Alberto Fernández, Presidente de Argentina

El Gobierno de Argentina ha emitido un histórico decreto que establece un cupo laboral de al menos un 1% en el empleo público para personas trans. La decisión busca compensar la discriminación estructural que este colectivo padece en la búsqueda de empleo. Podrán acogerse a este cupo «personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo» con independencia de que hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen que la ley argentina permite.

El decreto 721/2020 ha sido publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina (enlace). Su fundamentación es clara: el texto reconoce que «en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos los órganos de control y los organismos jurisdiccionales se han pronunciado» a favor de considerar que «la identidad de género y su expresión, así como también la orientación sexual, constituyen categorías prohibidas de discriminación». En especial, el decreto menciona la Opinión Consultiva N° 24 del 24 de noviembre de 2017 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un texto cuya importancia capital ya destacamos en su momento, al considerar que «la orientación sexual y la identidad de género, así como la expresión de género son categorías protegidas por la Convención» y que «en consecuencia, su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación».

El decreto también reconoce que en la propia Argentina el Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género de las Naciones Unidas, en el año 2017, recomendó la adopción de medidas intersectoriales para aplicar la ley de identidad de género y mejorar el acceso a la educación, la atención de la salud, el empleo, la vivienda, el crédito, las becas y otras oportunidades, incluidas modalidades alternativas de trabajo y empleo para las mujeres trans. Y es que, ese a los avances normativos que Argentina ha experimentado en materia de identidad de género,  las personas trans «continúan teniendo dificultades para disfrutar del efectivo ejercicio del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, así como también a la protección frente al desempleo, sin discriminación alguna». «Las trayectorias de vida de las personas travestis, transexuales y transgénero están atravesadas por la estigmatización, criminalización y patologización sistemática por una gran parte de la sociedad y de las instituciones», destaca el decreto. «Resulta de vital importancia transformar el patrón estructural de desigualdad que perpetúa la exclusión de esta población que tiene una expectativa de vida de entre 35 y 40 años aproximadamente», continúa. «A esta situación se suma, como se dijo, la exclusión histórica de los ámbitos educativos y la dificultad en la obtención de trabajos formales y estables. Todo ello evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos colectivos ante la escasa y muchas veces nula posibilidad de acceder a un trabajo en condiciones igualitarias, y ello conlleva en numerosas ocasiones, y en ese contexto, al ejercicio de la prostitución», añade en otro momento.

Es por eso que, como parte de las acciones positivas que los avances normativos reseñados requieren, el Gobierno de Argentina ha decidido promover una medida que garantice la inclusión laboral de las personas trans en el sector público y las permita ejercer su derecho al trabajo: un cupo mínimo de un 1%, para lo cual se deberán establecer reservas de puestos de trabajo que serán ocupados exclusivamente por personas de este colectivo. El decreto ya incluso más lejos, ya que a los efectos de garantizar la igualdad real de oportunidades, establece que el requisito de «terminalidad educativa» no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo, por lo que si las personas aspirantes a los puestos de trabajo no hubieran completado su educación se permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos faltantes y finalizarlos. En estos casos, una Unidad de Coordinación, establecida en el artículo 7 del decreto, deberá arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas afectadas con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión.

Años por delante en el reconocimiento de los derechos de las personas trans

Un avance importantísimo, sin duda, en un país que, recordemos, ya se adelantó al resto al aprobar en 2012 una ley que permite rectificar en los registros públicos el sexo, imagen y nombre de pila con el que la persona fue inscrita al nacer cuando estos no coincidan con la identidad de género autopercibida, sin obligación de acreditar intervención quirúrgica alguna ni terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Un reconocimiento del principio de autodeterminación de género al que luego se han sumado numerosos países y que España sigue sin hacer más allá de lo establecido por algunas legislaciones autonómicas que solo afectan al marco competencial regional.

Fuente Dosmanzanas

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Por Verónica Stewart

Ilustración: Flor Capella/Agencia Presentes

El pasado 27 de agosto se cumplió un año desde que la Defensoría Oficial en lo Civil Nª 1 del Departamento Judicial de Dolores, provincial de Buenos Aires, falló una acción de amparo a favor de la mujer trans Agustina González. La Justicia debe garantizar “el otorgamiento de un alojamiento digno con condiciones edilicias adecuadas, en virtud de la grave situación de vulnerabilidad, exclusión y discriminación en la que se encontraba por entonces”. Sin embargo, al día de hoy, dicho derecho no ha sido garantizado, y Agustina continúa viviendo en condiciones precarias e indignas.

Actualmente, Agustina se encuentra internada con riesgo de infección por falta de higiene y escaras. “Me conformo solamente con que me arreglen mi casa donde yo vivo”, dijo a Presentes. “Que me revoquen un poco, tener el baño adentro. El techo gotea, y me fui enfermando con el tema de la humedad y con todas las enfermedades que tengo – principalmente, HIV, – me invalida aún más”.

Una cadena de violencias y exclusión

Agustina vivía en lo que su abogada Cecilia Coronel describió a Presentes como “una situación de marginalidad importante. Ha sufrido violencia de género y abuso familiar, y ha tenido que vivir de casa en casa y ejercer la prostitución”, agregó. Vive en una construcción precaria, sin baño interno ni calefacción. El proceso judicial se extendió por varios meses pero cuando el juez dictó sentencia definitiva el 10 de marzo, el amparo indicaba que la Municipalidad de Dolores debía brindarle, en forma inmediata, “un alojamiento digno y seguro en condiciones de habitabilidad por el plazo de un año mientras duren las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad”. Debía proveerle, además, una atención a su salud interdisciplinaria, que incluyera tanto a una psicóloga como a una trabajadora social.

“Dijeron que no se pueden comprobar las situaciones de violencia“

Pero ante la sentencia favorable del fallo para Agustina, el Municipio apeló. En mayo del presente año, el Tribunal de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata ratificó el fallo. Para entonces, habían pasado varios meses y la situación de salud de Agustina, y con ella la urgencia de su pedido, había cambiado. Tras una infección en una muela, Agustina debió ser trasladada al Hospital San Juan de Dios en La Plata y, dado el contexto de Covid-19, el personal médico accedió a que continuara con su tratamiento desde su hogar.

Por lo tanto, la falta de condiciones dignas de habitabilidad se volvió aún más apremiante. “Cuando se volvió a insistir, ahora con el fallo de la Cámara, el abogado llevó la propuesta con un lugar amueblado”, contó Coronel a Presentes. “Primero, dijeron que no se pueden comprobar las situaciones de violencia y de abuso que ha sufrido. Segundo, que cambió de pedido, que al principio había pedido un plan de vivienda y ahora estaba pidiendo un alquiler. Nosotras seguimos insistiendo, pero los medios de Dolores no cubrieron el caso”, agregó. El colectivo de Mujeres y Diversidades Dolorenses se encargó de buscar dicho departamento amueblado, pero todavía no hay respuesta ante la petición de la Defensoría del Pueblo para que el Estado municipal se lo otorgue.

Emergencia habitacional

Según el comunicado “Los derechos humanos de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio” publicado por CELS el 19 de junio, la situación habitacional para dicha población es crítica. De los 180 hoteles familiares declarados en la Ciudad de Buenos Aires, de los cuales muchos funcionan como vivienda, varios “ofrecen condiciones de habitabilidad precaria: baños sin desagües aptos, goteras en las habitaciones, cocinas comunes sin salubridad ni seguridad. Un departamento en alquiler para vivienda es mucho más barato, pero se vuelve inaccesibles por la exigencia de garantías o porque las inmobiliarias o les dueñes rechazan el contrato a personas travestis y trans”, continúa el informe.

Como indica el artículo académico “Visibilizar la vulnerabilidad. Comunidad trans en situación de calle, relatos de trayectorias habitacionales y las respuestas institucionales” realizado por FADU, UBA, en 2016 el 33,1% de la muestra estudiada indicó vivir en cuartos de alquiler de hoteles. El artículo también señala que “en general una de cada tres personas trans vive en hogares pobres por ingreso”, y que la expulsión temprana del hogar familiar, la necesidad de ingresar tempranamente al mundo laboral y, en general, tener que hacerlo de modo informal, y “el no contar con las redes de apoyo de los vínculos de la familia de origen”, son algunas posibles causas de este problema

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Fuente Agencia Presentes

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Karla Bello

Una mujer trans está demandando a una cárcel en Florida donde fue retenida en un centro para hombres, sin nombre y se le negó su tratamiento hormonal durante 11 días por multas de tránsito impagas.

Según WUSF, Karla Bello, de 37 años, fue encarcelada en la cárcel del condado de Pinellas en noviembre del año pasado durante 11 días después de que faltó a una cita en la corte para abordar multas de tránsito impagadas. Karla Bello perdió más que su libertad cuando entró en la cárcel del condado de Pinellas. Cuando  fue registrada por un cargo derivado de multas de tráfico sin pagar, le dijo a un trabajador de la cárcel que era una mujer. Ella había comenzado la transición a los 30 años. Pero ella fue desnudada por agentes masculinos y colocada en un bloque celular masculino. Los oficiales la llamaron “señor”.

Bello, una trabajadora de salud en el hogar, estaba pasando apuros económicos en ese momento y no pudo pagar las multas ni la fianza de $ 513 establecida para su liberación.

Aunque le dijo al personal de la cárcel que era una mujer, la colocaron en una unidad para hombres y la nombraron como hombre en repetidas ocasiones y la desnaturalizaron. Ella dijo: “Me despojaron de mi identidad. Aunque todo el mundo me conoce como Karla, me llama ‘señorita’, querían etiquetarme como hombre, y me llamaban ‘señor’, y fue muy doloroso tener que soportar eso “.

La cárcel también despojó a la mujer trans de todo lo que afirmaba su género, incluido su sostén, extensiones de cabello y tratamiento hormonal vital. “Es tan estúpido llorar por el cabello y el maquillaje”, le dijo al Tampa Bay Times, con la voz quebrada. “Pero cuando te quita lo que tú dices que eres, Dios mío”.

El encarcelamiento ya es un proceso deshumanizante. Pero puede ser aún más implacable para quienes enfrentaron discriminación y marginación antes de ser encerrados.

Lo que Bello soportó es típico de la forma en que las personas transgénero son tratadas mientras están encarceladas, dicen los defensores de los derechos de las personas transgénero.

El personal de la prisión le dijo que no podía tomar su medicación porque, como persona trans con dificultades para acceder a la atención médica, no tenía receta médica. La interrupción repentina de su tratamiento hormonal hizo que Bello desarrollara dolores en el pecho, otros problemas físicos y angustia emocional extrema. Según los informes, los registros muestran que el personal de la prisión investigó sus síntomas físicos, pero no encontró problemas médicos. “Me llevó a la sala de psiquiatría“, dijo Bello. “Como si empezara a deprimirme, me estaba volviendo suicida. Había decidido, no puedo vivir con esto, voy a morir aquí”.

Para el séptimo dia, ella estaba bajo estrecha observación por parte del personal de la cárcel porque podría llegar a suicidarse. “Voy a morir aquí”, recuerda haber pensado. “Voy a terminar con mi vida”.

Karla Bello asiste a una audiencia en la corte del condado de Pinellas con su abogada, Rook Elizabeth Ringer. (Marta Asencio Rhine| Times)

Finalmente, un grupo de derechos trans se enteró de la situación de Bello, pagó su fianza y solicitó la ayuda de la abogada Rook Elizabeth Ringer de Lento Law Group, quien ahora representará a la mujer trans en su demanda contra el condado de Pinellas, el sheriff Bob Gualtieri y 15 oficiales y personal de la cárcel.

Los estudios muestran que están encerrados de manera desproporcionada y es más probable que sean abusados por el personal y los compañeros de prisión. Eso puede conducir a trauma y depresión y, en casos extremos, asesinato o suicidio. El alguacil de Pinellas, Bob Gualtieri, dijo que su personal de la cárcel hace lo mejor que puede para satisfacer las necesidades de los reclusos, pero reconoció que a veces maltrataron a Bello durante sus 11 días en la cárcel, particularmente al desdibujar su identidad. La Oficina del Alguacil pide a los oficiales usar los nombres y pronombres fieles al individuo, dijo. Pero no es una política escrita. “No necesitamos traumatizar a estas personas”, dijo Gualitieri, “Así que lo Exploraré”.

Ringer dijo: “El trato del condado de Pinellas a la Sra. Bello no solo es impactante y, como creemos, ilegal, sino que muestra el continuo prejuicio que enfrentan las personas transgénero en Florida y en todo Estados Unidos. Ningún funcionario del condado se atrevería a colocar a una persona no transgénero en una unidad de vivienda de la cárcel que esté en conflicto con su identidad de género. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que los oficiales del alguacil del condado de Pinellas y los funcionarios de la prisión hicieron con la Sra. Bello aparentemente sin otra razón que ella es una persona transgénero”.

Además de buscar daños a través de la demanda federal, Bello también exige que el condado de Pinellas implemente nuevas políticas para proteger a los reclusos trans en el futuro. Ella dijo: “Quiero justicia, para mí, pero al mismo tiempo tiene que ser un gran problema, porque alguna otra mujer transgénero podría no tener tanta suerte cuando le pase a ella”.

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(Douglas R.Clifford| Times )

Oriunda de México, Bello creció en Wimauma en una familia católica.

A los 7 u 8 años, dijo, comenzó a darse cuenta de que lo que sentía por dentro no se alineaba con su aspecto. Poco después, vio una drag queen actuando en un programa de televisión. La revelación de que podía usar vestidos deslumbrantes y lápiz labial brillante la emocionó.

Entonces su madre le dijo: “Oh, esas personas son asquerosas”, recordó Bello que le dijo.La reacción detuvo su autoexploración durante años.

En 2000 se graduó de La Escuela Secundaria Wharton en New Tampa, luego se enlistó en el Ejército. Bello trató de enterrar la sensación de que era una mujer, esperando que disminuyera con el tiempo.

Karla trató de salir con hombres mientras estaba prestando el servicio en Alemania, pero la burla homofóbica de sus compañeros soldados era demasiado para manejar. Finalmente, fue dada de baja honorablemente, dijo, bajo la política militar “no preguntes, no digas”, que prohibió a los miembros del servicio gay y lésbico hasta que fue derogada en 2011.

De vuelta a casa, encontró una pasión trabajando como cuidadora de adultos con discapacidades. Ella entendió lo que era vivir con un cuerpo que no podía controlar.

Fuente Pink News/Tampabay

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Esto sí es invisibilizar a las mujeres, “amigas” TERFs…

Han bastado poco más de siete meses para que el número de personas trans asesinadas en Estados Unidos supere el de todo 2019. Al menos 28, 23 de ellas mujeres (en 2019 fueron asesinadas 26 personas trans), según el recuento de la organización National Center for Transgender Equality. La entidad denuncia además que la violencia tránsfoba se ceba, muy en particular, con las mujeres negras y latinas.

Estados Unidos no es, por desgracia, el país con mayor número de personas trans asesinadas. Según los datos de Transgender Europe, tanto en 2018 como en 2019 Brasil y México superaron a su vecino del norte en esta macabra estadística, y es previsible que así siga siendo en 2020. Pero el hecho de que en la primera potencia mundial las cifras sigan siendo tan desgarradoras, de que la tendencia siga en aumento y de que ocurra, además, en el contexto de una feroz transfobia impulsada por organizaciones de diverso signo convierte en dato en especialmente inquietante: 28 personas trans asesinadas (23 mujeres, 4 hombres y una persona no binaria).

«Las personas trans, y especialmente las mujeres negras y latinas, son marginadas, estigmatizadas y criminalizadas en nuestro país. Sufren violencia a diario y temen acudir a la policía en busca de ayuda», ha denunciado Rodrigo Heng-Lehtinen, vicedirector ejecutivo del National Center for Transgender Equality, que ha señalado además la responsabilidad de la fuerzas policiales a la hora de no proteger adecuadamente a las personas trans y les ha exigido cambios profundos. «Pero las reformas deben ir más allá si se quiere terminar con el racismo sistémico y la transfobia que empujan a tantas personas trans de color a situaciones vulnerables, sin vivienda estable, sin trabajos seguros y sin hogares en los que se sientan queridas. Nadie debería ser obligado a vivir con miedo», ha añadido, destacando la necesidad de abordar la discriminación tránsfoba de una manera integral, atendiendo no solo a los aspectos de seguridad policial, sino al derecho a una vivienda o a un trabajo digno que permita a las personas trans salir de la marginalidad.

En este sentido no esta de más recordar, una vez más, que la violencia contra las personas trans y género-diversas se entrelaza con frecuencia con la ejercida en función de otros ejes de opresión, como el racismo, el machismo (el grueso de las víctimas del odio tránsfobo son mujeres, en Estados Unidos y en el resto de países del mundo), la xenofobia o el desprecio hacia las trabajadoras del sexo. Según denunció Transgender Europe a finales de 2018, aunque en dos tercios de las víctimas identificadas entre 2008 y 2018 se desconocía su actividad profesional, del resto la mayoría (646) eran trabajadoras sexuales. Y si nos atenemos por ejemplo a los datos de Francia, Italia, España y Portugal, países tradicionalmente receptores de personas LGTB de África y América Latina, el 65% de las víctimas trans asesinadas durante ese periodo eran migrantes.

Fuente Dosmanzanas

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Pequeño pero significativo avance en Perú: por primera vez, el Estado peruano reconoce formalmente a las parejas del mismo sexo que convivan bajo un mismo techo, aunque sólo como beneficiarias de una entrega económica a los deudos del personal de salud fallecido como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Mediante un Decreto publicado el 8 de agosto en el diario oficial El Peruano, el Estado extiende a las parejas del mismo sexo una serie de beneficios económicos que ha decidido otorgar a los deudos de las personas fallecidas a causa de la COVID-19. «Se considera como personas beneficiarias de la entrega económica a los herederos forzosos y legales del personal de la salud, en el marco de lo establecido en el numeral 7.2 del artículo 7 de las presentes normas complementarias. Para efectos de la presente norma, también se consideran personas beneficiarias a los y las convivientes del mismo sexo del personal de salud fallecido, conforme a los lineamientos que establece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mediante Resolución Ministerial, en un plazo de quince (15) días calendario contados desde la publicación del presente Decreto Supremo», reza el artículo 6.2 del anexo al decreto.

Este mismo viernes se han aprobado los correspondientes lineamientos, tal y como ha anunciado en redes sociales el Ministerio peruano de Justicia y Derechos Humanos. El propio Ministerio admite que se trata de la primera norma que de forma explícita reconoce las parejas del mismo sexo, «bajo los principios de igualdad y no discriminación». Los convivientes del mismo sexo que quieran solicitar la ayuda deberán acreditar documentalmente su convivencia durante un mínimo de dos años, aportando además una declaración jurada de dos testigos:

Esta norma incluye, por primera vez, el reconocimiento a parejas del mismo sexo, bajo los principios de igualdad y no discriminación.👉 https://t.co/2Ix83OJCOp pic.twitter.com/kNlPeLLOUS

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (@MinjusDH_Peru) August 22, 2020

Aunque pueda parecer pequeño, no deja de constituir un avance en un país en el que las parejas del mismo sexo llevan años viendo como una y otra vez desde el poder político se les niega la posibilidad de ver reconocidos sus derechos y que ni siquiera ha sido capaz de aprobar, no ya el matrimonio, sino una ley de uniones que le acerque, aunque sea mínimamente, a sus vecinos. En estos momentos, las esperanzas de la aprobación del matrimonio igualitario en Perú penden de los tribunales. Ya hay tres pronunciamientos judiciales favorables, referidos a Óscar Ugarteche y Fidel Aroche (que contrajeron matrimonio en 2010 en Ciudad de México), a Susel Paredes y Gracia Aljovín (que se casaron en Estados Unidos en 2016) y a otros dos ciudadanos peruanos, A.A.M.S. y D.A.U.F., casados también en Estados Unidos en 2015. La demanda de Ugarteche y Aroche, de hecho, está ya sobre la mesa de la Corte Constitucional, que todavía no se ha pronunciado.

Fuente Dosmanzanas

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El exjuez Fernando Ferrín Calamita, quien fue inhabilitado en 2009 por obstaculizar de forma intencionada la adopción de una menor solicitada por la esposa de su madre biológica, continúa hostigando a las mujeres que en su día lo demandaron. Recientemente, Calamita, de conocidas convicciones homófobas, empleó su perfil en la red social Facebook para incitar al odio contra ambas mujeres, difundiendo una carta llena de bulos —en la que llegar a afirmar que, tras separarse, la pareja había entregado a la menor a los servicios sociales—, que se hizo viral y motivó montones de insultos y amenazas hacia las susodichas.

La historia comienza en la primavera de 2006, cuando Vanesa inició los trámites para adoptar a la hija biológica de su esposa, con el fin de constar como madre de la niña a instancias administrativas y judiciales. El exjuez Fernando Ferrín Calamita, que entonces se encontraba al frente de un Juzgado de Familia en Murcia, se encargó de tramitar aquella solicitud de adopción —y, además, se opuso desde el principio al asunto—. Por esa razón, Vanesa se vio obligada a interponer una demanda contra dicho juez a comienzos de 2008, al sospechar que el jurista estaba cometiendo un delito de prevaricación judicial, pues este había impuesto una serie de trámites innecesarios —como pedir que se nombrara a un defensor judicial a los menores, o que se realizasen una serie de preguntas a la psicóloga del caso acerca de la conveniencia de que la niña conviviera con dos mujeres—.

«La niña pasó más de dos años sin poder tener los apellidos de sus madres y sin que la madre no biológica pudiera pedir ningún tipo de permiso. Esta no era la primera vez que este juez hacía cosas de ese estilo. Ya había otra gente que había sufrido lo suyo con él, pero ahí fue cuando ya le abrieron un expediente disciplinario y, además, ellas lo demandaron», explica a dosmanzanas Ade Campillo, presidenta de ASFAGALEM (Asociación de Familias de Gais y Lesbianas de la Región de Murcia).

A finales de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Calamita a dos años, tres meses y un día de inhabilitación, y a pagar 6.000 euros de indemnización, por «retraso malicioso». El fiscal, el abogado de la pareja y el propio condenado —quien argumentaba que la menor «tenía derecho a vivir en una familia normal»— recurrieron. Al final, el Supremo acabó condenando en 2009 por prevaricación al juez, aumentando además de dos a diez años el periodo de inhabilitación para ejercer como tal.

Durante sus diez años de inhabilitación, Ferrín Calamita no perdió el tiempo. Además de solicitar el indulto al Ministerio de Justicia —algo que le fue denegado—, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional —recurso que no fue admitido a trámite— y, además, llegó a escribir un libro —titulado Yo, víctima de la cristofobia: El calvario de un juez católico por cumplir la ley en España—. Los editores del manual aseguraban del autor que el pobre había sido «presionado, amenazado, extorsionado y, finalmente, expulsado de su trabajo, teniendo que pasar por un verdadero calvario profesional y familiar; incluido el linchamiento mediático y la merma de su salud». Además, cabe señalar que durante todo ese tiempo recibió el apoyo público de la plataforma de ultraderecha HazteOír.

En 2019, al cumplirse los diez años de suspensión, el Tribunal Supremo rechazó rehabilitar a Fernando Ferrín Calamita por «una auténtica compulsión homófoba». Sin embargo, él decidió volver a la carga recientemente, escribiendo y compartiendo en su perfil de Facebook una carta dirigida a «Candela, la niña adoptada» —quien hoy es ya una adolescente—, relatándole una serie de hechos falsos —desmentidos públicamente por la madre biológica de la niña— de los que varios portales se hicieron eco sin molestarse en contrastar la información. «Ha llegado a mi conocimiento recientemente que se han divorciado y que te han abandonado y entregado a los servicios sociales. Lo siento mucho. El tiempo me ha venido a dar la razón, por desgracia. He hecho gestiones para averiguar tu paradero, pero lógicamente no me han facilitado ningún dato en ese organismo de la Consejería de la CARM que ahora se llama de Familias y LGTBI», rezaba la misiva con la que el exjuez pretendía justificar lo que hizo en su día, seguir dando rienda suelta a su homofobia y, sobre todo, incitar al odio contra las madres de la menor.

«En primer lugar, necesitamos parar el bulo y el odio hacia la familia concreta, porque están difundiendo una foto de ellas que salió cuando ocurrió aquello, están diciendo sus nombres, el nombre y edad de la niña, etc. Como juez de familia que ha sido, él sabe perfectamente que tú no puedes abandonar a una niña en servicios sociales. Sabe que, en todo caso, los servicios sociales podrían retirarte a la niña porque esté en una situación de abandono, desamparo o peligro. No sabemos qué pretendía, si es una cuestión de venganza o qué. Pero lo peor de todo es el odio que está generando en redes sociales», apostilla preocupada Campillo. Una pesadilla que, por desgracia para sus protagonistas, se alarga ya demasiado en el tiempo.

Fuente Dosmanzanas

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Dos tunecinos han sido condenados a un año de cárcel por mantener relaciones homosexuales. En primera instancia, la pena establecida fue del doble de tiempo, pero se redujo en la apelación. Los tribunales han considerado como prueba de cargo la negativa de ambos a someterse a un examen anal, práctica considerada como una forma de tortura y que el Gobierno tunecino se comprometió a abandonar.

Los dos hombres, ambos de 26 años de edad, fueron detenidos el pasado 3 de junio en la ciudad de Kef, situada al suroeste de la capital, después de que uno de ellos denunciara al otro por un préstamo no devuelto. Según la asociación de defensa de los derechos humanos Damj, la policía de Kef los instó a que «confesaran que eran homosexuales» mediante acoso, insultos y amenazas de cárcel. Posteriormente, ambos fueron encausados por la vulneración del artículo 230 del Código Penal tunecino, que castiga las relaciones sexuales entre varones con penas de hasta tres años de prisión.

Hassina Darraji, la abogada de los jóvenes durante el proceso de apelación, declaró a Human Rights Watch que sus defendidos le aseguraron que la policía también les instó a que se sometieran a un examen anal para probar la relación sexual. Ambos se negaron, pero esa misma negativa fue considerada como prueba en la sentencia. En primera instancia, el 6 de junio fueron condenados a dos años de prisión, una de las penas más altas en procesos de este tipo, y fueron trasladados a la cárcel de Ben Arous, donde se han dado varios casos de infección por covid-19.

A finales del mes de julio tuvo lugar la vista de su apelación, tras la que la pena fue rebajada a un año de prisión. Sin embargo, el tribunal volvió a estimar la negativa a someterse al examen anal como una prueba de cargo. Para Human Rights Watch, esta condena supone «una violación del derecho a la intimidad y a la no discriminación consagrado en la Constitución de Túnez de 2014». Rasha Younes, una de sus investigadoras, señala que «mientras que otros países y organismos internacionales elogian a Túnez por sus logros en materia de derechos humanos, la penalización y el enjuiciamiento de la conducta homosexual revela una realidad diferente». El Colectivo Civil para las Libertades Individuales, que reúne a más de 40 asociaciones de defensa de los derechos civiles, asegura que en 2019 se llevaron a cabo en Túnez cerca de 120 procesos por homosexualidad.

En cuanto a los exámenes anales forzados, en 2017, durante la audiencia del Examen Periódico Universal de Túnez en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la delegación tunecina Túnez aceptó oficialmente la recomendación de acabar con esa práctica como método para «demostrar la homosexualidad» en los procesos penales. Pero el abandono no sería absoluto, pues, tal y como declaró el representante tunecino: «Los exámenes médicos se llevarán a cabo únicamente con el consentimiento de la persona y en presencia de un experto médico».

Según Human Rights Watch, este enfoque particular de las autoridades tunecinas no reconoce que el consentimiento se ve seriamente afectado, dado que los tribunales de primera instancia pueden inferir la culpabilidad a partir de la negativa a someterse al examen. Además, la evidencia científica asegura que los exámenes anales no tienen ningún valor probatorio para demostrar la homosexualidad. Esas pruebas invasivas, cuando se realizan por la fuerza, son intrusivas y constituyen un trato cruel, inhumano y degradante, que viola el derecho internacional y la ética médica. El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ha establecido que, cuando los exámenes anales son auspiciados por el Estado, constituyen una forma de tortura.

La hostilidad contra los ciudadanos LGTB tunecinos

La persecución social y de Estado hacia los hombres homosexuales y bisexuales tunecinos es incesante. Las detenciones por mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, son constantes y las condenas a prisión habituales, lo que ha sido calificado por la asociación Shams como una auténtica «cacería».

Además, los defensores de los derechos LGTB —que luchan por la derogación del citado artículo 230 del Código Penal, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta 3 años de prisión— sufren constantes agresiones, hasta el punto de que algunos de ellos han tenido que exiliarse ante las repetidas amenazas de muerte. Un reportaje de la red de noticias Konbibi reflejaba esta situación hace unos meses.

En febrero de 2019, un joven tunecino que denunció haber sido violado por dos agresores era condenado a ocho meses de prisión por mantener relaciones homosexuales.

En marzo del pasado 2018 de las pocas noticias positivas que nos llegaba del país. Rached Ghannouchi, líder del partido Ennahdha que forma parte de la coalición de Gobierno actual, declaraba en una entrevista que «la homosexualidad es un fenómeno natural y no hay que interferir en los deseos y comportamientos de la gente». Esperemos que poco a poco se vaya imponiendo su visión.

Munir Baatur, abogado y activista LGBTI en Túnez, 48 años, se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de un país que mantiene en vigor una ley que castiga con hasta tres años de cárcel las prácticas homosexuales. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos de la comunidad LGBTI son legales desde la revolución de 2011, y Baatur es el presidente de la organización Shams.

En junio de ese mismo año, la Comisión de Libertades Individuales e Igualdad hacía público un informe en el que recomiendan al Estado que acabe con la persecución legal de las relaciones entre personas del mismo sexo. Las conclusiones de su trabajo apuntan a la despenalización de la homosexualidad y el fin de los infames «exámenes anales». El Parlamento tunecino, sin embargo, rechazó debatir las propuestas de la comisión.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Más de cien municipios, además de varios condados y regiones que cubren en conjunto una tercera parte de la superficie de Polonia, se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La iniciativa se ha extendido principalmente por el sudeste del país, feudo principal de Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. 

La Comisión Europea ha acordado negar las ayudas a seis ciudades polacas que requerían financiación en un programa de hermanamiento entre ciudades de distintos países por declararse «zonas libres de ideología LGTB». La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, ha anunciado esta medida sin detallar qué ciudades son concretamente las que no podrán acogerse a estas ayudas europeas. «Los valores y derechos fundamentales de la Unión Europea deben ser respetados por los Estados miembros y las autoridades estatales. Es por esto que las solicitudes de hermanamiento de seis ciudades polacas que se declararon ‘zonas libres de LGTBI’ o adoptaron resoluciones de ‘derechos de la familia’ han sido denegadas»:

EU values and fundamental rights must be respected by Member States and state authorities.

This is why 6 town twinning applications invilving Polish authorities that adopted ‘LGBTI free zones’ or ‘family rights’ resolutions were rejected.#LGBTI #UnionOfEquality

— Helena Dalli (@helenadalli) July 28, 2020

Estas ayudas se calculan entre los 5.000 y 25.000 euros para los consistorios que soliciten crear vínculos culturales, educativos y sociales con otras ciudades europeas. La agencia responsable del programa, la EACEA, estipula en las convocatorias que esta ayuda debe estar accesible a todos los ciudadanos, sin discriminación por ningún motivo, incluyendo la orientación sexual.

Otras corporaciones locales han tomado la iniciativa y han sido ellas mismas las que han cancelado su hermanamiento con distintas ciudades polacas cuyas corporaciones locales han aprobado resoluciones homófobas bajo una u otra denominación. Este ha sido el caso de la localidad francesa de Saint-Jean-de-Braye, que el pasado febrero dio por finalizado su hermanamiento con Tuchów.

Como ya informamos gobiernos locales de Polonia que abarcan hasta un tercio de la superficie del país se han declarado «zonas libres de ideología LGTB». La medida de odio LGTBfobo, que el diario italiano La Repubblica comparó con el concepto nazi de zonas judenfrei («libres de judíos»), llegó hasta el Parlamento Europeo. El 18 de diciembre del año pasado la cámara aprobó, por 463 votos a favor frente a 107 en contra, una resolución de condena de las «zonas libres de ideología LGTB». En enero, el activista Bart Staszewski inició una campaña para visualizar el estigma de esta iniciativa posando con signos en varios idiomas junto a las señales de entrada a las localidades adheridas a la iniciativa LGTBfoba (ver imagen, a la izquierda). A fecha de hoy, las jurisdicciones declaradas «zonas libres de ideología LGTB» abarcan un tercio de la superficie total de Polonia e incluyen cerca de cien municipios, al menos dieciocho condados y cinco regiones (a las cuatro iniciales se les unió Łódź).

Esto es fruto del auge del discurso del odio que se ha instalado en el panorama político polaco, especialmente favorecido por Ley y Justicia (PiS), la formación ultraconservadora que gobierna el país. En las recientes elecciones presidenciales, por ejemplo, el candidato del PiS (que resultó reelegido por un estrecho margen) calificó la existencia de la diversidad sexual de una «ideología extranjera más dañina que el comunismo». Un discurso que poco a poco el PiS intenta trasladar a la legislación, como ha puesto de manifiesto el reciente voto del Parlamento polaco a favor de una iniciativa para criminalizar la educación sexual.

Campañas de odio similares a las que se pueden ver en Rusia y a las que los medios de comunicación ultraconservadores polacos se suman animando a la población a que identifique sus negocios, casas o enseres personales con enseñas que aluden a la denominación «zonas libres de LGTB». Un buen ejemplo de este clima de opinión es el hecho de que la cadena de televisión pública polaca definiera recientemente a España como un país que vive «bajo una dictadura LGTB».

Desde las instituciones europeas no descartan ampliar las sanciones a Polonia por estas prácticas. Cabe recordar que las mismas corporaciones locales que demandan estos fondos de la Unión Europea alientan el discurso contra los valores que la propia Unión encarna. Un discurso que la extrema derecha también se empieza a instalar en España: conviene recordar también que el PiS y Vox han establecido una colaboración para «fortalecer el modelo familiar tradicional».

Fuente: Dosmanzanas/Cristianos Gays

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La justicia saudí ha condenado a un bloguero por expresarse a favor de los derechos de las personas homosexuales en la red social Twitter. Mohamad al-Bokari, ciudadano yemení residente en Riad, ha sido condenado a una pena de diez meses de prisión y una multa de 10.000 riales (unos 2.254 euros). Su delito, grabar un vídeo con el mensaje «Todas las personas tienen derechos y deberían poder ejercerlos libremente, incluidas las personas homosexuales». Tras cumplir su condena, Al-Bokari podría ser expulsado a su país de origen, Yemen, de donde escapó huyendo de la guerra que lo asola desde hace cinco años.

El bloguero yemení vivía en Arabia Saudí en situación irregular tras huir de su país natal en junio del año pasado. El pasado mes de abril, publicó un vídeo en Twitter sobre el reconocimiento de las minorías sexuales expresando su apoyo a los derechos de todas las personas, incluidas las homosexuales. Las autoridades saudíes lo detuvieron y lo enviaron a prisión provisional en Riad bajo la acusación de «propaganda homosexual» e «imitación de las mujeres».

La sentencia se dio a conocer el pasado 20 de julio y fija una condena de diez meses de cárcel y una multa de 10.000 riales (el equivalente a unos 2.254 euros). Al-Bokari tiene un plazo de treinta días desde la notificación de la pena para presentar un recurso. Si la condena se hace firme, tras cumplirla se enfrentará además a la expulsión al Yemen asolado por la guerra del que escapó el año pasado.

Desde la organización pro derechos humanos Human Rights Watch (HRW) denuncian que Al-Bokari ha sido víctima de un tratamiento inhumano por parte de las autoridades saudíes. Según sus fuentes, el detenido pasó seis semanas en régimen de aislamiento en una celda sin aire acondicionado ni ventanas y fue sometido a la tortura de los exámenes anales por su percibida homosexualidad. HRW añade que el bloguero padece de una enfermedad cardiaca crónica y se enfrenta a amenazas de muerte si es deportado a Yemen.

Una régimen hasta ahora implacable con el colectivo LGTBI

Hay que tener en cuenta que, en Arabia Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del «culpable»: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país).

Por lo que se refiere a la esfera LGTBI, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable. Otro tipo de «ofensas» son castigadas de modo diverso.

Nos hemos hecho eco de algunos casos: en marzo de 2017, por ejemplo, informábamos de la detención de 35 ciudadanos paquistaníes por participar en una «fiesta para homosexuales». También dimos cuenta de la tortura y asesinado de dos mujeres transexuales por parte de la Policía de la Moral. En noviembre de 2014, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay.

Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet, o, aún más grave, la iniciativa para castigar con la pena de muerte a quienes hagan pública su orientación sexual en redes sociales y medios.

Fuente Dosmanzanas/ Cristianos Gays

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Netflix ha decidido cancelar la producción de una serie turca —If only— después de que las autoridades del país le pidieran eliminar del guion un personaje gay —como requisito para dejarles rodar en Turquía—. La plataforma, que ya en otras ocasiones ha mostrado cierto compromiso con la diversidad sexual, no ha querido plegarse a dichas exigencias ni autocensurarse, y ha preferido abandonar el proyecto —que iba a ser producido por Ay Yapim y estaba protagonizado por la estrella local Özge Özpirincci—.

Netflix, que en estos momentos cuenta con varios proyectos pendientes de rodaje en Turquía, anunció el pasado mes de marzo su intención de comenzar a rodar en breve una miniserie romántica de ocho episodios titulada If only protagonizada por la estrella local Özge Özpirincci y en la que aparecía un personaje secundario gay. Sin embargo, la plataforma se ha visto obligada a cancelar este proyecto después de recibir presiones del gobierno turco —abiertamente LGTBfobo—, que le ponía como condición para concederles los pertinentes permisos de rodaje en su país que eliminasen del guion cualquier referencia a la homosexualidad de uno de los personajes.

«Debido a [la inclusión de] un personaje gay, no se otorgó permiso para filmar la serie. Esto es muy inquietante de cara al futuro», aseguró la guionista de la serie, Ece Yorenc. La plataforma ha preferido no seguir adelante con el proyecto antes que plegarse a la homófoba exigencia del Consejo Superior de la Radiotelevisón (RTÜK) y alterar los guiones de la serie —cuya trama giraba en torno a las aventuras y desventuras de una madre de gemelos infelizmente casada que de pronto es transportada al pasado—.

A pesar de todo, los jefazos de Netflix han señalado que «siguen profundamente comprometidos con sus miembros turcos y la comunidad creativa de Turquía», y que seguirán trabajando con productoras del país europeo, que a día de hoy sigue ocupando uno de los últimos lugares en Europa en materia de derechos LGTBI.

Curiosamente, esta es la primera ocasión en que el régimen de Recep Tayyip Erdoğan se entromete en las cuestiones creativas de Netflix por motivos homófobos. De hecho, Turquía permite que la plataforma emita íntegramente allí series como Orange is the new black —protagonizada por varias mujeres lesbianas— o The Politician —que cuenta con varios personajes gais—.

No es la primera vez que el servicio de streaming muestra cierto compromiso con la visibilidad y la inclusión del colectivo LGTBI en su producción audiovisual. En este sentido, hace unos meses dábamos cuenta de cómo Netflix había decidido dejar de invertir en publicidad en el diario ABC, al considerar que este fomenta el odio LGTBfóbico dando cabida a determinados contenidos.

Fuente Dosmanzanas

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El Ministerio del Interior ha hecho público el informe 2019 sobre evolución de los delitos de odio en España. Un documento que ofrece datos sobre los delitos e incidentes de odio por motivos racistas, xenófobos, antisemitas, antigitanos, creencias o prácticas religiosas, aporofobia, orientación sexual e identidad de género, por sexo/género, ideología, por razones generacionales, enfermedad y discapacidad que conocieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante el pasado año. Los datos no son precisamente tranquilizadores por lo que a la realidad LGTB se refiere: los delitos de odio por orientación sexual o identidad de género de los que Interior tiene noticia experimentaron un aumento del 8,6% respecto al año precedente. Solo las categoría de delitos por racismo/xenofobia y antigitanismo (de nueva creación) registraron un aumento mayor.

A lo largo de 2019, el sistema estadístico de criminalidad registró en España un total de 1.598 delitos de odio, lo que supone un 8,3% más que en 2018. Dichos incidentes se distribuyen de la siguiente forma: antisemitismo (5), aporofobia (12), creencias o prácticas religiosas (66), discapacidad (26), orientación sexual e identidad de género (278), racismo y xenofobia (515), ideología (596), por razón de sexo/género (69), por discriminación generacional (9), por enfermedad (8) y por antigitanismo (14). Por razones de fidelidad a los datos, conviene aclarar que en esta entrada seguimos la nomenclatura usada por el propio Ministerio.

Varias de las motivaciones experimentaron una tendencia descendente respecto al 2018. Sucede con el antisemitismo, la aporofobia, las creencias o prácticas religiosas o la discriminación generacional. En el caso de la discriminación por sexo/género no hay cambios, mientras que en el resto aumentan. La que más, el antigitanismo (pasa de 0 a 14 incidentes registrados), aunque en este caso se debe a un artefacto estadístico, dado que en años precedentes esta categoría no aparecía separada. Los delitos de odio por racismo/xenofobia, por su parte, experimentaron un alza del 20,9% (pasaron de 426 a 515), mientras que los relacionacionados con la orientación sexual o la identidad de género de la víctima pasaron de 156 a 278 (un 8,6% más).

Nota: al total de hechos conocidos desglosados por las mencionadas categorías con relevancia penal (1.598 en 2019) hay que sumar además 108 infracciones administrativas y otros incidentes (108), hasta sumar un total de 1.706.

Cataluña, Andalucía y Madrid, a la cabeza

Centrándonos ya en los delitos de odio motivados por orientación sexual o identidad de género, de los 278 contabilizados por el Ministerio, 101 ocurrieron en Cataluña, 42 en Andalucía y 40 en Madrid.

Por lo que se refiere al perfil de las víctimas, de un total de 321, hubo 230 hombres y 89 mujeres (en dos casos nos consta el dato). El informe no detalla, en este sentido, el número ni el porcentaje de víctimas cis/trans. Sí que se detalla su edad: 37 de ellas fueron menores de edad. Por el contrario, el Ministerio solo registró dos víctimas mayores de 65 años. Por lo que se refiere al perfil de los responsables identificados, la inmensa mayoría (el 84,7%) fueron hombres (116, frente a 21 mujeres).

Por lo que se refiere a la nacionalidad, en la mayoría de los casos víctimas y responsables fueron de nacionalidad española, pero en este aspecto el informe da datos globales no desglosados por tipología de incidente de odio. Lo mismo ocurre con la edad de los responsables y con el «tipo de hecho» (lesiones, amenazas, discriminación, trato degradante, agresión sexual, etc.), cuyos datos se dan agregados.

Campaña de sensibilización del Ministerio del Interior

Dicho todo esto, conviene tener en cuenta que, según explican los expertos, una parte muy significativa de quienes sufren agresiones físicas o verbales, o amenazas con tintes LGTBfóbicos, ni siquiera llega a denunciar. Algo que también sucede en otras categorías de delitos de odio. Es por eso que el Ministerio del Interior, que el pasado 22 de julio presentaba un nuevo protocolo de actuación policial ante los delitos de odio, estrenaba además una campaña de sensibilización en redes sociales que, bajo la etiqueta #AcabaConElOdio, pretende concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de denunciar todos aquellos episodios de los que sean testigos:

El odio nos envenena, representa un riesgo real de fractura de nuestra sociedad…

Desde 2013, los delitos de odio han aumentado un 45% en España

Pero solo 2 de cada 10 son denunciados

No te calles, denuncia #AcabaConElOdio pic.twitter.com/ZcgO0Fy26M

— Ministerio del Interior (@interiorgob) July 22, 2020

El Ministerio del Interior también ha presentado una nueva funcionalidad específica de la aplicación para móviles Alertcops, diseñada para facilitar una inmediata conexión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el caso de ser víctima o testigo de un delito de odio, transmitir imágenes del suceso, acceder a información sobre esta tipología delictiva y confirmar, de manera sencilla, segura y telemática, la alerta ante un posible caso de discriminación ilícita.

Puedes descargar el informe completo de Interior pinchando aquí.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. #AcabaConElOdio, Alertcops, Andalucía, Bifobia, Cataluña, Delitos de Odio, Discriminación, España, Estadísticas, Homofobia, LGTBIfobia, Madrid, Ministerio del Interior, Transfobia, Violencia LGTBIfoba

Por Verónica Stewart

Foto: Dano Sosa

Natal Delfino trabajaba en invertirOnline hacía diez años cuando comenzó a transicionar. Previo a su cambio registral, Natal se identificaba como lesbiana, por lo cual ya había recibido burlas en el ámbito laboral. Al comenzar con la terapia hormonal, se lo comunicó a la empresa para tomarse la licencia médica por el tratamiento hormonal y para que hicieran la actualización de sus datos en su legajo. Hace dos meses que no recibe su sueldo.

Natal es contador público y era analista senior del área de prevención de dinero. Hace algunos meses, comenzó a tener problemas familiares que incluso lo obligaban, en algunos ocasiones, a tener que interrumpir su jornada laboral para ir al cuidado de su abuela, que se encontraba mal de salud. “En algún momento me desbordé y empecé el tratamiento psiquiátrico. Mi psiquiatra me recomendó tomarme una licencia”, contó Natal a Presentes. “En el medio decidí empezar la terapia hormonal, y se lo informé a la empresa”.

Pero cuando se agotó su licencia psiquiátrica por seis meses, le informaron de invertirOnline que no le iban a pagar los haberes por la licencia médica por tratamiento hormonal que entraba en vigencia, y que se le reservaría el puesto de trabajo sin goce de sueldo. “Respondieron una carta documento diciendo que desestamaban el pedido, asegurando que no correspondía. Con mi abogado mandamos dos más y no contestaron más”, agregó.

Por su parte, desde invertirOnline.com sostienen, “Natal Delfino agotó su período de licencia legal paga en los términos del art. 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en el pasado mes de abril y le hemos notificado la reserva de su puesto de trabajo en dicho momento. La empresa decidió acompañarlo con el beneficio de una prestigiosa prepaga, con la que cuentan todos los colaboradores e invitándolo a reincorporarse a la empresa cuando considere que se encuentre apto para hacerlo. Por otra parte, cuando Natal Delfino nos comunicó su adopción de identidad de género, procedimos a cambiar toda su documentación y adaptarla de inmediato a su nueva identidad. En invertirOnline velamos por respetar los derechos de cada uno de nuestros colaboradores a elegir libremente y valorando el aporte individual y colectivo que la diversidad le agrega a la empresa y a la Sociedad en su conjunto”.

Sin embargo, Gastón Llopart, abogado de Natal, aseguró a Presentes que “lo que dice la empresa es falso. Natal comenzó con una afección psíquica y ya terminando esa afección psíquica es que comienza su tratamiento hormonal porque se encuentra transicionando. La licencia actual que está reclamando es como consecuencia del inicio del tratamiento hormonal, no es por la licencia psíquica.” Además, “la obra social prestigiosa” a la que se refieren es la misma que le corresponde a todxs lxs empleadxs de la empresa. Llopart asegura que hace dos meses no le pagan el sueldo a Natal; es decir, el período en el cual está realizando dicho tratamiento. Por lo tanto, debe considerarse en situación de despido informal.

Las medidas legales que tomarán comienzan con un amparo para obligarlos a pagar el salario durante su licencia médica. “Esto no deja de ser un acto de discriminación por la identidad de género”, asegura Llopart. “Queremos denunciar la falta de protección de su empleador cuando se entera de que Natalia es Natal. De hecho, no hubo contacto por parte de la empresa para tratar de adaptar el equipo de trabajo”.

Sobre este último punto, Natal destaca que el cambio de sus datos se hizo en la ART y en su nombre en la nómina, pero que los mails laborales que recibe siguen estando dirigidos a su identidad anterior, y que la médica laboral que recibía sus certificados siguió tratándolo en feminino durante toda la consulta. “Ni siquiera a los profesionales a los que me mandaban estaban preparados para tener una conversación”, comentó. “No quería llegar a esto en un lugar donde trabajé tanto tiempo y pasé muchas cosas.”

Discriminación asociada a la identidad de género en el ámbito laboral

Según un informe publicado por Fundación Huésped, “más del 70% de las personas trans trabajan por cuenta propia; sólo 1 de cada 10 participantes dijo estar en relación de dependencia.” Además, menos del 10% de las mujeres trans que trabajan reciben aportes jubilatorios. Más del 40% de las entrevistadas aseguraron haber vivido situaciones de discriminación o rechazo por parte de clientes, mientras que un 25% declaró que dicha discriminación vino de sus jefes y compañeros de trabajo. “Sabemos que las personas trans tienen problemas de acceso al trabajo y que, las que lo tienen, pueden perderlo por eso”, destacó Llopart. Por su parte, Natal dijo preferir que esta situación se visibilice por tratarse de una problemática mucho mayor. “Le puede pasar a cualquiera. La mayoría de los espacios de trabajo no están preparados para alojar una transición, pero deberían estarlo. Si tiene que ser un precedente para el resto de lxs compañerxs, prefiero que esto se sepa”.

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Fuente Agencia Presentes

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito laboral, Argentina, Discriminación, Fundación Huésped, Homofobia/Transfobia, Identidad de género, Natal Delfino, Personas trans, Transición de género

Magdalena Bennasar y Carmen Notario, SFCC,
Bilbao.

ECLESALIA, 20/07/20.- Iniciar un retiro largo el día de María de Magdala no es casualidad. Ha habido muchos astros alineados para que esto pudiera ocurrir, incluido el inicio del desconfinamiento con posibilidades de viajar. Lo cual es muy importante ya que nos juntamos gente de norte sur, este y oeste, si contamos los que participaréis online. También gente de varios países europeos y americanos de norte y sur, y de Egipto, hasta ahí que sepamos.

Me sale de dentro la expresión “No, esta vez no nos callan” tratando de entrar en el espíritu de nuestra hermana silenciada por el patriarcado tan pronto como se libraron de Jesús. Gracias a su amor más fuerte que la muerte y a la fuerza para realizar la tarea que Jesús le encomienda “ve y diles a los hermanos…”, ella es hoy, a lo largo y ancho del globo, en todas las iglesias cristianas, la primera testigo de la Resurrección, la primera apóstol de hecho, la primera predicadora, la primera que posiblemente, bendijo múltiples cenas en las que el Espíritu de Jesús se hacía presente a través de ella, enviada por Él, a decirles a los hermanos que Vive, que está entre nosotros y que en personas como ella, deja su legado y contagia su Espíritu.

¡Bendito contagio!  ¿Dónde están los y las contagiadas para que me acerque y les abrace y haga todo lo posible para contagiarme? Y aquí están, mujeres y hombres de todos los estados, edades e iglesias.

Nuestra comunidad Hermanas Para la Comunidad Cristiana (SFCC) celebramos estos días el 50 aniversario de fundación. Precisamente gracias a un contagio de los que estamos hablando, otra mujer, veinte siglos después, intrépida e inteligente descubre una fórmula de seguimiento que da respuesta al momento y al futuro.

Contagiada e inspirada por el espíritu de las primeras comunidades y del concilio Vaticano II en el que participó como oyente, por supuesto,  Lillana Kopp da forma junto con un grupo de pioneras como ella, a un estilo de comunidad que se te mete por los poros.

A nosotras nos dio la fuerza para pedir el “indulto” -así se llama en derecho canónico- (qué ofensivo) cuando quieres salir de una congregación o instituto religioso. Como decía nos dio la fuerza para dejar más de 40 años en nuestra primera comunidad, para iniciar otro proceso, con esta comunidad ecuménica. Estos días hace un año de nuestro compromiso final y llevamos casi un año con un grupo de 10 personas haciendo el proceso de pertenencia, contagiados por ese mismo espíritu. Entre ellos un joven de 29 años que con su pareja de otra iglesia, desde Bruselas, caminan con nosotros, la mayoría ronda los 50, algunos hemos cumplido los 60: varias médicas, una bióloga, profesores, maestras, empresarias, relaciones internacionales, teólogas…, también personas sin “títulos”, queriendo llevar el espíritu de Jesús a todos los lugares donde nos movemos.

Formamos parte del tejido social europeo, con tendencia a ser críticos, a ser gente que cultiva su espiritualidad y desde ese silencio habitado toma decisiones de cómo mejor invertir los talentos y carismas recibidos para realizar juntos el sueño de Jesús.

Tenemos que recoger la antorcha de las “marías de magdala” que a lo largo de la historia se han jugado la vida para que el espíritu del resucitado no se encerrara en instituciones rancias y mucho menos en un patriarcado podrido y repugnante.

Para ello, todo esfuerzo es poco, la ilusión que tenemos el grupo que podremos juntarnos el  día 22 en Haro (La Rioja, España) es incalculable. Y luego estáis tantos otros  online. Esta última forma puede hacerse a la par que hacemos el retiro o recibir los audios por mail y hacer tu retiro cuando puedas y donde puedas. Todo está ahí.

María de Magdala a nosotras nos saca de nuestras catacumbas donde por persecución real  a través de difamación… nos han metido varias veces, con las secuelas que estos confinamientos dejan… pero esto es imparable. La Vida cuanto más raíces profundas echa, como el bambú, más alta y fuerte se hace.

Desde el espíritu de Jesús, el de María Magdalena y el de Hermanas Para la Comunidad Cristiana os invitamos a vivir unos días orando, escuchando, paseando por el sagrado templo de la naturaleza, con el corazón abierto al espíritu profético que hoy se necesita desesperadamente.

Basta de misas aburridas, ahora entre mascarillas y calor es bastante rollo, anoche casi salimos enfermas: la homilía donde “el varón ordenado solamente puede predicar” fue la narración de un cuentito de dos minutos. ¿Qué? Sí. Para alimento de la semana de la comunidad cristiana… porque lo dicen ellos. ¿Lo mejor? la brevedad. Sentadas en los bancos había varias teólogas, catequistas, religiosas, seglares comprometidos, y llega el de turno y suelta el cuentito.

No, esta vez no nos callan.

Todavía quedan una o dos plazas presenciales y todas las que queráis online. Pedimos una matrícula, porque es justo y además lo necesitamos, pero esto no impedirá que nadie que desee hacer el retiro lo haga. Siempre hay alguna beca, que llega en su justo momento. Os esperamos.

(Eclesalia Informativo autoriza y recomienda la difusión de sus artículos, indicando su procedencia).

Para más información: espiritualidadintegradoracristiana.es

Cristianismo (Iglesias), Espiritualidad Discriminación, Iglesia, María de Magdala, Mujer

Después de Taiwán, el país sería el segundo de Asia Oriental en ofrecer un reconocimiento legal a parejas del mismo sexo en todo su territorio. Una medida que había sido pospuesta tras un anterior intento en 2018.

El Gobierno de Tailandia ha elaborado un borrador de ley para otorgar diversos derechos del matrimonio a unas uniones civiles que beneficiarían a parejas del mismo sexo. Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de poseer bienes conjuntos, heredar o adoptar hijos. La ley beneficiaría a personas mayores de 17 años y con al menos uno de los contrayentes de nacionalidad tailandesa. La medida aun tiene que ser sometida a la votación en la Asamblea Legislativa Nacional, que no debería encontrar mucha oposición al tener el principal partido de gobierno y sus socios una mayoría amplia y apoyos externos.

«Es un hito para la sociedad tailandesa en la promoción de la igualdad entre personas de todos los géneros», ha señalado Ratchada Dhnadirek, portavoz del partido de gobierno compuesto en su mayoría por ex componentes de la Junta Militar que dirigió el país tras un golpe de Estado y que devolvió el poder al Parlamento el año pasado. «Esta medida fortalece a las familias con integrantes pertenecientes a la diversidad sexual y se ajusta a las circunstancias sociales actuales», añadió.

No es la primera vez que se atisba el horizonte de una cierta equiparación de derechos de las parejas del mismo sexo en Tailandia. De hecho, en 2018 se elaboró un proyecto de ley con la misma finalidad, que ya recogimos . La inestabilidad política del país impidió que se completara el proceso. Un hecho que, al menos sobre el papel, no debería repetirse dada la situación actual del país, con un gobierno formado por múltiples partidos y presidido por un partido formado en su mayoría por integrantes de la anterior junta militar, además de contar con apoyos externos y una oposición bastante más minoritaria.

La sociedad tailandesa está considerada una de las más tolerantes de Asia en lo relativo a la homosexualidad. Las relaciones entre personas del mismo sexo son legales desde 1956 y existe cierta visibilidad pública del hecho homosexual. Capítulo aparte merece la realidad transexual, aceptada socialmente con naturalidad (aunque ello no significa que las personas trans no sufran importantes problemas de discriminación social y jurídica, también en Tailandia). En 2015 entraba en vigor una ley de identidad de género que protege al colectivo, aunque con algunas excepciones. Y la Asamblea Legislativa Nacional cuenta con cuatro representantes trans.

Colectivos pro derechos LGTB, en cualquier caso, consideran que el proyecto de ley, aunque suponga una mejora sobre la situación actual, es insuficiente. El hecho de no reconocer estas uniones como matrimonio o no incluir ciertas exenciones fiscales por convivencia familiar son algunos de los principales reparos de los activistas. «El proyecto de uniones civiles ampliará la brecha, en lugar de reducirla, porque contradice el principio básico de que todos somos iguales», se ha lamentado por ejemplo Tanwarin Sukkhapisit, una de las cuatro diputadas trans antes mencionadas.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adopción, Asamblea Legislativa Nacional (Tailandia), Discriminación, Ratchada Dhnadirek, Tailandia, Taiwan, Tanwarin Sukkhapisit, Uniones Civiles

Los Países Bajos podrían convertirse en el próximo país que protege a sus ciudadanos gais, lesbianas y bisexuales al máximo nivel normativo. La Cámara de Representantes ha aprobado una reforma constitucional para incluir la prohibición de la discriminación basada en la orientación sexual. La medida debe pasar ahora el filtro del Senado y, tras las elecciones de marzo del año que viene, ser ratificada por una mayoría de dos tercios de las nuevas cámaras electas. El país se uniría al reducido grupo de naciones cuyas leyes fundamentales citan expresamente la orientación sexual entre las características merecedoras de protección antidiscriminatoria.

El artículo 1 de la ley fundamental holandesa prohíbe la discriminación basada en la religión, concepción del mundo, afiliación política, raza y sexo. Una proposición de ley tripartita presentada por primera vez en 2010 por representantes de Demócratas 66 (D66, socioliberales), Verdes de Izquierda (GL) y el Partido Laborista (PvdA, socialdemócratas) planteó la inclusión de las categorías orientación sexual y discapacidad. La identidad y la expresión de género se consideran, según la ministra del Interior Kajsa Ollongren, protegidas bajo la categoría de «sexo».

La Cámara de Representantes o «segunda cámara» aprobó la reforma constitucional por amplia mayoría el pasado 30 de junio. A los partidos inicialmente promotores del cambio se les unió la mayor parte de las restantes fuerzas del fragmentado espectro político holandés. Solo se opusieron la extrema derecha del PVV y FvD y los ultracalvinistas del SGP. El resultado fue de 124 votos a favor frente a 26 en contra, por encima de la mayoría de dos tercios necesaria para la modificación de la ley fundamental.

El proceso, sin embargo, será largo. La proposición pasará ahora al Senado o «primera cámara». Si los senadores también le dan su visto bueno mayoritario, habrá que esperar aún a las elecciones previstas para marzo de 2021. Las cámaras resultantes de los comicios deberán ratificar el cambio, de nuevo con mayorías de dos tercios. Solo entonces será definitiva la reforma constitucional.

El activismo ha mostrado ya su satisfacción por las «maravillosas novedades». La organización COC recuerda que la protección constitucional de gais, lesbianas y bisexuales es una de las reivindicaciones más antiguas de la comunidad. «Hoy damos un gran paso hacia el blindaje de nuestros derechos en la Constitución», declaró su presidenta Astrid Oosenbrug. «Esto es importante para hoy, por ejemplo como mandato a los políticos para combatir la violencia contra las personas LGTBI. Y es importante para el futuro, para asegurar que en cincuenta o cien años también podamos disfrutar de nuestros derechos que conseguimos con mucho esfuerzo», añadió.

Actualmente, las Constituciones de Bolivia, Ecuador y Malta hacen referencia explícita a la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Las de México, Portugal, San Marino, Sudáfrica y Suecia mencionan solo la orientación sexual. En Alemania, el debate comenzó en el Bundestag en noviembre del año pasado. La aparente disposición positiva de los democristianos de la CDU/CSU, imprescindibles para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria, permite albergar esperanzas de que la reforma constitucional pueda aprobarse también en este país.

Fuente Dosmanzanas

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“‘Varón y mujer los creó’, de la Congregación para la Educación Católica, es un documento poco convincente”

“La jerarquía no puede seguir torturando las mentes de los cristianos haciéndoles creer que todo lo que dice la Biblia sobre la sexualidad es válido para el hombre de hoy sin atender a la cultura de aquellas épocas”

“Las sensatas palabras del profesor Collins nos advierten: ‘Los relatos bíblicos son “construcciones humanas” que reflejan la cultura de un tiempo y un lugar y que no son inocentes en la cuestión de las relaciones de poder'”

“‘Varón y mujer los creó’, de la Congregación para la Educación Católica, es un documento poco convincente que repite doctrinas ya conocidas y sigue ignorando los avances científicos y los problemas reales de la gente”

“Al parecer, hay cristianos que se sienten legitimados por la doctrina católica para agredir a una comunidad cristiana, como recientemente ha sucedido en Madrid, y enviar a sus miembros al fuego eterno con pintadas insultantes”

“No podemos mirar para otro lado. Cuando vuelvan los bárbaros será ya tarde para contenerlos. Rebrotan como un contagio vírico”

29.06.2020 | Julio Puente López

No podemos mirar para otro lado. Cuando vuelvan los bárbaros será ya tarde para contenerlos. Rebrotan como un contagio vírico.

Que algunos cristianos en razón de su condición sexual tengan que formar una comunidad, como es el caso de Crismhom, lejos de la integración social ideal y reunirse en locales fuera de las parroquias deja en muy mal lugar a la Iglesia católica, que de algún modo los rechaza, pues no constan en el relato de Génesis 1. La moral sexual católica sigue centrada en una visión negativa del sexo porque sigue rechazando las múltiples expresiones de la atracción física y privilegiando la abstinencia sexual. Su espiritualidad sigue insistiendo en la salvación de nuestras almas más que en la posibilidad de una vida humana auténtica tal como nos garantizan la vida y las palabras de Jesús. Nos alejamos así de la realidad humana de Cristo y entonces el cristianismo “se nos muestra como algo enemigo de la vida, antibiológico, como algo sobrehumano e incluso inhumano” en palabras del pensador F. Ebner.

La jerarquía no puede seguir torturando las mentes de los cristianos haciéndoles creer que todo lo que dice la Biblia sobre la sexualidad es válido para el hombre de hoy sin atender a la cultura de aquellas épocas. Leamos la carta a los Romanos de Pablo, pero recurramos a las ciencias del hombre y no a sus escritos para tener conocimientos sobre la sexualidad.

Si atendemos al desafío de los estudios de género el problema de la Biblia está en reclamar que la naturaleza humana se ha de entender según el orden divino de la creación tal como aparece en Génesis 1. Es lo que opina el profesor católico de Yale John J. Collins en su obra “The Bible after Babel” (Michigan, 2005). Y añade esto: “Tal como se muestra ahora la humanidad no es solo hombre y mujer, sino que admite diversas variantes y combinaciones entre medias. Desde esta perspectiva la famosa frase de Génesis 1, 27, “varón y mujer los creó”, es no solo problemática, sino opresiva. Produce el efecto de relegar a enteras categorías de gente (homosexuales, transgénero) al estado de la anormalidad. Hay, por supuesto, diferencias biológicas reales que no se pueden negar, pero la simple oposición binaria no hace justicia al espectro de la sexualidad humana”.

Es una lástima que la Congregación para la Educación Católica en su documento “Varón y mujer los creó”, de 2019, no tuviera en cuenta opiniones tan sensatas como las del profesor Collins que nos advierte de que la Biblia no es una guía infalible en el diálogo con el feminismo y los estudios de género, sino más bien problemática. Los relatos bíblicos son “construcciones humanas” que reflejan la cultura de un tiempo y un lugar y que no son inocentes en la cuestión de las relaciones de poder. El relato de Génesis 1, texto básico de la antropología cristiana, no está menos condicionado culturalmente que las leyes sobre la esclavitud.

En “Varón y mujer los creó” se habla de dialogar, pero no hay mucho diálogo, aunque sí un leve avance, ya que distingue entre la llamada “ideología de género” y las diferentes “investigaciones” sobre el “gender”. Fue siempre algo evidente. Basta leer las primeras páginas de una obra como “¿Qué es el género?” (Icaria, 2016) para ver que en ese enfoque “no se trata de negar una diferencia”, el sexo biológico, “sino de comprender cómo esta diferencia ha llegado a estar social y culturalmente sobredeterminada”.

El documento “Varón y mujer los creó” explica en el párrafo 11 las orientaciones sexuales como algo que surge de la separación del sexo y del género, pero las cosas suceden justo al revés. Y en el n. 16 habla contra el acoso y la violencia en la educación “en razón de las tendencias afectivas” que antes ha negado. Es un documento poco convincente que repite doctrinas ya conocidas y sigue ignorando los avances científicos y los problemas reales de la gente. A veces usa la terminología de los pensadores personalistas, pero no reconoce que el tú de nuestro yo se encarna en cuerpos sexualmente diversos. Ya en su momento Crismhom hizo una certera crítica de este documento.

 

Es justo que no haya discriminación en razón de las “tendencias afectivas”. Pero sería de desear que la doctrina de la Iglesia diera “un paso adelante” en este tema y dejara de hablar de conductas objetivamente desordenadas al hablar de la homosexualidad. No lo hace este documento, pero sí el catecismo. Y sería de desear porque, al parecer, hay cristianos que se sienten legitimados por la doctrina católica para agredir a una comunidad cristiana, como recientemente ha sucedido en Madrid, y enviar a sus miembros al fuego eterno con pintadas insultantes. Por no hablar de otras muchas agresiones que da a conocer la prensa. Ello pone de manifiesto que ciertos grupos, entre ellos algunos que se dicen cristianos, están llenos de odio y de fanatismo.

Seguramente esos grupos defienden un cristianismo militarista y triunfalista, un reino de Dios que triunfe sobre el mal con la ayuda de las armas y del poder temporal. Sueñan con la cristiandad de tiempos pasados donde, por supuesto, hay diablo e infierno porque de ellos habla la Biblia. A quienes defienden gobiernos autoritarios les conviene que se predique un Dios déspota al que temer, hecho a su imagen. No les interesa que se profundice en esos temas desde estudios bíblicos serios. Con razón el papa Francisco nos previene contra el triunfalismo religioso. Intentar imponer la fe y la justicia por la fuerza contradice el mensaje evangélico por más que algún discípulo del Nazareno estuviera dispuesto a usar la espada. La transformación social llega a través de la conversión, a través de la “revolución de los corazones” como decía Ebner, que lleva a luchar activa y pacíficamente para que a nadie le falte el pan y el aire para respirar, porque todas las vidas cuentan. Máxime en tiempos de pandemia. Así es como se va construyendo el reino de Dios del que la Iglesia debe ser humilde servidora.

Ese reino de Dios, conviene recordar, viene “sin ostentación”, sin llamar la atención con grandes signos externos. Está ya “en nosotros” como llamada a la conversión, y allí donde hay relaciones sociales justas, es decir, “entre nosotros”, “en medio de nosotros”, como traduce hoy la mayoría de los exegetas. Es la enseñanza del Evangelio de Lucas en 17, 20-21, siendo secundario si el metà paratērēseōs griego reproduce las palabras originales de Jesús o ha sido añadido al redactar el Evangelio.

El pensador Ferdinand Ebner escribió un artículo en la revista Der Brenner en 1922 titulado “El escándalo de la representación” en el que se preguntaba si ciertas prácticas no contradecían el espíritu de esa enseñanza. Ya había hecho alusión a ese versículo en sus Fragmentos de 1921. El reino de Dios es el reino del amor, el que hace la comunidad de los hombres transformando las relaciones sociales en nuestro mundo. Así lo ha explicado también G. Lohfink en su libro “Das Geheimnis des Galiläers” (Herder, 2019): el reino de Dios está presente allí donde hay relaciones de equidad entre los hombres. Y el autor señala que en la Iglesia no se ve mucho de ese reino de Dios. Lo que se ve con demasiada frecuencia es, nos dice, “riñas, división, envidia, desconfianza, arrogancia y abusos”. Y ostentación de su influencia y poder, podemos añadir. El orgullo reivindicativo y la exhibición tienen su lugar en los desfiles y paradas de nuestra sociedad laica. Pero la soberbia no es una virtud cristiana. En ese sentido la renuncia a la mitra episcopal sería un gesto más importante de lo que pensamos, y, sin buscar excusas, perfectamente compatible con la atención a los problemas graves de la Iglesia.

No cabe duda de que los ampulosos gestos que a veces se ven chocan con esa enseñanza de Lucas 17, 20-21.

Ebner ponía como ejemplo en sus anotaciones de 1919 la fiesta del Corpus Christi, no exenta de paganismo, ostentación y boato, “con sus bandas de música y salvas de honor”. Una lectura literal del pasaje oscuro, casi incomprensible de Jn 6, 54-58 nos ha llevado hasta la pompa – “Gepränge”, escribe Ebner – y el paganismo de ciertas celebraciones religiosas.

Este año, debido a la pandemia, no ha habido muchas procesiones. Pero no han faltado gestos aparatosos: ostensorios de plata y oro exhibidos desde los lugares más insospechados. En España y fuera de nuestras fronteras.

En Düsseldorf se ha celebrado el Corpus este año con la misa y la bendición “de lo alto”, desde una altura de 168 metros, en el mirador de la Rheinturm, una estructura que se eleva hasta los 240 metros. Un gesto ostentoso difícilmente superable. Quienes gustan de las ocurrencias y de dar la nota tienen ahora el listón muy alto.

El papa Francisco, quizá comprendiendo que las Jornadas Mundiales con celebraciones ante miles de personas tienen mucho de ostentación, quiso recordar en su homilía del 28 de julio de 2016 en Częstochowa, que, “contrariamente a lo que cabría esperar y quizá desearíamos, el reino de Dios, ahora como entonces, “no viene llamando la atención” (Lc 17, 20), sino en la pequeñez, en la humildad”. La Iglesia lleva siglos ignorándolo.

Fuente Religión Digital

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Continúa el debate sobre la reforma de la ley de identidad de género en Alemania. Los principales partidos del país, representados en el Bundestag, han retomado la discusión sobre el alcance de los cambios que necesita la regulación, que data de 1980. El Partido Liberal (FDP) y Los Verdes han presentado sendas proposiciones de ley que incluyen los principios de despatologización y autodeterminación de género que reivindican los colectivos trans. Los socialdemócratas del SPD ven con buenos ojos la medida, pero sus socios democristianos en la gran coalición (CDU/CSU) rechazan por el momento que se elimine por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. La extrema derecha representada por Alternativa para Alemania (AfD) aprovecha, por su parte, para insistir en sus mensajes de odio contra la comunidad LGTBI.

La reforma de la ley de identidad de género es una de las reivindicaciones más insistentes de los colectivos LGTBI alemanes. La norma, que data de 1980, exigía someterse a cirugía genital y esterilización para poder obtener la modificación registral del sexo. En 2011, el Tribunal Constitucional eliminó ambos requisitos por considerarlos contrarios a la ley fundamental alemana. Pero la ley mantiene la tutela médica y judicial, con la exigencia de un informe firmado por dos facultativos que se debe presentar ante el juez encargado de autorizar el cambio.

Aunque el acuerdo que renovó la gran coalición entre democristianos y socialdemócratas en febrero de 2018 obvió la reivindicación de actualizar este marco legal, el ministerio de Justicia de Katarina Barley (SPD) redactó en mayo del año pasado un anteproyecto de reforma de la ley de identidad de género. Los colectivos rechazaron de plano el texto por insuficiente, al no incluir el principio de autodeterminación, y el Gobierno introdujo el asunto de nuevo en un cajón.

Mientras tanto, los partidos de la oposición democrática han tomado la iniciativa. Hace algo más de una semana, los liberales del FPD y Los Verdes presentaron sendas proposiciones de ley en el Bundestag. Ambas cuentan con la aprobación del activismo trans y contemplan la derogación de la actual ley de identidad de género y su sustitución por una norma que simplifique los trámites desde una perspectiva de despatologización. El grupo parlamentario de Die Linke (La Izquierda), por su parte, presentó una propuesta de resolución para indemnizar a las víctimas de operaciones no consentidas de «normalización» genital. El ministerio de Justicia ya trabaja en un proyecto de ley que prohíba estas intervenciones.

Durante el debate parlamentario, el representante del SPD Karl-Heinz Brunner se mostró receptivo a la toma en consideración de las iniciativas de la oposición. Sus socios en el Gobierno, los democristianos de la CDU/CSU, rebajaron sin embargo las expectativas. Aunque aceptan la reforma de la ley de identidad de género, se muestran reticentes a eliminar por completo la tutela médica en el proceso de modificación registral del sexo. Finalmente, la extrema derecha de AfD aprovechó la tribuna para lanzar un mensaje de odio xenófobo y tránsfobo que mereció la condena de los grupos parlamentarios democráticos.

Las proposiciones de ley de liberales y verdes y la iniciativa de Die Linke continuarán ahora su tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias. Si la CDU/CSU no flexibiliza su postura, los focos se dirigirán probablemente de nuevo al SPD. Su dilema, unir sus votos a los de la oposición para promover un verdadero cambio que consagre la despatologización y la autodeterminación de género o someterse a las directrices de sus socios en el Gobierno.

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El Parlamento de Gabón ha derogado la penalización de las relaciones homosexuales, que se castigaban con penas de hasta seis meses de prisión y una fuerte sanción económica. La despenalización se ha producido un año después de que las relaciones entre personas del mismo sexo se incluyeran en el nuevo Código Penal entre los «delitos contra la moral». Aunque no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos durante su periodo de vigencia, el mero hecho de que las relaciones homosexuales se consideraran un delito impedía que se denunciasen las agresiones sufridas por personas homosexuales o bisexuales.

El martes 23 de junio, la Asamblea Nacional de Gabón votó a favor de derogar el apartado 5 del artículo 402 del Código Penal, que penalizaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con hasta seis meses de cárcel y una sanción económica de 5.000.000 de francos de África Central (alrededor de 7600 euros u 8500 dólares). La votación se saldó con 48 votos a favor de la derogación, 24 en contra y 25 abstenciones. Posteriormente, el lunes 29 de junio, el Senado votó también favorablemente a la despenalización de las relaciones homosexuales, por una mayoría aún más amplia: 59 votos a favor, 17 en contra y 4 abstenciones.

La derogación, que ha contado con el apoyo de altas instancias gubernamentales, se ha producido tan solo un año después de que se incluyeran las relaciones homosexuales entre los «delitos contra la moral» en el Código Penal aprobado a principios de 2019, que entró en vigor en julio de ese mismo año. Durante este periodo, no se ha producido ninguna detención bajo estos cargos.

No obstante, los defensores de los derechos LGTB gaboneses denunciaban que el mero hecho de que las relaciones homosexuales aparecieran en el Código Penal impedía que se presentaran denuncias cuando las personas homosexuales o bisexuales eran agredidas. Es decir, la penalización funcionaba como un seguro de impunidad para la violencia LGTBfoba.

A falta únicamente de la promulgación presidencial, Gabón queda fuera de la lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales. Victoria Vasey, presidenta de Human Dignity Trust, expresaba su satisfacción por que «Gabón se une ahora a estados africanos como Seychelles, Angola, Mozambique y Botsuana, que han decidido eliminar de sus libros de leyes las disposiciones arcaicas que permiten la discriminación, la violencia y el hostigamiento contra las personas LGTB».

Gran parte de los sectores LGTBfobos habían expresado su desaprobación durante el proceso de votación de la derogación. La archidiócesis católica de Libreville instó a los senadores a votar en contra por medio de un comunicado emitido el 24 de junio, cuyo contenido incluía lo siguiente: «En nombre de la sabiduría de nuestros antepasados, contenida en nuestras diversas culturas, que celebra la vida, el amor, la familia, decimos no a la despenalización de la homosexualidad».

Criminalización de las relaciones homosexuales en el mundo

La penalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo implica casi siempre a todo el colectivo LGTB. No solamente afecta a gais, lesbianas y bisexuales, sino que también criminaliza a las personas trans, pues en la mayoría de estos países no se reconoce su identidad de género y son considerados legalmente por el sexo asignado al nacer. De esta manera, una mujer trans heterosexual puede ser castigada por mantener relaciones con un varón cis, de la misma manera que un hombre trans heterosexual puede ser denunciado por entablar relaciones sexuales con una mujer cis.

Tras la derogación de la penalización de las relaciones homosexuales en Gabón, aún quedan 72 países y territorios del mundo donde están penalizadas por la ley las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo. Ocurre en 69 de los países pertenecientes a Naciones Unidas:

Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudí, Argelia, Bangladés, Barbados, Brunei, Burundi, Bután, Camerún, Catar, Chad, Comoras, Dominica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Granada, Guinea, Guyana, Irak, Irán, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Líbano, Liberia, Libia, Malasia, Malawi, Maldivas, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Myanmar, Namibia, Nigeria, Omán, Papúa Nueva Guinea, Paquistán, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Siria, Somalia, Sri Lanka, Suazilandia, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania, Togo, Tonga, Túnez, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Uzbekistán, Yemen, Zambia y Zimbabue.

En las legislaciones de Egipto e Irak no aparecen específicamente penalizadas las relaciones homosexuales, pero lo están de facto, al imputarse delitos contra la decencia o el escándalo público. En Irak, además, tribunales populares castigan este tipo de relaciones al aplicar la sharía o ley islámica.

A esta lista hay que añadir otros 3 territorios:

Indonesia, donde la penalización de las relaciones sexuales rige en las regiones de Aceh y Sumatra Meridional; las Islas Cook, una región autónoma de Nueva Zelanda; y la franja de Gaza gobernada por la autoridad palestina, donde están vigentes las leyes heredadas del pasado colonial británico y existe la amenaza de adaptación de las leyes a la sharía.

En todos estos 72 países y territorios están castigadas las relaciones homosexuales entre varones, en 43 de ellos también están castigadas las relaciones lésbicas.

Cadena perpetua en 5 países y pena de muerte en otros 11

De entre esta lamentablemente larga lista de países, el extremo de la intolerancia y el fanatismo lo ocupan aquellos que penan las relaciones homosexuales con las sanciones de mayor gravedad.

En 5 países se castigan con la cadena perpetua:

Barbados, Guyana, Tanzania, Uganda y Zambia.

Las legislaciones de 11 países establecen incluso la pena de muerte. En 6 de ellos, se tienen datos contrastados de su aplicación:

Arabia Saudí, Irán, Sudán y Yemen. En Nigeria y Somalia, en las provincias donde se aplica la sharía.

En otros cinco no se tiene constacia de su aplicación, pero la legislación vigente contempla la posibilidad:

Afganistán, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Mauritania y Paquistán.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. África, Código Penal, Discriminación, Gabon, Homofobia, Human Dignity Trust, LGTBIfobia, Victoria Vasey

El Observatori contra l’Homofòbia tuvo conocimiento de 160 incidentes por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo de 2019. La cifra supone un aumento de un 41,6% respecto al año anterior, cuando la entidad registró 113 incidentes. El 29,4% de los casos (47) fueron agresiones verbales, seguidas a continuación de las agresiones físicas (un total de 45, el 28,1% de los casos).  El observatorio pide medidas urgentes a las administraciones y considera que la extrema derecha ha alentado a los agresores, cada vez más deshinibidos en la intolerancia.

Tras las agresiones verbales y físicas, las incidencias más frecuentes consistieron en episodios de odio y exaltación LGTBIfóbica (30 incidencias, el 18,8%), el trato inadecuado (9,4%) y los episodios de acoso (7,5%):

Por lo que se refiere a los subgrupos afectados, más de la mitad de las incidencias (el 60,6% de los casos) se cometieron contra hombres gais y bisexuales. En segundo lugar se situaron las incidencias dirigidas de forma global contra el colectivo LGTBI (16.3%), seguidas de las agresiones lesbófobas (12,5%) y tránsfobas (10,6%). A este último respecto, conviene destacar que las víctimas de transfobia fueron muy mayoritariamente mujeres (17 incidencias contra mujeres trans frente a solo 1 contra un hombre trans):

Por lo que se refiere al ámbito en el que ocurrieron las agresiones, la mayoría ocurrieron en la vía pública (el 33,1% de los casos), seguida de la vivienda (8,8%), los espacios de ocio nocturno (el 7,5%) y en ámbito laboral, el de internet y redes sociales y los medios de comunicación (un 6,9% cada uno). Un 5,6% de los casos se produjeron en el transporte público:

La edad media de las víctimas registradas por el Observatori en las que se pudo registrar ese dato (104 personas) fue de 32,8 años. Por intervalos de edad, el más frecuente fue en esta ocasión el de 26 a 35 años, seguido del intervalo de 36 a 45:

Por lo que se refiere al itinerario de los incidentes recogidos en el informe del Observatori, destaca la ausencia de denuncia en el 71,3% de los casos, un porcentaje que además ha ido creciendo de forma progresiva desde 2015, cuando «solo» el 27,4% de los incidentes registrados por el Obervatori quedaban sin denunciar. «Se trata de una situación totalmente anómala, ya que representan más de un tercio del total de las incidencias registradas [a lo largo de estos cinco años]. Este resultado muestra que la infradenuncia está muy presente en el colectivo LGTBI», advierte el informe. El 16,3% de las denuncias, por el contrario, fueron interpuestas por la vía penal:

Por lo que se refiere a la distribución territorial, en los casos en los que se ha podido establecer claramente (128 casos), es la provincia de Barcelona la que mayor número de incidencias registra (115), seguida de Tarragona (7), Girona (5) y Lleida (1). En la provincia de Barcelona, el 63,5% de los casos (73 de los 115) se produjeron en Barcelona capital.

El informe del Observatori, no obstante, distingue además entre el número de incidencias y la proyección territorial de las mismas, en función de la población de cada provincia. Según este análisis, Barcelona es la provincia más afectada (53,9%), pero le sigue a menos distancia Tarragona (22,8%), Girona (17,3%) y Lleida (6%).

El Observatori contra l’Homofòbia vuelve a reclamar medidas

Durante la presentación de los datos del informe en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, el presidente de l’Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, demandó el pasado jueves que «las administraciones públicas tomen nota e implementen políticas públicas dirigidas tanto a víctimas como a los agresores ante el alarmante crecimiento de la LGTBIfobia en Cataluña». Rodríguez destacó además que «los agresores tienden a ser jóvenes que actúan en grupo» y exigió por ello «medidas contundentes y las acciones educativas necesarias para terminar con el imaginario de que el odio y la violencia contra el colectivo LGTBI sale gratis».

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Puedes descargar el informe completo (en catalán) en este enlace.

Fuente Dosmanzanas

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Una coalición de clínicas médicas LGBT+ está demandando a la administración Trump por eliminar las protecciones de discriminación para las personas trans en los centros de salud, lo que significa que los médicos pueden negarse a tratar a los pacientes trans.

La administración Trump anunció el retroceso de las protecciones sanitarias para los pacientes trans el 12 de junio, el cuarto aniversario del tiroteo del club nocturno Pulse.

Esto revirtió los cambios en las directrices federales hechos por la administración de Barack Obama en 2016, que ampliaron las protecciones basadas en el sexo en la atención médica para incluir la identidad de género.

Las clínicas y organizaciones de LGBT+ están demandando para bloquear la norma, que fue emitida por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

“Todos merecen un acceso fácil a la atención médica, y una atención médica que sea respetuosa con quienes somos”, dijo Bamby Salcedo, presidente y director ejecutivo de la Coalición [protegida por correo electrónico], uno de los demandantes en la demanda. “Esta regla perjudicará a las comunidades marginadas que ya experimentan barreras de atención”.

El veredicto de la Corte Suprema sobre los trabajadores LGBT+ puede ayudar a la administración de Trump a reducir las protecciones de la salud de los transexuales.

El desafío a la medida de Trump de bloquear la protección de la salud para los pacientes trans viene justo una semana después del histórico fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que protege a los trabajadores gays y transgéneros.

Aunque la decisión del Tribunal Supremo sólo se aplica a los trabajadores -que, según el tribunal, no pueden ser despedidos por su sexualidad o identidad de género-, los abogados de la demanda de atención sanitaria creen que ayudará a su caso.

“Ciertamente es viento en nuestras velas”, dijo el abogado principal de uno de los hospitales afectados. “No hay duda de que el análisis que “la administración Trump desplegó es inconsistente con el fallo final de la Corte Suprema en los casos de empleo, y socava aún más cualquier fundamento que tuvieran”.

El fallo de la asistencia sanitaria significa que los médicos pueden negarse a tratar a los pacientes trans en base a que son trans.

Salcedo, de la Coalición, añadió que unirse a la demanda es una forma de “hacer saber a la administración de Trump que esto no está bien. No lo vamos a tolerar y no vamos a dejar que suceda.”

Fuente Pink News

General, Homofobia/ Transfobia. Ámbito sanitario, Discriminación, Donald J. Trump, EE.UU., Homofobia/Transfobia, Personas trans