitario, de promoción de los valores constitucionales, de promoción de los derechos humanos, de asistencia social, de cooperación para el desarrollo, de promoción de la mujer, de protección de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economía social o de la investigación, de promoción del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, sociales, económicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza».

Una definición que a nuestro juicio no coincide con el ideario de HazteOír, organización que se opone con fiereza a los derechos de las personas LGTB y que ha promovido campañas de odio tanto en España (el autobús contra los menores trans y sus familias, por ejemplo) como en otros países, a través de su marca internacional CitizenGO. En Kenia, por mencionar solo un ejemplo, promovió una campaña de presión contra la despenalización de las relaciones homosexuales.

Sin embargo, el anterior ministro del Interior, del partido Popular, Juan Ignacio Zoido, se negaba de forma expresa. Una posición que ha merecido las alabanzas de HazteOír, al considerar que Zoido “no se ha plegado a las presiones de los grupos de izquierdas que están llevando a cabo una campaña de acoso y derribo frente a quienes discrepan de sus ideas, personas y partidos a las que no les gusta el debate ideológico y no permiten que haya libertad de expresión en España”.

Y, por si fuera poco, HazteOír decidía movilizarse activamente en favor de Pablo Casado como presidente del PP…

Importantes ventajas fiscales

Según informó en su momento infoLibre, ser de utilidad pública ha permitido que los donantes y socios de HazteOír tengan considerables ventajas fiscales, ya que pueden desgravarse en la declaración de la renta el 75% de los 150 primeros euros que aporten y entre el 30% y el 35% de las cantidades que superen esa cifra. Siempre según infoLibre, tras recibir ese reconocimiento y desde que sus socios pueden desgravarse las donaciones los ingresos de la organización aumentaron un 69%, pasando de 1,5 millones de euros en 2012 a 2,6 millones en 2015.

El Congreso pidió la revocación por mayoría absoluta

Otro aspecto que no debería pasarse por alto es el llamamiento de instituciones que han solicitado al Gobierno la retirada de la declaración de utilidad pública a HazteOír,, como la Asamblea de Madrid (por unanimidad) o el propio Congreso de los Diputados (con la abstención de buena parte de lo diputados del PP). Y hasta en el parlamento Europeo más de 70 eurodiputados de todo signo político, instaron al parlamento comunitario a tomar medidas contra la asociación ultraconservadora llamando la atención acerca de su mensaje homófobo: Campañas como el bus tránsfobo de HazteOír “ponen en serio entredicho los pilares fundamentales de la tolerancia y la convivencia” al reforzar “la cultura de la exclusión y la discriminación”…

Por su parte, la misma Iglesia rechazaba su mensaje: El bus tránsfobo de HazteOir es “una iniciativa de un grupo que no representa a la Iglesia, aunque quiera presentarse como la voz de una parte de los católicos. Y eso es un problema serio”. El semanario de la Archidiócesis de Madrid, Alfa y Omega, sacudía una dura andanada contra los grupos ultracatólicos en a  editorial del  jueves 9 de marzo del 2017. En el mismo, que llevaba por título “Dejemos a los niños en paz”, la revista (que se distribuye todos los jueves con el diario ABC) subraya que “es evidente que en la trinchera hay oportunidades de negocio“, pero advierte que “la comunidad católica debería resistirse a los cantos de sirena de quienes se erigen en paladines de la pureza doctrinal con propuestas que más tienen que ver con la toma del poder al asalto que con convencer al otro con razones y testimonios de vida”.

Y la Conferencia Episcopal Española daba la espalda a Hazte Oír pidiendo “ser serios con los niños y con las niñas”.

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Una pareja de hombres ha denunciado una agresión homófoba ocurrida en una piscina de una urbanización en Santa Pola (Alicante). Los dos se encontraban disfrutando de su tiempo de ocio en actitud cariñosa, como cualquier otra pareja, cuando un vecino les llamó «maricones de mierda», les forzó a salir de la piscina y agredió salvajemente a uno de ellos. El pasado viernes varias decenas de personas protestaron por lo sucedido organizando una besada frente al castillo de la localidad.

Según relata el diario Información, la agresión tuvo lugar el jueves, 12 de julio, al filo de la medianoche. Fran, de 44 años, se encontraba con su novio haciendo uso de la piscina de la urbanización en la que reside desde hace dos años. No eran los únicos: un grupo de adolescentes disfrutaban también de la instalación en ese momento. Como cualquier otra pareja en su situación, Fran y su novio se encontraban en actitud cariñosa, dándose besos. Algo que al parecer irritó al agresor, un vecino que apareció, les gritó «maricones de mierda» y los forzó a salir de la piscina, amenazándolos con arrojarles una piedra. Ya fuera de la piscina el individuo golpeó a Fran en la boca con la piedra, además de darle varias patadas, según la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil esa misma madrugada tras ser atendido en el consultorio médico de Santa Pola. Según el parte de lesiones presentaba heridas en el labio, rotura de un incisivo, lesiones en el hombro y dolor en el tobillo. La víctima refiere además sentir miedo de salir de casa después de lo sucedido.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, que está acompañando a la víctima en el proceso. Desde el Observatorio dan la voz la alarma, al considerar que este tipo de agresiones sigue ocurriendo, entre otras razones, debido a la sensación de impunidad de los agresores, ya que «en el ámbito de la tramitación judicial es complicado que un juez encuentre el agravante de homofobia, no son sensibles a la realidad y queremos que se agraven las penas», en palabras de Toño Abad, director del Observatorio. Confiemos en que este no sea caso, y por el contrario la justicia actúe de forma similar a como hizo recientemente en Denia, también en la provincia de Alicante, donde un individuo de 42 años, vecino de una pareja gay, fue condenado a ocho meses de cárcel y a cumplir una orden de alejamiento de la pareja tras insultarles y amenazarles.

Besada de protesta

Lo sucedido a Fran ha encendido las alarmas en Santa Pola, cuyo concejal de Igualdad y Diversidad, Samuel Ortiz, ha expresado su más absoluto rechazo y se ha mostrado además preocupado por el hecho de que esta no sea la primera agresión homófoba que llega a conocimiento del Ayuntamiento, y ello a pesar de las iniciativas en favor de la diversidad que el Ayuntamiento ha desarrollado. «Quizás los ataques de odio de ciertas personas sean una especie de respuesta a esta visibilidad, y es que las raíces heteropatriarcales todavía están muy arraigadas, y ante eso solo nos queda visibilizar las medidas en favor de la diversidad», ha declarado a eldiario.es. En concreto, el concejal menciona una agresión que sufrió otra pareja gay en la zona de Playa Lisa, que se suma a otra agresión que sufrió un miembro del colectivo juvenil Chronos Teatre cuando el pasado 30 de junio participaba en una performance en la calle con motivo del Orgullo LGTBI. Y hace varios meses fue el bar Eccolo, un local regentado por una pareja de chicas y frecuentado por clientela LGTB, el que fue objeto de un ataque a su fachada. 

De ahí que Chronos Teatre, la plataforma feminista Voces de Santa Pola y el propio bar Eccolo convocasen el pasado viernes una concentración ante la fachada principal del castillo-fortaleza de Santa Pola, en el centro de la localidad, a la que acudieron varias decenas de personas. 

Comunidad Valenciana: 79 incidentes de odio por LGTBfobia recogidos en 2017

El pasado mes de abril, el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia publicaba su primer informe sobre delitos e incidentes de odio por motivos de orientación sexual e identidad de género de la Comunidad Valenciana, referido al año 2017. Según recogía el documento, elaborado a partir de las denuncias y consultas recibidas por parte del colectivo Diversitat y de varias entidades colaboradoras, en el territorio valenciano se contabilizaron durante el año pasado 79 delitos e incidentes motivados en el odio y la discriminación.

La mayor parte de los incidentes (21, un 39,3%) correspondieron a agresiones verbales, seguidos de amenazas (18) y agresiones físicas (15). 11 fueron catalogadas como discurso de odio, 8 como episodios de discriminación laboral y otros 8 como episodios de violencia en la escuela.

Por lo que se refiere a la tipología de las víctimas, el mayor número de incidentes (32, un 40,5%) se produjeron contra hombres gais. 21 fueron contra mujeres lesbianas, 11 contra personas trans, 7 contra hombres bisexuales, 4 contra mujeres bisexuales, 3 contra personas intersexuales y 1 contra una persona heterosexual. Por provincias, fue precisamente la de Alicante en la que el Observatorio recogió un mayor número de incidencias (42), seguida de Valencia (29) y Castellón (8).

El Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, recordemos, nació impulsado por el colectivo alicantino Diversitat y es el tercero, tras los de Madrid y Cataluña, en publicar completos informes con los datos que han podido recabar sobre la situación en sus respectivas comunidades, y que van más allá de lo que lo hacen los datos oficiales del Ministerio del Interior.

Diversitat y el Observatorio Valenciano contra la LGTBfobia, ante las Cortes Valencianas

Precisamente este lunes comparecía ante la Comisión de Igualdad de Género y LGTBI de las Cortes Valencianas Toño Abad, directos del Observatorio y presidente de Diversitat, para mostrar los datos de su primer informe anual y reclamar la aprobación de una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTB en la Comunidad Valenciana, que en estos momentos discute el parlamento regional. «La discriminación, el odio y la violencia conforman un continuo que nos acompañan a lo largo de todas nuestras vidas, desde las escuelas hasta las residencias de mayores, en todos los ámbitos: la educación, la sanidad, el trabajo, la familia, los círculos sociales. Llamamos a esta discriminación continua LGTBIfobia básica de fondo, que no es más que un continuo discriminatorio que nos lanza el mensaje de que somos peores personas por ser LGTBI», ha expresado Abad ante los miembros de la Comisión.

«La diversidad se penaliza, y este es un hecho que hay que reconocer para avanzar y ser mejores como sociedad, y es una obligación ética visibilizar esta situación para poder combatirla, independientemente de nuestra ideología, por eso invito al Partido Popular a votar a favor», ha añadido Abad, que ha propuesto incorporar a la futura ley una serie de medidas como consecuencia del análisis comparativo de otras normas, como el deber de intervención de la administración pública autonómica en la detección y erradicación de la violencia o la incorporación de planes de atención a la diversidad en la administración pública valenciana, incluyendo a los Ayuntamientos. Por su parte, Visitación González, responsable de Educación de Diversitat y coordinadora del área de Educación de la FELGTB, que también intervino ante la Comisión, resaltó la importancia que tiene para los docentes una ley que respalde el trabajo en la atención a la diversidad en las aulas.

Tas numerosas alusiones  de la diputada popular Blanca Garrigues a que la ley nacía como una mera declaración de intenciones, innecesaria por existir una ley de mayor rango como la Constitución, Toño Abad contestó que «los cambios sociales, las mejoras como sociedad y como democracia nacen también de las declaraciones de intenciones, de las buenas declaraciones de intenciones». La diputada, en su turno de preguntas, insistió en que las leyes vigentes actualmente ya consagran la igualdad. «La igualdad hay que crearla, no somos todos iguales cuando no recibimos el mismo trato, no conozco a ninguna persona heterosexual que haya sido dicriminada por su orientación sexual o su identidad de género ni tampoco que le hayan puesto las maletas en la puerta sus padres por ser quien es», le respondió Abad, que también se refirió a las acusaciones de «adoctrinamiento» por parte de los sectores más reaccionarios de la sociedad valenciana. «Nadie puede adoctrinar en las aulas para modificar la orientación sexual o la identidad de género en las personas, dado que si esto fuera posible todos seríamos heterosexuales, ya que estamos socializados y educados en la discriminación y la visión negativa de la realidad LGTBI. Si esto fuera posible, no habría ni lesbianas, ni gais, ni bisexuales ni personas trans», explicó Abad.

Fuente Dosmanzanas

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El fiscal especial para delitos de odio y discriminación de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, solicita una pena de nueve años de prisión para dos de los autores de una grave agresión homófoba que tuvo lugar en octubre de 2016 en la capital catalana.

Lo recoge eldiario.es. Los hechos ocurrieron en el barrio del Putget de Barcelona. Tres hombres golpearon a una pareja gay a la que ya venían acosando desde tiempo atrás mediante “miradas desafiantes y hostiles” y “evidente desprecio a su condición sexual”. El día 31 de octubre de 2016, el acoso desembocó en agresión física. Mientras la pareja bajaba del coche a su perro y otros efectos personales, tres jóvenes comenzaron a increparles, con insultos y amenazas del tipo de “maricones que estáis molestando con este perro” u “os voy a matar cuando no haya nadie, maricones de mierda”.

Uno de los agredidos intentó entonces hacer una foto de los agresores con el teléfono móvil, lo que provocó que inicialmente estos desaparecieran de la vista. Pasados unos minutos, sin embargo, “por la espalda y sin posibilidad alguna de defensa”, los ahora acusados “golpearon reiteradamente con un casco y con los puños” a la pareja. Una de las víctimas llegó a perder el conocimiento. Ambas sufrieron además lesiones de diversa consideración que precisaron 60 y 90 días de curación y estrés postraumático. Según el escrito del fiscal, los agresores también arrebataron a las víctimas sus teléfonos, que arrojaron “deliberadamente” contra el suelo dejándolos inservibles.

La Fiscalía pide nueve años de cárcel para dos de los agresores, a los que considera principales responsables, por sendos delitos de lesiones con instrumento peligroso y un delito leve de daños. Les solicita además el pago de 39.000 y 16.000 euros a las dos víctimas en concepto de indemnización. Al tercer acusado le pide dos años de cárcel por un delito de amenazas. La petición de pena incluye la agravante de discriminación por razón de orientación sexual (artículo 22.4 del Código Penal).

Cataluña: la comunidad con más agresiones por LGTBfobia

Según la estadística de delitos de odio del Ministerio del Interior correspondiente a 2016, Cataluña fue la comunidad que más delitos de odio por LGTBfobia registró oficialmente (60). Respecto a 2017, no se han hecho públicas todavía cifras oficiales, pero los datos provisionales del Observatori contra l’Homofòbia recogen un total de 112 incidencias, de las cuales 18 son agresiones físicas. Siempre según este recuento provisional, en 2017 se habrían registrado 28 incidencias más que el año anterior (en 2016 se registraron 84 incidencias). Es cierto que dicho crecimiento puede responder tanto a un aumento real de la LGBTIfobia como a una mayor tendencia por parte de las víctimas a denunciar lo sucedido.

El último episodio de agresión por LGTBfobia que recogimos ha ocurrido este mismo mes: dos chicas, una de ellas trans, caminaban de madrugada por el barrio de Sants cuando fueron agredidas por tres jóvenes que a bordo de un coche se detuvieron a su altura, haciéndose pasar por agentes de policía. Las jóvenes no cayeron en la trampa y continuaron su camino, pero los agresores descendieron del coche, las insultaron y las agredieron físicamente. La chica trans sufrió fractura nasal y diversos hematomas.

Si a ello añadimos el repunte de episodios de homofobia relacionados de una u otra forma con el conflicto político catalán, protagonizados mayoritariamente por grupos de extrema derecha (en noviembre dedicamos una entrada al tema), el panorama es ciertamente preocupante.

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La delegación socialista española (PSOE) en el Parlamento Europeo ha promovido una carta que solicita la revocación del nombramiento de María Elósegui como jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (puedes descargarla aquí). Por lo que se refiere a los eurodiputados españoles, a la carta se han adherido todos los eurodiputados de Podemos y de Izquierda Unida, así como varios de los integrados en el grupo liberal del Parlamento Europeo (ALDE). En concreto, la independiente Beatriz Becerra (una eurodiputada muy destacada por su defensa de los derechos LGTB), así como Izaskun Bilbao (PNV), Maite Pagazaurtundúa (UPyD), Carolina Punset (Ciudadanos) y Ramón Tremosa (PDeCAT).

Por el contrario, no han secundado la misiva ni Javier Nart (el otro eurodiputado de Ciudadanos) ni Enrique Calvet ni Teresa Giménez Barbat. Estos dos últimos, al igual que Beatriz Becerra, fueron  elegidos en su momento en las listas de UPyD (aunque luego abandonaron el partido). Todos ellos forman parte de ALDE, el grupo liberal del Parlamento Europeo.

Tampoco la han secundado el eurodiputado de EH Bildu Josu Juaristi ni la eurodiputada de Alternativa Galega de Esquerda Lidia Senra (que abandonó en marzo de 2017 la delegación de Izquierda Plural y que ya no está integrada en el grupo de la Izquierda Unitaria Europea), así como ninguno de los eurodiputados del Partido Popular. Cabe señalar, en este sentido, que la delegación socialista española en el Parlamento Europeo recabó para su carta el apoyo de distintos grupos políticos de la Eurocámara, pero no de todos. No lo hizo “del Partido Popular Europeo, de los no inscritos y de las formaciones antieuropeas y xenófobas”, según el comunicado en el que anunciaron la iniciativa.

La carta cuenta con 75 firmas en total (un 10% del total de eurodiputados) y ha sido remitida este lunes al presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Michele Nicoletti, y al presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Guido Raimondi. En ella los firmantes expresan su profunda preocupación por las opiniones vertidas por María Elósegui en diferentes trabajos y conferencias en referencia a la homosexualidad y a la transexualidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recordemos, no es una institución vinculada a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y sun función es la de actuar como garante de los derechos reconocidos por la Convención Europea de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales.

Elósegui no piensa dimitir

Este sábado nos hacíamos eco, precisamente, de la negativa de Elósegui a renunciar a su cargo por voluntad propia. En una entrevista a El Confidencial, se mostraba incluso desafiante hacia los que se lo han pedido. “Que pidan lo que quieran, yo ya he sido nombrada magistrada y eso es irreversible e irrevocable”, declaraba.

Dosmanzanas fue el primer medio que el pasado 24 de enero hizo hincapié en los antecedentes LGTBfobos de Elósegui, aunque no fue hasta un día después, cuando eldiario.es publicó la información e incluyó algunas referencias más, cuando la noticia alcanzó eco nacional. Elósegui formaba parte de la terna de candidatos que el Gobierno de Mariano Rajoy había presentado a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para ocupar la vacante española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aunque no era la que contaba con las preferencias de la comisión evaluadora, la Asamblea Parlamentaria acabó decantándose por ella. Sus supuestos méritos en materia de igualdad de género fueron sin duda uno de los elementos que jugaron a su favor. Posteriormente se supo además que Elósegui había falseado el currículum que había presentado (aquí puedes verlo, junto al de los otros dos candidatos). Aseguraba haber elaborado el borrador de la ley de igualdad aprobada en 2007 y promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, algo que no es cierto.

Son diversos los trabajos en los que de forma consistente Elósegui expone sus tesis homófobas y tránsfobas. Pero valga un ejemplo muy revelador: nada mejor que escucharla a ella misma, en la tercera parte de una clase magistral pronunciada en 2007 y que podemos encontrar colgada en el canal de YouTube de Una Mujer Una Voz. En ella, Elósegui se refiere a la transexualidad como “un síndrome catalogado dentro de la Psiquiatría” en el que “no hay ningún error cromosómico: es perfectamente varón o perfectamente mujer“ pero en el que la persona “no quiere reconocer su cuerpo“. Un síndrome psiquiátrico para el que Elósegui distingue dos tipos de “terapias”. La primera no es otra que la reasignación de sexo. La segunda, por la que Elósegui claramente muestra su preferencia, es el tratamiento psiquátrico. “Si la disfunción se da por la no aceptación de lo somático, lo que hay que hacer es una terapia psíquica: lo que habría que reconstruir es la aceptación por parte del transexual de su sexo cromosómico”, asegura. En definitiva: la transexualidad es un síndrome psiquiátrico para la que propone “terapia psíquica” con objeto de “reconstruir” la aceptación del sexo cromosómico. Terapia reparadora, dicho con otras palabras.

De ahí que tanto los colectivos LGTB españoles como europeos hayan expresado su inquietud. Como también contamos el sábado, ILGA-Europa, la organización “paraguas” que agrupa a casi 500 colectivos y entidades LGTBI de todo el continente, ha hecho público un comunicado, firmado además por Transgender Europe, en la que asegura que vigilará muy estrechamente la situación. “Esperamos que todos los jueces elegidos para servir en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo hagan con una mentalidad abierta y libre de sesgos. Cualquier indicio de sesgo anti-LGTBI es, obviamente, causa de preocupación”, señala el comunicado. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha suscrito también la declaración, recordando además que, de forma conjunta con el colectivo DeFrente, está recogiendo firmas para instar a los representantes españoles en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa que hagan todo lo que esté en su mano para evitar que Elósegui tome posesión del cargo en marzo.

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Unas 800 personas se concentraron este martes frente a la Delegación del Gobierno en Murcia, convocadas por la plataforma Murcia Diversa por la Igualdad, para exigir la dimisión de su titular Antonio Sánchez-Solís tras los sucesos del pasado sábado durante la manifestación del Orgullo LGTBI de Murcia. Un grupo de neonazis, recordemos, invadieron el espacio destinado al Orgullo y agredieron a varias personas. Una agresión que por cierto Antonio Sánchez-Solís ha minimizado.

Lo recogimos el pasado fin de semana. La Delegación del Gobierno en Murcia había permitido la convocatoria de una concentración de la organización neonazi “Lo Nuestro” el mismo día y a las mismas horas en que Murcia celebraba pacíficamente su Orgullo, compartiendo además espacio frente al Ayuntamiento. Finalmente, a petición de esta institución, la Delegación del Gobierno accedía a trasladar la concentración neonazi al Parque de Fofó, al norte de Murcia, lejos de la manifestación del Orgullo. Ello no impidió a los violentos actuar. Fue alrededor de las 19:00 horas, cuando las últimas carrozas comenzaban el recorrido. Un grupo de unos treinta individuos volcaron las vallas que lo protegían e irrumpieron en el espacio dedicado al Orgullo, agrediendo, según diversos testimonios, a varias personas (eldiario.es recogió declaraciones de una de las agredidas).

De hecho, un vídeo difundido por La Verdad muestra como efectivamente se produjo una estampida de personas (el vídeo muestra después a los nazis siendo escoltados por la Policía, así como algunas imágenes de su concentración):

El colectivo No Te Prives, convocante de la manifestación del Orgullo, ha denunciado ya a la Fiscalía lo sucedido. También ha pedido que investigue la actuación del delegado del Gobierno, cuya dimisión, como ya adelantamos en nuestra anterior entrada, han solicitado PSOE, IU, Cambiemos Murcia y Podemos.

Pese a todo, el delegado del Gobierno asegura “no tener constancia” de que se produjeran agresiones a participantes en el Orgullo. Según asegura La Opinión, Antonio Sánchez-Solís solo reconoce una agresión a un fotógrafo de ese mismo diario y que “cinco o seis personas” increparon a la manifestación a su paso por la Gran Vía. Sánchez-Solís ha defendido el operativo policial y asegura que la actuación de la Delegación del Gobierno fue la adecuada.

Piden su dimisión

No es, desde luego, lo que parece a tenor de las informaciones y testimonios recogidos por los medios de comunicación. Y tampoco es lo que piensan las alrededor de ochocientas personas que, convocadas por Murcia Diversa por la Igualdad, se concentraban en la tarde del martes frente a la Delegación del Gobierno, en la Avenida Alfonso X el Sabio de Murcia, para luego marchar hacia el Ayuntamiento. “Hace dos días, unos intolerantes llenos de odio decidieron convertir una jornada festiva y reivindicativa como es el día del Orgullo LGTBIQ en altavoz de su intolerancia, con la connivencia del delegado del Gobierno y ante la pasividad de las fuerzas de seguridad, más pendientes de incomodar a los asistentes al desfile que de garantizar su seguridad”, se leyó en el manifiesto. “No fue casualidad que el colectivo fascista Lo Nuestro eligiera el día del Orgullo para exhibir su mensaje, destinado a dificultar la convivencia y a generar odio y desigualdad. Eligieron el día del Orgullo para agredir, para amedrentar, para asustar y para imponer, y eso es algo que no vamos a tolerar”, proseguía.

No parece que ni Sánchez-Solís tenga intención de dimitir ni el Gobierno de cesarlo, por desgracia. Que en pleno 2017 y en España tengamos que asistir al espectáculo de un Orgullo LGTB saboteado por energúmenos de extrema derecha no parece preocupar lo más mínimo al Gobierno. Una actitud, desde luego, bien poco tranquilizadora.

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Y se habló de nombrarlo embajador en El vaticano aunque parece que allí dijeron que “nones”… Y el PSOE le ha dado un buen bofetón vetándole para que presida cualquier comisión.

El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, uno de los políticos del Partido Popular que con más ahínco se han opuesto al avance de los derechos LGTB en España, nombró comisarios de honor del Cuerpo Nacional de Policía a siete personas que nada tienen que ver con este cuerpo polícial. Una de ellas ya era conocida: el director del diario La Razón Francisco Marhuenda, afín al PP. Estos días hemos sabido además que otro de los “merecedores” de este premio político fue Ramón Rodríguez Arribas, exmagistrado del Tribunal Constitucional, uno de los que se opuso al fallo que en 2012 consideró constitucional el matrimonio igualitario y que utilizó en su voto particular buena parte de los argumentos que suelen utilizar los ultraconservadores en esta materia.

Ramón Rodríguez Arribas fue, de hecho, vicepresidente del Tribunal Constitucional de España entre 2011 y 2013, formando por entonces parte de la mayoría conservadora que desde hace años domina el alto tribunal. Su intervención posiblemente más destacada en aquellos años consistió en la de ser uno de los tres magistrados que se opusieron al que el matrimonio igualitario fuese considerado constitucional. Rodríguez Arribas era partidario de aceptar el recurso que en su momento fue planteado por el PP, y emitió de hecho un voto particular discrepante plagado de “perlas”. Aseguró, por ejemplo, que la interpretación que la mayoría de sus compañeros hacían de la institución matrimonial era “un tanto enrevesada y poco eufónica” y realizaba “una verdadera filigrana para eludir hablar de sexo al definir el matrimonio, con lo que, a primera vista, éste podría constituirse entre un tío y un sobrino“. “Con esta formulación se prescinde absolutamente del componente biológico (o antropológico, si se quiere) ínsito en el matrimonio desde que apareció el ser humano en el planeta y que como institución precedió a la tribu”, añadía.

“En efecto, además de todos los componentes jurídicos del matrimonio, éste es también una unión sexual que la naturaleza destina a la perpetuación de la especie humana y aunque este fin natural pueda satisfacerse fuera del matrimonio y también aunque no sea el único fin de la institución que permanece si cumple los demás fines, no puede desconocerse sin incurrir en un salto ilógico imposible de admitir”, argumentaba con una lógica bastante difícil de comprender. “Y no se diga – que se dice– que entonces las parejas estériles o voluntariamente abstenidas de cumplir el fin reproductivo, quedarían excluidas del matrimonio, porque es la posibilidad genérica, la potencia en sentido ontológico, de servir al fin respecto de la especie humana y no el acto concreto o el efecto cierto, lo que caracteriza a cualquier institución colectiva“, añadía.

Rodríguez Arribas también exponía sus reservas sobre el hecho de permitir a las parejas del mismo sexo adoptar (recordemos que ese constituía el supuesto cuarto motivo de inconstituiconalidad que el PP argumentaba) al argumentar que “si nada puede oponerse a que una persona homosexual, sea hombre o mujer, pueda adoptar individualmente a un menor, la cuestión está en que desde el punto de vista del niño, que es lo único importante, no resulta indiferente que en lugar de tener un padre y una madre o sólo un padre o sólo una madre, para sustituir la pérdida o abandono de los naturales, se encuentre con que tiene dos padres y ninguna madre o dos madres y ningún padre o haya que convertir a una mujer en padre o a un hombre en madre”. Una argumentación más propia de la barra de un bar que de una sentencia legal.

Tres comisarios honoríficos “secretos”

Según cuenta eldiario.es, ha sido la Fundación Hay Derecho la que ha conseguido que se revele la identidad de cuatro de los siete comisarios “honorarios” nombrados por Fernández Díaz. Además de Marhuenda y Rodríguez Arribas, lo son el director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y el director del Departamento de Seguridad Nacional, Alfonso de Senillosa. Pero quedan tres personas a las que el Ministerio se niega a identificar (uno de ellos, según aseguraba en junio El Plural, podría ser el confesor del ministro, el sacerdote Silverio Nieto)

Fernández Díaz, ¿presidente de la Comisión de Exteriores?

La salida del gobierno de Jorge Fernández Díaz ha sido una excelente noticia en clave LGTB. Se trata, recordemos, de uno de los políticos del PP más cercanos al integrismo católico (“Dios es el gran legislador del universo”, aseguraba en diciembre de 2011 en una entrevista). Tras conocerse el fallo desestimatorio del recurso de su partido contra el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y adoptar hijos conjuntamente, él fue uno de los primeros en mostrar su desacuerdo, y de hecho ha llegado a afirmar que el matrimonio igualitario “amenaza la pervivencia de la especie” (declaraciones sobre las que declinó pedir disculpas).

Fernández Díaz también concedió en 2013 el reconocimiento como “asociación de utilidad pública” a HazteOír, una organización ultraconservadora ferozmente opuesta a los derechos LGTB, y más recientemente adjudicaba la formación de los futuros policías nacionales a una universidad de ideario católico.

Mariano Rajoy, en cualquier caso, pretende asegurarle a su exministro un “retiro dorado” como presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso. Una decisión que muestra la supuesta comodidad absoluta con la que el PP se mueve en esta cámara, pese a no disponer de mayoría absoluta, y para la que cuenta con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, necesitaba también la abstención de alguno o del resto de partidos, pero el PSOE ha vetado que presida cualquier comisión y los populares aseguran que abren un “periodo de reflexión”.

Fuente Dosmanzanas

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Soledad Becerril

Un montón de supuestas asociaciones pro-familia solicita a Soledad Becerril que recurra la ley ante el Constitucional.

La “Plataforma de las libertades” está compuesta entre otras asociaciones por Familia y Dignidad Humana, la Federación Española de Asociaciones Provida, la Federación Europea ‘One of Us’ en defensa de la vida y la dignidad humana, HazteOir.org, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Instituto de Política Familiar y la Universidad Católica de Murcia, lo que da una idea del nivel que deben tener sus titulaciones. ¿Y por qué quieren recurrir la ley? Pues claro, ¡para proteger a los niños! Porque ya se sabe, los únicos niños que cuentan son los suyos que parece que son todos muy normativos.

Una de las entidades promotoras de la solicitud es la Fundación Valores y Sociedad, presidida por el que fuera presidente del PP vasco, ministro del Interior, diputado y miembro del Parlamento Europeo Jaime Mayor Oreja. No supone, de hecho, una especial sorpresa: Mayor Oreja siempre se caracterizó por ser uno de los líderes populares más abiertamente contrarios a los derechos LGTB, como bien demostró en su época de eurodiputado cada vez que algún tema relacionado se sometía a votación. En el patronato de dicha fundación, según señala eldiario.es, se encuentra también la exsenadora popular Gari Durán, la que fuera también presidenta del PP vasco, María San Gil; el exdiputado y exsenador Ángel Pintado o la exsenadora Gari Durán. También figura, curiosamente, Luis Peral, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, que fue precisamente uno de los dos representantes populares que en su día se ausentaron para no votar la ley (el otro fue David Pérez, que además de diputado en la Asamblea de Madrid es alcalde de Alcorcón).

Otra de las organizaciones firmantes de la solicitud es la Asociación Familia y Dignidad Humana, cuya presidenta y vicepresidente son Lourdes Méndez y Javier Puente, ambos exdiputados populares. Los ya mencionados Ángel Pintado y Gari Durán son su tesorero y portavoz, respectivamente.

Otras organizaciones que firman el documento, por mencionar solo algunas, son la Federación Española de Asociaciones Provida, la Universidad Católica San Antonio de Murcia, HazteOír o el autodenominado Instituto de Política Familiar. Organizaciones, en definitiva, de carácter ultraconservador, muchas de ellas cercanas a la Iglesia católica.

La petición a la Defensora del Pueblo, argumenta que la ley contra la LGTBfobia atenta contra numerosos preceptos constitucionales. Dos aspectos que generan una especial indignación son la prohibición de las terapias aversivas de la homosexualidad (que según estas organizaciones vulnera los derechos constitucionales a la integridad física y moral, a la protección de la salud y al deber de prestar asistencia de todo tipo a los hijos) o la inclusión en los programas educativos de la diversidad de género (que según los solicitantes vulnera los derechos de libertad de expresión y difusión de pensamientos y de libertad de cátedra). Pero también el principio de inversión de la carga de la prueba cuando se ha producido un episodio de discriminación (que según ellos vulnera los derechos de presunción de inocencia, seguridad jurídica y tutela judicial efectiva). No son los únicos derechos que consideran vulnerados: también el derecho a la igualdad, a la educación, de libertad religiosa, etc. No hay derecho constitucional, prácticamente, que los solicitantes no consideren vulnerado por la ley. Si te interesa conocer en su integridad el texto del documento, puedes descargarlo directamente de La Gaceta.

Entre otras sandeces, según esta plataforma, la ley madrileña vulnera el derecho a la igualdad ya que aseguran que se dan privilegios a la población LGTB y ataca la autonomía del paciente ya que impide llevar al menor a un psicólogo en caso de que los padres se preocupen por la orientación sexual del menor. Claro que no se han dado cuenta todavía de que en ese caso los que tienen que ir al psicólogo son los padres y que esta ley evita precisamente, que los niños sean considerados “pacientes”.

Además, afirman que “hablar de los modelos de familia” en las escuelas atenta contra la libertad de expresión. Repetimos: “hablar de los modelos de familia” atenta contra la libertad de expresión porque no les deja decir lo que piensan de la homosexualidad en los colegios y claro. Ya podría hacer honor a su nombre la “Plataforma de las libertades” y preocuparse de que todos los niños puedan vivir de forma saludable en lugar dea estar jodiendo al prójimo. Nosotros cuandonos enteramos de estas cosas nos dan muchas ganas de vomitar.

Y es que recomendamos, eso sí, tener a mano un antiemético antes de leer un texto cargado de una profunsa hipocresía. “Con la aparente disculpa de luchar contra la discriminación por orientación sexual (objetivo que evidentemente compartimos), aprovecha [la ley madrileña contra la discriminación de las personas LGTBI] para implantar una concepción ideológica propia de las asociaciones LGTBI sobre la persona, de los ‘diferentes modelos de familia’ y de la sexualidad que, siendo discutibles (pues existe en nuestra sociedad una pluralidad de concepciones) se tratan de imponer a todos”, llega a argumentar el escrito, según el cual “es un hecho que no todos los homosexuales defienden la concepción de la sexualidad del lobby LGTBI, como lo es que muchos heterosexuales sí la defienden”.

Veremos qué sucede finalmente. El hecho de que en este momento buena parte de las figuras del PP mencionadas arriba se encuentren “caídas en desgracia” y de que en la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes haya dado su apoyo a una serie de políticas pro-LGTB (acordadas, en este caso, con PSOE, Podemos y Ciudadanos, además de con los colectivos LGTB madrileños) no significa que muchas de las instancias de poder de este país no estén todavía copadas por los sectores más conservadores. Si la Defensora del Pueblo decidiese presentar un recurso de este tipo nadie asegura que el actual Tribunal Constitucional, fuertemente derechizado, no invalidase, aunque fuese solo parcialmente, un texto ejemplar. Confiemos en que esa posibilidad no llegue ni a plantearse.

Fuente: ABC y Actuall, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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Justo tres años después de la muerte de Juan Andrés Benítez, la Generalitat de Catalunya ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP (Candidatura d’Unitat Popular) con objeto de expulsar de los Mossos d’Esquadra a los agentes responsables. Una nueva sombra que se cierne sobre un proceso ya muy oscurecido tanto por el archivo de la denuncia contra el sindicato policial que desveló la condición de seropositivo de Benítez como por el acuerdo alcanzado por los agentes implicados que les permitió evitar la prisión.

Los detalles de la muerte de Juan Andrés Benítez, ocurrida en octubre de 2013, siguen produciendo estupor y rabia. Lo sucedido supuso de hecho un mazazo para la parte más comprometida de la sociedad civil catalana y para el colectivo LGTB. Dueño de dos tiendas de ropa en el Gayxample, Benítez era miembro de ACEGAL (Asociación Catalana de Empresas para Gais y Lesbianas) y fue un antiguo activista en la lucha contra el VIH (en su momento recogimos una semblanza sobre su vida publicada por El Periódico).

Benítez fue brutalmente reducido tras verse envuelto en una discusión en el barrio del Raval, donde vivía. Cuando los mossos interpelaban a los implicados en la discusión (ya finalizada) Benítez hizo ademán de intentar alejarse. En ese momento una agente le golpeó, iniciándose entonces la agresión policial. Benítez sufrió una primera parada cardíaca, que la asistencia sanitaria pudo revertir, pero acabó falleciendo en el Hospital Clínic de Barcelona. La autopsia reveló que tenía rotos un diente, un pómulo, la nariz y una ceja y presentaba heridas en los labios, un golpe en la cabeza y en la parte frontal derecha de la cara, así como una fractura del metacarpiano derecho. Presentaba además lesiones en brazos, piernas, rodillas y zona lumbar. Los forenses concluyeron que los múltiples traumatismos sobre la región craneo-facial dieron lugar a un fallo cardíaco (posiblemente favorecido por el estrés de la situación y el padecimiento de una arritmia previa) y calificaron la muerte como de naturaleza “homicida”. Los agentes implicados negaron inicialmente haber actuado de forma irregular, pero la difusión de unas imágenes grabadas en vídeo por los vecinos confirmaron la brutal violencia que sufrió Juan Andrés Benítez antes de morir.

Se archivó la denuncia por revelar su condición de seropositivo

La muerte de Benítez se continuó, además, de una desagradable muestra de serofobia por parte del Sindicat de Policies de Catalunya, que reveló a la opinión pública la condición de seropositivo de Benítez. Fue en una nota en la que el sindicato policial ofrecía “todo su apoyo” a los agentes implicados y añadía que “a consecuencia de las agresiones sufridas durante la detención, dos agentes se encuentran actualmente en tratamiento con fármacos antirretrovirales, que tendrán que mantener durante un año”. Pese a la condena de varios colectivos LGTB y de las organizaciones que trabajan el tema del VIH, que denunciaron la nota ante la fiscalía especializada en delitos contra el odio y la discriminación por desvelar información reservada que solo se podía obtener de forma confidencial a través de los servicios médicos y de las diligencias judiciales, la denuncia fue archivada.

Los agentes implicados evitaron la cárcel

Llegado el juicio, el acuerdo alcanzado entre la acusación popular (ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos, ACDDH), la fiscalía y las defensas permitió a los seis mossos implicados evitar la cárcel, gracias a que la condena quedó limitada a dos años. A cambio, se declararon culpables de un delito de homicidio por imprudencia grave y otro contra la integridad moral. Los agentes quedaron suspendidos de empleo y sueldo durante esos dos años, y luego, durante cinco años más, tendrán algunas restricciones (como el no poder patrullar las calles ni acercarse al barrio del Raval). Se les impuso también asistir a un curso de derechos humanos. A otros dos agentes se les impuso además tres meses de arresto por obstrucción a la justicia. Se acordó también una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima a cargo de la Generalitat como responsable subsidiaria.

Según explicó en su momento el diario El País, la ACDH optó por asegurar una pena mínima ante la posibilidad de que un jurado popular exculpara a los agentes. El acuerdo, sin embargo, fue recibido con desagrado por los amigos de Benítez, que consideraron que los causantes de su muerte quedaban en buena parte impunes. Por su parte, la CUP, a través de sus diputados en el Parlamento catalán, exigió al director general de Policía de la Generalitat, Albert Batlle, que reabriese el expediente sancionador que en su momento fue interrumpido e interpuso la correspondiente denuncia para que, de acuerdo al artículo 10 del reglamento disciplinario de los Mossos d’Esquadra, los condenados fuesen expulsados del cuerpo por falta muy grave.

Y ahora la Generalitat archiva la denuncia de la CUP

Expulsión que parece que no se producirá, dado que el Departamento de Interior de la Generalitat ha archivado la denuncia interpuesta por la CUP. Una decisión que ya se veía venir: ya tras el acuerdo que libró de la cárcel a los agentes Albert Batlle declaró que las responsabilidades habían quedado depuradas en la vía penal.

La CUP no ha descartado todavía recurrir la decisión de Interior por vía judicial. Por otra parte, además de esta primera denuncia, la propia ACDDH ha formulado otra petición a la dirección general de la Policía catalana para que garantice la correcta aplicación del reglamento disciplinario de los Mossos. Según explica eldiario.es, según el artículo 24 del reglamento, Interior debe actuar en base “a los hechos que se declaren probados” en la sentencia, y estos son claros e irrefutables, por más que el acuerdo alcanzado en el juicio permitiese a los agentes evitar la cárcel. Y a juicio de la ACDDH, los hechos probados se corresponden con varias faltas muy graves por parte de los condenados: torturas, vulneración de derechos de los custodiados y ocultación de pruebas, además de la propia condena. En este sentido, la dirección general de la Policía catalana podría, según el ya mencionado artículo 10 del reglamento, expulsar a los condenados o suspenderles de empleo y sueldo de uno a seis años.

Veremos qué sucede finalmente, pero lo cierto es ya cerrado el capítulo judicial, el administrativo tampoco apunta a que los agentes responsables de la muerte de Benítez saldrán muy malparados. Mala, muy mala señal la que se transmite a la ciudadanía…

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