La Mancomunidad de Dominica (una república caribeña con una población inferior a los 70.000 habitantes) es uno de los territorios de la región en los que se sigue persiguiendo la homosexualidad legalmente. Sin embargo, en 2019 un ciudadano dominiqués abiertamente gay, del que solo conocemos las siglas DG, decidió impugnar la legislación homófoba y en la actualidad el caso está pendiente de resolución judicial. En este sentido, las jerarquías evangélica y católica de la isla están ejerciendo presiones públicas y privadas para que la «sodomía» siga siendo ilegal. Birnie Stephenson, la jueza instructora, ha tenido que abandonar el caso porque su pastor, Randy Rodney (presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica), se ha sumado a la oposición contra la demanda de despenalización. Esta situación demorará todavía más la sentencia.

La Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica (DAEC) solicitaba al Tribunal Supremo del país personarse como tercero contra la demanda de despenalización de la homosexualidad el pasado 17 de noviembre. La razón fundamental de dicha organización para unirse a la demanda es que podría «menoscabar o impedir los derechos morales de los cristianos». El pastor Rodney asegura que «todos los asuntos de sexo deben ser entre un hombre y una mujer». La recusación de la jueza que instruía el caso es ahora un nuevo escollo, que se une al aplazamiento que se produjo en septiembre tras unirse contra la causa el Consejo Cristiano de Dominica. El caso debía haberse retomado el 23 de noviembre, pero la salida de la jueza Stephenson lo vuelve a frenar.

Por su parte, la jerarquía católica dominiquesa también lleva años enfrentandose públicamente a cualquier atisbo de despenalización. Gabriel Malzaire, obispo de Roseu, publicó una carta en 2013 en la que aseguraba que «la ‘actividad’ homosexual, según las Sagradas Escrituras, es uno de los muchos males que, si no se controlan, pueden conducir a la muerte espiritual. Entre estos se encuentran el adulterio, la fornicación, las orgías, la calumnia, el odio profundamente arraigado […] Estos, junto con la ‘actividad’ homosexual, nunca estarán bien, estén o no despenalizados por el Estado».

Según palabras del obispo, «la Iglesia, en su papel de guía moral, no existe para condenar a las personas humanas, sino para condenar estilos de vida y comportamientos que no están de acuerdo con la ley divina. Por lo tanto, así como la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar al adúltero al arrepentimiento, tiene la misma responsabilidad hacia aquellos que se entregan a la ‘actividad’ homosexual».

Malzaire añadía que «algunas cosas están bien y otras están mal, nos guste o no. Lo que está de acuerdo con la ley de Dios está bien y lo que está en contra de la ley de Dios está mal; y todos estamos llamados a vivir según la ley de Dios si la salvación es parte de nuestra agenda. Por lo tanto, ya sea que se trate de fornicación, adulterio, ‘actividad’ homosexual, toda la gama, tenemos que vivir según la ley de Dios».

El abogado y activista caribeño Maurice Tomlinson, por su parte, sostiene que «las razones por las que las iglesias buscan entrar en el caso son ridículas». Tomlinson y la Canadian HIV/AIDS Legal Network están apoyando a DG en su batalla legal para la despenalización de la homosexualidad. El Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Minority Rights Dominica, un grupo de defensa LGTBI, y Lawyers Without Borders también están dando su respaldo.

LGTBIfobia de Estado en Dominica

Según la legislación vigente, «una persona que comete sodomía es culpable de un delito y puede ser condenada a prisión». Las penas oscilan entre los 5 y los 25 años de reclusión y «el Tribunal podrá ordenar que la persona condenada sea ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento».

Al menos 35 personas fueron arrestadas por las autoridades locales y acusadas de «sodomía» entre 1995 y 2000 en Dominica. Los tribunales condenaron a los acusados a multas y penas de prisión de hasta diez años. Algunos de ellos, incluso, fueron forzados a someterse a las tan dañinas «terapias de conversión» en centros psiquiatricos (a pesar de que la comunidad científica internacional rechace sin tapujos este tipo de ‘intervenciones’).

En 2001 15 mujeres fueron detenidas y condenadas a cinco años de prisión, acusadas de «grave indecencia». Diez hombres también fueron condenados a cinco años de prisión por «cometer actos de indecencia grave con personas del mismo sexo». En 2012, una pareja gay de California fue arrestada después de que la policía les denunciara por haber mantenido relaciones sexuales en el balcón de su cabina durante un crucero gay que estaba atracado en el puerto. Fueron liberados de la cárcel tras declararse culpables de «exposición indecente».

En julio de 2014, Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica (en el cargo desde 2004 hasta la actualidad) declaró que, aunque en el pasado reciente se hubiera hecho, no tenía planes para aplicar la legislación contra la homosexualidad «al menos en hogares privados». A pesar de declarada LGTBIfobia del mandatario, parecía un primer paso para la atenazada comunidad LGTBI dominiquesa, en lucha por los derechos humanos no reconocidos y víctima de la persecución del Estado.

Fuente Dosmanzanas

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Coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de su fundación, ILGA ha reanudado la publicación de su informe sobre la homofobia de Estado, tras un receso de un año. Desde el su último reporte, publicado en mayo de 2017, ILGA celebra que se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo en tres países: India, Trinidad y Tobago y Angola. También se congratula que desde esa fecha el matrimonio igualitario sea una realidad en Malta, Alemania, Australia y Austria. Sin embargo, alerta de que de los derechos adquiridos no son inamovibles y pueden perderse, como ocurrió en Chad cuando se volvieron a penalizar las relaciones homosexuales en 2017, y que el auge de los populismos conservadores amenaza las conquistas incluso en los países más avanzados en el respeto a los derechos humanos.

Dentro del informe, como es costumbre, ILGA edita un mapa explicativo de la situación legal de las relaciones entre personas del mismo sexo en el mundo. Si en otros años la parte positiva se materializaba en el matrimonio igualitario, este año ILGA ha considerado como límite favorable que la no discriminación basada en la orientación sexual tenga rango constitucional. En el extremo negativo se sitúan los países que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, y el límite en aquellos que las castigan con la cadena perpetua e incluso la pena de muerte. Este es el mapa descriptivo (podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño):

DERECHOS Y PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRMINACIÓN

Leyes contra la discriminación con base en la orientación sexual

Tan solo en 9 países pertenecientes a la Naciones Unidas se protege constitucionalmente de manera específica contra la discriminación por razón de la orientación sexual:

Bolivia, Ecuador, Fiyi, México, Nepal, Malta, Portugal, Sudáfrica y Suecia.

Sin embargo, a pesar de esa protección constitucional, en Bolivia, Ecuador, Fiyi y Nepal se discrimina a las parejas del mismo sexo al negarles la posibilidad de contraer matrimonio, tal como se permite a las parejas de distinto sexo.

A estos 9 países se añaden otros 43 en los que existe una legislación específica que proporciona una «protección amplia» contra la discriminación con base en la orientación sexual:

Albania, Alemania, Andorra, Angola, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Islandia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mauricio, Mongolia, Noruega, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, República Checa, Rumania, Serbia, Surinam y Uruguay.

Como en el caso anterior, la protección legal contra la discriminación no implica la plena igualdad de derechos. No solo en la mayoría de estos países también se discrimina a las parejas del mismo sexo, sino que en alguno, como en Mauricio, se compagina esa protección con la penalización de las relaciones homosexuales masculinas, que están castigadas con penas de hasta 5 años de cárcel.

En 73 de los países pertenecientes a Naciones Unidas existen leyes que protegen contra la discriminación en el lugar de trabajo por motivos de orientación sexual, aunque en algunos de ellos las relaciones entre personas del mismo sexo estén castigadas penalmente (es el caso de Botsuana, Kiribati, Mauricio, Samoa, Santa Lucía y la región autónoma de las Islas Cook). En 39 se han promulgado leyes que castigan los actos de incitación al odio, la discriminación o la violencia por motivos de orientación sexual. En otros 42 países se imponen penas más severas por delitos motivados por el odio hacia la orientación sexual de la víctima.

ILGA estima que en 8 países la protección contra la discriminación con base en la orientación sexual es limitada o dispar en su territorio:

Argentina, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Japón, República Dominicana y Vanuatu.

En otros 55 países no existe ningún tipo de legislación contra la discriminación, pero tampoco se criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Entre ellos están gigantes demográficos como China, India, Indonesia y Rusia.

Los derechos de las parejas del mismo sexo: matrimonio y adopción

En cuanto a los derechos de las parejas del mismo sexo, en 26 de los países pertenecientes a las Naciones Unidas existe la igualdad de acceso a la institución del matrimonio:

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Malta, México (en vigor en algunos estados, aunque desde 2010 deben ser reconocidos a nivel nacional), Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido (excepto Irlanda del Norte), Sudáfrica, Suecia y Uruguay,

El próximo mes de mayo vencen los plazos establecidos por sus respectivas Cortes Constitucionales para que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea legal en Costa Rica y Taiwán.

En otros 16 estados se han establecido distintos tipos legales de unión que reconocen algún tipo de derechos a las parejas del mismo sexo:

Andorra, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Ecuador, Eslovenia, Estonia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Liechtenstein, República Checa, San Marino y Suiza.

En 28 países se permite la adopción en las mismas condiciones que a las parejas de distinto sexo:

Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Israel, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Sudáfrica, Suecia, Uruguay,

En 3 países más, solo se permite la adopción de los hijos de la pareja:

Eslovenia, Estonia y San Marino.

LA HOMOFOBIA DE ESTADO

Criminalización de las relaciones homosexuales

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

En 73 países y territorios del mundo están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 70 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 73 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 44 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Respecto al informe de 2017, han desparecido las referencias a Siria e Irak, donde se implementaba actores no formalmente estatales como el Estado Islámico.

Restricciones a la libertad de expresión y la actuación de ONG

Aparte de la criminalización de las relaciones homosexuales, en 32 Estados existen leyes que restringen la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bielorrusia, Camerún, Catar, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Jordania, Kenia, Kuwait, Líbano, Libia, Lituania, Malasia, Marruecos, Nigeria, Omán, Paquistán, Paraguay, Rusia, Singapur, Siria, Somalia, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda y Yemen.

En Europa, aparte de Rusia, Lituania y Bielorrusia, ha habido intentos de aprobación de leyes contra la «propaganda homosexual» (que prohíben informar positivamente de las relaciones entre personas del mismo sexo) en Armenia y Letonia. En Hungría se han prohibido por decretos los estudios de género en las universidades. Por su parte, en los Estados Unidos de América, siete estados (que representan el 17,4 % del total) han promulgado leyes locales que también se han definido como contrarias a la «propaganda homosexual» en el ámbito educativo.

En 41 países se ha constatado que se plantean barreras para la formación, el establecimiento o el registro de ONG relacionadas con la orientación sexual:

Afganistán, Arabia Saudí, Argelia, Bahréin, Bangladés, Bielorrusia, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Catar, China, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Fiyi, Irán, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia, Malawi, Mali, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Omán, Rusia, Senegal, Singapur, Siria, Somalia, Sudán, Tanzania, Uganda, Yemen y Zambia.

Según declaraban Ruth Baldacchino y Helen Kennedy, cosecretarias generales de ILGA, «esto no son solo cifras, sino leyes que realmente impactan la vida diaria de las personas de diversas orientaciones sexuales en todo el mundo. Las leyes positivas marcan la diferencia: pueden contribuir a cambiar las actitudes del público y, concretamente, dicen a la gente que son igualmente dignas de derechos».

Puedes descargar el informe completo de ILGA en inglés sobre Homofobia de Estado (536 páginas) en este enlace.

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La Corte Caribeña de Justicia (CCJ), tribunal de última instancia de varios países de la región, ha emitido una sentencia contra la ley guyanesa que coartaba la expresión de género de las personas trans. Es el resultado de un proceso que se remonta a 2010, cuando seis mujeres transexuales reclamaron a la justicia el fin de la norma, de origen colonial, que les impedía vestir de acuerdo a su identidad de género. Las demandantes habían sido arrestadas un año antes por portar una indumentaria femenina mientras su género legal era masculino. Los jueces del alto tribunal consideran que la ley es inconstitucional por violar el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Buenas noticias desde el Caribe, la región de América con una LGTBfobia más arraigada. La Corte Caribeña de Justicia (CCJ) ha declarado inconstitucional la norma guyanesa que prohibía la «vestir atuendos femeninos por parte de hombres» y «vestir atuendos masculinos por parte de mujeres». Una redacción que tiene su origen en la época colonial británica y que se ha usado principalmente para perseguir a mujeres trans. Entre ellas, las seis que en 2010 iniciaron el proceso, un año después de ser arrestadas por «travestismo». «Fue una de las experiencias más humillantes de mi vida», relataba entonces una de las afectadas. Contaron con el respaldo de SASOD (Guyana’s Society Against Sexual Orientation Discrimination), una organización que pese a la situación jurídica adversa lucha por los derechos de las personas LGTB e intenta que el país ponga fin a la prohibición tanto de la homosexualidad como de la transexualidad.

En 2013, el magistrado de la Corte Suprema de Guyana Ian Chang daba parcialmente la razón a las demandantes, pero optaba por mantener la prohibición si el «travestismo» tenía lugar con «intenciones inapropiadas». Las interesadas y los activistas entendieron que esta vaga formulación dejaba la puerta abierta a la discriminación, por lo que recurrieron el fallo ante la Corte de Apelaciones de Guyana, que sin embargo ratificó la sentencia de Chang. Se dirigieron entonces a la Corte Caribeña de Justicia, el tribunal de última instancia de Guyana, así como de Barbados, Belice y Dominica. La CCJ comenzó a escuchar los argumentos del caso en junio de este año.

El pasado día 13, el alto tribunal decretó la inconstitucionalidad de la ley. Los magistrados han considerado que el artículo en cuestión «viola el derecho de los demandantes a la protección de la ley  y es contrario al imperio de la ley». La sentencia, que puedes descargar aquí, defiende la libertad de expresión de los peticionarios a pesar de la «confusión, miedo, incluso asco» que la realidad LGTB produce en gran parte de la sociedad caribeña y que genera «con frecuencia escarnio y a veces violencia contra aquellos que son diferentes». Frente a estas situaciones, es papel de los tribunales «ofrecer protección legal a los que sufren los embates de dichos comportamientos».

Un marco hostil que va cambiando lentamente

La antigua Guayana Británica, hoy Guyana, es un país de América del Sur que limita al este con Surinam y al oeste con Venezuela y Brasil. Miembro de la Commomwealth, su lengua oficial es el inglés y su religión mayoritaria el cristianismo, distribuido en diferentes confesiones, aunque casi una cuarta parte de la población practica el hinduismo y más de un 7% son musulmanes. La ley prohíbe tanto las relaciones homosexuales masculinas (castigadas con penas de cárcel que oscilan entre los dos años y la cadena perpetua) como, hasta ahora, el vestir de acuerdo a la identidad de género en el caso de las personas trans, sean hombres o mujeres.

En 2012, el Gobierno guyanés abrió un proceso de consultas para valorar la posible retirada de su legislación de las medidas que discriminan a las personas LGTB, entre ellas la criminalización de las relaciones entre varones. Un empeño que contó con la férrea oposición de los líderes religiosos del país, tanto cristianos como hindúes y musulmanes. Durante la campaña de las elecciones de 2015, los principales partidos expresaron su apoyo a la despenalización. El actual presidente, David A. Granger, defiende la legalización de los actos consentidos entre personas del mismo sexo. Las sentencias en el mismo sentido de los tribunales supremos de Belice, en 2016, y de Trinidad y Tobago, en abril de este año, mantienen la esperanza de los activistas por un cambio que no acaba de llegar a Guyana.

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Ampliamos la noticia que ayer mismo publicábamos… Con ocasión de la reunión en Londres de los jefes de Gobierno de los 53 países que componen la Commonwealth (o Mancomunidad de Naciones), los defensores de los derechos LGTB han reclamado que se tomen medidas para que se despenalicen las relaciones homosexuales en todos esos territorios. En 36 de esos países, la homosexualidad está castigada con penas de cárcel que pueden llegar hasta la cadena perpetua, en su mayor parte como herencia de la legislación vigente en el entonces Imperio Británico del que formaban parte. La primera ministra británica, Theresa May, ha calificado de «equivocada» esta penalización histórica, y ha solicitado a los representantes de los países miembros de la Mancomunidad de Naciones la derogación de las leyes discriminatorias.

Durante la semana del 16 al 22 de abril, se ha celebrado en Londres la reunión bienal de los jefes de Gobierno de la Mancomunidad de Naciones (también conocida por Commonwealth). Aprovechando la ocasión, los activistas que defienden los derechos LGTB han organizado manifestaciones en protesta por las legislaciones que condenan las relaciones homosexuales en 36 de los 53 países integrantes.

Peter Tatchell, uno de los organizadores de las protestas, resumía así la situación: «La Commonwealth es un bastión de la homofobia. El 70 % de los estados miembros tienen leyes homófobas y no protegen a las personas LGTB contra la discriminación y los crímenes de odio. La cumbre bienal de la Commonwealth se ha negado durante décadas a debatir, y mucho menos apoyar, la igualdad LGTB. Este año no es diferente. Una vez más, los derechos LGTB han sido excluidos de la agenda de los mandatarios». El activista reclamaba que los jefes de Gobierno de la Mancomunidad «pongan fin a la persecución de más de cien millones de ciudadanos LGTB sancionada por el Estado».

Aunque, efectivamente, ningún debate sobre los derechos LGTB estaba programado, la primera ministra británica sí quiso hacer alguna referencia al respecto en su discurso de apertura de la cumbre del pasado día 17 de abril. Ante los jefes de Gobierno de los 53 países miembros de la Commonwealth, Theresa May condenó con contundencia las leyes que castigan las relaciones homosexuales, reconociendo la responsabilidad de la herencia británica. Según la mandataria, «a lo largo de todo el mundo, leyes discriminadoras creadas hace muchos años continúan afectando a la vida de mucha gente, al criminalizar las relaciones entre personas del mismo sexo, o no protegiendo a mujeres y niñas. Soy muy consciente de que, a menudo, esas leyes fueron implementadas por mi propio país. Estaban equivocadas entonces y están equivocadas ahora».

May se felicitaba porque los tres últimos países en despenalizar las relaciones homosexuales sean miembros de la Commonwealth, pero también estimaba que «aún queda mucho por hacer. Nadie debería enfrentarse a persecución o discriminación por quién es o a quién ama. Y el Reino Unido está dispuesto a apoyar a cualquier miembro de la Commonwealth que desee reformar la legislación obsoleta que hace posible tal discriminación». Efectivamente, desde la última cumbre celebrada en Malta en 2015, las relaciones homosexuales se han despenalizado en Belice, Nauru y las Seychelles. La primera ministra no ha incluido a Trinidad y Tobago, cuya Corte Suprema ha declarado recientemente inconstitucionales las leyes que castigan la homosexualidad, pues el dictámen no será firme hasta dentro de tres meses.

También ha efectuado declaraciones sobre este asunto el ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, que quiso dar repuesta a las reclamaciones efectuadas por el saltador olímpico Tom Daley tras conseguir la medalla de oro en los campeonatos de la Commonwealth celebrados este mes. Daley había expresado su deseo de que todas las personas LGTB de los países miembros pudieran vivir abiertamente su orientación sexual o identidad de género. En una entrevista radiofónica, Johnson se comprometió a utilizar su influencia para tratar de que cambiaran las actitudes entre los distintos mandatarios, si bien, aclaraba, «no pretendo que esas actitudes vayan a cambiar de un día para otro». Sin embargo, hizo alusión a un reciente encuentro con un jefe de Gobierno de un país de la Commonwealth, que no quiso concretar, en el que, según sus palabras «me tomé el asunto con absoluta pasión», prometiendo que habría más noticas próximamente. El ministro quiso remarcar que «el Reino Unido defiende sus valores en la Commonwealth, y en todos los foros defendemos los derechos LGTB y enarbolamos su bandera en todas nuestras embajadas».

Los críticos, sin embargo, alegan que, cuando hay intereses comerciales o estratégicos de por medio, los derechos LGTB quedan automáticamente al margen. Sería deseable que se implementaran medidas diplomáticas y políticas útiles, y que no quedara todo en discursos de buenas intenciones y reivindicaciones puramente simbólicas.

La penalización de las relaciones homosexuales en los países de la Commonwealth y las excolonias británicas

Del total de 53 países miembros actuales de la Commonwealth, en 36 se penalizan las relaciones homosexuales con penas de cárcel, en la mayoría de ellos como herencia de la legislación británica. La duración de las penas oscila entre varios meses y la cadena perpetua. En algunos de los países, las leyes penalizadoras se han agravado por la adaptación de sus códigos penales a la doctrina islámica, llegando incluso a implementarse la pena de muerte:

• Antigua y Barbuda
• Bangladés
• Barbados
• Botsuana
• Brunéi
• Camerún
• Dominica
• Gambia
• Ghana
• Granada
• Guyana
• India
• Jamaica
• Kenia
• Kiribati
• Malaui
• Malasia
• Mauricio
• Namibia
• Nigeria (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Pakistán (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Papúa Nueva Guinea
• Islas Salomón
• Samoa
• San Cristóbal y Nieves
• San Vicente y las Granadinas
• Santa Lucía
• Sierra Leona
• Singapur
• Sri Lanka
• Suazilandia
• Tanzania
• Tonga
• Tuvalu
• Uganda
• Zambia

En los otros 17 países se han derogado las leyes penalizadoras (entre paréntesis, la fecha de la despenalización):

• Australia (en 1997 se despenalizó en el último territorio, Tasmania)
• Bahamas (1991)
• Belice (2016)
• Canadá (1969)
• Chipre (1998, en 2014 en la República Turca del Norte de Chipre)
• Fiyi (2010)
• Lesoto (2012)
• Malta (1973)
• Mozambique (2015)
• Nauru (2016)
• Nueva Zelanda (1986, en 2007 en la provincia autónoma de Tokelau).
• Reino Unido (en 1967 en Gales, en 1980 en Inglaterra, en 1982 en Escocia y en 1983 en Irlanda del Norte. En 2001 se despenalizó en los últimos territorios: Islas Pitcairn; Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña)
• Ruanda (1980)
• Seychelles (2016)
• Sudáfrica (1998)
• Trinidad y Tobago (2018, pendiente de firmeza de la resolución de la Corte Suprema)
• Vanuatu (2007)

Este es el mapa de los países de la Mancomunidad de Naciones según su legislación sobre las relaciones homosexuales (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Pero la herencia de la legislación homófoba británica también ha dejado huella en otros países cuyos territorios, total o parcialmente, pertenecieron en su día al Imperio Británico y no forman parte de la Mancomunidad de Naciones. También en este caso, en algunos de ellos la penalización de las relaciones homosexuales se ha visto agravada por la adaptación de sus códigos penales a las leyes islámicas, hasta incluso implementar la pena de muerte:

• Bután
• Catar (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Egipto (las leyes no castigan explícitamente las relaciones homosexuales, pero son frencuentes las detenciones de personas LGTB utilizando la legislación contra la indecencia)
• Emiratos Árabes Unidos (la sharía o ley islámica permite la pena de muerte, pero no hay noticias de que se esté aplicando)
• Irak (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica por parte de tribunales locales o actores no formalmente estatales)
• Islas Cook (territorio asociado a Nueva Zelanda)
• Kuwait
• Maldivas
• Myanmar
• Omán
• Palestina/Franja de Gaza
• Somalia (castigadas hasta con la pena de muerte en los territorios donde se aplica la sharía o ley islámica)
• Sudán (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Sudán del Sur
• Yemen (castigadas hasta con la pena de muerte)
• Zimbabue

La homosexualidad no está penada tan solo en cinco países cuyos territorios han formado parte de colonias británicas y no pertenecen a la Commonwealth (entre paréntesis el año de despenalización):

• Baréin (1976)
• Irlanda (1993)
• Israel (1988)
• Jordania (1951)
• Nepal (2007)

General, Homofobia/ Transfobia. Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Bangladés, Barbados, Belice, Boris Johnson, Botsuana, Brunei, Camerún, Canadá, Catar, Chipre, Commonwealth, Discriminación, Dominica, Fiyi, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, Homofobia, India, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Londres, Malasia, Malaui, Malta, Mancomunidad de Naciones, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nauru, Nigeria, Nueva Zelanda, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Peter Tatchell, Qatar, Reino Unido, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Sri Lanka, Suazilandia, Sudáfrica, Tanzania, Theresa May, Tom Daley, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia

Tras la derogación de las leyes homófobas de Nauru, Belice y Seychelles, las relaciones homosexuales siguen castigadas en 72 países y 4 territorios del mundo. Atendiendo a la religión mayoritaria en cada uno de ellos, la homosexualidad estaría penada en 38 de mayoría musulmana (el 50 %), en 33 países o territorios de mayoría cristiana (el 43 % del total) y en 5 cuya población profesa otras religiones (el 7 % restante). El número de habitantes que viven bajo regímenes que condenan la homosexualidad asciende a 2.326.265.000, un 31,5 % de la población mundial (estimada en 7.386.010.000 personas). De ellos, 488.045.000 lo hacen en países de mayoría cristiana (el 21 %), 434.987.000 en países de mayoría musulmana (el 19 %) y 1.404.039.000 en países que profesan otras religiones (el 60 %, un elevado porcentaje debido a la enorme población de la India). Sin embargo, los 13 países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son de mayoría musulmana, o bien solo se aplica en los territorios donde rige la ley islámica. No hay ningún país que castigue la homosexualidad entre aquellos en los que su población mayoritariamente se declara no creyente o poco interesada en la religión.

Los datos de los países que penalizan las relaciones homosexuales se han recogido del último informe de ILGA, restando a Nuaru, Belice y Seychelles, que han despenalizado las relaciones homosexuales recientemente. Por otra parte, se han sumado territorios como Palestina/Franja de Gaza, no reconocido internacionalmente o el Estado Islámico; también provincias autónomas como las Islas Cook o los territorios con legislación homófoba de Indonesia. Para el dato de la población de cada país se ha tomado una proyección estimatoria de la población mundial al 01/07/2016. Podéis comprobar gráficamente estos datos en el siguiente mapa (pinchad en él para verlo a mayor tamaño):

Países de mayoría cristiana

Los 33 países y territorios de mayoría cristiana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 43 % del total. Los 488.045.000 habitantes que albergan suponen el 21 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que hacer la salvedad de que el presidente de Dominica aseguró en 2014 que no aplicaría las leyes homófobas, aunque aún persisten en su Código Penal. Muchas de estas legislaciones son herencia de las leyes coloniales británicas o francesas, pero la fuerte presión social (sobre todo proveniente de las organizaciones religiosas) hace que aún se mantengan.

Países de mayoría musulmana

Los 38 países y territorios de mayoría musulmana que penalizan las relaciones homosexuales representan el 50 % del total. Los 434.987.000 de habitantes que albergan suponen el 19 % del total de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Hay que tener en cuenta que en el Líbano existe una sentencia de un tribunal superior que considera que la legislación que castiga la indecencia no es aplicable a las personas homosexuales. En Irak no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra las personas LGTB como arma propagandística, si bien la población afectada está enmarcada en la de cada país ocupado. En Palestina/Franja de Gaza está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Indonesia no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en las provincias de Aceh y Sumatra Meridional.

Sin embargo, los 13 países o territorios que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son todos de mayoría musulmana: Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Mauritania, Pakistán, Somalia (en algunos estados del sur), Sudán, y Yemen. También Nigeria, pues aunque aparece en el listado de países de mayoría cristiana, la pena de muerte solo se aplica en los estados del norte donde rige la ley islámica.

Libia 6.330.000

Otras religiones

Aunque los cinco países que profesan otras religiones cuya legislación castiga las relaciones homosexuales solo representan el 7 % del total, la enorme población de la India hace que supongan el 60 % de la población mundial que habita en países que penalizan la homosexualidad. Se hace evidente así la dimensión extraordinaria de la decisión de la Corte Suprema india, que en 2013 ordenó que volvieran a considerarse delito las relaciones homosexuales, un dictamen que afecta a un país de más de mil millones de habitantes.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Islam, Judaísmo Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Cristianismo, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islam, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, Religión, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

Como acostumbra desde el año 2006, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo el informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTBI en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. 74 de esos países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTBI, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de ámbito nacional. En 13 países, bien sea en todo su territorio o en parte de él, la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales, en todos los casos por la aplicación de la sharia o ley islámica.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTBI. En el memorándum de 2016 se cuentan 74, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante en cuanto a la población afectada, por lo que la cifra asciende a 78 países y territorios.

El único país que ha despenalizado las relaciones homosexuales en este 2016 son las Seychelles, aunque la ley aprobada por su Asamblea Nacional aún no ha sido promulgada.

Las relaciones sexuales entre varones están penadas en los 78 países y territorios, mientras que las relaciones entre mujeres se castigan en 45 de ellos.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTBI está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como en el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

Añadimos por cada continente el dato más estremecedor, el de los 13 estados o territorios que establecen en sus leyes la pena de muerte para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

También mostramos los 17 países que, al margen de tener o no una legislación penalizadora de las relaciones homosexuales, castigan la difusión de información positiva sobre la homosexualidad (conocidas en Europa como “leyes contra la propaganda homosexual”), o que mantienen normativas “de moralidad” cuyo objetivo es coartar la libertad de expresión en lo que respecta a la información sobre orientación sexual.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo, tomando como referencia la traducción al español del incluido en el informe de ILGA, con la actualización referente a las Seychelles (y una corrección, pues en el mapa original traducido al español han rotulado Letonia en vez de Lituania). Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

África

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 33 países)

Las Seychelles aparecen en el informe de ILGA, pues su redacción es anterior al pleno de la Asamblea Nacional del pasado 18 de mayo, en el que mayoritariamente se votó por la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad. Si bien aún es preciso que esta decisión sea promulgada por el presidente, hemos eliminado al país insular de la lista.

ILGA en realidad no incluye a Egipto en su listado (aunque sí detalla la realidad legal egipcia en su informe), debido a una cuestión puramente formal, pues sus leyes no penalizan específicamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se utilizan los ambiguos términos “indecencia o libertinaje”, “conducta inmoral” u “ofensa a los sentimientos religiosos” para efectivamente castigar las relaciones homosexuales. En el último caso dado a conocer, once varones fueron condenados a 12 años de prisión por estos delitos. Las repetidas redadas contra homosexuales que se han difundido internacionalmente en los últimos tiempos, y de las que se ha dado cumplida cuenta, parecen motivo suficiente para que Egipto engrose la lista.

• Pena de muerte (en 4 países)

Mauritania, Nigeria (en los estados del norte), Somalia (en algunos estados del sur) y Sudán.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 7 países)

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Túnez.

Asia

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 22 países y 4 territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunéi, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En los 26 países o territorios se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 13 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos.

Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

En la Franja de Gaza y los territorios bajo dominio de Palestina, está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Desde que Hamas llegó al Gobierno en 2007, se han introducido en el cuerpo legislativo diversas propuestas para adaptar esas ordenanzas a la ley islámica, aunque ninguna ha sido aún aprobada. De llegar a convertirse en ley, los castigos y penas establecidos serían mucho más severos que los actuales.

Indonesia, como comentábamos anteriormente, no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en la provincias de Aceh y Sumatra Meridional, ambas de considerable población.

• Pena de muerte (en 9 países o territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Pakistán y Yemen.

La reforma del Código Penal de Brunéi de 2014, que se aplica por fases, establecía que en 2016 se castigarían con la pena de muerte por lapidación las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, según las fuentes de ILGA, todo parece indicar que el jefe de estado aún no ha promulgado la implementación de esta fase.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 8 países)

Arabia Saudí, Catar, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano y Siria.

Kirguizistán comenzó a debatir una ley que prohibía dar información positiva sobre la homosexualidad en 2014, aunque aún está en trámite. Sin embargo, tras el inicio de su debate, la situación de violencia social y policial contra el colectivo LGTBI adquiere tintes dramáticos.

América

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 11 países)

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

En los 11 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 6 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En los Estados Unidos, las leyes contra la sodomía fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo en 2003 (Lawrence vs. Texas), pero todavía aparecen en los textos legales de 13 estados: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia. Los legisladores conservadores se niegan a derogar estas leyes y, en algunos casos, la Policía todavía intenta hacerlas cumplir. En los últimos años, más de una docena de personas LGTBI han sido detenidas por violar esas leyes, aunque los cargos fueron retirados por las fiscalías por ser legalmente inaplicables.

Oceanía

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 7 países)

Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

En los 7 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 2 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadoras en la República Turca del Norte de Chipre en 2014, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 2 países)

Lituania y Rusia.

Las leyes homófobas como la aprobada en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

En Lituania, sus leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, sirven para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Otros países que han intentado promulgar leyes semejantes han sido Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, aunque finalmente han sido aplazadas, desestimadas o derogadas.

Fuente dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Comoras, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Homofobia, ILGA, Indonesia, Irak, Irán, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kirguisia, Kirguistán, Kirguizistán, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo su informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTB en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. Destaca la abrumadora lista de 75 países que aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTB, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de carácter nacional. En 8 de estos países la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTB. En el memorándum de 2015 se cuentan 75, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante, hasta alcanzar la cifra de 79 países y territorios.

Entre las bajas de la lista de países discriminadores que se han producido en el último año, destacan la de la República Turca del Norte de Chipre, que en 2014 despenalizó las relaciones homosexuales, siendo el último territorio europeo en hacerlo; también lo hizo Mozambique en su nuevo Código Penal, aunque la discriminación social de las personas LGTB persiste; Lesoto y Santo Tomé fueron otros dos territorios africanos que también eliminaron el pasado año el delito de homosexualidad en sus reformas legislativas; lo mismo sucedió en Palaos, el archipiélago situado en el Pacífico Occidental.

La lista más estremecedora es la de los países que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte: Mauritania, Sudán, Irán, Arabia Saudí y Yemen. A ellos habría que sumar algunas de las provincias de Nigeria y Somalia donde se aplica la sharia (o ley islámica), y los territorios de Iraq y Siria ocupados por el Estado Islámico. A todos ellos se unirá Brunéi en el año 2016, al entrar en vigor la tercera fase de su reforma del Código Penal, que establece la pena de muerte por lapidación para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTB está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

África

Angola, Argelia, Botsuana, Burundi, Camerún, Comoras, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Libia, Malawi, Mauritania, Marruecos, Mauricio, Namibia, Nigeria, Senegal, Seychelles, Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Hay que hacer la salvedad de que el Gobierno de Malawi decretó en 2012 una moratoria en la aplicación de las leyes que penalizan la homosexualidad.

Asia

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Iraq, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Qatar, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos. Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

América

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

Oceanía

Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadores en la República Turca del Norte de Chipre, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

Sin embargo, leyes homófobas aprobadas en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

Otro país con legislación discriminadora es Lituania, cuyas leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, la ley sirve para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Aceh, África, América, Arabia Saudí, Argelia, Asia, Bangladesh, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Comoras, Discriminación, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Estado Islámico, Etiopía, Europa, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, ILGA, Indonesia, Irán, Islas Cook, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Lesoto, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Naciones Unidas, Namibia, Nauru, Nigeria, Oceanía, Omán, Pakistán, Palaos, Palestina/Franja de Gaza, Papúa Nueva Guinea, Qatar, República Turca del Norte de Chipre, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé, senegal, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del sur, Sumatra Meridional, Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia, Zimbabue

Un abogado jamaiquino, abiertamente homosexual, dice haber comprobado personalmente la discriminación en Belice y Trinidad y Tobago, donde la homosexualidad es considerada ilegal y es castigada con penas de cárcel.

Un abogado jamaiquino ha logrado llevar ante la Corte Caribeña de Justicia (CCJ) a Trinidad y Tobago y a Belice por tener leyes que impiden la entrada de homosexuales en sus territorios, pese a que estas normas no se suelen aplicar.

Representantes legales de Trinidad y Tobago y de la Comunidad del Caribe (Caricom) -organización regional a la que pertenecen ambos países- comparecieron este miércoles ante la CCJ en relación a esta demanda, según confirmó el supervisor del Registro de esa instancia judicial, Nadal Hardial, en entrevista telefónica.

Según detalló, la demanda fue interpuesta por el abogado jamaiquino Maurice Tomlinson en mayo de 2013 y en ella alegaba que había “provisiones discriminatorias contra la comunidad LGBT en las leyes de inmigración de Trinidad y Tobago y Belice”.

Tomlinson, abiertamente homosexual, dice haber comprobado personalmente dicha discriminación en ambos países, donde la homosexualidad está considerada ilegal y está perseguida con penas de cárcel.

La CCJ es el único árbitro del Tratado Revisado de Chaguaramas dándole jurisdicción exclusiva sobre los asuntos que surjan de la violación del Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CSME), que garantiza la libertad de movimiento a los ciudadanos de los países miembros para que viajen entre sus territorios.

El argumento del abogado jamaiquino para acudir al CCJ se basa en que la legislación de ambos países violan el derecho de los ciudadanos homosexuales del CSME a moverse libremente entre sus países miembros.

Después de un largo proceso administrativo, la CCJ ha decidido aceptar a trámite la demanda de Tomlinson y celebró una audiencia sobre el caso en su sede, en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago.

Doce de los quince países miembros de Caricom pertenecen a la jurisdicción de la CCJ: Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

General, Homofobia/ Transfobia. Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Comunidad del Caribe (Caricom), Corte Caribeña de Justicia (CCJ), Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Maurice Tomlinson, Mercado Común de la Comunidad del Caribe (CSME), San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Tratado Revisado de Chaguaramas, Trinidad y Tobago