La lucha a favor de los derechos LGTB en Colombia vive momentos históricos. Tras años de batallas políticas y judiciales, la Corte Constitucional de ese país parece más próxima que nunca a pronunciarse de forma clara sobre el tema. Este jueves tuvo lugar una serie de audiencias ante la Corte en la que diferentes agentes sociales y políticos, a favor y en contra, defendieron sus posiciones, y el fallo parece próximo. Merece la pena destacar, por encima de otras, la posición del propio Gobierno colombiano, abiertamente favorable al matrimonio igualitario. Tanto los ministros del Interior, Juan Fernando Cristo, como de Justicia, Yesid Reyes, testimoniaron a favor.

Después de una audiencia pública promovida por la Corte Constitucional en Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha declarado que “no existe ningún motivo” que justifique un trato diferenciado entre parejas heterosexuales y homosexuales.

La Corte Constitucional colombiana realizó este jueves una audiencia pública para debatir el matrimonio del mismo sexo en el que se escuchó a integrantes de la comunidad LGBTI y a representantes de la Procuraduría, la Defensoría de Pueblo y el Gobierno nacional.

La audiencia sobre unión civil de las parejas del mismo sexo se realizó públicamente por solicitud de la asociación Colombia Diversa y estudió una ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt.

El debate tuvo como marco la acción de tutela (recurso de amparo) que presentó el activista Luis Felipe Rodríguez Rodas contra una notaría de la ciudad de Cali (suroeste) que en 2013 negó la formalización de la unión de una pareja del mismo sexo que pidió hacerlo bajo la figura del matrimonio.

Los representantes del Gobierno de Colombia dejaron claro ante la Corte Constitucional que a su juicio no hay razones para impedir que las parejas del mismo sexo se unan en matrimonio. “Negarles el acceso a esta figura solo agravaría el déficit de protección que sufre esta comunidad”, expresó el ministro de Justicia. Para el Gobierno colombiano no hay en estos momentos otra manera de resolver la ambigua situación jurídica en que se encuentran las parejas del mismo sexo que mediante el reconocimiento expreso de su derecho a contraer matrimonio. Cualquier otra institución, a su juicio, no pondría fin a la desigualdad en lo que a derechos de pareja se refiere. El Gobierno de Colombia considera además que la Corte Constitucional puede poner fin a la controversia sin necesidad de que el Congreso legisle. Según el ministro del Interior, el alto tribunal cuenta con todas las competencias para “resolver situaciones en las cuales se encuentran comprometidos los derechos de los ciudadanos”. Lo contrario, según el criterio del Gobierno, sería dejar estos derechos al vaivén de la coyuntura política.

En dicha audiencia, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, dijo: “Solicitamos a la Corte que permita una figura transitoria mientras el Congreso legisla”. La solicitud, expuso Rivera, “trata de dar continuidad a una decisión anterior de la Corte Constitucional, que dijo que había un déficit de derechos para las parejas del mismo sexo” y que en tal sentido instó al Congreso de la República a corregirlo. De aprobarse la propuesta, explicó, “cuando un juez o notario resuelva casar a una pareja homosexual, tendría los mismos derechos que hoy tiene una pareja heterosexual“.

Por su parte el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que tanto las parejas heterosexuales como las homosexuales “constituyen familia en cuanto tienen un proyecto de vida común”. Por lo anterior, sostuvo Reyes, ambas uniones “deben contar con los mismos instrumentos jurídicos para dotar de consecuencias legales a esa realidad social”.

No fueron, por supuesto, los únicos testimonios que se escucharon. Otras voces a favor fueron las de algunas de las parejas cuyas acciones de tutela han desembocado en este proceso, así como las de Marcela Sánchez, directora del colectivo Colombia Diversa; Rodrigo Uprimny, director de DeJusticia; Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, o Jorge Armando Otálora, defensor del Pueblo, entre otras. Voces en contra del matrimonio igualitario fueron por ejemplo la de Javier Suárez, presidente de la “Fundación Marido y Mujer”, o la de la viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, fiel a los postulados del procurador general Alejandro Ordóñez, rabiosamente contrario a la igualdad LGTB y principal bastión de la homofobia en Colombia.

Entretanto, en el Congreso colombiano, el partido de La U en cabeza del presidente de esa colectividad, Roy Barreras, el senador Armando Benedetti y el presidente de la Cámara, Alfredo Deluque, presentaron ante el Legislativo tres proyectos de ley. El primer proyecto busca que en Colombia se permita la Unión Solemne o matrimonio para parejas del mismo sexo; el segundo, garantiza que un menor de edad pueda ser adoptado por una pareja homosexual, y el tercero, reglamenta la práctica de la eutanasia activa o pasiva.

“Es hora de que todos entendamos que no estamos peleando por los derechos LGBTI, sino que estamos buscando es demostrar que todos somos iguales ante la ley. Y que todos tengamos derechos de casarnos, buscar la felicidad, con el matrimonio. Todos tenemos los mismos derechos”, aseguró el senador Benedetti.

Por su parte el presidente de la U, Roy Barreras afirmó que el paquete de proyecto, llamado ‘Nuevos Derechos’, pretende dejar claridad jurídica frente al matrimonio homosexual o Contrato de Unión Civil Solemne.

Sobre este tema se presentaron dos proyectos con el mismo objetivo, el del senador Benedetti utiliza la palabra ‘Matrimonio’ y el del senador Barreras ‘Contrato de Unión Civil Solemne’. “En la comisión primera del senado se unificarán ambos proyectos que tienen el mismo objetivo”, explicó Roy Barreras.

Insertamos a continuación un vídeo la revista Semana con fragmentos de algunas de sus intervenciones:

Una largo proceso detrás

La decisión, imprevisible

A día de hoy la decisión de la Corte es imprevisible. La ponencia que lleva varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) es negativa. La propuesta de Pretelt rechaza autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo.

Pero ello no significa que necesariamente esa vaya a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La reciente vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente ha recuperado dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permite de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgue el sí al matrimonio igualitario por mayoría de los votos de los nueve magistrados.

Un gobierno más favorable que nunca a los derechos LGTB

El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera

Hace un año Colombia reelegía presidente a Juan Manuel Santos, tras una muy ajustada contienda electoral contra Óscar Iván Zuluaga. Santos, pese a que durante su primer mandato no se caracterizó precisamente por el apoyo expreso a sus derechos, contó en la segunda vuelta con el favor de la comunidad LGTB, que se movilizó para evitar la victoria del candidato uribista. Es justo reconocer que Santos está devolviendo aquel apoyo con una política mucho más proactiva. La posición de su gobierno ante el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, o el reciente decreto que permitirá a las personas trans rectificar sus documentos de identidad con una simple declaración ante notario, son dos buenas muestras.

Ello no basta, desde luego, para que la Corte Constitucional se pronuncie a favor del matrimonio igualitario, pero no cabe duda de que el caldo de cultivo es diferente. No pocos analistas consideran además que el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que consideró inconstitucional prohibir el matrimonio igualitario, podría pesar también en en ánimo de los magistrados colombianos. Estaremos a la espera de lo que sucede finalmente.

Fuente LimaGay.net y Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Alberto Rojas, Alejandro Ordoñez, Alfredo Deluque, Armando Benedetti, Bogotá, Colombia, Colombia Diversa, Corte Constitucional (Colombia), Defensor del Pueblo (Colombia), Defensoría de Pueblo, DeJusticia, Discriminación, Eduardo Montealegre, Fundación Marido y Mujer, Guillermo Rivera, Javier Suárez, Jorge Armando Otálora, Jorge Ignacio Pretelt, Jorge Pretelt, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Santos, La U, Luis Felipe Rodríguez Rodas, Marcela Sánchez, Martha Isabel Castañeda, Matrimonio igualitario, Procuraduría, Rodrigo Uprimny, Roy Barreras, Semana, Unión Solemne, Videos, Yesid Reyes

Fiscales y policías judiciales del Caribe se reuneron con expertos en temas de investigación de violencia homofóbica, con ánimo de proponer buenas prácticas que permitan investigar de manera efectiva los casos que afectan a la comunidad LGTB.

Fueron tres días de análisis en el Taller para el fortalecimiento del acceso a la justicia penal y la investigación de casos de violencia por prejuicio sexual en el Caribe colombiano, que inicia este miércoles 8 y terminará este viernes 10 de julio.

El encuentro es promovido por Caribe Afirmativo en compañía del programa de Derechos Humanos de Usaid y la dirección de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación.

La iniciativa está planteada desde una visión teórica-práctica. Esto, para dar las herramientas necesarias que ayuden a los funcionarios públicos en la tarea de fortalecer el acceso a la justicia penal y a la investigación de casos de violencia por prejuico que a diario afectan a la población LGTB.

Por ejemplo, una de las herramientas ayudará a establecer cómo manejar, trabajar e investigar casos violentos contra personas LGTB, especialmente a la hora de determinar si la conducta se produce por la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.

Esto toma más importancia teniendo en cuenta que se han documentado más de cien casos de homicidios a personas LGTB en el Caribe, de los cuales 85 se encuentran en un proceso de investigación preliminar o han sido archivados. Además, los casos que ya han sido fallados, que corresponde solo a un siete por ciento, no tienen la aplicación del agravante penal por delito motivado por discriminación.

El taller se hace, ocho meses después de que el Fiscal General de Nación, Eduardo Montealegre, ordenara que un fiscal de cada seccional se debe dedicar exclusivamente a avanzar en las investigaciones de este tipo.

Fuente Caribe Afirmativo

General, Historia LGTBI Caribe, Caribe Afirmativo, Colombia, Eduardo Montealegre, Fiscales, Formación, Policía, USAID

Foto: Paula Thomas

Alrededor del 50% de los homicidios perpetrados en contra de la comunidad LGBTI tiene como víctimas a mujeres transgénero. Revista FUCSIA entrevistó a cuatro luchadoras que han logrado ser ejemplo de su comunidad.

Basta con que una mujer transgénero que trabaje en la Zona de Tolerancia, ubicada en el barrio Santafé de Bogotá, camine una cuadra más allá de su lugar de confort para que sea amenazada a muerte por los jíbaros y miembros de bandas criminales que controlan el barrio a baja voz.

Basta con que decida, una noche cualquiera, quizá buscando mejores clientes, ir más allá de la frontera invisible que existe entre las calles 19 y 22 –donde aquellos que mandan les han permitido ubicarse y adonde no llegan las ‘gallinas’, que son las mujeres uterovaginales– para que sea baleada o amenazada con panfletos que en la madrugada pasarán bajo su puerta.

Santafé es, paradójicamente, el lugar donde las transgénero dicen sentirse de verdad libres: no en vano es en ese barrio de pocas cuadras adonde migran –desde cualquier lugar de Colombia– en busca de trabajo, aceptación, y con la intención de conformar grupos que con el tiempo se transformarán en familias sociales.

Lulú, de 28 años y Coqueta de 55 años. Foto: Paula Thomas

Llegan con nombres distintos a los de su nacimiento; en su maleta traen maquillaje barato y vestidos que fueron comprando con el tiempo y que por fin, con tranquilidad, podrán lucir.

Ahora, y sin tener los ojos de sus familiares en la nuca, tienen la intención de tomar hormonas, practicarse cirugías, aplicarse, así sea, silicona industrial con tal de verse femeninas –aunque este procedimiento pueda causarles graves infecciones, el dinero sea escaso y el Plan Obligatorio de Salud no reconozaca la transformación de este grupo poblacional–.

Quieren reinventarse; olvidar así su primera identidad. Una que no iba ligada con su deseo. Esta transformación, sin embargo, implica una alta posibilidad de peligro, y no solo en lo que concierne a su salud. Se estima que alrededor del 50% de los asesinatos contra la población LGBTI –164 entre 2013 y 2014, según nuevas cifras de Colombia Diversa que serán presentadas el 11 de junio– se cometieron contra mujeres transgénero.

Este panorama es tenebroso. Pero no ha logrado amedrentar a estas mujeres, no las ha limitado, y muestra de ello son cuatro valientes que entrevistamos en la Revista FUCSIA: Coqueta, de 55 años, Katalina, de 29, Lulú, de 28, y Stephanye, de 18.

Las cuatro huyeron de sus hogares antes de cumplir la mayoría de edad para poder transformarse tranquilamente. Las cuatro han sido señaladas en la calle, en cualquier esquina, por lo que reclaman no ser visibles.

“La gente fija la mirada, imprudentemente, y yo solo quiero ser invisible, ser parte de la sociedad sin ser vista, burlada, señalada, juzgada. El problema es que la gente no entiende cómo se construye una persona transgénero. No entienden que hay otras formas de ser mujer y de ser hombre: que hay mujeres con pene y hay hombres con vagina”, dijo Lulú. Las cuatro han vivido y se han transformado en Santafé: un lugar que consideran de apertura mental, aunque sea muy pequeño para sus expectativas a futuro.

Todas forman parte de la Red Somos y la Red Comunitaria Trans, en donde, con trabajos en técnicas de salud sexual y reproductiva, han alcanzado un sueldo digno que les ha permitido salir del estereotipo según el cual estas mujeres solo pueden ser peluqueras o prostitutas.

Aun así, todas han conocido las drogas, la violencia judicial, la prostitución, menos Stephanye, quien, por ser la más joven, ha crecido en un entorno donde las organizaciones civiles le brindan posibilidades distintas. Esto, sin embargo, no la blinda: “Tengo miedo del futuro. Miedo de que sufra tantas agresiones que yo misma termine volviéndome amenazadora y violenta. Llevo dos meses en Bogotá. He pasado un sinnúmero de hojas de vida en barrios distintos y nadie me da trabajo por mi condición. Mientras piensan que soy, naturalmente, mujer, me entrevistan. Apenas muestro mi cédula, donde dice que mi género es masculino, me cierran las puertas“.

Una de ellas, Katalina, fue la primera transgénero en estar en una cárcel de hombres en La Picota. Otra, mientras trabajaba en los años noventa, vio a cuatro amigas morir en Santafé: “Fueron baleadas”, dice Coqueta. Lulú,

de niña, jugaba con los vestidos de primera comunión de sus hermanas y sentía que su único consuelo era el espejo, cuando, con el pintalabios de su madre, se ponía algo de color. Todas, con el tiempo y mucho después de huir de casa, fueron aceptadas por sus madres biológicas. Pero, en sus cédulas, ninguna es identificada como mujer. Esto significa que, si llegan a morir, si llegan a estar en esa lista de mujeres transgénero que año tras año son asesinadas, deberán ser enterradas como hombres. Con otras inconveniencias.

Stephanye, de 18 años. Foto: Paula Thomas

De los 164 casos de homicidio señalados por Colombia Diversa –de ellos, dos de las víctimas eran lesbianas, dos homosexuales, y el resto, probablemente, transgénero– solo seis recibieron sentencias condenatorias.

Los demás casos o bien han quedado impunes o bien siguen abiertos; a pesar de los esfuerzos que ha hecho la Fiscalía General de la Nación, organización que, desde que el fiscal Eduardo Montealegre entró en mando, asumió una lucha total contra la discriminación de las personas LGBTI.

Con la idea de que la identidad de género y la orientación sexual son parte esencial de la personalidad, la organización abrió en 2014 la Dirección Nacional de Políticas Públicas y Planeación, que a su vez creó un equipo orientado en géneros y enfoque diferencial.

“La Fiscalía ahora contempla los homicidios hacia la población LGBTI como un agravante, ya que son asesinatos que se hacen por prejuicio. Nuestro personal entiende que la sexualidad es parte del derecho a la dignidad”, dijo la fiscal María Cecilia Córdoba. Para esto, se entrenaron a 35 fiscales, quienes hoy tienen entre sus manos 267 casos activos de agresión o asesinato, de los cuales 18 están actualmente en juicio.

La mayoría de los casos involucra a una mujer transgénero. La respuesta al porqué parece ser algo compleja: “Los cuerpos transgénero incitan una especie de pánico, ya que van en contra del orden social establecido, y del binarismo hombre-mujer”, dice María Mercedes Gómez, coordinadora de Latinoamérica y el Caribe para el International Gay and Lesbian Human Rights Commission. El perpetrador, entonces, empoderado y con sentido de derecho y de deber, apunta siempre a destruir el cuerpo de la víctima, que es el que lo hace cuestionar su individualidad.

“La persona que se percibe como transgénero lo que muestra es que la asignación de los sexos no es irrevocable. De ahí surge el miedo del perpetrador: los cuerpos transgénero revelan que aquello que consideran tan universal, certero y necesario, como el género, puede ser susceptible al cambio, a la indeterminación. La víctima no hace nada para ser agredida, es el perpetrador que, desde su mirada, la sataniza, la vuelve estereotipo”, explica Gómez.

Según Alejandro Lanz, de Colombia Diversa, las víctimas usualmente son atacadas en las partes que las identifican como mujeres –los senos, los glúteos, el pelo largo–. Cuando se usa arma blanca, no son apuñaladas una vez, sino un sinnúmero de ellas, con el único propósito de destruir o cicatrizar el cuerpo.

Una vez llegan esos cuerpos a Medicina Legal no los identifican como femeninos, sino como masculinos, por lo cual se hace difícil que la familia social que crearon en Bogotá las identifique –ya que no cuentan con su nombre de registro–, y que se tenga claridad sobre el número exacto de homicidios en contra de este grupo poblacional.

De las mujeres a las que entrevistamos, la mayor de ellas, Coqueta, está repleta de cicatrices. Las tiene en brazos y piernas, en el abdomen y en la cara. “Son la muestra de que he resistido –dice riendo, porque todas estas mujeres ríen, a pesar de la vida que han llevado–. He sobrevivido porque he querido superarme. Ya era una mujer trans cuando estudié el bachillerato, tenía alrededor de cuarenta años”.

En su día a día, Katalina, Lulú, Coqueta y Stephanye caminan las peligrosas calles de Santafé, no para buscar clientes, sino para repartir condones, tomar pruebas de sangre a sus compañeras y verificar que no tengan una enfermedad de transmisión sexual; también para alentarlas a que se inscriban en diversos programas creados para ellas por el SENA y la Alcaldía a través de Bogotá Humana.

En las noches, incluso, cuidan que aquellas que se están prostituyendo no estén pasando frío. La única para la que Santafé es un lugar desconocido es Stephanye, quien acaba de llegar de Buenaventura después de ser amenazada por su identidad de género –bandas criminales le dijeron que iban a matarla en una casa de pique si no se iba–. Ella es solo una de las casi 150 personas de este grupo poblacional que han sido desplazadas a causa del conflicto armado, según cifras de la Fiscalía.

Pero no solo los grupos armados y las bandas criminales agreden a la población LGBTI. También la Policía. Así, de los 79 casos de abuso policial que logró identificar Colombia Diversa en 2013 contra la población LGBTI, más del 50% fue en contra de mujeres transgénero.

“Es común que los policías lo cojan a uno de parche –dice Katalina–. Si una mujer transgénero denuncia que es violada, ellos se ríen y le dan paso libre al victimario. Si uno llega a denunciar maltrato, es común que uno le diga al otro: ‘Mira, aquí te traje a tu mujer’. Por eso no denunciamos, y sin denuncias los casos quedan impunes“.

El problema de la impunidad reside, también, en que los agresores sienten –de parte del Estado– un permiso para ejercer limpieza social. Y es que en parte, como sociedad, sí tenemos la culpa: el simple hecho de que no haya registros de cuántas mujeres transgénero hay en Colombia, porque su cédula siempre dirá que son de género masculino, habla de una tendencia hacia la vergüenza y el ocultamiento.

Lo realmente valiente y hermoso de mujeres como Lulú, Katalina, Stephanye y Coqueta no es solo que hayan logrado sobrevivir, sino cómo lo han hecho. Han vivido, felices y en el amor, a pesar de ser materia de agresiones constantes.

Cuidan a sus pares, incluso en las cárceles, ya que ellas mismas han ideado un programa para visitar a las mujeres transgénero que se encuentran en penitenciarías masculinas. Como sociedad, sí, las hemos restringido, dándoles un permiso tácito para que se muevan en un lugar al que le hemos puesto un nombre, en teoría, compasivo: Zona de Tolerancia. Este nombre, sin embargo, es contrario a un sustantivo como “compasión”. Pero, si a pesar de esta restricción estas mujeres han demostrado suficiente poder para ser libres y actuar a favor de sus derechos, imaginémonos lo que podrían hacer si las dejamos ejercer su voluntad. Es hora, entonces, de abrirles paso.

Fuente Fucsia.com

General, Homofobia/ Transfobia. Alejandro Lanz, Bogotá Humana, Colombia, Colombia Diversa, Eduardo Montealegre, ILGA, María Cecilia Córdoba, María Mercedes Gómez, Red Comunitaria Trans, Red Somos, SENA, Transexual, Transexualidad, Transgénero, Zona de Tolerancia