La pasada semana se presentó la investigación Homofobia en las aulas: ¿Educamos en la diversidad?, investigación llevada a cabo por voluntarios del colectivo madrileño COGAM durante el curso 2012/2013 en 37 centros educativos de la comunidad de Madrid. Se trata del estudio más amplio realizado hasta la fecha en Madrid sobre homofobia y bifobia escolar, y los datos que arroja son muy preocupantes: de todos aquellos alumnos de entre 12 y 17 años que se definen como no heterosexuales, el 80 % oculta su orientación por miedo al rechazo. Y es que 1 de cada 10 de los que la han revelado sufre agresiones físicas.

Leemos en el Huffington Post que ya no se puede mirar hacia otro lado. Ahora ya tenemos cifras que ponen de manifiesto sin dudar lo que tantas veces hemos denunciado. El 32% del alumnado piensa que se discrimina a los alumnos con orientación sexual diferente a la heterosexual. Así lo demuestra la Investigación Homofobia en las Aulas: ¿educamos en la diversidad afectivo-sexual?, llevada a cabo por el Colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), a través de encuestas realizadas a más de 5.200 alumnos de entre 12 y 17 años repartidos en 37 centros educativos de la Comunidad de Madrid. Se trata, por tanto, de una muestra lo suficientemente amplia como para que se empiece a abordar esta intolerable situación con la seriedad que merece.

Si bien es cierto que se ha conseguido mucho en los últimos años -matrimonio igualitario (2005), ley de identidad de género (2007), etc.-, lo cierto es que aún queda mucho por hacer para alcanzar la plena igualdad real de las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Esta es la principal conclusión que se deriva del estudio referido. La discriminación por orientación sexual e identidad de género sigue muy presente en nuestra sociedad, y, de manera singular, muchas veces dramática, en los centros educativos.

 El estudio presentado en COGAM recientemente analiza siete dimensiones o variables de la homofobia: prejuicios, comportamiento homófobo, rechazo familiar, discriminación en el centro educativo, rechazo por parte de los compañeros, actitud del profesorado y agresiones físicas. Más del 90% del alumnado LGB percibe rechazo hacia la homosexualidad en al menos una de estas dimensiones.

 Son muchos, en efecto, los alumnos que consideran que “las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo son reprobables”. De igual manera, son numerosos los alumnos que opinan que los homosexuales y bisexuales son “seres inferiores”, que no están capacitados para ocupar determinados puestos de trabajo, o que la transexualidad es una enfermedad. Como dato curioso, los varones bisexuales con progenitores de origen extranjero son los más susceptibles de ser víctimas de acoso de carácter homofóbico y, además, son quienes más rechazo experimentan.

 Urge hacer frente a esta situación. La sociedad, los progenitores y, especialmente, los poderes públicos tienen que empezar a actuar para mostrar la realidad de esta comunidad, fomentando el respeto y la convivencia entre todas las personas con independencia de cuál sea su orientación sexual o identidad de género.

 En el ámbito doméstico, son muchos, a día de hoy, los alumnos que creen que serían rechazados por sus familias. Particularmente, el 78% del alumnado que manifiesta rechazo hacia las personas LGTB piensa que, a su vez, sería rechazado por su familia si fuera homosexual, transexual o bisexual. Este dato demuestra que aún existen muchos núcleos familiares que no educan a sus hijos en la igualdad, mostrándoles, probablemente, que “lo normal” es ser heterosexual y que todo lo que no se ajusta al orden heteronormativo merece ser rechazado. De ahí la necesidad de poner en práctica campañas dirigidas a los progenitores y orientadas a garantizar que los adolescentes puedan desarrollar libremente su sexualidad, sin miedo a ser discriminados o rechazados por sus familias.

 En relación con los docentes es alarmante que prácticamente el cincuenta por ciento del alumnado encuestado considere que casi la mitad de los profesionales de la educación tienen una actitud pasiva ante los ataques o agresiones homófobos. Cuanto mayores son los alumnos más críticos se muestran con esa actitud pasiva. El profesorado necesita herramientas para poder actuar con criterio ante situaciones de discriminación por motivo de raza, sexo, religión u orientación sexual o identidad de género. Los docentes son un pilar esencial en la labor educativa de la sociedad; de hecho, es por todos sabido que muchos alumnos toman como referencia a sus profesores, llegando a imitar su actitud y comportamiento.

 Casi 90 de cada 100 adolescentes LGB viven en el armario por miedo a ser agredidos física o psíquicamente. Son también clara mayoría los que piensan que dar a conocer una orientación sexual diferente a la heterosexual multiplicaría por tres la posibilidad de sufrir agresiones verbales o físicas en su centro educativo. Además, los alumnos críticos con las agresiones hacia la comunidad LGTB no actúan al respecto por miedo a ser el próximo objetivo de burla. El temor al contagio está muy extendido entre los adolescentes, hasta el punto de que constituye el principal obstáculo a la hora de generar un círculo amistoso entre los compañeros de clase, lo que condena al aislamiento a muchos jóvenes LGTB.

 Todo estos datos, junto con muchos otros recogidos en la Investigación Homofobia en las aulas, ofrecen una idea muy aproximada de cómo se sienten, actúan y viven muchos de nuestros alumnos en el seno del sistema educativo. Si esto es lo que ocurre en Madrid, una de las comunidades autónomas con ciudades más populosas, en las que, en principio, se puede vivir con más libertad la propia sexualidad, cabe imaginar que en otras ciudades y pueblos de España los datos, seguramente, son más alarmantes.

 Pues bien, a la vista de estas cifras, la conclusión es clara: resulta imperioso educar en el respeto a la diversidad afectivo-sexual, sobre todo, aunque no solo, a los agentes que más influencia tienen en la educación de nuestros adolescentes y jóvenes. Los poderes públicos deberían dotar de las herramientas necesarias a los docentes para generar un clima de convivencia igualitario en los centros educativos, desmitificando las percepciones erróneas que los más jóvenes tienen ante la comunidad LGTB. De igual modo, sería importante realizar campañas dirigidas a las familias en las que se pusiera de manifiesto que el adolescente o joven con una orientación sexual diferente a la heterosexual necesita el apoyo de los más cercanos para poder desarrollar su sexualidad (parte intrínseca de su personalidad) con total normalidad.

 No se puede esperar más. Una sociedad sana y un Gobierno responsable no pueden permitirse que ni uno solo de sus miembros, sobre todo cuando es de corta edad, se plantee salidas drásticas e irreversibles para poner fin al sufrimiento que le acarrea su orientación sexual, como consecuencia de la discriminación que padece. Son miles y miles los adolescentes y jóvenes que están esperando respuestas. Hay que actuar ya.

 Mario Campano es miembro del Grupo de Educación de COGAM.

“No podemos abandonar a los menores LGB a su suerte, pues la homofobia que perciben como modelo en su hogar convierte en víctimas a los alumnos LGB (o a los que lo parecen). Es necesario contrarrestar esa influencia responsabilizando a toda la comunidad educativa sobre la necesidad de incorporar la educación en la diversidad sexual y de género a través de programas y unidades específicas complementados con acciones transversales, como el uso de un lenguaje inclusivo o el recurso a referentes LGTB en el aula”, ha declarado el coordinador de la investigación, Ekaitz López. “No podemos pedirle a las y los docentes que se conviertan en héroes y heroínas, las autoridades administrativas, y en este caso, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, debe afrontar el problema mediante protocolos específicos y la formación suficiente al profesorado”, ha considerado por su parte la presidenta de COGAM, Esperanza Montero.

Puedes descargar el estudio completo (en formato PDF) pinchando aquí. Si te interesa el tema, en este enlace puedes acceder a la información sobre otro estudio sobre la materia, “Diversidad y convivencia en los centros educativos”, que difundimos en enero.

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Cuenta Dosmanzanas que el parlamento del estado alemán de Baviera rechazó el jueves pasado, con los votos de la gobernante Unión Social Cristiana (CSU), una propuesta de la oposición para formar a los profesores en el respeto a la diversidad sexual e incluir este punto como objetivo pedagógico en el plan educativo bávaro.

La proposición presentada por Los Verdes expone la necesidad de luchar contra la discriminación y la violencia motivadas por los prejuicios racistas, homófobos o sexistas “en todas las partes de la sociedad”, incluyendo la escuela como el lugar en el que se producen “las principales improntas en el desarrollo de la personalidad de los niños y los adolescentes”. En la exposición de motivos se hace constar también que la homofobia está “ampliamente extendida” en los centros educativos alemanes, donde “gay, maricón o lesbiana siguen siendo insultos” y, lo que es más grave, un tercio de los profesores también utiliza la homosexualidad como motivo de burla.

Para cambiar esta situación, Los Verdes proponían un plan de acción con seis puntos principales:

• Una evaluación de la situación actual de la educación sexual en los colegios bávaros.
• La obligación de formar a todo el personal educativo en el respeto a diversidad sexual y la lucha contra la discriminación.
• La inclusión de estos puntos en los estudios universitarios para ejercer la docencia.
• La puesta a disposición de los escolares de todo el material necesario para desarrollar este nuevo objetivo pedagógico.
• La redacción de un código de buenas prácticas para enfrentarse a las situaciones de acoso escolar.
• Una mención a las aportaciones del movimiento LGTB a la historia de Baviera.

El proyecto se ha topado, sin embargo, con la oposición de la CSU, que gobierna con mayoría absoluta desde el año pasado en el estado del sur alemán. Los socialcristianos (partido “hermano” de la CDU de la canciller Angela Merkel) han despachado el asunto defendiendo que el plan educativo existente ya contempla la “tolerancia y el respeto por la dignidad de las personas, independientemente de sus formas de vida”, por lo que no consideran necesario incluir de forma específica la lucha contra la discriminación y el acoso homófobo. Ante el rechazo del gobierno regional, la diputada verde Claudia Stamm criticó que Baviera siga siendo “un país en vías de desarrollo” en este asunto. A la propuesta se había unido el grupo socialdemócrata (SPD), mientras que los Electores Libres (FW), una asociación de votantes apartidista que ha cosechado un relativo éxito en este estado alemán, se abstuvo.

Una vía abierta por Baden-Wurtemberg

La propuesta presentada en Baviera va en la misma dirección que el plan educativo para 2015 del estado vecino de Baden-Wurtemberg, donde Los Verdes gobiernan en coalición con el SPD. Allí, la inclusión de la “aceptación de la diversidad sexual” como uno de los objetivos pedagógicos se ha topado con una feroz oposición de grupos religiosos y ultraconservadores, que la han llegado a tachar de “propaganda homosexual”, utilizando un lenguaje que recuerda peligrosamente al de la Rusia de Putin. Tanto la CDU como los liberales del FDP, ambos en la oposición en el parlamento de Baden-Wurtemberg, se han mostrado contrarios al plan de estudios. También lo ha hecho, y de manera más beligerante, la Alternativa para Alemania (AfD), una formación populista y anti-euro que se quedó a las puertas del Bundestag el pasado septiembre. El partido incluso ha apoyado con entusiasmo la campaña de recogida de firmas contra la que han denominado “ideología del arco iris”.

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Nota de Prensa:

La semana pasada una niña malagueña ha pedido el traslado de su colegio porque el centro, religioso y concertado, insistía en tratarla con el género que consta en su documentación oficial, en contra de lo que la niña manifiesta, la familia solicita y la Junta de Andalucía ha recomendado.

La FELGTB quiere mostrar su apoyo a la familia de la menor, que lleva meses luchando por el bienestar y la dignidad de su hija, e instar a las administraciones educativas autonómicas y al Ministerio de Educación a trabajar por la adopción de protocolos que atiendan la realidad de las y los menores cuya identidad no se corresponde con la que les inscribieron al nacer.

Asimismo Andalucía debe aprobar cuanto antes la Ley integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento del género de las personas trans, que ya cuenta con el aval del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Esta ley garantizará el derecho a la autodeterminación del género y será un instrumento más para alcanzar la igualdad de identidades.

“Aunque la discriminación transfóbica es ilegal, la Administración tiene que prevenirla haciendo pedagogía e impulsando protocolos de obligado cumplimiento que permitan a las niñas y niños trans vivir libres de los prejuicios y la discriminación de la sociedad en la que deben desarrollarse de manera integral”, ha pedido Sisi Cáceres, coordinadora del Área de Familias de la FELGTB.

Boti García Rodrigo, presidenta de la Federación, ha insistido en que “el respeto a las identidades de nuestros niños y niñas es muy desigual según las comunidades autónomas. Es necesaria una normativa clara que garantice los derechos fundamentales de la infancia trans en todo el territorio”.

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Nota de Prensa:

FE-CCOO, FETE-UGT y STES y FELGTB firman un convenio para abordar la LGTBfobia

 Hoy, 21 de febrero, se ha firmado el convenio de colaboración para abordar la diversidad sexual y de género entre las organizaciones FE-CCOO, STES, FETE-UGT, y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales.

El texto del convenio, fraguado durante las III Jornadas de Educación en Diversidad Sexual y de Género, supone un compromiso de las partes por trabajar la tolerancia, los Derechos Humanos, el respeto a las diferencias, y la erradicación de la discriminación por sexo, orientación sexual o identidad de género, entre otros temas.

El convenio recoge la acción sindical, con labores de sensibilización de las y los trabajadores de la enseñanza contra la homofobia, bifobia y transfobia, la celebración de días clave para la igualdad del colectivo (como el 17 de Mayo, Día contra la LGTBfobia) y la formación del profesorado en particular, y de la comunidad educativa en general.

Este acuerdo viene a suplir una carencia reconocida por parte de las y los docentes, quienes según recoge el estudio de la UCM “Diversidad y convivencia en los centros educativos”, afirman en su mayoría no haber recibido ningún tipo de formación sobre diversidad sexual (60,4%) o no la suficiente (26%), y uno de cada tres docentes afirma desconocer cómo actuar ante un caso de homofobia en el aula.

“Con la firma de este convenio de colaboración con organizaciones igualmente preocupadas por la educación y por los derechos de las personas, se quiere aunar esfuerzos para que nuestro trabajo consiga mejores resultados y se traduzca en actuaciones diversas de concienciación a la comunidad educativa y de solución de conflictos en los centros de enseñanza”, declaran las personas firmantes.

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No ha ocurrido en Rusia, en África ni en la América profunda. Ha sucedido en España, concretamente en Málaga. Una familia se ha visto obligada a sacar a Gabi, una niña transexual de siete años, de un colegio religioso concertado (es decir, financiado con fondos públicos) ante la negativa del centro a respetar la identidad de género de la menor.

El caso es bien conocido. El Colegio San Patricio, centro dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que a su vez pertenece al Obispado de Málaga) se niega a respetar la identidad de género de la niña permitiendo que aparezca en las listas escolares con nombre femenino, que pueda vestir el uniforme de niña y que sea tratada de hecho como una niña en todas las actividades del centro sin que medie una orden judicial.

Tras divulgarse la historia hace pocos meses, la fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, que amplió sus competencias para asumir también la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió diligencias de investigación. Sin embargo el centro no dio marcha atrás, y de hecho la Fiscalía decidía finalmente el archivo de la investigación al considerar que su actitud no era constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente. La Unión Progresista de Fiscales llegó por cierto a denunciar públicamente el “intento de injerencia” del obispo de Málaga después de que este reconociera haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, y que según el obispo fue la que dio la orden de archivar las diligencias.

Pues bien, ante la persistencia del centro en su actitud, la familia de la niña se ha visto obligada a trasladar a la menor de colegio. Durante este tiempo la niña ha acudido a clase vestida de chándal, prenda que es igual en el caso de los niños y de las niñas, y solo se le permitía usar el baño de discapacitados. Pero según indica el abogado de la familia, Oliver Roales, la situación se había vuelto ya insostenible, “no se le estaba tratando dignamente ni se le estaba proporcionando el derecho a la educación”. Para la familia, que ha tomado la decisión “con todo el dolor de su corazón”, ya que comparte el ideario del centro, se trata de hecho de una expulsión forzada. Roales también ha declarado que pese al archivo decidido por la Fiscalía se está estudiando iniciar acciones legales contra el centro.

La Junta de Andalucía lo lamenta…

Tras conocer la noticia, la delegada territorial de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Alba, ha lamentado que “hayan sido los injustificados prejuicios ideológicos del centro docente los que hayan motivado” la decisión de la familia de la niña, que en todo caso “respeta”.

Como explicamos en su momento, el archivo decidido por la Fiscalía no supone que se ponga punto final al contencioso entre la Junta y el colegio, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. El pasado diciembre, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro que podría acabar con la retirada del concierto. Este procedimiento administrativo sigue adelante.

Veremos si finalmente la Junta transmite un mensaje de contundencia contra la discriminación o acaba por hincar las rodillas ante el obispado de Málaga y permite que lo sucedido se diluya en el tiempo como si nada hubiera pasado. En cualquier caso, y para evitar que se repitan hechos de este tipo, urge que se apruebe cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía, registrada en el Parlamento regional el pasado 16 de enero.

Un toque positivo

Terminamos esta entrada haciéndonos eco, al menos, de un hecho positivo relacionada con el caso. “La comparsa del futuro”, una de las ganadoras del certamen de comparsas del Carnaval de Málaga, rindió un homenaje a la niña en la letra de una de sus actuaciones. Un detalle de sensibilidad contra la discriminación tránsfoba que ha merecido el aplauso de la Federación Andaluza Arco Iris, que nos ha hecho llegar la noticia.

Os dejamos con el vídeo de la actuación:

Fuente Dosmanzanas

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Según un informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) sobre la situación de los alumnos homosexuales en los centros educativos, realizado para el Defensor del Pueblo, el sistema educativo en España “no es un espacio acogedor para la población escolarizada que no responde a las expectativas de género“. Esta es la dura conclusión de la FELGTB tras encuestar a 653 menores de 25 años que reconocen haber sufrido acoso escolar.

Desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte alegan que con el Plan de Prevención y Promoción de la Convivencia en los centros escolares de la Comunidad Valenciana (Previ), se está dando respuesta a los problemas de convivencia de la comunidad educativa. Pero para el Síndic de Greuges las medidas son insuficientes porque aunque el Plan Previ actúa sobre la violencia, no tiene en cuenta su origen, por lo que no se toman medidas que impidan la discriminación antes de producirse. Esto pasa porque según el Síndic la Conselleria no tiene datos suficientes sobre los casos de discriminación de adolescentes LGBT en los centro escolares de la Comunitat.

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Rusia, suma y sigue…

Editor jefe del periódico Khabarovsk condenado por ‘propaganda gay‘

Convocatoria de protesta ante todas las embajadas rusas del mundo contra la homofobia rusa

Solidaridad con las personas LGTB de Rusia a los acordes de su himno nacional

Sochi promete ‘hospitalidad’ hacia los homosexuales y protección a los asistentes a los JJOO

Un juez ruso dice que si ser gay es normal, un asesino en serie también lo es

“Joven y gay en la Rusia de Putin”: retrato del horror homófobo

Rusia estudia la prohibición de los vientres de alquiler a parejas gays

20 Fotos del Mayor Club Gay de Sochi para que las vea su Alcalde

Molodoi Dalnevostochnik es la primera publicación rusa sancionada por violar la ley contra la “propaganda homosexual”, debido a un reportaje en el que daba voz a Alexander Yermoshkin, un profesor de Geografía que fue despedido meses atrás por su orientación sexual. La afirmación por parte de Yermoshkin de que su propia existencia “es una prueba de que la homosexualidad es normal” ha sido al parecer definitiva para el fallo de culpabilidad, pues según el juez eso es tan “contrario a las leyes de la lógica” como creer que los asesinos en serie son normales.

La sentencia castiga al director de Molodoi Dalnevostochnik, Alexander Suturin, por esta entrevista realizada en septiembre de 2013, y que pocas semanas más tarde era objeto de denuncia. En ella, Alexander Yermoshkin contaba cómo fue despedido de su empleo como profesor de Geografía en cuanto entró en vigor la llamada ley contra la “propaganda homosexual”. En una carta firmada por 678 residentes de Jabárovsk, la localidad donde ejercía, se pedía su despido debido a su conocido activismo a favor de los derechos LGTB. Los firmantes decían pertenecer a un grupo denominado Movimiento Contra las Perversiones Sexuales, y argüían que Yermoshkin representaba una influencia negativa para sus alumnos, pues les mostraba que “las relaciones no tradicionales eran tan normales como las tradicionales”.

Yermoshkin denunciaba el ambiente enrarecido que se vivía en Jabárovsk desde que se conoció la tramitación del proyecto de ley homófobo a principios de 2013, llegando a ser atacado por grupos neonazis durante la celebración de actos del Orgullo. Tras la aprobación definitiva, el profesor afirmaba que las autoridades locales decidieron aplicar la ley de la manera más extensiva posible para demostrar su adhesión al gobierno de Moscú.

Ese parece ser también el caso de la sanción impuesta al director de Molodoi Dalnevostochnik, que no ha dudado de calificar el veredicto de “Policía de la moralidad en la sombra”. Alexander Suturin negó repetidamente en el juicio que la entrevista representara ningún tipo de “propaganda de relaciones no tradicionales”, sino un mero trabajo de investigación para mostrar la dificultad de ser homosexual en Rusia, citando las disposiciones constitucionales que prohíben la discriminación.

Suturin afirma que recurriría la sanción de 50.000 rublos (unos 1.060 euros, más del triple del salario medio mensual en la región) establecida en el fallo, por “quebrar los valores de la familia tradicional” y promover “la llamada tolerancia sin género ni fruto”.  Se trata de la primera sentencia en aplicación de las leyes homófobas rusas que afecta a un medio de comunicación, en este caso la publicación más antigua del Krai de Jabárovsk, región situada en el extremo oriental de Rusia.

Con información de Dosmanzanas. AmbienteG. InOutPost.

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Leemos en Dosmanzanas y SentidoG que Carlos Mahón, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Sevilla, ha imputado al director y a la responsable de admisión del colegio privado Yago School por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución por negarse a escolarizar al hijo de una pareja gay. Un caso que conocíamos en febrero de 2012, cuando la entrada que dedicamos a la denuncia de Ricardo Lucas e Iván Vallejo en actuable (antecesora de change.org en España) alcanzaba la portada de menéame y lograba gran repercusión.

Reproducimos a continuación parte del texto que la pareja escribió para actuable, en la que detallaban lo sucedido…

“Creíamos que en el año 2012 nuestro hijo no tendría que sufrir la discriminación, la homofobia y el escarnio que durante años tuvimos que sufrir sus padres. Pero nos equivocamos. Sólo uniendo nuestras voces podremos conseguir que se acabe de una vez por todas con la discriminación contra las familias homoparentales. La sociedad no avanza sola, tenemos que empujarla entre todos.

Cuando nos tocó buscar colegio para nuestro hijo de 3 años, en Sevilla, uno de los que más nos gustó fue el Yago School. Un colegio bilingüe, privado, laico y mixto, que destaca en su página web valores con los que nos identificamos y nos gustaría inculcar a nuestro hijo: ‘el respeto a los Derechos Humanos y el diálogo’, ‘animar a los alumnos a cooperar con los otros, ser sensibles a las necesidades de los demás y respetar otras culturas, religiones y modos de vida’.

Así que les escribimos, dejando claro desde el principio que nuestro hijo tiene dos papás. En ese momento los valores de su web se transformaron en excusas para no admitirlo.

Nos contestaron al correo diciendo que no había plazas. Pero llamamos sin decir quienes éramos y de repente sí las había, incluso nos dieron una cita para visitar el colegio. Cuando nos identificamos, se les cambió la cara. Nos dijeron que había sido un error administrativo y que por supuesto no les importaba que fuésemos una familia homoparental. Sin embargo a los dos días nos llamaron para decirnos de nuevo que no había plazas porque el director había decidido adjudicárselas ‘a sus contactos y compromisos’.

El Yago School pregona la igualdad y la tolerancia. Su reglamento, disponible en su web, reconoce el derecho de sus alumnos ‘a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por razones de raza, religión, sexo, características físicas, extracción social o cualesquiera otras’. Pero en nuestro caso esto no ha sido cierto.

Es obvio que no vamos a enviar a nuestro hijo a esa escuela, pero nos parece inaceptable que un colegio utilice la igualdad y tolerancia como herramienta de marketing pero discrimine después a un niño que tiene un padre o dos, o una madre o dos.

(…)”.

Tres meses después, en mayo de 2012, el servicio de Inspección Educativa de la Junta de Andalucía concluía que el colegio había vulnerado la ley y proponía la apertura de un procedimiento sancionador. El expediente quedó en suspenso en diciembre de 2012 al iniciarse la investigación judicial, que después de un año ha cristalizado en la apertura de un procedimiento abreviado al entender que existen motivos suficientes para deducir, aunque sea de manera indiciaria, que se ha cometido un delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. Y es que además de los testimonios de la pareja, de los correos electrónicos intercambiados con el colegio y del propio expediente de la Junta, su abogada Yolanda Hervás ha señalado que los movimientos de la cuenta del colegio demuestran que hay ingresos de reserva de matrícula en fechas posteriores a que el centro les comunicara que no tenía vacantes.

Los dos imputados pueden recurrir ahora ante el juez el auto, mientras que la Fiscalía aún no se ha pronunciado. Y habrá que ver en cualquier caso qué sucede, dada la ausencia de jurisprudencia previa en este tipo de casos en España. El caso sin duda arrojará luz (u oscuridad…) sobre la sensibilidad de la justicia española ante la discriminación de las familias homoparentales.

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Un joven de 15 años ha sido víctima de una agresión física cometida por compañeros de su propio instituto, el Tirant lo Blanch de Gandía (Valencia). Los hechos tuvieron lugar la semana pasada en el patio del citado centro de enseñanza secundaria. Los padres han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional, que ya está investigando lo ocurrido. Entretanto, la dirección del instituto ha decidido expulsar temporalmente a los dos autores del ataque, aunque no reconoce los tintes homófobos de la paliza.

Mordiscos, patadas y gritos de “maricón, das vergüenza, no sabes vestir”, así se resume la agresión que sufrió A. Z. en el patio de su instituto. Los dos atacantes, igualmente menores y compañeros del centro, están expulsados durante varias semanas. Sin embargo, la medida disciplinaria que cumplen los jóvenes atacantes llega envuelta en la polémica resolución de los responsables del instituto de secundaria Tirant lo Blanch, que achaca esta violenta actitud a motivos ajenos a la orientación homosexual del muchacho.

Hortensia, la madre de la víctima, asegura que ahora ha sido un ataque físico pero la violencia verbal y el acoso se suceden desde hace años, ya que A. Z. nunca ha ocultado su condición sexual. En este sentido “esta es la primera denuncia que he presentado, pero ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes”, ha asegurado Hortensia. Con la denuncia que la familia de A. Z. ha presentado ante la policía, la Fiscalía de Menores tendrá que tomar cartas en el asunto.

Asimismo, esta agresión homófoba ha despertado diversas reacciones y declaraciones políticas. Para la concejal de Educación de Gandía, Marta Cháfer (Partido Popular), se trata de una acción “intolerable”. La diputada autonómica Esther López Barceló, de Esquerra Unida (la federación valenciana de Izquierda Unida), sostiene que “es imprescindible la educación en igualdad en los centros escolares”. Además, López Barceló ha anunciado que su grupo parlamentario presentará en las Cortes Valencianas una Proposición No de Ley para combatir la homofobia en las aulas.

El también diputado autonómico valenciano de Compromís, Fran Ferri, ha solicitado la comparecencia en las Cortes de la consellera de Educación, María José Catalá (PP) para que explique los hechos y las medidas que va a tomar el Consell al respecto. Ferri es, además de político, un conocido activista LGTB en la Comunidad Valenciana.

Las aulas no son seguras para los jóvenes LGTB

El suceso homófobo de Gandía refrenda la reciente resolución del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana (el defensor del pueblo autonómico), que reconoce “la discriminación que sufren los y las adolescentes por su Diversidad Sexual y de Género en el sistema educativo” y que “contraviene lo establecido en el ordenamiento  jurídico”. El documento que firma el síndic José Cholbi (un histórico dirigente del PP valenciano) responde a la denuncia sobre el acoso escolar a jóvenes LGTB realizada por varias asociaciones de la Comunidad Valenciana, entre las que se encuentran el Colectivo Lambda, Diversitat, Diversament y GALEHI. El defensor del pueblo valenciano sugiere a la Conselleria de Educación que “realice un estudio en profundidad, con datos estadísticos en los Institutos de nuestra Comunitat, a fin de conocer la realidad en la que se encuentran los y las adolescentes LGTB”.

Cholbi también insta a la Generalitat Valenciana a incluir materiales pedagógicos que fomenten la igualdad y la no discriminación de los menores, a ampliar la formación sexual del profesorado, a “impulsar y facilitar la colaboración de los centros educativos con los colectivos de LGTB” y a la realización de “un Plan de prevención contra el acoso y sus consecuencias de aquellos/as adolescentes que sufren discriminación por razón de su orientación sexual”.

Para el Síndic de Greuges “está demostrado fehacientemente que los centros educativos no son lugares seguros para los jóvenes que no responden a las expectativas de género y que no se están tomando las medidas necesarias para acabar con la lacra del acoso escolar por cuestión de orientación sexual o identidad de género”.

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Cuenta Dosmanzanas que ha sido Registrado por fin en el Parlamento andaluz el proyecto de ley integral de transexualidad. Un proyecto que, tras un largo y complicado proceso, integra reivindicaciones históricas de los colectivos trans y aspira a convertirse en una ley pionera en el ámbito de la Unión Europea por lo que se refiere al principio de autodeterminación de género y al respeto a la identidad de los menores transexuales. Aspecto este último especialmente necesario a la luz de episodios de discriminación como el que está viviendo una menor en un colegio de Málaga.

Los portavoces parlamentarios de las dos formaciones que gobiernan la Junta de Andalucía, el PSOE andaluz e IULV-CA, registraron el proyecto este jueves. Lo hicieron acompañados de la presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía, Mar Cambrollé, que dejando atras las críticas a versiones anteriores del proyecto se felicitó de que se hubiera alcanzado un consenso entre las formaciones políticas y los colectivos trans. “No se trata de una ley de privilegios, sino de una normativa que garantiza la no discriminación y la igualdad. Ole Andalucía y ole el Gobierno andaluz”, declaró. Cambrollé ha pedido al PP andaluz que se sume al consenso durante el proceso de tramitación parlamentaria si no quiere quedar “retratado” como un partido que antepone la ideología a los derechos humanos.

La futura ley permitirá a las personas transexuales, en el marco competencial de la comunidad autónoma, ver reconocida su identidad de género sin la necesidad de complicados trámites administrativos ni de contar con un diagnóstico médico o de estar sometidas a tratamientos. Ello se articulará a través de la creación de una tarjeta identificativa que se podrá presentar ante las administraciones andaluzas, incluyendo la educativa y la sanitaria. Dicha tarjeta no entrará en competencia con el Documento Nacional de Identidad, cuya emisión es competencia estatal, en el que para modificar los datos deben seguirse los trámites que marca la ley nacional de identidad de género (que data de 2007, y que aunque sigue por delante de buena parte de las legislaciones europeas mantiene la patologización de las identidades trans al exigir un diagnóstico de “disforia de género”). Pero el proyecto incluye además medidas para combatir la discriminación de las personas transexuales en el terreno laboral y regula las líneas fundamentales que deben guiar la atención sanitaria o la atención a los menores.

Es justo recordar, en cualquier caso, que aunque el proyecto andaluz va más lejos en la definición de determinados principios, ya se han aprobado con anterioridad leyes integrales de transexualidad en Navarra y Euskadi.

Satisfacción de los partidos

El portavoz del grupo socialista, Mario Jiménez, quiso reconocer el trabajo llevado a cabo por los dos grupos que sustentan al Gobierno andaluz, y especialmente por las diputadas Alba Doblas (IULV-CA) y Soledad Pérez (PSOE-A). Jiménez ha destacado especialmente el avance que supone el proyecto en materia de derechos de los menores transexuales. El diputado socialista ha lamentado el retraso en la presentación de proyecto, aunque también ha defendido que ahora el texto cuenta con suficientes garantías jurídicas como para resistir un posible recurso ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

También IULV-CA ha mostrado su “enorme satisfacción”. Su portavoz parlamentario, José Antonio Castro, ha destacado que Andalucía se convierte en un territorio puntero en Europa con esta normativa. “Ante una ola de demolición de derechos por parte del Gobierno del PP, Andalucía da diez pasos adelante en su defensa”, ha señalado. Desde ALEAS Andalucía (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de IULV-CA), que ha colaborado estrechamente con los colectivos trans para impulsar el proyecto, se ha insistido no obstante en la necesidad de “redoblar los esfuerzos” de diálogo durante la tramitación parlamentaria para que la ley se apruebe con el mayor consenso posible.

Un proyecto imprescindible, a la vista del caso de Málaga

La casualidad ha querido que la noticia prácticamente coincida en el tiempo con la decisión de  fiscal andaluza contra la violencia de género, Flor Torres, de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

Habrá que estar muy atento a los pasos que sigue ahora el contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto. La asociación de madres y padres del centro, que apoya su postura discriminatoria, ha asegurado sin embargo que por el momento ni el centro ni la fundación han recibido notificación del expediente administrativo.

Puedes descargar el proyecto en su integridad, ya sea desde la web del PSOE-A (pinchando aquí) o de ALEAS Andalucía (pinchando aquí).

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Que todavía sigan manejando a su antojo… Leemos en Dosmanzanas que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido un comunicado en el que denuncia el “intento de injerencia” del obispo de Málaga en la actuación de la Fiscalía después de que este reconociera expresamente haberse puesto en contacto con la Fiscalía General del Estado, órgano dependiente del Gobierno central, en el caso del colegio religioso de Málaga que se niega a reconocer la identidad de género de una niña transexual. Según el obispo, la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual archivó las diligencias por orden de la Fiscalía General del Estado.

El caso es bien conocido. Hace menos de tres semanas la fiscal Flor Torres hacía pública su decisión de archivar la investigación abierta sobre la negativa de un colegio religioso de Málaga que se niega a respetar la identidad de género de una niña transexual. Torres, que amplió el año pasado sus competencias para asumir la lucha contra la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, abrió en su momento diligencias de investigación. En una resolución firmada el 9 de enero, sin embargo, la fiscal decretaba su archivo al considerar que la actitud del centro no es constitutiva de delito de acuerdo a la legislación vigente.

El archivo no supone que se ponga punto final al contencioso entre el colegio y la Junta de Andalucía, dado que se trata de un centro concertado y la Junta ya le transmitió en su momento pautas para que se respetase la identidad de género de los alumnos transexuales. Hace poco más de un mes, de hecho, la Junta anunciaba la apertura de un expediente al centro, dependiente de la Fundación Diocesana Santa María de la Victoria (que pertenece al Obispado de Málaga) que podría acabar con la retirada del concierto.

Es en este contexto en el que el obispo de Málaga, Jesús Catalá, sin duda envalentonado por el paso atrás de la Fiscalía, utilizaba un acto con periodistas para acusar a la Junta de Andalucía de “abuso de poder”. “La Junta tiene un poder administrativo y hace una amenaza al colegio acerca de ‘como no hagas lo que yo te digo, que no tiene nada que ver con la educación, te quito el concierto’”, declaraba Catalá, asegurando que “hemos cumplido las condiciones del concierto no al cien por cien, sino al 110 por ciento”.

Aún más grave, Jesús Catalá reconocía expresamente haber mantenido hilo directo con la Fiscalía General del Estado (órgano dependiente del Gobierno central) que incluso les comunicó -siempre según el obispo- dos semanas antes de que lo hiciera la fiscal andaluza que la investigación sería archivada. “Fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de violencia contra la mujer y contra la discriminación sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias”, declaraba el obispo.

¿Manda la Iglesia católica sobre la Fiscalía General de Estado?

Ciertas o no, las palabras del obispo han indignado a la UPF, la organización que agrupa a los fiscales españoles de sensibilidad progresista. “La UPF (…) quiere manifestar su contundente condena y rechazo por las palabras pronunciadas por el prelado en relación a  la actuación de la Fiscalía, al manifestar que ‘fue la Fiscalía General del Estado la que mandó a la fiscal andaluza de Violencia contra la Mujer y contra la Discriminación Sexual que dejara de ser torpe y archivara las diligencias’ reconociendo a continuación que el obispado había presentado un escrito ante la Fiscalía General del Estado solicitando expresamente que la Fiscal encargada de la investigación fuera apartada del caso. Entendemos que tales manifestaciones suponen, de una parte, el expreso reconocimiento por parte del máximo responsable de la Iglesia en Málaga, de su intento de injerencia en la actuación del Ministerio público que siempre tiene que estar presidida por los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad  y, por otra, un trato desconsiderado e incluso insultante hacía la compañera encargada del caso, de reconocido merito por su trayectoria profesional y por su trabajo en defensa de los derechos de colectivos sociales especialmente vulnerables, a la que llega a insultar llamándola ‘torpe’, poniendo dicho adjetivo en boca del Fiscal General del Estado”. La UPF ha pedido también a la Fiscalía General del Estado que responda con contundencia a las manifestaciones del obispo.

En opinión de dosmanzanas, lo que dejan traslucir las palabras del obispo de Málaga lleva como poco a preguntarse si el grado de infiltración de los sectores más conservadores en las principales instituciones del Estado ha alcanzado límites intolerables en una sociedad democrática. ¿Acaso debe la Fiscalía General del Estado actuar como eje de transmisión de las peticiones de la iglesia católica? Ojalá nos equivoquemos.

La actuación del obispo también pone de manifiesto la necesidad de aprobar cuanto antes la prometida ley integral de transexualidad en Andalucía y de que la Junta transmita un mensaje de contudencia anulando el concierto al mencionado colegio si persiste en su actitud.

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