Representantes de Venezuela, Bolivia y Colombia debatieron sobre la diversidad sexual y de género dentro de las comunidades indígenas.

La ciudad del Caribe colombiano, Barranquilla, fue sede de un evento inédito. Un conversatorio sobre la población indígena LGBT, cómo se asume dentro de estos conglomerados las diferentes orientaciones sexuales y la diversidad de género.

El grupo de panelistas del evento denominado Contrastes estuvo conformado por representantes indígenas de Venezuela, Bolivia y Colombia. Estos fueron: Ronald Céspedes, activista quewa de Bolivia; Virtud Epieyu; activista de las mujeres wayuu; Lucelly Torres, lideresa arhuaca de la Sierra Nevada; y René Lindarte, líder gay wayuu de La Guajira.

El tema de las poblaciones indígenas LGBT ha sido poco tratado tanto en la academia como en el ámbito de derechos, es por ello que se requiere que siga ganando espacios dentro de la sociedad.

Durante el conversatorio se disertó sobre el ser indígena lesbiana, gay, bisexaul y trans. En el caso del boliviano Ronald Céspedes, quewa, como se identifica siguiendo sus orígenes ancestrales.

En conversación con el diario colombiano El Espectador, Céspedes, quien también es consejero de la Red Gay Latino, comentó que la palabra quewa no tiene traducción al español, pero que podría interpretarse como “dos espíritus”. De esa manera fue como se reconoció desde niño.

“Hurgar en mi historia familiar y hurgar en mi historia colectiva me permitió sanar y comprenderme plenamente como parte de toda la cosmovisión”, manifiesta Céspedes, quien dice ser homosexual para facilitar su reconocimiento dentro de la población LGBT.

“En el contexto latinoamericano no hay que salir solo del clóset como gay, sino también hay que salir como indígena o como negro. Quien se reconoce con alguna identidad cultural carga de por sí con un peso histórico de opresión y marginalidad, y si se le suma la comunicación de una orientación sexual diferente a la relación hombre-mujer, la exclusión es otra manifestación con la que tiene que lidiar la persona. Estas categorías no hacen más que generar prácticas neocoloniales que se percuten sobre nuestros cuerpos y corren el riesgo de volverse en hegemonías que intentan dominar una visión única y legítima, cuando existen múltiples colores en la realidad”, declaró Céspedes al diario colombiano.

“Soy un firme convencido de que es posible otro mundo donde quepan otros mundos, que requieren la lucha individual en clave de lucha colectiva. Me reconozco como parte de una colectividad en situación de discriminación, marginalidad y opresión y, por consecuencia, desde ese espacio, desde ese territorio en resistencia, intento hacer mi aporte a ese mundo posible. Considero que, al dar mi vida por una causa noble como esta, estoy permitiendo dar un pequeño aporte en la larga historia colectiva de las luchas de nuestros pueblos, para que otros seres humanos continúen y disfruten de mejores condiciones de otra América posible”, manifestó Céspedes sobre la labor que desempeña.

Con este tipo de iniciativas se busca construir igualdad y abrir los caminos para que la diversidad sexual y de género deje de ser sinónimo de marginalidad, opresión y discriminación.

A continuación el trabajo realizado por el diario colombiano El Espectador titulado: “Indígenas trans, las rebelde de Santuario“.

Fuente Universogay

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Como ya habiamos publicado todo este acoso empujó a la alcaldía colombiana de Bucaramanga al izado de la bandera arco iris en su frontis para apoyar a colectivo y mostrar su rechazo a la discriminación por motivos de orientación e identidad sexual.

Un fallo de la Corte Constitucional de Colombia ordenó en 2015 la revisión de los manuales de convivencia escolar a fin de evitar la discriminación de estudiantes por su orientación sexual e identidad de género. Dio un año de plazo, el cual vence el próximo 15 de septiembre. La medida ha provocado las protestas de grupos religiosos, que no han dudado en sembrar la polémica desinformando sobre el alcance de la medida y alarmando a muchos padres de familia.

En el año 2014 Sergio Urrego, un joven de 16 años, se suicidó tras sufrir un implacable acoso por parte de la dirección del colegio en el que estudiaba debido a su condición de homosexual, ateo y anarquista. El acto de presión mayor fue la notificación de que los padres de su pareja, un compañero de colegio, le habían demandado penalmente por acoso sexual (se llegaron a imputar, de hecho, cargos criminales a tres directivas del centro, entre ellas la rectora Azucena Castillo).

De esto ya han pasado dos años. En este intervalo de tiempo, la acción de tutela interpuesta por la madre de Sergio acabó llegando hasta la Corte Constitucional de Colombia, que además de ordenar en 2015 que se llevara a cabo un acto público de desagravio a la memoria del estudiante determinó que el Ministerio de Educación Nacional debía revisar los manuales de convivencia para, según reza la sentencia, “determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual e identidad de género de los estudiantes y para que incorporen formas nuevas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permita aprender del error, respetar la diversidad (…)“. El Ministerio alegó no tener la capacidad de hacer tal revisión, pero traspasó la tarea a las Secretarías de Educación locales, con el apoyo de entidades como la ONG Colombia Diversa o Unicef, entre otras.

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La ola despatologizadora de la transexualidad avanza con fuerza inusitada. Ahora es el gobierno de Colombia el que ha emitido un decreto (que puedes descargar aquí) que simplifica sobremanera el procedimiento para proceder a la rectificación del sexo en los documentos oficiales, para la que a partir de ahora bastará un mero trámite notarial similar al que se sigue cuando cualquier persona desea modificar su nombre. El decreto se alinea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de Colombia en el mismo sentido.

Lo explica muy bien el ministro de Justicia, Yesid Reyes, en una entrevista al diario El Espectador. “Antes, las personas que querían corregir el género que figura en sus documentos debían someterse a un proceso lento y engorroso que vulneraba sus derechos a la de dignidad humana y libertad de identidad sexual. Ahora podrán materializar sus solicitudes, de manera ágil y rápida, mediante una sencilla escritura pública”, ha declarado. Esta escritura pública consiste en un documento expedido por un notario que simplemente da fe de la voluntad de una persona de querer modificar el sexo que figura en su cédula de identidad y en otros documentos oficiales. Una vez hecho ese trámite las personas interesadas podrán acudir a la Registraduría para que les expidan una nueva cédula de acuerdo con lo consignado en la escritura pública.

Se elimina así la obligatoriedad de someterse a un proceso judicial, en el que los jueces podían solicitar desde exámenes físicos para determinar si las personas solicitantes se habían sometido a un proceso de reasignación hasta evaluaciones psiquiátricas. En palabras del ministro de Justicia, “ambas pruebas eran profundamente invasivas del derecho de intimidad y partían de un prejuicio inadmisible. La construcción de la identidad sexual y de género es un asunto que no depende de la biología: va mucho más allá y es lo que estamos reconociendo en el Decreto 1227 de 2015″. Pero no solo se suprime el proceso judicial: ni siquiera será necesario aportar documentos médicos o psicológicos que certifiquen un diagnóstico de “disforia de género”. “Lo que hace este decreto es, precisamente, reconocer que la identidad de género es algo que cada persona construye. Y, por tanto, no puede ser certificada por un tercero. Debe quedar claro: la única prueba que se puede exigir en estos casos es una declaración juramentada y punto”, asegura el ministro Reyes.

La decisión del gobierno de Colombia está en línea con una reciente sentencia de la Corte Constitucional de ese país (la T-063/2015) sobre el caso de Sara Valentina López, una mujer transgénero a la que se negó la posibilidad de rectificar su sexo registral sin contar con el visto buen de un juez. El alto tribunal determinó que exigir trámites judiciales para modificar la variable “sexo” en los documentos de identidad atenta contra los derechos fundamentales de identidad y libertad sexuales, dignidad humana, libre desarrollo de la personalidad, intimidad e igualdad. La Corte Constitucional consideró además que suponía un trato desigual con relación a la población cisgénero, en tanto esta sí podía acudir al trámite notarial cuando se consignaba un error en sus documentos registrales.

Sobre la posibilidad de que un notario se niegue a expedir la correspondiente escritura arguyendo motivos religiosos o de conciencia, el ministro de Justicia es contundente. “Colombia es, constitucionalmente, un Estado laico. En consecuencia, las personas que ejerzan la función pública tienen el deber de actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Cada persona es libre de abrazar sus propias convicciones religiosas y de ordenar su vida privada conforme a ellas pero cuando ejerce funciones públicas está obligada a comportarse según las normas legales y constitucionales. Por eso confío en que los notarios, conscientes de estos parámetros, cumplirán con su deber de respetar lo que se dispone en este decreto. Sin embargo, si llegare a presentarse algún caso, el afectado puede recurrir a la acción de tutela”, ha declarado Reyes.

El propio ministro de Justicia solemnizaba este martes 9 de junio la entrada en vigor del decreto recordando una cita del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez: “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta) a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”.  En el mismo acto, celebrado en la notaría 65 de Bogotá, cinco hombres y cinco mujeres eran los primeros en hacer uso de la nueva norma. “Hoy, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans podrán modificar su componente sexo con un trámite ágil y expedito. Hoy, por primera vez, un notario expedirá una escritura pública para modificar el género de los documentos de identidad de estas valerosas personas. Hoy, por primera vez, las normas que regulan el Estado Civil se aplicarán para garantizar la justicia material a la población transgénero. Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se les cumple la promesa a diez ciudadanos a vivir legalmente de acuerdo con su proceso de transformación y construcción personal, como diría nuestro Nobel”, expresaba el ministro (puedes leer su discurso íntegro en la web del colectivo Colombia Diversa).

Colombia se suma a la ola despatologizadora

Precisamente esta semana recogíamos como el gobierno de Irlanda proponía una reforma legal en un sentido similar al del decreto colombiano. Una senda que ya han transitado países como Argentina, Dinamarca o Malta, que no abordan el cambio de identidad de género como una patología.  Avances que colocan a todos estos países por delante de España, que aunque dio un paso de gigante en 2007 al suprimir el proceso judicial, todavía mantiene como requisito para que las personas trans puedan acceder a la rectificación registral del sexo un diagnóstico de “disforia de género” y exige (con algunas excepciones) dos años de tratamiento hormonal previo.

Y aunque es cierto que otras leyes posteriores, como la ley integral de transexualidad de Andalucía o las más recientes leyes contra la homofobia, la bifobia y la transfobia aprobadas en Cataluña y en Extremadura, sí incorporan ya el principio de la despatologización, no dejan de ser normas de ámbito autonómico que no permiten modificar algunos de los documentos oficiales más importantes. La actualización de la norma estatal no puede retrasarse y los colectivos LGTB deben asumirla como reivindicación prioritaria.

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Buenas noticias las que nos llegan desde Colombia. No han pasado ni dos meses desde que la Corte Constitucional, gracias al voto de desempate de un conjuez conservador, se pronunció contra el derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar hijos de forma conjunta (excluyendo de la negativa la adopción del hijo biológico del otro miembro de la pareja) y ahora el asunto llega de nuevo al alto tribunal. Pero en esta ocasión será un conjuez progresista el encargado de decidir.

La Corte Constitucional debía pronunciarse de nuevo sobre el tema al haberle llegado una segunda demanda, interpuesta por el abogado Sergio Estrada, que ya había iniciado su trámite de resolución antes de que se conociera el anterior fallo, y en la que el planteamiento era distinto: la discusión giraba en este caso alrededor del déficit de derechos que tienen los menores sin hogar en Colombia, en tanto no pueden ser adoptados por familias diversas. De nuevo, como sucediera en la ocasión anterior, el ponente del fallo era el magistrado Jorge Iván Palacio, favorable a reconocer el derecho, y de nuevo este martes volvía a repetirse el empate a cuatro votos a favor de avalar la ponencia de Palacio y cuatro votos en contra. La diferencia es que en esta ocasión el conjuez llamado a deshacer el empate será Jaime Córdoba, expresidente de la Corte y antiguo Defensor del Pueblo, que durante sus años como miembro regular del más alto tribunal (entre 2001 y 2009) siempre se pronunció a favor de los derechos LGTB.

Hace dos meses el elegido al azar entre los 18 conjueces con los que cuenta la Corte para deshacer empates fue José Roberto Herrera, de claro perfil conservador, que acabó por inclinar la balanza contra la adopción homoparental conjunta pese a los numerosos informes favorables que habían sido remitidos a la Corte Constitucional: del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo, del Colegio Colombiano de Psicólogos o de varias universidades (como la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes, que ya en 2012 emitieron informes a favor) o de la Universidad Externado de Colombia.

Herrera dio entonces más peso a las opiniones contrarias, como las del procurador general Alejandro Ordoñez, bien conocido por su homofobia; la Conferencia Episcopal de Colombia; la Universidad de La Sabana, del Opus Dei (que sembró la polémica con un informe que llegaba a calificabar a las personas homosexuales de enfermas, del que luego tuvo que desdecirse) y diversas organizaciones conservadoras, como la Fundación Marido y Mujer (que llegó a pedir al papa Francisco que ejerciese su influencia) o CitizenGO, “franquicia” colombiana de HazteOír y que utiliza sus mismos métodos de movilización. Otro de los que se oponían es el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, famoso por sus campañas homófobas. Conociendo el perfil de Córdoba, es menos probable que este se deje ahora guiar por opiniones tan sesgadas.

Y es que la ponencia que avala el sí a la adopción homoparental, un largo documento de 146 páginas que el diario El Espectador ha hecho pública, deja poco lugar a dudas. “La Corte Constitucional concluye que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa, en general, y por parejas del mismo sexo, en particular, no afecta por sí misma el interés superior del menor, ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. Así lo indican las experiencias recogidas del derecho comparado, entre las que se destacan decisiones legislativas y fallos de tribunales internacionales donde siempre se ha tenido en cuenta la primacía de los derechos de los menores y la evidencia probatoria debidamente acopiada”, determina la propuesta de sentencia.

Un elemento importante de la ponencia de Palacio es que atiende fundamentalmente a proteger los derechos de los niños en situación de abandono, al considerar que impedir que puedan ser adoptados por parejas del mismo sexo, a las que la propia Corte Constitucional ya reconoció en 2011 el derecho a conformar una familia, supone un déficit de protección al menor. “No existe un criterio razonable para restringirle a los menores en situación de orfandad el derecho a tener una familia o limitarlo únicamente a aquellas integradas por un hombre y una mujer”, afirma la ponencia.

En Colombia, precisamente, se da la paradoja de la curva de adopciones ha descendido significativamente: mientras en 2010 fueron 3.058 los menores que encontraron un hogar, en 2014 tan solo lo hicieron 880, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (que todavía tiene registrados a 5.439 niños esperando una familia).

Queda fuera de la discusión la constitucionalidad la posibilidad de que uno de los miembros de una pareja del mismo sexo pueda adoptar a los hijos del otro, que sí reconocía el anterior fallo y que de hecho ya en agosto de 2014 el más alto tribunal colombiano había avalado en un caso concreto.

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La decisión final del la Corte Constitucional de Colombia sobre la adopción homoparental,  como explicamos hace pocos días está en manos de José Roberto Herrera, un conjuez que deberá deshacer el empate entre los magistrados a favor y en contra. El perfil conservador de Herrera no permite ser optimistas, pese a que la mayoría de los conceptos remitidos a la Corte Constitucional por universidades, ONG y organismos independientes son favorables. Uno de los contrarios es el emitido por la Universidad de La Sabana, que llegó a calificar a las personas homosexuales como enfermas, y que ha generado gran polémica.

La Universidad de la Sabana, vinculada al Opus Dei, ha mantenido siempre una posición contraria a los derechos LGBTI, a diferencia de las más importantes universidades colombianas (Nacional, Los Andes, Javeriana y del Valle) que sí han mostrado su posición favorable a la adopción homoparental con base en la evidencia científica. En esta ocasión fue la Facultad de Medicina la que envió el concepto negativo (que puedes descargar desde la web de El Espectador) en el que puede leerse que “las personas homosexuales y lesbianas merecen nuestro respeto como personas, pero hay que señalar que su comportamiento se aparta del común, lo que constituye de alguna manera una enfermedad”, que las personas homosexuales “presentan una salud más deteriorada con mayor tasa de enfermedades mentales, más frecuencia de VIH sida y de otras enfermedades de transmisión sexual, con un índice de suicidio mayor” o que las parejas del mismo sexo “son mucho más inestables”, “están afectados de diferentes situaciones emocionales y físicas” y “cometen más abusos sexuales”.

“Pensando en el mejor bienestar para los hijos es evidente que una ‘familia’ [comillas en el original] sin el modelo para el hijo del padre y de la madre, inestables, constituida por personas con riesgos alto de consumo de sustancias psicoactivas y con índices altos de suicidio no son más adecuadas, el adoptado está en mayor riesgo de sufrir abusos sexuales”, llega a afirmar (deficiente redacción incluida) el documento.

Este concepto generó una gran cantidad de reacciones públicas y también ante el Colegio Colombiano de Psicólogos (que por cierto ha emitido su propio concepto favorable a la adopción homoparental). Sostener la tesis de que la homosexualidad es una enfermedad puede llevar incluso a que el Departamento de Psicología de la Universidad de La Sabana pierda su legitimidad, lo que afectaría a sus estudiantes y graduandos. Quizá por estas consecuencias Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana, no tuvo más remedio que retractarse. “Decir que la homosexualidad es una enfermedad es un error, no existen argumentos para asegurar algo así. Acepto como rector de la institución que fue un error decirlo y le pediremos a la Corte que descarte ese concepto”, afirmó Velásquez.

Pese a la más que forzada rectificación, La Universidad de La Sabana sigue oponiéndose a la adopción homoparental e insiste en que “los hogares de parejas homosexuales pueden ser seriamente riesgosos para la salud e integridad de los niños desamparados”, remitiéndose para ello a un segundo concepto que utiliza estudios sesgados (la mayoría de ellos publicados entre 1965 y 1995) e incluso a los resultados de una encuesta realizada por una emisora de radio.

Es más, este martes se ha conocido la grabación de una clase impartida por Gabriel Mora Restrepo, profesor de Derecho Constitucional de la misma universidad, en la que este llega a afirmar que “deben callar hasta el extremo…por las prácticas que realizan, como pederastia, sexo con animales y entre ellos… incesto, nadie tiene por qué aceptar ese tipo de enfermedad”. “Hay que tratarlos con mucha tranquilidad y respeto y sobre todo con amor, a la gente homosexual, porque si es cierto que es una enfermedad, como lo es, les duele que les digan que están enfermos”, añade…

Y además, la Iglesia Católica en Colombia ratifica su oposición a la adopción de niños por parejas homosexuales

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La Corte Constitucional de Colombia no ha podido llegar a un acuerdo sobre el derecho de las parejas del mismo sexo a la adopción, produciéndose un empate a cuatro entre partidarios y opositores. La decisión queda ahora en manos de José Roberto Herrera, expresidente de la Corte, que actuará como conjuez para deshacer el empate. Los augurios no son buenos: Herrera es conservador, católico y lo primero que ha hecho es “pedir a Dios” que lo ilumine.

“Solamente le pido a Dios que me ilumine y a toda la sociedad que tenga la confianza que la Corte Constitucional va a tomar la decisión que le corresponde y que debe ser respetada, independientemente de mi ideario liberal desde la cuna. Mi decisión va a ser en derecho y ajustada a la Constitución”, ha declarado Herrera, encargado de deshacer el empate registrado en la Corte Constitucional entre los cuatro magistrados favorables a la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio y los cuatro contrarios a la misma (ponencia que concluye que no hay impedimento constitucional a que las parejas del mismo sexo puedan adoptar). “La Corte en este tipo de decisiones trascendentales siempre acierta y será en derecho, apegada a la Constitución. No prevalecerá el criterio que se pueda tener, sino el cumplimiento de las obligaciones de un magistrado de proceder de forma imparcial”, añadía José Roberto Herrera, que ha asegurado que su decisión se conocerá como muy tarde el 25 de febrero. Herrera fue elegido al azar entre los 18 conjueces con los que cuenta la Corte.

El diario El Espectador resumía hace unos días en un completo artículo los principales argumentos de la ponencia de Jorge Iván Palacio. Primero, la Constitución le asigna al Estado el deber de garantizarles a los niños en situación de abandono el derecho fundamental a tener una familia. Segundo: formar parte de una familia posibilita el ejercicio de otros derechos fundamentales de los menores. Tercero: el derecho de los menores a tener una familia se puede hacer efectivo brindándoles cualquiera de los tipos de familia que se encuentran constitucionalmente reconocidos (en Colombia, la Corte Constitucional ya ha fallado a favor del derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia). Cuarto: las familias conformadas por parejas del mismo sexo se encuentran constitucionalmente reconocidas. Y quinto: impedir o dificultar la conformación de un núcleo familiar para el desarrollo integral y armónico de los niños por la condición sexual de los adoptantes resulta absurdo.

La adopción homoparental cuenta además con el aval del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Defensoría del Pueblo y de cuatro universidades (la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de los Andes), que ya en 2012 emitieron informes a favor. En contra se posicionan el procurador general Alejandro Ordoñez, bien conocido por su homofobia; la Conferencia Episcopal de Colombia; la Universidad de La Sabana, del Opus Dei, así como diversas organizaciones conservadoras, como la Fundación Marido y Mujer (que ha pedido por carta al papa Francisco que ejerza su influencia) o CitizenGO, “franquicia” colombiana de HazteOír y que utiliza sus mismos métodos de movilización. Otro de los que se oponen, como no podía ser menos, es el pastor evangélico y concejal de Bogotá Marco Fidel Ramírez, famoso por sus campañas homófobas.

Pero por otra parte, el Centro Democrático consideran que directamente la ciudadanía debe decidir si se debe modificar el concepto de familia.  El Centro Democrático propone que la Consulta Ciudadana debería ser el mecanismo para dirimir la polémica que se presenta por que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños, decisión que se encuentra manos de la Corte Constitucional. Así lo dijo la senadora, María del Rosario Guerra y el representante a la Cámara, Federico Hoyos, quienes están promoviendo este mecanismo. Aseguran que “si la concepción constitucional de familia, como núcleo de la sociedad, pretende ser modificada, debe ser la propia ciudadanía colombiana la que defina qué tipo de familia y sociedad quiere, o en su defecto el Congreso”. Desde el Centro Democrático insisten en que debe primar “el derecho de los niños sobre el de las minorías que hoy reclaman la posibilidad de adoptar”, por lo que debería ser la sociedad en su conjunto quien tome la decisión final de lo que más le conviene a los menores y a la familia en general.

En caso de que la Corte finalmente se pronuncie en contra, se dará la paradoja de que convivirán una sentencia genérica contraria y una específica favorable a la adopción homoparental. En agosto pasado, el más alto tribunal colombiano avaló por seis votos contra tres que una mujer lesbiana pudiera adoptar a la hija biológica de su pareja, concebida por inseminación artificial. Un fallo referido específicamente a la familia recurrente pero que se consideró entonces que establecía un precedente fundamental para casos similares (parejas del mismo sexo en las que uno de los miembros quiera adoptar a los que ya son reconocidos legalmente como hijos del otro).

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El pasado 4 de agosto Sergio David Urrego, adolescente colombiano de 16 años, se quitaba la vida tras el acoso homofóbico sufrido por parte de la dirección del centro educativo donde estudiaba tras descubrirse que era gay y que mantenía un noviazgo con un compañero. El caso generó gran indignación en Colombia y puso de manifiesto la gravedad del acoso que sufren sus estudiantes LGTB. Ahora se ha conocido que la Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra la rectora y la psicóloga del colegio.

Como hemos recogido en entradas anteriores, el acoso comenzó a partir del momento en el que un profesor descubrió en el móvil de Sergio una foto en la que este se besaba con un compañero. Un procesó que culminó cuando Sergio fue acusado por la familia del otro muchacho de acoso sexual. El joven acabó finalmente suicidándose lanzándose desde la terraza de un centro comercial de Bogotá tras dejar pruebas de su inocencia.

Ya en su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconoció que el adolescente había sido discriminado, pero tanto la familia como las organizaciones LGTB consideraron que aquel fallo se quedaba corto. También la Fiscalía comenzó a investigar el caso, una investigación que ha concluido con el anuncio, el pasado 6 de noviembre, de la imputación de la ya exrectora del colegio Gimnasio Castillo Campestre, Amanda Azucena Castillo, y de la psicóloga del centro, Ivón Cheque Acosta, por discriminación, inducción al suicidio y falsa denuncia.

La imputación por discriminación se fundamenta en los testimonios de compañeros de clase, de la madre del menor, Alba Reyes, y de registros del propio Sergio, que apuntarían a que las directivas del colegio iniciaron su hostigamiento contra el joven por su condición homosexual, además por ser ateo y anarquista. El delito de falsa denuncia se habría producido cuando el colegio demandó a la madre de Sergio por abandono, cuando en realidad sus viajes fuera de la ciudad se debían a motivos estrictamente laborales, además de por apoyar la denuncia por acoso sexual contra Sergio por parte de la familia del chico con el que este mantenía una relación.

El acoso ha continuado

Según informó una docente anónima al diario El Espectador, las directivas del colegio también habrían acosado a la docente Diana Castelblanco, directora del curso al que pertenecía Sergio Urrego, por no haber hecho anotaciones negativas en su expediente. “Usted no se imagina la presión que han ejercido sobre la directora del grupo al que perteneció Sergio Urrego, miss Diana Castelblanco. La Fiscalía debería tomar su declaración y la de todos los profesores”, explicaba.

“A ella le quitaron parte de su sueldo, el llamado ‘bono de desempeño’, por no haber hecho anotaciones negativas en la bitácora de Sergio para justificar su homofobia. Esta presión es de parte de la rectora Azucena y su hermana Constanza Castillo. Miss Diana respondió que Sergio no podía tener anotaciones negativas, ya que su comportamiento en general era muy bueno. Esa profesora ha derramado lágrimas de sangre con lo que ha pasado. Hemos visto como varias veces, minutos antes de la hora de salida, la han citado en rectoría para presionarla y seguir culpándola de todo. A nosotros nos reiteran que no podemos hablar con nadie sobre la situación ni hacer declaraciones, ya que esto nos puede traer perjuicios legales. Por eso mis compañeras y yo hemos tenido miedo de hablar”, añadía el testimonio de la profesora.

Un excelente estudiante

Sergio Urrego, quien llegó a ser calificado por la rectora Castillo como “una persona que no podemos tener en esta institución”, obtuvo el décimo lugar en las pruebas estatales conocidas como Saber 11, realizadas a los estudiantes de último grado de bachillerato. Así lo dio a conocer su madre tras recibir los resultados de la prueba que Sergio llevó a cabo poco antes de terminar con su vida.

Un resultado que habría hecho a Sergio merecedor a una de las 10.000 becas que hace pocos días anunciaba la ministra de Educación, Gina Parody (abiertamente lesbiana, por cierto). “Su desempeño escolar demuestra que era un niño muy inteligente, que era un joven que tenía un porvenir inmenso y que lamentablemente no pudo llegar a ser ese ciudadano ejemplar que seguramente hubiese llegado a ser”, ha apuntado Juan Carlos Prieto, director de Diversidad Sexual de Bogotá.

Fuente Dosmanzanas

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Un nuevo suicidio de un adolescente LGTB, esta vez en Colombia. Sergio David Urrego, un joven gay de 16 años, se quitó la vida el 4 de agosto tras ser injustamente acusado de acosar a otro alumno a raíz de que el colegio católico en el que estudiaba descubriera una foto de ambos besándose. Su historia ha salido a la luz tras la entrevista concedida a El Espectador por sus padres, Alba Reyes y Robert Urrego. El joven, se lanzó al vacío desde una terraza de un centro comercial.

Sergio estudiaba bachillerato en el Gimnasio Castillo Campestre, un colegio privado de orientación católica de Bogotá cuyo lema es “Aquí le ayudamos a alcanzar sus sueños”. En mayo, un profesor le decomisó un teléfono móvil con una foto en la que se besaba con su novio, un chico de su mismo curso de nombre Danilo. El centro les acusó de cometer una falta grave. La psicóloga los citó el 12 de junio, junto a la coordinadora de turno y cuatro docentes más, para que explicaran su relación y les contaran a sus padres que estaban citados para hablar del tema. Una amiga de clase recuerda que estaban  temerosos de su reacción. Sergio lo contó primero a su padre y luego a su madre. Ninguno de ellos lo juzgó o discriminó. Muy diferente fue la reacción de los padres del otro chico, al que retiraron de las clases.

El 20 de junio, Sergio y su madre acudieron a la cita acordada. La rectora Amanda Azucena Castillo les preguntó por el padre. Alba Reyes le explicó que no había podido asistir, a lo que la rectora le respondió que entonces Sergio no podía volver a clase. “¿Está violando mi derecho a la educación?”, le llegó a preguntar Sergio a la rectora. Ella le respondió desafiante que sí. El 1 de julio, su madre interpuso de hecho una queja contra el colegio ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca, denunciando la discriminación sufrida por su hijo y la negativa a entregar sus calificaciones.

La última reunión entre el colegio y los padres de Sergio tuvo lugar el 12 de julio. A ella asistieron la rectora, el director, la psicóloga y una profesora. La madre les reprochó que no se tuviera la misma actitud frente a las parejas heterosexuales del colegio que también se toman fotos en sus celulares. La rectora afirmó que este caso era distinto porque constituía un caso de acoso sexual. Sergio lo negó, sorprendido. Sus padres pidieron pruebas de dicha acusación. La rectora Castillo les respondió que no las tenía en ese momento y les advirtió que la única forma de que el joven volviera a clase era que presentara un certificado de acompañamiento psicológico todos los meses hasta el día de su grado.

El 14 de julio, ya después del receso escolar de mitad de año, el padre de Sergio llevó el certificado al colegio para que su hijo por fin reanudara sus clases. Pero al día siguiente, mientras Sergio esperaba que lo recogiera el bus, la psicóloga lo llamó y le dijo que el documento no cumplía con los parámetros requeridos y que no podría volver al colegio. “Llamé desesperada al psicólogo para decirle que me ayudara a corregir los certificados porque no querían dejarlo entrar. Yo ya veía muy angustiado a Sergio por todo esto”, cuenta su madre.

Finalmente, los padres de la pareja de Sergio interpusieron una demanda contra él por supuesto acoso sexual, lo que acabó de destrozar al joven. Sus padres decidieron entonces cambiarlo al colegio en el que había estudiado primaria. Su directora, Olga Milena Jankovich, recuerda a Sergio como el mejor estudiante que ha tenido y relata como él le contó la situación y le pidió consejo, porque “lo único” que quería era terminar el bachillerato.

Sergio se quitó la vida tras dejar pruebas de su inocencia

El 4 de agosto, tras regresar de un viaje, la madre de Sergio encontró en su casa varias notas que su hijo había dejado preparadas. “Esta carta se ha escrito con el fin de esclarecer ciertos datos acerca de la denuncia de acoso sexual que han puesto los padres de mi expareja. Lo hago de manera escrita debido al suicidio que he cometido y porque no quiero que los 16 años de vida que tuve se hallen con una oscura mancha llena de mentiras”, comenzaba una de ellas. Sergio había decidido acabar con su vida lanzándose de la terraza de un centro comercial.

En sus notas Sergio rechazaba de plano la acusación de acoso. “En la memoria de mi celular y en el escritorio de la pc quedan dos pantallazos de nuestras conversaciones en Whatsapp que demuestran que él no se sintió acosado en ningún momento, pues respondía con naturalidad a los mensajes. También hay pantallazos de la conversación que él tuvo con un amigo después de que les contara a sus padres sobre su orientación sexual, en los que escribió que estaba vuelto mierda debido a la posición que tomó su madre después de recibir la noticia (…) Él puede confirmar la veracidad de toda esta información, así como los testigos de nuestros actos (cuando había). Nunca en mi vida he acosado sexualmente a nadie, me parece un acto reprochable”, dejó escrito.

“Hoy espero lean las palabras de un muerto que siempre estuvo muerto, que caminando al lado de hombres y mujeres imbéciles que aparentaban vitalidad, deseaba suicidarse, me lamento de no haber leído tantos libros como hubiese deseado, de no haber escuchado tanta música como otros y otras, de no haber observado tantas pinturas, fotografías, dibujos, ilustraciones y trazos como hubiese querido, pero supongo que ya puedo observar a la infinita nada”, escribió en otra de las notas, luego de pedir que donaran sus órganos y que no lo enterraran con curas ni oraciones. También quiso disculparse con su abuela: “Nunca deseé morir antes que ella, pero esto ya no da más. En realidad pido unas muy sinceras disculpas por esto”.

El viernes 8 de agosto fue el funeral. Una de sus compañeras recuerda que ese día acudieron 40 de los 42 estudiantes de 11 grado del colegio. Días después el colegió reunió a los estudiantes. La psicóloga les pidió que fueran discretos con lo sucedido. La rectora les dijo incluso que como no habían pedido permiso para ir al velorio tendrían que reponer el día de clases perdidas un sábado. Al parecer la rectora no lamentó en ningún momento la muerte de Sergio, al que se refirió como anarquista, homosexual y ateo (condiciones todas ellas que el joven expresaba públicamente).

Diferentes sectores realizarán un plantón el próximo viernes frente al colegio para denunciar, entre otras cosas, el acoso del centro al joven. Sus padres aseguran además que no descansarán hasta limpiar su nombre, motivo por el cual presentarán una tutela con el apoyo jurídico de la organización Colombia Diversa.

“Mi sexualidad no es mi pecado, es mi propio paraíso”, puede leerse aún en el Facebook de Sergio.

En este enlace puede escucharse una entrevista radiofónica a una de sus compañeras de Sergio en la que cuenta lo sucedido.

La ministra de Educación, Gina Parody, se refirió hoy al caso del estudiante Sergio Urrego, cuyo suicidio ocurrió el pasado 4 de agosto, pero sólo trascendió este domingo por revelaciones de la prensa. “Es un doloroso ejemplo de lo que no puede ocurrir en Colombia, las escuelas se deben convertir en un territorio de paz. Los colegios pueden ser autónomos pero sus manuales de convivencia no pueden violar los derechos de la Constitución” dijo Parody a los periodistas.  Parody dijo que el Ministerio de Educación acompañará a las autoridades en la investigación y advirtió que, de ser necesario, se impondrán las sanciones “que pueden ir desde una amonestación hasta la cancelación de la licencia de funcionamiento” del colegio, según un comunicado de su despacho.

El colegio se manifestó por primera vez sobre el caso en un mensaje en su cuenta de Twitter este domingo, cuando la noticia salió en la prensa. “Lamentamos lo sucedido con Sergio Urrego, estamos esperando la solvencia del caso en manos de las autoridades”, indicó la institución en el mensaje.  La rectora del colegio, Amanda Castillo, dijo este lunes a La W Radio que en esa institución se respeta “la intimidad de los seres humanos” y aseguró que “nunca hubo presión ni discriminación por ser homosexual”.

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