Buenas noticias desde Estonia. El Parlamento unicameral del país ha rechazado una iniciativa del Partido Popular Conservador (EKRE) para someter a referéndum la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Un resultado positivo en el fracasado plebiscito habría provocado el blindaje del matrimonio excluyente en el país. La derrota de la iniciativa, unida a un escándalo de corrupción, han provocado la caída del Gobierno de coalición entre los centristas, los conservadores de Isamaa y la extrema derecha de EKRE. Paralelamente se ha presentado una proposición de ley para equiparar los derechos de las parejas en una unión civil con los de las casadas, salvo la adopción conjunta. En Estonia existe la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo desde 2016.

Tras las elecciones de marzo de 2019, se formó en Estonia una coalición de Gobierno entre el Partido del Centro, la formación conservadora y democristiana Isamaa y la extrema derecha del Partido Popular Conservador (EKRE), con el centrista Jüri Ratas como primer ministro. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció sus planes para convocar un referéndum sobre la definición de matrimonio en la primavera de 2021. Se trataba de una iniciativa de EKRE, cuyo exlíder y exministro del Interior Mart Helme había animado a la población LGTBI a «irse corriendo a Suecia». La formación ya había intentado, sin éxito, derogar la ley de uniones civiles vigente desde 2016.

El pasado 14 de diciembre, la propuesta homófoba superaba su primera lectura en el Parlamento. El texto contemplaba la convocatoria de una consulta no vinculante el próximo 18 de abril sobre la cuestión: «¿Debería el matrimonio seguir siendo una unión entre un hombre y una mujer en Estonia?». La oposición, integrada por el liberal Partido Reformista y el Partido Socialdemócrata, intentó entonces boicotear su tramitación subsiguiente presentando cerca de 10.000 enmiendas al proyecto. Muchas de ellas en tono irónico, como la iniciativa de celebrar un referéndum sobre si «¿Debería prohibirse la amistad en Estonia?» o si «¿Deberían prohibirse los trasplantes capilares para hombres en Estonia?».

La semana pasada, la presidenta del país Kersti Kaljulaid propuso que, dado que el asunto de la definición del matrimonio no constituye una preocupación prioritaria de los estonios, el Gobierno se comprometiera a disolver el Parlamento y convocar elecciones en caso de que triunfara el «no» en la consulta prevista. Un día después, la propuesta de referéndum se sometió de nuevo a la votación en pleno. Tan solo cosechó 29 votos a favor frente a 49 en contra (de un total de 101 escaños). Un varapalo para el Gobierno de coalición que, junto con la salida a la luz de un escándalo de corrupción, provocó su caída el jueves de la semana pasada.

Aprovechando la derrota de la iniciativa homófoba, 19 diputados del Partido del Centro y de los socialdemócratas presentaban el viernes pasado una proposición de ley para equiparar la mayoría de los derechos de las parejas en una unión civil con los de las parejas casadas. La principal excepción sería la adopción conjunta. Mientras tanto, los dos partidos centristas ya mantienen conversaciones para formar una gran coalición que no requeriría del apoyo de la extrema derecha.

Estonia se convirtió en 2014 en la primera ex república soviética en aprobar una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. La aplicación de la ley, sin embargo, es problemática, porque el partido democristiano Unión Pro Patria y Res Publica (que luego se renombró como Isamaa) vetó la aprobación de las regulaciones complementarias necesarias para dotar de contenido a la ley original, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. El resultado es que las parejas que intentan registrar su unión se encuentran, por ejemplo, con que el proceso para llevar a cabo dicha inscripción no ha sido aún descrito en la legislación. Una situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que pretende solventar la iniciativa de los centristas y socialdemócratas presentada la semana pasada. Por otra parte, en enero de 2017, un tribunal obligaba por primera vez a registrar un matrimonio del mismo sexo contraído en el extranjero (concretamente en Suecia).

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