Cantabria no tendrá una ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, al menos por el momento. El Partido Regionalista de Cantabria y Ciudadanos han rechazado la petición que les había hecho el colectivo Alega y no han retirado la solicitud de comparecencias de expertos previa a la discusión de la que hubiera sido ley de «Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Transexuales, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género», cuyo anteproyecto aprobó el pasado octubre el Gobierno de Cantabria. Por una cuestión de plazos ello hace imposible su aprobación antes del final de la legislatura. 

Junto a Castilla y León, Castilla-La Mancha o La Rioja, Cantabria forma parte del ya reducido grupo de comunidades autónomas que todavía no cuentan con una legislación de este tipo. El anteproyecto (que puedes descargar aquí) seguía, en este sentido, el modelo de las últimas leyes de protección al colectivo LGTBI aprobadas en otros lugares de España: una regulación transversal que abarcaba diferentes áreas de actuación, con un texto que contenía tanto principios orientadores de la actuación de los poderes públicos como medidas concretas de acción positiva a ejecutar, y que además reconocía de forma expresa el principio de autodeterminación de género (por lo que al ámbito autonómico se refiere, ya que las competencias sobre modificación registral del sexo y cambio de nombre en DNI y pasaporte dependen del Estado, no de las comunidades). El texto incluía, en este sentido, medidas en los ámbitos educativo, sanitario y laboral, así como de la cultura, el ocio y el deporte. Contaba, además, con un capítulo sancionador para aquellas actuaciones que supusiesen una infracción administrativa en materia de igualdad y no discriminación por orientación sexual e identidad de género.

No era fácil, sin embargo, dada la tardanza del Gobierno cántabro a la hora de lanzar la iniciativa. Ya el pasado octubre, cuando el anteproyecto fue aprobado, hacíamos alusión a lo apretado del calendario, lo que había generado críticas por parte de Podemos (formación que en su momento consiguió 3 diputados electos en el Parlamento de Cantabria, si bien su grupo parlamentario ha sido formalmente disuelto como resultado de sus divisiones internas). El Gobierno cántabro, recordemos, está formado por una coalición entre el Partido Regionalista de Cantabria (PRC, que lidera Miguel Ángel Revilla, el presidente autonómico) y el PSOE, que carece sin embargo de mayoría absoluta. Ambas formaciones cuentan con 17 diputados (12 y 5, respectivamente), mientras que el PP tiene 13 diputados, Podemos (o mejor dicho, sus restos, ya sin formar grupo parlamentario) 3, Ciudadanos 1, y hay además un diputado no adscrito (que fue elegido en las listas de Ciudadanos pero que abandonó este partido, también por disensiones internas).

Críticas que han resultado ser fundadas, como cuenta de forma detallada El Faradio. Curiosamente, la falta de voluntad política de acelerar el proceso ha encontrado un excelente caldo de cultivo en la propia crisis de grupo parlamentario de Podemos, cuya disolución ha llevado a que la comisión que debía valorar las comparecencias solicitadas (la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social) no se celebrase hasta hoy. La presidenta de la comisión era Veronica Ordóñez, diputada de Podemos que ha pasado a ser no adscrita, lo que forzó a la elección de un nuevo presidente. Algo que no ha ocurrido hasta esta semana, a pesar de que Ordoñez pasó a ser no adscrita hace más de un mes.

Aun así hubiera sido posible cumplir con los plazos, si los grupos políticos que habían solicitado comparencias de expertos (PRC y Ciudadanos) hubieran renunciado a ellas. No solo no lo han hecho, sino que el PP se ha sumado a la solicitud, lo que hace ya imposible apurar los plazos: hasta que no finalicen las 21 comparecencias aprobadas por PP, PRC y Ciudadanos no se iniciará el trámite de enmiendas. El propio Víctor Casal, diputado socialista y nuevo presidente de la citada comisión, reconocía que ya «no hay tiempo». 

Desde el colectivo Alega Cantabria lanzaban ayer miércoles un llamamiento desesperado a regionalistas y a Ciudadanos. «Desde Alega nos ponemos en contacto por última vez con su partido, en un intento desesperado por conseguir derechos, algo que es triste tener que estar pidiendo por favor, pero que a día de hoy en nuestra sociedad aún no tenemos, y que penden de sus manos. Entendemos que este jueves para ustedes será un día laboral más, en el que sumergirse en papeles, informes y trámites. Sin embargo, seremos muchas y muchos quienes, durante toda la mañana, estaremos expectantes, con una mezcla de miedo a la par que esperanza aun cuando sabes que no tienes a lo que aferrarte. Volvemos a solicitarles, por justicia social, que retiren sus comparecencias y permitan el trámite de la ley LGTBI. Compartimos la idea de democracia y lo positivo que siempre es el debate, y siempre estamos y estaremos dispuestas a ello. Pero no cuando no queda tiempo, no cuanto la LGTBIfobia campa a sus anchas en las calles de Cantabria, sin tener una ley específica que otorgue derechos para remediarlo», expresaba el texto.

«A día de hoy en Cantabria se sigue prohibiendo a niños y niñas trans que usen el baño y el vestuario que les corresponde. Se les sigue llamando por el nombre que ya no tienen en vez de usar su nombre sentido. Imaginen el dolor y la desesperación que se siente cuando te persiguen 20 personas para agredirte solo por ser una chica trans. Cuando por darle un beso a tu novio te pegan a la vez que gritan ‘maricón’. Cuando por ir de la mano con tu novia te señalan, te insultan y se ríen. Cuando te echan de casa y pierdes el contacto con tu familia por decir que eres bisexual. Desde ALEGA nos desgarramos cada vez que tenemos que atender un caso así y no les podemos otorgar la atención y la protección necesaria. Como decía Desmond Tutu, ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el bando del opresor’. Nuestros derechos penden de sus manos. Ojalá el jueves demuestren que están ahí para combatir injusticias, para mejorar el mundo, y no para colaborar con la opresión hacia nuestro colectivo», finalizaba la petición:

⚠️🏳️‍🌈COMUNICADO🏳️‍🌈⚠️
Mañana jueves es el último día que tienen @prcantabria y @CsCantabria para retirar sus comparecencias y que dé tiempo por fin a aprobar la #LeyLGTBI de Cantabria, una de las cinco comunidades que aún no la tienen.
Este es el correo que les hemos mandado👇 pic.twitter.com/Ia35nNo80J

— Alega Cantabria (@AlegaCantabria) 20 de febrero de 2019

Ni el Partido Regionalista de Cantabria, ni Ciudadanos, ni tampoco el PP (que ha acabado sumandose a las peticiones de comparecencia) la han escuchado. «Ley LGBTI de Cantabria bloqueada. No saldrá adelante. ¡Gracias políticos y políticas del Parlamento de Cantabria! ¡Nos sentimos súper protegidas y representadas gracias a vosotros!», se lamentaba en Twitter el colectivo cántabro:

El Partido Regionalista de Cantabria ha acusado al PSOE de ser el responsable del retraso en la tramitación y ha justificado la necesidad de hacer comparecer a representantes de muy diversos colectivos y organizaciones para «que se conozca la opinión de todos y todas sobre los problemas del colectivo LGTBI en Cantabria». Entre los invitados a opinar, por mencionar un ejemplo llamativo, se encuentra el secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEDERE). La portavoz regionalista en la materia, Matilde Ruiz, ha incidido en que los tiempos en la presentación de los proyectos de ley, que tienen un media de tramitación de seis meses, «no los fija» su partido, y ha recordado que el anteproyecto llegó al Parlamento a finales de octubre, coincidiendo con la tramitación de los Presupuestos de Cantabria para 2019. Ruiz también ha querido responsabilizar a la crisis interna de Podemos del hecho de que la comisión que debía aprobar las comparecencias solicitadas no se haya celebrado hasta hoy. Según Ruiz, «es un derecho y una obligación de los diputados» estudiar y analizar el texto remitido por el Gobierno, para «mejorarlo» con las opiniones de expertos y presentar las correspondientes enmiendas.

Desde Ciudadanos, por su parte, se insiste en descargar la responsabilidad de lo sucedido sobre el Gobierno cántabro. «¿Por qué se ha retrasado la tramitación de esta ley? El Gobierno la anuncia en mayo del 17 pero no es hasta noviembre de 2018 cuando la traslada al Parlamento. Se une a otra docena de leyes que tramitar todas a final de legislatura y en mitad del debate de presupuestos», ha justificado en un hilo de Twitter su portavoz parlamentario, Rubén Gómez. «Ante el volumen de leyes remitido por el Parlamento los portavoces acordamos un calendario con el objetivo de tramitar todas las posibles antes del parón en navidades. Aun cuando las tramitaciones coinciden con los presupuestos. Dentro del acuerdo se habilita enero para tramitación parlamentaria previendo poder tramitar la ley LGTBI a continuación de la de Igualdad y la de Emergencias y 112. El grupo parlamentario Podemos se disuelve y paraliza el Parlamento. La presidenta de la comisión es la diputada de Podemos que pasa a ser no adscrita. Al perder la comisión a su presidenta todas las tramitaciones quedan paralizadas hasta la elección de un nuevo miembro. Desde Ciudadanos pedimos un total de 6 comparecencias, todas ellas debidamente justificadas como detallamos en el comunicado publicado el 30 de enero. No es hasta el viernes cuando la presidenta del Parlamento convoca la comisión para elegir a un nuevo presidente. Paso imprescindible para retomar la actividad. La ley de Igualdad se encuentra igualmente bloqueada por la misma razón. La responsabilidad de los grupos parlamentarios es trabajar adecuadamente las leyes y esto supone, en la mayoría de las ocasiones, escuchar a expertos para poder mejorarlas en la medida de lo posible. Mañana se propondrá un calendario con el objetivo de poder realizar las comparecencias de manera que sea posible tramitar la ley antes de finalizar la legislatura, como siempre ha sido voluntad de Ciudadanos Cantabria. La responsabilidad del retraso en la ley es en primer lugar del Gobierno, que la trajo tarde y junto con otra docena de leyes y posteriormente de quienes bloquearon la cámara por la desaparición de su grupo (Podemos)», concluye.

También Izquierda Unida de Cantabria se ha pronunciado, arremetiendo en un duro comunicado contra lo que ha calificado de «alianza conservadora de PP, Ciudadanos y PRC». «Los tres partidos están pensando en las elecciones y la futura e hipotética configuración del Parlamento y no en proteger a la sociedad cántabra, en este caso, a un colectivo históricamente oprimido y discriminado y que ve todo su trabajo hecho durante años en el texto ninguneado por sus representantes», ha expresado Israel Ruiz Salmón, el ya candidato de IU a la presidencia del Gobierno cántabro en las próximas elecciones regionales, y que ha prometido que su formación retomará la propuesta «de inmediato» tras las elecciones de mayo.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ALEGA, Cantabria, Ciudadanos, Discriminación, El Faradio, Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), LGTBfobia, Matilde Ruiz, Miguel Ángel Revilla, Partido Regionalista de Cantabria, Podemos, PP, Rubén Gómez, Veronica Ordóñez, Víctor Casal

No dejamos de sorprendernos de la capacidad de nuestro sistema jurídico para minusvalorar las agresiones por LGTBfobia. Según informa El Faradio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega ha rechazado tipificar como delito de odio la agresión a una pareja de chicos que se produjo el pasado mes de octubre en esa localidad cántabra, después de que el agresor, tras cruzarse con ellos, les llamara “mariquitas”. Según el auto, el agresor no tuvo intención de cometer un ataque frontal a la dignidad de los agredidos. El juez, de hecho, parece restar importancia a la agresión, dado el contexto en el que se produjo: “a altas horas de la noche” y “presumimos” que bajo los efectos del alcohol.

En octubre nos hacíamos eco de lo sucedido. La agresión ocurrió de madrugada, cuando los dos chicos, abrazados y en actitud cariñosa, caminaban por la calle tras dar por terminada una noche de fiesta. Otro joven les increpó al grito de “mariquitas”. Ellos le replicaron con un “¿Qué estás diciendo?” ante lo cual el agresor dio un puñetazo en la cara a uno de los muchachos, al que derribó. El otro salió en su defensa, pero al tratar de apartar al agresor sufrió una herida sangrante por mordisco en su mano izquierda. Los dos chicos, uno de los cuales tiene su residencia en Torrelavega pese a estudiar en Madrid (el otro sí reside en la capital) contactaron con los colectivos Arcópoli (Madrid) y Alega (Cantabria), para el acompañamiento de la denuncia y el proceso judicial.

No habíamos tenido más noticia del caso hasta que este martes leíamos en El Faradio, un medio digital independiente de Cantabria, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega no considera que haya lugar a considerar la agresión un delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas, como sí hacen tanto la acusación particular como la propia Fiscalía. El juez, Daniel Prieto, considera que la actuación del agresor, aun siendo “desafortunada” y “digna de todo reproche social”, no encaja con el tipo de delito de odio, que implica una voluntad del agresor de lesionar la dignidad del sujeto pasivo, algo que el juez no aprecia en este caso… En más, anima a poner la agresión “en contexto”: “a altas horas de la noche” y “presumimos” que bajo los efectos del alcohol. Prieto interpreta que para aplicar ese tipo legal hace falta un extra de gravedad que según él no se da en este caso.

“Ya lo hemos recurrido [el auto]. No queremos más invisibilidad ante las agresiones que nos ocurren sólo por ser quienes somos”, expresaba este miércoles el colectivo cántabro Alega a través de Twitter. De momento el caso se encuentra en una fase previa, de la que depende si se celebra o no juicio, así como el tipo penal en el que se centre. ¿La diferencia entre que se considere que existe lesión “a la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito” o no? Fundamentalmente, según el artículo 510.2 del Código Penal tras su última reforma, una pena de entre seis meses y dos años de prisión.

No somos juristas, pero no deja de llamarnos la atención el hecho de que un juez considere que el que una persona, sin mediar conocimiento o provocación, dirija un insulto homófobo a una pareja del mismo sexo con la que simplemente se cruza por la calle no implica voluntad de lesionar su dignidad. Insulto que fue seguido de una violenta agresión física ante la simple exigencia de explicaciones por parte de los insultados. De hecho, en su recurso los denunciantes aseguran sentirse insultados y agredidos por su condición de gais, un comportamiento que sí consideran lesiona su dignidad, en cuanto que afecta a la libre expresión de su orientación sexual y su afectividad.

Sorprende, por último, que el juez argumente, además de todo lo expuesto anteriormente, que al tratarse los delitos por odio de un tipo delictivo de reciente introducción, se carezca de jurisprudencia consolidada al respecto. ¿Acaso necesario esperar a que haya una muerte, o una grave secuela física, para que se comience a aplicar el Código Penal…? Veremos qué sucede finalmente.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ALEGA, Arcópoli, Cantabria, Daniel Prieto, Delitos de Odio, Discriminación, El Faradio, Homofobia, Torrelavega