Presidente Edgar Lungo y embajador Daniel Foote

El gobierno de Zambia ha emitido esta semana un comunicado diciendo que el trabajo de Foote “ya no es sostenible,” y que lo declara “persona non grata”,  y forzando su regreso a los EE.UU..

El embajador Daniel Foote había dicho que estaba “personalmente horrorizado” por la dura sentencia contra dos hombres homosexuales, Japhet Chataba y Steven Samba, por una relación consensual “que no perjudicó absolutamente nadie.”

También acusó a las autoridades de tener un doble rasero cuando se trata de perseguir otros delitos, señalando: “Los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares sin ser procesados”.

Los comentarios provocaron una furiosa reacción del presidente Edgar Lungu, que envió una carta de protesta a Washington declarando su negativa a trabajar con el embajador. Foote no pudo asistir a ciertos eventos, debido a “amenazas contra” él.

Un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Reuters: “Estamos consternados por la declaración del gobierno de Zambia acerca de que la posición de embajador Foote ya no es sostenible,lo  que consideramos que es el equivalente de una declaración de que el embajador es persona no grata. A pesar de esta acción, los Estados Unidos siguen comprometidos con nuestra asociación con la población de Zambia“, agregaron.

“Los Estados Unidos se oponen firmemente a los abusos contra las personas LGBTI. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar que todas las personas puedan disfrutar libremente de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales que les corresponden”.

Cuando Foote informó de que había sido criticado por funcionarios de Zambia, respondió que lo único que quiere Zambio son diplomáticos “con bolsillos abiertos y las bocas cerradas.”

El presidente Lungu afirmó que rechazaría los $ 500 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos que el país recibe cada año si se requiere el país para aceptar los derechos LGBT +.

La pareja condenada camino del tribunal

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Los dos hombres son retirados después de comparecer en la corte.

Un tribunal de apelación de Zambia ha confirmado la pena de quince años de prisión contra dos hombres por el delito de «actos contra natura». Los acusados, arrestados en 2017, fueron declarados culpables hace un año tras ser sometidos a la tortura de los exámenes anales. El embajador estadounidense en el país africano ha protestado contra la «horrible» sentencia, mientras que el presidente Edgar Lungu ha cargado contra las relaciones homosexuales que según su ignorante opinión «no practican ni los animales». Stephen Sambo, de 30 años, y Japhet Chataba, de 38, fueron el año pasado  acusados del delito de “tener relaciones sexuales contra el orden de la naturaleza” .

Los supuestos hechos se produjeron el 25 de agosto de 2017. Japhet Chataba y Stephen Sambo fueron detenidos después de que la empleada de un hotel los denunciara por haber mantenido relaciones sexuales. Durante el juicio, que tuvo lugar el año pasado, cinco testigos afirmaron que habían presenciado los actos por los que se acusa a los dos hombres, que se declararon no culpables. Los fiscales presentaron “videos y fotografías” de los dos hombres, mientras que un empleado del hotel le dijo a la corte que los vio teniendo sexo a través de una ventana. Los acusados se sometieron a la tortura de los exámenes anales, una práctica tan humillante como inútil para la finalidad que pretende.

A pesar de que los resultados de la infame prueba fueron «inconsistentes con las acusaciones», el juez Ackson Mumba consideró que las declaraciones de los testigos y el hecho de que los acusados se negaran a declarar constituían una prueba suficiente para decretar su culpabilidad. Un año después, un tribunal de apelaciones ha confirmado la sentencia de quince años de prisión por el delito de «conocimiento carnal contra natura».

El embajador estadounidense en Zambia ha expresado su consternación por el fallo, que ha calificado de «horrible». Daniel Foote calificó los hechos de crimen sin víctimas, al que contrapuso la impunidad de la corrupción en la administración zambiana. Según Associated Press, el embajador de los Estados Unidos en Zambia, Daniel Foote, dijo que estaba “horrorizado” por la sentencia. Foote dijo que los funcionarios de Zambia no lo intimidarían y agregó que la relación entre los dos hombres no lastima a nadie mientras que “mientras tanto, los funcionarios del gobierno pueden robar millones de dólares públicos sin enjuiciamiento”.

Unas declaraciones que escocieron al Gobierno del país africano, que envió una nota de protesta a la Casa Blanca. En respuesta, el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Joseph Malanji, dijo que el embajador se estaba entrometiendo en los asuntos internos del país del sur de África, y que el gobierno enviaría una carta de protesta a Washington por los comentarios de Foote.

El presidente Edgar Lungu pidió una rectificación a su homólogo Donald Trump y aprovechó para lanzar una diatriba homófoba. Hablando sobre la sentencia, el presidente del país, Edgar Lungu, dijo a Sky News: “Estamos diciendo que no a la homosexualidad. ¿Por qué deberíamos decir que vamos a ser civilizados si lo permitimos … ¿Estás diciendo que somos muy primitivos ahora porque estamos desaprobando la homosexualidad? Incluso los animales no lo hacen, entonces, ¿por qué deberíamos vernos obligados a hacerlo porque queremos ser vistos como inteligentes, civilizados y avanzados, etc.?” Lungu dijo anteriormente: “Aquellos que defienden los derechos de los homosexuales deberían irse al infierno … Ese tema es extraño para este país”, añadió, sumando a su discurso de odio su profunda ignorancia sobre el tema.

El departamento de Estado norteamericano rehusó contestar si había recibido el requerimiento de Lungu. El mandatario zambiano reconoció que la economía del país depende en parte de la asistencia al desarrollo que envían países como Estados Unidos, pero se reafirmó en su defensa de la legislación homófoba. «Si quieren que la ayuda esté ligada a la homosexualidad, me temo que Occidente nos puede deja

Según Lusaka Times, el presidente de la Iniciativa de Jóvenes Líderes Africanos (YALI, por sus siglas en inglés), Andrew Ntewewe, dijo en una conferencia de prensa que los embajadores de EE. UU. Deberían “contenerse cuando se trata de la gobernanza de este país o el tipo de leyes que decidimos tener”.

Añadió: “De hecho, esos dos inadaptados que fueron encarcelados a 15 años recibieron clemencia por el juez de sentencia que administró la pena mínima de 15 años cuando podría haber optado por la cadena perpetua máxima”.

Las leyes que criminalizan la homosexualidad se derivan del antiguo código penal colonial británico de Rhodesia. Rhodesia del Norte se convirtió en Zambia en 1964.

Zambia, LGTBfobia social y de Estado

Zambia heredó la legislación homófoba de la época colonial británica tras su independencia en 1964. Tanto las relaciones homosexuales masculinas como las femeninas son ilegales, con prolongadas penas de cárcel. Se trata, de hecho, de uno de los países africanos en los que la homofobia social es más fuerte: hasta el 98% de la población considera la homosexualidad moralmente inaceptable, según datos de 2010. La fuerte influencia evangélica no sería ajena a este clima de odio homófobo. Ya en 2010 recogíamos cómo múltiples instituciones del país (incluidos dos de los principales partidos políticos y diferentes líderes cristianos) se posicionaban con fuerza en contra de la homosexualidad como reacción al anuncio por parte del Gobierno sueco de que apoyaría a colectivos pro derechos humanos de Zambia, incluidos grupos LGTB.

Buen ejemplo del desprecio con que se tratan los derechos LGTB en Zambia fueron las declaraciones del actual presidente del país Edgar Lungu a principios de 2013, cuando era ministro del Interior. «Los defensores de los derechos de los homosexuales deben ir al infierno. No es un problema que vayamos a tolerar. No habrá discusión alguna sobre los derechos de los homosexuales. Ese asunto es ajeno a este país», afirmaba entonces.

La persecución ha proseguido y la LGTBfobia social, si cabe, ha aumentado. En 2014, el Ministro de Relaciones Exteriores, Gabriel Namulambe afirmaba que despenalizar la homosexualidad sería una afrenta al cristianismo… y ese mismo año, dos hombres eran absueltos por falta de pruebas tras más de un año en prisión preventiva. Pero en noviembre de 2015, una mujer transexual fue condenada a la cárcel por «sodomía» después de que, según el testimonio de la acusada, un taxista la forzara a mantener relaciones sexuales.

En abril de 2018, el gobierno de Zambia rechazó la recomendación de ocho países para reconocer las relaciones sexuales entre personas homosexuales, bisexuales y transexuales, remitida entre otras 203 recomendaciones en favor de los derechos humanos que le fueron sugeridas durante el Examen Periódico Universal de la ONU.

Unas  muestras de la homofobia y la transfobia legal que convierten en un infierno la vida de tantas personas LGTB en África

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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El Presidente Donald Trump con el Vicepresidente Mike Pence y el Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS) Alex Azar

Una regla propuesta por la administración de Trump permitiría a las agencias de adopción y cuidado de crianza negar sus servicios a L.G.B.T. familias basadas en la fe.

La administración Trump busca revertir una regla de la era Obama que clasificaba la orientación sexual y la identidad de género como clases protegidas de la discriminación. Los activistas LGBT+ han condenado la medida de la administración Trump de proporcionar fondos federales para las agencias de adopción que discriminan a las parejas homosexuales.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) publicó el pasado viernes una nueva guía que busca eliminar que anularía una política de diciembre de 2016 que incluía la orientación sexual bajo su definición de discriminación. En concreto, el requisito de que los beneficiarios de subvenciones federales, incluyendo las agencias de adopción y de cuidado de crianza, “deben tratar como válidos los matrimonios de parejas del mismo sexo”.

Al mismo tiempo, los cambios propuestos eliminarían las reglas de no discriminación de la era de Obama, que establecen que no se debe negar a las personas los servicios del HHS “por motivos de edad, discapacidad, sexo, raza, color, origen nacional, religión, identidad de género u orientación sexual”.

El anuncio ha provocado la ira de grupos y aliados de igualdad de derechos, que acusaron a la administración Trump de tratar de desentrañar silenciosamente las protecciones para las personas LGBT+.

La regla propuesta podría publicarse en el Registro Federal tan pronto como el lunes, seguido de un período de comentarios de 30 días. Después de eso, los comentarios se cerrarán y se convertirá en la regla final.

La propuesta tendría efectos “enormes” y afectaría la vida de una gran cantidad de personas, dijo el sábado Denise Brogan-Kator, directora de políticas de Family Equality, una organización de defensa de familias lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.

A los niños se les ‘negarán hogares y familias amorosas’ bajo la regla de la adopción. Tom Pérez y Earl Fowlkes, del Comité Nacional Demócrata, dijeron: “Las reglas propuestas por la administración Trump reducirían el progreso logrado bajo el presidente Obama y allanarían el camino para que a los niños se les nieguen hogares y familias amorosas. Más de 100.000 niños están a la espera de ser adoptados, y esta medida sólo reduce el número de familias capaces de adoptarlos.”

Los críticos, como la Sra. Brogan-Kator, dijeron que la regla permitiría a las organizaciones colocar sus creencias religiosas personales por encima de las necesidades de los niños bajo su cuidado, pero la administración respondió que no estaba evitando que L.G.B.T. personas de adoptar. “La administración está revocando una regla de la era de Obama que se propuso a las 12 en punto de la última administración que pone en peligro la capacidad de los proveedores basados en la fe para continuar sirviendo a sus comunidades”, dijo la Casa Blanca en un comunicado el sábado. “El gobierno federal no debería estar en el negocio de obligar a los proveedores de bienestar infantil a elegir entre ayudar a los niños y su fe”.

Según la Red de Adopción, hay más de 400,000 niños en el sistema de cuidado de crianza en los Estados Unidos. Más de 114,000 no pueden ser devueltos a sus familias y están esperando ser adoptados.

El Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la UCLA estimó en un informe que 114,000 parejas del mismo sexo en 2016 estaban criando niños en los Estados Unidos. Las parejas del mismo sexo con hijos tenían muchas más probabilidades de tener un hijo adoptivo que las parejas de diferentes sexos con hijos, 21.4 por ciento versus 3 por ciento, según el informe.

Alphonso David, presidente de la Human Rights Campaign (Campaña de Derechos Humanos), en una declaración calificó la propuesta de “horrible” y dijo que “permitiría la discriminación en todo el espectro de los programas del HHS que reciben fondos federales. La Casa Blanca de Trump-Pence se basa en el mismo razonamiento legal defectuoso que usaron en el pasado para justificar la discriminación contra L.G.B.T.Q. personas y otras comunidades “, dijo.

Tony Perkins, presidente del Consejo de Investigación Familiar, un grupo que apoya causas socialmente conservadoras y cristianas, dijo el viernes que la noticia fue “tremenda” para los niños, las madres biológicas y las familias adoptivas. “Gracias al presidente Trump, las organizaciones benéficas serán libres de cuidar a los niños necesitados y operar de acuerdo con sus creencias religiosas y la realidad de que a los niños les va mejor en un hogar con una madre y un padre casados”, dijo Perkins en un comunicado.

 Fuente New York Times

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Se dice que Donald Trump no asistió al funeral del activista de derechos civiles, congresista y aliado LGBT+ Elijah Cummings.

Cummings murió el 17 de octubre a la edad de 68 años a causa de “complicaciones relacionadas con problemas de salud de larga data”, dijo una portavoz.

El funeral del congresista tuvo lugar hoy y a él asistieron ex presidentes como Barack Obama y Bill Clinton, pero se informó que el actual presidente no estaba en ninguna parte.

Donald Trump y Elijah Cummings chocaron varias veces.

La ausencia del presidente en el funeral no fueuna sorpresa, ya que Cummings y Trump se enfrentaron repetidamente a lo largo de los años.

Cummings había perseguido a Trump como jefe del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes y se convirtió en una figura destacada en una investigación de destitución contra el presidente, informa The New York Times.

En julio, Trump agrió aún más las relaciones con Cummings y la gente de Baltimore cuando calificó la ciudad natal del congresista de “asquerosa, infestada de ratas y roedores”.

Algunos usuarios de Twitter han afirmado que la ausencia de Trump en el funeral es una afrenta, mientras que otros han dicho que, con razón, no habría sido bienvenido debido a su historia.

Cuando Cummings murió la semana pasada, Trump tuiteó: “Mis más sinceras condolencias a la familia y a muchos amigos del congresista Elijah Cummings. Conseguí ver de primera mano la fuerza, la pasión y la sabiduría de este líder político tan respetado. Su trabajo y su voz en tantos frentes será muy difícil, si no imposible, de reemplazar”.

Elijah Cummings era un poderoso aliado LGBT+. Cummings fue un aliado constante de la comunidad LGBT+ a lo largo de su vida y expresó su apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo durante el referéndum de Maryland sobre igualdad en el matrimonio de 2012.

Fuente Cromosomax

General, Homofobia/ Transfobia. Donald Trump, Elijah Cummings, Homofobia/Transfobia

Una terapia de conversión debe ser equilibrada con los derechos religiosos, dicen los miembros del Comité.

Las medidas para prohibir la terapia de conversión, una práctica dañina y ampliamente desacreditada,  en Nueva Zelanda se han retrasado aún más este fin de semana porque los funcionarios del Gobierno están preocupados por la libertad de expresión religiosa.

También llamada terapia reparadora, las organizaciones médicas de todo el mundo han rechazado ampliamente el tratamiento por considerarlo traumatizante y psicológicamente cicatricial, sofocando la capacidad de expresar quiénes son, especialmente en el caso de los menores de edad.

Alrededor de 20.000 personas en el país firmaron dos peticiones para que se prohibiera esta práctica. Pero los legisladores admitieron que aunque la terapia es dañina, no recomendó una prohibición inmediata, escribió el Comité Especial de Justicia en un informe el 18 de octubre.

El organismo, compuesto por varios parlamentarios que consideran las peticiones presentadas, reconoció en un informe que la Cámara de Representantes de Nueva Zelanda debería “tomar nota”, pero advirtió que existe una “dificultad inherente” para evitar esta práctica.

Sin embargo, continuó el informe: “Creemos que hay que trabajar más antes de que se tome la decisión de prohibirlo“, dijo en su informe. “En particular, hay que pensar en cómo definir la terapia de conversión, a quién se aplicaría la prohibición y cómo asegurar que se mantengan los derechos relacionados con la libertad de expresión y religión”.

El comité expresó la importancia de que la terapia se distinga del asesoramiento, señalando que la legislación diseñada para prohibirla podría resultar pegajosa y difícil de redactar como resultado de ello.

Las personas con preguntas sobre su sexualidad deberían poder buscar el consejo de los líderes religiosos de la comunidad, por lo que “la prohibición de la terapia de conversión no debería impedir que nadie busque o proporcione dicho consejo”.

Los activistas denuncian la consideración del Comité como una “evasiva”.

Max Tweede, del Grupo de Acción de la Terapia de Conversión, dijo a Stuff: “No permitimos que la libertad religiosa de alguien se extienda a la lapidación de homosexuales hasta la muerte. No podemos permitir que las prácticas religiosas arcaicas tengan prioridad sobre los derechos y el bienestar general de nuestra comunidad del arco iris”.

Las últimas noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays. Y la buena noticia que informada de que la «coach» Elena Lorenzo, sancionada por intentar «curar» a homosexuales con terapias de conversión.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Cromosomax/Cristianos gays

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La ley que prohíbe en Nueva York las mal llamadas «terapias» reparadoras o de conversión, que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, tiene los días contados. Sus propios promotores han anunciado que la derogarán, en una maniobra para evitar que una demanda acabe por reforzar, si prospera, el estatus de estas peligrosas prácticas. El Gobierno local teme que el Tribunal Supremo, en manos de los conservadores, emita una sentencia que blinde estas intervenciones a nivel federal. La ciudad de Nueva York había sido pionera en vetar su aplicación en todas las personas y no solo en menores.

En noviembre de 2017, el consejo municipal de Nueva York aprobaba por la abrumadora mayoría de 43 votos a 2 la norma que prohibía la oferta comercial de «servicios que pretendan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona». La ciudad fue pionera en vetar las «terapias» de conversión con independencia de la edad, ya que el resto de jurisdicciones que han aprobado leyes similares solo prohíben estas intervenciones en menores.

Sin embargo, la presentación de una demanda federal contra la medida ha hecho que el consejo opte por derogarla para evitar males mayores. Los propios promotores de la norma original son los que han decidido dar marcha atrás, ante el temor de que el Tribunal Supremo falle a favor de los demandantes. Una sentencia así podría anular los vetos que se han aprobado en dieciocho estados, además de los territorios de Washington D.C. y Puerto Rico y numerosos condados y municipios.

Los miembros del Consejo que apoyan ahora la derogación califican este movimiento estratégico como lamentable pero necesario. El portavoz Corey Johnson, que es abiertamente gay, recordó que el Supremo tiene una clara mayoría conservadora después de los dos nombramientos de la administración Trump (Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh). También la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, al que pertenece el estado de Nueva York, está dominada por jueces conservadores.

La ley de derogación se votará a finales de mes. Si sale adelante, como se prevé, en la ciudad de Nueva York volverán a estar permitidas las «terapias» reparadoras en adultos, pero no en menores, que seguirán protegidos por la norma estatal. La ley local permite también que los adultos que se sientan estafados por este tipo de peligrosas prácticas puedan reclamar una indemnización.

No es la primera vez que una administración decide dar marcha atrás en este asunto por miedo a las consecuencias judiciales. Hace un año, en California, el representante demócrata Evan Low retiró un avanzado proyecto de ley de prohibición total (en menores y adultos) de las «terapias» de conversión tras reunirse con representantes de grupos religiosos. Low rechazó enviar la propuesta al gobernador para que la firmara, último trámite para su entrada en vigor después de que fuera aprobada por ambas cámaras del estado.

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La última noticia acerca de este esperpento de las falsas “terapias” fue que  ante la protesta ciudadana, el Ministro de Educación de Israel se retractaba de su apoyo a las terapias de “curación” para gays.

Una tendencia creciente a la prohibición

En Europa la pionera fue Malta, que aprobó una ley en 2016. Irlanda y el Reino Unido también están dando pasos en esta dirección. En España, mientras tanto, la prohibición de este tipo de intervenciones ha sido ya contemplada en varias normas autonómicas y es una de las disposiciones que prevé la prometida ley en favor de la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, que se discutió en el Congreso de los Diputados (aunque el PP intentó «colar» una proposición alternativa, en forma de enmienda a la totalidad, que no contemplaba este aspecto). Un proyecto que naufragó con la convocatoria de elecciones anticipadas.

En cualquier caso, conviene recordar que el Consejo General de la Psicología, órgano coordinador y representativo de los Colegios Oficiales de Psicólogos de toda España, emitió ya en 2017 un comunicado en el que recordaba que las intervenciones que prometen «curar» la homosexualidad carecen de fundamento. No es ninguna novedad, pero en estos momentos en los que la promoción de este tipo de intervenciones parece reverdecer en nuestro país (casos recientes como el de la “terapeuta” Elena Lorenzo o las charlas de Jokin de Irala o de Richard Cohen así parecen indicarlo) toda aclaración es bienvenida. Mientras, el año pasado sufrimos un seminario sobre “ayudar a cambiar sentimientos homosexuales”. En todos casos, nuestros amigos de HazteOir estuvieron ahí apoyando a los homófobos…

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha exigido la prohibición de estas terapias.

En EE.UU., California fue el primero en hacerlo en 2012, no sin controversia. Le siguieron el también estado de Nueva Jersey (varios meses después), Washington D.C. (cuyo Consejo legislativo aprobó la norma por unanimidad en 2014) y más tarde se sumaron los estados de  Oregon, Illinois, Vermont,  Nuevo México, Rhode Island, Nevada, Connecticut, Washington,  Hawái, Maryland, Delaware y New Hampshire,  Nueva York, Colorado y Massachusetts, cuyo texto entró en vigor el pasado 8 de abril tras la firma del gobernador republicano Charlie Baker.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Y el pasado 8 de mayo, la Cámara de Representantes de Maine aprobó el proyecto de ley 1025 por 91 votos a favor (de demócratas, independientes y cinco republicanos) frente a 46 en contra (todos ellos republicanos). Su tramitación continuó en el Senado, donde salió adelante el día 21 de mayo por 25 votos afirmativos (de los demócratas y cinco republicanos), frente a 9 contrarios (todos republicanos).

Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

En abril se les unía Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, aunque en este caso lo hacía mediante una orden ejecutiva firmada por su gobernador, Ricardo Roselló, después de que la Cámara de Representantes puertorriqueña rechazara tramitar un proyecto de ley aprobado por el Senado. Hay además numerosos condados y ciudades que haciendo uso de sus competencias locales han promulgado normas similares. Denver, precisamente la capital de Colorado, lo aprobó por ejemplo el pasado enero por decisión unánime de sus concejales.

No” rotundo de los especialistas a las “terapias” reparadoras.

“Terapias” reparadoras: no solo inútiles, también peligrosas

La comunidad médica mundial en su inmensa mayoría condena estas prácticas y lucha para que los gobiernos las prohíban. Precisamente en marzo de 2016 tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas. Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales. La Asociación Americana de Psicología, por ejemplo, hizo ya en 2009 un llamamiento a los psicólogos para que las abandonasen definitivamente tras revisar la evidencia científica disponible y concluir que ya no resulta posible sostener que un paciente puede cambiar su orientación sexual a través de terapia, mientras que los daños potenciales de tales intervenciones pueden ser graves, incluyendo depresión y tendencias suicidas. Otras organizaciones que han alertado contra los riesgos de estas intervenciones son la Asociación Médica Británica, las más importantes organizaciones de psicoterapeutas del Reino Unido o, en España, el Colegio de Psicólogos de Madrid. Los testimonios de algunas de las personas atrapadas por las redes que promueven este tipo de prácticas (“ex-gais”) y que años después han conseguido liberarse son un buen ejemplo del daño que pueden llegar a sufrir.

En definitiva, la aplicación o recomendación de este tipo de prácticas van, hoy en día, en contra del conocimiento médico actual y de la lex artis que obliga a todo profesional sanitario.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

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Ha sido uno de los nombres del verano. La futbolista Megan Rapinoe, abiertamente lesbiana, activista por los derechos LGTBI y de las mujeres y capitana de la selección estadounidense de fútbol. Su equipo se proclamó campeón del mundo por cuarta vez, se enfrentó abiertamente al presidente Trump y ahora lidera una campaña en favor de la igualdad salarial entre futbolistas hombres y mujeres.

La centrocampista estadounidense salió públicamente del armario en el verano de 2012, a los 27 años. Es pareja desde hace varios años de la jugadora de baloncesto Sue Bird, y lleva años comprometida con la visibilización del colectivo LGTBI en el deporte profesional. «No puedes ganar un mundial sin jugadores gais [‘You can’t win without gay players’, en el original. En inglés, recordemos, el uso de ‘gay’ es indistinto para chicos y chicas]. No se ha logrado hacer nunca antes. Es pura ciencia», aseguró Rapinoe después de que su equipo se clasificase para las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol. Un torneo que se celebró en Francia y del que el equipo estadounidense se proclamó campeón el pasado 7 de julio. Rapinoe tuvo un papel muy destacado en el torneo, del que fue máxima goleadora (junto a su compañera de equipo Alex Morgan y la inglesa Ellen White) y en el que fue considerada la mejor jugadora en su conjunto.

Cabe destacar que Rapinoe no fue, ni muchísimo menos, la única jugadora LGTBI del torneo: hubo 41 jugadoras abiertamente lesbianas o bisexuales. Pero si fue la que acaparó los principales titulares, y no solo por su trayectoria deportiva. También por su abierto enfrentamiento con Donald Trump al asegurar que no visitaría la Casa Blanca en el caso de que su equipo ganase el torneo y el presidente decidiera invitarlo a su residencia oficial.

Todo empezó cuando Rapinoe atendió a los medios después de que su equipo derrotara a España en los octavos de final. Un periodista le preguntó sobre la posibilidad de ser recibida por el presidente. «No voy a ir a la jodida Casa Blanca», respondió ella sin titubeos, en señal de desaprobación a buena parte de las políticas de la administración Trump. De hecho, Rapinoe justificó unos días después su respuesta, asegurando que no quería que la lucha de décadas del equipo femenino estadounidense por la igualdad y la inclusión fuera «autoapropiada por una administración que no siente de la misma forma y no lucha por las mismas cosas».

Más tarde, eso sí, la futbolista aceptó visitar el Congreso. «Puede que no sea la Casa Blanca, pero estaríamos felices de recibir a Megan y a toda la selección para un tour por la Cámara de Representantes en cualquier momento que quisieran», le proponía la representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez a través de Twitter. «Dalo por hecho», contestaba la futbolista, de 34 años, al hilo del mensaje. Ocasio-Cortez es una de las figuras más destacadas del sector izquierdista del Partido Demócrata, siendo también una de las más que más animadversión despierta entre los seguidores de Trump.

Sea como fuere, las palabras de Rapinoe irritaron bastante a Trump, que no dudó en responder a la jugadora —como es habitual en él— a través de su cuenta de Twitter: «[…] A las ligas y los equipos les encanta venir a la Casa Blanca. Soy un gran fan del equipo americano y del fútbol femenino, pero Megan debería ganar primero antes de hablar. ¡Termina el trabajo!». «Aún no hemos invitado a Megan o al equipo, pero ahora estoy invitando al EQUIPO, ganen o pierdan. Megan no debería faltarle nunca el respeto a nuestro país, la Casa Blanca o nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y su equipo-. ¡Siéntete orgullosa de la bandera que vistes! Estados Unidos lo está haciendo genial», añadió, haciendo alarde de su habitual demagogia. Cuando la selección estadounidense se proclamó finalmente campeona del mundo, Trump la felicitó por Twitter sin hacer mención ni a Rapinoe ni a la polémica previa.

Ya de vuelta en Estados Unidos y con la tormenta ya pasada, Megan Rapinoe concedió una entrevista a The Guardian en la consideró la polémica con Trump una estupidez más del presidente. «Ha sido ridículo y absurdo», asegura. «Sinceramente, es un jodido chiste», añadía, en referencia directa a Trump. En la misma entrevista, Rapinoe habla sobre la contradicción que supone para ella haber crecido en un entorno conservador y defender ideas progresistas. «Creo que mi padre votó a Trump. Y yo le digo: ‘No lo entiendo. ¿Cómo puedes estar al mismo tiempo tan orgullosa de mí y al mismo tiempo estar viendo siempre Fox News, que no deja de atacarme», asegura. Una familia que aunque conservadora siempre la ha apoyado en su proceso de visibilización.

Mientras tanto, Rapinoe sigue embarcada en otra lucha: la de la igualdad salarial entre hombres y mujeres en el fútbol profesional. Hace varios meses, junto a varias de sus compañeras, interpuso una demanda ante la justicia federal contra la mismísima Federación Estadounidense de Fútbol por discriminación. Durante este tiempo ha habido conversaciones para intentar llegar a un acuerdo, pero este mes de agosto se dieron por rotas. «No aceptaremos nada que no sea la igualdad salarial», justificó Rapinoe. La Federación Estadounidense de Fútbol, por su parte, ha calificado de «agresiva» la actitud de las jugadoras. Veremos qué sucede finalmente.

Fuente Dosmanzanas

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La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha aprobado la Ley de Igualdad, que pretende reformar la vigente Ley de Derechos Civiles para que también proteja a las personas LGTBI contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género. La ley ha sido votada favorablemente por la inmensa mayoría de los representantes del Partido Demócrata, pero con la oposición de la práctica totalidad de los representantes del Partido Republicano. Esto último advierte de la poca probabilidad de que sea convalidada por el Senado, donde los republicanos son mayoría, paso necesario para su entrada en vigor. El presidente Donald Trump, por su parte, ya anunció su oposición a la Ley de Igualdad debido a que contiene «píldoras envenenadas», refiriéndose a los artículos que protegen los derechos de las personas trans.

El pasado viernes 17 de mayo, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votó el proyecto de Ley de Igualdad que había sido presentada por el Partido Demócrata el pasado mes de marzo. La prontitud en la votación se debía a la voluntad de la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, quien, en palabras de la directora ejecutiva de GLAAD, «ha convertido a los derechos LGTBI en la piedra angular de su carrera».

La votación se saldó con 273 votos favorables y 173 en contra, una mayoría amplia que refleja la composición de la cámara baja, en estos momentos en manos del Partido Demócrata. Un total de 228 representantes demócratas votaron a favor y 7 se abstuvieron. En el bando republicano, votaron a favor 8 representantes, 173 lo hicieron en contra y 16 se abstuvieron.

Se trataba de la segunda ocasión en que se presentaba este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue introducido por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes, una versión del presentado infructuosamente en 1974, añade a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. La Ley de Igualdad pretende que esa protección sea de ámbito federal.

Sin embargo, la dificultad para que la Ley de Igualdad tome vigencia está en el Senado, de mayoría republicana y donde se presentó en la misma fecha que en la Cámara de Representantes. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos, algo altamente improbable. Incluso la primera dificultad estribaría en que el líder del Partido Republicano en el Senado, Mitch McConnell, acepte presentarla en comisión para su debate y su posterior votación en un plazo razonable.

La reforma de la Ley de Derechos Civiles tampoco obtendría la aprobación presidencial, según declaraba un alto funcionario de su equipo en el siguiente comunicado: «La Administración Trump se opone absolutamente a la discriminación de cualquier tipo y apoya la igualdad de trato para todos. Sin embargo, este proyecto de ley en su forma actual está lleno de píldoras envenenadas que amenazan con socavar los derechos de los padres y de conciencia». Estas afirmaciones contrastan con las que sostenía anteriormente Donald Trump, quien, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo».

A pesar de las pocas probabilidades de que la Ley de Igualdad tome finalmente efecto, su aprobación por parte de la Cámara de Representantes ha sido vista por los defensores de los derechos LGTBI como un avance de gran fuerza simbólica. Human Rights Campaign lo expresaba de esta manera en las redes sociales: «Es la primera vez que una cámara del Congreso ha aprobado un proyecto de ley integral de derechos civiles LGTBI que finalmente proporcionaría protecciones claras y a nivel nacional para las personas LGBTQ en su vida cotidiana».

Las fuerzas conservadoras en contra de los derechos de las personas trans

Como hacen sospechar las declaraciones del equipo presidencial y han manifestado claramente los representantes del Partido Republicano opuestos a la aprobación de la Ley de Igualdad, son los derechos de las personas trans los que provocan un mayor rechazo entre las filas conservadoras.

La defensa del proyecto de ley por parte del Partido Demócrata se podía resumir con las palabras de Jerrold Nadler, representante por Nueva York y presidente del Comité Judicial: «La cuestión que tenemos ante nosotros no es si la comunidad de LGTBI se enfrenta una discriminación escandalosa e inmoral, puesto que los hechos demuestran claramente que sí lo hace. La pregunta es si nosotros, como Congreso, estamos dispuestos a tomar medidas para hacer algo al respecto. La respuesta va directamente al corazón de lo que queremos ser como país, y hoy, esa respuesta debe ser un resonante ‘sí’».

Mientras tanto, los representantes republicanos defendían su rechazo a la igualdad de derechos para las personas LGTBI con referencias a la «seguridad de las mujeres y los niños en los espacios privados», en alusión al derecho de las personas trans a utilizar los baños públicos que se corresponden a su identidad de género. También mencionaban los «problemas de conciencia» para el personal sanitario involucrado en las cirugías y tratamientos para la reasignación de género, o que «se obligaría a los centros escolares a que enseñasen educación sexual en la que se afirmaría que la identidad de género es por propia identificación».

Para dar una idea del fanatismo que destilan las fuerzas conservadoras, el grupo extremista Liberty Counsel emitía un comunicado tras la votación en la Cámara de Representantes en el que señalaba con nombres y apellidos a los ocho representantes republicanos que habían votado favorablemente a la Ley de Igualdad. Según Liberty Counsel, «nadie que haya votado por la mal llamada «Ley de Igualdad» merece servir en el Congreso. Este proyecto de ley destruye la libertad religiosa fundamental sobre la que se fundó América. Este proyecto de ley es antipatriótico y peligroso. La mal llamada «Ley de Igualdad» no tiene nada que ver con la igualdad y es la amenaza más seria a la vida y la libertad jamás propuesta por el Congreso. Este proyecto de ley debe ser detenido en el Senado. Si este proyecto de ley se convierte en ley, las consecuencias serán sobrecogedoras». En anteriores oportunidades, Liberty Counsel había afirmado que el proyecto de ley «abriría la puerta a la pedofilia, a la prohibición de la Biblia y al incremento de las agresiones sexuales».

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Estas presiones de las fuerzas ultraconservadoras hacen mella en el Partido Republicano. Sin embargo, su oposición a la reforma de la Ley de Derechos Civiles para incluir a las personas LGTBI entre quienes estén protegidas contra la discriminación choca con la realidad social, que muestra que la mayoría de la población estadounidense es favorable a esa protección. Según una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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Eric Porterfield es un político republicano, miembro de la Cámara de Representantes de Virginia Occidental, que identifica a la comunidad LGTBQ como «lo más parecido a terroristas políticos que hay en los Estados Unidos. No hay duda sobre esto». Compara también al colectivo con el Ku Klux Klan y lo acusa de ser un difusor del discurso del odio y actuar en contra de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Pese a las peticiones de dimisión tras dichas declaraciones, Porterfield sigue en el cargo. 

Esto es exactamente el movimiento LGTBQ para Eric Porterfield, un legislador del Partido Republicano de Estados Unidos en el estado de Virginia Occidental. Hasta tal punto llega el odio del político que, durante una entrevista en la cadena local WVVA, Porterfield insinuó que actuaría contra la seguridad de sus propios hijos si estos le dijeran que son homosexuales. Fue tras escuchar los continuos ataques a la comunidad LGTBQ cuando la presentadora del espacio intentó buscar un hipotético caso en el que el político tuviera que aceptar la homosexualidad en su contexto más cercano. «Usted tiene una hija y un hijo adorables. ¿Qué sucedería si cuando sean adolescentes o adultos le dijeran que son gay o lesbiana?», le preguntó. «Bueno, primero hablaré de mi hija. Primero la llevaría a la pedicura, luego a hacerse las uñas, y después vería si sabe nadar. Si fuese mi hijo, seguramente lo llevaría a cazar y a pescar, y después vería si sabe nadar». Unas declaraciones tan cargadas de estereotipos sexistas como de odio incluso dirigido a sus propios hijos en un supuesto teórico.

La presentadora del espacio informativo quedó atónita ante las palabras del político, que llevaba una gorra con el lema Make America great again, lema de la campaña de Donald Trump. Un eslogan que, adaptado a cada lugar, ha sido utilizado por partidos de extrema derecha de todo el mundo, como es el caso de Vox en España. «¿A qué se refiere con ver si saben nadar?», le preguntó. «Solo querría asegurarme de que saben nadar», respondió Porterfield, sonriendo. «¿Qué quiere decir con eso?», intentó de nuevo la presentadora. «Solo eso, que los llevaría a hacer actividades», respondió.

Odio sin complejos

Eric Porterfield, ciego y «cristiano renacido», es el perfecto ejemplo de político extremista y lenguaraz, un perfil que pese a incomodar al republicanismo tradicional se ha visto fortalecido desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, especialmente en los estados sureños. Elegido miembro de la Cámara de Representantes de Virginia Occidental en noviembre del año pasado, Porterfield comenzó a difundir sus ideas de odio ya antes de la mencionada entrevista, cuando dio su apoyo a un proyecto de ley para legalizar en su estado la discriminación contra las personas LGTBQ que sería de aplicación incluso en aquellos condados que hubiesen aprobado de forma expresa medidas antidiscriminatorias (proyecto que finalmente fue rechazado). Porterfield defendió que la comunidad LGTBQ actúa en contra de la primera enmienda de la Constitución estadounidense (que protege los derechos a la libertad religiosa y a la libertad de expresión).

Tampoco dudó en comparar al movimiento del arcoíris con otro más monocromático: «Los LGTBQ son una versión moderna del Ku Klux Klan, solo que no visten gorros y usan sus payasadas de odio». Una cuestionable afirmación, si se tiene en cuenta que el grupo supremacista acumula más de 4.000 asesinatos reconocidos en Estados Unidos a los que se les suman los ocultados y los no descubiertos o conectados directamente con la secta. Además, Porterfield obvia el hecho de que el colectivo supremacista blanco es precisamente uno de los grupos que vio con mayor simpatía la llegada de Donald Trump a la presidencia. Un caso en el que también encontramos paralelismos con la situación política española, ya que David Duke, antiguo gran maestre del Ku Klux Klan, felicitó a Vox por sus resultados en las elecciones al Parlamento andaluz.

Porterfield también ha utilizado el término «faggot» («maricón») sin complejos para referirse a personas abiertamente homosexuales y acusa al colectivo LGTBQ de ser «uno de los grupos más socialistas de los Estados Unidos». Un señalamiento de activistas, políticos o personas de cualquier ámbito de la sociedad muy cercano a las «cazas de brujas» de las que Porterfield acusa al colectivo LGTBQ.

Peticiones de dimisión desde su propio partido

Unas declaraciones de Porterfield de tal calibre que incluso desde el Partido Republicano le han pedido que abandone el escaño. «Estos comentarios son inaceptables y así los denunciamos», expreso en un comunicado Melody Potter, presidenta de los republicanos de Virginia Occidental, que añadió que las opiniones de Porterfield «no reflejan los valores de nuestro país, de nuestro estado y del Partido Republicano».

Petición a la que Eric Porterfield no ha hecho por el momento el más mínimo caso.

Fuente Dosmanzanas

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Ampliamos la noticia que publicábamos el pasado 16 de marzo. El Partido Demócrata estadounidense presentó de nuevo el pasado miércoles en el Congreso y el Senado un proyecto de Ley de Igualdad que reformaría la vigente Ley de Derechos Civiles, con el objetivo de impedir a nivel federal la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en ámbitos como el trabajo, la vivienda, la educación, subvenciones del Estado o servicios y establecimientos públicos. La mayor dificultad será su aprobación por el Senado, de mayoría republicana, a pesar de que una reciente encuesta revela que la mayor parte de la población estadounidense se opone a este tipo de discriminación en todos los estados que conforman los Estados Unidos, entre los ciudadanos de todas las edades, etnias, ideologías políticas o creencias religiosas. Además, una ley de este tipo también cuenta con el apoyo de las grandes corporaciones empresariales.

Se trata de la segunda ocasión en que se intenta introducir este proyecto de ley de reforma de la Ley de Derechos Civiles, vigente desde 1964, que fue presentado por primera vez en 2015, sin éxito, debido al rechazo de la mayoría republicana.

Actualmente, la Ley de Derechos Civiles prohíbe la discriminación por razón de sexo, raza, color, origen nacional y religión en el derecho al voto, el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los establecimientos y servicios públicos. El presente proyecto de ley, versión del presentado infructuosamente en 1974, pretende añadir a estas categorías protegidas la orientación sexual y la identidad de género.

Tan solo veinte de los cincuenta estados que conforman los Estados Unidos cuentan con leyes o normativas que impidan, en mayor o menor medida, la discriminación de las personas LGTB. El proyecto de ley quiere que esa protección sea de ámbito federal. Como señalaba el congresista David Cicilline, abiertamente LGTB y ponente del proyecto de ley, «en la mayoría de los estados de este país, una pareja gay puede casarse el sábado, publicar sus fotos de boda en Instagram el domingo y perder sus empleos o ser expulsados de sus apartamentos el lunes solo por ser quienes son».

Según destaca la organización de defensa de derechos civiles ACLU, el proyecto de ley, además «aclara que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa no puede usarse en contextos de derechos civiles, prohibiendo que la libertad religiosa, que es un valor estadounidense fundamental, sea utilizada como una licencia para discriminar».

Si bien no parece que haya problemas para que el proyecto de ley sea aprobado en el Congreso, dada la mayoría demócrata que ostenta en la actualidad, la principal dificultad la encontrará en el Senado. Se necesitaría que, además del voto favorable de todos los senadores demócratas e independientes, se sumaran los de al menos cuatro senadores republicanos. Las posibilidades de aprobación parecen pues escasas, ni nadie cree que vaya a obtener el apoyo presidencial. Aunque, como curiosidad, en unas declaraciones efectuadas en el año 2000 a la revista The Advocate, Donald Trump afirmaba que le gustaba «la idea de enmendar la Ley de Derechos Civiles de 1964 para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. Sería simple. Sería sencillo. Una enmienda a la Ley de Derechos Civiles otorgaría la misma protección a los homosexuales que a lo demás estadounidenses, es lo justo». 

La nueva normativa propuesta cuenta, sin embargo, con el apoyo de más de 160 de las mayores compañías y corporaciones empresariales estadounidenses, muchas de las cuales ya cuentan con políticas antidiscriminatorias de ámbito interno.

La mayoría de la población a favor de la no discriminación de las personas LGTBI

Pero el dato más positivo es el que ha revelado una reciente encuesta de Public Religion Research Institute (PRRI), según la cual un 69 % de los ciudadanos estadounidenses se mostraría favorables a una ley contra la discriminación de las personas LGTB, mientras que tan solo se opondría el 24 %. Esta mayoría se alcanza en todas las edades y entre quienes profesan las distintas ideologías o creencias religiosas. Si bien el apoyo es mayor entre los ciudadanos de menor edad, los demócratas o quienes profesan religiones como el judaísmo o el budismo, también es mayoritario entre los mayores de 65 años, los republicanos (incluso los más conservadores) o quienes se declaran mormones, musulmanes o testigos de Jehová. Así se comprueba en la siguiente tabla.

También se extiende a cada uno de los cincuenta estados. El apoyo es mayor en los estados que componen Nueva Inglaterra o la Costa Oeste, pero también hay un fuerte respaldo en muchos de los estados del Medio Oeste. Es menor en los estados del Sur, pero aun así en todos ellos la mayor parte de la población se declara a favor de las leyes antidiscriminatorias. Se puede comprobar en la siguiente tabla (podéis pinchar en ella para verla a mayor tamaño):

Fuente Dosmanzanas

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La mayoría conservadora en el Supremo levanta la suspensión cautelar de la orden de Trump: las personas trans, de nuevo vetadas en el Ejército estadounidense.

Corren malos tiempos para las libertades. En el mundo en general, y en Estados Unidos en particular. Estados Unidos ha dado un nuevo paso atrás en materia de derechos LGBTI tras la alineación del Tribunal Supremo con las tesis tránsfobas de Donald Trump.

Victoria de la administración Trump en su cruzada contra la comunidad trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha decidido levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la orden para excluir a las personas trans del Ejército, con lo que a partir de ahora está prohibida su contratación, como ya ocurría antes de 2016. El fallo, que es provisional hasta que se resuelvan las demandas presentadas, refleja la nueva mayoría conservadora del alto tribunal. La entrada en vigor de la norma discriminatoria supondrá también la interrupción de la financiación de los tratamientos de reasignación, salvo los del personal que se encuentre en pleno proceso.

La agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence ha puesto desde el primer momento a las personas trans en su punto de mira. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército e interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso. La administración Trump retomaba la situación previa a junio de 2016, cuando el expresidente Barack Obama abrió las fuerzas armadas a las personas trans, dando inicio a un proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria que debía culminar el mes de enero de 2018.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. En respuesta a sendas demandas, tres jueces federales decretaron suspensiones cautelares de la orden presidencial, al considerar que la norma atenta contra el derecho a un trato igualitario y a la libertad de expresión. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaraba, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podían seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiso poner fin cuanto antes. Es por ello que el pasado noviembre, el procurador general Noel Francisco recurría al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puenteó a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirigió directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Con este atajo, Trump pretendía evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre dos de las demandas.

Un Supremo con una mayoría conservadora, después de la polémica designación de Brett Kavanaugh, decidía este martes por cinco votos a cuatro levantar la paralización de la norma. La petición de puentear a las Cortes de Apelaciones, sin embargo, no fue atendida, y la del Noveno Circuito se pronunciará antes de que el asunto regrese previsiblemente al Supremo para su resolución final. Los activistas se han felicitado por que el caso siga su curso por los tribunales intermedios, pero lamentan que con el fin de la suspensión de la norma tránsfoba, se les complica la vida a los militares trans que sirven en la actualidad. Se enfrentan al despido o a la imposibilidad de acceder a un tratamiento de reasignación, salvo que se encuentren ya en pleno proceso.

Está por ver qué ocurrirá a continuación. Si la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirma las suspensiones cautelares sobre las que tiene que pronunciarse aún, la norma tránsfoba podría volver a quedar paralizada. La sentencia final, en cualquier caso, la tomará con toda probabilidad de nuevo el Tribunal Supremo.

Con noticias como estas, todas las conquistas que hemos ido realizando en los últimos años están en serio peligro con la fuerza que los populismos de derecha y ultraderecha están adquiriendo en Estados Unidos, Brasil, o en varios países europeos.

Fuente AmbienteG/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Brett Kavanaugh, Corte de Apelaciones del 9º Circuito, Discriminación, Donald J. Trump, Donald Trump, EE.UU., Ejército, Estados Unidos, Homofobia/Transfobia, LGTBfobia, Mike Pence, Noel Francisco, Personas transgénero, Transexuales, Transexualidad, Transfobia, Tribunal Supremo (Estados Unidos)

La firma del nuevo tratado de libre comercio norteamericano dejaba el viernes pasado un desagradable cambio de última hora. La versión final rebaja el carácter vinculante de la protección frente a la discriminación laboral basada en la orientación sexual y la identidad de género, presente en el texto inicial. Ni siquiera con la nueva formulación, más laxa, se ha dado por contenta la administración Trump. Ante la amenaza de varios congresistas republicanos de rechazar el tratado si se hacía referencia a la realidad LGTB, Estados Unidos se ha autoexcluido de la medida con una nota al pie en la que especifica que el país no va a tomar nuevas medidas en esa dirección.

El pasado 30 de noviembre, el ya expresidente Enrique Peña Nieto, el presidente Donald Trump y el primer ministro Justin Trudeau firmaban el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituirá al Tratado de Libre Comercio en vigor desde 1994. Era el resultado de dos años de negociaciones y ahora deberá superar la ratificación parlamentaria en cada uno de los Estados signatarios. En el ámbito LGTB, la administración Trump ha conseguido, tras diluir su carácter vinculante, autoexcluirse de una ambiciosa formulación contra la discriminación laboral tras las presiones de los republicanos.

El texto original, en su artículo 23, instaba a los tres países a apoyar «políticas que protejan a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo, inclusive con relación al embarazo, acoso laboral, orientación sexual e identidad de género». Pero ya a mediados de noviembre, un grupo de más de cuarenta congresistas republicanos escribieron una carta al presidente urgiéndolo a no firmar el acuerdo si antes no se borraba esta mención. En el trasfondo, la amenaza de rechazar el tratado durante su ratificación en el Congreso de Estados Unidos.

Para sortear este posible veto, la nueva formulación del artículo 23 anima a los países firmantes a fomentar «políticas que consideren apropiadas para proteger a los trabajadores contra la discriminación laboral basada en el sexo (inclusive con relación al acoso laboral), embarazo, orientación sexual, identidad de género y cuidado de personas allegadas». Una formulación, la de «que consideren apropiadas», que rebaja el carácter vinculante del mandato. Aun así, Estados Unidos se autoexcluye de esta recomendación con una nota al pie en la que asegura que las normas existentes en el país ya «son suficientes para cumplir las obligaciones» que impone el tratado en materia de discriminación laboral y «por tanto, no requieren ninguna acción adicional» por parte de la administración estadounidense.

Sin una ley federal contra la discriminación laboral

La realidad es que, a diferencia de Canadá y México, Estados Unidos carece en la actualidad de una ley federal de protección de las personas LGTB frente a la discriminación en el ámbito laboral. La legislación varía según los estados, e incluso hay normas distintas según el condado o la localidad de residencia, de manera que en muchos lugares sigue siendo legal negar un empleo a un candidato solo por ser gay, lesbiana, bisexual o transexual. Desde 1994, de hecho, diversas variantes de una propuesta de ley de no discriminación en el empleo (ENDA, por sus siglas inglesas) han sido presentada ante el Congreso, sin que ninguna haya prosperado.

Para compensar la no aprobación de la ENDA, Barack Obama dictó en 2014 una orden ejecutiva que de forma explícita prohibía a todas aquellas empresas que tengan o que aspiren a cerrar contratos con la administración federal discriminar a sus empleados por razones de orientación sexual o identidad de género. Se trata, en cualquier caso, de una orden ejecutiva, no de una ley. Donald Trump puede revertirla al margen del Congreso, una posibilidad que por ahora no se ha materializado. Ahora bien, ya en varios momentos los medios estadounidenses han recogido su intención de emitir otra orden ejecutiva a favor de la «libertad religiosa» que la convertiría en papel mojado. Los tribunales, por su parte, han dictaminado que la histórica Ley de Derechos Civiles de 1964 cubre la protección frente a la discriminación laboral de las personas LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Cruzada sin descanso de la administración Trump contra los derechos de la comunidad trans en Estados Unidos. El procurador general ha presentado una petición ante el Tribunal Supremo para que tome una decisión sobre su orden para excluir a las personas trans del Ejército. La norma está temporalmente paralizada después de que cuatro tribunales de distrito hayan admitido a trámite otras tantas demandas contra la misma. El Gobierno de Trump pretende acelerar su entrada en vigor, puenteando a los tribunales de apelaciones que debían decidir sobre estos procesos. Acude en su lugar directamente a la más alta instancia judicial, controlada desde octubre por el sector conservador.

La discriminación de las personas trans es, en este momento, el principal objetivo en la agenda anti-LGTB de la administración de Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence. En julio de 2017, el presidente anunciaba en la red social Twitter su decisión de excluirlas del Ejército. El mensaje se hacía efectivo pocas semanas después mediante una orden transmitida a los departamentos de Defensa e Interior. El documento, al que puedes acceder aquí, ordenaba poner fin al proceso de despliegue de la normativa antidiscriminatoria, que debía culminar el mes de enero de 2018, y retomar la situación previa a junio de 2016. Se vetaba la incorporación de nuevas personas trans al Ejército y se interrumpía la financiación de sus tratamientos de reasignación, salvo aquellos casos que se encontrasen en pleno proceso.

Como era de esperar, rápidamente comenzaron a interponerse demandas judiciales por parte de personas trans que sirven o quieren servir en el Ejército y de asociaciones de defensa de los derechos civiles. La primera de ellas, Doe v. Trump, argumenta que la prohibición viola la 5ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza el derecho a un trato igualitario por la ley y al «debido proceso». Argumento que la jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, del distrito de Columbia, no solo estimó pertinente, sino que consideró que es muy probable que otorgue la victoria a los demandantes. Es por ello que a principios de noviembre del año pasado emitió un fallo en el que suspendía cautelarmente la aplicación de la orden de Trump hasta que la justicia se pronunciara de forma definitiva. Kollar-Kotelly, no obstante, no se consideró competente para paralizar la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación a la vista de los argumentos de la demanda.

Sí lo hizo, tres semanas después, el juez federal Marvin J. Garbis, en el estado de Maryland, en respuesta a otra demanda (Stone v. Trump). El juez Garbis ordenó la paralización cautelar de la orden de Trump incluyendo la suspensión de la financiación de los tratamientos de reasignación. En diciembre de 2017, una tercera jueza federal, Marsha Pechman, del estado de Washington, se pronunciaba en el mismo sentido en el caso Karnoski v. Trump. En este caso, además, la jueza Pechman consideró que la prohibición de servir en el Ejército no solo violaría la 5ª enmienda, sino también la 1ª enmienda, que garantiza la libertad de expresión, al discriminar a las personas trans que sirven en el Ejército por obligarlas a guardar el secreto para conservar sus puestos de trabajo. Un argumento que hasta el momento no había sido considerado por los otros jueces. Pechman ordenó también la paralización cautelar de la prohibición y la vuelta al statu quo anterior a la orden de Trump.

Casi al mismo tiempo que se conocía la decisión de la jueza Pechman en el estado de Washington, su colega del Distrito de Columbia Colleen Kollar-Kotelly denegaba la solicitud de la administración Trump de retrasar la suspensión cautelar de la orden del presidente que ella misma había ordenado. Una denegación que fue recurrida por la administración federal ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, el «escalón intermedio» entre los jueces federales de distrito y el Tribunal Supremo. Mientras tanto, la presidencia emitía en marzo de este año un nuevo memorándum en el que se establecen todo tipo de cortapisas a las personas transexuales que quieran vivir de acuerdo con su identidad de género. El Pentágono aclaró, eso sí, que por el momento los hombres y mujeres trans podrán seguir sirviendo o alistándose en las Fuerzas Armadas mientras resuelven los tribunales.

Una situación temporal a la que la administración Trump quiere poner fin cuanto antes. Es por ello que el viernes pasado, el procurador general Noel Francisco recurrió al Tribunal Supremo para pedirle que decida sobre las suspensiones cautelares que están en vigor. La Casa Blanca puentea a las Cortes de Apelaciones, las instancias que deberían resolver los procesos en marcha, y se dirige directamente al máximo órgano judicial de Estados Unidos. Se trata de la cuarta vez que Trump utiliza este atajo, con el que pretende evitar una posible sentencia contraria a la discriminación por parte de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, frecuente objetivo de las críticas del presidente por su presunta tendencia liberal y que debería decidir sobre tres de las demandas.

Los ataques de Trump al Noveno Circuito han motivado incluso una inusual respuesta del presidente del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts, reivindicando la independencia del poder judicial. Un Supremo con una mayoría conservadora. después de la designación de Brett Kavanaugh para cubrir la vacante generada por la jubilación de Anthony Kennedy. La nueva mayoría puede extenderse por lustros y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de la comunidad LGTB. En definitiva, un panorama nada halagüeño para la inclusión de las personas trans en el Ejército en el futuro.

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La esperanza de vivir una vida digna es más poderosa que las amenazas y el miedo. No se nos ocurre otra reflexión cuando vemos las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, dos jóvenes hondureños de 23 y 22 años, respectivamente, y que forman parte de la caravana migrante que ha atravesado México desde Honduras. Un subgrupo de la caravana, compuesto por varios cientos de personas, ha llegado ya a Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. Con ellos se encuentran varias docenas de personas LGTB que huyen, no está de más recordar, de una de las regiones del mundo con una mayor LGTBfobia social y de Estado, pero a las que les espera un futuro no precisamente fácil.

El grupo de migrantes está formado por personas que huyen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua, con altísimas altas de pobreza y en algunos casos con importantes conflictos políticos. Pero también con graves problemas de LGTBfobia social y de Estado.

El caso de Honduras, país del que proceden Erick Dubón y Pedro Nehemías, es paradigmático. Se trata de los países del mundo que registra mayor violencia contra las personas LGTB, y muy destacadamente contra las personas trans. De hecho, sin hacer un seguimiento intensivo, son numerosos los casos de agresiones que  hemos recogido en los últimos años. Muy especialmente tras el golpe de Estado del año 2009, cuando la situación se deterioró de forma acelerada y se produjeron varios asesinatos de activistas LGTB. La relativa «normalización» política de años posteriores no se ha acompañado de una mejora de la situación de la comunidad LGTB, cuyos miembros ha seguido siendo objeto de violencia, fuesen activistas o no (en la entrada que dedicamos el año pasado a Honduras tras el asesinato de la activista trans Sherlyn Montoya puedes encontrar más detalles).

No es de extrañar, por tanto, que numerosas personas LGTB procedentes de estos países haya decidido sumarse a la caravana en busca de la libertad para ser ellas mismas sin miedo a la persecución, la tortura o la muerte. The Washington Post recogía esta pasada semana los testimonios de varias de ellas, que forman parte de un grupo que decidía separarse de la caravana principal en Ciudad de México y desplazarse en autobús hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, donde de hecho ya han llegado varios centenares de migrantes que ahora esperan su oportunidad de cruzar al norte. Un grupo que ha tenido que soportar también, según recogía el diario estadounidense, la LGTBfobia de una parte de sus propios compañeros de caravana, y que les ha llevado a buscarse entre ellos, agruparse y protegerse.

La caravana de migrantes, LGTB o no, cuenta además con el recelo de una parte de la población mexicana, ya de por sí muy empobrecida. Pero de lo que no hay dudas es de su fuerza y de su esperanza. Buen ejemplo de ello son las imágenes de la boda entre Erick Dubón y Pedro Nehemías, que este domingo se hacían virales al publicarlas en Twitter la periodista Sarah Kinosian, que acompaña a la caravana migrante. Desconocemos los detalles de la ceremonia y si el matrimonio tendrá reconocimiento legal (Tijuana está en Baja California, uno de los estados mexicanos en los que se celebran matrimonios entre personas del mismo sexo), pero su valor simbólico es indudable. Y según tuiteaba Kinosian, otras seis parejas estaban ya dispuestas a seguir sus pasos.

No sabemos qué futuro espera a Erick y Pedro. Su intención es solicitar asilo en Estados Unidos, pero qué duda cabe que lo tienen francamente complicado, y más ahora que su presidente, Donald Trump, no ha dudado en convertir a la caravana en un nuevo chivo expiatorio y dirigir contra ella sus ataques de odio. Tampoco lo tienen fácil en México. El País recoge hoy, precisamente, como ya se están produciendo los primeros brotes de xenofobia contra las personas que han llegado a Tijuana.

Sea como sea, les deseamos lo mejor.

Os dejamos con el momento en el que se dieron el «sí»:

Congrats to Erick and Pedro! The first LGBT couple of 7 from the migrant caravan to get married today. pic.twitter.com/6t3Snt6jZV

— Sarah Kinosian (@skinosian) 18 de noviembre de 2018

Fuente Dosmanzanas

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Caitlyn Jenner, posiblemente la mujer trans más famosa del mundo, ha anunciado que retira su apoyo a Donald Trump. En un duro artículo publicado en The Washington Post, la popular exatleta y celebridad televisiva reconoce que se equivocó al pensar que los republicanos se abrirían a la comunidad LGTB tras el ascenso de Trump a la presidencia. La reciente revelación del plan del departamento de Salud para negar la existencia de las personas trans ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de Jenner, que responsabiliza directamente al presidente de la deriva tránsfoba del Gobierno estadounidense. La toma de posición se produce a escasas dos semanas de las elecciones de mitad de mandato, que podrían mermar significativamente el poder institucional republicano.

La carta, publicada el pasado jueves en The Washington Post, ha tenido un amplio eco mediático. La popular estrella televisiva, votante republicana en 2016, afirma que la reflexión y el aprendizaje adquirido durante los dos primeros años de la presidencia de Trump la han llevado a cambiar de opinión. Jenner reconoce que confió en la posibilidad de un cambio en la tradicional hostilidad de los republicanos hacia los derechos LGTB, a caballo de una sociedad cuyas posiciones sobre el asunto eran cada vez más progresistas. Algunos gestos de Trump antes de ser elegido presidente la convencieron de que el cambio era posible.

Aunque ya entonces los republicanos se presentaban con el programa electoral más anti-LGTB de la historia, Jenner intentó influir en congresistas y otros políticos para cambiar sus posiciones. Ahora reconoce abiertamente que se equivocó: «La comunidad trans está siendo atacada sin descanso por este presidente. El líder de nuestra nación no ha mostrado consideración por una comunidad ya marginalizada y con problemas. Ha ignorado nuestra humanidad. Ha insultado nuestra dignidad. Ha convertido a las personas trans en peones políticos mientras espolea los ánimos contra nosotras en un intento de activar al sector más derechista de su partido, afirmando que sus políticas antitransgénero están destinadas a ‘proteger el país’. Esto es política en su peor versión. Es inaceptable, es decepcionante y me ha herido personal y profundamente».

La gota que ha colmado el vaso, según Jenner, ha sido el plan del departamento de Salud, que ha salido recientemente a la luz, para negar la existencia de las personas trans. Se trata de una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género como «la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública, arrebatándoles la posibilidad de ejercer sus derechos con su identidad de género real.

Jenner responsabiliza directamente a Trump de la deriva tránsfoba de la Administración estadounidense y por ello le retira su apoyo. Afirma que seguirá luchando por la causa de los derechos trans desde su posición que reconoce «privilegiada» y aprendiendo de la comunidad en asuntos como la discriminación laboral, la violencia, la depresión o los suicidios. «El mundo necesita oírnos. El mundo necesita conocernos. No seremos borrados», concluye. Unas palabras que pueden tener una influencia importante en las elecciones de medio mandato que se celebrarán el próximo 6 de junio y en las que los republicanos podrían perder, entre otros, el control del Congreso.

Caitlyn Jenner es posiblemente la mujer trans más famosa del mundo. En 2015 dio la vuelta al mundo la portada de la edición americana de Vanity Fair, donde mostraba orgullosa su identidad femenina en una preciosa fotografía de Annie Leibovitz. Hacía solo unas pocas semanas que había asumido públicamente, en un programa de televisión, su identidad de género femenina. Exatleta y popular personaje mediático en Estados Unidos, su salida del armario como mujer transexual conmocionó al país. Preguntada por la presentadora Diane Sawyer «¿eres una mujer?», Jenner aseguraba que «sí, lo soy a todos los efectos». «Llámenme Caitlyn» es el titular del reportaje que le dedicó Vanity Fair, en el que la que fuera ganadora del oro en decatlón en los Juegos de Montreal (cuando su identidad social era masculina) reflexionaba sobre su proceso de transición. Jenner profundizaría posteriormente en el asunto en el documental I am Cait («Soy Cait»).

Fuente Dosmanzanas

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En Estados Unidos se calcula que hay más de 1,4 millones de personas transgénero, quienes se verían afectadas si la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo su política de cambio en materia de reconocimiento de género.

Según lo divulgó el diario The New York Times, en un memorando del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) se propone definir legalmente el género de una persona por su sexo biológico al nacer. Este hecho anularía los derechos conquistados por la población trans desde la presidencia del exmandatario Barack Obama. “Sexo significa el estatus de una persona como hombre o mujer en función de rasgos biológicos inmutables identificables durante o antes del nacimiento”, propone el HHS en la nota, según el diario.

“El sexo que figura en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona, a menos que sea refutado por pruebas genéticas confiables”, añade el texto oficial.

Este hecho motivó a que miles de personas protestarán este lunes en Washington ante lo que consideran una nueva arremetida del Gobierno de Trump, que ya ha venido limitado los derechos de las personas trans en ámbitos como la educación y la salud.

“Lucharemos y seremos fuertes, y estaremos aquí después de que esta administración esté en un montón de basura”, aseguró Mara Keisling, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derechos Transgénero, de Estados Unidos.

Los activistas de la comunidad LGBT marcharon hacia la Casa Blanca con pancartas que tenía escrito “#Won’tBeErased” (#NoSeremosEliminados) en apoyó a las persona transgénero. Etiqueta que también posicionaron en las redes sociales.

Entretanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos mencionó que no hablarían de “supuestos documentos filtrados”.

El activismo LGBT se mantiene en alerta en Estados Unidos, y aseguran que habrá impugnaciones legales si dicho rumor se concreta, ya que no permitirán que se vulneren los derechos del colectivo trans.

“Si la administración quiere regresar el tiempo al continuar con su propia definición de sexo frívola y científicamente infundada, estaremos ahí para enfrentar el desafío”, aseveró la directora legal de Lambda, Dianna Flynn.

Por su parte, el Centro Nacional para la Igualdad Transgénero describió a través de una cadena de tuits los posibles cambios que se plantea el Gobierno de Trump como una “abominación” y “un ataque imprudente” en las vidas de personas transgénero.

“No nos vamos a ninguna parte. Las personas trans no pueden ser borradas con un memo. Publica una selfie. Llama a un amigo. Asiste a nuestro mitin mañana. Todo para mostrarles que #WeWontBeEreased“, dijo la organización en su cuenta de Twitter.

Asimismo, informaron que a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos se están realizando manifestaciones para evitar que esta medida gubernamental se efectúe.

Fuente Universogay

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La administración presidida por Donald Trump continúa en su denodada persecución de las personas trans. Según ha adelantado The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma de las leyes federales en materia de educación que incluiría una definición del sexo o género que negaría la existencia de las personas trans y, por lo tanto, la posibilidad de que ejerzan algún derecho con su identidad de género real. Según esa definición, «el sexo se refiere a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento». La pretensión es que esta descripción sea adoptada también por los Departamentos de Justicia, Salud y Trabajo, por lo que afectaría a las personas trans en todos los aspectos de su vida pública.

El Título IX de la Ley de Derechos Civiles establece la prohibición de discriminar en razón del sexo en los programas de educación que reciban financiación federal. La anterior administración estadounidense, presidida por Barack Obama, estimó que esa disposición también acogía a las personas trans y emitió una directiva en la que ordenaba a las instituciones de enseñanza que respetaran la identidad de género de los alumnos trans en cualquier actividad educativa. Eso amparaba a las personas trans en el uso de los baños públicos, las actividades separadas por género o la asignación de dormitorios, que debían adaptarse a la identidad de género expresada por el alumnado. Los centros que no respetasen esa normativa podían perder la financiación federal. Sin embargo, en cuanto se produjo el cambio de gobierno, la nueva Administración, presidida por Donald Trump, derogó esa directiva y dejó sin protección a los alumnos trans. Pero su pretensión es, al parecer, llegar aún más lejos.

Según un memorándum que ha llegado a manos del diario The New York Times, el Departamento de Salud está elaborando una reforma del mencionado Título IX, en la que se incluiría una definición de lo que es el sexo, con el objetivo de evitar que las personas trans puedan ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según el Departamento de Salud, las distintas agencias gubernamentales necesitan adoptar una definición del sexo o género explícita y uniforme como algo determinado «sobre una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y administrable». Sin embargo, desoyendo las evidencias científicas, pretende que esa definición establezca la existencia de únicamente dos sexos, varón y mujer, inmutables y determinados por los genitales que la persona tuviera al nacer. Además, cualquier disputa administrativa en relación al reconocimiento del sexo o género se dilucidaría con pruebas genéticas.

Específicamente, el memorándum propone que «el sexo se refiera a la condición de una persona como hombre o mujer en base a rasgos biológicos inmutables identificables por o antes del nacimiento. El sexo que figure en el certificado de nacimiento de una persona, tal como se emitió originalmente, constituirá una prueba definitiva del sexo de una persona a menos que sea refutado por evidencia genética confiable».

La propuesta es que esta definición no solo afecte al Departamento de Educación, sino que sirva de guía al resto de las agencias gubernamentales. Significaría negar la existencia de casi un millón y medio de ciudadanos estadounidenses, cuya identidad de género no sería reconocida por la Administración en materia de derechos civiles de ámbito federal. Específicamente sería adoptada por el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación y el Departamento de Trabajo (llamados coloquialmente «los cuatro grandes»), por lo que afectaría a los ciudadanos trans en todos los aspectos de su vida pública.

Según la directora de Human Rights Campaign, Sarah Warbelow, «las personas trans están asustadas. En cada paso en el que la administración ha tenido la opción, han optado por darle la espalda a las personas trans». Por ello, el Centro Nacional por la Igualdad Transgénero ha convocado una manifestación en la ciudad de Washington, que concluirá frente a la Casa Blanca. Su directora, Mara Keisling, describe la propuesta de reforma como «una medida superagresiva, despectiva y peligrosa» que lo que trata es «decir que no existimos».

El empeño en la discriminación de las personas trans

Esta propuesta de reforma es un paso más del actual Gobierno estadounidense en su ensañamiento en socavar los derechos de las personas trans. Conquistada la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y Mike Pence (cuya LGTBfobia era ya bien conocida antes de ser invitado por Trump a ser su candidato a vicepresidente) se lanzaron sin disimulos a implementar su agenda anti-LGTB, de la que las personas trans son en este momento su objetivo principal. Hay en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluirlas del Ejército, que por el momento permanece en suspenso por decisión judicial pero que Trump y Pence parecen decididos a llevar hasta el final y llegar hasta el Tribunal Supremo, cuya actual composición puede serles desdichadamente favorable.

Una de las últimas disposiciones ha sido la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. La administración Trump ordenó que sea el «sexo biológico», y no la identidad de género el que determine las instalaciones a las que las personas trans son asignadas. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que han perdido de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos.

Como hemos señalado anteriormente, la administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales. Y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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Brett Kavanaugh ya es juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Poco han importado las acusaciones de abuso sexual en el pasado. Poco ha importado la movilización progresista en su contra. Lo que cuenta en este caso es la Presidencia y el Senado, y el Partido Republicano recuperó el control simultáneo de ambas instituciones en las elecciones de 2016. Salvo conjunciones circunstanciales inesperadas, el sector más conservador de la sociedad estadounidense se hace con la rama judicial del Gobierno durante lustros, quizá décadas, y podrá modelar a su antojo la jurisprudencia en sentido restrictivo en materias como el acceso al aborto o el fin de la discriminación legal de las personas LGTB. La confirmacion de Kavanaugh supone posiblemente el éxito más importante de la presidencia de Donald Trump, cuya elección en 2016 se confirma como una auténtica tragedia para los derechos civiles de las minorías.

Tras la jubilación el pasado 31 de julio del juez Anthony Kennedy como miembro del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Donald Trump designó su candidato a ocupar la plaza, como es su atribución. Eligió a Brett Kavanaugh, un juez de 53 años, que fue designado por el entonces presidente George W. Bush para ocupar plaza en la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde ya emitió conflictivos dictámenes en materia de empleo, medio ambiente o consumo, destacándose siempre por su conservadurismo y su apoyo a las grandes corporaciones. Durante su carrera, ha sido frecuentemente criticado por el partidismo de sus valoraciones, sin ocultar su apoyo declarado al Partido Republicano. Ya desde un primer momento su candidatura fue celebrada por grupos ultraconservadores y fuertemente LGTBIfobos como la American Family Association (AFA),  la National Organization for Marriage (NOM), Americans for Prosperity (AFP) o Judicial Crisis Network. Desde el activismo LGTBI, sin embargo, se ha acogido con gran preocupación.

Para que el nombramiento del candidato presidencial sea efectivo, debe ser corroborado por el Senado. Por ello, Brett Kavanaugh se está sometiendo al escrutinio de los senadores, que pueden interrogarle acerca de sus opiniones respecto a diversos asuntos. En la sesión del 6 de septiembre, el juez fue interpelado por la senadora demócrata por California Kamala Harris, que le preguntó sobre cuestiones como el derecho de las mujeres al aborto, la influencia rusa en la política estadounidense, el derecho a portar armas o su propia nominación.

Pero la senadora también le formuló la siguiente pregunta: «Mi pregunta es muy específica. ¿Puede comentar su opinión personal sobre si Obergefell se decidió correctamente? Es un sí o no. Por favor». Obergefell es como se conoce a la sentencia del Tribunal Supremo que instauró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, por el nombre de uno de los demandantes. Kavanaugh, sin embargo, evitó dar una respuesta directa e hizo referencia a una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre un pastelero que discriminó a una pareja del mismo sexo: «En Masterpiece Cakeshop, que creo que es relevante para su pregunta, el juez Kennedy escribió en la opinión de la mayoría: “Los días de discriminación contra gais y lesbianas estadounidenses o de tratar a los gais y lesbianas estadounidenses como inferiores en dignidad y valor han terminado”».

Tras ese circunloquio, se produjo el siguiente y revelador diálogo:

—Senadora Harris: «Han terminado. ¿Está de acuerdo con esa afirmación?».

—Juez Kavanaugh: «Ese es el precedente con el que el Tribunal Supremo estuvo de acuerdo…».

—Senadora Harris: «Señor, le estoy pidiendo su opinión. Usted es el candidato en este momento, por lo que, como prueba de su capacidad para servir en tribunal más alto de nuestro país, le hago una pregunta muy específica. O está dispuesto a responder o no, y si no está dispuesto a responder, podemos seguir adelante. ¿Cree que Obergefell fue decidido correctamente?

—Juez Kavanaugh: «Todos los jueces han declinado, como cuestión de independencia judicial, responder preguntas sobre esa jurisprudencia. Siguiendo el precedente establecido por la jurisprudencia, todos han declinado».

Posteriormente, el candidato fue interrogado por el senador demócrata por Nueva Jersey Cory Booker, que también quiso saber su opinión sobre el matrimonio igualitario y la discriminación de las personas LGTBI. El senador estaba interesado en saber su «opinión moral» sobre las leyes que permiten despedir a una persona debido a su orientación sexual, que están en vigor en la mayoría de los estados, o acerca de si los ciudadanos LGTBI deben temer porque sus matrimonios con personas del mismo sexo vayan a quedar invalidados. El juez se escudó en que había casos pendientes sobre discriminación laboral para no emitir una opinión, por lo que el senador Booker cambió de táctica.

Kavanaugh formaba parte del equipo del entonces presidente George W. Bush cuando este propuso enmendar la Constitución para impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo. El senador Booker quiso saber cuál fue su opinión entonces al respecto. El juez respondió que no recordaba, y que, además, desde 2004 las opiniones acerca de ese asunto habían cambiado mucho, en clara referencia al cambio de criterio al respecto del posterior presidente Barack Obama. El senador entonces quiso saber su opinión actual, y se produjo el siguiente diálogo, no menos esclarecedor que el anterior:

—Senador Booker: «Pero usted tendrá una opinión. No necesito a Obama o a Cheney, tan solo, ¿me quiere dar su opinión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?»

—Juez Kavanaugh: «No recuerdo…».

—Senador Booker: «No le estoy preguntando por su opinión de entonces, le estoy preguntando por su opinión de ahora. ¿Recuerda su opinión actual sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo?».

—Juez Kavanaugh: «Bueno, el Tribunal Supremo en Obergefell…».

—Senador Booker: «Señor, su opinión. No he conseguido su historial. No sé si ha llevado a cabo matrimonios entre personas del mismo sexo. No sé si ha acudido a un matrimonio entre personas del mismo sexo».

—Juez Kavanaugh: «Soy juez, aplico la ley».

—Senador Booker: «¿Ha celebrado un matrimonio gay? ¿Ha presidido uno? ¿Ha oficiado un matrimonio gay?».

—Juez Kavanaugh: «No lo he hecho».

—Senador Booker: «¿Pero no quiere decirme su opinión sobre este asunto?».

—Juez Kavanaugh: «Aplico la ley».

Esta constante elusión de las preguntas referentes a los derechos de las personas LGTBI ha desagradado profundamente a los defensores de los derechos civiles. Chad Griffin, presidente de Human Rights Campaign, opinaba al respecto que «la negativa de Brett Kavanaugh a responder preguntas muy básicas y muy directas sobre el histórico fallo del Tribunal Supremo que establece la igualdad matrimonial en todo el país es alarmante y completamente inaceptable. La decisión de Obergefell es una ley establecida. Si este candidato no puede ni siquiera afirmar eso o corroborar la igualdad fundamental de las personas LGTB y de nuestras familias, no se le debe otorgar ni se le debe garantizar un nombramiento de por vida para el máximo tribunal de nuestra nación».

Las acusaciones de abuso sexual no detienen su confirmación

El proceso de confirmación de Kavanaugh en el Senado no terminó sin embargo ahí. De forma inesperada vieron la luz al menos tres acusaciones de abuso sexual contra Kavanaugh. La más sólida de ellas fue la que protagonizó la profesora universitaria Christine Blasey Ford, que acusó al juez de haber abusado de ella en 1982, cuando ella tenía 15 años y él 17 (y se encontraba borracho).

Ford llegó a declarar ante el Comité Judicial del Senado, pero la ausencia de pruebas más allá de su propio testimonio (la otra persona presente durante el supuesto abuso, un amigo de Kavanaugh, aseguró no recordar ya nada de lo sucedido aquella noche) y el cierre de filas de los senadores republicanos dejaron en vía muerta la acusación. El FBI acabó de darle la puntilla, al concluir, tras una investigación de solo una semana (durante la cual ni Kavanaugh, ni Christine Blasey Fold ni las otras mujeres que lo acusaban fueron interrogados) que no existían pruebas que la sustentasen.

Finalmente, Kavanaugh fue confirmado por el Senado este sábado. De los dos únicos votos dudosos entre los republicanos, los de las senadoras Susan Collins y Lisa Murkowski (sobre el papel reacias a votar a un juez que seguramente contribuirá a aumentar las restricciones al aborto), Kavanaugh recibió el «sí» de  Collins y la abstención de Murkowski. Esta última, senadora por Alaska, en realidad tenía intención de votar «no», pero finalmente llegó a un compromiso con otro senador republicano, Steve Daines, que ayer sábado quería asistir a la boda de su hija, para abstenerse de votar y de esa forma no obligarlo a acudir a Washington. Por parte de los demócratas Kavanaugh recibió un solo voto, el del Joe Manchin, un demócrata conservador que dentro de un mes opta a la reelección como senador por Virginia Occidental, un estado en el que Donald Trump obtuvo en 2016 casi el 70% del voto popular. Su voto, en cualquier caso, era irrelevante. Kavanaugh fue confirmado finalmente por 50 votos a favor y 48 en contra, y ya es juez del Supremo tras haber jurado su cargo en una ceremonia

La nueva composición del Tribunal Supremo

Kavanaugh sustituye como juez del Supremo a Anthony Kennedy, cuyo voto ha sido el que en la mayoría de ocasiones desempataba entre conservadores y liberales. En este sentido, y pese a sus credenciales conservadoras en otras materias, Kennedy ha destacado por ser un firme defensor de los derechos civiles, significándose especialmente en cuanto a los derechos de gais, lesbianas y bisexuales. Las cuatro grandes sentencias del alto tribunal que abrieron el camino de la igualdad de derechos de ese colectivo lo tienen a él como ponente.

Con la sustitución de Kennedy por Kavanaugh, un conservador duro, el Supremo queda constituido como sigue: el bando liberal está formado por Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Sonia Sotomayor y Elena Kagan (estas dos últimas propuestas por el presidente Barack Obama). El bando conservador lo integran John G. Roberts (actual presidente del Supremo y con voto de calidad), Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch (que también fue nombrado por Donald Trump tras ganar las elecciones presidenciales, en este caso después de la sucia maniobra de los republicanos, que al controlar ya el Senado se negaron durante todo el año 2016 a cubrir esa vacante con el candidato designado por Obama) y el propio Kavanaugh.

Por supuesto que a lo largo de los próximos años pueden acontecer circunstancias inesperadas que den la vuelta a la situación, pero conviene tener en cuenta que Ruth Bader Ginsburg, considerada la jueza más progresista del Supremo, cuenta ya con 85 años de edad y un estado de salud delicado, lo que hace prever que su retiro sea también próximo y deba nombrarse otro sustituto (aunque ella misma ha sugerido que su intención es permanecer en el puesto al menos otros cinco años). Y que tras Ginsburg, el juez de mayor edad es Breyer, también de la minoría liberal, que cuenta con 80 años.

El temor a que un Tribunal Supremo de holgada mayoría conservadora, con la visión más restrictiva de la Constitución y reacia a defender los derechos civiles de las minorías, sea quien tenga que decidir sobre cuestiones fundamentales durante lustros, quizá décadas, es ya una realidad. Por mencionar solo un ejemplo, entre los casos que el Supremo debe decidir en próximos meses se encuentra el caso Zarda, cuya resolución determinará muy posiblemente si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual (lo explicamos con detalle en esta entrada de marzo). A día de hoy, con Kavanaugh en el Supremo, el pesimismo es mayúsculo.

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Mal dato el que arroja la última encuesta de la organización Public Religion Research Institute, que muestra un repunte en las posiciones a favor de la discriminación de las parejas del mismo sexo por razones religiosas respecto a hace un año. Aunque los partidarios de la no discriminación siguen siendo mayoría (por muy poco) y el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene constante, parece que la era Trump está comenzando a dejarse su huella en el sentimiento de los estadounidenses respecto a los derechos LGTB. Habrá que ver si la tendencia se confirma en el próximo futuro.

Public Religion Research Institute (PRRI) es una organización estadounidense sin ánimo de lucro que se dedica a la investigación de las relaciones entre religión, cultura y política, a cuyos estudios y encuestas hemos hecho referencia en diversas ocasiones. La última en mayo de este mismo año, a raíz de la publicación del «Atlas de los valores americanos», un estudio realizado a lo largo de 2017 en el que se detallaban las opiniones de la población estadounidense sobre diversos asuntos y que revelaba un aumento significativo en quienes apoyan los derechos LGTB en cuestiones como el matrimonio igualitario o las leyes de protección de las minorías sexuales.

Ahora, una nueva encuesta realizada entre el 27 de junio y el 8 de julio de este año arroja una sombra de preocupación sobre este panorama optimista. En concreto, al preguntar sobre si las empresas y negocios deberían tener derecho a negar sus servicios a parejas del mismo sexo que quieran contratarlas para algún asunto relacionado con su boda alegando motivos religiosos, el 48% responde que no, frente a un 46% que responde que sí: solo dos puntos porcentuales de diferencia. De acuerdo con la encuesta, la sociedad estadounidense está hoy día dividida en dos mitades casi iguales. Hace solo un año, la diferencia entre los que creían que no debería permitirse que este tipo de empresas de servicios puedan rechazar a parejas del mismo sexo y los que creían que sí era de doce puntos porcentuales (53% frente al 41%).

Por grupos de votantes, el crecimiento de la postura discriminatoria es más acentuada entre los que se identifican como republicanos (73% ahora frente a 67% hace un año) y entre los que se identifican como independientes (45% ahora frente al 40% hace un año). Pero incluso entre los que se identifican como votantes demócratas se aprecia un crecimiento, del 24% hace un año al 27% ahora. Por sexo, las mujeres siguen siendo más contrarias a la discriminación que los hombres, pero en ambos grupos crecen las posturas discriminatorias (40% de las mujeres, frente al 35% hace un año; 52% de los hombres, frente al 48% hace un año):

Si en lugar de preguntarse por empresas de servicios específicos para bodas se pregunta por empresas de servicios en general, la brecha se ensancha un poco: 49% es partidario de que no puedan discriminar a gais y lesbianas alegando razones religiosas, frente a un 42% partidario de que sí puedan hacerlo. Pero también en este aspecto se aprecia el crecimiento de las posturas discriminatorias: hace solo un año, un 56% de los estadounidenses se oponía a que las empresas de servicios pudieran discriminar a gais y lesbianas por razones religiosas, mientras que el 39% era favorable (hablamos específicamente de gais y lesbianas porque así es como se preguntó en la encuesta).

Curiosamente, el apoyo al matrimonio igualitario se mantiene estable respecto a hace un año: el 64% de los estadounidenses defiende el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio, frente a un 28% que lo rechaza. Los porcentajes, en este caso, coinciden con los del año pasado. Un dato que muestra que no necesariamente las personas que apoyan el matrimonio igualitario apoyan la ausencia de discriminación contra gais y lesbianas, al menos en una sociedad como la estadounidense, en el que el peso de la religión es mayor que por ejemplo en Europa occidental.

La influencia del Tribunal Supremo, indudable 

Hay que tener en cuenta que en junio de este año, justo antes de llevarse a cabo la encuesta, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló en favor de Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay, por 7 votos contra 2. La literalidad de la sentencia limitaba sus efectos a las circunstancias específicas de lo sucedido con Phillips, advirtiendo expresamente que no podía considerarse un aval para que los prestadores de bienes y servicios puedan discriminar a las parejas del mismo sexo por razones religiosas (de forma que la próxima vez que un caso de este tipo llegue a la justicia, esta deberá juzgarlo en su contexto y de forma independiente), lo cierto es que la decisión supuso un importante revés para los derechos LGTB en los Estados Unidos en un momento en el que los grupos conservadores, apoyados en una administración federal favorable a sus intereses, arrecian su ofensiva.

Cuesta pensar que el clima de opinión creado alrededor de la decisión del Supremo, así como la «lluvia fina» en favor de la discriminación de las personas LGTB tanto a nivel de los estados gobernados por los republicanos como a nivel federal de la mano de la administración Trump, no tienen nada que ver con el resultado de esta última encuesta del PRRI. Habrá que esperar para saber si es un mero contratiempo o el inicio de una tendencia negativa. En cualquier caso, resulta preocupante.

Fuente Dosmanzanas

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La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, decidió no saludar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su llegada a Escocia, un país que ha visitado durante su estancia en Reino Unido, y en su lugar prefirió acudir a la manifestación del Orgullo LGTB de Glasgow. En su lugar fue el secretario de Estado para Escocia del Gobierno británico, David Mundell, el que recibió a Trump. El presidente estadounidense ha querido pisar la que fue tierra de su madre, Mary Anne MacLeod, nacida en Escocia y emigrada a Estados Unidos en 1930, y en la que el magnate posee un resort de lujo dedicado en exclusiva al golf.

Nicola Sturgeon, del Partido Nacionalista Escoces (SNP) es una ferviente defensora de los derechos LGTB. En esta página nos hemos referido a ella en diversas ocasiones, como cuando en 2015 ejerció de intermediaria en una petición de mano de una pareja gay. Pero no ha sido hasta este año 2018 cuando la jefa del Gobierno escocés desde noviembre de 2014 ha marchado por las calles de Glasgow como «gran mariscal» del Orgullo. Se trata de una figura honorífica frecuente en el ámbito anglosajón, y que distingue cada año a una personalidad que encabeza simbólicamente la manifestación en favor de los derechos LGTB. Sturgeon ya se dirigió el año pasado a los asistentes al Orgullo de Glasgow, pero lo hizo desde el escenario final, y no marchando a lo largo de las calles de la mayor ciudad de Escocia.

Para la ocasión, y a diferencia del año pasado, Sturgeon decidió ir vestida con una camiseta blanca con la leyenda «Choose love» (literamente, «Escoge amor») y los colores del arco iris. Un mensaje de gran carga política, si se tiene en cuenta que prácticamente al mismo tiempo que ella asistía al Orgullo (en la mañana del sábado) el presidente Donald Trump pisaba tierra escocesa:

Aunque la visita de Trump a Escocia no revestía carácter oficial (el presidente simplemente acudió para pasar el fin de semana descansando en su resort antes de emprender rumbo a Helsinki para verse con Vladimir Putin), el hecho de que Nicola Sturgeon «escogiese amor» en lugar de acudir a saludarlo, como seguramente hubiera ocurrido con cualquier otro presidente, pone de manifiesto la enemistad existente entre ambos. Sturgeon no ha dudado en criticar a Trump en diversas ocasiones, la más reciente hace pocos días en relación a sus posiciones negacionistas sobre el cambio climático. Enemistad que parece mutua, según algunas fuentes que aseguran que Trump «no soporta» a la líder escocesa, con la que de hecho no mostró interés alguno en reunirse antes de la visita.

En lugar de Sturgeon, Trump fue recibido en tierra escocesa por David Mundell, miembro del Gobierno británico, en calidad de secretario de Estado para Escocia. Lo que no deja de ser un giro curioso si se tiene en cuenta que Mundell es abiertamente gay, y de hecho en enero de 2016 se convirtió en el primer miembro del Gobierno conservador británico en salir públicamente del armario.

La estancia de Trump en Escocia, en cualquier caso, ha generado protestas y manifestaciones en diversos puntos del país. En Edimburgo, la capital, unas 10.000 personas se manifestaron para mostrar su desagrado por la visita de un presidente cuyas raíces escocesas no parecen, en este caso, haber actuado como bálsamo.

Fuente Dosmanzanas

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