El mismo día que Donald Trump anunció la expulsión de las personas trans del ejército llevó a cabo otra medida homófoba.

El Departamento de Justicia ha solicitado que la protección por orientación sexual quede fuera de la Ley de Derechos Civiles.

Ampliamos la noticia que dábamos el pasado día 1 de agosto: Gran preocupación entre los colectivos LGTB y de defensa de los derechos civiles estadounidenses ante la posibilidad que Donald Trump dé por fin vía libre a una orden ejecutiva permitiendo la discriminación de los ciudadanos LGTB por razones de “libertad religiosa”. Dos recientes decisiones han despertado las alarmas, y no nos referimos al anuncio en Twitter de que a las personas transexuales se les prohibirá servir en el Ejército. Hoy nos ocupamos de la primera:

La primera de las señales, la más directa e inquientante, ha sido el hecho de que el Departamento de Justicia se haya personado en un proceso judicial para argumentar, a través de un amicus curiae (figura legal que permite a personas u organizaciones que no son parte en el proceso aportar de forma voluntaria argumentos a favor o en contra para colaborar en su resolución) que la legislación federal contra la discriminación laboral no debe aplicarse a la orientación sexual. La administración Trump ha decidido en este caso personarse en el caso Zarda v. Altitude Express, que dirime una denuncia por discriminación en el caso de Donald Zarda, un instructor de paracaidismo que fue despedido poco después de que su empresa supiese de su orientación sexual. En 2010 Donald Zarda, instructor de paracaidismo, le dijo a una cliente que era homosexual para que se sintiera más segura a la hora de saltar atada a él. La mujer se quejó a Altitudd Express, la empresa para la que trabajaba Zarda, porque ella no quería acercarse a ningún homosexual bajo ningún concepto. El profesor fue despedido. Zarda denunció y en una primera instancia, se rechazó su demanda porque la Ley de Derechos Civiles no protege contra la discriminación por orientación sexual. Donald falleció en 2014 en Suiza y ahora su caso va a ser revisado.

Se trata, de una larga discusión jurídica, que radica en si el Titulo VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohibe la discriminación laboral por motivos de “raza, color, religión, sexo u origen nacional”, impide también la discriminación laboral por razones de orientación sexual. Tradicionalmente, la justicia estadounidense había adoptado en este punto una interpretación “literalista”, según la cual si “orientación sexual” no forma parte de la lista de circunstancias citadas en el texto de ley, no puede considerarse cubierta. Y no hablamos, precisamente, de sentencias antiguas: dos recientes pronunciamientos de las Cortes de Apelaciones del 2º y del 11º Circuito (con sedes en Nueva York y Atlanta) han ido precisamente, en ese sentido. Pero recientemente, por primera vez desde que en 1964 Estados Unidos aprobase su histórica Ley de Derechos Civiles, la Corte de Apelaciones del 7º Circuito (con sede en Chicago y jurisdicción sobre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin), ha considerado que la discriminación laboral por razones de orientación sexual sí queda cubierta por la misma.

Y aquí es donde nos preocupamos. Primero, porque el gobierno de Trump se ha metido en el caso sin razón alguna y desde luego no para bien. Por otro lado, recordemos que el Departamento de Justicia está dirigido por Jeff Sessions conocido por su postura contra los derechos LGBT posicionándose contra la Ley Matthew Shepard con el argumento de que los crímenes de odio son simplemente “crímenes de pensamiento”, o su intento de prohibición de una conferencia LGTB en la Universidad de Alabama argumentado que el estado no podía hacer “promoción de la homosexualidad”.

Aunque la cuestión tiene altas probabilidades de acabar siendo revisada en el futuro por el Tribunal Supremo, la discusión está sobre la mesa, y el hecho de que el Departamento de Justicia haya decidido personarse en Zarda v. Altitude Express sin ser parte del proceso para apoyar la causa homófoba dice mucho de la dirección que la administración Trump ha escogido. Al frente del Departamento de Justicia, recordemos, está nada más y nada menos que Jeff Sessions, uno de los políticos estadounidenses con un historial más activamente anti-LGTB.

Fuente | NYTimes, vía EstoyBailando/Cristianos Gays/Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Altitudd Express, Disriminación, Donald J. Trump, Homofobia/Transfobia, Jeff Sessions, Ley de Derechos Civiles, Ley Matthew Shepard

El Parlamento de Ucrania ha aprobado finalmente las enmiendas al Código del Trabajo que impiden la discriminación laboral en base a las creencias religiosas, el origen étnico o la orientación sexual. La legislación era una exigencia de la Unión Europea para permitir a los ucranianos viajar sin necesidad de visado a los países comunitarios. Era la tercera ocasión en que se votaba la reforma, ya que en las dos anteriores no recibió los apoyos necesarios para alcanzar la mayoría requerida. La maratoniana sesión ha necesitado nada menos que de seis rondas de votación para conseguir la aprobación definitiva.

El Parlamento de Ucrania ha aprobado la enmienda a su Código Laboral para incluir la prohibición expresa de toda discriminación por razón de identidad de género que la Unión Europea consideraba como condición previa para que su ciudadanía pueda viajar por el territorio comunitario sin visado.

En los últimos años y a pesar de la política de expansión territorial la Federación Rusa, Ucrania y la Unión Europea han establecido lazos comerciales y políticos de cara a la cooperación y la integración sus economías. Sin embargo, para que dichos acuerdos tengan validez, la Unión Europea ha instado al estado ex soviético a que cumplan varios acuerdos de mínimos que mejoren los derechos humanos de su ciudadanía, en especial de las personas que pertenecen a minorías como la LGTBI.

Sin ser especialmente la Unión Europea el territorio que más hace posible la protección de su población trans, en Ucrania los derechos humanos del colectivo distan mucho de los -insuficientes- estándares europeos. Por esa razón, las autoridades comunitaria favorecen los contratos comerciales y políticos por compromisos firmes con su población más socialmente desfavorecida.

El Gobierno proeuropeo de Petró Poroschenko pretende alcanzar un acuerdo para eliminar la obligación del visado de los nacionales del país que quieran desplazarse a la UE. El objetivo a largo plazo es integrarse en la zona Schengen de libre circulación. A cambio, los tratados europeos exigen la implementación de medidas de profundización democrática y derechos humanos que incluyen la prohibición de la discriminación en el ámbito laboral. Por esta razón, el Parlamento de Ucrania aprobó una enmienda a en su Código Laboral que prohíbe -entre otras- la discriminación de las personas transexuales y transgénero y que satisface la condición previa de la UE para permitir los viajes por el territorio comunitario sin visado.

La primera votación sobre este asunto tuvo lugar el pasado 5 de noviembre, con un resultado infructuoso. Tan solo 111 diputados aprobaron el texto, cuando se necesitaba el apoyo de 226, a pesar de los esfuerzos del presidente, que incluso había destacado su trascendencia en un mensaje televisado en el que adelantaba que la aprobación de la medida podría suponer que los ucranianos pudieran viajar a la UE sin necesidad de visado el año próximo. Un gran número de diputados se ausentó de esta sesión, temerosos de salir perjudicados electoralmente por apoyar los derechos LGTB. Los oponentes a la ley habían alertado del “peligro” de una legalización del matrimonio igualitario al prohibir la discriminación de las personas LGTB, algo que rechazaron de plano los propulsores del texto.

El día 10 se celebró una nueva votación, consiguiendo el apoyo de 207 diputados, aún lejos de la mayoría necesaria. Finalmente, este 12 noviembre se presentó de nuevo la reforma del Código del Trabajo en el Parlamento, en una sesión maratoniana que necesitó nada menos que de seis rondas de votaciones. En la quinta, se había alcanzado ya el apoyo de 219 diputados. En ese momento, el presidente del Parlamento Volodymyr Groysman hizo un receso después de decir a los presentes: “Estimados diputados, nos separan siete votos de un régimen de exención de visados”.  Al reanudarse la sesión, insistió en su apoyo a la reforma: “el individuo y sus derechos están en la base de la sociedad”; e incluso trató despejar dudas con una declaración llena de intolerancia homófoba: “Dios prohíbe los matrimonios del mismo sexo en nuestro país”.

En la sexta ronda de votaciones, la reforma recibió los votos de 234 diputados, incrementándose el número de ellos tanto dentro de la facción del presidente Poroschenko, como de la del primer ministro Arseni Petróvich Yatseniuk. La enmienda que impedirá la discriminación laboral basada, entre otras, en la orientación sexual será incorporada al Código del Trabajo, un texto legal de la era soviética. Los proponentes de la reforma esperan que la Unión Europea acepte los cambios, aunque el plazo máximo establecido para la adopción de las medidas exigidas expiraba el 9 de noviembre. Sin embargo, los organismos europeos revisarán el cumplimiento de los criterios y decidirán sobre la exención de visados el próximo 15 de diciembre.

La asociación Transgender Europe ha querido felicitar al Estado Ucraniano por tomar esta decisión, y a su vez reclamar nuevas reformas que garanticen el desarrollo en igualdad de las personas trans.

En palabras de su Jefe de Políticas, Richard Köhler:

La discriminación en el empleo es un problema grave para las personas trans en Ucrania. Y mucho en ello tiene que ver  el arduo procedimiento del reconocimiento de la identidad de género. Dicho protocolo viola los derechos humanos del colectivo, por lo que ssu reforma debe ser la siguiente prioridad del Parlamento.”

Como afirma Köhler, actualmente uno de los principales obstáculos del colectivo trans para conseguir un acceso igualitario al trabajo en Ucrania es el propio reconocimiento legal del género, que incluye prácticas tan poco admisibles como la estancia obligatoria en hospitales psiquiátricos, divorcios y esterilizaciones.

Ucrania: hostigamiento a la comunidad LGTB por ambos bandos

El pasado mes de junio, publicábamos los ataques durante la marcha del Orgullo LGTB de Kiev, que se saldó con al menos 10 heridos y 25 ultras detenidos. Aun así, teniendo en cuenta el clima de crispación y la imperante homofobia social, los organizadores y activistas participantes consideraron que la presencia de unos 300 personas era un éxito, teniendo en cuenta que “todos sabían que era peligroso”. Poco después, en agosto, un foro sobre derechos LGTB en Odesa también era atacado.

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