Buenas noticias desde Estonia. El Parlamento unicameral del país ha rechazado una iniciativa del Partido Popular Conservador (EKRE) para someter a referéndum la definición de matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Un resultado positivo en el fracasado plebiscito habría provocado el blindaje del matrimonio excluyente en el país. La derrota de la iniciativa, unida a un escándalo de corrupción, han provocado la caída del Gobierno de coalición entre los centristas, los conservadores de Isamaa y la extrema derecha de EKRE. Paralelamente se ha presentado una proposición de ley para equiparar los derechos de las parejas en una unión civil con los de las casadas, salvo la adopción conjunta. En Estonia existe la figura de las uniones civiles para las parejas del mismo sexo desde 2016.

Tras las elecciones de marzo de 2019, se formó en Estonia una coalición de Gobierno entre el Partido del Centro, la formación conservadora y democristiana Isamaa y la extrema derecha del Partido Popular Conservador (EKRE), con el centrista Jüri Ratas como primer ministro. En noviembre del año pasado, el Ejecutivo anunció sus planes para convocar un referéndum sobre la definición de matrimonio en la primavera de 2021. Se trataba de una iniciativa de EKRE, cuyo exlíder y exministro del Interior Mart Helme había animado a la población LGTBI a «irse corriendo a Suecia». La formación ya había intentado, sin éxito, derogar la ley de uniones civiles vigente desde 2016.

El pasado 14 de diciembre, la propuesta homófoba superaba su primera lectura en el Parlamento. El texto contemplaba la convocatoria de una consulta no vinculante el próximo 18 de abril sobre la cuestión: «¿Debería el matrimonio seguir siendo una unión entre un hombre y una mujer en Estonia?». La oposición, integrada por el liberal Partido Reformista y el Partido Socialdemócrata, intentó entonces boicotear su tramitación subsiguiente presentando cerca de 10.000 enmiendas al proyecto. Muchas de ellas en tono irónico, como la iniciativa de celebrar un referéndum sobre si «¿Debería prohibirse la amistad en Estonia?» o si «¿Deberían prohibirse los trasplantes capilares para hombres en Estonia?».

La semana pasada, la presidenta del país Kersti Kaljulaid propuso que, dado que el asunto de la definición del matrimonio no constituye una preocupación prioritaria de los estonios, el Gobierno se comprometiera a disolver el Parlamento y convocar elecciones en caso de que triunfara el «no» en la consulta prevista. Un día después, la propuesta de referéndum se sometió de nuevo a la votación en pleno. Tan solo cosechó 29 votos a favor frente a 49 en contra (de un total de 101 escaños). Un varapalo para el Gobierno de coalición que, junto con la salida a la luz de un escándalo de corrupción, provocó su caída el jueves de la semana pasada.

Aprovechando la derrota de la iniciativa homófoba, 19 diputados del Partido del Centro y de los socialdemócratas presentaban el viernes pasado una proposición de ley para equiparar la mayoría de los derechos de las parejas en una unión civil con los de las parejas casadas. La principal excepción sería la adopción conjunta. Mientras tanto, los dos partidos centristas ya mantienen conversaciones para formar una gran coalición que no requeriría del apoyo de la extrema derecha.

Estonia se convirtió en 2014 en la primera ex república soviética en aprobar una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. La aplicación de la ley, sin embargo, es problemática, porque el partido democristiano Unión Pro Patria y Res Publica (que luego se renombró como Isamaa) vetó la aprobación de las regulaciones complementarias necesarias para dotar de contenido a la ley original, que entró en vigor el 1 de enero de 2016. El resultado es que las parejas que intentan registrar su unión se encuentran, por ejemplo, con que el proceso para llevar a cabo dicha inscripción no ha sido aún descrito en la legislación. Una situación de inseguridad jurídica y arbitrariedad que pretende solventar la iniciativa de los centristas y socialdemócratas presentada la semana pasada. Por otra parte, en enero de 2017, un tribunal obligaba por primera vez a registrar un matrimonio del mismo sexo contraído en el extranjero (concretamente en Suecia).

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Pocos días antes de abandonar la Casa Blanca tras su derrota en noviembre, Donald Trump ha querido cimentar el tono marcadamente anti-LGTBI de su presidencia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS) ha emitido una nueva normativa que autoriza a los proveedores de servicios sociales que reciben fondos federales a discriminar por razones de orientación sexual o identidad de género. La norma, de carácter ejecutivo, entra en teoría en vigor el próximo 11 de febrero. Será probablemente una de las primeras que el nuevo presidente, el demócrata Joe Biden, anule una vez que tome posesión efectiva de su cargo.

La normativa vigente prohíbe a los proveedores de servicios sociales que reciben fondos federales discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género. Se trata de una de tantas normas ejecutivas instituidas por la administración Obama ante la imposibilidad de aprobar por vía legislativa un marco antidiscriminatorio global contra las personas LGTBI debido a la oposición republicana, muchas de las cuales han sido revertidas por la administración Trump. Esta era una de las que habían sobrevivido hasta el último momento, pero ni siquiera la derrota de Trump en las elecciones de noviembre ha impedido que finalmente sea sustituida por una nueva normativa que en teoría debe entrar en vigor el próximo 11 de febrero. Según la nueva normativa, dicha prohibición violaría la Religious Freedom Restoration Act, una ley federal que protege la libertad religiosa. De entrar en vigor, organizaciones como agencias de adopción o servicios de atención a personas sin hogar o ancianos, entre otros, podrían negarse a prestar sus servicios a personas LGTBI si consideran que ello viola su libertad religiosa aunque reciban financiación federal, y no podrían ser penalizadas por ello.

La nueva disposición será probablemente una de las primeras que la próxima administración Biden anule una vez el demócrata tome posesión efectiva de su cargo este 20 de enero, pero en cualquier caso supone un argumento más que ls partidarios de poder discriminar a las personas LGTBI «por razones religiosas» continuarán esgrimiendo ante los tribunales, y muy singularmente ante el Tribunal Supremo, que precisamente tiene estos momentos entre manos la decisión sobre un caso (Fulton v. City of Philadephia) que afecta a una agencia de adopción católica con la que la ciudad de Filadelfia rompió el acuerdo que las vinculaba por rechazar a parejas del mismo sexo. No hay que olvidar que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tiene en estos momentos una rotunda mayoría conservadora después de que Trump y sus socios republicanos tuviesen la oportunidad de colocar a tres nuevos magistrados, entre ellos la conservadora Amy Coney Barrett en sustitución de la recientemente fallecida Ruth Bader Ginsburg (precisamente la que era considerada magistrada más progresista del Supremo).

El movimiento de Trump, por otra parte, se suma a muchos otros movimientos previos que han hecho retroceder de forma considerable los derechos de las personas LGTBI. Hace unos meses, por ejemplo, el mismo Departamento de Salud y Servicios Sociales anunciaba la anulación de otra norma que ampliaba la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios a las las personas trans, intersexuales o de género no binario. Una reforma que se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump, cuyo objetivo no ha sido otro que la supresión de la existencia jurídica de las personas trans en Estados Unidos. Y es que si por algo se está caracterizando la administración Trump en el ámbito LGTBI es por la incansable batalla contra los derechos y la inclusión de la comunidad trans. Ya tras conquistar la Casa Blanca en las elecciones de noviembre de 2016, Donald Trump y su vicepresidente Mike Pence pusieron en marcha, por ejemplo, toda una operación para excluir a las personas trans del Ejército, que permaneció en suspenso por decisión judicial hasta que un Tribunal Supremo controlado por el sector conservador ratificó la exclusión. En mayo de 2018 se consumó también la retirada de las normas de protección de las personas trans recluidas en las cárceles federales que en su momento instauró la administración Obama. Una norma especialmente cruel hacia las mujeres trans, que perdieron de esta manera la protección de la que gozaban frente a agresiones sexuales a manos de otros reclusos. La administración Trump también retiró la protección al alumnado trans en las escuelas que reciben fondos federales y ha prohibido, por mencionar otro ejemplo más, el uso de la palabra «transgénero» en los informes de su principal agencia sanitaria, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC en sus siglas en inglés). Y todo ello por no hablar de las medidas dirigidas de forma global contra el colectivo LGTB en su conjunto, como por ejemplo su intención de que el personal sanitario pueda negarse a atender a una persona homosexual, bisexual o transexual si considera que prestarle la asistencia sanitaria que precisa vulnera sus creencias.

Fuente Dosmanzanas

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El Observatori contra l’Homofòbia ha registrado 189 incidencias por LGTBIfobia en Cataluña a lo largo del año 2020. Una cifra que supone un aumento del 25% respecto al año anterior, y que sitúa al 2020 como el año con mayor número absoluto de incidencias desde que hace cinco años esta entidad comenzara a resgitraslas de forma sistemática.

Habrá que esperar todavía unos meses para conocer el detalle de las incidencias registradas a lo largo de 2020, pero el Observatori contra l’Homofòbia ha querido aprovechar el principio del año para adelantar que estas han ascendido a 189, la cifra más alta de los últimos cinco años. Conviene recordar, en este punto, que en todo 2019 el Observatori registró 160 incidentes, una cifra que ya suponía un aumento de un 41,6% respecto a 2018.

Según el adelanto, la vía pública continúa siendo el ámbito en el que más agresiones se produce. Otro dato destacable es que las agresiones a personas trans se habrían incrementado cerca de un 25%. Ante este panorama, Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori, ha subrayado por enésima vez la necesidad de desplegar de una vez todos los mecanismos legales contenplados en la ley catalana contra la LGTBIfobia, así como de financiar adecuadamente a todas las entidades especializadas que dan soporte a las víctimas de agresiones LGTBI. Rodríguez también ha pedido la aprobación de una ley trans estatal que permita una cobertura más eficaz contra la transfobia.

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El 40% pensó en el suicidio a raíz de la homofobia y la transfobia, mientras el 73,8% ha sido víctima de la xenofobia en nuestro país, por lo que para el 52% uno de los principales problemas que enfrentan en Chile es la discriminación, lo que es superado por  el acceso al trabajo (86,6%) y a la vivienda (54,3%). Con todo, la mayoría dice tener una mejor calidad en Chile que en su país de origen.

La Primera Encuesta Nacional Aplicada a Migrantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans, Intersex y Queer (LGBTIQ+) arrojó alarmantes índices de discriminación y abusos contra este sector social en razón de su orientación sexual, identidad de género o nacionalidad, aún cuando los atropellos que viven en Chile son inferiores a los de su nación de origen, a un punto que la mayoría se siente satisfecho con habitar en nuestro país.

El pionero sondeo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) fue dado a conocer hoy junto al director del Departamento Extranjería y Migración, Álvaro Bellolio,  quien anunció que su entidad, a partir de los resultados del sondeo, capacitacitá a todos/as sus funcionarios/as en la realidad de migrantes LGBTIQ+.

Aplicado a 221 migrantes LGBTIQ+, el estudio arrojó que si bien la mayor razón para salir de su país y llegar a Chile fue de tipo económica, “la discriminación se encuentra entre los principales motivos, a un punto que el 40% de quienes sufrieron la homo/transfobia en su nación de origen intentó suicidarse”.

En efecto, el 39.4% dice que migró porque “en mi en país de origen  se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTIQ+”, mientras el 80.3% declara que sufrió algún tipo de abuso en razón de su orientación sexual o identidad de género, mientras que en Chile el 48,8% ha vivido situaciones similares. Por ello, para el 52% la discriminación es uno de los principales problemas que los afectan en nuestro país.

En el país de origen, y solo por ser LGBTIQ+, el 15.7% sufrió violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica y, por tal razón, un alarmante 40% dice que pensó en el suicidio.

Si bien en Chile los atropellos por ser LGBTIQ+ siguen afectando a casi la mitad de los migrantes, la discriminación más recurrente es la xenofobia que ha dañado al 73,8%.

“Estamos, por tanto, en presencia de una discriminación interseccional en Chile, donde la vulnerabilidad que afecta a migrantes LGBTIQ+ es más grave y persistente que la de los pares LGBTI chilenos/as, todo lo cual amerita que se implemenenr políticas públicas focalizadas. Más aún al considerar que el 11% de la población LGBTIQ+ migrante dice vivir con VIH y el 41,7% declara haber consumido drogas en el último año”, resumió el encargado de derechos humanos del Movilh, Ramón Gómez.

A lo expuesto, se suma la precariedad económica: el 15% no está estudiando, ni trabajando, el 18% no tiene ninguna red de apoyo, el 15,9% trabaja sin contrato, el 11% es allegado y el 3,9% se encuentra en un situación migratoria irregular.

Pese a ello, la mayoría (83,5%) dice vivir mejor en Chile que en su país de origen y el 41.7% tiene planeado que lleguen más parientes

“Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, la mayoría califica el acceso a estos derechos como “regular”, la casi totalidad se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país”, resumió el estudio”

A continuación se detallan cada uno de los resultados de la encuesta

Vida familiar y social

El 44,1% de los migrantes encuestados/as es soltero/a; el 23,6% tiene pareja sin vínculo legal; el 18.9% es conviviente, pero sin unión legal; el 11% es conviviente civil y el 2.4% está casado/a. Del total, el 95% no tiene hijos/as y el 5% sí.

La mayoría, el 65%, vive con su pareja y/o familiares, por lo que contarían con redes de apoyo cercanas. En efecto, el 32,9% vive con su pareja y el 32,1% con familiares. Estos últimos se dividen en un 15,6% que comparte alojamiento “con familiares que vivían previamente en Chile”;  el 9,4%, “con familiares que llegaron después que yo a Chile” y el 7,1% “con familiares que llegaron conmigo a vivir a Chile”. En tanto, 18,1% vive solo;  el 13,4% con compañeros/as de estudio o trabajo; el 13,2% con conocidos/as  y el 3,1% con “otros/as”.

Del total, cerca de un 12,8% declara vivir tanto con familiares, como con pareja, amigos y/o conocidos. Por eso, y por otras razones que requieren de una investigación más específica, el 30,7% vive en un inmueble donde habitan familias distintas a la propia y el 69,3% no

Posición socioeconómica, educacional, laboral y propiedad                                         

En relación al nivel de estudios, el 46.4% tiene enseñanza superior completa; el 21,3% superior incompleta; el 17,3%, media completa; el 13,4%, post grado;  el 0.8%, básica incompleta; y el 0.8%, media incompleta.

El 37,8% se ubica en una posición socioeconómica “media-baja”, seguida por la “media” (36.2%); la “baja” (13,4%), la “media-alta”(11,8%) y la “alta” (0.8%).

El 38.6% gana mensualmente entre $200.001 y 450.000;  el 15,7% entre $450.001 y $800.000; el 9,9 % entre 800.001 y $1.500.000; el 4.7% entre 1.500.001 y 2.500.000;  el 2,7% entre 2.500.001 y 5.000.000; el 12,7% no tiene ingresos mensuales, solo esporádicos; el 9,4%  carece de ingresos y el 6.3% percibe menos de $200.000

El 33,1%  se demoró  menos de un mes en encontrar su primer trabajo en Chile; el  26,8%  entre dos y seis meses;  el 23,6% entre uno y dos meses; el 5,5% entre más de seis meses y un año; el 4,7% más de un año; el 2,4% aún no encuentra su primer trabajo y lleva más de un año en Chile y el 3,9% no ha buscado trabajo aún.

En la actualidad , el 68,5% solo trabaja; el 9,4%, estudia y trabaja; el 7,1% solo estudia y el 15% no está estudiando, ni trabajando.

Del total de quienes trabajan, el 72,6% tiene contrato formal; el 15,9% no tiene contrato y el 11,5% está montando su propio emprendimiento de manera independiente.

Con los ingresos que percibe en Chile, el 63% contribuye al financiamiento de aquellos familiares que viven en su país de origen, el 24,4% lo haría si pudiera y el 12,6% no lo hace.

El 80,3% vive en un lugar que es arrendado, el 11% es allegado; el 7.9% es dueño/a del inmueble y el 0.8% habita en una casa de acogida.

En relación a los servicios o productos con que cuentan los/as encuestados/s, ya sean propios o arrendados, se encuentran teléfono móvil o celular (92,9%), acceso a internet (82,2%), Netflix o Amazon (81,1%), casa o departamento (62,2%), notebook o computador (59,8%), televisión pagada o por cable (49,6%), pieza (27,6%),  autómovil o moto (21,3%) y ninguno (0,8%)

Además, el 81,1% tiene cuenta rut o vista, seguido por cuenta corriente (33,1%); de crédito con grandes tiendas (32%), tarjeta de crédito o bancaria (31,5%); seguro de salud (31,5%); crédito de consumo (14,2%); deuda con familiares o amigos (13,4%); crédito automotriz (7,9%); crédito hipotecario (3,1%); deudas con empresas o lugar de trabajo (3,1%); deudas con prestamistas (0,8%) y ninguno (6,3%).

Situación migratoria y familia

El 45,7%  de los/as migrantes LGBTIq+ lleva viviendo en Chile entre 2 y 4 años;  el 26,8%, más de 5 años; el 23,6% entre 1 y 2 años; el 3,1% más de seis meses y menos de un año y el 0,8%, menos de 6 meses.

El 33,9% tiene visa de permanencia definitiva; el 23,5% está en trámite de su visa de permanencia definitiva; el 19,3% tiene visa temporaria; el 8,7%,  visa de trabajo; el 6.3% está en trámite de visa temporal; el 1,2% está nacionalizado; el 3,9% se encuentra en situación irregular; el 1,6% tiene visa de responsabilidad democrática,  el 0,8% es refugiado y el 0,8% tiene visa de estudiante.

El 94.5% ingresó a Chile por un paso habilitado y el 5,5% por uno no habilitado.

Las personas viajaron o ingresaron a Chile usando uno o más medios de transporte como avión (66,1%), seguido por bus (35,4%), a pie (4.7%), automóvil (3,1%), barco, lancha u otro medio acuático (0,8%) y otros (2,4%).

El 55,1% ingresó a Chile solo/a; el 18,1% con su pareja; el 17,3% con familiares, el 5,5% con amigos/as, el 5,5% con personas que fue conociendo durante el viaje y el 1,6% con conocidos/as.

El 5,5% señala que debió pagarle a alguien para ingresar a Chile versus el 94,5% que no lo hizo.

El 41,7% tiene planeado o en mente que más parientes suyos vengan a vivir a Chile y el 58.3% no.

Razones para migrar y evaluación de Chile

El 48.8% el primer país que tuvo en mente para migrar fue Chile; seguido por Argentina (15%), algún país europeo (11,8%), Estados Unidos (9,4%), Canadá (4,7%), Colombia (3,9%), Brasil (2.4%),  Perú, 1,6%, México (1.6%) y Puerto Rico (0.8%).

Las principales razones para llegar a Chile fueron la estabilidad económica (66,9%), seguida por “supuestas mejores posiblidades para encontrar trabajo” (48%), “porque tenía amigos/as o parientes que ya vivían en Chile” (44,9%), “para vivir de manera libre mi orientación sexual o identidad de género” (30,7%), por estabilidad política (26%), “porque era más fácil ingresar en comparación con otros países” (21,3%), “porque siempre me gustó Chile” (16,5%), “porque era la única posibilidad que en ese momento tenía” (13,4%), “porque estimé que era más fácil permanecer en Chile” (12.6%), por “supuestas mejores posibilidades para acceder a salud” (11,8%) y por “supuestas mejores posibilidades para acceder a educación” (10,2%).

En tanto, las principales razones para salir del país de origen fueron “la inestabilidad económica de mi país” (65.4%), “para buscar mejores condiciones laborales” (61.4%), “por la inestabilidad política de mi país (59,8%), “por la represión a las libertades individuales en mi país” (48.8%), “porque  mi en país se reprime o no se reconoce derechos a las personas LGBTI” (39.4%), “para encontrar mejores condiciones de salud (35,4%), “simplemente quería salir de mi país” (24,4%), “para encontrar mejores condiciones en educación (21.3%), “porque ya tenía familiares en Chile y quería estar junto a ellos” (11,8%), “porque mi pareja ya vivía en Chile y quería estar junto a el/ella” (9.4%), “simplemente porque quería vivir en Chile” (6,3%) y “otros” (0,2%).

El 83,5% tiene interés de vivir de manera permanente en Chile y el 16,5% no. Esto se explica porque el 75,6% se siente “muy satisfecho” (17,3%) o “satisfecho” (58.3%) en Chile en relación con sus expectativas, mientras el 24,4% se declara insatisfecho. Más aún, en comparación con su país de origen el 83,5% de los/as encuestados/as estima que en Chile su calidad de vida es “mejor” , para el 13,4% es igual y para el 3,1%, peor.

A la par, el 34,6% considera que el acceso y la calidad la salud en Chile es regular; el 33,1%,  buena; el 7,9%, muy buena;  el 17,3%, mala; el 7,1%, muy mala. En relación al acceso y calidad de la educación para el 44.1% es regular; para el 24,4%, buena; para el 4.7% “muy buena”, para el 18,1%, mala y para el 8,7% muy mala. En torno al acceso al trabajo, para el 42,6% es regular; para el 28,3%, bueno; para el 5,5%, muy bueno; para el 18,1%, malo y para el 5,5%, muy malo.

Los resultados indicarían que aún cuando en aspectos claves, como la educación, salud y trabajo, los mayores porcentajes califican el acceso a estos derechos como regulares, la mayoría se siente aún así “satisfecho/a” en comparación con las condiciones de vida de su propio país.

Finalmente, el 61,4% conoce de organizaciones sociales o privadas que ayudan a migrantes en Chile, mientras que el 38,6%, no. En relación a los organismos estatales las cifras son de 74,8% versus 25,2%, en forma respectiva.

Pese al alto conocimiento, pocos han accedido a ayuda. El 78% dice que nunca la ha recibido; el 10,2% que la obtenido de organismos privados o de derechos humanos; el 7,9% de organismos estatales y el 3.9% de ambos sectores. Esto implica que los organismos privados serían más cercanos que los estatales para los migrantes que buscan o requieren algún tipo de ayuda.

Discriminación por orientación sexual, identidad de género y nacionalidad

El 80,3% dice que fue discriminado en su país de origen en razón de su orientación sexual o identidad de género y un 19,7% no tuvo problemas al respecto.

El 53,7% fue discriminado “algunas veces”, el 21.2% “casi siempre”;  el 14.8% “casi nunca o solo una vez” y el 10,3% “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación en el país de origen fueron desconocidos en espacios públicos (52%), seguidos por familiares (48.8%); compañeros de estudios, docentes o directivos (46,5%); religiosos o iglesias (44,1%); por conocidos o “amigos/as”, (36,2%); por compañeros/as de trabajo o empleadores (30,7%); por policías (28,9%); por las leyes o políticas públicas (26,8%), por miembros de las Fuerzas Armadas (13,4%); por funcionarios/as de la salud pública (12,6%); por funcionarios/as gubernamentales (11,8%);  por personas que ofrecen productos o servicios  en el ámbito privado (8,7%); por funcionarios/as empresariales (7,9%);  por funcionarios/as que ofrecen productos o servicios en el ámbito público (7,1%) y por funcionarios/as de la salud privada (6,3%).

El 15.7% sufrió  en su país de origen violencia física,  el 89.8%, verbal; el 70.3% psicológica; y el 8.3%, sexual en razón de su orientación sexual o identidad de género

El 53,8% no se auto-infligió daño producto de la discriminación, el 22.2% lo pensó, pero no lo hizo, mientras que el 24% sí se auto-lesionó. De esto/as, el 45,8% se infligió cortes en zonas de su cuerpo; el 45.8% dejó de comer; el 90% se aisló momentáneamente del resto de las personas; el 16,2% recurrió a formas inseguras para expresar su género, el 52,5% abusó del consumo de drogas y el 40% intentó suicidarse.

En Chile, en tanto, el 48.8% ha sido discriminado en razón de su orientación sexual o identidad de género y el 51,2% no.

De quienes han sido discriminados, el 11,2% sufrió violencia física,  el 50%, verbal;  el 40,3% abuso psicológico y el 3,2%, sexual.

Los principales responsables de la discriminación en Chile fueron desconocidos (55,1%) seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (22%); por religiosos o iglesias (18,1%);  por conocidos o “amigos” (10,6%); por leyes o políticas públicas (15%); por policías (10,2%); por familiares (6,3%); por funcionarios de la salud pública (6,3%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (5,5%); por personas que ofrecen servicios o productos privados (4.7%); por funcionarios de la salud privada (3,1%); por funcionarios gubernamentales (3.1%); por funcionarios empresariales (3,1%); por miembros de las Fuerzas Armadas (3,1%) y por personas que ofrecen servicios o productos públicos (2.4%).

De quienes han sido discriminados en Chile en razón de su orientación sexual o identidad de género, el 50% ha vivido eso ”casi nunca o solo una vez”, el 43,4% “algunas veces”, el 4% “siempre” y el 2.6%, “casi siempre”.

El 73,8% reporta además que ha sido discriminado en Chile en razón de su nacionalidad y el 26,2% no. El 5,2% de quienes han vivido xenofobia recibieron violencia física; el 96% verbal; el 43,7%, psicológica y el 1% sexual. Por esta razón, el 44,1% fue discriminado/a “algunas veces”, el 21,3% “casi nunca o solo una vez”; el 24,4% “nunca”; el 9,4% “casi siempre” y el 0,8%, “siempre”.

Los principales responsables de la discriminación por nacionalidad fueron desconocidos (69,9%);  seguidos por compañeros de trabajo o empleadores (30,7%); por leyes o políticas públicas (18,9%); por conocidos/as o “amigos/as” (13,4%); por religiosos o iglesias (11,8%); por funcionarios empresariales (11%); por funcionarios de la salud pública (11%); por personas que ofrecen productos o servicios en el ámbito privado (11%); por compañeros/as de estudios, docentes o directivos (10,2%); por funcionarios/as gubernamentales (8,7%); por personas que ofrecen servicios  o productos públicos (7,1%);  por las policías (6,2%);  por funcionarios/as de la salud privada (4,7%); por las Fuerzas Armadas (2,4%) y por familiares (1,6%).

Finalmente, los/as encuestados/as estiman que el principal problema que afecta a los migrantes en Chile es el acceso o permanencia en el trabajo (86.6%), el acceso a la vivienda (54,3%), la dicsriminación (52%), el acceso a la salud (49,6%) y  el acceso a la educación (40,9%).

Salud sexual, VIH y  consumo de drogas

El 22,1% nunca se ha hecho el examen de VIH; el 17.3% se lo hizo hace más de un año; el 14,2% entre siete meses y un año; el 14,2% hace tres meses o menos; el 11,8% entre 4 y 6 meses atrás; el 6.3% hace más de dos años; el 4.7% hace más de tres años, el 4,7% hace más de 4 años y el 4.7% hace más de cinco años.

Del total de personas encuestadas, el 64.6% declara que es VIH negativo; el 11,1% es VIH positivo; el 0,8% prefiere no decirlo; el 1,4% nunca retiró los resultados y el 22,1% jamás se ha practicado el test.

El 70,1% señala que nunca ha tenido ITS, mientras el 29.9% sí. De estos, el 13,4% ha tenido candidiasis; el 13,4%, sífilis; el 11%, condiloma; el 7.9%, gonorrea y el 3,1%, cladimia.

En tanto, en el último año el 13.4% ha tenido alguna ITS. De estos, el 7,1% sífilis; el 5,5%, condiloma; el 3.9%, candidiasis; el 3,1%, gonorrea y el 0.8%, cladimia.

Finalmente, el 60,6% dice que nunca se ha hecho el examen del Covid-19; el 32,3% sí y resultó negativo, el 5.5 % fue positivo y ya se mejoró y el 1,6% nunca se lo ha practicado, pero cree que es positivo.

El 48,8% jamás ha consumido drogas, mientras que el 51,2% sí lo ha hecho al menos una vez en su vida. De éstos, el 49.6% ha consumido marihuana, seguido por la cocaína (13,4%), el éxtasis (12,6%), tranquilizantes o somníferos sin recetas (8,7%),  LSD (7.9%), hongos (5,5%), pasta base (1.6%) y “otras” (8,7%).

En tanto, en los últimos 12 meses el 41.7% ha consumido drogas, versus el 58,3% que no lo ha hecho. El 37% consumió marihuana; el 8.7% cocaína; el 7.9% tranquilizantes o somníferos sin receta; el 5.5%, éxtasis; seguido por hongos (3,1%), LSD (2,4%), pasta base (0.8%) y otras (6,3%),

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Abusos, Álvaro Bellolio, Chile, Departamento Extranjería y Migración, Discriminación, Homofobia/Transfobia, Migrantes LGTBI+, MOVILH, Ramón Gómez

Enésima tragedia protagonizada por una menor trans: Fouad, una chica de 17 años, se quitó la vida el pasado miércoles en Lille (norte de Francia). Tras su suicidio, las redes sociales han difundido el episodio que Fouad sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando los responsables del centro escolar la hicieron volver a su domicilio por acudir vestida con falda. Los responsables del centro, pese a reconocer lo sucedido ese día, niegan ser los culpables de lo sucedido y aluden al «contexto personal complejo» de la adolescente.

Nuevamentes las redes sociales han servido de altavoz a una tragedia que de otros modos quizá hubiera pasado inadvertida. Bajo el hashtag #JusticePourFouad una tuitera denunciaba, tras el suicidio de la joven, el episodio de discriminación tránsfoba que sufrió el pasado 2 de diciembre, cuando una trabajadora del instituto Fénelon de Lille, miembro del equipo pedagógico que supuestamente le hacía acompañamiento, le recriminó que acudiese vestida con falda y la obligó a volver a su domicilio. En este punto, las versiones que circulan en redes difieren: según una versión la joven fue conminada a abandonar la clase delante de sus compañeros. Según otra, fue interceptada antes de entrar en clase. Lo que parece confirmado es que fue ella misma la que grabó con su teléfono móvil parte de la discusión con la trabajadora, que también fue difundida en redes. «Comprendo tus ganas de libertad, comprendo tus ganas de ser tú misma, lo entiendo muy bien. Y todo lo que hacemos, precisamente, es para acompañarte mejor, eso es lo que tú no entiendes» , le argumentaba la trabajadora del centro.

Palabras no demasiado comprensibles si se tiene en cuenta que el instituto conocía bien la situación de la adolescente, una chica a la que al nacer asignaron sexo masculino y que todavía no había modificar en sus documentos oficiales, y su equipo pedagógico supuestamente se había propuesto ayudarle. Los responsables educativos reconocen lo sucedido ese día, pero niegan que tenga relación con el hecho de que la chica se quitase la vida. Aluden, para justificarse, al hecho de que Fouad vivía un «contexto personal complejo» (la joven residía en una casa de acogida dependiente de los servicios sociales) y argumentan además que el prohibirle acudir a clase con falda tenía como objetivo «protegerla».

Por nuestra parte, resulta imposible precisar más de acuerdo a lo publicado. En cualquier caso, y aun asumiendo que el suicidio de Fouad fuese el resultado de más elementos que simplemente lo sucedido el 2 de dicembre, los argumentos del centro escolar en modo alguno justifican la humillación que la joven sufrió ese día. Un episodio que, de hecho, generó la reacción de sus compañeros, que al día siguiente colocaron carteles en el instituto para denunciar lo sucedido y muchos de los cuales tres días después acudieron al centro vestidos también con falda como gesto de solidaridad. Hasta el punto de que el instituto había cedido y al parecer ya estaba dispuesto a permitir la vuelta de Fouad vestida con falda.

Tampoco nos genera mucha confianza el hecho de que la dirección del centro, se refiriese a Fouad como «un alumno» y no como una alumna (la marca de género existe en francés, al igual que en castellano) a la hora de comunicar su muerte por correo electrónico a los padres de sus compañeros, como también ha sido difundido en Twitter.

Fuente Dosmanzanas

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La reforma no supondrá cambio alguno de facto, pero sí tiene un alto valor simbólico. Los ciudadanos del estado de Nevada, por un 62,4% de los votosfrente a un 36,6%, decidieron el pasado 3 de noviembre modificar su Constitución para eliminar del texto el artículo que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo (jurídicamente inválido, pero que seguía formando parte del texto constitucional) e introducir la garantía de igualdad en el acceso al matrimonio con independencia del género de sus contrayentes. Se trata, de hecho, de la primera Constitución de un estado que forma parte de los Estados Unidos en hacerlo. 

«The State of Nevada and its political subdivisions shall recognize marriages and issue marriage licenses to couples regardless of gender», reza la frase de la sección 21 de la Constitución de Nevada tras el cambio. Una redacción que contrasta con la anterior, «Only a marriage between a male and female person shall be recognized and given effect in this state», introducida en 2002 tras un doble referéndum. En aquella ocasion los contrarios al matrimonio igualitario se impusieron, en el segundo referéndum, con el 67,1% de los votos. Aquella prohibición quedó levantada en 2014, cuando los tribunales (en concreto, la Corte de Apelaciones del 9º Circuito Federal) determinaron que se oponía a la Constitución de los Estados Unidos. Aunque no sería hasta un año después, en 2015, cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo extensiva dicha doctrina a todo el país, en una histórica decisión por 5 votos a 4 (en aquella época el Supremo aún mantenía el equilibrio entre conservadores y progresistas, hoy roto tras la presidencia de Donald Trump).

Pese a ello, hubo que esperar a los demócratas se hicieran con el control de la legislatura de Nevada en el año 2016 para que se iniciara el procedimiento de reforma de la Constitución del estado y eliminar del texto un artículo que, aunque ya invalidado jurídicamente, seguía formando parte del mismo. Una vez que las dos cámaras del estado ratificaron la reforma, debía ser aprobada en referéndum por los ciudadanos, algo que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre, coincidiendo con las elecciones presidenciales, con el porcentaje antes referido. Cabe señalar que el nuevo redactado del texto constitucional también garantiza a los ministros de las diferentes religiones la libertad de negarse a celebrar matrimonios sin que tengan que exponerse por ello a demandas judiciales: «Religious organizations and members of the clergy have the right to refuse to solemnize a marriage, and no person has the right to make any claim against a religious organization or member of the clergy for such a refusal».

En definitiva, una evolución (67,1% a favor de la prohibición del matrimonio igualitario en 2002, 62,4% a favor de su protección constitucional en 2020) que nuestra bien a las claras el cambio generacional operado en Estados Unidos respecto al matrimonio igualitario en menos de dos décadas.

Fuente Dosmanzanas

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Continúa el proceso legislativo hacia la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Suiza. El Consejo de los Estados, que funciona como la cámara alta del Parlamento, ha dado su visto bueno a la medida por 22 votos a 15 con siete abstenciones. El proyecto de ley regresa ahora al Consejo Nacional, donde ya recibió un apoyo mayoritario hace seis meses, para su aprobación definitiva. Además, si así lo piden al menos 50.000 ciudadanos, se someterá a referéndum, previsiblemente el año que viene. El amplio respaldo existente entre la población hace presagiar que Suiza se convertirá en 2021 en el 17º Estado europeo y uno de los últimos de Europa occidental en acabar con la discriminación de las parejas del mismo sexo en el acceso al matrimonio.

Como explicábamos con motivo de su aprobación en el Consejo Nacional, el debate sobre la igualdad matrimonial en Suiza se remonta a 2013, cuando el Partido Verde Liberal introdujo una propuesta de reforma constitucional para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras largos años de tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias, en 2018 el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional propuso una modificación del Código Civil y otras normas como alternativa a la reforma constitucional. La regulación sobre adopción no precisaría ningún cambio, al estar ligada a las parejas casadas sin mencionar su sexo.

Los diputados del Consejo Nacional votaron finalmente un proyecto de ley de matrimonio igualitario en junio de este año. El resultado fue de 132 votos a favor, 53 en contra y 13 abstenciones. La Unión Democrática del Centro (SVP/UDC), formación de extrema derecha que cuenta con el mayor número de escaños en la cámara baja, fue el principal partido que se opuso a la medida. El proyecto de ley continuó entonces su tramitación en el Consejo de los Estados, la cámara alta del Parlamento suizo que representa a los cantones.

El martes pasado, los consejeros dieron su visto bueno a la medida por 22 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones. Se volvió a discutir la necesidad de una reforma constitucional, que habría supuesto un nuevo retraso de años en el proceso y afortunadamente quedó descartada. La ley fundamental suiza contempla en su artículo 14 que «se garantiza el derecho al matrimonio y la familia», sin establecer definiciones excluyentes de dichas instituciones. Los consejeros sí que introdujeron una limitación en el reconocimiento automático de la parentalidad de ambos progenitores del mismo sexo, que solo será posible tras un proceso de reproducción asistida llevado a cabo en una clínica profesional. En los demás casos, el progenitor no biológico deberá iniciar trámites de adopción.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de los Estados regresará ahora al Consejo Nacional para su visto bueno final. Tras su aprobación parlamentaria definitiva, se procederá a la convocatoria de un referéndum si así lo solicitan al menos 50.000 firmantes en un plazo de cien días, lo cual se da por muy probable. Las encuestas, en cualquier caso, invitan al optimismo, ya que arrojan cifras de apoyo a la igualdad matrimonial en el entorno del 80 %. Si todo sucede según lo previsto, Suiza se convertirá, ya en 2021, en uno de los últimos Estados de Europa occidental en acabar con la discriminación en el acceso al matrimonio. Solo Italia y los microestados seguirán negando este derecho fundamental a las parejas del mismo sexo.

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El Gobierno de los Países Bajos ha pedido oficialmente disculpas por el daño infligido a las personas trans a las que se obligó a esterilizarse para poder ver reconocida legalmente su identidad de género. El requisito formaba parte de la ley sobre transexualidad aprobada en 1985 y no se eliminó hasta 2014, después de afectar a cientos de personas. El Ejecutivo tramitará un proyecto de ley que incluirá indemnizaciones de 5.000 euros. Se trata del segundo país europeo en promover estas reparaciones, después que Suecia hiciera lo propio en 2018. En el caso sueco, sin embargo, la cuantía ascendía a unos 22.000 euros al cambio.

La Ley Transgénero, aprobada en 1985, permitió a las personas trans de los Países Bajos modificar su sexo legal en los certificados de nacimiento. Se exigió, eso sí, la esterilización irreversible. Hasta 2014 no entró en vigor una reforma de la legislación que eliminó este requisito. Para entonces, unas 2.000 personas habían sufrido su aplicación.

En febrero de este año, dieciséis personas y organizaciones presentaron una demanda conjunta contra el Gobierno holandés para pedir una disculpa oficial, tanto por quienes se sometieron a la esterilización obligada como por quienes, para no tener que pasar por ese trance, renunciaron al reconocimiento de su identidad. El pasado 30 de noviembre, el Ejecutivo reconoció en nombre del Estado holandés el sufrimiento causado y expresó sus disculpas a la comunidad trans.

El Gobierno ha anunciado que presentará un proyecto de ley, de aquí al verano que viene, para compensar económicamente a las personas afectadas. Tendrán derecho a una indemnización de 5.000 euros las que, entre el 1 de julio de 1985 y el 1 de julio de 2014, se hubieran sometido a un proceso de transición física que conllevara la modificación registral del sexo legal.  Los Países Bajos se convierten así en el segundo Estado europeo en compensar a las personas trans por la exigencia de la esterilización para concederles el reconocimiento de su identidad. Suecia fue la pionera en 2018. Las entre 600 y 700 personas afectadas en el país escandinavo obtuvieron el derecho a una indemnización fijada en 225.000 coronas (unos 22.0000 euros).

Esterilización forzada de las personas trans: todavía una realidad en Europa

Durante décadas, numerosos países han obligado a las personas trans a someterse a procedimientos que conllevan directa o indirectamente la pérdida de la capacidad reproductiva como requisito previo a ver reconocida legalmente su identidad de género. De hecho, no fue hasta 2014 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó esta práctica y pidió que todas aquellas legislaciones que obligan a este tipo de procedimientos sean revisadas. Y no fue hasta 2017 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó esta práctica. Aunque poco a poco los países han ido adaptando sus legislaciones, 16 países europeos siguen haciéndolo. La mayoría del Este de Europa, pero también hay algunos occidentales, como Finlandia, cuyo Parlamento rechazó en octubre de 2017 tramitar una ley en ese sentido.

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Nuevos pasos en la aparentemente imparable senda de Hungría hacia la erradicación de los derechos fundamentales de la ciudadanía LGTBI. El Gobierno de Viktor Orbán (Fidesz) ha presentado una reforma de la Constitución que incluye la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Se trata de una medida que eleva al más alto nivel normativo el espíritu de la ley que prohibió la posibilidad de modificar legalmente el género asignado en el momento del nacimiento y que el Parlamento aprobó en mayo de este año. La reforma de la ley fundamental también fija sendas definiciones de «padre» y «madre» que proscriben el reconocimiento de la homoparentalidad e impone que la educación en los colegios debe basarse «en la cultura cristiana».

El pasado día 30 de marzo, el primer ministro Viktor Orbán asumía poderes extraordinarios con la excusa de la crisis producida por la pandemia de coronavirus. Solo un día después, coincidiendo con la celebración del Día de la Visibilidad Trans, el vice primer ministro Zsolt Semjén presentaba un proyecto de ley de amplio espectro, con reformas que afectan a todo tipo de materias. Entre ellas, en la sección 33, se incluyó una modificación de las leyes del registro civil para anular la posibilidad de cambiar el género asignado en los archivos registrales. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que abría dicha modificación y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación.

Finalmente, el 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional aprobaba la ley que incluye la sección 33. Lo hacía por 133 votos a favor (precisamente los que reúnen el Fidesz y sus aliados del Partido Popular Demócrata Cristiano) y 57 en contra. Como ya expresábamos entonces, se trata, muy posiblemente, del mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea. Un órdago que, desde que fue anunciado, solo ha recibido una respuesta tibia por parte de resto de países de la UE y de la propia institución comunitaria.

Dos ultraderechistas, Abascal y Orban, se saludan

Tal vez envalentonado por esta falta de contundencia de sus socios europeos y aprovechando de nuevo el agravamiento de la pandemia por coronavirus, el Gobierno de Orbán ha dado un paso más allá en la supresión de derechos de la comunidad LGTBI. El pasado 10 de noviembre, la ministra de Justicia Judit Varga presentaba una reforma constitucional que, entre otros puntos, recoge «el derecho de los niños a la propia identidad de acuerdo con su género de nacimiento». Una formulación que, a pesar de que aparentemente ampara un derecho, en realidad se traduce en la negación de la identidad de los menores trans e intersexuales. Para ellos, la iniciativa blinda al máximo nivel normativo la prohibición de cambiar el género asignado en los archivos registrales, que como se ha explicado antes ya está vigente con carácter general en la legislación ordinaria.

Pero no es esta la única medida de la propuesta de reforma constitucional que pone a la comunidad LGTBI en el punto de mira. El texto presentado incluye una ampliación del artículo sobre la familia, que desde 2012 prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora se añadiría la frase: «La madre es una mujer y el padre, un hombre». La finalidad, cerrar la puerta a cualquier reconocimiento de realidades familiares diferentes a la compuesta por un hombre y una mujer. Para terminar de confirmar este objetivo, la ministra Varga ha anunciado la próxima tramitación de un proyecto de ley para limitar a las parejas casadas la adopción de menores.

Por último, otro de los puntos que ha despertado las alarmas del activismo es el que se refiere a los valores que deben inspirar la educación en las escuelas húngaras. La reforma constitucional impone que estos deben inspirarse en «la identidad constitucional de nuestro país y la cultura cristiana». La asociación LGTBI Háttér advierte de que esta formulación hará imposible la inclusión de contenidos sobre diversidad afectivo-sexual en los currículos escolares. El vice primer ministro Semjén ya ha aclarado que la reforma se debe entender como una prohibición de la «propaganda de género», un término paraguas que puede contener cualquier tema relacionado con la realidad LGTBI.

El Gobierno de Orbán avanza un paso más hacia la discriminación y estigmatización de la comunidad LGBTI, llegando hasta la negación de su identidad en el caso de las personas trans e intersexuales. Retomamos, en este punto, la pregunta que nos hacíamos con motivo de la aprobación de la ley que prohibió la modificación legal del género asignado al nacer: ¿Reaccionará esta vez la Unión Europea con mayor contundencia, o seguirá limitándose a «condenar», «rechazar» y «lamentar»?

Y esto es lo que tenemos en España… Santiago Abascal con Orban, mientras Pablo Casado apoya a Orban  negándose a firmar con 13 partidos conservadores de la UE que pedían expulsar a Orbán por imponer una corona-dictadura en Hungría

Fuente Dosmanzanas

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El Gobierno de coalición, de izda a dcha: Aušrinė Armonaitė ( Partido de la Libertad) Ingrida Šimonytė ( Unión de la Patria – Demócrata-Cristianos Lituanos),Viktorija Čmilytė-Nielsen (Movimiento Liberal),

Nuevo Gobierno de coalición en Lituania. Las elecciones del pasado 11 y 25 de octubre han provocado un vuelco político en el país. Una coalición de tres partidos de centroderecha liderados por la democristiana Ingrida Šimonytė ha alcanzado un acuerdo que, entre otras medidas, recoge la aprobación de un proyecto de ley de uniones civiles entre personas del mismo o de distinto sexo. Se trata del tercer intento de reconocer a las parejas del mismo sexo en el país. Aunque el principal partido de la coalición no se compromete a apoyar la medida en bloque, sus socios minoritarios confían en obtener el resto de los apoyos necesarios entre las formaciones de la oposición.

El reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Lituania se ha intentado ya en dos ocasiones en el pasado. Una iniciativa sobre uniones civiles presentada en 2015 por nueve diputados de los partidos socialdemócrata (LSDP) y liberal (LRLS) se topó con el rechazo del entonces primer ministro Algirdas Butkevičius (LSDP). A pesar de que una comisión parlamentaria decretó su plena constitucionalidad, la medida no llegó a tramitarse y «murió» con las elecciones de octubre de 2016. Unos comicios de los que salió un Gobierno de coalición presidido por los agraristas y con los socialdemócratas como socio menor.

Durante dicha legislatura, los liberales del LRLS presentaron una nueva proposición de ley ante el Parlamento para regular las uniones civiles entre dos personas con independencia de sus sexos. En junio de 2017, la iniciativa fracasó al obtener con el rechazo de 59 diputados, frente al apoyo de 29 y la abstención de otros 20. A pesar del fracaso, la Liga Gay Lituana destacó que la medida había recabado apoyos individuales más allá del LRLS, tanto en el gobernante Partido Socialdemócrata (LSDP) como en los democristianos, en la oposición entonces junto a los liberales. La organización lo interpretó como un signo del apoyo creciente a la equiparación de derechos en el país báltico.

Más de tres años después, se presenta una nueva oportunidad, esta vez de la mano de un Gobierno de centroderecha. Tras las elecciones de los pasados días 11 y 25 de octubre, la Unión Patriótica-Democristianos Lituanos (TS-LKD), el Movimiento Liberal (LRLS) y el socioliberal Partido de la Libertad han alcanzado un acuerdo de coalición con la nueva primera ministra Ingrida Šimonytė (TS-LKD) al frente. Un pacto que ha sido calificado de «finlandés», ya que al igual que en el país nórdico, los tres partidos implicados están dirigidos por mujeres.

Entre las medidas que han acordado las tres formaciones se encuentra la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades de droga y la aprobación de una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. Los democristianos han aceptado esta propuesta de sus socios minoritarios a cambio de reservarse el derecho a votar en contra de la misma. Los liberales y los socioliberales, sin embargo, confían en recabar el resto de los apoyos necesarios entre las formaciones de la oposición, en particular los socialdemócratas del LSPD. La posición de la TS-LKD de Šimonytė tampoco es unánime: alrededor de la mitad de sus 50 diputados podrían votar a favor de la medida cuando se presente. Estaremos pendientes del devenir de los acontecimientos.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

La realidad LGTBI de Lituania en la última década ha estado marcada por los altibajos. En octubre de 2010 entró en vigor una reforma para prohibir la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015 recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» similar a la vigente en Rusia. En 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual. En febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. Una situación corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

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La Mancomunidad de Dominica (una república caribeña con una población inferior a los 70.000 habitantes) es uno de los territorios de la región en los que se sigue persiguiendo la homosexualidad legalmente. Sin embargo, en 2019 un ciudadano dominiqués abiertamente gay, del que solo conocemos las siglas DG, decidió impugnar la legislación homófoba y en la actualidad el caso está pendiente de resolución judicial. En este sentido, las jerarquías evangélica y católica de la isla están ejerciendo presiones públicas y privadas para que la «sodomía» siga siendo ilegal. Birnie Stephenson, la jueza instructora, ha tenido que abandonar el caso porque su pastor, Randy Rodney (presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica), se ha sumado a la oposición contra la demanda de despenalización. Esta situación demorará todavía más la sentencia.

La Asociación de Iglesias Evangélicas de Dominica (DAEC) solicitaba al Tribunal Supremo del país personarse como tercero contra la demanda de despenalización de la homosexualidad el pasado 17 de noviembre. La razón fundamental de dicha organización para unirse a la demanda es que podría «menoscabar o impedir los derechos morales de los cristianos». El pastor Rodney asegura que «todos los asuntos de sexo deben ser entre un hombre y una mujer». La recusación de la jueza que instruía el caso es ahora un nuevo escollo, que se une al aplazamiento que se produjo en septiembre tras unirse contra la causa el Consejo Cristiano de Dominica. El caso debía haberse retomado el 23 de noviembre, pero la salida de la jueza Stephenson lo vuelve a frenar.

Por su parte, la jerarquía católica dominiquesa también lleva años enfrentandose públicamente a cualquier atisbo de despenalización. Gabriel Malzaire, obispo de Roseu, publicó una carta en 2013 en la que aseguraba que «la ‘actividad’ homosexual, según las Sagradas Escrituras, es uno de los muchos males que, si no se controlan, pueden conducir a la muerte espiritual. Entre estos se encuentran el adulterio, la fornicación, las orgías, la calumnia, el odio profundamente arraigado […] Estos, junto con la ‘actividad’ homosexual, nunca estarán bien, estén o no despenalizados por el Estado».

Según palabras del obispo, «la Iglesia, en su papel de guía moral, no existe para condenar a las personas humanas, sino para condenar estilos de vida y comportamientos que no están de acuerdo con la ley divina. Por lo tanto, así como la Iglesia tiene la responsabilidad de llevar al adúltero al arrepentimiento, tiene la misma responsabilidad hacia aquellos que se entregan a la ‘actividad’ homosexual».

Malzaire añadía que «algunas cosas están bien y otras están mal, nos guste o no. Lo que está de acuerdo con la ley de Dios está bien y lo que está en contra de la ley de Dios está mal; y todos estamos llamados a vivir según la ley de Dios si la salvación es parte de nuestra agenda. Por lo tanto, ya sea que se trate de fornicación, adulterio, ‘actividad’ homosexual, toda la gama, tenemos que vivir según la ley de Dios».

El abogado y activista caribeño Maurice Tomlinson, por su parte, sostiene que «las razones por las que las iglesias buscan entrar en el caso son ridículas». Tomlinson y la Canadian HIV/AIDS Legal Network están apoyando a DG en su batalla legal para la despenalización de la homosexualidad. El Programa Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Toronto, Minority Rights Dominica, un grupo de defensa LGTBI, y Lawyers Without Borders también están dando su respaldo.

LGTBIfobia de Estado en Dominica

Según la legislación vigente, «una persona que comete sodomía es culpable de un delito y puede ser condenada a prisión». Las penas oscilan entre los 5 y los 25 años de reclusión y «el Tribunal podrá ordenar que la persona condenada sea ingresada en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento».

Al menos 35 personas fueron arrestadas por las autoridades locales y acusadas de «sodomía» entre 1995 y 2000 en Dominica. Los tribunales condenaron a los acusados a multas y penas de prisión de hasta diez años. Algunos de ellos, incluso, fueron forzados a someterse a las tan dañinas «terapias de conversión» en centros psiquiatricos (a pesar de que la comunidad científica internacional rechace sin tapujos este tipo de ‘intervenciones’).

En 2001 15 mujeres fueron detenidas y condenadas a cinco años de prisión, acusadas de «grave indecencia». Diez hombres también fueron condenados a cinco años de prisión por «cometer actos de indecencia grave con personas del mismo sexo». En 2012, una pareja gay de California fue arrestada después de que la policía les denunciara por haber mantenido relaciones sexuales en el balcón de su cabina durante un crucero gay que estaba atracado en el puerto. Fueron liberados de la cárcel tras declararse culpables de «exposición indecente».

En julio de 2014, Roosevelt Skerrit, Primer Ministro de Dominica (en el cargo desde 2004 hasta la actualidad) declaró que, aunque en el pasado reciente se hubiera hecho, no tenía planes para aplicar la legislación contra la homosexualidad «al menos en hogares privados». A pesar de declarada LGTBIfobia del mandatario, parecía un primer paso para la atenazada comunidad LGTBI dominiquesa, en lucha por los derechos humanos no reconocidos y víctima de la persecución del Estado.

Fuente Dosmanzanas

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La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer,

El Gobierno alemán ha aprobado un proyecto de ley para rehabilitar al personal militar que sufrió discriminación por el hecho de ser homosexual. Durante décadas, al amparo del infame artículo 175 que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, los soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la expulsión del ejército, la degradación y trabas a la hora de asumir nuevas responsabilidades. No fue hasta el año 2000 que se derogaron las últimas disposiciones que aún existían contra la comunidad LGTBI en el ámbito castrense. La iniciativa del Gobierno de Angela Merkel, que aún debe ser aprobada en el Parlamento, contempla la anulación de las condenas e indemnizaciones de 3.000 euros y se prevé que beneficiará a unas mil personas.

El Gobierno de Alemania presentó el pasado miércoles ante el Parlamento un proyecto de ley con el que busca la reparación e indemnización de los soldados alemanes expulsados, o discriminados, del Ejército por su condición homosexual.

Paso a paso, aunque siempre con demasiado retraso, el Estado alemán avanza en el reconocimiento de las víctimas de la LGTBIfobia legal que imperó en el país durante más de un siglo. En junio de 2017, el Bundestag o cámara baja del Parlamento aprobaba  por unanimidad un proyecto de ley para indemnizar a los condenados por el infame artículo 175 del Código Penal, que durante décadas criminalizó las relaciones consentidas y en privado entre hombres. El texto establece que cada condenado recibirá 3.000 euros por sentencia y 1.500 euros más por cada año que haya comenzado en prisión o en reclusión forzosa en establecimientos psiquiátricos. Casi dos años después, en marzo de 2019, el actual Gobierno ampliaba la lista de víctimas con derecho a indemnización para incluir a los imputados o recluidos en prisión provisional por el artículo 175, aunque hubieran sido finalmente absueltos.

El pasado miércoles, la coalición de democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) daba un nuevo paso adelante y aprobaba la rehabilitación de los militares afectados por las normas contra las relaciones entre personas del mismo sexo en el ejército, incluido el citado artículo 175. Durante décadas, los y las soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la imposibilidad de ascender en la carrera militar, cuando no a la degradación o a la expulsión de la milicia. El artículo 175 no fue completamente derogado hasta 1994, y hasta el año 2000 estuvieron en vigor disposiciones discriminatorias contra los militares homosexuales.

El proyecto de ley promovido por el ministerio de Defensa de Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) contempla la anulación de las condenas dictadas por tribunales militares basadas en dichas normas LGTBIfobas y establece indemnizaciones de 3.000 euros por sentencia. Las indemnizaciones y reparaciones están destinadas a aquellos soldados que se vieron discriminados debido a su condición sexual, ya bien porque fueron expulsados, trasladados, o no contaron con las mismas posibilidades para ascender en el escalafón castrense. Se pueden beneficiar de la medida tanto los miembros del Ejército Federal (Bundeswehr) como los del extinto Ejército Popular Nacional (Nationale Volksarmee, las fuerzas armadas de la desaparecida República Democrática Alemana). Se estima que se recibirán unas mil peticiones.

La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha reconocido que si bien no se puede reparar “la forma en que estas personas han sufrido”, el Gobierno busca ofrecer una serie de reparaciones con las que “cerrar este oscuro capítulo de la historia de las Fuerzas Armadas”.

“No podemos compensar el sufrimiento que han padecido estas personas, pero queremos dar un ejemplo donde sea posible”, ha dicho Kramp-Karrenbauer a la agencia Red Editorial Alemania (RND, por sus siglas en alemán).

La iniciativa debe recibir aún el visto bueno del Bundestag, donde los partidos de la gran coalición cuentan con mayoría absoluta. Ya ha cosechado, además, apoyos desde la oposición, tanto de Los Verdes como del FDP. El diputado de los liberales Jens Brandenburg ha destacado positivamente el cambio de tono de Kramp-Karrenbauer, presidenta provisional de la CDU hasta que la formación elija a un nuevo líder el año que viene. La ministra de Defensa cuenta, como hemos recogido en otras ocasiones, con un historial de desprecio hacia la comunidad LGTBI, por lo que su implicación en la medida cobra una especial relevancia.

Fuente Agencias

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Jayne Ozanne, directora de la Fundación Ozanne, criticó el terrible impacto de la enseñanza de la Iglesia de Inglaterra en las personas de fe LGBT + y pidió medidas de seguridad “urgentes” para protegerlas.

Jayne Ozanne es una anglicana  británica que inició su fundación con la intención de  trabajar con “organizaciones religiosas de todo el mundo para eliminar la discriminación basada en la sexualidad o el género con el fin de abrazar y celebrar la igualdad y la diversidad de todos”.

“Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen” es un dicho bíblico, dicho por Jesús en la cruz, que muchos conocerán. Es un sentimiento que nos urge abrazar, ofreciendo el perdón cuando nos enfrentamos a acciones que nos han herido o lastimado involuntariamente.

¿Pero qué pasa cuando los autores saben que te están hiriendo y lastimando, incluso cuando otros les dicen que está mal y que deben parar, pero siguen haciéndolo de todos modos? ¿Qué pasa cuando las víctimas gritan de dolor y los agresores parecen sordos a sus gritos y siguen adelante a pesar de todo? Seguramente esto, entonces, es diferente.

Personalmente, creo que es completamente diferente. De hecho, creo que es inmoral, inexcusable y cobarde. Es más, cuando hay pruebas claras de que ciertas acciones están hiriendo a las personas, en particular a los jóvenes al comienzo de sus vidas, entonces deben ser desafiadas y detenidas con firmeza. Si es necesario, consagrando las cosas en la ley.

Durante demasiado tiempo, muchas instituciones religiosas han sido todo menos espacios seguros para las personas LGBT+.

Porque es el deber moral de una sociedad civilizada salvaguardar a los vulnerables, no apaciguar a los perpetradores. Esto es aún más insidioso cuando el perpetrador es una institución religiosa, un lugar que se supone que debe mostrar amor y proporcionar santuario.

La verdad es que durante demasiado tiempo muchas instituciones religiosas han sido todo menos espacios seguros para las personas LGBT+.

La Iglesia de Inglaterra acaba de publicar su tan esperado recurso sobre la sexualidad, titulado Living in Love and Faith, que lleva tres años preparándose y en el que han participado más de 40 personas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que sólo 5 de las 40 personas fueron de LGBT+

El recurso en sí mismo incluye al menos algunas voces LGBT+, que hablan desde su propia experiencia de la iglesia – experiencias de rechazo y también, en algunos lugares, de la bienvenida de la iglesia. Pero está muy lejos de lo que podría y debería haber sido. El recurso proporcionó una oportunidad muy necesaria para exponer claramente y abordar el daño que se ha hecho y se sigue haciendo a las personas LGBT+. Pero en esto ha fracasado singularmente.

Aunque los Arzobispos pueden haber reconocido el “enorme daño” que se ha causado, el informe no hace nada para abordar esto. En su lugar, el recurso se centra en animar a la gente a “escuchar y aprender” de los demás.

Como tal, pide a las personas LGBT+ que se sienten y “escuchen y aprendan” de las mismas personas que les han infligido tanto daño en primer lugar.

¿Invitaría uno a un sobreviviente del Holocausto a sentarse y escuchar los desvaríos de un negador del Holocausto?

Específicamente, anima a los gays, lesbianas, bisexuales o transexuales a sentarse y “ver a Cristo” en aquellos que piensan que su propia identidad es “pecaminosa” y que en su lugar deberían “transformarse” para convertirse en solteros y célibes – ¡una enseñanza que ha llevado a muchos a contemplar la posibilidad de quitarse la vida!

¡Es completamente ridículo! ¿Invitaría uno a un sobreviviente del Holocausto a sentarse y escuchar los desvaríos de un negador del Holocausto? ¿Se le pediría a una víctima de violación que se sentara con un violador y entendiera por qué quieren violar a la gente? No sólo es ridículo, sino que también es muy peligroso.

Existe ahora un amplio conjunto de pruebas que demuestran lo perjudiciales que son estas enseñanzas para las personas, en particular para los jóvenes LGBT+ que crecen en comunidades de fe conservadoras.

La iglesia es plenamente consciente de esta evidencia, pero elige no hacer nada para salvaguardar a las personas vulnerables – a pesar de las fuertes protestas. Se ha puesto de relieve en dos informes independientes de salvaguardia, uno del IICSA y otro sobre la trágica muerte de Peter Farquar. ¿La iglesia se ha apresurado a responder? No.

Mi fundación acaba de realizar algunas investigaciones entre la comunidad trans, con una coalición de otras organizaciones benéficas de LGBT+, entre ellas Mermaids, GIRES y Stonewall, para comprender si alguna de ellas había tenido experiencia con la llamada “terapia de conversión” de la identidad de género, y qué impacto había tenido.

Esto sigue a una encuesta similar que mi fundación realizó hace dos años sobre “fe y sexualidad”. Los resultados de la encuesta trans, que se publicarán en su totalidad en diciembre, son horribles.

Hay pruebas claras de que la “terapia de conversión” de la identidad de género (GICT) existe en muchas formas en el Reino Unido y que afecta principalmente a los jóvenes menores de 24 años.

Se observó que los dirigentes religiosos y los miembros de la comunidad participaban frecuentemente en el ofrecimiento, la realización e incluso la obligación de los encuestados de someterse a una terapia de conversión de la identidad de género.

Se descubrió que la religión jugaba un papel importante en el GICT. En primer lugar, los encuestados trans con antecedentes religiosos de niño tenían más probabilidades de que se les ofreciera GICT, decir que lo habían “elegido libremente”, o que habían sido obligados a pasar por ello.

En segundo lugar, se observó que los líderes religiosos y los miembros de la comunidad participaban frecuentemente en el ofrecimiento, la realización e incluso la obligación de los encuestados de pasar por el GICT.

En tercer lugar, había una serie de motivaciones citadas para pasar por el GICT, incluyendo la desaprobación de amigos, familia y líderes espirituales/religiosos.

La creencia religiosa también fue un factor motivador clave para pasar por el GICT, como la creencia de que ser trans era “pecaminoso“, junto con un sentido de vergüenza.

En cuarto lugar, los encuestados mencionaron una serie de prácticas religiosas por las que habían pasado, como el ayuno, la oración y los exorcismos.

Preocupantemente, también hubo informes de algunos que experimentaron una grave violencia física y sexual.

Lo que es quizás lo más preocupante, sin embargo, es que casi la mitad de los que habían pasado por el GICT habían intentado suicidarse. No es sorprendente que el 92% de los encuestados trans (367 de 399 personas) quieran que se prohíba el GICT.

La misión de la iglesia es ser una buena noticia, y es difícil ver cómo este tipo de daño proporciona una buena noticia a la comunidad trans. De hecho, todo lo contrario.

La mayoría de las personas LGBT+ son conscientes de que la enseñanza religiosa puede ser muy mala para quienes son, a quienes aman y cómo son aceptados entre ciertas comunidades religiosas.

¿Debemos perdonar a la iglesia por el daño que ha causado y sigue causando?

Ha llevado a profundas divisiones entre los miembros de la familia, amigos cercanos y colegas de trabajo. Todo esto ha tenido un costo significativo en la salud mental de las personas de fe LGBT+, y la Iglesia de Inglaterra es más que consciente de esto.

Entonces, ¿debemos perdonar a los perpetradores por sus crímenes conocidos? ¿Debemos perdonar a la iglesia por el daño que ha causado y sigue causando?

Bueno, en última instancia, encontrar la capacidad de perdonar es un regalo – y uno que libera a la persona que está haciendo el perdón. ¿El perpetrador se lo merece? No, en absoluto, y siempre deben rendir cuentas y enfrentarse a toda la fuerza de la ley.

Es por eso que yo y otros estamos trabajando tan duro para hacer de la terapia de conversión un crimen. Mientras tanto, tenemos que seguir iluminando el daño que se está haciendo, y la urgente necesidad de poner en marcha medidas de protección.

Hasta entonces diré: “Padre, perdona, incluso cuando sean plenamente conscientes de lo que hacen… ¡porque yo mismo lo encuentro increíblemente difícil de hacer!”

Fuente Pink News

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Así lo ha denunciado la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Las víctimas, localizadas entre otros métodos al contactar con perfiles falsos creados por la policía, son detenidas, encarceladas y sometidas a humillantes torturas.

Ya en 2015 nos hicimos eco de la complicada situación de las personas LGTBI en Egipto, agudizada tras la conocida como «primavera árabe», pero la situación no ha hecho sino empeorar. El año 2017, de hecho, la persecución se intensificó tras el concierto de la banda libanesa Mashrou’ Leila, dando paso a una auténtica caza de brujas organizada desde el propio estado egipcio. Y así sigue siendo, según la nueva denuncia de Human Rights Watch, que incide de nuevo en la infame práctica de crear perfiles falsos en Grindr y otras aplicaciones de contactos para personas LGTBI, a las que consigue así detener y a las que que espía el contenido de sus teléfonos para buscar cargos y justificar la detención. Una persecución que según HRW no se limita ya a varones homosexuales, sino que se extiende también a mujeres lesbianas y a personas bisexuales y trans.

Uno de los testimonios que usa HRW en su última denuncia es por ejemplo el de Yasser, de 27 años, arrestado tras quedar con un hombre a través de Grindr. «Cuando volvieron (tras la detención) me insultaron y golpearon hasta que firmé la denuncia por la que se me acusaba de ‘practicar libertinaje’ y anunciarlo públicamente para satisfacer ‘mis innaturales deseos sexuales’», relata. Yasser identificó entre los policías que le agredieron y vejaron al hombre con el que había quedado a través de la aplicación de contactos.

Su caso no es el único. La organización ha entrevistado en profundidad a 15 víctimas (entre ellas una chica trans de 17 años) que mientras permanecieron detenidas o en prisión sufrieron maltrato y tortura: golpes, duchas de agua a presión, ser atado durante días, privación de ir al baño, exámenes anales y vaginales de «virginidad» y abusos sexuales. Una activista trans de 20 años fue encarcelada durante cuatro meses en una cárcel para hombres en la que sufrió graves abusos. Otra víctima, un hombre de 37 años, denuncia que cuando les mostró su carnet de discapacitado (fruto de una paliza anterior, durante una detención en el año 2007), se lo introdujeron por el ano. «Las autoridades egipcias parecen estar compitiendo por el récord a la peor violación de los derechos de las personas LGTB+ en la región ante el silencio internacional», denuncia Rasha Younes, especialista en Medio Oriente y Norte de África de HRW, quien invita a los aliados de Egipto a retirar su apoyo a las autoridades del país hasta que las personas LGTBI no puedan vivir de manera libre.

Os dejamos, para terminar, con un vídeo que recoge las declaraciones de Ahmed Alaa, un joven gay egipcio detenido en 2017, días después del mencionado concierto. Alaa fue una de las personas identificadas ondeando la bandera arcoirís. Él mismo sufrió malos tratos durante su detención. Durante el proceso judicial conoció a la activista Sarah Hegazy, detenida por la misma razón. De hecho, una de las fotografías del momento en el que Hegazy desplegó la bandera se hizo viral y se convirtió en icono de la diversidad sexual en Egipto. Hegazi fue también sometida a maltrato físico y psicológico. Ambos escaparon a Canadá después de pagar sendas fianzas (en su momento recogimos su salida de prisión) y encontrándose a la espera de un recurso judicial. La activista nunca se recuperó del trauma sufrido en prisión y acabó suicidándose el pasado verano. Alaa sigue refugiado en Canadá, sin poder regresar a su país.

Fuente Dosmanzanas

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La activista bielorrusa por los derechos LGTBI+ Victoria Biran ha sido detenida y encarcelada por policías encapuchados mientras se dirigía a una de las marchas de mujeres contra Alexander Lukashenko. Amnistía Internacional reclama su liberación por ser una «presa de conciencia» y correr «especial peligro por malos tratos» al pertenecer al colectivo LGTBI.

Según señala Amnistía Internacional, el motivo del encarcelamiento de Biran fue muy posiblemente que esta portaba una bandera arcoíris mientras se dirigía a una marcha de mujeres en Minsk, la capital bielorrusa. Estas marchas pacíficas y multitudinarias de mujeres han supuesto una reacción ante la brutalidad con la que la policía había reprimido con anterioridad las convocatorias en las que participaban hombres de forma igualitaria o mayoritaria. Pese a ello, la policía bielorrusa ha llevado a cabo detenciones selectivas entre sus participantes.

La prensa internacional ha definido a a Biran como «posiblemente la activista LGTBI más brillante de su generación». Ahora Biran se encuentra privada de libertad tras ser condenada a 15 días de prisión en el centro de detención de la calle Akrestina, conocido por los opositores bielorrusos como sinónimo de tortura y otros malos tratos, incluyendo la violencia sexual, contra los detenidos. Amnistía Internacional ha puesto en marcha una campaña de difusión de este encarcelamiento y de recogida de firmas para pedir la liberación de la activista. También ILGA-Europa, organización paraguas que agrupa a decenas de asociaciones y colectivos LGTBI de todo el continente, se ha hecho eco de la campaña de Amnistía Internacional.

🏳️‍🌈 Belarusian LGBT+ activist Victoria Biran is at heightened risk of ill-treatment. She is a prisoner of conscience and must be released immediately! 🇧🇾 Join @Amnesty’s action to write a letter to the Prosecutor General of the Republic of Belarus 👉 https://t.co/BOUrJce63X pic.twitter.com/81ELFDPhq2

— ILGA-Europe (@ILGAEurope) October 7, 2020

El gobierno bielorruso de Aleksander Lukashenko se ha caracterizado en los últimos años por seguir la estela de Rusia en materia LGTBI+, lo que se traduce en privación de derechos básicos como el de asociación o la aplicación de políticas contra una supuesta «propaganda homosexual». Por otra parte, Lukashenko no ha dudado en azuzar el odio en sus discursos contra la comunidad LGTBI+. En este enlace podrás descubrir más atropellos contra la comunidad LGTBI+ en Bielorrusia que hemos recogido durante años en dosmanzanas.com. Un país en el que lla homosexualidad no es ilegal, pero cuyo gobierno ha planteado medidas como aumentar la edad para permitir las relaciones del mismo sexo de los 16 a los 18 años para complacer a los sectores religiosos más conservadores del país.

Las más recientes protestas en Bielorrusia, en las que han sido detenidos varios activistas y otras personas LGTBI+ del país, se originan tras el presunto fraude electoral cometido en las pasadas elecciones del 9 de agosto en las que Lukashenko fue reelegido tras 26 años en el poder por un 80% del electorado. Recordemos que las tres líderes de la oposición que se enfrentaron al mandatario lo hicieron tras la detención de sus maridos, los principales líderes opositores. Ahora ellas se encuentran en el exilio. Por hechos como este las mujeres han adquirido un papel principal en este proceso. La Unión Europea no reconoce estos resultados, la oposición bielorrusa se sigue manifestando contra Lukashenko y este se refugia en el amparo prestado por Vladimir Putin.

Fuente Dosmanzanas

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En una carta abierta los embajadores recuerdan al gobierno polaco que está obligado a «proteger a todos los ciudadanos de la violencia y la discriminación y garantizar que disfruten de las mismas oportunidades». La iniciativa, coordinada por la Embajada de Bélgica en Polonia, responde a la la cada vez más díficil situación de la comunidad LGTBI en el país eslavo.

Medio centenar de embajadores y representantes de organizaciones internacionales presentes en Polonia han publicado una carta abierta en la que instan al gobierno polaco a cambiar su actitud hacia la comunidad LGTBI y pasar de hostigar a sus integrantes a protegerlos. Entre sus firmantes, de todos los continentes, se encuentran los representantes europeos de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Suecia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Serbia. Del continente americano destacan las rúbricas de los diplomáticos de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Argentina y Venezuela. Asia está representada por la India mientras que África cuenta con la rúbrica de la diplomacia sudafricana. Por su parte, Oceanía colabora con las firmas de los embajadores australiano y de Nueva Zelanda.

En la misiva, coordinada por la Embajada de Bélgica en Polonia, se hace alusión a la «dignidad inherente de cada individuo como se expresa en la Declaración Universal de Derechos Humanos» y se recuerda al gobierno polaco su obligación de «proteger a todos los ciudadanos de la violencia y la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades». Los representantes internacionales también han expresado su apoyo a los organizadores del Orgullo de Varsovia y de otras ciudades polacas, que en 2020 no han podido manifestarse por las calles debido a la pandemia de covid-19.

Una carta que responde a la cada vez más difícil situación de la comunidad LGTBI en Polonia, donde alrededor de un centenar de localidades y regiones se han declarado «libres de ideología LGTBI», una campaña de odio institucional cuyo ámbito de actuación se extiende ya por un tercio de la geografía polaca. En este sentido, la declaración de apoyo de los embajadores se suma a las recientes declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea contra la existencia de estas zonas. Su punto de origen es el discurso abiertamente homófobo del partido gobernante en Polonia, Ley y Justicia (PiS), que agitó la campaña presidencial (que ganó su candidato Andrzej Duda por un estrecho margen de votos) identificando la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI como una «ideología» que no dudaron en calificar de «extranjera» y «más perjudicial que el comunismo».

Durante este verano, la proclamación de estas zonas «libres de ideología LGTBI» provocaron la organización y reacción de distintos grupos LGTBI y pro-derechos humanos que desembocaron en manifestaciones pacíficas fuertemente reprimidas por la policía. La manifestación de Varsovia fue la más numerosa y acabó con el arrestó de la activista Małgorzata Prokop-Paczkowska, más conocida como Margot. Su arresto provocó más manifestaciones en las que fueron detenidas hasta 47 personas más en lo que ya se conoce como el Stonewall polaco, en referencia a las revueltas de 1969 en Nueva York que originaron lo que hoy conocemos como el Orgullo LGTBI. Margot ha sido encarcelada durante dos meses.

Por declaraciones y hechos como estos resulta especialmente llamativa la respuesta del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, a la publicación de la carta. «Discrepo por completo con la carta de los embajadores en la parte en la que dicen que hay personas en Polonia a la que de alguna forma ya no se les respeta», ha defendido. Según Morawiecki, «la tolerancia forma parte de los valores del país» y lo más sorprendente es que ha llegado a negar la existencia de las zonas «libres de ideología LGTB».

Puedes ver el listado completo de firmantes y leer íntegra la carta de los embajadores y representantes de organizaciones internacionales en este enlace

Fuente Dosmanzanas

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El Alto Tribunal de Hong Kong ha emitido dos fallos en direcciones contrarias sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. En el primero de ellos, el juez ha sentenciado a favor de un matrimonio de hombres, casados en el Reino Unido, que recurrió a la justicia para denunciar la negativa de las autoridades hongkonesas a reconocerlos como copropietarios de una vivienda, impidiendo que uno la heredara en el caso del fallecimiento del otro. La sentencia establece que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la igualdad de trato en materia de herencia. En un fallo independiente de este, sin embargo, el mismo tribunal rechazó la demanda de un ciudadano que pedía el reconocimiento de su matrimonio con otro hombre contraído en Estados Unidos. El activismo lamenta que los escasos avances tengan que llegar de la mano de costosos procesos legales ante la inacción de la política.

Edgar Ng y su marido, residentes permanentes en Hong Kong, contrajeron matrimonio en Londres en 2017. Un año después, Ng adquirió un piso subvencionado en la Región Administrativa Especial (SAR), situada en el sudeste de China. Las autoridades de vivienda se negaron a reconocer a su marido como copropietario. Ng recurrió entonces a la justicia ante el temor de que, en caso de fallecimiento, su marido no pudiera heredar el inmueble.

En marzo de este año, la Corte de Apelaciones declaró inconstitucional la exclusión de las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero del acceso a la vivienda pública. Argumentó que no se puede sostener que estas parejas tengan necesidades diferentes a las de las parejas de distinto sexo sin hijos. El pasado día 18, el Alto Tribunal decretó que a las parejas del mismo sexo también les corresponden los mismos derechos en materia de herencia de acuerdo con la legislación hongkonesa.

El mismo día, el alto tribunal emitía otra sentencia sobre un proceso diferente, en esta ocasión con un resultado decepcionante para la comunidad LGTBI. Se trata del caso del activista Jimmy Sham, que había contraído matrimonio en 2013 con otro hombre en Estados Unidos. Sham arguye que la negativa de las autoridades de Hong Kong a reconocer su enlace vulnera el principio de igualdad ante la ley y no discriminación recogido en la Ley Básica de la SAR. La justicia, sin embargo, considera que la petición de Sham es «demasiado ambiciosa» e insta al demandante a especificar qué disposiciones concretas se traducen en un trato discriminatorio.

Ray Chan, miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong y primer legislador abiertamente homosexual de la SAR, hace un balance mixto de las dos sentencias. «Si demandamos, puede que progresivamente ganemos más derechos, pero a un coste prohibitivo», reflexiona, por lo que pide una mayor implicación de la clase política para resolver las desigualdades por la vía legislativa. «Es tarea del Gobierno» equiparar definitivamente los derechos de todas las parejas en Hong Kong, asegura.

La situación de la comunidad LGTBI en Hong Kong

Hong Kong vive en un equilibrio a veces complicado entre el control del Gobierno chino (receloso de cualquier reivindicación ciudadana, incluidas las de la comunidad LGTBI) y su autonomía como SAR, herencia de su antiguo estatus de colonia británica. Pese a su reputación como centro financiero internacional, la ciudad es relativamente conservadora en lo referente a derechos LGTBI, y no despenalizó las relaciones homosexuales hasta 1991. Los últimos vestigios de la ley contra la sodomía heredada de la época colonial siguieron sin embargo vigentes hasta 2007, cuando fueron totalmente anulados por el Alto Tribunal. Poco antes, en 2005, tuvo que ser otra decisión judicial la que equiparó la edad de consentimiento para las relaciones homosexuales a la de las relaciones heterosexuales (pasó de los 21 a los 16 años). Y no fue hasta 2008 que Hong Kong celebró formalmente su primer Orgullo LGTB, evento del que dosmanzanas se hizo eco en su momento y que se ha ido consolidando con el tiempo.

El balance para la comunidad LGTBI en los últimos años es desigual. En junio de 2011 hacíamos referencia a la polémica contratación, por parte del departamento de Asuntos Sociales de Hong Kong, de un psiquiatra defensor de las «terapias reparadoras» de la homosexualidad para formar a los asistentes sociales. Semanas antes la policía había impedido un acto en el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia. En julio de 2011 se producía uno de los primeros tímidos avances por parte de las autoridades: la posibilidad para las parejas del mismo sexo de aquellos trabajadores extranjeros que trabajen en la excolonia británica de solicitar el visado de residencia mientras su pareja deba permanecer en su territorio. En enero de 2013, sin embargo, el Gobierno hongkonés excluía de su discurso de intenciones el iniciar un proceso de consultas para aprobar una ley contra la discriminación de las «personas de diferente orientación sexual».

La justicia hongkonesa ha proporcionado algunas conquistas adicionales. En julio de 2018, después de un proceso de más de tres años, el Tribunal de Última Apelación generalizaba la medida gubernamental de 2011 y sentenciaba que las autoridades están obligadas a conceder visados de residencia a las parejas del mismo sexo en igualdad de condiciones con las de distinto sexo. En junio de 2019, el mismo tribunal fallaba a favor de un funcionario hongkonés que había contraído matrimonio con otro hombre en Nueva Zelanda y decretaba que las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero tienen derecho a los mismos beneficios fiscales que las de distinto sexo.

Fuente Dosmanzanas

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La ex campeona, que dio su nombre a una cancha de Grand Slam de Australia, ha multiplicado los comentarios racistas y homofóbicos en los últimos meses.

Por si fuera poco su historial, la homófoba y campeona de tenis Margaret Court es ahora la cónsul honoraria de la república africana de Burundi, donde las personas LGBT+ han sido torturadas y los niños homosexuales son expulsados.

El ex número uno del mundo, el británico Andy Murray, dijo este jueves que estaba a favor de que el “Margaret Court Arena”, una de las principales canchas del Abierto de Australia en Melbourne, sea rebautizado porque la ex campeona australiana “ofendió a muchas personas ” por sus controvertidos comentarios sobre el apartheid o la homosexualidad. «Cambiarle el nombre es algo que el tenis debería considerar. No creo que sus valores sean lo que representa el tenis. Cuando llegás al Australian Open, querés concentrarte en el tenis. Y sus opiniones le restan valor a eso», destacó Murray en diálogo con el sitio Pridelife.com.

“No veo por qué alguien tiene un problema con dos personas que se quieren casar juntas. Si son dos hombres, o dos mujeres, eso es genial. No veo por qué debería eso importar. Todos deberían tener los mismos derechos“, señaló el escocés.

“Claramente ha ofendido y molestado a mucha gente durante años”, agregó el cinco veces finalista del Abierto de Australia, quien calificó de “positivo” que varios jugadores hayan hablado sobre el tema. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un cambio de nombre para la cancha, Murray dijo a favor: “Creo que esto es algo que el deporte debería considerar”.

Margaret Court, de 77 años, tiene el récord de títulos de Grand Slam de todos los tiempos con 24 trofeos. Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que “el tenis está lleno de lesbianas” y que los niños transgénero son “Obra del diablo”. Court es una de las grandes glorias del tenis femeninos, pero en los últimos años ha llamado más la atención por sus duras declaraciones homófobas.  Ahora pastora pentecostal en Perth, Australia, fue objeto de fuertes críticas por elogiar el sistema del apartheid en Sudáfrica, diciendo que “el tenis está lleno de lesbianas” y que los niños transgénero son “Obra del diablo”.“Ella ofende claramente a numerosas personas desde hace años”.

Larga lista de comentarios homófobos

Por desgracia, no es la primera vez que Court aparece en los medios por sus salidas de tono homófobas. Además de sus ataques a Navratilova, a la que siempre ha considerado “un mal ejemplo”, en 2011 ya provocó otra controversia cuando aseguró que los gais estaban “exigiendo agresivamente derechos de matrimonio que no les pertenecen“. Unas palabras que merecieron las críticas de otra leyenda del tenis (y también lesbiana) Billie Jean King.

Y en 2013, la jugadora australiana Casey Dellacqua, que tiene dos hijos con su pareja Amanda, anunció públicamente que era una madre lesbiana. Court, obsesionada con el tema, no dudó en dar su opinión y afirmó públicamente que “veo con tristeza que este bebé ha sido aparentemente privado de tener un padre” y que de seguir tachando a la “unidad familiar tradicional” de “anticuada, arcaica y ya no más necesaria o relevante” acabaremos creando “una generación sin padre“.

Ministra de una iglesia pentecostal, la ex jugadora australiana, de 77 años, elogió en su momento al régimen racista del Apartheid en Sudáfrica, dijo que los niños transgéneros son «la obra del diablo», afirmó que el tenis está «lleno de lesbianas», contó que evitaría volar en la aerolínea Qantas por su apoyo al matrimonio homosexual y respaldó a su compatriota  Israel Folau , estrella del rugby, homofóbico y ferviente evangélico.

En noviembre de 2019, Court recibió un frío homenaje por parte de la Federación Australiana de Tenis para conmemorar los 50 años de su Grand Slam (logró los cuatro grandes en 1970). Durante la silenciosa ceremonia del lunes, la que fue nombrada Homófoba del Año 2018 de Australia recibió un trofeo de otro ex jugador de tenis, Rod Laver. Sin embargo, no se le permitió dirigirse a la multitud en vivo, con un video homenaje en su lugar. El Tribunal no recibió una ovación de pie y se encontró con abucheos dispersos de la multitud, mientras que un espectador ondeó deliberadamente una bandera australiana arcoiris. Court dijo sentirse «perseguida» por sus convicciones pero aseguró que muchas personas le habían expresado su apoyo.

Navratilova y McEnroe abogaron entonces porque la Margaret Court Arena pasase a llamarse Evonne Goolagong Arena, nombre de la primera tenista aborigen en conquistar un Grand Slam.

La excampeona Martina Navratilova, abiertamente lesbiana, aseguró  que Court trata de demonizar al colectivo LGTB. “Ahora está claro lo que Court es exactamente: una jugadora de tenis increíble, y una racista y homófoba“, señaló la ex jugadora americana de origen checo, en una carta abierta. “Su vitriolo no es solo una opinión. Ella está tratando activamente de impedir que las personas LGTB obtengan los mismos derechos (nota a Court: somos seres humanos también). Está demonizando a los niños y adultos transexuales de todas partes […] Los niños sufrirán más debido a este continuo golpeo y estigmatización de nuestra comunidad LGTB“, declaró Navratilova, que ya sufrió hace años los ataques de Court. Navratilova critica que la australiana insista “con sus comentarios ridículos sobre las mujeres mayores que atraen a las jóvenes a la gira de fiestas para convertirlas en lesbianas”. “Es una buena cosa que no nombró a nadie, estoy segura de que [de lo contrario] sería demandada por difamación“, añade.

John McEnroe fue rotundo. Lo hizo a través de un vídeo satírico en el que comienza relativizando la figura de Court: “Margaret Court es una leyenda de nuestro deporte con 24 títulos de Grand Slam y 52 títulos en total. Vale, la mayoría de ellos los ganó antes de la era Open [cuando los tenistas profesionales no podían competir en los torneos del Grand Slam o en la copa Davis], pero, ¿alguien los ha contado?… 34, para ser exactos”. McEnroe recuerda también que Margaret Court perdió el primer partido de la “batalla de los sexos” contra Bobby Riggs en 1973, y que ese mismo año Billie Jean King (otra tenista lesbiana) ganó a su vez a Riggs. “Creo que sé de donde te viene todo ese odio”, se burla McEnroe…

Pero es al criticar la afirmación de Court de que el tenis está “lleno de lesbianas” cuando McEnroe se muestra más rotundo. “Margaret Court dice que el tenis está lleno de lesbianas. Bueno, tal y como yo lo veo hay tres posibilidades: número uno, que lo que dice sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número dos: que no sea cierto… ¿A quién coño le importa? Posibilidad número tres: que sea parcialmente cierto. ¿De verdad, a quién coño le importa?”, espeta.

Sobre la discusión abierta en torno a si el Margaret Court Arena de Melbourne (uno de los estadios que albergan el Open de Australia), John McEnroe tiene una propuesta alternativa: “Mantengan el nombre, pero cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo sea por fin legal en Australia, yo mismo llamaré a mi buen amigo Elton John para organizar allí la ceremonia de boda entre personas del mismo sexo más grande jamás vista”. Una solución que también a nosotros nos parece de lo más apropiada: toda esta reciente polémica, recordemos, deriva de la oposición de Margaret Court, reconvertida en pastora cristiana, a la aprobación del matrimonio igualitario en Australia.

“Una última cosa”, le dice John McEnroe a Margaret Court: “No te pongas histérica con el abrazo de del Potro a Almagro, con este llorando entre sus brazos [se refiere a lo sucedido  en Roland Garros, cuando el tenista argentino Juan Martín del Potro consoló con un abrazo a su rival, el español Nicolás Almagro, después de que este se lesionase y comenzase a llorar]. No es lo que piensas: es solo un ser humano decente consolando a un amigo desesperado. Necesitamos más de esto en estos tiempos. Ser solo un ser humano decente y comportarse de forma decente. ¿Sabes lo duro que sigue siendo hoy día, en 2017, salir del armario? Piensa un poco sobre ello”, acaba.

Las palabras de la extenista agitaron también las redes sociales y muchos amantes de este deporte han solicitado ya que la pista Margaret Court Arena sea renombrada, al no considerarla merecedora de tal honor. Tennis Australia, pese a haber dejado claro que no comparte la visión de Court, no tiene intención por el momento de modificar el nombre del estadio. La australiana, por su parte, dice sentirse “perseguida” y “acosada” por sus opiniones y comentarios. “Estamos siendo perseguidos. Nos están intimidando porque también tenemos libertad de expresión. Es muy, muy de sentido único“, apunta Court. Por el momento, la aerolínea Qantas no ha hecho ninguna declaración en torno a esta polémica.

Fuente Pridelife.com/Agencias/Cristianos Gays

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Importante sentencia de la justicia estadounidense sobre los derechos de las personas trans. La Corte de Apelaciones del 4º Circuito ha vuelto a fallar a favor de Gavin Grimm, un joven al que su instituto no permitió usar los baños de chicos. El caso se remonta a 2016, cuando las autoridades escolares llevaron a la justicia el uso por parte del alumno de las instalaciones correspondientes a su identidad de género masculina. En 2017, el Tribunal Supremo declinó pronunciarse sobre el caso, después de que la administración Trump anulara las directrices contra la discriminación en las escuelas que había aprobado su antecesor Obama. Ahora, el tribunal que dictó la sentencia inicial vuelve a dar la razón a Grimm y declara inconstitucional el reglamento que prohibía a los alumnos usar espacios distintos a los correspondientes al sexo que les fue asignado al nacer.

Recordemos el caso. Tras salir del armario como chico en 2014, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos rabiosamente LGTBfobos, convertía sin embargo en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados, varios de los cuales han promovido normas discriminatorias para obligarles a usar las instalaciones que corresponden al sexo que les fue asignado al nacer, en lugar de las que corresponden a su identidad de género.

Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que como explicamos arriba había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto del año pasado, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, quien por lo demás en la actualidad ya cursa estudios universitarios. Dos semanas después, el Consejo Escolar del condado recurrió el fallo de la magistrada.

El caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que el pasado 26 de agosto ratificaba por 2 votos a 1 que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género es inconstitucional. El tribunal considera que el reglamento del Consejo Escolar que contiene esa previsión es contrario al Título IX, que como se ha explicado prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas, así como al mandato constitucional de igualdad de trato. La Corte de Apelaciones citó en su argumentación la reciente sentencia del Tribunal Supremo que prohibió la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género. En cualquier caso, el fallo es susceptible de un nuevo recurso que podría devolver la cuestión al Supremo.

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Frederic Block

La justicia estadounidense ha suspendido una orden que pretendía despojar a las personas trans de la protección antidiscriminatoria en la sanidad. Se trata de una reforma que la administración Trump aprobó en junio y que pretendía dar vía libre a la exclusión de pacientes del sistema de salud basada en su identidad de género. El texto se enmarca en una estrategia más amplia de la administración republicana cuyo objetivo es la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. El juez federal Frederic Block decretó, un día antes de su prevista entrada en vigor, la paralización de la medida. Considera que es contraria al precedente establecido por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma de 2016 tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se pronunciaron a favor y en contra. Con la llegada al poder de la administración de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta que en junio de este año se anunció su completa abolición.

El departamento de Salud y Servicios Humanos anunció el cambio en un comunicado de prensa en el que justifica la derogación como un «retorno» al «sentido literal de la ley según se aprobó en el Congreso» y se vanagloria del ahorro en costes que supondrá. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» se entendería como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario.

La entrada en vigor de la reforma estaba prevista para el pasado 18 de agosto. Pero un día antes, un juez federal decretaba su paralización. El magistrado Frederic Block del Tribunal del Distrito Este de Nueva York consideró que la medida de la administración Trump entra en contradicción con la histórica sentencia del Tribunal Supremo, que se hizo pública también en el mes de junio, y que declaró ilegal la discriminación laboral basada en la orientación sexual o en la identidad de género. La orden del juez Block da respuesta a la demanda presentada por dos mujeres trans y paraliza la aplicación de la medida, pero no es una sentencia firme.

En el fondo del asunto se encuentra la discusión sobre el alcance de la definición de «sexo» aplicada a las normas antidiscriminatorias. Mientras que la administración Obama amplió sus límites para incluir a las personas trans, intersexuales o no binarias, la actual Casa Blanca republicana se ha fijado como objetivo la supresión de la existencia jurídica de las personas trans. En esta estrategia se enmarca la aprobación de medidas para excluir la identidad de género de las protecciones antidiscriminación que existían en el acceso al empleo, la educación, la vivienda y por último la sanidad. Una regresión que la justicia está poco a poco revirtiendo.

Fuente Dosmanzanas

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