Más de 30 organizaciones debatieron sobre la vulneración de los derechos de personas LGBT migrantes. Por qué es necesario visibilizar una migración cis-no heterosexual.

Fuente Agencia Presentes

6 de noviembre de 2024
Geo González
Edición: Maby Sosa

El incremento de la xenofobia, vulneraciones a los derechos de las personas LGBTIQ+ y la urgencia de que los Estados intervengan con acciones claras, son algunos de los puntos que se debatió en el IV encuentro de la Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas.

Más de 30 organizaciones en Cartagena de Indias intercambiaron saberes, buenas prácticas, la situación de vulneración de derechos humanos para estas poblaciones en sus territorios, las deudas de los Estados y las oportunidades que desde la Red construyen para que las personas LGBTIQ+ en movilidad estén informadas y reciban apoyo comunitario, institucional y protección internacional con enfoque diferenciado.

La Red Regional de Protección a Personas LGBTIQ+ Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en las Américas nació en 2019. Su origen está vinculado a los desafíos que las personas LGBTIQ+ migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo enfrentan en la región. Sobre todo, en consecuencia, a la discriminación, violencia generalizada, y falta de enfoques y perspectivas por parte de actores clave sobre las necesidades específicas de las personas LGBTIQ+ en su derecho a recibir asilo debido a la violencia y persecución por su orientación sexual, expresión e identidad de género.

Este cuarto encuentro de la Red tiene vigencia por tres aspectos, según lo explicó a Presentes, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo. La organización colombiana que da acompañamiento jurídico y psicosocial a personas LGBT en situación de movilidad humana.

“Las crisis humanitarias en la región ha aumentado el nivel de personas LGBTIQ+ en movilidad humana que están transitando buscando mejor calidad de vida. Las organizaciones sociales tenemos que transformar nuestras estrategias para dar una respuesta. El incremento de la xenofobia que, unido a prácticas de prejuicio por orientación sexual, identidad y expresión de género está agudizando la vida de las personas LGBTIQ+ y debemos exigirle a los Estados acciones contundentes para que en la atención humanitaria y la atención migratoria existan enfoques diferenciales que garanticen una atención adecuada a las personas LGBTIQ+ en procesos de movilidad humana”.

Los desafíos que enfrentan las personas LGBTI+ en situación de movilidad

Durante los tres días del encuentro (23 al 25 de octubre) las distintas organizaciones compartieron la situación que enfrentan las personas LGBTI+ migrantes y refugiadas en distintos territorios de la región. Las rutas que toman, las formas cómo se informan sobre cómo migrar y solicitar refugio y las vulneraciones a sus derechos humanos que enfrentan en sus países y el de tránsito.

De manera generalizada durante las discusiones se pudieron identificar algunos elementos compartidos por la mayoría de las organizaciones. Ellos son la falta de acceso a servicios de salud incluyendo atención a personas que viven con VIH; falta de políticas públicas y acciones afirmativas que validen certificados educativos y así garantizar el derecho a la educación y el trabajo y su integración social. Además de la dificultad para acceder a documentación en los procesos de regularización, sobre todo a personas trans, en la que se respete su nombre elegido, su expresión e identidad de género.

Otro factor es que algunos países de la región siguen sin reconocer los derechos y las vulneraciones de las personas LGBTI+. Ello es motivo de persecución y salida de sus países, tampoco hay protección a la discriminación como en Guatemala, El Salvador y Honduras.

“No se reconoce la vulneración a su orientación sexual o identidad de género, lo cual es motivo de persecución. Son, por lo tanto, víctimas de discriminación, de redes de trata y violencia estructural de las instituciones de su Estado. No hay seguimiento al acceso a la justicia, salud y otras garantías de derechos humanos. En Guatemala tampoco son reconocidas como vulneración todas esas violaciones en su ruta o en el país como tal. Y hay abuso de las autoridades que hacen cobros no permitidos y con eso les limitan el acceso o el tránsito”, explicó a este medio Ale Morales, integrante de la Asociación Lambda.

Falta de enfoques diferenciados

Esta misma falta de reconocimiento de esas vulnerabilidades es ejercida por las autoridades migratorias. La falta de capacitación y sensibilización limita la garantía al derecho al asilo y refugio de las personas LGBTI+.

“La violencia generalizada, los crímenes de odio, procesos de discriminación de manera más acotada en entornos familiares y comunitarios son otros factores que podrían elevar los riesgos y necesidades de desplazarse a otros países en búsqueda de protección internacional. De ahí la importancia de tener atenciones diferenciadas a través del tránsito, en las casas de acogida. Pero también en los procesos de asilo identificando estas necesidades y contextos sobre los que estas poblaciones podrían verse afectadas. Al mismo tiempo identificando que no es un grupo homogéneo, y que, por ejemplo, las personas trans podrían estar en mayor riesgo”, comentó en entrevista Cristina Sousa. Ella trabaja como asociada de protección comunitaria en la oficina regional de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Las políticas migratorias con sesgos racistas y xenófobas. La militarización y el control de las fronteras por parte del crimen organizado son otros obstáculos que compartieron las organizaciones. Incluso la repartición de la ayuda humanitaria y los espacios de alojamiento que en su gran mayoría no trabajan con un enfoque de diversidad sexual y de géneros, y han documentado que son espacios en donde aumenta el riesgo de las personas LGBTI+ a vivir discriminación y violencias.

“Las pocas ayudas que hay no tienen perspectiva de diversidad. Las personas son alojadas en lugares donde hay agresores hacia la orientación sexual e identidad de género. Las ayudas que entrega ACNUR son en lugares religiosos donde son revictimizadas y en Argentina en particular, en este contexto político, sabemos que ya está habiendo y va a haber más retrocesos en materia de reconocimiento de los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Así que estamos alertas”, dijo a Presentes, María Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT.

“Visibilizar una migración no cis-heterosexual”

Las organizaciones dedicadas a acompañar personas LGBTI+ migrantes y refugiadas insistieron en que trabajar en red ayuda también a fortalecerse de manera interna. Mejorar y adoptar buenas prácticas, crear y mantener albergues para personas LGBTI+, migrantes y refugiadas. Y, además, crear acciones locales y regionales para dar respuesta a las necesidades de estas poblaciones y en la incidencia política con organizaciones humanitarias y los Estados.

“Es muy importante reconocer la importancia de esta red para visibilizar que hay una migración no cis-heterosexual. Estamos construyendo acciones poco a poco y en ese sentido estamos ganando un territorio que garantiza derechos y permite que las personas LGBTIQ+ que salen de sus países tengan espacios de cuidado a los países donde llegan. Y principalmente, reconocer la participación política y la agencia política que tienen las personas migrantes y refugiadas LGBTIQ+. Hacemos una acción política, tenemos trayectorias de vida y una agencia que tenemos que seguir fortaleciendo comunitariamente en términos de derechos”, dijo a Presentes, María Botero, parte de la Rede Milbi y de la secretaría técnica de la Red.

Al finalizar el encuentro se rescató el valor de estos espacios para la generación de conocimiento, información, datos y producción de informes, que ayuden a conocer estas realidades. Y, en consecuencia, incidir en las instituciones migratorias de los Estados que tienen por responsabilidad brindar apoyo y asegurar la protección de los derechos de las personas LGBTI+ en movilidad.

Las organizaciones participantes son de México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Paraguay. También se juntaron con un objetivo: llevar acciones comunitarias que incorporen enfoques de diversidad sexual y de géneros para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas LGBTI+ hacia la próxima revisión de la Declaración de Cartagena 1984 que sucederá este diciembre en Santiago de Chile.

La Declaración de Cartagena 1984 es un documento amplio de cooperación y responsabilidad entre países de la región que abarca la protección y tratamiento que ha de brindarse a las personas migrantes y refugiadas.

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Dámaris “Biscochito” León migró desde Ecuador para vivir su identidad trans y cumplir su sueño de ser bailarina. Fue asesinada por un hombre.

Fuente Agencia Presentes

Agustina Ramos

General, Homofobia/ Transfobia. #transfemicidios, AMMAR, Argentina, Biscochito, Casa Roja, Dámaris "Biscochito" León, Dámaris Julieth León Guamán, Delitos de Odio, Ecuador, Homofobia/Transfobia, Karicia, Liliana “La Chaqueña”, Personas LGTBIQ, Personas trans, Sofía Agustina Bravo, Sofía Fernández, Zoe López García

De acuerdo a los datos que Transgender Europe hizo públicos en noviembre con motivo de la celebración del Día Internacional de la Memoria Trans, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas, 6 menos que en el periodo equivalente anterior. El número real de víctimas, como siempre señalamos al recoger este tipo de estadísticas, es seguramente mucho mayor. Sin embargo, pese a sus limitaciones, la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 se registraron 321 asesinatos de personas trans y género-diversas. Es una cifra similar a la registrada entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, periodo durante el cual se tuvo constancia de 327 personas trans asesinadas. Ambas cifras son moderamente menores a la registrada entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, la más alta desde que se dispone de este registro (375 asesinatos).

Brasil vuelve a ser, como en años anteriores, el país con más asesinatos registrados: 100. Le sigue México, con 52; Estados Unidos, con 31, y Colombia, con 21. Por detrás se sitúan Ecuador, con 19; India y Perú, con 11 cada uno; Argentina y Filipinas, con 8 cada uno; Pakistán, con 7; Bangladés y Guatemala, con 5 cada uno; Chile, Honduras, Indonesia, Italia, Nicaragua, Turquía y Venezuela, con 3 cada uno; Azerbaiyán, Canadá, Cuba, España, Puerto Rico y Uruguay, con 2 cada uno, y finalmente Armenia, Bélgica, Eslovaquia, Grecia, Irak, Paraguay, Reino Unido, República Dominicana, Serbia y Uganda con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2023 se tiene constancia de 4.690 asesinatos de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Brasil (con 1.841 víctimas), México (con 701) y Estados Unidos (con 406) son los tres países que encabezan el registro.

La transfobia, entrelazada con el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el machismo

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el mahcismo, el racismo, la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023:

• El 94% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
• En un 80% de los casos registrados globalmente las víctimas eran personas de color o racializadas (cifra que supone un alza del 15% respecto al periodo inmediatamente anterior).
• El 45% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes o refugiadas.
• El 48% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo. Si se considera solo el continente europeo, esta cifra asciende al 78%.

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Dos nuevos asesinatos de personas trans en España

España vuelve a aparecer un año más en la lista, con dos asesinatos. El primero de ellos, el de una mujer cuyo cadáver fue encontrado en diciembre de 2022 en la ría del Nervión. Su nombre no ha trascendido. «El cadáver hallado en la ría junto al Puente Colgante de Bilbao que une Portugalete y Getxo el pasado sábado era el de una mujer trans blanca de 40 años, cuyo nombre no ha sido revelado. Tenía dos pesas de levantamiento de pesas atadas a su cintura y la autopsia determinó que había muerto asfixiada antes de ser arrojada al estuario», registra el informe de Transgender Europe. El segundo, en febrero de 2023, el de Sandra, una mujer de 60 años que «murió tras ser apuñalada en el cuello por su pareja maltratadora en su casa de la zona de Sant Martí de Barcelona. La policía lo arrestó en el lugar».

Nuestro país, de hecho, acumula 16 víctimas en el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Además de los dos ya mencionados, los nombres más recientes incluidos en este listado son los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, y que apareció en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el informe de 2020.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

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Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2023 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Armenia, Asesinatos, Azerbaiyán, Bangladés, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Delitos de Odio, Día Internacional de la Memoria Trans., Ecuador, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Filipinas, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irak, Italia, LGTBIfobia, México, Nicaragua, Pakistán, Paraguay, Personas trans, Perú, Puerto Rico, Racismo, Reino Unido, República Dominicana, Serbia, Trabajo sexual, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Turquía, Uganda, Uruguay, Venezuela, Violencia LGTBIfoba, Xenofobia

Emil Stehle

Y sigue saliendo basura… ¿ Y de dónde sale el dinero para qué Manuel Cociña compre silencios?

Fidei Domun ayudó a encubrirlos durante el mandato del obispo Emil Stehle

En los años 70, Emil Stehle apoyó a sacerdotes para que eludieran los procesos penales pendientes en Alemania. Mediante la codificación de nombres, las direcciones encubiertas y la pensión alimenticia, quien luego sería obispo en Ecuador, y él mismo abusador, se aseguró de que pudieran permanecer encubiertos en América Latina

Bajo el nombre de Fidei Donum -por la encíclica Fidei Donum de Pío XII de 1957-, unos 400 sacerdotes fueron enviados desde sus diócesis de origen alemanas a diversos países de América Latina desde los años 60 hasta hoy

La Iglesia polaca sigue destruyendo los archivos relativos a la pederastia clerical

El cardenal Marc Ouellet, demandado por agresión sexual cuando era arzobispo de Quebec. Su nombre aparece en una lista hecha pública, junto a otros miembros del clero.

Un cura del Opus, condenado por abusos por el Vaticano, ‘compra‘ el silencio de su víctima. Manuel Cociña abonó una “ayuda económica” al abusado para que no denunciara.

Fernando Ocáriz, prelado del Opus Dei,  escribe a la víctima del ‘caso Gaztelueta’ y admite “la verdad judicial”, pero se niega a pedir perdón por los abusos

Juan Cuatrecasas, el ‘padre coraje’ del ‘caso Gaztelueta’ responde al prelado del Opus Dei, Juan Cuatrecasas: “Señor Ocáriz, el Opus nunca estuvo a la altura, quisieron tapar la verdad de los abusos”.

El Obispado de Bilbao identifica a catorce sacerdotes como presuntos autores de abusos sexuales a menores. El obispo, Joseba Segura, lamenta la respuesta del Opus Dei en el ‘caso Gaztelueta’.

16.08.2022 José Lorenzo

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Desde la tundra norteamericana hasta la Patagonia sudamericana, cerca de 852 millones de personas viven en países que reconocen el matrimonio igualitario. Aunque es un número significativo, las Américas todavía tienen un largo camino por recorrer para convertirse en un verdadero referente para las parejas del mismo sexo. Los países donde existe el matrimonio igualitario deben potenciar los avances notables que han logrado e instar al resto de la región a sumarse al bloque cada vez mayor de países que han adoptado el matrimonio igualitario.

Canadá fue el primer país del hemisferio occidental en promulgar leyes que reconocieron el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país en 2005, después de los Países Bajos, los primeros en hacerlo a nivel mundial, en el año 2001. Varios países sudamericanos siguieron el ejemplo, como Argentina en 2010 y Uruguay en 2013. Gracias a un conjunto de decisiones judiciales importantes que se dictaron en la región poco después, otros cuatro países —Brasil en 2013, México y Estados Unidos en 2015 y Colombia in 2016— validaron el matrimonio igualitario.

Luego, en 2017, una opinión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó que todos los derechos que se aplican a las “relaciones familiares” de las parejas heterosexuales debían extenderse a las parejas del mismo sexo. Esta opinión constituye una interpretación autorizada de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para los 23 países de las Américas que ratificaron el tratado.

Las sentencias judiciales a favor del matrimonio igualitario dictadas en Ecuador en 2019 y en Costa Rica en 2020 citaron de manera expresa la opinión de este tribunal de derechos humanos. Este año, Chile se convirtió en el último país de la región en reconocer los derechos igualitarios de las parejas del mismo sexo.

Todos estos países han reconocido que, en una región tan diversa, los derechos a la privacidad, la igualdad y la no discriminación son fundamentales para favorecer la armonía social. Estos valores universales se reflejan en la nutrida jurisprudencia de la Corte Interamericana con respecto a privacidad y diversidad, incluso de 2017. Es debido a estas normas sociales y jurídicas que las Américas tienen, posiblemente, los estándares sobre diversidad familiar más avanzados del mundo.

Pero no todo es positivo en la región, incluso en países donde se reconoce el matrimonio igualitario. Algunos actores conservadores y religiosos, por ejemplo en Estados Unidos y Costa Rica, siguen cuestionando la legitimidad del matrimonio igualitario. Ecuador prohíbe a las parejas del mismo sexo adoptar hijos. Y las personas LGBT en Brasil, Colombia y México, entre otros, siguen sufriendo altos niveles de violencia y discriminación que el matrimonio igualitario no ha logrado disuadir.

En esta coyuntura, los países que ya han consagrado el matrimonio igualitario no pueden dormirse en los laureles, sino que sus gobiernos y funcionarios deben seguir promoviendo los principios de igualdad y no discriminación para las personas LGBT a través de declaraciones públicas y campañas educativas.

Y además están los 25 países de la región donde no existe el matrimonio igualitario. Algunos, como Honduras y Paraguay, adoptaron leyes que prohíben de manera expresa el matrimonio entre personas del mismo sexo. En nueve países, todos ellos del Caribe anglófono, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo siguen estando penalizadas. Este vestigio del colonialismo británico hace que la perspectiva del matrimonio igualitario sea incluso más difícil en lo inmediato.

Sin embargo, los y las activistas no han dejado de luchar por la igualdad de derechos de las parejas del mismo sexo. Abogados de derechos humanos han planteado casos judiciales ante los tribunales de Panamá, así como ante los tribunales politizadosen Bolivia y Venezuela, con la intención de sentar precedentes en sus países. Pese a varios reveses, como ocurrió en Perú, cuyo tribunal constitucional dictó hace poco dos sentencias lamentables contra las parejas del mismo sexo, los y las activistas han recurrido acertadamente ante los tribunales nacionales cuando las legislaturas no estuvieron a la altura de las circunstancias.

Estos esfuerzos podrían verse reforzados por cambios positivos que se están dando en algunos países donde no existe el matrimonio igualitario. La nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha dado señales de que apoya los derechos de las personas LGBT, incluido el matrimonio igualitario. Y si bien los derechos humanos no deben ser sometidos a votación popular, Barbados (un país del Caribe anglófono donde las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo están penalizadas) y Cuba han anunciado que llevarán a cabo referéndums sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo.

La falta de uniformidad con respecto a los principios de privacidad, igualdad y no discriminación que existe actualmente en la región genera una dicotomía entre países favorables y contrarios a los derechos de las personas LGBT que impacta sobre las parejas del mismo sexo. Es posible que algunas puedan contraer matrimonio en su propio país, pero que el matrimonio no se reconozca cuando viajan al extranjero. Otras tal vez no puedan casarse en su país y solo puedan hacerlo si deciden emigrar. Para que exista mayor armonía en las Américas, los gobiernos deberían consensuar una postura respecto de los logros regionales que amplían los derechos humanos y el potencial de sentar un precedente para el matrimonio igualitario en todo el mundo.

Los países donde se reconoce el matrimonio igualitario pueden tener un papel importante como promotores de este tema y algunos ya han asumido esa tarea. Argentina actualmente copreside el Core Group LGBTI de las Naciones Unidas y la Coalición por la Igualdad de Derechos. Ambos grupos se orientan a ampliar los derechos de las minorías sexuales y de género en el mundo. Algunos países latinoamericanos también han tenido un papel significativo al impulsar distintas resoluciones de las Naciones Unidas sobre las personas LGBT, lo que incluye encabezar los pedidos para la creación de un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Estados Unidos y Canadá han dado pasos para promover los derechos de las personas LGBT a través de su política exterior.

Independientemente de la iniciativa que asuman, los gobiernos deben establecer al matrimonio igualitario como un elemento central contra la discriminación; y deben intercambiar información y buenas prácticas con sus homólogos sobre estrategias políticas y jurídicas que aboguen por el matrimonio igualitario en sus países.

En las Américas, el número de personas que gozan del matrimonio igualitario es cinco veces mayor al de las que no tienen esta protección esencial. Pero para los 165 millones de personas en países donde la discriminación y el trato desigual han sido plasmados en la ley o se imponen con carácter de política pública, el bloque cada vez mayor que promueve el trato igualitario ante la ley representa un modelo para el resto de la región y para el mundo entero.

Cristian González Cabrera

Investigador sobre derechos de personas LGBT de Human Rights Watch.

 @cristianfergo

 Publicado en: Infobae

Fuente Human Rights Watch

General, Historia LGTBI Américas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Derechos de personas LGBT, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Matrimonio igualitario, México, Paraguay, Uruguay

El pasado 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó un año más la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en todo el mundo. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar y que ha hecho públicos con motivo de esta conmemoración, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas, la cifra más alta desde que lleva a cabo este registro. El número real de víctimas, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento de aquellos casos sobre los que trasciende algún tipo de información y esta es recogida por la organización. Y en muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en buena parte del mundo.

Según los datos de Transgender Europe, entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 se han registrado 375 asesinatos de personas trans y género-diversas. Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, periodo durante el cual se tuvo constancia de 350 personas trans asesinadas, y que supera también la que era cifra más alta hasta el momento (369 entre las mismas fechas de 2017-2018).

Brasil vuelve a ser, como los años anteriores, el país con más asesinatos registrados (125 en esta ocasión). Le sigue México, con 65 asesinatos; Estados Unidos, con 53 (de las cuales el 89% eran personas de color), y Colombia, con 25. Por detrás se sitúan Filipinas, con 17 asesinatos; Argentina, con 14; Pakistán, con 11; India, con 10; Ecuador, con 8; Honduras y Myanmar, con 5; Turquía, con 4; Chile, El Salvador, Francia, Perú y Venezuela, con 3; Bolivia, Costa Rica, Guatemala e Italia, con 2; y finalmente Azerbaiyán, España, Grecia, Haití, Kazajistán, Malaui, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico y Rusia con una víctima cada uno. Como vemos, faltan infinidad de países en los que cabe suponer que también han ocurrido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista incompleta.

En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se tiene constancia de 4.042 asesinatos de personas trans y género-diversas en 80 países del mundo. Brasil (con 1.645 víctimas), México (con 593) y Estados Unidos (con 324) son los tres países que encabezan el registro.

Iratxe Otero, asesinada en España

España vuelve a aparecer un año más en esta macabra lista, debido al asesinato de Iratxe Otero, una mujer trans de origen colombiano asesinada en diciembre de 2020 en Arona (Tenerife).

Nuestro país, de hecho, acumula 14 víctimas el registro de Transgender Europe desde enero de 2008. Los nombres más recientes incluidos en este listado han sido los de Lorena Reyes, asesinada en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife y que aparece en el listado de 2017 (recordemos, además, que un jurado popular absolvió al único acusado por su muerte); Eli, víctima de una brutal paliza en Valladolid, cuyo nombre apareció en el listado de 2018; una mujer de nombre no registrado y Paloma Barreto, asesinadas en 2019 en Castellón y en Avilés, respectivamente, y referenciadas en el informe de 2019; y Susana Criado, asesinada por su pareja en septiembre de 2020 en Oviedo, cuyo nombre fue incluido en el listado del pasado año.

Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a los nombres de las personas asesinadas en este último periodo y a un breve resumen de lo que se conoce sobre cada caso.

Cabe destacar que, aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia, la aporofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. De  hecho, según los datos de Transgender Europe referidos al periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021:

• El 96% de las víctimas fueron mujeres trans o personas con expresión de género femenina.
• El 58% de las víctimas de las que consta su ocupación era trabajadoras del sexo.
• El 43% de las víctimas registradas en el continente europeo eran migrantes.
• El 89% de las víctimas registradas en Estados Unidos eran personas racializadas.

El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2021 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

General, Homofobia/ Transfobia. Argentina, Asesinatos, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Delitos de Odio, Día Internacional de la Memoria Trans., Ecuador, El Salvador, Eli, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras, India, Iratxe Otero, Italia, Kazajistán, LGTBIfobia, Lorena Reyes, Malaui, Malawi, México, Myanmar, N.N., Nicaragua, Pakistán, Paloma Barreto, Personas trans, Perú, Portugal, Puerto Rico, Rusia, Transexualidad, Transfobia, Transgender Europe, Turquía, Venezuela, Violencia LGTBIfoba

Ilustraciones: Patricio Oliver

Un informe de Front Line Defenders, organización que brinda protección a personas en riesgo, muestra las violencias que defensoras y defensores LGBTI+ y trabajadoras sexuales resistieron en pandemia. “Derechos de las personas LGBTIQ+ y de las trabajadoras sexuales: defensores y defensoras en riesgo durante la COVID-19” también documenta las redes y acompañamientos que pusieron en marcha en medio de la crisis mundial por Covid-19.

Durante la presentación de la versión del informe en español de Front Line Defenders, que se realizó hoy en un encuentro que se transmitió por las redes sociales, Bárbara Delgado, presidenta de la Asociación Trans Panameña; Leida Portal, coordinadora de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad de Perú; Ana Karen López Quintana, presidenta de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans de México y Georgina Orellano, secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR) de Argentina coincidieron: las violencias que ya experimentaban se agudizaron en pandemia. Y se hicieron aún más evidentes las urgencias, sobre todo de trabajadorxs sexuales, personas LGBTI+ y de las personas que defienden los derechos humanos de estas comunidades. En el encuentro moderado por Alma Magaña de Fondo Semillas, destacaron la importancia de la colectividad para hacer frente a esta crisis.

“Nos enfrentamos a la discriminación, estigma, violencia y si tenemos COVID la discriminación es más fuerte. La población LGBT+ es la más vulnerable, marginada y discriminada“, dijo Ana Karen López Quintana (Tamaulipas, México) en la presentación

“Estamos expuestas a violencia permanente por denunciar a la policía y acompañar a las compañeras”, agregó Georgina Orellano, desde Buenos Aires, donde tiene sede AMMAR.

“En el Perú las compañeras sufren violencias y están pasando hambre durante la pandemia. Los tratamientos retrovirales están escasos y niegan los medicamentos“, advirtió Leida Portal, representante de la organización Miluska Vida y Dignidad y fundadora de la Red PLAPLERTS.

Ana Karen añadió que “el gobierno se enfocó en el COVID-19 y luego se olvidó de personas con diabetes, cáncer. Vamos a las casas, hacemos apoyo domiciliario. Las personas trans de tercera edad se ven aún más discriminadas“.

Las voces de estas activistas y defensoras de ddhh forman parte a la investigación de Front Line Defenders, que se realizó a través de entrevistas a distancia a más de 50 defensoras y defensores en Argentina, México, Perú, Ecuador, Tanzania, Uganda, Hungría, El Salvador, Malaui, Zimbabue, Suazilandia, Sri Lanka e Indonesia, entre abril y agosto de 2020.

“No es que sean violencias nuevas, pero la pandemia las exacerba. A pesar de esto se han logrado organizar en redes que finalmente salvan vidas” Alma Magaña de @FondoSemillas pic.twitter.com/xlvnASqEa4

— FLD Américas (@FLDAmericas) February 8, 2021

Conclusiones principales

Entre sus conclusiones da cuenta del aumento en la inestabilidad económica y habitacional, de ataques físicos, acoso, difamaciones y agresiones sexuales ejercida por las fuerzas de seguridad contra las y los defensores de derechos humanos. También de los riesgos que enfrentaron a la infección y muerte por Covid-19. Además, documenta el trabajo que realizan defensoras y defensores LGBTI+  y trabajadorxs sexuales para acompañar y sostener a sus comunidades. Otro de sus aportes es que visibiliza las conexiones entre la salud pública, la justicia económica y la sexualidad como “indisolublemente ligadas a la seguridad de los/as defensores de derechos humanos”.

“Por momentos yo me canso, por momentos no logro hablar. Pero debemos ser fuertes. Que el gobierno peruano no nos vea indiferentes a nuestra población”: Leida Portal, defensora de derechos humanos pic.twitter.com/TADMZ8ttcZ

— FLD Américas (@FLDAmericas) February 8, 2021

Algunas de las conclusiones del informe afirman:

• Por ser visibles (como personas LGBTI+ o trabajadorxs sexuales) el riesgo de discriminación aumentó en pandemia.

• La crisis por Covid-19 incrementó el número de personas LGBTI+ y trabajadoras sexuales sin techo. Provocó una demanda en refugios donde también fueron víctimas de redadas; arrestos; violencia policial; ataques de la sociedad y agresiones sexuales.

• Disminuyeron los recursos para proporcionar alimentos y refugio a sus comunidades.

• El cierre de clínicas de salud gestionadas por la comunidad empeoró el acceso a la salud, medicación, y seguimientos y prevención de enfermedades.

• El cierre de fronteras y clínicas ocasionó que personas trans no accedieran de manera segura a su tratamiento de reeemplazo hormonal o tuvieran que suspenderlo.

• Defensoras y defensores experimentaron agotamiento físico y psicológico, sentimiento de insuficiencia, culpa y fracaso.

• Fueron blanco de campañas de difamación y sufrieron ataques físicos violentos tras discursos de odio que responsabilizaron a DDH, personas LGBT y trabajadorxs sexuales como responsables de la propagación de la covid-19.

• DDH dieron respuesta a llamadas de emergencia de sus comunidades, tuvieron que trabajar en las calles y enfrentarse al acoso, discriminación y criminalización por su labor.

• Lxs DDH trans estuvieron en riesgo por la violencia policial y acoso en los países donde se implementaron restricciones de movilidad por género. Estas medidas fueron implementadas en Perú, Colombia y Panamá.

Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Alma Magaña, Ana Karen López Quintana, Argentina, Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, Asociación Trans Panameña, Bárbara Delgado, COVID-19, Defensores/as de Derechos Humanos, Ecuador, El Salvador, Fondo Semillas, Front Line Defenders, Georgina Orellano, Homofobia/Transfobia, Hungría, Indonesia, Leida Portal, Malaui, México, Perú, Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR), Sri Lanka, Suazilandia, Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, Tanzania, Uganda, Zimbabue

Javier Viteri de 22 años murió por las 89 puñaladas que le asestó un hombre. La Fiscalía investiga el hecho como un asesinato, pero los defensores de derechos LGBTI piden que se juzgue como un delito de odio.

Terrible noticia la que nos llega desde Ecuador, donde un chico gay de 22 años, Javier Viteri, ha sido brutalmente asesinado en lo que a todas luces parece ser un crimen de odio. Cuando Javier le comentó a sus padres que era homosexual, estos reaccionaron internándolo en una clínica para «curar» su orientación, y después le echaron a la calle. El pasado 28 de mayo, el joven concretó una cita con un militar en Arenillas —el cantón de la Provincia de El Oro donde residía— y, apenas treinta minutos después, fue brutalmente asesinado por el susodicho hombre, quien le asestó 89 puñaladas en todo el cuerpo y huyó rápidamente del lugar.

Javier Viteri, un joven gay que trabajaba como auxiliar de medicina en el consultorio Médico Odontológico Salud y Vida en Arenillas (Ecuador), soñaba desde pequeño con estudiar en la universidad para convertirse un día en médico cirujano.

Javier Viteri nació en Santa Rosa, pero toda su vida vivió en Arenillas. Fue hijo de Javier Viteri y Bielka Alburqueuqe. El fallecido era el mayor de dos hermanos. Sus estudios primarios los realizó en el centro educativo Santo Tomas de Aquino y los secundarios en el colegio Militar Héroes del 41. Actualmente realizaba en preuniversitario en la Universidad Católica de Cuenca.

Tenía 22 años y llevaba seis meses viviendo en un pequeño apartamento alquilado en el centro del Cantón Arenillas, en Ecuador. El pasado 28 de mayo estuvo chateando en la aplicación Messenger de Facebook con un militar llamado Hilmar Corozo, y pasó un rato jugando a los videojuegos con tres amigos que habían ido aquel día a su casa.

Un par de horas después, Hilmar —soldado en el cuartel de las Fuerzas Armadas BI Constitución— le comentó a Javier que a las diez de la noche iba a ir a visitarle. Aquel anuncio alegró a la joven víctima, que le pidió entonces a sus amigos que se sentaran un rato fuera de la casa, mientras él se veía con su visita. Media hora después de que Hilmar entrara a la casa de Javier, sus amigos vieron salir corriendo del apartamento al militar, que llevaba con él la mochila que uno de los colegas de la víctima había dejado en su casa. Pensando que podía tratarse de un ladrón, los tres jóvenes salieron detrás de Hilmar y recorrieron varias manzanas intentando alcanzarlo pero no lo lograron, pasaron por el parque Las Mercedes, un hombre en moto los ayudó a intentar atrapar a Corozo pero no lo alcanzaron. “Estábamos a unos 30 metros aproximadamente de la entrada al departamento, esperando que Slater termine con su visita y seguir jugando play station, pero luego de unos 25 a 30 minutos observamos que salió el individuo que ingresó, llevaba consigo unas mochilas, por lo que, le habían llamado la atención”, explicó a los policías Roiman Tene, amigo del fallecido. “Yo ya estaba cansado, los perros ladraban”, dijo Royman Tene en la audiencia  realizada el 28 de mayo de 2020. En el trayecto Corozo tiró la mochila y Tene la  recogió. Cansados, decidieron regresar a casa de Javier, sin sospechar aún que su amigo había sido asesinado.

Al llegar al edificio, consiguieron que unos vecinos les abrieran el portal y entre los tres lograron forzar la cerradura de la puerta del apartamento, ya que ninguno de ellos tenía la llave. Cuando accedieron al interior, encontraron horrorizados el cadáver de Javier, que estaba en ropa interior, a solo unos pasos de su cama y cosido a puñaladas.

Al recibir la alerta el ECU – 911, coordinó la emergencia con personal de la Dirección de Delitos Contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased), que llegaron para realizar el levantamiento del cadáver. En la parte exterior de la vivienda, se encontró prendas de vestir como una bermuda tipo jean azul y un par de zapatos deportivos color lila, que tenia manchas rojas. En la calle también hallaron zapatillas con sangre. «La escena era macabra. El perpetrador le ha propinado muchas heridas con arma blanca, tanto en la parte de su cuello, como en su espalda o su caja abdominal. Hubo mucha sangre en el lugar», indicó el coronel William Posso, jefe del Comando de Policía de El Oro, justo después de que la Policía Nacional se personase en el domicilio y se procediera al levantamiento del cadáver. La autopsia reveló que Javier había recibido 89 puñaladas.

Los agentes de criminalística que examinaron el apartamento de Javier encontraron en él tres cuchillos con restos de sangre, dos preservativos usados y lubricante. El presunto asesino, de diecinueve años de edad, fue detenido poco después en el fuerte militar de Arenillas.

Los agentes conocieron que el sospechoso se encontraba en el cuartel militar. Lograron conocer que al celular Kevin Sánchez Viteri, primo del fallecido, llegaban todos los mensajes de las redes sociales de Javier Viteri, pues le dio sus contraseñas. Kevin mostró que su primo escribió la misma noche del miércoles 27 de mayo con un ciudadano de nombres Hilmar Corozo, con la finalidad de encontrarse en el departamento.

Precisamente, los agentes mostraron la foto de Corozo a los testigos y ellos lo reconocerían como la persona que persiguieron. Esto motivó a los agentes a realizar un allanamiento y capturar a un ciudadano, que fue identificado como la persona que salió del departamento.

En poder del detenido decomisaron cuatro celulares, además en su cuerpo y en el área del baño se localizaron otras manchas rojas.

El capitán Marco Egas, jefe de la Dinased de El Oro, indicó que encontraron el celular de Javier, principal indicio para incriminarlo. Egas, explicó que están investigando la relación que llevaba Javier con Hilmar, “pero nosotros estamos poniendo como asesinato por robo, porque se halló el celular de la víctima”, dijo el jefe policial.

Se presume que no era la primera vez que el conscripto visitaba a Javier en su cuarto, al parecer tenían algún tipo de relación sentimental, aunque aunque esto será investigado por la policía.

El fiscal Sixto Minga investiga el caso. Corozo tenía que declarar el 11 de junio en la fiscalía, pero no asistió. Michael García, abogado de la familia Viteri, cree que no lo hizo por estrategia de su defensa. Parte de la evidencia que revisa el fiscal Minga son las páginas de Facebook y los celulares de Viteri y Corozo. Viteri, de 22 años, era un hombre homosexual. Pedro Gutiérrez, abogado experto en derechos de la comunidad LGBTI, dice que su asesinato es un mensaje simbólico sobre lo que significa ser un hombre gay y enfrentar la discriminación y la violencia que aún hay en el Ecuador.

En un principio, el fiscal Sixto Minga, encargado de investigar el caso, acusó al detenido de robo agravado con muerte subsecuente. Por su parte, el juez dispuso el inicio de la instrucción del caso por el delito de asesinato y dictó prisión preventiva para el detenido.

No obstante, son varias las instituciones, grupos de activistas y asociaciones LGTBI de Ecuador que consideran que existen indicios suficientes para hablar de un crimen de odio por homofobia, y piden que Hilmar sea juzgado como tal. «La Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes, en especial a la Fiscalía, a que las investigaciones pertinentes consideren los hechos expuestos como un delito de odio, de conformidad con la legislación penal ecuatoriana. Así también, se exhorta a que las y los funcionarios encargados de las investigaciones realicen su trabajo de forma imparcial, sin prejuicios ni estereotipos de género o por orientación sexual», señalaba la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado publicado en su web.

Por otra parte, integrantes de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI ha solicitado la pena máxima para el presunto autor del asesinato. Consideran que debido a las 89 puñaladas recibidas no se trataría simplemente de un caso de robo, como inicialmente informaron las autoridades judiciales de la provincia de El Oro, sino más bien de un “crimen que muestra saña, odio y menoscabo por una persona que tenía una orientación sexual diferente a la normada”, explican en un comunicado. Por ello solicitan que en este caso se aplique la pena máxima de 26 años de prisión.

Sobre el joven asesinado, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI detalla que de acuerdo a declaraciones de sus vecinos y amigos fue muy maltratado por sus familiares, lo internaron en autodenominadas ‘clínicas de reconversión’ y finalmente lo expulsaron del hogar.

Viteri murió a pocos días que comience junio, el mes del orgullo gay, y de cumplirse los 51 años de que la Policía allanara el Stonewall Inn, en Greenwich Village, Nueva York, golpeando a los clientes y provocando protestas que duraron cinco días. Ahí se forjaron los movimientos por los derechos de la población LGBTI en Estados Unidos. En Ecuador, en el mes del orgullo se celebra la aprobación del matrimonio igualitario en 2019.

Fue un gran paso: hace apenas 22 años la homosexualidad dejó de ser un delito en el país, aunque la despenalización se dio porque el Tribunal de Garantías Constitucionales consideró a las personas homosexuales como enfermos mentales que no podían ser juzgados penalmente. Pero a pesar de la gran victoria, la violencia y discriminación contra las personas de las comunidades LGBTI persisten.

Gutiérrez dice que el robo de la mochila podría distraer de lo que verdaderamente ha pasado: una persona fue asesinada porque su orientación sexual era homosexual. Según un documento de la Alianza de los Derechos Humanos Ecuador, conformada por más de 20 organizaciones defensoras de derechos, “este caso no puede ser subregistrado por parte del Estado”: la muerte de Viteri es un delito de odio.

Un delito de odio es un acto de violencia física o psicológica de odio contra una persona por su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, estado civil, identidad cultural, discapacidad, estado de salud, vivir con VIH, por su condición migratoria, identidad de género u orientación sexual. Según el Código Integral Penal, si provoca la muerte, la sanción es de 22 a 26 años de prisión. La sentencia por asesinato es la misma, pero Pedro Gutiérrez dice que juzgar la muerte de Viteri como un acto de odio ayudaría a entender la violencia por prejuicio y la persistencia de la homofobia en la sociedad ecuatoriana.

La violencia y asesinatos a personas LGBTI no empiezan ni terminan con Javier Viteri. Danilo Manzano, activista LGBTI y director de la organización Diálogo Diverso, dice que la muerte de Viteri se hizo mediática pero hay muchos actos de odio que nadie conoce. En 2019 hubo 11 asesinatos a personas de la población LGBTI, tres intentos de asesinato y 4 casos de secuestro y tortura, según un informe de la Asociación Silueta X.

Además, el informe dice que 2019 fue un “año de terror” porque superó en un 500% los datos recopilados en años anteriores. Stephano Espinoza, del colectivo Guayaqueercity, dice que la noticia de la muerte de Viteri se conoció  luego de tres o cuatro días por las redes sociales —mientras tanto, hubo un silencio completo en los medios de comunicación.

Entre los actos de odio que no se conocen porque tampoco se denuncian (o si se denuncian las investigaciones no avanzan), están el caso de una persona homosexual a quien en mayo de 2013 la despidieron de su trabajo por su orientación. En Manta, en noviembre del mismo año, a una persona transgénero le impidieron el ingreso a un lugar público por cómo iba vestida. Un hombre homosexual de 18 años fue detenido por policías en noviembre de 2012 y abandonado en las afueras de Quito. Casos como estos se repiten sin que nos enteremos.

Los actos de odio hacia la población LGBTI también se cometen dentro de sus familias. Según, Pedro Gutiérrez, una de las primas de Viteri contó que en su adolescencia, la familia lo internó en una clínica de deshomosexualización “es algo que el abogado ni la familia se han pronunciado, ni han dicho nada” dice Gutiérrez. En Ecuador está prohibido el funcionamiento de clínicas de “conversión” pero en la clandestinidad todavía atienden. En estos lugares las personas sufren torturas, golpes, insultos y hasta violaciones en intentos de volverlos heterosexuales.

Descansa en paz, Javier.

Fuente Agencias/GK/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Arenillas, Asesinatos, Delitos de Odio, Ecuador, Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI, Guayaqueercity, Hilmar Corozo, Homofobia, Javier Viteri, LGTBIfobia, Violencia LGTBIfoba

Los Países Bajos podrían convertirse en el próximo país que protege a sus ciudadanos gais, lesbianas y bisexuales al máximo nivel normativo. La Cámara de Representantes ha aprobado una reforma constitucional para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. La medida debe pasar ahora el filtro del Senado y, tras las elecciones de marzo del año que viene, ser ratificada por una mayoría de dos tercios de las nuevas cámaras electas. El país se uniría al reducido grupo de naciones cuyas leyes fundamentales citan expresamente la orientación sexual entre las características merecedoras de protección antidiscriminatoria.

El artículo 1 de la ley fundamental holandesa prohíbe la discriminación basada en la religión, concepción del mundo, afiliación política, raza y sexo. Una proposición de ley tripartita presentada por primera vez en 2010 por representantes de Demócratas 66 (D66, socioliberales), Verdes de Izquierda (GL) y el Partido Laborista (PvdA, socialdemócratas) planteó la inclusión de las categorías orientación sexual y discapacidad. La identidad y la expresión de género se consideran, según la ministra del Interior Kajsa Ollongren, protegidas bajo la categoría de «sexo».

La Cámara de Representantes o «segunda cámara» aprobó la reforma constitucional por amplia mayoría el pasado 30 de junio. A los partidos inicialmente promotores del cambio se les unió la mayor parte de las restantes fuerzas del fragmentado espectro político holandés. Solo se opusieron la extrema derecha del PVV y FvD y los ultracalvinistas del SGP. El resultado fue de 124 votos a favor frente a 26 en contra, por encima de la mayoría de dos tercios necesaria para la modificación de la ley fundamental.

El proceso, sin embargo, será largo. La proposición pasará ahora al Senado o «primera cámara». Si los senadores también le dan su visto bueno mayoritario, habrá que esperar aún a las elecciones previstas para marzo de 2021. Las cámaras resultantes de los comicios deberán ratificar el cambio, de nuevo con mayorías de dos tercios. Solo entonces será definitiva la reforma constitucional.

El activismo ha mostrado ya su satisfacción por las «maravillosas novedades». La organización COC recuerda que la protección constitucional de gais, lesbianas y bisexuales es una de las reivindicaciones más antiguas de la comunidad. «Hoy damos un gran paso hacia el blindaje de nuestros derechos en la Constitución», declaró su presidenta Astrid Oosenbrug. «Esto es importante para hoy, por ejemplo como mandato a los políticos para combatir la violencia contra las personas LGTBI. Y es importante para el futuro, para asegurar que en cincuenta o cien años también podamos disfrutar de nuestros derechos que conseguimos con mucho esfuerzo», añadió.

Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, San Marino, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. En Alemania, el debate comenzó en el Bundestag en noviembre del año pasado. La aparente disposición positiva de los democristianos de la CDU/CSU, imprescindibles para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria, permite albergar esperanzas de que la reforma constitucional pueda aprobarse también en este país.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Iglesias Reformadas (Calvinistas) Alemania, Astrid Oosenbrug, Bolivia, COC Netherlands, D66, Discriminación, Ecuador, FvD, GroenLinks, Kajsa Ollongren, Malta, México, Países Bajos, Portugal, PvdA, PVV, San Marino, SGP, Sudáfrica, Suecia

Cristian A., responde en el juicio…

El pasado mes de enero nos hacíamos eco del juicio contra Cristian A., un exmilitar colombiano y simpatizante neonazi que en marzo del año 2000 asesinó en Montgat (Barcelona) a Vitervo A. V., de 45 años, un ciudadano ecuatoriano que llevaba pocos meses trabajando en España, ha sido condenado a 15 años de prisión. En un primer momento se sospechó que la motivación del crimen había sido racista, aunque la investigación posterior reveló la naturaleza homófoba del crimen. El asesino no fue detenido hasta casi 18 años después. La memoria de Vitervo, otra víctima de la violencia homófoba en nuestro país, ha sido por fin recuperada.

El 14 de marzo del año 2000 el diario El País se hacía eco del asesinato de Vitervo, sin que por entonces la posible motivación homófoba apareciera ni siquiera mencionada en la noticia. El cadáver fue descubierto en el piso en el que la víctima cuidaba de un anciano discapacitado por el hijo de este último. Había sido apuñalado con saña y finalmente degollado. Sobre la pared, escrita con la sangre de la víctima, la frase «Hitler tenía razón» y las letras «K K K», siglas del Ku Klux Klan. Todo apuntaba al crimen racista, aunque el propio artículo de El País decía entonces que «hay otros indicios, que los investigadores se reservaron y no quisieron concretar para no dar pistas a los culpables, que pueden llevar a nuevas pistas para resolver el caso». Entre dichos indicios, que se conocieron después, el hecho de ser encontrado desnudo con una flor de plástico colocada en la oreja.

Durante años, sin embargo, nada más se supo. De hecho, la investigación permaneció atascada durante años. Es cierto que tres años después del asesinato, según narraba en 2018 El País, alguien llamó a una prima de la víctima y le hizo escuchar una grabación en la que parecía escucharse su voz suplicando por su vida. La Guardia Civil intervino el teléfono desde el que se hizo la llamada y obtuvo información sobre el tráfico de drogas, pero no pistas sobre el asesinato. No fue hasta 2016 cuando la jueza titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Badalona ordenó la reapertura del caso a los Mossos, que centraron la investigación en los contactos telefónicos de la víctima. Acabaron por localizar a Cristian A., nacido en Colombia (de hecho había regresado a su país), con antecedentes por agresión sexual. Agredía a sus víctimas cuando iban bebidas, y una de ellas denunció que la había grabado pidiendo clemencia. Un patrón que recordaba a lo sucedido con Vitervo. Más tarde comprobaron que desde la casa del anciano al que cuidaba la víctima se había hecho una llamada a un número de teléfono que salía en un anuncio de prensa local que les condujo a un domicilio en Vilafranca del Penedès en el que precisamente vivía por entonces este individuo, que estaba casado.

Los Mossos llegaron además a localizar a varias personas a las que al parecer el asesino les había contado lo que había hecho. Finalmente, pudieron reconstruir lo que sucedió aquel fatídico 8 de marzo. Vitervo quedó con su asesino, al que en efecto conoció a través de un anuncio de contactos. Era un exmilitar que había servido el Ejército colombiano, que también formó parte durante un tiempo del Ejército español, y que simpatizaba con el nazismo. Tras comer y beber en abundancia, Vitervo llevó a su asesino al domicilio del anciano al que cuidaba, y que en ese momento no se encontraba en la casa, con objeto de mantener relaciones sexuales. Allí se produjo el brutal asesinato.

El asesino fue detenido en septiembre de 2018 en Colombia, siendo posteriormente extraditado a España para el juicio, que ha tenido lugar a finales de enero en la Audiencia Provincial de Barcelona ante un jurado popular, y durante el cual Cristian A. ha reconocido los hechos. De acuerdo con la sentencia, conocida esta semana, Cristian A. apuñaló a Vitervo de manera «sorpresiva y rápida», después de que este se desnudara, movido «por el desprecio que le provocaba la orientación sexual de la víctima» y causándole «agonía» previa al fallecimiento. La sentencia subraya además que en el momento de los hechos Cristian A. «era simpatizante de las ideas derivadas del nazismo y del llamado supremacismo blanco, ambas corrientes ideológicas que justifican la violencia contra quienes defienden ideas contrarias». Gracias a su confesión, la defensa de Cristian A. ha logrado disminuir la pena de 20 años que solicitaban Fiscalía y acusación particular hasta los 15 años de prisión. Deberá abonar ademas sendas indemnizaciones de 45.000 y 25.000 euros, respectivamente, al hijo y a la hermana de la víctima.

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Alemania está un paso más cerca de aprobar una reforma constitucional que proteja a sus ciudadanos LGTBI al máximo nivel normativo. El Bundestag inició el viernes pasado el debate sobre la inclusión en la Ley Fundamental de la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. El cambio de postura de la CDU/CSU de la canciller Angela Merkel, que tras rechazar la iniciativa se muestra ahora favorable a estudiarla, aumenta las posibilidades de que se alcance un acuerdo en las próximas semanas.

El blindaje constitucional de la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género es una reivindicación histórica del activismo LGTB alemán, que lo puso sobre la mesa tras las elecciones de 2017. Aunque el consenso parecía posible en las fallidas negociaciones entre CDU/CSU, FDP y Verdes, el decepcionante acuerdo que finalmente renovó la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas ignoró este punto junto con el resto de las demandas de los colectivos.

En junio del año pasado, sin embargo, el SPD se unía al resto de fuerzas favorables a la igualdad LGTB representadas en el Parlamento alemán y con las que gobierna en cinco Länder para reclamar la medida. El Gobierno regional de Berlín, al que se unieron los de Brandeburgo, Bremen, Renania-Palatinado y Turingia, presentaba una iniciativa para blindar el derecho a la no discriminación de las personas LGTB en la Ley Fundamental alemana. La reforma presentada en el Bundesrat, la cámara de representación de los estados federados, consistiría en añadir la «identidad sexual y de género» a las categorías merecedoras de protección que recoge el artículo 3.3 de la Constitución, que en la actualidad reza:

Nadie debe ser discriminado o privilegiado por razón de su sexo, su origen familiar, su raza, su lengua, su procedencia, sus creencias, sus ideas religiosas o políticas. Nadie debe ser discriminado por razón de su discapacidad.

La reforma constitucional necesita el apoyo de los dos tercios tanto de la cámara alta como del Bundestag, por lo que el concurso de la CDU/CSU se hace imprescindible para su aprobación. La reticencia de la formación de la canciller a los avances legislativos en la igualdad LGTB provocó que la propuesta de los Länder en el Bundesrat quedara en suspenso por falta de mayoría. Ello a pesar de que a los cinco estados promotores se les había unido Schleswig-Holstein, gobernado por una coalición «jamaicana» entre CDU, liberales y verdes.

Bloqueada la vía del Bundesrat, los partidos de la oposición democrática (FDP, La Izquierda y Los Verdes) pusieron en marcha una iniciativa paralela en la cámara baja. El pasado mes de mayo anunciaron una proposición de ley para incluir la «identidad sexual» en el artículo 3.3 de la carta magna, una iniciativa que presentaron en el Bundestag en septiembre. Todavía entonces, los democristianos del partido de Merkel cuestionaban la necesidad del cambio. A diferencia del proyecto del Bundesrat, los legisladores omitieron la expresión «identidad de género», alegando que las personas trans ya están cubiertas por la referencia al sexo.

El debate sobre la proposición comenzó el pasado viernes con la grata sorpresa de la disposición de los democristianos a sumarse al consenso por la reforma. Un giro que explicitó Volker Ullrich al mostrarse favorable a un debate «abierto, sincero y constructivo» sobre la propuesta. Más aún, el diputado de la CSU defendió el blindaje de la no discriminación como una forma de disipar dudas sobre la constitucionalidad de las leyes de igualdad LGTBI, como el matrimonio igualitario. El apoyo de la formación de la canciller despejaría el camino hacia la aprobación de la reforma de la Ley Fundamental, a pesar de la beligerante oposición de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD). Su diputado Fabian Jacobi justificó su rechazo a la medida en que, según su visión, la mayoría de los homosexuales querría mantener su orientación «en la esfera privada».

Precisamente el auge de los discursos de odio LGTBfobo, como el de los representantes de AfD, ha sido la principal motivación de las fuerzas políticas que han propuesto la medida. La legislación alemana contempla la prohibición expresa de la discriminación basada en la «identidad sexual» desde la aprobación en 2006 de la Ley General de Igualdad de Trato, pero su plasmación a nivel constitucional serviría de blindaje de estos derechos.

Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, San Marino, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. Dentro de Alemania, los estados federados de Brandeburgo y Turingia se refieren en sus leyes fundamentales a la protección de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Estos son los países de América que han aprobado el matrimonio igualitario. Hasta el momento suman 11 de 35 países americanos que lo reconocen.

Después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) desclasificara a la homosexualidad como enfermedad mental en 1990, varios países del mundo modificaron sus leyes para reconocer el derecho de la comunidad LGBT+. Uno de los más controversiales ha sido el matrimonio igualitario, las uniones civiles y la adopción homoparental.

Europa occidental es la región geográfica más tolerante con la comunidad de la diversidad sexual, seguida por América. Con la reciente aprobación de Ecuador, suman 11 naciones en este continente que reconocen las uniones entre personas del mismo sexo. A continuación te presentamos los países de América que aprueban el matrimonio igualitario.

Canadá

Fue el primer territorio de América en aprobar el matrimonio igualitario a nivel nacional, en julio de 2005. Sin embargo, antes de esa fecha, este derecho ya había sido aprobado de forma local en las provincias de Ontario, Columbia Británica, Quebec, Yukón, Manitoba, Nueva Escocia, Terranova y Labrador, y Nuevo Brunswick. Después de la aprobación de la Ley sobre el Matrimonio civil, la comunidad LGBT+ también tiene derecho a la adopción.

En junio de 2015 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el matrimonio igualitario en todo el territorio. No obstante, antes de esa decisión, en 38 de los 50 estados que conforman a esta nación ya habían sido aprobadas leyes locales que permitían la unión entre personas del mismo sexo. Los únicos estados donde la adopción homoparental no está permitida son Mississippi y Alabama.

México

Hasta la fecha no existe una ley que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel federal. Un decreto emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015 califica de inconstitucionales todas las leyes que restrinjan el derecho al matrimonio a parejas LGBT+. Hasta junio de 2019, 18 estados del país han aprobado el matrimonio igualitario y la adopción. Y solo algunos municipios de Guerrero, Querétaro y Zacatecas reconocen estos derechos.

El país centroamericano solo reconoce la unión civil entre personas del mismo sexo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la República determinó como inconstitucionales las leyes que prohibían las uniones homosexuales, por lo que el matrimonio igualitario será permitido desde mayo de 2020. La decisión obedece a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para reconocer este derecho.

Puerto Rico

Como un Estado libre bajo la jurisdicción de Estados Unidos, Puerto Rico también aprobó la unión entre personas LGBT+ en junio de 2015, cuando fue aprobado en el país norteamericano. Además, la ley fue ratificada por la Corte Suprema de Puerto Rico en abril de 2016. También está permitida la adopción homoparental.

Argentina

Varias organizaciones LGBT+ de este país lucharon durante varios para que los derechos LGBT+ fueran reconocidos. En julio de 2010 fue aprobado el matrimonio igualitario en todo el territorio, convirtiéndose en el primer país de América Latina en aprobarlo. De acuerdo con la Ley de Matrimonio Igualitario, «el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo».

Brasil

Luego de un enlace de facto entre un brasileño y un británico, la comunidad LGBT+ solicitó a las autoridades políticas el reconocimientos de los enlaces entre personas del mismo sexo. En mayo de 2011, el Supremo Tribunal Federal aprobó la uniones civiles en todo el territorio. Algunos distritos del país, entre los que estaban São Paulo y Espírito Santo, legalizaron el matrimonio igualitario. Fue en mayo de 2013 cuando el Ministerio de Justicia lo permitió a nivel nacional.

Chile

En este país aún no se reconoce el matrimonio igualitario, pero sí las uniones civiles entre personas del mismo sexo. En agosto de 2011, el presidente Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley en el Congreso Nacional para reconocer estas uniones. Después de un largo proceso y con varias modificaciones, la ley fue promulgada por la presidente Michelle Bachelet en abril del 2015.

Colombia

La Corte Constitucional de Colombia reconoció las uniones civiles entre personas del mismo sexo en febrero de 2007. Sin embargo, no gozaban de otros derechos como la adopción o protección contra la discriminación. Fue hasta abril de 2016 cuando la Corte aprobó el matrimonio igualitario en todo el país. De acuerdo con dicha institución, «se consolida una tendencia de respeto a la igualdad y de la exclusión de la discriminación».

Uruguay

El Congreso de Uruguay reconoció las uniones civiles LGBT+ en enero de 2008. Las parejas gozaban de varios beneficios como la jubilación, derechos de herencia, entre otros. Desde septiembre de 2009, las parejas homoparentales tuvieron el derecho a adoptar. Hasta 2013, el Congreso aprobó un proyecto de ley que permitía el matrimonio igualitario en todo el territorio. La ley fue firmada por el presidente Mujica en mayo del mismo año.

Ecuador

Apenas el miércoles 12 de junio de este año fue aprobado el matrimonio igualitario en Ecuador. Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Constitucional aprobó la ley, dotando a la comunidad LGBT+ de «igualdad, protección legal y libre decisión». La decisión ha sido considera un gran logro tomando en cuenta que Ecuador es uno de los países más conservadores de América del Sur.

Esperemos que pronto todos los países de América y del mundo aprueben el matrimonio igualitario.

Con información de CNN, El País, BBC, UNAM, Justicia PR, Identidad y Diversidad, Animal Político, El País, New York Times, EFE y La Razón, vía SoyHomosensual

General, Historia LGTBI América, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Puerto Rico, Uniones Civiles, Uruguay

Un fallo de la Corte Constitucional abre la puerta al matrimonio igualitario en Ecuador. La victoria, por cinco votos frente a cuatro, desata la euforia entre el colectivo LGBT en un país tradicionalmente conservador.

Ecuador ha abierto la puerta al matrimonio igualitario tras un histórico fallo de su máximo tribunal que modifica la Constitución y desafía a la Iglesia católica en un país históricamente conservador. La resolución de la Corte Constitucional este miércoles con cinco votos a favor y cuatro en contra, desató el júbilo de grupos LGTBI y activistas de derechos humanos en la plaza Foch, en el centro moderno de Quito, así como en el puerto de Guayaquil (suroeste). Ecuador, un Estado laico pero donde el clero ejerce fuerte influencia, se suma así a Argentina, Brasil y Colombia en el reconocimiento de derechos de los homosexuales en Latinoamérica.

Ecuador dio un primer paso en 2015, al validar la unión de hecho de parejas del mismo sexo mediante una reforma al código civil. Ahora, la Corte Constitucional se pronuncia a favor del matrimonio igualitario al examinar las demandas de dos parejas de hombres que alegaban el derecho a contraer matrimonio ante las autoridades civiles. Una de esas parejas la integran Efraín Soria y Javier Benalcázar.

En la plaza Foch, varias decenas de personas ondeaban una gigante bandera arcoiris del movimiento LGTBI, mientras Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes mantienen una relación de pareja desde hace una década, se unían simbólicamente en matrimonio. Esta pareja de mujeres impulsa el matrimonio igualitario en Ecuador desde 2013. Sobre unas sillas y en plena calle, Troya le dio el “sí, acepto” a su pareja: “Hoy te doy un sí, un sí grande, un sí gigante, quiero ser tu esposa”, dijo desatando gritos de alegría de otros homosexuales, que se abrazaban y besaban.

Pero el matrimonio gay generó también la reacción en contra del sector conservador. La política de derecha Poly Ugarte estimó que el máximo tribunal “no puede cambiar la Constitución, debe haber una reforma”. “Si quieren ideología de género, matrimonio igualitario o aborto, vamos a una consulta popular. Decisiones que afecten a nuestra vida y familia deben ser consultadas al pueblo“, señaló la exdiputada a través de su cuenta en Twitter.

Los jueces que se opusieron en la Corte sostuvieron que la “vía adecuada para reconocer el matrimonio igualitario es el procedimiento de reforma constitucional que le compete a la Asamblea Nacional”.

“El pronunciamiento es obligatorio en el país porque las decisiones de la Corte Constitucional obligan a las autoridades ecuatorianas” a acatarlas, dijo el constitucionalista Gustavo Medina. La resolución “es vinculante y obligatoria”, por lo que “tendrá que aplicarse en el país”, insistió Medina, expresidente de la Suprema Corte de Justicia y abogado del Estado.

Para Christian Paula, abogado de la Fundación Pakta, que asesora legalmente a casi una decena de parejas del mismo sexo que buscan casarse en el país, la decisión de la corte “implica que el Ecuador es más igualitario, es más justo que ayer, que se reconoce que los derechos humanos deben caber para todas las personas sin discriminación”.

En 2008, el entonces presidente Rafael Correa sacó adelante una nueva Constitución, de corte socialista, que ratificó el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, dando continuidad a la versión anterior de la Carta Magna. Pero está prohibida la adopción para parejas del mismo sexo. Sin embargo, los jueces constitucionales se acogieron a principios “favorables a la igualdad de la persona” y en rechazo a “todo tipo de discriminación”.

En medio de “vivas” de la comunidad LGTBI y la familia diversa, la activista Pamela Troya, portavoz de la campaña Matrimonio Civil Igualitario Ecuador, recordó este miércoles que “ha sido un camino muy duro, muy largo, difícil también”. “Finalmente hoy es un día histórico para el Ecuador porque es un poco más justo e igualitario“, afirmó.

Y también Efraín y Javier, una de las parejas cuya demanda ha dado lugar a este pronunciamiento de la Corte, estaban contentos. “Quiero saludarle a Javier, está en Guayaquil. Mi vida, te amo”, exclamó Efraín a la prensa en Quito. Agregó sentirse alegre por “poder alcanzar la igualdad” y animó a los homosexuales a no esconderse más y “disfrutar de esa dicha de ser iguales que cualquier otro”.

Fuente El País

General, Historia LGTBI Christian Paula, Corte Constitucional, Ecuador, Fundación Pakta, Matrimonio Civil Igualitario, Poly Ugarte, Rafael Correa

Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

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El pasado martes, 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans recordó la violencia ejercida contra las personas trans y género-diversas en el mundo. La fecha ya ha pasado, pero la realidad que subraya, por desgracia, sigue viva el resto de los días. Según los datos que Transgender Europe ha podido recopilar, entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se han registrado 369 personas trans y género-diversas. La cifra real, como tantas otras veces hemos indicado, es seguramente mucho mayor: se trata de un recuento incompleto de aquellos casos sobre los que trasciende información y esta es recogida por la organización. En muchos países, de hecho, es imposible acceder a información de este tipo. Sin embargo, pese a sus limitaciones la cifra es más que suficiente para hacernos una idea del horror que la comunidad trans tiene que soportar en prácticamente todo los rincones del planeta.

Se trata de una cifra superior a la registrada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, periodo durante el cual se tuvo constancia de 325 personas trans asesinadas. Y en el periodo inmediatamente anterior fueron 295. Brasil vuelve a ser, un año más, el país con más asesinatos registrados, 167 (en el periodo anterior también encabezaba esta macabra clasificación, con 171 asesinatos). Le sigue México, con 71 asesinatos (15 más que en el periodo precedente); Estados Unidos, con 28 asesinatos (3 más) y Colombia, con 21 asesinatos (11 más).

Por detrás se sitúan Argentina, con 9 asesinatos; Pakistán con 8; India y Turquía con 7; El Salvador y Venezuela con 6; Italia, que con 5 es el país de la Unión Europea que más asesinatos de personas trans registra; Guatemala, con 4; Honduras, Paraguay y Sudáfrica con 3; Bolivia, Chile, Filipinas, Francia, Perú y República Dominicana con 2 cada uno; y finalmente Bangladés, Ecuador, Fiji, Nicaragua, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Reino Unido, Trinidad y Tobago y España, con 1 cada uno. Como vemos, faltan numerosos países en los que por desgracia nos tenemos que también han sucedido asesinatos de personas trans, lo que redunda en la idea de que nos encontramos ante una lista muy incompleta. En total, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2018 constan un total de 2.982 asesinatos de personas trans en 72 países del mundo. De ellos, 1.238 han ocurrido en Brasil, 408 en México y 212 en Estados Unidos. Son los tres países con mayor número de víctimas registradas.

España, lamentablemente, vuelve a aparecer un año más en la lista. Si el periodo anterior lo hizo debido a muerte de Lorena Reyes, ocurrida en octubre de 2016 en Santa Cruz de Tenerife (hace pocas semanas un jurado popular absolvía al único acusado por su muerte), ahora lo hace debido a la muerte de Eli, objeto de una brutal paliza el pasado mes de agosto en Valladolid a manos de un menor. Y es que detrás de cada una de las cifras hay personas reales de carne y hueso, cuyas vidas se han visto truncadas de forma dramática. En este documento, imprescindible para mantener viva la memoria, puedes acceder a sus nombres.

Cabe destacar, en cualquier caso, que aunque consideremos de forma global estos asesinatos como tránsfobos, la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres), la xenofobia o el desprecio a las trabajadoras del sexo. Aunque en dos tercios de las 2.982 víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconoce su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante los años que Transgender Europe lleva haciendo el recuento son migrantes.

El Día Internacional de la Memoria Trans

El Día Internacional de la Memoria Trans fue instituido en memoria de Rita Hester, una mujer transexual afroamericana asesinada en 1998 en Massachusetts. Surgido en el ámbito de los países de habla inglesa, con el paso del tiempo se ha consolidado como la fecha en la que se rinde homenaje a las personas asesinadas por el odio tránsfobo en todo el mundo.

Insertamos a continuación el vídeo que Transgender Europe ha elaborado este año con motivo de esta jornada:

Más información sobre el Día Internacional de la Memoria Trans 2018 y los datos expuestos aquí. 

Más información sobre Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT), proyecto de investigación y monitorización de Transgender Europe sobre la situación de las personas trans en el mundo aquí.

Más información sobre el Observatorio de Personas Trans Asesinadas aquí.

Web general de Transgender Europe aquí.

Fuente Dosmanzanas

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Paro Nacional en Nicaragua contra la represión ejercida por la pareja presidencial Daniel Ortega y  Rosario Murillo

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Un tribunal de Cuenca (Ecuador) ha ordenado al Registro Civil de esa ciudad que inscriba los matrimonios de dos parejas del mismo sexo a los que se había denegado ese derecho. Las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, han dado la razón a la parejas demandantes, que se remitían en su argumentación a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción acepta el Estado ecuatoriano, y que hace unos meses determinó que las parejas del mismo sexo tienen derecho a contraer matrimonio.

Las dos parejas (cuya identidad no ha sido hecho pública) acudieron el 19 de abril al Registro Civil de Cuenca (la tercera ciudad del país en población) y solicitaron contraer matrimonio. Su petición fue denegada el 24 de mayo, una negativa que las parejas, representadas por abogadas del Colectivo Jurídico Feminista, llevaron ante la justicia. El pasado 29 de junio tuvieron lugar las correspondientes audiencias a las partes. Por parte del Estado ecuatoriano, acudieron los abogados del Registro Civil y de la Procuradoría General.

Una vez escuchadas las dos partes, así como dos amicus curiae presentados ante el tribunal, las juezas Iliana Vallejo y Ruth Álvarez, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y a las cuales las demandas fueron asignadas por sorteo, dieron la razón a las parejas demandantes. Estas alegaban el incumplimiento por parte del Registro Civil de lo establecido por la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo señalan los artículos 11.3 y 426 de la Constitución de Ecuador (que marcan la obligatoriedad de dar cumplimiento a los derechos consagrados tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos).

Recordemos que según dicha opinión, hecha pública en enero pasado y de la que en su momento dimos cumplida cuenta, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los países bajo su jurisdicción deben garantizar tanto el matrimonio igualitario como el derecho de las personas trans al reconocimiento jurídico de su identidad de género. La opinión, emitida en respuesta al requerimiento de Costa Rica, no marcaba plazos de obligado cumplimiento, pero sí suponía una hoja de ruta definida que no permite, además, soluciones parciales «intermedias», como es por cierto la existente en este momento en Ecuador, un país que sí reconoce las uniones de hecho entre personas del mismo sexo.

Las abogadas de las dos parejas también alegaron que la negativa del Registro Civil a celebrar su matrimonio vulnera su derecho a la igualdad y no discriminación de fundar una familia a través del matrimonio en razón a la orientación sexual de los contrayentes; el derecho de formar una familia en sus diversos tipos, tal y como resaltó la Corte Constitucional en el «caso Satya» (en el que el alto tribunal ecuatoriano falló a favor de una pareja de mujeres que solicitaban que su hija pudiera llevar el apellido de las dos madres) y el derecho a realizar sus proyectos de vida.

Constitución de Ecuador, contradictoria

Se da la circunstancia de que la Constitución ecuatoriana de 2008, en su artículo 11, prohíbe expresamente la discriminación «por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición  migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o  permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el  reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos».

Sin embargo, pese a ser tan claro y rotundo el mandato del artículo 11, el texto constitucional incluye después un artículo discriminatorio, el 67, que define el matrimonio como «la unión entre hombre y mujer». Discriminación que solo corrige en parte el artículo 68, que otorga a las parejas del mismo sexo derechos equiparables a los del matrimonio aunque dejando fuera la adopción homoparental. «La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las  condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y  obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo», reza el artículo 68.

La sentencia no es aún firme

La sentencia no es todavía firme, dado que el Registro Civil ha apelado la decisión de las juezas y será revisado en segunda instancia. En cualquier caso, supone una noticia de gran importancia. Lo comentábamos en enero, al hacernos eco de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: esta no tenía efectos inmediatos, pero abría un camino de muy difícil retorno a favor de la igualdad jurídica de las personas LGTB en América Latina y el Caribe. Los intentos previos de parejas del mismo sexo por ver reconocido su matrimonio en Ecuador por la vía judicial han sido hasta el momento infructuosos, pero eso puede cambiar en breve.

Estaremos muy atentos a lo que suceda.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Colectivo Jurídico Feminista (Ecuador), Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cuenca (Ecuador), Ecuador, Iliana Vallejo, Matrimonio, Ruth Álvarez

Los Gobiernos de cinco estados federados alemanes registraron este miércoles una iniciativa legislativa ante el Bundesrat alemán para elevar a rango constitucional la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las administraciones regionales, en las que están representados los partidos socialdemócrata, verde, liberal y Die Linke (La Izquierda), atienden así una demanda histórica de los colectivos LGTB. El acuerdo de gran coalición entre la CDU/CSU y el SPD, que concedió a Angela Merkel su cuarto mandato, la había pasado por alto. Pero la aprobación de la reforma constitucional requeriría necesariamente el concurso del partido de la canciller.

Los Gobiernos regionales de Berlín (SPD-Linke-Verdes), Brandeburgo (SPD-Linke), Bremen (SPD-Verdes), Renania-Palatinado (SPD-FDP-Verdes) y Turingia (Linke-SPD-Verdes) han presentado una iniciativa para blindar el derecho a la no discriminación de las personas LGTB en la Ley Fundamental alemana. La reforma presentada en el Bundesrat, la cámara de representación de los estados federados, consistiría en añadir la «identidad sexual y de género» a las categorías merecedoras de protección que recoge el artículo 3.3 de la Constitución, que en la actualidad reza:

Nadie debe ser discriminado o privilegiado por razón de su sexo, su origen familiar, su raza, su lengua, su procedencia, sus creencias, sus ideas religiosas o políticas. Nadie debe ser discriminado por razón de su discapacidad.

El blindaje constitucional de la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y en la identidad de género es una reivindicación histórica del activismo LGTB alemán, que lo puso sobre la mesa tras las elecciones de 2017. El decepcionante acuerdo que renovó la gran coalición entre la CDU/CSU y el SPD ignoró este punto junto con el resto de las demandas de los colectivos.

Ahora, sin embargo, el SPD se une al resto de fuerzas favorables a la igualdad LGTB representadas en el Parlamento alemán y con las que gobierna en cinco Länder para reclamar la medida. Se trata de una iniciativa promovida por el Gobierno de la ciudad-estado de Berlín, a la que se han unido otros estados federados regidos por coaliciones sin presencia de los democristianos de la CDU o la CSU.

El auge de los discursos de odio LGTBfobo, que tiene en la presencia parlamentaria de la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) su más clara expresión política, ha sido la principal motivación de las fuerzas representadas en los Gobiernos que han propuesto la medida. La legislación alemana contempla la prohibición expresa de la discriminación basada en la «identidad sexual» desde la aprobación en 2006 de la Ley General de Igualdad de Trato, pero su plasmación a nivel constitucional serviría de blindaje de estos derechos.

El proyecto presentado el pasado miércoles en el Bundesrat necesita el apoyo de los dos tercios tanto de esta cámara como del Bundestag, por tratarse de una reforma de la Constitución. Descartada la AfD por su abierta LGTBfobia, el concurso de la CDU/CSU se hace por tanto imprescindible para su aprobación. La conocida reticencia de la formación de la canciller a los avances legislativos en la igualdad LGTB enfría las expectativas de éxito de la propuesta.

Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. Dentro de Alemania, los estados federados de Brandeburgo y Turingia se refieren en sus leyes fundamentales a la protección de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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El máximo tribunal del país suramericano reconoció el derecho de una pequeña de 6 años a tener dos mamás y ser inscrita en el registro civil con el apellido de sus dos madres, ambas de origen británico.

La ardua batalla librada desde el 2011 por las ciudadanas británicas Helen Bicknell y Nicola Rothon, para que su hija Satya, nacida en Ecuador, pudiera ser inscrita en el Registro Civil como ciudadana ecuatoriana con el apellido de sus dos mamás ha llegado a su fin.

Este martes 29 el pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, con 5 votos a favor, emitió un fallo en el cual reconocer el derecho de la pequeña a tener dos madres y a ser registrada con los apellidos de ambas, permitiendo de esta forma la duplicidad de la filiación materna. Un hecho que marca jurisprudencia para el resto de las familias homoparentales con hijos que viven en esta nación.

La Federación ecuatoriana de organizaciones LGBTI y sus más de 72 colectivos agremiados en todo el país ha aplaudido esta decisión e indicó a través de un comunicado que “esta lucha que ha llevado 6 años, permite al país convertirse en un ejemplo en el reconocimiento de la filiación de los hijos de familias homoparentales así como un precedente legal en el Ecuador, en el que una pareja de personas del mismo sexo, puedan inscribir a sus hijos con el apellido de ambos sin que esto represente adopción”.

Satya nació en el 2011 en Malchinguí (Ecuador), fue concebida mediante inseminación artificial. Desde su nacimiento, el Registro Civil de esta nación se negó a inscribirla como hija de sus dos mamás, decisión que fue respaldada por otras sentencias de jueces ecuatorianos. El fallo histórico de este marte declara la “vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso en la garantía de motivación, a la identidad personal en relación a la obtención de la nacionalidad, a la igualdad y no discriminación, a la familia en sus diversos tipos, así como también al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes”.

La decisión ordena al Consejo de la Judicatura investigar y determinar sanciones a quienes vulneraron los derechos de la niña. Tras casi 7 años de lucha, Satya podrá ahora ser inscrita ante el Registro Civil con el apellido de sus dos mamás: Bicknell-Rothon. El orden de los apellidos es decisión de las madres.

La historia

Helen y Nicola se conocieron hace 17 años en Inglaterra. En 2007 se mudaron a Ecuador. Después de legalizar su unión de hecho decidieron concebir a su hija. En este país no está permitido el matrimonio igualitario, aunque la ley estable los mismos derechos para quienes se constituyen por medio de unión de hecho que aquellas conformadas a través del matrimonio, la realidad es que hasta este martes 26 en el país no se reconocía a los hijos fruto de las uniones de las personas del mismo sexo.

A pesar de haber nacido en Ecuador Satya no era ecuatoriana. Una de las madres, Helen Bicknell contó al diario El Telégrafo que en Reino Unidoreconocieron a la niña como hija de la pareja y le otorgaron el pasaporte británico a la menor, quien hasta el momento reside en Ecuador como extranjera con una visa de amparo emitida por la Cancillería ecuatoriana. Bicknell ha afirmado, además, que aceptar que se inscriba a la niña solo con el apellido de la madre biológica sería negarle la otra parte de su familia.

Acá os dejamos un documental sobre esta pareja de lesbianas británicas que vive en la mitad del mundo.

Fuente Universogay

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Sencillamente repugnante:

Tras las denuncias contra un religioso en Guayaquil

El arzobispo anunció investigaciones contra el sacerdote

Grupos sociales de Ecuador anunciaron hoy la creación de un Comité contra casos de abuso y violación por parte de representantes de la Iglesia católica, tras conocer las denuncias de supuesta tortura contra un sacerdote que practicaba extraños rituales de fe.

Diane Rodríguez, activista transgénero del colectivo LGBTI de Ecuador, convocó hoy en una rueda de prensa a formar el “Comité contra la tortura, acoso y violación por parte de la Iglesia en Ecuador“, para dar seguimiento a las denuncias de abuso y acoso sexual que involucren a representantes religiosos.

“Nos declaramos en lucha permanente contra la impunidad y contra las personas que cometen actos de pederastia”, señaló Rodríguez y dijo que su colectivo no descansará hasta que los responsables “paguen con todo el rigor de la ley”.

El portal informativo GKCity reveló esta semana una investigación sobre las acusaciones de diez guayaquileños por supuestos abusos sexuales cometidos cuando eran adolescentes, por parte del padre Luis Fernando Intriago, entonces párroco de la Iglesia de Czestochowa, en el norte de Guayaquil.

Según la información, el cura había sometido a sus víctimas a un extraño ritual que incluía desnudarlos, golpes y otras vejaciones, aunque nunca los violó ni tocó sus genitales.

La denuncia ha conmocionado a la sociedad ecuatoriana que días antes conoció otros casos de pederastia que involucraban a un exsacerdote en la ciudad andina de Cuenca.

Rodríguez, que pertenece a la Asociación Silueta X, reprochó que los últimos casos de abusos atribuidos a sacerdotes no hayan sido resueltos aún por la Justicia ordinaria y recordó que en el caso del cura Intriago, él ha dirigido grupos juveniles en los últimos diez años, precisamente desde los que han surgido las denuncias.

“Hacemos un llamado a los operadores de justicia para que estos casos puedan sentenciarse a la brevedad posible y puedan dar como resultado la condena que merecen”, añadió la activista que hoy también presentó un manifiesto de varios grupos sociales que se adhieren a la creación del Comité.

“No permitiremos que la impunidad presentada por quienes usan sotana transite campante por los tribunales de justicia”, agregó Rodríguez e invitó a grupos “pro vida”, que se oponen al aborto y a la diversidad sexual a sumarse al colectivo para vigilar los procesos contra los curas acusados de abusos.

También hizo un llamamiento a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana a que se sume a las campañas de denuncias y de exigencia de una reparación a las víctimas.

Estas denuncias “no son hechos aislados, por el contrario, son de los tantos casos que conocemos que no se han hecho público por el temor de las víctimas al rechazo y la vergüenza”, reza el manifiesto.

A raíz de las denuncias, el arzobispo de Guayaquil, monseñor Luis Cabrera Herrera, informó hoy en una carta que se han iniciado dos nuevas investigaciones en contra del sacerdote Luis Fernando Intriago.

En el documento aclara que los procesos penales iniciados anteriormente contra el sacerdote prescribieron porque las denuncias se presentaron más de cinco años después de haber ocurrido los hechos.

Sin embargo, destacó que “la Fiscalía ha abierto dos investigaciones más para determinar si los hechos descritos (últimamente) pueden tratarse como torturas, delito que aún podría no haber prescrito”.

Y en un mensaje de reflexión, el religioso afirma que la “dinámica de pecado, no está aprobada por la Iglesia católica bajo ninguna modalidad”.“Más aún, luego de haber escuchado sus testimonios, lo consideramos como un instrumento que atenta ante la  integridad física, moral y espiritual de las personas“, concluyó

Fuente Agencias, vía Religión Digital

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