Tomasz Rzymkowski, un “peligroso” diputado polaco que anteriormente comparó el matrimonio entre personas del mismo sexo con la bestialidad, ha sido ascendido al puesto de viceministro de Educación.

Rzymkowski se unió al gobernante Partido Ley y Justicia (PiS) de Polonia en 2019, pero comenzó su carrera política representando al partido ultranacionalista de extrema derecha Movimiento Nacional, que se formó después de que la marcha del Día de la Independencia de 2012 en el país vio enfrentamientos violentos entre extremistas de derecha y la policía .

El partido Movimiento Nacional es xenófobo, antisemita y se opone firmemente a los derechos LGBT +, las marchas del Orgullo y la educación inclusiva, afirmando que la homosexualidad es una “enfermedad” vinculada a la “pedofilia”.

En 2018, Movimiento Nacional formó una coalición con el partido KORWiN, y juntos se hacen llamar Confederación. En las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, un líder de la Confederación explicó lo que representaba la coalición: “No queremos judíos, homosexuales, abortos, impuestos y la UE”.

Rzymkowski, de 34 años, causó indignación personalmente cuando compartió una caricatura en junio del año pasado que comparaba el matrimonio entre personas del mismo sexo con la bestialidad.

W dniu 28 czerwca wybierzemy nie tylko Prezydenta RP, dokonamy także wyboru cywilizacyjnego. Zdecydujemy miedzy Polską, w której małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, a Polską w której “małżeństwem” jest związek dwóch panów albo jednego pana z kozą? pic.twitter.com/K7eJdiEZxy

— Tomasz Rzymkowski (@TRzymkowski) June 3, 2020

Escribió en Twitter antes de las elecciones presidenciales polacas:  “El 28 de junio, elegiremos no solo al presidente de la República de Polonia, sino que también haremos una elección de civilización. ¿Decidiremos entre Polonia, en la que el matrimonio es una unión de una mujer y un hombre, y Polonia en la que el “matrimonio” es una unión de dos caballeros o un hombre con una cabra?“

Rzymkowski, quien después de su ascenso tendrá una gran influencia en el sistema educativo del país, también ha criticado la enseñanza de lo que él llama “ideología de género” en las universidades polacas.

Anteriormente dijo: “[La homosexualidad] es dañina tanto moral como socialmente, porque en mi opinión, antes que nada, es un pecado. En segundo lugar, no es útil desde el punto de vista de la sociedad … el Estado no debe promover, y mucho menos financiar o falsificar, conductas socialmente dañinas”.

Paulina Matysiak, diputada del partido de izquierda Left Together, dijo a VICE: “Tomasz Rzymkowski representa una mezcla muy peligrosa de extrema derecha, casi fascista, con fundamentalismo religioso, que concentra la mayor parte de su actividad pública en poner a la gente en contra de judíos, extranjeros , LGBT +, mujeres y la izquierda. Existe una seria amenaza de que [Rzymkowski y el ministro de educación anti-LGBT + Przemysław Czarnek] puedan censurar materiales educativos, reprimir a los maestros y tratar de formar alumnos a su imagen y semejanza”.

Las opiniones homofóbicas y transfóbicas de Rzymkowski sobre la educación no estarán fuera de lugar dentro de su partido. PiS, que con frecuencia ha apuntado a los derechos LGBT + como una influencia extranjera invasiva que amenaza la identidad nacional del país, anteriormente condenó los planes para enseñar un programa de educación sexual aprobado por la Organización Mundial de la Salud que incluía las identidades LGBT +, calificándolo como “Una violación de los valores católicos tradicionales”.

LGBTfobia de Estado

Estas posiciones contrastan claramente con otras ciudades. Cerca de 100 municipios, alentados por el gobierno, se han declarado “libres de LGBT“. El poder en el lugar no oculta su hostilidad hacia las personas LGBT +. Durante la campaña presidencial para su reelección, Andrzej Duda comparó a las personas LGBT + con una “ideología” comparable a “una especie de neo-bolchevismo“.

Si bien las instituciones europeas se han negado a otorgar subsidios a ciudades “no LGBT”, el ministro de Justicia polaco anunció que las financiaría. Las llamadas zonas libres de LGBT de Polonia han sido objeto de una condena global, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que “no tienen lugar” en la Unión Europea. Los ataques contra personas LGBT + se han convertido en un tema de tensión entre la Unión Europea y Polonia.

Después de intensas semanas de negociaciones, Polonia finalmente acordó el establecimiento de un mecanismo para condicionar las subvenciones al respeto del estado de derecho. Pero el dispositivo no podrá activarse antes de 2022, señala Le Monde. En 2020, ILGA-Europa clasificó a Polonia como el país menos amigable de Europa.

La situacion de las personas LGTBI en Polonia:

El Gobierno de extrema derecha de Polonia es en la actualidad, junto con el de Hungría, la punta de lanza de la involución LGTBIfoba en la Unión Europea. Nos hemos hecho eco de numerosas manifestaciones de esta oleada de hostilidad contra la comunidad. Una de las más recientes se produjo el pasado mes de abril, cuando el Parlamento votó a favor de la iniciativa de la organización LGTBIfoba Stop Pedofilia para criminalizar la educación sexual, con el apoyo del gobernante PiS. Ya el año pasado, el líder del partido y ex primer ministro Jarosław Kaczyński aprovechó una iniciativa inclusiva del alcalde de Varsovia para echar gasolina a la LGTBfobia. El político calificó los derechos LGTBI de un «ataque a la familia y a los niños» que amenaza los valores tradicionales polacos.

Sus palabras encendieron una mecha que se extendió entre los medios y el establishment ultraconservador. Una de las primeras consecuencias de este repunte de la hostilidad LGTBfoba fue la detención de la activista Elżbieta Podleśna bajo la acusación de ofender a los sentimientos religiosos. Su supuesto delito, difundir una versión modificada de la Virgen Negra de Częstochowa con un halo arcoíris en lugar del original dorado. Dos meses más tarde, contramanifestantes de extrema derecha intentaban impedir de forma violenta la celebración de la primera manifestación del Orgullo LGTBI en Białystok, al este del país.

Hace unos días, cincuenta embajadores y representantes de organizaciones internacionales apoyan a la comunidad LGTBI en Polonia a través de una carta. Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Esta protesta responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, desde marzo de 2019, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. La iniciativa LGTBIfoba tiene un carácter principalmente simbólico, pero conlleva una indudable carga de hostilidad y estigmatización de la comunidad. La medida de odio LGTBIfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena. En agosto de este año, la Comisión anunciaba la retirada de las ayudas a seis localidades polacas, que requerían financiación para un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países, por haberse declarado «zonas libres de ideología LGTBI». La Comisión declaró que se habían negado a respetar los “valores y derechos fundamentales de la UE”. Es posible que otras áreas puedan ser penalizadas de manera similar, ya que varias ciudades de Europa han terminado los acuerdos de hermanamiento con sus homólogos polacos.

El punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta de los diplomáticos: «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Fuente VICE/Cristianos Gays

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Enésima tragedia protagonizada por una menor trans: Fouad, una chica de 17 años, se quitó la vida el pasado miércoles en Lille (norte de Francia). Tras su suicidio, las redes sociales han difundido el episodio que Fouad sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando los responsables del centro escolar la hicieron volver a su domicilio por acudir vestida con falda. Los responsables del centro, pese a reconocer lo sucedido ese día, niegan ser los culpables de lo sucedido y aluden al «contexto personal complejo» de la adolescente.

Nuevamentes las redes sociales han servido de altavoz a una tragedia que de otros modos quizá hubiera pasado inadvertida. Bajo el hashtag #JusticePourFouad una tuitera denunciaba, tras el suicidio de la joven, el episodio de discriminación tránsfoba que sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando una trabajadora del instituto Fénelon de Lille, miembro del equipo pedagógico que supuestamente le hacía acompañamiento, le recriminó que acudiese vestida con falda y la obligó a volver a su domicilio. En este punto, las versiones que circulan en redes difieren: según una versión la joven fue conminada a abandonar la clase delante de sus compañeros. Según otra, fue interceptada antes de entrar en clase. Lo que parece confirmado es que fue ella misma la que grabó con su teléfono móvil parte de la discusión con la trabajadora, que también fue difundida en redes. «Comprendo tus ganas de libertad, comprendo tus ganas de ser tú misma, lo entiendo muy bien. Y todo lo que hacemos, precisamente, es para acompañarte mejor, eso es lo que tú no entiendes» , le argumentaba la trabajadora del centro.

Palabras no demasiado comprensibles si se tiene en cuenta que el instituto conocía bien la situación de la adolescente, una chica a la que al nacer asignaron sexo masculino y que todavía no había modificar en sus documentos oficiales, y su equipo pedagógico supuestamente se había propuesto ayudarle. Los responsables educativos reconocen lo sucedido ese día, pero niegan que tenga relación con el hecho de que la chica se quitase la vida. Aluden, para justificarse, al hecho de que Fouad vivía un «contexto personal complejo» (la joven residía en una casa de acogida dependiente de los servicios sociales) y argumentan además que el prohibirle acudir a clase con falda tenía como objetivo «protegerla».

Por nuestra parte, resulta imposible precisar más de acuerdo a lo publicado. En cualquier caso, y aun asumiendo que el suicidio de Fouad fuese el resultado de más elementos que simplemente lo sucedido el 2 de dicembre, los argumentos del centro escolar en modo alguno justifican la humillación que la joven sufrió ese día. Un episodio que, de hecho, generó la reacción de sus compañeros, que al día siguiente colocaron carteles en el instituto para denunciar lo sucedido y muchos de los cuales tres días después acudieron al centro vestidos también con falda como gesto de solidaridad. Hasta el punto de que el instituto había cedido y al parecer ya estaba dispuesto a permitir la vuelta de Fouad vestida con falda.

Tampoco nos genera mucha confianza el hecho de que la dirección del centro, se refiriese a Fouad como «un alumno» y no como una alumna (la marca de género existe en francés, al igual que en castellano) a la hora de comunicar su muerte por correo electrónico a los padres de sus compañeros, como también ha sido difundido en Twitter.

Fuente Dosmanzanas

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Por Rosario Marina

¿Cómo fueron los recorridos de las personas trans en el sistema educativo? ¿Cómo convertir los espacios educativos en lugares libres de discriminación? Fueron algunas de las preguntas que se plantearon en el 3er Encuentro de Actorías Claves de la Red Iberoamericana de Educación (RIE) LGBTI. En este encuentro docentes e investigadorxs trans de distintos países de Iberoamérica contaron y compartieron sus experiencias educativas, como educadorxs y educandxs.

“La discriminación y la expulsión de nosotres, quienes nos fijamos bajo otra expresión de género, es muy explícita”, dijo Alba Rueda, presidenta de Mujeres Trans Argentina y actual subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación en Argentina, en este 3er Encuentro que se realizó del 26 al 28 de noviembre de manera virtual.

El objetivo de la Red Iberoamericana de Educación LGBTI (RIE) es trabajar en favor de la promoción y el respeto de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales en el ámbito educativo. La plataforma está integrada por distintas organizaciones trans de Iberoamérica: 100% Diversidad y Derechos (Argentina), Colombia Diversa (Colombia), Colectivo Trans del Uruguay (CTU), Fundación Igualdad LGBT (Bolivia), Fundación Triángulo (España), Instituto Brasileiro Trans de Educação (Brasil), MOVILH (Chile) y Promsex (Perú).

“Completar los estudios de la escolaridad media es un enorme desafío”, afirmó Alba Rueda. En sintonía con lo que han marcado diversos estudios, entre ellos, el informe de UNESCO publicado en 2016 “Out In The Open” (A la intemperie). Allí señala que en muchos países el 85% de lxs estudiantes gais, lesbianas, bisexuales y transgénero (LGBT) son víctimas de violencia homo-odiante y transodiante en la escuela. Y el 45% de lxs estudiantes transgénero abandonan la escuela.

Alex, historia de una masculinidad trans en Guatemala

Alex Castillo es fundador del colectivo de hombres trans Trans-Formación, en Guatemala. Durante 43 de sus 49 años no pudo vivir como Alex. En el encuentro, compartió su experiencia sobre lo difícil que es ser una persona trans en el sistema educativo.

“La mayoría de personas trans que llegamos a alcanzar un estudio, por lo general hipotecamos nuestras identidades. Una parte muy delicada de la vida de Alex fue en el tiempo de la adolescencia, en una escuela religiosa. Por más que me travistiera era muy obvia mi transexualidad”, dice Alex, mezclando la tercera y primera persona, como si el de antes no fuera él.

“Pasé 43 años travestido: un travesti cisgénero. Eso me tocaba para sufrir un poco menos de bullying, menos violencia, menos expulsión”, dijo en el encuentro de la Red Iberoamericana de Educación LGBT. Y compartió su experiencia como adolescente.

Alex Castillo

“Una religiosa me besó e intentó abusar de mí. Creo que nos pasa mucho a la gente de la diversidad sexual, creen que queremos con todo mundo. Fue un shock muy grande que hizo que me expulsaran cuando estaba a un año de graduarme. Obviamente, mis padres se vinieron en contra mío, yo no podía seguir sosteniéndome el estudio. Estaba a un año de alcanzar una carrera intermedia y por haber dicho no a este intento de abuso, fui condenado a que fui yo quien provoqué esa situación”, contó.

Después de ese abuso, Alex siguió escondiendo su identidad. “Dejar que mi nombre y mi pronombre fueran violentados era la única forma de seguir estudiando”, afirma. de algún modo también es testigo de cómo varios hombres trans de su país experimentan algo parecido: “Es la única forma que hoy por hoy tienen los muchachos del colectivo que quieren seguir estudiando”.

Alex es administrador de empresas y tiene quince años de experiencia en bancos. Trabajó con el Estado de Guatemala por cuatro años. Pero cuando hizo el cambio de nombre, le hicieron sentir como si esa experiencia hubiera desaparecido. “Al pedir referencias a estas instituciones con mi actual nombre, solo se limitan a decir que nunca trabajé para ellos”, había contado el año pasado a Presentes.

Con nombre, pero sin género

En Guatemala se puede cambiar el nombre por escrito a través de un trámite, pero no el género. “Toda persona puede presentar una solicitud de cambio de nombre ante un Notario del Registro Civil, en virtud de los artículos 18 a 20 de la Ley Reguladora de Asuntos de Jurisdicción Voluntaria, Decreto No. 54/1977 (aprobado por el Congreso Nacional)”, se explica en el informe de MApeo Legal Trans de ILGA.

Para febrero de 2018, 55 personas trans en Guatemala habían logrado cambiar la foto y el nombre en su documento de identidad. Pero ninguna pudo ni puede cambiar el indicador de “sexo” en el documento de identidad.

“Las personas trans empezamos a ingresar a la universidad. Y aunque tengamos cambiado el nombre, nos ponen el género asignado al nacer en nuestros títulos”, –dice Alex–. “A pesar de que haces todos tus estudios, el título que te entregan no te representa”, insiste.

Uruguay: la edad crítica para personas trans en sistema educativo

Durante varios meses de 2019, el Colectivo Trans del Uruguay (CTU), dirigido por la docente Alejandra Collette Spinetti, realizó una investigación para entender cómo son los tránsitos educativos de las personas trans en ese país. Uno de los aspectos más relevantes del informe es que fue realizado por personas del colectivo trans.

Alba Rueda

En Uruguay, de acuerdo con la investigación, del total de encuestades, “el 32,4 % revela que ha abandonado estudios por bullying por parte de compañeres; el 11,3 % dice que sufrió bullying por parte del cuerpo docente; el 4,2 % dice que es por bullying por parte del cuerpo directivo. Sumado esto tenemos que el 47,9% de los abandonos en el tránsito educativo son reconocidos por las mismas personas como bullying”, señala la investigación.

“Si bien en nuestro país, el marco normativo de los últimos años ha logrado el reconocimiento de derechos, aún hay instituciones como la educación, la salud y otras que no han tenido un cambio estructural ni filosóficos, así como los objetivos, planes, programas y formación docente, salvo escasas excepciones continúan siendo iguales o muy parecidos a otros contextos históricos sociales-económicos-culturales y políticos del país”, explica el informe.

Según estos resultados, en Uruguay la mayoría de estas personas abandonan los estudios por bullying en el 4° año de la educación secundaria. “Si nosotros pensamos que estamos alrededor de los 15 años, que es cuando comienza la exteriorización de la identidad de género, nos damos cuenta que es allí donde hay una barrera en cuanto al respeto y tratamiento de la expresión de la identidad de género y es donde las personas sumado a los problemas familiares desisten de continuar en el sistema educativo”.

Brasil: violencia transodiante

El Instituto Brasileño Trans de Educación, dirigido por Andreia Lais Cantelli y Sayonara N. B. Nogueira, realizó un informe llamado “Las fronteras de la educación: la realidad de lxs estudiantes trans en Brasil”. La encuesta se hizo de forma electrónica a finales del año 2018, a 250 personas  transexuales o no binarias que  aún están en la Educación Básica o en el Curso Superior.

La mitad de ellxs dijo haber abandonado en algún momento la escuela. Entre sus principales motivos expresaron: el transodio, la  depresión,  la situación financiera y la exclusión familiar.

Sobre  la pregunta de  haber   sufrido   violencia   en   el   ambiente   escolar,  52%   de las personas entrevistadas respondió afirmativamente. En la última Encuesta Nacional sobre el Ambiente Educativo en Brasil, publicada en 2016, el 43% de lxs estudiantes de 13 a 21 años dijo que se sienten insegurxs en el ambiente  escolar  por  su  identidad  de  género.  “La  violencia  transfóbica presenta  un impacto  directo  en  la  presencia  de  los  alumnos  en  la  escuela”, concluye el informe.

Dos de las metas propuestas en el encuentro fueron trabajar en la articulación de docentes trans por la diversidad sexual y de género fortalecida y movilizada, como motor de cambio en el contexto educativo y como referente positivo y visible para niños, niñas y adolescentes LGBTI de la región. También el compartir buenas experiencias de docentes trans, visibilizándolas como herramienta de cambio y sensibilización.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alba Rue, Educación, Latino América, Red Iberoamericana de Educación LGBTI (RIE)

La jefa de Ofsted, Amanda Spielman, hablando con Eli Spitzer (YouTube / Jewish News)

La inspectora jefe de Ofsted ha sostenido que no puede otorgar una exclusión voluntaria para las escuelas religiosas, ya que un grupo de maestros judíos ortodoxos continúan oponiéndose a la educación inclusiva LGBT.

La educación sobre relaciones y relaciones sexuales inclusiva LGBT apropiada para la edad es ahora obligatoria en todas las escuelas del Reino Unido, una medida que un número significativo de escuelas judías ortodoxas se niegan a cumplir, lo que genera amenazas de medidas disciplinarias por parte del regulador de educación Ofsted.

A principios de este año, un grupo de 17 rabinos ortodoxos advirtió a Boris Johnson que rechazarán rotundamente el plan de estudios inclusivo ya que “no hay lugar para el compromiso” en su comunidad.

Pero la inspectora jefe Amanda Spielman se negó francamente a hacer una excepción y le dijo al director de Charedi, Eli Spitzer, que “literalmente no hay nada más” que ella pudiera hacer para ser flexible en el asunto. “Reconozco absolutamente las profundidades de la incomodidad en torno a esto, pero al mismo tiempo, literalmente, no hay nada más que pueda hacer para ser flexible”, dijo en el nuevo podcast de Spitzer, según informó The Jewish News. “No tengo la facultad de dar instrucciones a los inspectores para que no se den cuenta de esto o aquello, simplemente no está ahí”.

La guía del gobierno establece que cada niño de escuela primaria aprenderá sobre diferentes tipos de familias, incluidas aquellas con padres del mismo sexo, mientras que los estudiantes de escuela secundaria aprenderán sobre la orientación sexual y la identidad de género. Las lecciones reflejan la ley, enseñando las características protegidas de la Ley de Igualdad de 2010 que se aplican a las relaciones, y han sido aceptadas sin cuestionar por muchas escuelas religiosas, incluidas otras escuelas judías.

Pero Spitzer respondió: “Si mañana decidiera hacer una asamblea sobre estilos de vida LGBT o educación sexual, pasaría una de dos cosas. O los padres dejarían de enviar a sus hijos a la escuela o me darían mis sándwiches y una hoja de ruta “. Aceptó que parte del lenguaje utilizado hacia los inspectores de Ofsted en las escuelas Charedi había sido “de confrontación”, pero se quejó de que había “una suposición de que las escuelas son cómplices” de los requisitos legales que se aplican a todas las escuelas del país.

Spielman respondió que las demandas de los educadores Charedi equivalían a “un cambio fundamental en la expectativa mínima de las escuelas” a nivel estatal, y le recordó que los ciudadanos deben aceptar las leyes del país, incluso las que “no les gustan. Para mí es un problema profundamente intratable. Ojalá no fuera así “, dijo el jefe de la Ofsted. “Es realmente difícil de ver. No estoy de acuerdo con todas las leyes que se encuentran en los libros de estatutos, pero tengo que aceptar las que no me gustan. Estamos al nivel de un profundo desacuerdo sobre qué es el estado y hasta qué punto debería haber opciones de exclusión por motivos de religión o cualquier otra cosa “. Dijo que Ofsted estaba siendo “golpeada por todos lados” mientras trataba de satisfacer a cada grupo de presión, y agregó que las características protegidas estaban “destinadas a chocar entre sí”.

Spitzer respondió con la sugerencia de que el regulador educativo debería centrarse en los padres, no en los educadores. “Tu problema está con los padres. ¿Por qué no lo comenta con ellos? Entra en una sinagoga y discúlpate con ellos y déjanos hacer nuestro trabajo ”, dijo.

Fuente The Jewish News.

General, Homofobia/ Transfobia., Judaísmo Amanda Spielman, Charedi, Educación, Educación inclusiva, Eli Spitzer, Judaísmo, Judaismo ortodoxo, LGTBI, Ofsted, Reino Unido

 Estas son el tipo de noticias que sin duda alegran el día, que nos hacen recordar que nuestros hijos, por mucho que los amemos, no son nuestra propiedad, son seres humanos independientes que tienen derecho a ser educados en amor y en diversidad.

Yo, esta redactora, hija de una familia muy conservadora y alumna de un colegio católico, nunca recibí ningún tipo de educación sobre diversidad sexual y de género, no era capaz de poner nombre a los sentimientos extraños que me invadían, y no fue hasta los 23 años que me di cuenta de que era lesbiana. ¡Bastante tarde!

La educación sexual debería ser obligatoria en todos los colegios, ¿por qué? Ya no solo por los niños y jóvenes LGTB, sino que por todos. Los menores tienen derecho a conocer su cuerpo, a cuidarlo, a identificar el abuso, a saber sobre métodos de anticoncepción, a entender que así como te gustan las personas del sexo opuesto también pueden gustarte las de tu mismo sexo, o ambos.

Los niños deben aprender que hay todo tipo de familias, con papá y mamá, dos mamás, dos papás o un solo progenitor. El conocimiento y el entendimiento es la base para una convivencia basada en el respeto y no en los prejuicios.

Y así lo ha entendido Reino Unido, que obliga a las escuelas a enseñar diversidad sexual, familiar y afectiva. Y quienes no lo hagan serán sancionados.

Tal como puede leerse en la guía que se ha repartido en los centros educativos:

«Todas las escuelas primarias y secundarias, ya sean financiadas por el Estado o independientes, deben poder demostrar que no se tolera ninguna forma de discriminación y que los alumnos muestran respeto por quienes comparten las características protegidas.

«Las escuelas no podrán demostrarlo señalando una política general de fomento del respeto a todas las personas».

«Las escuelas tienen la libertad de enseñar los principios de cualquier fe sobre las características protegidas.

«Por ejemplo, pueden explicar que las relaciones entre personas del mismo sexo y la reasignación de género no están permitidas por una religión en particular.

«Sin embargo, si lo hacen, también deben explicar los derechos legales que tienen las personas LGBT en virtud de la legislación del Reino Unido, y que esto y las personas LGBT deben ser respetados».

Muy orgullosos de avances como este. Esperamos que pueda replicarse en España y dejemos las tonterías del famoso «pin parental».

Fuente Oveja Rosa

General, Homofobia/ Transfobia. Diversidad, Educación, Reino Unido, Sanciones

Importante sentencia de la justicia estadounidense sobre los derechos de las personas trans. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito ha vuelto a fallar a favor de Gavin Grimm, un joven al que su instituto no permitió usar los baños de chicos. El caso se remonta a 2016, cuando las autoridades escolares llevaron a la justicia el uso por parte del alumno de las instalaciones correspondientes a su identidad de género masculina. En 2017, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre el caso, después de que la administración Trump anulara las directrices contra la discriminación en las escuelas que había aprobado su antecesor Obama. Ahora, el tribunal que dictó la sentencia inicial vuelve a dar la razón a Grimm y declara inconstitucional el reglamento que prohibía a los alumnos usar espacios distintos a los correspondientes al sexo que les fue asignado al nacer.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos, convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados, varios de los cuales han promovido normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género.

Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto del año pasado, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, quien por lo demás en la actualidad ya cursa estudios universitarios. Dos semanas después, el Consejo Escolar del condado recurrió el fallo de la magistrada.

El caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que el pasado 26 de agosto ratificaba por 2 votos a 1 que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género es inconstitucional. El tribunal considera que el reglamento del Consejo Escolar que contiene esa previsión es contrario al Título IX, que como se ha explicado prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas, así como al mandato constitucional de igualdad de trato. La Corte de Apelaciones citó en su argumentación la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género. En cualquier caso, el fallo es susceptible de un nuevo recurso que podría devolver la cuestión al Supremo.

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Israel podría convertirse en el sexto país del mundo en abolir la práctica de la terapia de conversión gay ya que su gobierno considera una nueva legislación.

La llamada “terapia de conversión” se refiere a la práctica pseudocientífica peligrosa y desacreditada de tratar de cambiar la sexualidad o la identidad de género de una persona. A menudo se compara con la tortura y se ha relacionado con mayores riesgos de depresión, suicidio y drogadicción.

Nitzan Horowitz, líder del partido de izquierda Meretz de Israel, presentó un nuevo proyecto de ley para prohibirlo, comparándolo con el “asesinato”. “Es un asesinato del alma y muchas veces también del cuerpo. Estos procedimientos resultan en autolesiones hasta el suicidio. Lo que significa la terapia aquí es el abuso mental y físico de los adolescentes ”, dijo mientras presentaba el proyecto de ley.

Dijo que es el “deber legal y moral del gobierno salvar a las próximas víctimas”, enviando un mensaje claro a las personas LGBT + de que “no queremos cambiarlas. Eres hermosa y completa tal como eres ”.

El proyecto de ley de Horowitz prohibiría la terapia de conversión en todo el país y pondría a los terapeutas en riesgo de prisión, multas y revocación de su licencia profesional si continúan practicándola.

Si tiene éxito, Israel se uniría a solo otros cinco países para haber emitido una prohibición total de la terapia de conversión: Alemania, Malta, Ecuador, Brasil y Taiwán.

La práctica nociva está prohibida en 20 estados de EE. UU., Además de los territorios de Washington D.C. y Puerto Rico, pero no en el Reino Unido, a pesar de que los conservadores se comprometieron a introducir legislación hace dos años.

Sin embargo, fuentes del gobierno informan que el comité ministerial de legislación probablemente buscará retrasar el proyecto de ley debido a la presión de los partidos ultraortodoxos.

El medio de noticias israelí Haaretz sugirió que el comité ahora “examinará” el proyecto de ley una vez más para hacerlo más “moderado” para que los partidos religiosos no se opongan. Dijo que la única razón por la cual el proyecto de ley no fue descalificado de inmediato por la oposición fue para que puedan minimizar la reacción violenta contra dos ministros homosexuales que sirven en el comité de legislación. Pero el hecho de que el proyecto de ley haya llegado tan lejos en la coalición ultraconservadora es en sí un hito, particularmente porque los intentos previos de prohibición han fracasado.

Se produce después de que el ministro de educación, Rafi Peretz, atrajo fuertes críticas el año pasado por sugerir que apoyaba la terapia de conversión. “Creo que es posible convertir [la orientación sexual de alguien]”, dijo Peretz. “Puedo decirles que tengo una profunda familiaridad con el tema de la educación, y también lo he hecho”. Luego discutió cómo había aconsejado a un amigo gay que reconsiderara su sexualidad.

Los comentarios de Peretz fueron condenados como “inaceptables” por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien dijo que “no reflejan la posición del gobierno que encabezo”. Agregó que el sistema educativo israelí “continuará aceptando a todos los niños judíos sean quienes sean y sin ninguna diferencia basada en la orientación sexual”. Ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractó de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Las últimas noticias acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que la asociación española Abogados Cristianos se querella contra Ignacio Aguado por hacer pública la multa a la coach de terapias para personas LGTBI, y que, ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar»una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., gran aliado de Israel, California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales, así como el estado de Utah.

 Y la última buena noticia que conocíamos se producía el pasado mes de marzo cuando Canadá anunció que prohibirá las «terapias de conversión» a nivel nacional.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

«Nada que Curar», la guía que ayuda a combatir con información científica las denominadas terapias de conversión

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Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Así lo asegura FELGTB con motivo del Día Mundial Contra el Acoso Escolar (2 de mayo)

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) alerta de que las situaciones de acoso por LGTBIfobia se siguen produciendo pese al confinamiento a través de las redes sociales. Así lo asegura con motivo del Día Mundial Contra el Acoso Escolar que se conmemoraba este sábado, 2 de mayo.

En este sentido, el coordinador del grupo de Educación de FELGTB, José Luis Ferrándiz, explica que, “el acosador que antes estaba en el patio del colegio está ahora en Instagram”. “El ciberacoso es una realidad en el día a día de parte de la juventud LGTBI, cuya única ventana al mundo exterior durante este estado de alarma son, precisamente, los canales desde donde recibe la violencia”, asegura.

“No disponemos de cifras sobre el ciberacoso a adolescentes, pero FELGTB ha participado en la elaboración de una encuesta entre la población LGTBI de varios países de la Unión Europea y sus resultados reflejan que el 66% de las personas participantes ha sufrido algún tipo de agresión LGTBIfóbica a través de las redes en los últimos 5 años, lo que nos permite hacernos una idea de lo habitual que es este tipo de violencia en el mundo virtual”, declara.

Sin embargo, incide en que “no debemos demonizar las redes sociales que son unos buenísimos agentes socializadores, pero es imprescindible que tanto el profesorado, como las familias y el resto del alumnado estén alerta para prevenir, detectar y denunciar este tipo de comportamientos violentos”. “No debemos normalizar estas agresiones. Hay que actuar en cuanto se producen porque si no, el acoso se irá viralizando y crecerá exponencialmente”, declara.

En este sentido, el coordinador del Grupo Joven de FELGTB, Sergio Siverio, explica que durante la adolescencia se es más vulnerable ante este tipo de violencias porque es una etapa en la que la persona está, por lo general, en proceso de autoaceptación y quien acosa juega con el factor miedo, el anonimato y el sentimiento de culpabilidad de la víctima. “Las personas agredidas, en muchas ocasiones, no se han visibilizado como LGTBI, o no lo han hecho en todos sus círculos, lo que implica que puedan verse frenadas a la hora de pedir ayuda a una familia que no sabe que son gais, lesbianas, bisexuales o trans”, asegura.

Por este motivo, según Siverio, es importante que las familias creen un clima de confianza que invite al adolescente a abrirse y compartir sus problemas y temores y que el profesorado trabaje en función de protocolos de acoso escolar por LGTBIfobia. Asegura que “para romper el silencio de la víctima, que es uno de los principales problemas a la hora de detectar el acoso, hay que fortalecer su confianza en la familia y el profesorado”.

“También es importante el apoyo entre sus iguales ya que otros miembros del alumnado pueden ser elementos vitales de escucha y acompañamiento en la denuncia, especialmente cuando no se genere ese vínculo de confianza y entendimiento con familias que no aceptan su orientación o su identidad”, añade.

Ferrándiz también recuerda que el acoso escolar y/o el ciberbullying son delitos de odio y se pueden denunciar ateniéndonos al Código Penal y a diferentes legislaciones autonómicas LGTBI.  En este sentido, invita a las familias, al profesorado o a los representantes legales de los menores que estén sufriendo ciberacoso a que denuncien estos hechos ante la Fiscalía de Menores, la Policía Nacional, la Guardia Civil o el GRUME (Grupo de Menores de las Brigadas Provinciales de la Policía Judicial).

“Se puede llamar a las fuerzas de seguridad aunque no se esté seguro de estar sufriendo un delito de odio y si se prefiere, se puede contactar con FELGTB a través de la línea arcoíris (91 360 46 05 en horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas o del correo electrónico info@felgtb.org) o con cualquier entidad LGTBI que opere en la ciudad en la que se vive para recibir asesoramiento sobre los pasos a seguir”, concluye.

La importancia de trabajar la diversidad LGTBI también durante el confinamiento

El coordinador del grupo de Educación de FELGTB recuerda que “además, es importante que el profesorado siga trabajando esta materia para prevenir tanto casos de ciberacoso, como futuros casos de violencia en las aulas”. En este sentido, aclara que no se trata de sobrecargar con más contenidos al profesorado que “ya está asumiendo verdaderos retos para seguir impartiendo clases pese al estado de alarma”, sino de facilitarle ideas y recursos para trabajar la diversidad de manera transversal. “A veces, es tan sencillo como incluir a una familia con dos madres en lugar de una familia con padre y madre en un problema de Matemáticas”, asegura.

Por su parte, el coordinador del grupo de Familias de FELGTB, José María García, asegura que ofrecer en la familia, recursos educativos sobre la diversidad LGTBI puede permitir que la infancia y juventud LGTBI hable libremente de su realidad.

En este sentido, García recuerda que actualmente, la familia debe asumir el papel del profesorado. “La mayoría del alumnado continúan su aprendizaje a través de medios electrónicos, por lo que es una oportunidad idónea para que estos reciban educación en diversidad afectivo sexual de género y familiar, así como otros aspectos de la educación no formal”, asevera.

Así, para ayudar a familias y docentes a trabajar la diversidad afectivo-sexual, familiar y de género en casa, FELGTB pone a su disposición la web www.stopacosoescolarlgtb.com, en la que se pueden encontrar distintos materiales educativos, adaptados a distintas edades y en formato audiovisual. Además, los miembros del profesorado interesados en recibir más orientación y recursos en este sentido pueden entrar a formar parte del proyecto Red Educa de FELGTB o del proyecto Red de Escuelas Seguras, iniciativa que lidera los esfuerzos frente al bullying en los centros educativos a través de una alianza entre estudiantes, profesionales sociales, profesorado y familias, entre otros. Para más información: info@felgtb.org

Por otra parte, el grupo de Familias de FELGTB impartió una charla en el marco del #EspacioArcoíris para ofrecer recursos en forma juegos, dinámicas, cuentos y pequeños vídeos con los que trasladar a la infancia conceptos básicos de diversidad familiar, diversidad afectivo sexual y diversidad de género: sexo, género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género. Charla.

Fuente FELGTB

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Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercando posturas con Vox  EFE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha acordado suspender, de manera cautelar y mientras dura la tramitación del recurso interpuesto por el Ministerio de Educación, la ejecución del mal llamado «PIN parental» por parte del Gobierno murciano. Una medida que desde hace años vienen reclamando organizaciones ultraconservadoras como HazteOír, que el Gobierno de Murcia ha hecho suya y que autoriza a los padres a prohibir que sus hijos acudan a charlas educativas sobre diversidad y contra la LGTBIfobia.

Mucho se ha escrito sobre el «PIN» o veto parental, una medida que, ya antes de que la polémica saltara a primer plano de la actualidad nacional, el Gobierno murciano había implementado el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación, que ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa. Semanas más tarde, en el marco de las negociaciones presupuestarias entre PP, Ciudadanos y Vox, las tres formaciones que dan sostén al Gobierno de Murcia (aunque la formación de extrema derecha no forma parte del mismo), acordaron darle mayor rango normativo.

Fue entonces cuando el debate se hizo extensivo al nivel nacional, a pesar de que como hemos dicho la medida ya se encontraba en vigor desde el inicio del curso, y el Gobierno de España tomó cartas en el asunto. El Ministerio de Educación, a cuyo frente se encuentra Isabel Celáa, dio en enero un plazo de un mes a la Consejería de Educación de Murcia a que retirara las instrucciones a los centros. El Gobierno murciano hizo caso omiso y en febrero presentó un recurso por la vía contencioso-administrativa. El Gobierno español considera que la normativa educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros educativos, quienes tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar así cumplimiento a lo establecido en los currículos correspondientes. Por otra parte, considera que el veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a  este tipo de actividades supondría una «objeción de conciencia encubierta» que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española. El Ministerio entiende además que el veto parental colisiona con el derecho constitucional fundamental a la educación, además de contravenir diversos tratados internacionales ratificados por España, la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

De hecho, se da la circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Las instrucciones del Gobierno murciano, suspendidas cautelarmente

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha decidido suspender cautelarmente las instrucciones de la Consejería murciana de Educación hasta decidir sobre el recurso del Ministerio de Educación. El tribunal, conviene aclarar, no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión: la suspensión tiene lugar ya que «puesto que las instrucciones impugnadas despliegan sus efectos durante el presente curso escolar, y este concluye a finales de junio (…) una eventual sentencia estimatoria podría quedar carente de virtualidad».

A ello se une que el alto tribunal murciano no considera que la suspensión suponga un riesgo para el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos ya reconocido por las leyes, estimando que ya «existen mecanismos suficientes, en principio, para que los padres expresen su no conformidad y que sean valoradas las concretas razones de la misma, lo que es algo distinto de la autorización para cada actividad».

El auto de suspensión cautelar no es firme y contra el mismo se puede interponer recursos de reposición. Estaremos atento a cómo evolucionan los acontecimientos.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ciudadanos, Discriminación, Educación, HazteOir, Homofobia, Isabel Celáa, LGTBfobia, Ministerio de Educación, Murcia, Pin parental, PP, VOX

El ministro de educación en Israel ha dicho que sus hijos no pueden ser homosexuales porque crecieron “de una manera saludable y natural”.

El ministro Rafi Peretz, quien también es jefe del partido del Hogar Judío y ex rabino jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha sido ampliamente criticado por los comentarios, que hizo en una entrevista con Yedioth Ahronoth.

Cuando se le preguntó cómo respondería si uno de sus propios hijos fuera homosexual, respondió: “Gracias a Dios, mis hijos crecieron de una manera saludable y natural. Están construyendo a sus familias a partir de los valores judíos“.

En otra parte de la misma entrevista, Peretz  rechazó el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que “una familia normal es entre un hombre y una mujer. [No] tenemos que estar [avergonzados] de que vivimos de esta manera natural”, dijo, según The Times of Israel.

El ministro de educación de Israel, Rafi Peretz, ha sido criticado por sus colegas políticos y activistas LGBT + por sus comentarios contra los homosexuales.

El representante laborista israelí Itzik Shmuli compartió una foto de sí mismo con su pareja e hijo y escribió: “Así es una familia” natural y saludable “”.

תביט, הרברפי, ככה נראית משפחה ״טבעית ובריאה״ בתוך מדינה בהפרעה שנתנה לך להיות שר החינוך שלה pic.twitter.com/ehBfca4WP5

— איציק שמולי (@ishmuli) January 10, 2020

Mientras tanto, Nitzan Horowitz, del partido Meretz, llamó a Peretz una “persona despreciable”.

רפי פרץ איש שפל. כך בוחר שר החינוך של ישראל לגרד קולות מהימין הקיצוני. בהומופוביה, בגזענות, בשנאת אדם.

מי אתה שתגיד לי איך לחיות את החיים שלי? איך להקים את המשפחה שלי? מזל שההורים שלי לא כמוך. מאחל לכל אדם הורים שונים ממך. pic.twitter.com/ndWe3rU7dw

— Nitzan Horowitz ניצן הורוביץ (@NitzanHorowitz) January 9, 2020

El ministro de Justicia, Amir Ohana, uno de los únicos políticos homosexuales del país, también desmintió a Peretz como “reprensible, atrasado y equivocado”. El político del Likud escribió: “Condeno los desafortunados comentarios del ministro Peretz, y no por primera vez. Sus comentarios no reflejan la posición del gobierno.  Crecí en una familia sana, amorosa y amorosa, y también lo son los hijos de muchas personas LGBT + en todo el país, en todo el espectro político”. El ministro de justicia agregó que las opiniones de su colega “no se basan en el conocimiento y los hechos, sino en prejuicios”.

‘Itamar Ben-Gvir (Otzma Yehudit) is not a Kahana supporter and is legitimate partner’. ‘After Israel annexes the West Bank, the Palestinians will only be able to vote in local elections’

— Tal Ofer טל עופר تل عوفر (@TalOfer) January 10, 2020

אני מגנה את דבריו האומללים של השר פרץ, ולא בפעם הראשונה. התבטאויותיו אינן משקפות את עמדת הממשלה.

זהו קרב מאסף של קולות שלשמחתי הולכים ומתמעטים בציבור הרחב. גדלתי במשפחה בריאה, טובה ואוהבת, כך גדלים גם ילדיי וילדיהם של להט״בים רבים בכל חלקי הארץ, המצויים על כל הספקטרום הפוליטי. pic.twitter.com/S3EN54JJIC

— אמיר אוחנה (@AmirOhana) January 11, 2020

Esta no es la primera vez que Peretz ha sido criticado por sus comentarios anti-LGBT +. El año pasado, creó una tormenta de controversia cuando sugirió que “es posible convertir” la orientación sexual de alguien, afirmando que “Gracias a Dios, mis hijos crecieron de una manera saludable y natural. Están construyendo a sus familias a partir de los valores judíos”.

En una entrevista con el Canal 12 de Israel, el ex maestro afirmó: “Tengo un conocimiento muy profundo de este tipo de educación y lo he hecho [a los estudiantes]”, explicando: “El objetivo es, en primer lugar, que se conozca a sí mismo bueno … y luego él decidirá “.
Retrocedió el año pasado en sus comentarios sobre la terapia de conversión.

Días después, retrocedió luego de una importante controversia y escribió: “Durante mis años como educador, me abordaron en varias ocasiones sobre cuestiones de preferencia sexual. Siempre escuché atentamente los desafíos que se me presentaron y, a veces, pedí consultas con profesionales. Sé que la terapia de conversión es inválida e incorrecta. Esta es mi posición inequívoca. Entiendo que este es un tratamiento invasivo que es dañino para la psique humana, causa más sufrimiento que alivio a las personas tratadas con él e incluso puede poner en peligro la vida de las personas y provocar tendencias suicidas. Nunca sugerí la terapia de conversión, a lo que me opongo totalmente”.

Peretz agregó que el ministerio de educación “continuará aceptando a todas las niñas y niños israelíes en Israel tal como son, sin tener en cuenta la orientación sexual”.

Miles de estudiantes salen a las calles para protestar contra el ministro de educación israelí que dijo que ser gay no es “normal o natural“

Una manifestación anterior contra el ministro de Educación de Israel, Rafi Peretz, el 14 de julio de 2019. (JACK GUEZ / AFP a través de Getty Images)

El ministro se enfrentó a una manifestación el miércoles por sus últimos comentarios incendiarios. Peretz se enfrenta a las protestas de los jóvenes, después de afirmar que sus hijos no podrían ser homosexuales porque crecieron “de una manera saludable y natural”.

Según The Times of Israel, miles de estudiantes asistieron a una protesta contra los comentarios del ministro en Tel Aviv.

אני גאה בתלמידים שיצאו להפגין כנגד שר הבורות והחושך על דבריו השפלים והפוגעניים. די במעט אור כדי להניס את החושך והם מוכיחים שהם המנהיגים של המחר. עמידה משותפת כנגד גזענות וכהניזם ולמען דמוקרטיה, ליברליזם ושוויון חשובה מכל שיעור אזרחות כשהשר שלהם דוחף לתהום ערכית וחינוכית את החברה pic.twitter.com/zdNHVKGJaN

— איציק שמולי (@ishmuli) January 15, 2020

El representante laborista israelí Itzik Shmuli en la manifestación

La organizadora Hila Koren, de 16 años, dijo: “Los ministros y políticos que se supone que lideran el país, que se supone que representan a todas las diversas comunidades y las diferentes tendencias sexuales, no pueden venir y decir lo que es normal, ellos no puede venir y pisotear comunidades enteras, personas con sentimientos y pensamientos”.

Ran Erez, de la Asociación de Maestros de Escuelas Secundarias, elogió a los jóvenes organizadores por su “postura moral del derecho de toda persona a vivir como lo desee”. Añadió: “Con sus acciones demuestran una ciudadanía práctica ejemplar”.

I’m currently protesting against #Homophobic statements by my country’s Education Minister, Rabbi Rafi Peretz pic.twitter.com/4kD7ktAn7E

— Roi Semo רועי סמו روعي سمو Ро’и Семо ሮኢ ሴሞ (@RS_Glide08) January 15, 2020

Fuente PinkNews

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La organización ultraconservadora HazteOír se ha felicitado públicamente por el acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox en la Región de Murcia para consolidar lo que Vox y HazteOír denominan «PIN parental» y que no es otra cosa que la necesidad de que los alumnos nos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir, por ejemplo, a charlas contra la LGTBIfobia que formen parte de las actividades complementarias del centro educativo. Una medida que el Gobierno murciano ya implementó el pasado mes de agosto a través de una instrucción de la Consejería de Educación. Es más, HazteOír amenaza con acudir a los tribunales contra los centros en los que se impartan este tipo de actividades y contra los activistas que participen en las mismas.

A través de un comunicado, HazteOír asegura que «va a apoyar a los padres que quieran acudir a los tribunales para defender su derecho a educar a sus hijos frente a los activistas LGTBI, las feministas supremacistas y los ideólogos de género. Y los niños tienen el derecho fundamental de no ser manipulados ni sometidos a experimentos ideológicos [sic]».

«El ejecutivo murciano ya ha anunciado que va a introducir el PIN Parental en los centros escolares. Es una excelente noticia que esperamos se traduzca en un decreto legislativo en los próximos meses. Esto es imparable: los padres ya no están dispuestos a aguantar ni un minuto más a los adoctrinadores que se cuelan en las aulas para explicar a los niños feminismo radical, ideología de género y educación afectivo- sexual a medida de la izquierda», añade la portavoz de la organización, Teresa García-Noblejas.

Pero además de defender la medida y felicitar al Gobierno de Murcia, HazteOír da un paso más y anuncia su intención tanto de seguir publicando los datos de los colegios «en los que se adoctrina» como de acudir a los tribunales si estos no ceden a su chantaje y suspenden las charlas o talleres contra la LGTBIfobia. «Ahora, cada vez que nos llega la denuncia de un caso de adoctrinamiento de género en un colegio o instituto, enviamos una carta al director del centro advirtiéndole de que han vulnerado un derecho fundamental de los padres. Si el adoctrinamiento persiste nuestra intención es invitar a los padres a acudir a los tribunales y, por supuesto, apoyarles para que puedan llevar a cabo las actuaciones jurídicas que procedan. Por ejemplo, denunciar al activista que ha impartido el taller, al director del centro educativo y al consejero de educación como responsable último», expresa el comunicado.

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Los dos partidos del Gobierno (Ciudadanos y PP)  acercan posturas con Vox para cerrar los presupuestos EFE

La traición, sobre todo, de Ciudadanos, es escandalosa. Se han entregado a VOX y los ultracatólicos… Y luego se extrañan de ser mal recibidos en la manifestación del Orgullo. Defienden los vientres de alquiler pero se despreocupan luego de los niños/as… ¡Cuánta hipocresía!

Malas noticias las que nos llegan desde la Región de Murcia.  PP, Ciudadanos y Vox han llegado a un acuerdo para reforzar a nivel normativo lo que el partido de extrema derecha denomina «PIN parental», es decir, la obligatoriedad de que los alumnos cuenten con permiso expreso de sus padres o tutores para poder asistir a charlas contra la LGTBIfobia. Una medida que lleva meses en vigor, pero a la que ahora se dará mayor cobertura normativa.

Colectivos como No Te Prives vienen impartiendo este tipo de charlas desde hace años, siempre después de que los centros lo soliciten, con objeto de prevenir el acoso por orientación sexual o o identidad de género y fomentar el respeto a la diversidad. En abril de 2018, de hecho, la Consejería de Educación anunciaba que más de 1.300 alumnos recibirían este tipo de formación en el marco de un programa organizado por la propia Consejería en colaboración con No te Prives. Un anuncio que provocó la inmediata movilización del «Foro de la Familia», que consiguió de la consejera la promesa de que la asistencia a estas charlas quedarían supeditadas a la autorización paterna (en su momento nos hicimos eco de ello). La medida no se llegó a implementar formalmente, pero tras las pasadas elecciones autonómicas, en las que el PP, Ciudadanos y Vox conformaron una mayoría parlamentaria que dio el gobierno a una coalición de los dos primeros (Ciudadanos rechazó la opción de conformar una mayoría alternativa con el PSOE) por fin se materializó. En una resolución del pasado mes de agosto de la secretaría general de la Consejería de Educación se ordenaba que todas aquellas actividades complementarias que fuesen a ser impartidas por personas ajenas al claustro de los centros que imparten educación infantil y primaria debían ser comunicadas con antelación a los padres o tutores y estos tenían que dar su autorización expresa.

La decisión del Gobierno murciano fue muy contestada en su momento por la oposición, que destacó que la resolución contravenía el Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de educación primaria en la Región de Murcia, y que establece que las actividades complementarias son obligatorias, salvo aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen de una aportación económica. El sindicato Comisiones Obreras, por su parte, interpuso recurso de alzada contra la resolución. Es por eso que ahora PP, Ciudadanos y Vox han acordado, en el contexto de la negociación de los presupuestos de la región, reforzar la medida a nivel normativo, tal y como ha confirmado el consejero murciano de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Todo apunta, según recoge el diario La Verdad, a que la trampa dialéctica que en esta ocasión usarán PP y Ciudadanos para teatralizar su «distancia» con Vox será huir de la expresión «PIN parental», tan del agrado de la extrema derecha y de colectivos ultraconservadores como HazteOír. «Más allá de como lo llamemos, sea ‘pin parental’ o formulario de autorización expresa para actividades complementarias, en lo que sí hay un consenso entre los tres partidos es en que haya libertad por parte de los padres de poder autorizar o no a sus hijos cuando imparte una charla alguien que es ajeno al centro, con independencia de los que se dé», ha declarado Celdrán.

La ley regional contra la LGTBIfobia, papel mojado

Por supuesto, ni la resolución del pasado agosto ni lo que se ha adelantado del acuerdo sobre este punto entre los tres partidos de la derecha murciana menciona en ningún momento las siglas LGTBI, pero a nadie se le oculta que su objeto no es otro que el de desnaturalizar las charlas contra la LGTBIfobia, dando así cumplimiento a las exigencias de Vox.

Se da la curiosa circunstancia de que Murcia aprobó en 2016 una ley regional contra la discriminación por LGTBIfobia  (cuyo texto íntegro puedes descargar aquí) que recoge de forma expresa una ambiciosa batería de medidas educativas. «Se integrará la educación en valores de igualdad, diversidad y respeto desde la Educación Infantil hasta la enseñanza obligatoria, explicando la diversidad afectivo sexual desde las edades más tempranas, eliminando los estereotipos de “normalidad” basados en la heterosexualidad como la única orientación sexual válida y admitida, haciendo comprensible para todos las diferencias entre identidad sexual, expresión de género y orientación sexual. Se fomentará la utilización en la escuela de recursos pedagógicos (juguetes, juegos, libros, material audiovisual), que fomenten la igualdad entre todas las personas con independencia de su identidad sexual, orientación sexual y su expresión de género», expresa por ejemplo el artículo 25.2 de dicha norma.

Volvemos a insistir, como venimos haciendo desde que en diciembre de 2018 Vox irrumpiera en el Parlamento andaluz y se convirtiera, apenas un año más tarde, en la tercera fuerza política de España: el problema no es tanto el programa concreto de la formación de extrema derecha (que por el momento no puede imponer en su totalidad) como la consolidación de una agenda marcada por sus demandas. Su blanqueamiento por parte de numerosos medios de comunicación y la actitud de PP y Ciudadanos, que no han tenido el más mínimo impedimento moral a la hora de apoyarse en ellos en diversas comunidades y numerosos ayuntamientos, colocan al colectivo LGTBI, y especialmente a sus grupos más vulnerables (como los menores, en este caso) en una situación complicada. Medidas como el «PIN parental» contribuyen a crear un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales. También supone el empoderamiento de los elementos más reaccionarios de la comunidad educativa. Confiemos en que desde el Gobierno de España y desde el Congreso de los Diputados se ejerza suficiente contrapeso.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. CC OO, Ciudadanos, Discriminación, Educación, Foro de la Familia, Homofobia, Javier Celdrán, La Verdad, LGTBfobia, Murcia, No Te Prives, Pin parental, PP, VOX

José María Castillo: “La política, más que acierto, astucia, saber y firmeza, es sobre todo bondad y ejemplaridad”

Este lunes, 30 de diciembre, el presidente en funciones Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) hacían público el programa del que será primer gobierno de coalición de la historia democrática española, siempre que finalmente el líder del PSOE consiga la confianza del Congreso de los Diputados en la sesión de investidura que tendrá lugar los próximos días 4, 5 y 7, lo que a los diputados derechistas y ultraderechistas les ha parecido fatal porque rompe sus vacaciones y se perderán la Cabalgata (¡¡¡lo que hay que ver!!!)… En dicho acuerdo encontramos compromisos muy importantes acerca del avance de los derechos LGTBI en España.

Las medidas más significativas se enumeran en el apartado 5.12 del documento, que reproducimos literalmente:

5.12.- Un País Orgulloso de su Diversidad.

Impulsaremos la aprobación de un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.
• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.
• Una Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.
• Combatiremos la discriminación de las personas LGBTI en el deporte.
• Adoptaremos políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la permanencia en la educación y en el empleo de la población gitana.
• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial protección.
• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.
• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Es importante destacar, además de la intención de aprobar una ley contra la discriminación de las personas LGTBI, que estaba presente en los programas de ambas formaciones y que se daba por descontada, la promesa de aprobar una ley trans específica, incluyendo el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género y la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes que, por supuesto, no deje de lado a los niños y niñas trans.

También nos parece fundamental, en el apartado educativo (el 2.1), la promesa de «potenciar la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo, conforme a un enfoque de derechos, de igualdad y libertad». Confiemos en que dicha promesa se articule en la legislación estatal de forma que retrocesos como el «PIN parental», que los gobiernos regionales de derecha están promoviendo en comunidades como Murcia y Andalucía, queden invalidados.

Esperamos que estas medidas se hagan realidad de la forma más rápida posible. Es urgente recuperar el terreno perdido después de que durante la legislatura 2016-2019, ya sin mayoría absoluta del Partido Popular pero que controlaba la mesa del Congreso con Ciudadanos, éstos bloqueasen dos iniciativas que resultaban fundamentales para aumentar la protección contra la discriminación del colectivo LGTBI, en general, y de las personas trans, en particular. Por un lado, la proposición socialista para reformar la ley 3/2007 de identidad de género, registrada en febrero de 2017, que eliminaba la necesidad de un diagnóstico de «disforia de género» para proceder a la rectificación registral y facilitaba el acceso a esta de las personas extranjeras y de los menores transexuales (sin necesidad de intervención judicial). Por otro, la proposición de ley de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI registrada en mayo de 2017 por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tras más de un año de trabajo en su elaboración por parte de la FELGTB.

Los responsables del fracaso fueron, PP y Ciudadanos, los dos partidos que controlaron durante aquella legislatura la Mesa del Congreso y que dispusieron de una amplia capacidad de condicionar el calendario legislativo. Las sucesivas ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, triquiñuela que ambos partidos utilizaron para mantener durante meses el bloqueo, retrasaron hasta febrero de 2018 el inicio real de la discusión parlamentaria. La FELGTB llegó a denunciar  la eliminación, en el plazo de prsentación de enmiendas, de buena parte del articulado relativo a los derechos de las personas trans. «No vamos a aplaudir una legislación que no reconozca derechos fundamentales, como el de autodeterminación, para una parte de nuestro colectivo», aseguraba entonces  su presidenta, Uge Sangil.

Tras dos elecciones generales más, sin que haya sido posible salir del bloqueo político, parece que por fin el engranaje se pone de nuevo en marcha. Al no explicitarse en el programa conjunto PSOE-Unidas Podemos que las leyes LGTBI y trans serán acordadas con el activismo, habrá que estar atentos muy especialmente ante los enemigos de los derechos de las personas trans, sean en forma de reacción ultraconservadora, sean en forma de supuestas reivindicaciones «feministas» transexcluyentes.

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Religión Digital

General, Historia LGTBI Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, Educación, En Comú Podem, En Marea, FELGTB, Homofobia, Identidad de género, LGTBfobia, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Personas transgénero, Pin parental, PP, PSOE, Transexualidad, Transfobia, Uge Sangil, Unidas Podemos, Unidos Podemos

Los carteles, de estética infantil e inspiración católica, aunque sin firma reconocible, identifican al movimiento LGTBI con una manzana envenenada y un dragón que ataca hogares formados por familias heteroparentales cristianas. El movimiento feminista o la Memoria Histórica también han sido objetivo de los ultras en estos impresos.

La LGTBIfobia parece haberse instalado en el día a día de los murcianos, reforzada tras la victoria de la ultraderecha en las pasadas elecciones generales en la Región de Murcia. Si justo tras conocerse los resultados aparecían pintadas homófobas y amenazantes contra un alcalde pedáneo, ahora la Navidad se tiñe de odio en algunos centros escolares, como el Instituto de Educación Secundaria Floridablanca o el Colegio concertado Santa María del Carmen, en cuyas inmediaciones se han podido encontrar carteles en los que se ataca al colectivo LGTBI, al movimiento feminista o a la Memoria Histórica.

Los carteles alertan del «peligro» del movimiento LGTBI en dos versiones distintas. En una, la manzana de Blancanieves adquiere los colores de la bandera arcoíris bajo las leyendas «¡cuidado!» y «veneno» bajo la mirada de la bruja del cuento. En otra versión, un dragón escupe llamas arcoíris contra una casa coronada por la imagen de una virgen en la que vive una familia heteroparental con hijos. En esta ocasión las leyendas rezan «firme fe» y «resistencia».

Otros carteles también invitan a «darle la vuelta al feminismo», transformando el símbolo de la lucha por los derechos de la mujer en un hogar copado por la cruz cristiana. En otra versión se reivindica la Memoria Histórica únicamente como los asesinatos de religiosos y quema de iglesias durante la Guerra Civil.

Un acto de odio que no solo supone un ataque a la comunidad LGTBI y a los símbolos que nos representan. Supone sobre todo la creación de un clima hostil al alumnado LGTBI, hacia los que puedan ser percibidos como pertenecientes al colectivo sin serlo, o a los hijos de parejas homoparentales, todos en su mayoría menores de edad en estos centros. También supone el empoderamiento de los integrantes homófobos de dichos centros o comunidades educativas. Hay que recordar que la LGTBIfobia es una de las principales causas de acoso escolar o bullying y se encuentra entre las causas fundamentales de delitos de odio en España.

En el caso de la Región de Murcia, además, La LGTBIfobia condiciona de forma significativa la actividad educativa, especialmente después de que el Gobierno regional haya cedido ante Vox e impuesto lo que la formación de extrema derecha denomina «pin parental» para la asistencia a charlas sobre diversidad sexual y de género.

Fuente Dosmanzanas

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La Junta de Castilla y León ha suspendido la puesta en marcha en los centros escolares de la comunidad del protocolo de atención al alumnado trans, cuya implementación debía continuar este año tras haber sido puesto en marcha de forma experimental en algunos centros el curso pasado. La decisión, que tiene lugar como reacción a la denuncia interpuesta por la organización «Abogados Cristianos» ha sido fuertemente criticada por la Federación LGTB+ de Castilla y León, para la que el hecho supone el primer retroceso en derechos del colectivo LGTBI en España desde la aprobación del matrimonio igualitario.

Según detalla el diario ABC, la decisión de la Consejería de Educación de Castilla y León, dirigida por la popular Rocío Lucas, fue adoptada después de que el Tribunal Superior de Justicia de la región admitiese a trámite una demanda de Abogados Cristianos contra la propia Consejería, y a pesar de que dicha admisión no suponía su suspensión cautelar, como pedían los demandantes. Se trata, por tanto, de una decisión política, y no de una imposición de la justicia. Según el diario conservador, la Consejería ha optado por paralizar la implantación del protocolo a la espera de que la justicia se pronuncie. Un protocolo que había sido desarrollado en la anterior legislatura, con Fernando Rey como consejero de Educación, y que marcaba una serie de pautas de actuación a los centros públicos y concertados que contasen con alumnado trans en sus aulas.

«La retirada del protocolo es un hecho gravísimo en el avance de los derechos LGTB+ en nuestro país, pues es la primera vez desde 2005, con la aprobación del matrimonio igualitario, que desde las instituciones se recortan derechos o protección al colectivo LGTB+», señala la FECyLGTB+, Federación LGTB+ de Castilla y León, en un comunicado hecho público este sábado. La organización, eso sí, considera que lo sucedido «no es una sorpresa», después de que hace un mes PP y Ciudadanos, los partidos gobernantes en Castilla y León, unieran sus votos a los de Vox para bloquear definitivamente la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos (y que Ciudadanos sí que apoyó durante la anterior legislatura) para impulsar en su lugar un texto propio en el se recorta de forma significativa la protección a las personas trans que contemplaba el anterior proyecto. «Hoy no podemos dudar que esto es un ejemplo de lo que pretenden hacer», se lamentan desde la FECyLGTB+. «Si algo ha demostrado la retirada de este protocolo es que necesitamos leyes que nos protejan, incluso, frente a las decisiones del Gobierno de la Junta. Si hubiésemos logrado la aprobación de la ley, no podrían haber retirado este protocolo», añaden.

«¿Qué podemos esperar de una futura ley de igualdad alternativa a la de los colectivos a instancias de PP y Ciudadanos si antes de empezar a trabajarla siquiera revocan un protocolo fundamental para los menores trans? Nada. Todo apunta a que se trata de una trampa cínica», se lamenta Amanda Azañon, presidenta de Lesgávila y portavoz trans de la FECyLGTB+. «Vivimos un hito que sinceramente, da miedo. Por primera vez desde 2005, se están recortando derechos conseguidos por el colectivo LGTB+ y se hace, precisamente, contra los más débiles y en la comunidad que menos ha avanzado en derechos e igualdad LGTB+. Desde aquí pido a toda la sociedad que tome conciencia de lo que esto significa, que salte la alarma: cuando se empieza a recortar en derechos, tarde o temprano, se recortarán los derechos de todas y todos», ha subrayado por su parte Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. ABC, Amanda Azañón, Asociación Española de Abogados Cristianos, Castilla y León, Ciudadanos, Discriminación, Educación, FECyLGTB, Fernando Rey, Ignacio Paredero, Lesgavila, LGTBfobia, Personas transgénero, PP, Rocío Lucas, Transexualidad, Transfobia, VOX

Buenas noticias para la educación en la diversidad afectivo-sexual y de género en el Reino Unido. Un juez de la Alta Corte de Justicia de Inglaterra y Gales ha confirmado la prohibición de manifestarse frente al colegio de primaria Anderton Park de Birmingham. El centro, que desarrolla un proyecto piloto para la enseñanza de la realidad LGTBI, ha sido objeto de protestas continuadas que tuvieron lugar frente a sus puertas durante meses. El ayuntamiento de Birmingham prohibió las concentraciones por difundir falsedades y perturbar el funcionamiento de las clases, hasta el punto de que varios docentes han necesitado tratamiento psicológico. Ahora la justicia inglesa ratifica la exclusión.

El colegio de educación primaria Anderton Park fue uno de los escogidos para un programa piloto de implantación de los nuevos contenidos aprobados en el ámbito de la educación sexual y relacional («Relationship and Sex Education»). El nuevo currículo, que entrará en vigor en todos los centros escolares ingleses en el curso escolar 2020-2021, profundiza en la enseñanza de la diversidad afectivo-sexual y de género, añadiendo conceptos como la existencia de diferentes modelos de familia.

Las protestas contra la medida comenzaron a principios de este año. Varios cientos de manifestantes, algunos de ellos padres de alumnos del colegio, se congregaron regularmente a sus puertas para exigir la retirada del nuevo plan de estudios. Basaron su rechazo en sus creencias musulmanas, religión a la que se adhiere la mayoría de los habitantes de la zona. Grupos cristianos apoyaron la lucha contra la reforma educativa con una recogida de firmas en línea que alcanzó los 100.000 apoyos.

Las concentraciones alcanzaron tal magnitud y continuidad que empezaron a perturbar el normal desarrollo de la actividad docente. Las consignas de las pancartas, repetidas por megáfonos («Mi hijo, mi decisión» o «Adán y Eva, no Adán y Esteban»), así como las amenazas, obligaron a los profesores a impartir clase con las ventanas cerradas e impidieron con frecuencia a los alumnos salir al patio. Más de veinte empleados del colegio necesitaron tratamiento por trastornos de ansiedad y del sueño provocados por la situación.

En mayo, el ayuntamiento de Birmingham decidió tomar cartas en el asunto y aprobó un decreto para prohibir de manera provisional las concentraciones junto a la escuela. El pasado martes, el juez de la Alta Corte de Justicia Mark Warby emitió una sentencia en la que declara permanente la prohibición. Warby argumenta que los manifestantes difunden informaciones «falsas y dañinas», como que el centro «sigue una agenda pedófila» o que «enseña a los alumnos a masturbarse». El fallo condena también a los organizadores de las protestas, que han anunciado que recurrirán, a pagar el 80% de las costas judiciales.

De la sección 28 a la educación en la diversidad

La educación en la diversidad afectivo-sexual y de género ha sido desde hace décadas un asunto candente en el Reino Unido, a menudo utilizado como arma arrojadiza. En 1988, el Gobierno de Margaret Thatcher adoptaba la sección 28, que vetaba a las autoridades locales británicas «promover intencionadamente la homosexualidad o publicar material cuya intención sea la promoción de la homosexualidad», así como «promover la enseñanza en los colegios públicos de la aceptación de la homosexualidad como una supuesta relación familiar». En la práctica, la legislación prohibía a los profesores hablar de homosexualidad en clase o combatir el acoso LGTBfobo.

El Gobierno de Tony Blair derogó la ley en 2003 y los conservadores han pedido perdón públicamente por aprobarla. Diez años después, sin embargo, la polémica saltaba de nuevo al conocerse que varios colegios concertados prohibían expresamente en sus currículos la «promoción de la homosexualidad». Las protestas actuales, que probablemente se multiplicarán cuando entre en vigor el nuevo plan de estudios, confirman que la completa normalización de la enseñanza de la realidad LGTBI está aún lejos de alcanzarse.

Fuente Dosmanzanas

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La organización ultraconservadora ha mandado cartas, formularios del documento bautizado por los extremistas como «PIN parental» y un manual «contra el adoctrinamiento de género» a 23.000 colegios de toda España. Los últimos centros en recibir este material han sido los centros de Galicia.

HazteOír protagonizó el pasado mes de septiembre su particular ‘Vuelta al cole’ contra la diversidad afectivo-sexual y de género poniendo nuevamente en el foco de su batalla a los menores. La organización ultraconservadora, a la que el Gobierno retiró el estatus de utilidad pública el pasado mes de febrero, elaboró y envió un kit a 23.000 centros escolares de toda España (públicos y concertados) y a sus Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Ampas). Este incluye una carta dirigida a la dirección y profesorado del centro en la que se insta a mostrar una actitud combativa ante lo que ellos definen como «adoctrinamiento en ideología de género».

Un «adoctrinamiento» que viene dado, según la organización, por los cursos de Educación sobre Diversidad Afectivo-Sexual y de Género que asociaciones LGTBI imparten a petición de numerosos centros de enseñanza en horario lectivo. Una capacidad reconocida en la LOMCE para que los centros educativos, basados en su propia autonomía, decidan qué formaciones resultan adecuadas para impartir dentro del horario escolar. En este sentido, el kit también incluye un formulario de «PIN parental» para que los padres exijan conocer los contenidos impartidos por cada curso o taller establecido dentro del horario del centro y que sea impartido por personal externo, así como tener la capacidad de que sus hijos e hijas acudan o no a estas formaciones. En la inmensa mayoría de las comunidades autónomas esta exigencia no es válida, pero tras las presiones de Vox para investir un Gobierno autonómico, el Ejecutivo de la Región de Murcia se plegó ante la formación de ultraderecha e implantó la autorización obligatoria de los padres o tutores para que los alumnos puedan acudir a este tipo de actividades. De la misma forma, PP y Ciudadanos han pactado su implantación en Andalucía.

El kit se completa con un extenso manual en el que HazteOír ridiculiza y ataca a la diversidad sexual, a las formaciones que imparten los cursos y a las personas que se sienten sensibilizadas con la causa. En uno de los folletos de la misma campaña, «Mis hijos, mi decisión: Protege a los niños del adoctrinamiento en ideología de género», la organización ultraconservadora llega a asegurar que «existen planes oficiales de adoctrinamiento en las aulas que contemplan iniciar a niños y niñas de 0 a 6 años en juegos eróticos». No es la primera vez que se utiliza esta técnica por parte de HazteOír, que en el logotipo que exhibe en su web se define como «víctima de la ideología de género». Ya en el año 2016 realizó otro envío masivo a centros docentes con material homófobo atacando los progresos de las leyes LGTBI en los parlamentos autonómicos. Acción que ya le costó a la plataforma ultra denuncias y aperturas de diversos expedientes.

Un envío de material que busca apartar al alumnado general del conocimiento y respeto a la diversidad sexual y de género, y que además tendrá consecuencias directas sobre el alumnado LGTBI, al que hará más difícil encontrar el apoyo que necesita en unas etapas de su vida en las que este hecho diferencial les puede llevar a la soledad, a ser víctimas de acoso por sus compañeros y, en múltiples ocasiones, a pensar en el suicidio.

Ante este hecho, la Federación de Enseñanza del sindicato Comisiones Obreras (CC. OO.) interpuso a finales de septiembre una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por difundir materiales que «incitan al odio» en centros escolares. La rama educativa del sindicato pidió a la Fiscalía que impidiese su reparto a los centros escolares.

Llega dos meses después a Galicia

Lamentablemente, la medida adoptada por CC. OO. no impidió que dos meses después el material de HazteOír llegase a la comunidad educativa gallega. Desde el colectivo de Vigo Nós Mesmas han denunciado la llegada «masiva» de este material a todos los centros en los que trabaja la Rede Educativa de Apoyo LGTBIQ+. Nós Mesmas está a la espera de un rechazo público de la Xunta de Galicia y la Consellería de Educación a este material, claramente contrario a la legislación vigente gallega como la Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres vigente hasta 2020 o el Protocolo de Atención a Menores Trans de 2017.

Por eso, Nós Mesmas ha pedido a la Xunta una condena pública más allá del apoyo en privado y una guía de actuación para todos los centros y Ampas que reciban la documentación de HazteOir.

Educación al gusto de la ultraderecha

«Es como si unos padres que creyeran en el creacionismo pidieran el ‘PIN parental’ cuando se va a explicar a Darwin en Ciencias Naturales, o que los que creen que la Tierra es plana pudieran disculpar la ausencia de sus hijos a clase de Geografía», expuso el secretario general de la Federación de Enseñanza de CC. OO., Francisco García, al interponer la denuncia. La responsable del gabinete jurídico de este organismo, Carmen Perona, también destacó que la recepción de este material ha provocado «tensión» y «miedo» entre algunos directores y directoras de centros y responsables de Ampas.

En cualquiero caso, el éxito de los ultraconservadores, tanto en su vertiente de organización social (HazteOír) como en su vertiente política (Vox), es haber situado en el debate su idea de «PIN parental», contrario a una ley educativa vigente, la LOMCE, en sus apartados de autonomía de los centros educativos, de atención a la diversidad y educación en valores. Un elemento que por el momento solo parece instaurado en la Región de Murcia (y próximamente en Andalucía), pero tras este movimiento de los ultras parece que será el caballo de batalla en todos los territorios de España donde tengan presencia o puedan condicionar un Gobierno.

Desde diversos colectivos LGTBI se critica que, si finalmente los postulados de los ultraconservadores se imponen, solo acudirán a las charlas de diversidad los alumnos pertenecientes a la comunidad LGTBI y los que ya estén concienciados, dejando fuera a los que necesitan aprender que la diversidad sexual y de género es un aspecto que enriquece a nuestra sociedad y que en ningún aspecto debe considerarse como algo negativo. Otra manera de perpetuar la homofobia, bifobia y transfobia en nuestra sociedad, lanzándoles a las personas LGTBIfobas el mensaje de que su odio está justificado y es aceptable.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. AMPA, Andalucía, Carmen Perona, CC OO, Discriminación, Educación, FE-CC OO, Francisco García, Galicia, HazteOir, Homofobia, LGTBfobia, Murcia, Nós Mésmas, Pin parental, Transfobia, VOX

Francisco Igea (Ciudadanos), a la izquierda, y el Presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), a la derecha,

Ampliamos la noticia que publicábamos hace unos días porque ilustra perfectamente a qué estamos abocados con la irrupción de la extrema derecha blanqueada por el partido Popular y Ciudadanos. Y lo hacemos cuando se cumple hoy, un año más, el aniversario de la muerte del siniestro dictador Francisco Franco. Pues bien, ha vuelto en cada voto a la extrema derecha. Aviso a navegantes…

Se cumplieron los peores temores. PP, Ciudadanos y Vox han rechazado en las Cortes de Castilla y León la toma en consideración de la proposición de ley de igualdad LGTBI presentada por los colectivos castellanoleoneses, y que durante la pasada legislatura Ciudadanos sí que había apoyado. Los naranjas apuestan definitivamente por ir de la mano del PP para aprobar un texto recortado, especialmente por lo que a medidas en educación y menores trans se refiere.

Ya el pasado septiembre recogíamos la marcha atrás de Ciudadanos, que tras apoyar la proposición de ley presentada por los colectivos en la pasada legislatura (y que estos volvieron a registrar una vez iniciada la nueva legislatura de la mano de los grupos socialista y mixto), daban un giro de 180 grados. Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en la región, ponía incluso cifras al recorte, al asegurar que la propuesta del Gobierno regional recogería «un 70%» de lo incluido en la proposición de los colectivos. En efecto, en octubre conocíamos que la Junta de Castilla y León se oponía a la toma en consideración del texto propuesto por los colectivos, un rechazo que esta semana se ha materializado en las Cortes regionales, donde PP, Ciudadanos y Vox han unidos sus votos para darle carpetazo.

Un rechazo que la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FECyLGTB+) considera que solo se puede entender, en el mejor de los casos, «como un intento de colgarse medallas políticas que no merecen ni PP ni Ciudadanos, presentando una ley propia con recortes para silenciar la ley de los colectivos LGTB+ de la comunidad», y en el peor de los casos «por un interés ideológico del Partido Popular y Vox, con la aquiescencia de Ciudadanos, que pretenden recortar aspectos claves de los derechos LGTB+ en Castilla y León». «Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas», ha asegurado su presidente, Ignacio Paredero. «Uno de los aspectos fundamentales de nuestra ley es garantizar los derechos trans, la atención sanitaria integral, la despatologización, la libre autodeterminación de género y los derechos de los menores transexuales. Todo eso está garantizado en nuestra ley, pero en el borrador de la Junta no. Mucho nos tememos que el bloqueo de hoy tiene que ver con esto», añadía Amanda Azañón, presidenta de Lesgávila, una de las entidades miembro de la FECyLGTB+”.

Los recortes que planean PP y Ciudadanos sobre el texto de los colectivos

Como comentamos en la anterior entrada que dedicamos a este tema, más allá de cálculos numéricos sobre el «porcentaje» de recortes que el texto que propone la Junta supone respecto al propuesto por los colectivos, llaman la atención aspectos como:

• la desaparición del protocolo ginecológico para mujeres lesbianas y bisexuales previsto en el artículo 15 del proyecto de los colectivos.
• la desaparición del «Centro Memoria Democrática y Documentación de la Diversidad Sexual y de Género de Castilla y León» previsto en el artículo 33 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación explícita de la revisión de contenidos que impliquen discriminación o violencia contra la diversidad sexual en el colegio prevista en el artículo 25 del proyecto de los colectivos, y su sustitución por una mención genérica al uso de «recursos materiales, audiovisuales, libros de texto o cualquier otro tipo de soporte que promueva el respeto a la diversidad sexual y de género». 
• la eliminación de dos asignaturas optativas de oferta obligatoria (Derechos Humanos en primaria y Educación Sexual en secundaria) previstas también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la no concesión de subvenciones o conciertos a los centros educativos que discriminen a sus alumnos por razón de su diversidad sexual y de género o su diversidad familiar, prevista también en el artículo 25 del proyecto de los colectivos.
• la eliminación de la obligatoriedad del protocolo de prevención del acoso escolar por diversexfobia en todos los centros educativos previsto en el artículo 27 del proyecto de los colectivos.

Pero quienes llevan la peor parte, con diferencia, son las personas trans, y muy especialmente los menores, que ven claramente mermados sus derechos respecto a la propuesta de los colectivos. Algunos ejemplos:

• Desaparece la definición de amparo legal para los menores trans que contempla el artículo 9 del proyecto de los colectivos («el amparo de los menores en la presente ley se producirá por mediación de sus tutores o guardadores legales o a través de servicios sociales de protección de los menores cuando se aprecie la existencia de situaciones de sufrimiento e indefensión por negación abusiva de su identidad de género»).
• Desaparece el derecho de las personas trans a una segunda opinión en el ámbito sanitario que contempla el artículo 12 del proyecto de los colectivos (derecho a «solicitar, en caso de duda, una segunda opinión a otro miembro del personal médico antes de acceder a tratamientos o intervenciones quirúrgicas con efectos irreversibles»).
• Desaparece la eliminación expresa de la necesidad de un examen psicológico o psiquiátrico específico para personas trans que precisen asistencia psicológica, y que contempla también el artículo 12 del proyecto de los colectivos («La asistencia psicológica a las personas trans será la común prevista para el resto de los usuarios del sistema sanitario, sin que quepa condicionar la prestación de asistencia sanitaria especializada a las personas transexuales a que previamente se deban someter a examen psicológico o psiquiátrico»).
• Se incluye un requerimiento de acuerdo por parte del médico para que las personas transexuales puedan someterse a determinados procedimientos quirúrgicos sin previo tratamiento hormonal, requerimiento que no está contemplado en el proyecto de los colectivos.
• Se modifica la capacidad de consentimiento de los menores trans sobre el tratamiento médico oportuno para garantizar que su desarrollo se corresponda a su sexo sentido, otorgándose un papel preponderante al Ministerio Fiscal «como superior garante de los derechos de la infancia» cuando alguno de los representantes legales del menor se oponga.
• Se subordina el derecho de las personas trans a ser nombradas y tratadas por el sistema sanitario de acuerdo con el género con el que se identifican a que antes se proceda a una actualización de su documento de identificación, «de modo
  que pueda asegurarse la adecuación de todos y cada uno de los sistemas de información, que recogen datos clínicos de las personas».

Especialmente peligrosa es la introducción, en el borrador de proyecto de ley del Gobierno regional, de la garantía de que en las actividades educativas diferenciadas por sexo los menores trans usarán las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género «atendiendo de manera personalizada las necesidades de cada alumno o alumna» en lugar de la garantía prevista en el proyecto de los colectivos, según la cual estos podrían usar las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluidos los aseos y vestuarios. Una redacción que abre la puerta a los baños diferenciados para menores trans, un elemento claramente discriminatorio.

Conversaciones de la Junta con grupos ultraconservadores

Son solo algunos de los elementos que diferencian la proposición de los colectivos ahora rechazada por Ciudadanos, pero que en su momento contó con su apoyo, y la que ahora hace la Junta de Castilla y León, en manos de PP y de la formación naranja. Recortes que según ha denunciado en diversas ocasiones la FECyLGTB+ fueron en parte negociados durante la pasada legislatura por el PP con grupos contrarios a los derechos LGTBI. De hecho el propio presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha ofrecido a la organización ultraconservadora HazteOír una reunión con su consejera de Educación para discutir sobre su petición de que los centros educativos deban pedir permiso a los padres para que sus hijos acudan a cualquier actividad relacionada con la materia (algo que la extrema derecha de Vox ya ha arrancado a los gobierno de Murcia y de Andalucía, también de coalición entre PP y Ciudadanos).

También es reseñable la operación urdida por grupos ultraconservadores, que consiguió inundar de comentarios contrarios a cualquier tipo de proyecto de ley LGTBI la web que permite a los ciudadanos de Castilla y León dar su opinión sobre normas que se van a discutir en las Cortes regionales. De hecho, HazteOír, que se ha felicitado de lo sucedido esta semana, ha manifestado que si la ley LGTBI no ha sido aprobada en Castilla y León «es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias».

Fuente Dosmanzanas

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PP y Cs ven redundante la proposición de ley de diversidad sexual y garantizan “la mejor” para esta legislatura. PSOE y Podemos consideran que era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

La Federación Castellana y Leonesa LGTB denuncia que el borrador de Ciudadanos y Populares tiene recortes de derechos que fueron pactados con grupos anti LGTBI como el Foro de la Familia.

El PP, Cs y VOX han rechazado este miércoles en las cortes de Castilla y León tramitar una proposición de ley de igualdad y derechos del colectivo LGTB+. Se trata de una propuesta de ley que fue apoyada por todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP en la última legislatura, pero que no terminó su trámite de aprobación.

En septiembre pasado la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales (FECyLGTB+) volvió a registrar el texto para que fuera debatido y aprobado en el pleno, pero para sorpresa de este colectivo el texto no contó con la adhesión de Ciudadanos.

El pleno de este miércoles la posición del partido naranja se hizo patente. Partido Popular y Ciudadanos rechazaron (junto con Vox) el texto propuesto, que fue respaldado por PSOE y UP-Ecuo. Finalmente la proposición de ley se desestimó por un estrecho margen.

La portavoz del Grupo Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, y la procuradora del PP María del Carmen Sánchez Bellota han coincidido al rechazar la tramitación de la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género defendido este miércoles por el Grupo Socialista y por parte del Grupo Mixto (el procurador de Vox también ha votado en contra) por considerar que es “redundante” respecto al proyecto de ley que prepara la Junta de Castilla y León y en el que han constatado un grado de coincidencia del 80% respecto al impulsado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

Registro de la proposición de ley sobre respeto a la diversidad sexual y de género en las Cortes, el 11 de septiembre. / M. Chacón-Ical

Durante el debate los representantes de Ciudadanos y PP afirmaron que están trabajando en un texto que será “la mejor ley que haya en una comunidad autónoma española”, y que estará alejada de “sectarismos”. Tras rechazar la “duplicación innecesaria” e “inútil” del trabajo parlamentario, tanto Amigo como Sánchez Bellota han apelado al acuerdo de gobierno suscrito entre PP y Ciudadanos para garantizar que Castilla y León contará esta legislatura con una Ley LGTBI “avanzada y de consenso”, “con todas las garantías jurídicas que merece el tema, sin vulnerar derechos y para todos”.

Por su parte, tanto la viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, como la procuradora de Podemos-Equo, Laura Domínguez, han coincidido al defender que la proposición de ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género impulsada por los colectivos LGTBI era “el mejor punto de partida” sobre el que trabajar después para mejorar el texto final.

Barcones ha acusado al PP de haber devuelto “a la casilla de salida” este texto que se intentó tramitar en la anterior legislatura, entonces con el apoyo de Ciudadanos, y ha sido tajante al advertir al equipo de gobierno conjunto que ya no engañan a nadie ya que han sido los primeros en reunirse con los colectivos que abogan por el denominado pin parental a los que otras comunidades “han cerrado la puerta”. “Es lo único en lo que vais a ser los primeros”, ha ironizado Barcones que ha apelado “al último acto de coherencia” de Ciudadanos “antes de la desaparición final” para que no dejasen “tirados” a los colectivos LGTBI y permitiesen la tramitación de su proposición de ley.

Domínguez ha ironizado sobre las “excusas” del informe emitido por la Junta de Castilla y León en contra de la tramitación de la proposición de ley, la ausencia de una memoria presupuestaria que estime el coste de las medidas y de las modificaciones de la estructura orgánica y la duplicidad parlamentaria, y ha advertido de que la sociedad tiene en frente “el ruido de la extrema derecha”, en referencia a los gritos de “a por ellos” que se escucharon en la sede nacional de Vox el domingo 10 de noviembre. “Este país es diverso y plural, es mejor que ellos, frente a su odio en la sociedad cabemos todos”, ha defendido Laura Domíngue

Cabe recordar que el texto debatido este miércoles en las cortes castellano-leonesas fue elaborado por los colectivos LGTBI en 2016 y negociado con las distintas fuerzas parlamentarias a lo largo de la anterior legislatura. Para su elaboración, tomaron como base una ley promovida por el PP en Extremadura y que dicha comunidad aprobó en 2015, cuando gobernaban los populares.

Tal como explica a Público Ignacio Paredero, presidente de la Federación LGTB+ de Castilla y León, “el texto fue intensamente negociado para alcanzar un amplio consenso e incluso renunciamos a algunas posturas en aras de su aprobación. El Partido Popular estiró los plazos todo lo que pudo y finalmente el texto no se aprobó en anterior legislatura”.

Por eso, afirma Paredero, “lo hemos presentado pronto y esperábamos contar con el apoyo de los mismos grupos que la legislatura pasada. Ciudadanos nos dijo que lo apoyarían, pero en el momento de registrarlo no aparecieron y nos dijeron que habían decidido apoyar un texto que van a impulsar con el PP. Esa que dicen ahora que va a ser la mejor ley del universo. Que es una cosa demencial. Porque el borrador que ellos manejan incluye recortes que han negociado con grupos anti LGTBI, como el Foro de la Familia”.

Tanto PP como Ciudadanos se afanaron en explicar que se oponen al actual texto para no “duplicar esfuerzos” y que el proyecto de ley que están elaborando “tiene un grado de coincidencia del 80%” respecto al presentado por la oposición de la mano de la Federación Regional LGTBI.

La clave, tal como afirman en la FECyLGTB+, es que si el texto que elaboran los populares con Ciudadanos coincide en un 80% con el presentado por la Federación, ¿cuál es el 20% de los derechos que no se van a recoger? ¿Qué derechos van a quedar fuera?

Paredero lo tiene claro. “Hay temas que el PP no quiere tocar, y que son derechos amplios. El tema de transexualidad y el de la educación. Los populares se oponen a garantizar por ley la atención a los transexuales como un derecho recogido en la comunidad autónoma, ni a incluir sus necesidades en el catálogo de servicios. Lo quieren dejar en un protocolo que no de derecho a nada. También está el tema de la patologización, puesto que en el borrador al que tuvimos acceso la legislatura pasada, daban a los médicos la decisión sobe varios temas clave”.

Este activista afirma que la FECyLGTB+ no colaboró en la elaboración del texto que ahora Ciudadanos y populares “afirman que será maravilloso. Lo que hicieron fue coger nuestro texto y lo recortaron para eliminar o modificar las cosas que a ellos les preocupa”.

Según Paredero, “tras cuatro años de trabajo, lucha y esfuerzos, hoy vemos como Ciudadanos se pliega a la estrategia del PP y bloquea nuestra Ley. En el mejor de los casos, esto es una maniobra partidista para ponerse medallas que no les corresponden, negando la lucha de los colectivos. En el peor, es un intento de recortar derechos claves para el colectivo que el PP nunca ha querido garantizar. Mucho nos tememos que, en el fondo, nos vamos a encontrar con ambas cosas”.

Por su parte, el lobby de la extrema derecha se ha felicitado. HazteOir.org invitó a los ciudadanos a llamar a la presidencia de la Junta.  La portavoz de HazteOir.org, Teresa García-Noblejas, tras conocer que este miércoles el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han frenado la aprobación de la ‘ley de diversidad sexual’ en las Cortes de Castilla y León afirmaba que “unos 500 ciudadanos han llamado -hasta el momento-a la presidencia de la Junta pidiendo la paralización de la ley.  Si la ‘ley LGTBI’ no ha sido aprobada en Castilla y León es porque los ciudadanos se están dirigiendo a los políticos para explicarles que esa norma es una barbaridad contra los niños y las familias. Vamos a seguir trabajando para que PP y Ciudadanos se enteren de que la gente no quiere bajo ningún concepto que esta norma salga adelante”.

Fuente Agencias

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