El Gobierno de las Seychelles ha aprobado la tramitación de un proyecto de ley de reforma de su Código Penal, que eliminará la prohibición de las prácticas homosexuales masculinas, castigadas actualmente con hasta catorce años de prisión. La modificación, que debe ser aprobada por la Asamblea Nacional, lleva esperando desde que las autoridades del país insular la prometieron en el año 2011. Se espera que la despenalización tome efectos a finales de este 2016.

El consejo de ministros de las Seychelles, reunido el pasado lunes 29 de febrero, ha aprobado una iniciativa de reforma del Código Penal destinada a eliminar el artículo 151, cuyo texto es el siguiente:

Cualquier persona que:

a) Tenga conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza.

(…)

c) Permita a un varón tener conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza.

Será culpable de un delito grave, punible con pena de prisión de catorce años.

El artículo únicamente es aplicable a los varones que mantienen relaciones con personas de su mismo sexo.

El Gobierno ha encargado al fiscal general del Estado, Ronny Govinden, la redacción del texto del proyecto de ley, para que sea sometido a votación en la Asamblea Nacional en las próximas semanas, como parte del paquete de reformas propuesto por el recién elegido presidente James Michel.

Aunque el Gobierno ha explicado que las leyes penalizadoras de la homosexualidad apenas si se habían aplicado en la práctica, su mera existencia era una espada de Damocles para los homosexuales. Ello repercutía en que fueran frecuentes víctimas de abusos policiales y chantajes, además de suponer un perjuicio para la defensa de los derechos de los homosexuales ante la opinión pública. Por ello, el presidente Michel ha afirmado que la reforma hará que “todas las personas estén libres de discriminación a todos los niveles”.

La despenalización de la homosexualidad masculina, según fuentes gubernamentales, sería además una consecuencia lógica de la adhesión de las Seychelles a tratados internacionales, como la Declaración de Derechos Humanos, que prohíbe toda discriminación. Según el fiscal Govinden, “es una prioridad para el país, dado que las Seychelles participan en convenciones internacionales… nos enfrentamos a presiones de otros países que nos piden que eliminemos esta ley”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Barry Faure, aclaraba de dónde partían algunas de esas presiones: “Las Seychelles se comprometieron en 2011 a revisar la ley sobre la homosexualidad y aún no se había hecho, por lo que el Reino Unido nos ha interpelado, afirmando que no hemos hecho progresos en este asunto”. Las Seychelles forman parte de la Commonwealth, y sus leyes contra la homosexualidad, como ocurre en muchos de los países pertenecientes a esa mancomunidad, provienen de la herencia colonial británica. En el caso del archipiélago africano, fueron introducidas en 1955, cuando las Seychelles aún eran una colonia.

Según la previsión del Gobierno, la tramitación parlamentaria del proyecto de ley hará que sus efectos no tengan lugar hasta finales de este 2016. En todo caso, se ha rehusado la convocatoria de un referéndum al respecto, pues, según el fiscal Govinden, “se trata de una simple enmienda al Código Penal, que puede ser llevada a cabo por la Asamblea Nacional y así evitar conflictos. Con esta modificación se concluirá por despenalizar la homosexualidad en las Seychelles”.

Muthoni Wanyei, el Director Regional de Amnistía Internacional en África oriental, ha querido recalcar el enorme paso hacia delante que se ha dado con la aprobación de esta medida:

A pesar de las Seychelles no han procesado a nadie, leyes como esto abre los miembros de la comunidad gay a la extorsión. A menudo oímos cuentos de hombres que son atraídos hacia una relación sexual y luego de ser amenazado. La jugada de las Seychelles se espera inspirar a otros. Esto le dará a la comunidad gay de apalancamiento, es otro ejemplo de un estado africano siendo progresiva en estos temas y seguir adelante.”

Las Seychelles, además, forman parte de los contados países africanos que cuentan con una legislación contra la discriminación laboral basada en la orientación sexual, junto a Botsuana, Cabo Verde, Mozambique, Sudáfrica y las islas Mauricio.

Cuando la reforma del Código Penal tenga efectos, las Seychelles se unirán a Mozambique, que lo hizo el pasado 2015, en ser uno de los pocos países africanos que han despenalizado la homosexualidad recientemente. También dejará de formar parte de las infame lista de 79 y territorios del mundo que siguen castigando las relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas/Chueca

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La realidad es tozuda y acaba por abrirse camino. Pocos días después de que el Gobierno italiano aceptase eliminar la stepchild adoption como única forma de que el proyecto de uniones civiles entre parejas del mismo sexo sobreviviese en su paso por el Senado, un tribunal de menores de Roma ha autorizado una adopción “cruzada” en el seno de una pareja de mujeres. Precisamente lo que el Senado acaba de negar… concedido por la justicia por partida doble. 

Cada una de las dos mujeres de la pareja es madre de una niña, en los dos casos recurriendo a reproducción asistida en Dinamarca. Las dos niñas tienen ya 4 y 8 años. Pero no ha sido hasta ahora cuando gracias a un recurso de la abogada Francesca Quarato, miembro de los colectivos Rete Lenford y Famiglie Arcobaleno, un tribunal de menores de Roma ha concedido la adopción de cada una de las niñas a su madre no biológica. De esta forma, ambas madres ven reconocidos legalmente sus derechos parentales sobre las dos menores.

Aunque se trata del primer caso en el que la justicia italiana reconoce una adopción “cruzada”, no es sin embargo el primer caso de stepchild adoption (término anglosajón que los italianos ha adoptado para designar la posibilidad de que, en el seno de una pareja del mismo sexo, uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro de la pareja). De hecho, el pasado diciembre un tribunal de apelaciones de Roma confirmaba la sentencia que año y medio antes había emitido un tribunal de menores de la capital italiana, y que por primera vez avalaba que una mujer pudiese adoptar a la hija biológica de su pareja del mismo sexo (ya en su momento recogimos la que entonces fue histórica sentencia. La pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero que no ha trascendido, donde también contrajeron matrimonio. Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica).

El caso abrió en su momento un camino que otros tribunales italianos ya están siguiendo. En enero de 2015, por ejemplo, era un tribunal de apelaciones de Turín el que reconocía los derechos de parentalidad de otra pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona, cuyo registro civil reconoce al niño como hijo de ambas. Y en diciembre otro tribunal de apelaciones, esta vez en Milán, reconocía como válida la adopción concedida en España a una mujer italiana que adoptó a la hija biológica de su pareja. La historia de esta pareja es bastante similar a la anterior: se casaron (luego se divorciaron) y tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en España, aunque en este caso ambas mujeres son italianas. Aún así, el tribunal considera que el procedimiento de adopción en España debe ser reconocido en Italia.

Italia: una justicia por delante de su clase política

Todas estas sentencias tienen lugar mientras la clase política italiana se muestra incapaz de aprobar una ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo que reconozca, aunque sea de forma limitada, a las familias homoparentales. La aprobación del proyecto en el Senado ha dejado, de hecho, al colectivo LGTB italiano con una sensación agridulce… tirando a agria. Si bien es cierto que supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, a la que se le supone una mayor hostilidad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, la habían adelantado ya), lo sucedido demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un primer ministro (Matteo Renzi) más preocupado de mantener unido a su partido, el Partido Democrático, o un Movimiento 5 Estrellas más preocupado de dejar en evidencia la división interna de los de Renzi que de reconocer los derechos de las familias homoparentales.

Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos.

Fuente Dosmanzanas

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Lamentable la discriminación laboral a la que se ha tenido que enfrentar Georgia Carter, una mujer trans de 27 años. En un transcurso de tiempo inferior a una hora, Carter fue contratada y despedida. Al revisar su documentación, el mismo encargado que la había contratado le preguntó por el género que figuraba en su carné de conducir (que todavía no se corresponde con su auténtica identidad de género). Cuando la joven le dijo que era una mujer trans fue automáticamente despedida.

“Soy una miembro activa de la sociedad”. Eso pensó para sí misma Georgia Carter cuando consiguió trabajo en un restaurante KFC de Virginia (en los Estados Unidos). “Me sentí tan feliz”, confiesa esta mujer. Según ha relatado la propia afectada, el encargado del establecimiento que la entrevistó no le preguntó en un primer momento sobre su identidad de género. “Tienes el trabajo. Voy a empezar contigo pagándote 7,50 dólares la hora. Mañana practicaremos con el ordenador”. Con este mensaje, entusiasmada, la joven llamó a su novio para decirle que lo había conseguido.

Pero la alegría inicial, desgraciadamente, duró poco. “Mi supervisor y yo tenemos un problema, ya que en tu licencia dice ‘hombre’, pero eres…” , requerimiento al que Georgia Carter contestó con naturalidad: “soy una mujer transexual” (aunque su licencia no reflejara su auténtica identidad de género). La reacción posterior, en un breve lapso de tiempo, no hace sino poner de manifiesto la desinformación y los estereotipos sociales que acaban derivando en discriminación. “Oh, no te podemos contratar porque no sabemos qué baño puedes utilizar”. Algunos medios especializados como Planet Transgender apuntan que “rechazar a Carter por estos motivos podría violar el título VII”. Se refieren al apartado de la Ley de Derechos Civiles de los EEUU, de 1964, que aborda la igualdad de oportunidades en el empleo y la no discriminación.

¿Falta de reacción o incoherencia con sus propias políticas?

El silencio de KFC, que no se ha pronunciado sobre el fulminante despido basado en argumentos discriminatorios y tránsfobos, choca con la propia política laboral que defiende con ahínco la cadena en sus redes sociales y en su propia web corporativa. En la versión en español de su web de los Estados Unidos, el gigante del pollo defiende que “para KFC la diversidad es mucho más que una filosofía, es parte de nuestros principios básicos de trabajo en equipo”. Desde luego, viendo la falta de reacción de KFC ante este caso, parece una mera declaración de buenas intenciones que quedan en papel mojado.

Las sonrojantes declaraciones del encargado, tras ser preguntado por los medios, no hacen sino poner en evidencia su propia ignorancia: “si cambia su género en su carné reconsideraremos su solicitud”.

En el siguiente vídeo (en inglés), Georgia Carter explica en su propia boca lo ocurrido:

En otro orden de asuntos, la cadena KFC lleva tiempo instalada en la polémica a cuenta del tratamiento y condiciones de vida y de sacrificio de los pollos con los que prepara sus menús. La organización animalista PETA lanzó en 2003 una campaña para denunciar una “crueldad contra los animales que no se puede tolerar”. Desde entonces, se han registrado más de 12.000 protestas frente a restaurantes de todo Estados Unidos.

ACTUALIZACIÓN (02/03/16, a las 15 h)

A raíz de la viralización de la noticia y de sus posibles repercusiones en el negocio, KFC abandona su silencio inicial (distintos medios estadounidenses hicieron constar que no habían recibido una respuesta oficial cuando contactaron con las oficinas centrales) y a través de un tuit contesta que “no tolerará la discriminación. El franquiciado ha despedido a este gerente y a la señora Carter se le ha ofrecido un trabajo en cualquier otro KFC de Richmond” (capital del estado de Virginia). En el momento en el que se redactó la noticia, la cadena no había publicado todavía nada al respecto. Este es el tuit de KFC:

Virginia Woman Claims KFC Fired Her for Being #Transgender https://t.co/PKwteNIhKN pic.twitter.com/hclXieLH1e

— Los Angeles LGBT Ctr (@LALGBTCenter) 1 de marzo de 2016

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La comunidad gay representa una “amenaza” y para combatirla hay que utilizar “técnicas de guerra moderna” insistió esta semana el ministro de Defensa Ryamizard Ryacudu.

La homosexualidad es un tema tabú en Indonesia, país musulmán más poblado del mundo.

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Los ciudadanos suizos han votado negativamente, aunque por un estrechísimo margen del 50,8 % frente al 49,2 %, a una reforma de la definición constitucional del matrimonio que hubiera supuesto la exclusión del mismo para las parejas del mismo sexo. La reforma LGTBfoba, sin embargo, se escondía bajo el velo de una rutinaria y aparentemente inocua cuestión fiscal, en un ardid del Partido Demócrata Cristiano que finalmente no le ha dado los frutos deseados. El proyecto de ley de matrimonio igualitario, presentado hace un año, puede proseguir su andadura parlamentaria sin el escollo de tener que derribar una barrera constitucional.

La iniciativa del Partido Demócrata Cristiano (PDC, o CVP según sus siglas alemanas) bajo el título Für Ehe und Familie – Gegen die Heiratsstrafe, pretendía excluir de la institución matrimonial a las personas homosexuales a través de una argucia semántica y estaba encaminada originariamente a eliminar lo que consideraban una discriminación fiscal de algunos –no todos–  matrimonios en Suiza, que deben pagar más impuestos que las parejas no casadas que se encuentran en una situación similar. El objetivo de los democristianos era, pretendidamente, acabar con lo que denominaban “multa matrimonial”. Pero en la redacción de la propuesta de reforma constitucional que titularon “Para el matrimonio y la familia – contra la multa matrimonial”, se introdujo también una definición excluyente del matrimonio.

La reforma implicaba una nueva redacción del artículo 14 de la Constitución suiza, que actualmente reza así: “Se garantizan los derechos al matrimonio y a la familia”. Con la redacción propuesta por el PDC, se hubiera añadido al mismo artículo el siguiente texto: “El matrimonio es la relación a largo plazo y legalmente regulada entre hombre y mujer. A efectos fiscales, es una comunidad económica. No puede ser penalizado respecto a otros modelos de vida, especialmente en materia fiscal y de seguridad social”.

Los activistas LGTB suizos reprobaron lo que consideraban una redacción engañosa del texto de la consulta. La campaña del PDC y el título de la iniciativa hacían hincapié en terminar con una discriminación (la fiscal), mientras que la discriminación LGTBfoba de la medida quedaba oculta si no se leía la literalidad de la reforma constitucional propuesta.

De haber obtenido la victoria, el matrimonio excluyente hubiera quedado blindado a nivel constitucional y solo una nueva reforma de la Carta Magna en un futuro podría haber abierto ese derecho a las parejas del mismo sexo. Suiza se hubiera convertido en el primer país de Europa occidental en prohibir el matrimonio igualitario en su Constitución, a semejanza de la situación en la que se encuentran varios países de Europa central y oriental como Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Sin embargo, los ciudadanos suizos (en contra, por cierto, de lo que aventuraban las encuestas) han rechazado la reforma de la definición del matrimonio, en una votación que ha formado parte del conjunto de referéndums celebrados este 28 de febrero. Aunque la iniciativa ha logrado ser aprobada en la mayoría de los cantones, el conjunto de los votos negativos ha supuesto un 50,8 % del total de los participantes, frente a un 49,2 % de votos favorables. Para ser aprobada, la reforma debía contar con una mayoría favorable tanto en votos globales como en cantones, por lo que ha sido finalmente rechazada. En realidad, el conjunto de la ciudadanía ha votado en el mismo sentido que lo hicieron ambas cámaras del Parlamento, que rechazaron mayoritariamente la medida, aunque eso no evitó la convocatoria de la consulta popular.

Queda así allanado el camino para la iniciativa de matrimonio igualitario, cuya tramitación parlamentaria comenzó en febrero de 2015. El “Matrimonio civil para todos” recibió entonces el visto bueno de la Comisión de Derechos del Consejo Nacional (la cámara baja del Parlamento suizo) por doce votos a favor frente a nueve en contra y una abstención. El pasado septiembre de 2015, el proyecto superaba otro trámite, al recibir el visto bueno del órgano equivalente en el Consejo de los Estados, la cámara alta. De superar la tramitación parlamentaria, la iniciativa deberá someterse a referéndum, por suponer también una reforma constitucional.

Fuente Dosmanzanas

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Ivan Kravistin es un joven ruso de 26 años que sufrió el ataque violento de un compatriota a quien le disgustó su apariencia de “maricón”. Pero Ivan no se resigna a ser una víctima, y ha defendido en las redes sociales su derecho a vivir su vida libremente, sin tener que ocultar su orientación sexual, ni recluirse para encontrar un refugio más seguro. Según sus palabras, ”si te sometes a los homófobos, si te encierras en el armario, no estarás viviendo plenamente”.

El pasado 24 de febrero, Ivan Kravistin hacía sus compras en un supermercado de Syzran, una localidad de unos 180.000 habitantes situada a 900 kilómetros al este de Moscú. Cuando se disponía a salir del local, le bloqueó el paso un hombre de gran estatura y corpulencia, que le preguntó si era “maricón”, pues Ivan lleva el pelo teñido de azul y las uñas pintadas.

El energúmeno continuó espetándole todo tipo de insultos homófobos, mientras empezaba a golpearle con saña en la cara y en el cuerpo. Un viandante intentó detenerle, diciendo que a él tampoco le gustaban los gais, pero que no creía que hubiera que golpearles así. Finalmente, acudió la Policía, que detuvo al agresor bajo el cargo de “gamberrismo”. Por supuesto, no hubo intención de considerarlo un crimen de odio.

Ivan fue conducido al hospital, donde se le diagnosticó una conmoción, además de grandes hematomas en cuerpo y rostro. Finalmente, fue dado de alta para que terminase su recuperación en su domicilio.

Una vez allí, Ivan decidió compartir su dolorosa experiencia en la red social Vkontakte, la más popular de Rusia y semejante en formato a Facebook, para que sirviera como denuncia. Allí además publicó unas fotografías en las que se podían comprobar las huellas de la agresión. Sin embargo, muchos de los comentaristas le instaron a que fuera más discreto e intentara pasar desapercibido, que dejara de teñirse el pelo y de hablar de los derechos de los gais, para así evitar más agresiones e insultos en el futuro. Pero Ivan se ha negado a cumplir con ese papel de víctima, dando la siguiente respuesta a quienes le recomendaban discreción y ocultamiento:

Según algunos, tengo que dejar de hablar de los derechos de los homosexuales y aceptar la realidad de que, como norma, los homosexuales nunca serán aceptados en Syzran y en Rusia. Vive para ti mismo, a puerta cerrada, con un novio, y todo irá bien. Si yo no fuera “buscando problemas”, mi vida sería un cuento de hadas. Pero ese “felices para siempre” es una mentira. Si te sometes a los homófobos, si vuelves al armario, no estarás viviendo plenamente. Yo puedo tener rota la cara, pero tú tienes rota la vida.

Si debo elegir entre vivir una vida plena y breve o una vida lenta y dolorosa encerrado en el armario, elijo lo primero. Piensa lo quieras sobre la homosexualidad, pero yo no me merezco esto. Nadie se merece esto. No voy a permitir que me obliguen a volver de nuevo al armario, porque esta es la razón por la que salí en su día: la gente necesita saber que existimos.

La absoluta desprotección de la comunidad LGTB rusa

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La ley se someterá a votación en el Congreso en dos meses

El texto mantiene el requisito de ayuda recíproca moral y material, la pensión de supervivencia, el permiso de residencia para el cónyuge extranjero y también la posibilidad de adquirir el apellido del compañero.

Sin embargo elimina la obligación de fidelidad, un tema emblemático para las asociaciones de defensa de los homosexuales.

La califican una “versión descafeinada” del matrimonio igualitario porque deja fuera el aspecto más controvertido, la posibilidad de adopción de los hijos naturales de uno de los miembros de la pareja pero no deja de ser un hito en un país donde la opinión del Estado Vaticano cuenta y mucho. Al final el primer ministro, Matteo Renzi, ha optado por someter el texto a una moción de confianza, que ha salido adelante con el voto favorable de 173 senadores, mientras que otros 71 han votado en contra. Los representantes del Movimiento Cinco Estrellas han abandonado la sala antes de la votación. De haber salido mal, Renzi se hubiera visto obligado a dimitir, después del acuerdo cerrado este miércoles entre el Partido Democrático, al que pertenece, y Nuevo Centro Derecha (NCD), su principal socio de coalición. El texto deberá ser votado ahora en la Cámara de Diputados.

El primer ministro italiano, Matteo Renzi, aceptaba descafeinar la propuesta de ley de uniones civiles como única forma de desatascar su aprobación por el Senado y superar la división interna de su propio partido. Finalmente ha sido retirada la “stepchild adoption”, es decir, la posibilidad de que en el seno de una pareja del mismo sexo uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro. Renzi también ha aceptado modificar algunos aspectos “simbólicos” para acentuar las diferencias entre uniones civiles y matrimonio. El proyecto ha sido aprobado finalmente por 173 votos a favor y 71 en contra. Ahora debe ser discutido por la Cámara de Diputados, donde no se esperan sorpresas.

La aprobación de una ley que reconozca las parejas del mismo sexo en Italia está siendo especialmente largo y trabajoso, y eso que ni siquiera estamos hablando de una ley de matrimonio igualitario, posibilidad a día de hoy imposible en Italia, el país de Europa occidental en el que la Iglesia católica sigue conservando una mayor influencia. Como en entradas anteriores hemos detallado, la propuesta que inicialmente estaba sobre la mesa era la presentada por la senadora Monica Cirinnà en junio de 2014, que reconocía a las parejas del mismo sexo derechos civiles, patrimoniales y sociales similares a los del matrimonio, aunque no la adopción conjunta. Como gran paso adelante, sin embargo, sí que permitía, bajo ciertas circunstancias, la adopción por parte de uno de los miembros de la pareja de los hijos que ya tenga el otro miembro de la pareja (bautizada en Italia con el anglicismo stepchild adoption).

La tramitación del proyecto, sin embargo, no se aceleró hasta después del histórico referéndum irlandés sobre el matrimonio igualitario, cuando el primer ministro Renzi (Partido Democrático, PD) declaró que “las uniones civiles no pueden retrasarse más”. Curiosamente, el propio Renzi era el que había actuado hasta entonces como freno al proyecto, pese a que el Parlamento salido de las elecciones de 2013 no debería haber tenido, de acuerdo a las posiciones defendidas por los partidos en ese momento, especiales dificultades para aprobarlo. El proyecto recibía por fin la aprobación de la Comisión de Justicia del Senado en mayo pasado, aunque finalmente no ha llegado al pleno del Senado hasta ya bien entrado 2016.

En todo este tiempo, Renzi ha intentado sin éxito llegar a un acuerdo con su socio principal de gobierno, el Nuevo Centro Derecha de Angelino Alfano (actual ministro del Interior), que rechazaba el proyecto de Cirinnà y prefería una regulación de menor nivel que no contemple la stepchild adoption. Renzi, cuya primera y más importante dificultad era la división interna en su propio partido (una amalgama de democristianos, centristas, socialdemócratas y socialistas, y cuyo sector católico sigue siendo especialmente influyente), se vio finalmente abocado a dejar de lado a Alfano y confiar en que a una supuesta mayoría de parlamentarios del PD se sumasen diversas fuerzas menores de izquierda y sobre todo el Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo (M5S), que se había mostrado a favor del proyecto. Pero no fue suficiente. El M5S se negó a validar la denominada “enmienda supercanguro”, un procedimiento parlamentario abreviado que tiene como objeto rechazar de un plumazo y sin discusión numerosas enmiendas menores, al que ese partido se opone por principio. Ello abocaba a un proceso de discusión más prolijo, y lo que en último término es lo importante, acentuaba la división interna entre los senadores del PD, a los que Renzi pensaba dejar libertad de voto por lo que a la stepchild adoption se refiere. El propio M5S había decidido también, después de las recientes y masivas movilizaciones populares tanto a favor como en contra del proyecto, dar libertad de voto a sus senadores en lo referente a este punto.

La discusión quedaba así suspendida mientras partidarios y detractores reagrupaban sus fuerzas. Matteo Renzi, sin embargo, no ha querido dejar pasar más tiempo, y esta misma semana daba su brazo a torcer y aceptaba descaifenar el proyecto en el sentido en el que le reclamaban tanto el sector católico de su partido como la derecha. La senadora Laura Cantini, del PD, plasmaba la reforma en una “maxienmienda” que contaba por el fin con el visto bueno mayoritario de la cámara y que recibía 173 votos favorables y 71 contrarios (los senadores del M5S prefirieron abandonar la votación en señal de protesta por el giro de los de Renzi).

Ahora el proyecto debe recibir el visto bueno de la Cámara de Diputados, donde Renzi dispone de un margen más cómodo que en el Senado, y donde en principio no se esperan modificaciones significativas del texto.

Fuera, la stepchild adoption y la “obligación de fidelidad”

La aprobación del proyecto en el Senado deja al colectivo LGTB italiano con una sensación agridulce. Por un lado, supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo (hasta Chipre o Grecia, dos países de tradición ortodoxa, a la que se le supone una mayor hostilidad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo, la habían adelantado ya). Por otro, lo sucedido estas últimas semanas en el Senado demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un Renzi más preocupado de mantener unido a su partido o un M5S más preocupado de dejar en evidencia dicha división interna que de los derechos de las familias homoparentales, que siguen estando desprotegidos.

Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos. Y es que los jueces italianos, salvo excepciones, se están mostrando más sensibles que la clase política de ese país hacia la realidad familiar de las personas LGTB. La propia stepchild adoption, por ejemplo, ha sido ya reconocida por los tribunales en el caso de una pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, que tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero, donde también contrajeron matrimonio (no reconocido en Italia). Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica.

Un detalle quizá menor para algunos pero especialmente simbólico, y que deja bien claro el afán de los senadores homófobos por dejar su impronta en el proyecto, ha sido la supresión de la “obligación de fidelidad” que, del mismo modo que la ley italiana exige a las parejas casadas, el proyecto inicial de Cirinnà exigía a las parejas del mismo sexo unidas civilmente. Por curioso que parezca, se trataba de un aspecto que había sido especialmente criticado por los contrarios al proyecto porque en su opinión hacía prácticamente indistinguible a esta institución de la del matrimonio. Eliminarlo supone, en cierto modo, oficializar que la relación afectiva que se le supone a dos personas del mismo sexo unidas civilmente es de peor calidad que la que se le supone a una pareja de distinto sexo casada.

Tras la aprobación del texto en la Cámara alta, la senadora Cirinná ha sido ovacionada por los miembros del Partido Demócrata, a pesar de que el texto aprobado parece no contentar ni al movimiento activista LGTBI ni a los sectores ultracatólicos y conservadores.

El ministro del Interior y líder de NCD, Angelino Alfano, ha celebrado este jueves desde Bruselas el acuerdo alcanzado. “Ha sido un bonito regalo a Italia haber impedido que dos personas del mismo sexo, algo que impide la naturaleza, tuvieran la posibilidad de tener un hijo. Hemos impedido una revolución contra natura y antropológica, creo que ha sido un resultado nuestro “, ha comentado en unas declaraciones que no han sido bien recibidas en las filas del PD.

“Creo que debería prevalecer el buen sentido también en las declaraciones. El regalo a Italia es decir que no hay ciudadanos de clase B. Y esta ley va en la dirección justa”, ha subrayado la ministra para las Reformas, Maria Elena Boschi.

Grupos católicos y conservadores insistían en que “un niño debe tener un papá y una mamá”. Si una pareja del mismo sexo desea adoptar, ahora no le quedará otro remedio que recurrir a los tribunales. Tal vez allí encontrará alguna puerta abierta.

Italia es el único país de la Europa Occidental que se encontraba en esta situación de limbo jurídico de las parejas del mismo sexo. El documento de ley lleva el nombre de la senadora del Partido Democrático que lo impulsó, Monica Cirinnà.

Las modificaciones introducidas en el proyecto de ley han tenido como principal objetivo hacer el texto digerible para la formación conservadora Nuevo Centroderecha, liderada por el ministro de Interior, Angelino Alfano. Éste aclaró que su partido “no rechaza los derechos de los homosexuales, aunque sí es contrario a las adopciones y a la equiparación de sus uniones con el matrimonio”.

En definitiva, y como la propia ILGA Europe ha reconocido en un comunicado, un paso adelante que es bienvenido pero que se demuestra insuficiente.

Fuente Agencias, Dosmanzanas, Cáscara Amarga, Chueca.com, Ragap

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Angelino Alfano, Discriminación, Homofobia, ILGA, Italia, Laura Cantini, Maria Elena Boschi, Matteo Renzi, Monica Cirinnà, Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Nuevo Centro Derecha, Partido Democrático, Uniones Civiles

Triste historia la que ha sucedido en Chile, donde Vladimir Urrutia ve desesperado como la madre del que fue su pareja (hoy fallecido) y que nunca aceptó la relación de su hijo con otro hombre, quiere que sus restos sean exhumados para que no reposen en una tumba propiedad de Urrutia, que ya con anterioridad fue despojado de bienes comunes e incluso de varias mascotas que compartían. Urrutia y Rodrigo Moreno fueron pareja durante doce años, hasta la muerte de este último.

Rodrigo Moreno falleció el 5 de octubre de 2014, por lo que la pareja no tuvo oportunidad de contraer una unión civil (algo que no pudo comenzar a ser posible hasta un año después). “Estamos en presencia de una situación tan injusta, como dolorosa, pues Moreno falleció el 5 de octubre del 2014, no alcanzando la pareja a formalizar su vínculo con el Acuerdo de Unión Civil, que entró en vigencia un año más tarde. Ello dejó en la completa desprotección jurídica a Urrutia, pues además de ser despojado de los bienes que adquirió conjuntamente con su pareja, hoy podría ser apartado de los restos de su amado”, ha indicado el portavoz del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) en la región del Biobío, Esteban Guzmán.

Esta organización está asesorando a Urrutia, que además de la muerte de Moreno se ha tenido que enfrentar a la inquina de la madre de este, Elba Rodríguez. “La familia de mi novio, que nunca aceptó nuestra relación, me ha quitado todo lo que ha podido; cuadros, ropa, muebles, incluso a mis cuatro perros. Cuando falleció Rodrigo, le pusieron un candado y una cadena a la puerta. Por sanidad mental, unos amigos y vecinos embalaron algunas cosas y las llevaron a un departamento donde estuve por más de un año. Viví sin cocina, sin muebles, sin mesa, sin sillas, afectado por una profunda depresión y dos intentos de suicidio. Pensé que lo peor había pasado, pero ahora me entero que quieren exhumar el cuerpo”, expresa Urrutia con un profundo dolor. Se da además la circunstancia de que durante los últimos tres años de la vida de Moreno tanto su madre como su su abuelo vivieron con la pareja, que los cuidó pese a que, según cuenta Urrutia, “nunca nos aceptaron y debíamos reprimir nuestros afectos”. Incluso llegaban a contar ante desconocidos que eran hermanos, y no pareja, “para que su madre se quedara tranquila, pero no sé si estos gestos ella los valoró alguna vez”.

Para rematar el dolor de Urrutia, el pasado 8 de febrero Elba González presentó contra él un recurso ante la Corte de Apelaciones de Concepción por negarse a la exhumación del cuerpo, enterrado en una tumba -esta sí- propiedad de su yerno. La acción también fue cursada contra el Cementerio Parque Santa María de Los Ángeles, que tampoco ha autorizado la exhumación.

Elba González argumenta a su favor que el 23 de abril del 2015 la Oficina Provincial de la Secretaría Regional Ministerial de Salud del Biobío autorizó la exhumación de su hijo. Pero según revela Esteban Guzmán, en todas sus actuaciones  ha omitido que el propietario de la tumba era su pareja, con la que había convivido por más de una década. “Es una situación dramática”, opina el portavoz del MOVILH. “Es un caso difícil, pues si bien la justicia está sin duda del lado de Urrutia, nuestras leyes no reconocen derechos de convivientes para efectos de sepultura o exhumación. Por ello, junto a la asesoría legal, estamos gestionando una reunión con la Seremi de Salud par evaluar los mejores pasos a seguir. Urrutia, no merece sufrir más y esperamos que el Estado se haga cargo de ello”, añade.

Estaremos atentos a lo que suceda finalmente. En cualquier caso, desde la distancia trasladamos a Vladimir Urrutia todo nuestro cariño y solidaridad.

Fuente MOVILH y Dosmanzanas

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La vista de apelación contra la suspensión cautelar de las actividades de la asociación LGTB tunecina Shams ha resultado exitosa. El Tribunal de Primera Instancia ha fallado a su favor y ha dictado que la asociación puede continuar con su actividad como organización no gubernamental, pues sus estatutos se ajustan adecuadamente a la ley. De esta manera, Shams podrá continuar con su lucha por la derogación del artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con penas de hasta tres años de prisión.

La suspensión durante 30 días de la actividad de “Shams“, forzada por algunos miembros del Gobierno y del Parlamento, fue decretada el pasado 4 de enero por un tribunal de primera instancia tunecino.

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Las autoridades de inmigración de Lituania han denegado el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. La decisión del Ministerio del Interior lituano contraviene abiertamente la directiva 2004/38 de la Unión Europea, que consagra el derecho de los nacionales de países de la Unión Europea y sus familiares a residir libremente en cualquier país de la Unión.

Es más, dado que no existía precedente respecto a la concesión de permisos de residencia a cónyuges del mismo sexo de nacionales de la Unión Europea que quisieran residir en Lituania, el Departamento de Migraciones de ese país consultó antes al Departamento de Leyes Europeas (dependiente del Ministerio de Justicia) y este consideró que el ciudadano bielorruso sí tenía derecho al permiso de residencia, con independencia de que Lituania no reconozca el matrimonio igualitario. “Carece de sentido denegar el derecho de residencia al cónyuge de un ciudadano de la Unión Europea cuando el matrimonio ha tenido lugar de acuerdo a las normas específicas de un estado miembro y es reconocido por 13 países europeos”, expresaba el informe del Ministerio de Justicia, que alertaba de que denegar el permiso podría ser considerado una violación del derecho de libre circulación, unos de los principios fundamentales de la Unión Europea.

El Departamento lituano de Migraciones, dirigido por Evelina Gudžinskaitė, prefirió sin embargo seguir el criterio del Ministerio del Interior, que consideró lisa y llanamente que el matrimonio entre personas del mismo sexo está prohibido en Lituania y que por tanto no debía concederse el permiso.

Ya en 2012 el Parlamento Europeo insistió sobre la materia

En esta misma página, en abril de 2012, hacíamos referencia a un informe aprobado por el Parlamento Europeo sobre el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos a lo largo y ancho de la Unión Europea. Por lo que a las parejas del mismo sexo se refiere, el pronunciamiento del Parlamento Europeo dejaba claro que los estados miembros deben asegurar la libertad de movimientos para todos los ciudadanos y sus familias sin discriminarlos por razones de orientación sexual o identidad de género, y que los derechos reconocidos por la directiva europea sobre libre circulación de personas deben considerarse también de aplicación a las parejas de hecho, uniones civiles y matrimonios entre personas del mismo sexo.

La alusión explícita a las parejas del mismo sexo fue introducida en forma de enmienda gracias al voto de una mayoría de europarlamentarios, debido precisamente al conocimiento de los obstáculos a la libre circulación a los que se enfrentan los ciudadanos europeos por razones de orientación sexual. Desde España no está de más recordar que entonces votaron en contra de introducir esta enmienda 17 eurodiputados del PP, además de uno de Unió Democràtica de Catalunya. Como nota positiva destacó la eurodiputada popular Pilar Ayuso, que se desmarcó de sus compañeros y votó a favor de la enmienda.

Lituania, un estado hostil a las personas LGTB

Desde la Liga Gay Lituana (LGL) han expresado su preocupación por lo que consideran un nuevo episodio discriminatorio por razón de orientación sexual. Lo cierto es que Lituania lleva un tiempo avanzando de manera preocupante hacia posiciones cada vez más intransigentes con la realidad LGTB, y de ello hemos dado cuenta en dosmanzanas. En octubre de 2010 entró en vigor la reforma que prohíbe la “manifestación y promoción” de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de “de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública” con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra LGL, a la que acusaba de “jugar con fuego” con “provocaciones” que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de “excéntrica” la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

La última noticia que recogíamos sobre Lituania, en noviembre de 2015, tenía un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada “propaganda homosexual” similar a la vigente en Rusia. La propuesta sigue viva, no obstante, y los activistas LGTB temen que pueda ser votada en cualquier otro momento en el que la presión europea se relaje aún más.

Fuente Dosmanzanas

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El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, ha promulgado finalmente la ley que permite la adopción homoparental, después de que el Parlamento levantara el veto que él mismo le había impuesto. Cavaco Silvia ha esperado hasta el último día del plazo establecido por la ley para cumplir con su obligación constitucional, permitiendo de esta manera que Portugal deje de ser el único país que había otorgado a sus ciudadanos el derecho al matrimonio igualitario, pero impedía la adopción a las parejas del mismo sexo.

Después de que el pasado 10 de febrero la Asamblea de la República de Portugal levantara el veto presidencial a la ley que permite la adopción homoparental, el jefe de Estado en funciones y responsable del veto, el presidente Aníbal Cavaco Silva, disponía de un plazo de ocho días para promulgarla. En esos ocho días, el gabinete de prensa del presidente se negó reiteradamente a dar información alguna al respecto.

Dado que el ordenamiento jurídico portugués no contempla sanción alguna para el “veto de cajón” (el hecho de dejar aparcada indefinidamente una ley aprobada sin promulgarla), se temía un último acto de insumisión y de LGTBfobia por parte de Cavaco Silva, y que dejara que quien cumpliera con el deber constitucional de la promulgación fuera el presidente electo, Marcelo Rebelo de Sousa, que tomará posesión del cargo el próximo 9 de marzo.

Sin embargo, el pasado viernes, el gabinete de Presidencia comunicaba que “la ley ha sido promulgada el jueves 18 de febrero, dentro de los plazos constitucionales, como siempre ocurre”. Cavaco Silva se ha visto obligado, por tanto, a respaldar con su firma como jefe de Estado una ley que vetó el pasado 23 enero, tras ser aprobada por el Parlamento el 20 de diciembre de 2015. Se trataba, además, de su última decisión como presidente de Portugal, en un acto que simbolizaba a la perfección la profunda LGTBfobia de que ha hecho gala durante toda su carrera política.

Isabel Fiadeiro Advirta, presidenta de ILGA-Portugal, se ha congratulado de la promulgación, y ha declarado que “Cavaco ha demorado, pospuesto y aplazado todo lo que ha podido, haciendo esperar a las familias, a los niños, pero la promulgación era inevitable. Pero ya está. Las parejas casadas del mismo sexo que tienen niños a la espera de la coadopción, ya pueden hacerlo; y también se podrá adoptar. Son buenas noticias”. Portugal deja así de ser el único país que había legalizado el matrimonio igualitario pero impedía la adopción homoparental.

Un largo periplo hasta la aprobación

La ley portuguesa de matrimonio igualitario fue aprobada en 2010, pero incluyendo una cláusula discriminatoria que impedía optar a la adopción, y ello pese a que las personas homosexuales solteras sí pueden adoptar. De esa manera, Portugal era el único país de Europa con matrimonio igualitario pero sin adopción homoparental.

La limitación fue impuesta por el entonces gobernante Partido Socialista (PS) contra el criterio de otros grupos de izquierda, y muchos la consideraron inconstitucional, dado que la Constitución de Portugal es una de las pocas del mundo que recoge de forma expresa la no discriminación por razones de orientación sexual. De hecho, aunque la ley fue sometida a revisión por el Tribunal Constitucional portugués por iniciativa del presidente de la república, el conservador Aníbal Cavaco Silva, esta cláusula quedó expresamente fuera de la consulta, para evitar precisamente que fuese el único punto declarado inconstitucional.

En febrero de 2012, ya con mayoría de centroderecha, el Parlamento rechazó acabar con esta discriminación, pero varios diputados del PS expresaron su intención de promover un proyecto que legalizara la coadopción, es decir, la posibilidad de que uno de los cónyuges de un matrimonio entre personas del mismo sexo pudiese adoptar a los hijos legalmente reconocidos del otro, para dar seguridad jurídica a las familias homoparentales ya existentes.

En mayo de 2013 el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, de tendencia centroderechista) permitió de hecho que prosperara la iniciativa cuando fue votada en primera lectura. Una actitud que causó malestar entre las bases más conservadoras de ese partido, lo que derivó en que ocho diputados pertenecientes a sus juventudes propusieran un referéndum sobre la materia. El PSD acabó haciendo suya la iniciativa de referéndum, que incluía además la formulación de dos preguntas (una sobre coadopción y otra sobre adopción conjunta), aunque la estratagema se topó con el Tribunal Constitucional, que debía dar su visto bueno. El alto tribunal consideró que no podía preguntarse al mismo tiempo sobre coadopción y sobre adopción conjunta, puesto que generaba confusión y la respuesta a una de las preguntas podía generar un efecto de “arrastre” sobre la otra. La iniciativa del PS volvió al Parlamento, donde fue derrotada por tan solo cuatro votos.

Sin embargo, el LGTBfobo presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, decidió concluir su mandato presidencial poniendo un obstáculo más a la ley, e interpuso su veto el 23 de enero de 2016. Apenas unas semanas después, el 10 de febrero, el Parlamento decidía mayoritariamente levantar el veto presidencial, por que lo que ley tan solo quedaba a la espera de ser definitivamente promulgada, lo que ha ocurrido, finalmente este 18 de febrero de 2016.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia. Adopción, Aníbal Cavaco Silva, CDS-PP (Portugal), Discriminación, Homoparentalidad, Marcelo Rebelo de Sousa, Partido Comunista (Portugal), Partido Socialista (Portugal), Portugal, PSD (Portugal), Verdes (Portugal)

El Gobierno francés ha renunciado a modificar la ley que impide a las parejas de mujeres o a las mujeres sin pareja acceder a la reproducción asistida. Lo ha confirmado la nueva ministra francesa de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, la socialista Laurence Rossignol, que asegura sin embargo estar a favor “a título personal” e incluso asegura estar convencida de que “toda la izquierda” lo está…

En Francia, la reproducción asistida solo está permitida a parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a centros de países vecinos, como Bélgica o España.

La modificación de esta prohibición había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa estaba incluida en su programa electoral (“L’accès à l’AMP [Assistance Médicale à la Procréation] doit être ouvert aux femmes sans condition de situation de couple ou d’infertilité”, puede leerse en la página 50 del programa electoral con el que los socialistas franceses ganaron las elecciones legislativas de 2012). El propio presidente François Hollande se posicionó siendo candidato presidencial a favor del cambio. Fue en abril de 2012, justo antes de las elecciones, en una entrevista concedida a la revista Têtu. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante.

No fue sin embargo hasta 2014, tras la remodelación que siguió a la derrota socialista en las elecciones municipales y que convirtió a Manuel Valls en el nuevo jefe de gobierno, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal. Una marcha atrás que tenía lugar en el contexto de la derechización que Valls impuso al Gobierno socialista, uno de cuyos elementos ha sido el acercamiento a la Iglesia católica y a los contrarios a los derechos LGTB. La propia Laurence Rosignol, que entró con Valls en el gobierno francés como secretaria de estado de Familia, recibió, en el que fue uno de sus primeros gestos políticos, a los representantes de la Manif pour tous, el movimiento homófobo que lideró las protestas contra el matrimonio igualitario, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. 

Una renuncia que ahora la propia Rossignol, recién ascendida a ministra, se ha encargado de confirmar en una entrevista al diario francés Libération. “No tengo hoy más razones que ayer, cuando estaba al cargo de las políticas de familia, para relanzar este asunto. A título personal, soy favorable para las parejas de lesbianas, y creo que toda la izquierda lo es. El problema es claro: ¿hasta dónde volver a incrementar el nivel de excitación?”, justifica. “No quiero que se diga que la izquierda promueve debates sociales para distraer la atención, como fue el caso durante el debate sobre el matrimonio igualitario. La vociferación de la Manif pour tous lo paralizó todo. No quiero verme impotente en todo lo que tengo que hacer por lanzar un debate sobre la PMA [procréation médicalement assistée, o reproducción asistida]. Ahora, usted dice ‘PMA’ y las redes sociales arden. Estos temas deben ser tratados por una sociedad apaciguada. Y yo ahora trabajo para apaciguarla”,  añade.

Una argumentación cobarde

Una argumentación, la de Rossignol, que nos parece especialmente cobarde. Que un gobierno democráticamente elegido renuncie a acabar con una disposición legal discriminatoria en materia de derechos civiles, tal y como había prometido, para así mantener “apaciguados” a los defensores de dicha discriminación hace virtualmente imposible el avance.

No está de más recordar que la cobardía del actual Gobierno francés va incluso más allá de negar a las mujeres sin pareja masculina el derecho a la reproducción asistida, aún pagándola de su bolsillo en una clínica privada. El gobierno que preside Valls se negó incluso a apoyar en 2014 una enmienda legislativa presentada por dos diputados verdes cuyo objetivo era asegurar que al menos en aquellas parejas de lesbianas que ya son madres (por haber recurrido a la reproducción asistida en otros países) la madre no gestante fuese reconocida legalmente. Afortunadamente, pese a la negativa gubernamental, la Corte francesa de Casación acabó por confirmar ese derecho, aunque obligando a las madres no gestantes a iniciar un proceso de adopción de los que al fin y al cabo son sus propios hijos.

Fuente Dosmanzanas

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Cinco meses de prisión. Es la condena a la que se exponen tres estudiantes de la Universidad de Santiago por realizar una protesta en el aula contra Domingo Neira, el profesor que fue temporalmente suspendido en 2013 por sus comentarios homófobos en clase, pero al que finalmente la universidad compostelana permitió reincorporarse.

En su momento contamos la historia: en respuesta a la pregunta de una alumna de la Facultad de Ciencias de la Educación, Domingo Neira relacionó pederastia y homosexualidad, de la que afirmó que era “una alteración congénita o vicio”. En declaraciones concedidas al diario El País, Neira ratificó luego sus opiniones, argumentando que “si no hay certificación de que sea congénito, no hay más que discutir; pero si hay esa certificación, también puede ser por vicio. ¿O no hay desviaciones por vicios?”. Es más, el profesor de la Universidad de Santiago se refirió a los homosexuales como“maricones” que sufren “desviaciones”, para distinguirlos de los “hombres-hombres”. Neira aseguró también que la adopción debería estar prohibida a parejas del mismo sexo, porque la homosexualidad es “contagiosa” y esas parejas “le pasarían el mal a su hijo”. Alumnos de Neira aseguraron de hecho que su discurso homófobo no era una novedad. Según denunciaron, el profesor les exigía además, para aprobar el examen de su materia, superar una prueba sobre un libro escrito por él mismo.

La Universidad de Santiago procedió a suspender de empleo a Neira durante el curso 2013-2014, pero el homófobo profesor volvió a las aulas el curso siguiente, ante la sorpresa de numerosos alumnos o de ALEAS EU (el Área de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Esquerda Unida), que ya entonces manifestó su rechazo a que un individuo como Neira pudiera dar clases en una universidad pública. “El alumnado compostelano y la ciudadanía en general no deben y no pueden tolerar que una institución pública como la USC integre elementos reaccionarios y retrógrados, que se forme a los maestros y maestras en el odio y la discriminación, en mentiras más propias del franquismo”, expresaron desde esta organización.

El malestar por la reincorporación de Neira se reflejó, entre otras acciones, en una protesta que unos setenta alumnos vinculados a movimientos de izquierda llevaron a cabo en mayo de 2015 en forma de escrache al final de una de sus clases, y que ahora ha desembocado, tras la denuncia de la Universidad de Santiago, en el procesamiento de tres de ellos acusados de un delito de “desórdenes públicos”, por los que se les solicita cinco meses de prisión.

En declaraciones a Praza Pública, los estudiantes encausados aseguran que la acción de protesta (consistente en la muestra de carteles y banderas arcoíris y el grito de consignas reivindicativas) respetó el desarrollo de la clase y solo se llevó a cabo en los últimos minutos, ya cuando Neira había comenzado a recoger, sin que se registrase ningún tipo de incidente violento. Insisten además en que es intolerable la “complicidad” de la dirección de la Universidad de Santiago con Neira y su conducta homófoba.

Resulta incomprensible que mientras que la Universidad de Santiago permita dar clase a un individuo como Neira emprenda acciones legales precisamente contra los que denuncian y protestan contra su homofobia.

Fuente Dosmanzanas

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Una compañía de autobuses urbanos de Riga, la capital de Letonia, decidió celebrar San Valentín regalando el trayecto a las parejas que se besaran al subir a sus vehículos. Una campaña simpática si no fuera porque en un primer momento se anunció como aplicable solo a las parejas heterosexuales. Las quejas de los colectivos LGTB por la evidente discriminación llevaron a la empresa a rectificar y aceptar finalmente como “pago” los besos de todos los tipos de parejas.

El pasado jueves, la portavoz de RMS (Rīgas Mikroautobusu Satiksme) Maija Lazdiņa, anunció la promoción que, con motivo del día de los enamorados, eximía del pago del billete a las parejas que se besaran al entrar en sus autobuses. En un principio, la campaña sería aplicable solo a las parejas de distinto sexo, con el objetivo según Lazdiņa de “apoyar las relaciones establecidas como tradicionales”.

Al día siguiente, la organización LGTB Mozaika denunció el carácter discriminatorio de la medida, que atentaría contra los artículos 8 y 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los cuales prohíben expresamente la discriminación por género y orientación sexual. La portavoz de Mozaika Kristīne Garina afirmó que este tipo de situaciones “no se pueden ignorar más” y anunció una queja al Defensor del Pueblo letón. También el periódico en lengua inglesa The Baltic Times publicó un editorial protestando por una medida “que nos hace pensar si vivimos en 1916 en lugar de 2016”.

La protesta surgió efecto. El sábado pasado, la responsable de la compañía de autobuses declaró que la polémica se basa en un “gran malentendido” y trasladó la responsabilidad a una “interpretación errónea” de sus palabras por parte de los medios de comunicación. En cualquier caso, aseguró que la medida de San Valentín estaba abierta tanto a las parejas heterosexuales como a las “no tradicionales”. Mozaika ha celebrado el cambio con un bonito cartel en el que se puede leer: “Autobuses pequeños, grandes amores. Feliz San Valentín a todos los que aman”.

Pequeños pasos en un país hostil a la igualdad LGTB

Letonia, pese a contarse entre los más hostiles de la Unión Europea para su población LGTB, ha empezado hace poco a mostrar signos esperanzadores. El más simbólico, la salida del armario como gay de su ministro de Exteriores, Edgars Rinkēvičs, en noviembre de 2014. Anteriormente, tras el Orgullo Báltico celebrado en Riga en junio de 2012, el entonces ministro de Justicia anunciaba un proyecto de reconocimiento de derechos a las parejas no casadas, que incluiría a las del mismo sexo. Otros miembros del gobierno, como el ministro de Defensa Artis Pabriks, mostraban su apoyo a la medida, aunque la oficina del Defensor del Pueblo de Letonia había recomendado en enero que el Parlamento no reconociera este tipo de uniones.

En diciembre de 2005 se introdujo una enmienda a la Constitución de Letonia para definir el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, y así impedir a las parejas del mismo sexo el acceso a esta institución. Quienes se muestran contrarios al proyecto de reconocimiento de otro tipo de uniones consideran que se trata de un subterfugio para violar lo que la Constitución prohíbe taxativamente.

Esta actitud es la que el ministro Rinkēvičs calificaba el pasado noviembre de “montón de histeria” y contra la que se ha comprometido a luchar. Este tipo de grupos homófobos ya intentaron en 2006 aprobar, sin éxito, una ley contra la “propaganda homosexual” como la vigente en Rusia desde 2013. El año pasado, la celebración del Europride en Riga se vio amenazado por el boicot de grupos homófobos, aunque finalmente tuvo lugar sin grandes problemas.

Fuente Dosmanzanas

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El juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia ha fallecido a los 79 años, mientras disfrutaba unos días de asueto en un rancho de Texas. De convicciones fuertemente conservadoras, el juez Scalia se ha significado por su pertinaz rechazo a cualquier avance en los derechos de las personas LGTB, al fallar en contra de los mismos en todas las ocasiones en que la discriminación del colectivo LGTB ha llegado a instancias del Tribunal Supremo. Queda ahora en manos del presidente Barack Obama, que debe proponerlo, y del Senado estadounidense, que debe corroborarlo, el nombramiento de su sucesor.

Las autoridades federales anunciaban el fallecimiento el pasado sábado 13 de febrero del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Antonin Scalia. El magistrado se encontraba en un rancho del oeste de Texas, al que había llegado la víspera para participar en una fiesta de carácter privado junto a otras cuarenta personas. Según las mismas fuentes, la investigación llevada a cabo permitiría considerar que el fallecimiento se ha debido a causas naturales.

Antonin Scalia fue propuesto para ser miembro del Tribunal Supremo por Ronald Reagan en 1986. Desde entonces ha destacado por su fuerte conservadurismo y por pertenecer al grupo de jueces “textualistas”, es decir, aquellos que interpretan la constitucionalidad o no de una materia en función de la literalidad del texto de la Constitución de Estados Unidos o, en su defecto, en función de lo que consideran que eran las intenciones originales de los padres de la Constitución en el momento de ser redactada. Así, estiman que asuntos como la pena de muerte, la prohibición del aborto o calificar como delito la sodomía son perfectamente constitucionales, ya que han formado parte de la tradición jurídica estadounidense desde el primer momento, incluso en vida de los padres de la Constitución, sin que estos expresaran dudas al respecto.

Él mismo declaró en 2012 que le resultaba “absolutamente fácil” sentenciar en contra de cuestiones como el derecho al aborto o “la sodomía homosexual”, cuya penalización justificaba en que “durante doscientos años ha sido un delito en todos los estados”. Esta aseveración se ha visto repetidamente respaldada por sus votos discrepantes en todos los casos dilucidados por el Tribunal Supremo en materia de derechos LGTB en los últimos años.

Romer vs. Evans o la protección contra la discriminación

En 1992, los ciudadanos de Colorado votaron mayoritariamente a favor de una enmienda a la Constitución de ese estado, que impediría que los ciudadanos homosexuales o bisexuales pudieran solicitar a las instituciones públicas el ser considerados como minoría, y poder reclamar que se adoptasen a su favor las oportunas medidas antidiscriminatorias.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, en mayo de 1996 el Tribunal Supremo dictaminó que esa enmienda violaba la Constitución de los Estados Unidos, pues impedía que las personas de una determinada orientación sexual pudieran denunciar cualquier discriminación arbitraria de la que fueran objeto. Según la sentencia, “la enmienda es a la vez demasiado angosta y demasiado amplia. En ella se identifica a las personas por tan solo un rasgo, y luego se les deniega la protección en todos los ámbitos. La inhabilitación para ejercer el derecho a solicitar protección a un tipo determinado de personas no tiene precedentes en nuestra jurisprudencia”.

El juez Antonin Scalia discrepó de la sentencia, señalando en sus argumentos que “la enmienda constitucional que aquí nos ocupa no es la manifestación de un deseo de dañar a los homosexuales, a priori, sino más bien es un modesto intento por parte de los residentes de Colorado, aparentemente tolerantes, de preservar las costumbres sexuales tradicionales contra los esfuerzos de una minoría poderosa políticamente de revisar esas costumbres por medio del uso de las leyes”.

El magistrado justificaba repetidamente que se tratase de conservar en las leyes la desaprobación a la homosexualidad, bien sea penalmente o, como en el caso de Colorado, evitando la igualdad ante la ley de los homosexuales. Para el juez Scalia, que hacía así toda una declaración de principios y de prejuicios, el problema era que “quienes participan de la conducta homosexual tienden a residir en un número desproporcionado en ciertas comunidades, disponen de altos ingresos y se preocupan por los derechos homosexuales mucho más ardientemente que el público en general, tienen un poder político mucho mayor que el que les corresponde por su número, tanto a nivel local como a nivel estatal. Es bastante comprensible que dediquen ese poder político para lograr no solo una tolerancia social a regañadientes, sino la aceptación social plena de la homosexualidad”.

Lawrence vs. Texas o el fin de la penalización de la homosexualidad

En 1998, John Lawrence y Tyron Garner fueron detenidos en el domicilio del primero de ellos, en la ciudad de Houston. Se les acusaba de vulnerar la ley contra la “Conducta Homosexual” vigente en el estado de Texas, que penalizaba que dos personas del mismo sexo mantuvieran sexo oral o anal, aunque la relación sexual tuviera lugar en la intimidad de un domicilio particular, y aunque esas prácticas si se les estuvieran permitidas a las parejas heterosexuales.

Tras una larga batalla legal, llena de apelaciones y sentencias contradictorias, el caso terminó en manos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No había precedentes halagüeños respecto a la doctrina del alto tribunal, pues en 1986 el panel de jueces entonces en activo había validado las leyes contra la sodomía del estado de Georgia. Pero sí que existía el precedente favorable de Romer vs. Evans y su declaración de inconstitucionalidad de las leyes que impidieran la protección contra la discriminación.

Afortunadamente, en una sentencia histórica fechada en junio de 2003, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, por una mayoría de 6 votos contra 3, que las leyes contra la sodomía vigentes en varios de los estados vulneraban la Constitución de los Estados Unidos. No solo se declaraba inconstitucional que el Estado interfiera en las relaciones sexuales privadas y consensuadas entre adultos, sino que establecía que ese derecho a la intimidad y a la privacidad debía ser disfrutado igualmente por las parejas de distinto o del mismo sexo.

Uno de los tres jueces discrepantes fue, de nuevo, Antonin Scalia. En esta ocasión, en su argumentación denunciaba que la sentencia formaba parte de la, para él, bien conocida “agenda homosexual”, en la que estarían involucrados los más afamados bufetes de abogados. El juez justificaba su discrepancia en que “muchos estadounidenses no quieren que las personas que se dedican abiertamente a la conducta homosexual sean sus socios en los negocios, monitores de sus hijos, maestros en las escuelas de sus hijos, o formen parte del servicio doméstico. Ellos ven estas leyes como una protección para sí mismos y sus familias de un estilo de vida que creen que es inmoral y destructivo”. Finalmente llegaba a afirmar que la discriminación en este caso se trataba de “un derecho constitucional” al igual que lo era en cuestiones como el asesinato, el bestialismo, el incesto o la crueldad con los animales.

A pesar de los argumentos de Scalia, en la práctica, Lawrence vs. Texas supuso el fin de la penalización de las relaciones homosexuales en los Estados Unidos, convirtiéndose en el mayor avance en los derechos de las personas LGTB en ese país hasta la fecha.

US vs. Windsor o el reconocimiento federal de los derechos LGTB

Edith (familiarmente “Edie”) Windsor, de 83 años, no pudo acogerse a una serie de beneficios para los matrimonios en materia de herencia a la muerte de su esposa Thea Spyer en 2009, lo que la obligó a desembolsar 360.000 dólares en impuestos. Y ello pese a que Windsor y Spyer, pareja durante 44 años, se casaron en Canadá en 2007 y el estado de Nueva York reconoció su matrimonio (aunque Nueva York solo celebra matrimonios entre personas del mismo sexo desde 2011, antes ya reconocía los celebrados fuera).

De todo ello era responsable la sección 3 de la DOMA (Defense of Marriage Act), la norma que prohibía a la administración federal reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo. Windsor reclamó que el no reconocimiento de su matrimonio por la administración federal violó las garantías de igualdad de protección contenidas en la Constitución de los Estados Unidos. Leer más…

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Richard Arnold, director ejecutivo del Manchester United, anunció esta semana que su mundialmente conocido club de fútbol jugará un partido amistoso contra el equipo de fútbol gay más antiguo del Reino Unido: el Stonewall F.C.

Arnold hizo el anuncio durante el cierre del evento “Team Pride: Levelling the LGBT Playing Field”, organizado con el objetivo de abordar la cuestión de la discriminación LGTBI en el mundo del deporte, en la que se analizó cómo las grandes empresas pueden promover una mayor inclusión. La conferencia fue organizada por Aon y apoyada por el Manchester United, Adidas, EY, Accenture, Aviva, Barclays y otras empresas importantes, muchas de las cuales patrocinan eventos deportivos, así como equipos y atletas.

También participaron la asociación de defensa de los derechos LGTB Stonewall, con su directora ejecutiva Ruth Hunt hablando de su campaña de cordones arcoíris para acabar con la homofobia en el fútbol, y Mark Gonnella, director de comunicación del Arsenal F.C., uno de los grandes defensores de la citada campaña.

Arnold participó en la apertura y cierre de la conferencia, y habló sobre el compromiso del Manchester United con la diversidad y la inclusión, usando una cita de Alex Ferguson, el que fuese mítico entrenador del Manchester United durante más de 25 años, para resaltar el espíritu del club: “Es imposible ganar un partido de fútbol con once porteros. Se necesita contar con diferentes talentos, pero hay que trabajar en equipo“.

“La diversidad de nuestro personal pone de relieve la importancia del trabajo en equipo. La atención se centra en los once jugadores, pero hay más de dos mil miembros de personal participando en la puesta en marcha de un partido en el Old Trafford […] La inclusión es importante. El poder del deporte para unir a la gente ha sido subestimado“, continuó Arnold.

De este modo, en el próximo partido de primera división entre Manchester United y Arsenal, previsto para el 28 de febrero, los capitanes de ambos equipos intercambiarán un par de cordones arcoíris gigantes, en apoyo a la campaña de Stonewall. Y es que se espera que el partido sea visto por millones de aficionados al fútbol de todo el mundo. Asimismo, el Manchester United jugará el partido antes mencionado -en fecha aún no determinada- contra el Stonewall F.C., club de fútbol que este mes celebra su veinticinco aniversario. Eso sí, Arnold señaló que, debido a la descompensación entre el nivel de una plantilla y el otro, el Stonewall se enfrentará a un equipo compuesto por veteranos del Manchester United y personal del club, en lugar de a jugadores de su primer equipo.

Fuente Dosmanzanas

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Foto de Renzo Salazar (Sin Etiquetas)

A causa de los ataques, varios activistas resultaron heridos, entre ellos, una periodista de un medio LGTB peruano que intentaba ayudar a uno de los manifestantes.

Chorros de agua, empujones, golpes… Fue la agresiva respuesta policial a la besada que activistas LGTB habían convocado un año más en la Plaza de Armas de Lima, en Perú. Una periodista resultó incluso herida en la cara al intentar ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. Una violencia policial que representa bien la situación que vive el país andino, cuya comunidad LGTB ha pasado en pocos años de la esperanza al desencanto.

Cada mes de febrero, activistas LGTB de la capital peruana acuden a besarse públicamente en la histórica Plaza de Armas para conmemorar el aniversario de la brutal intervención policial que en 2011 tuvo lugar para dispersar la primera acción “Besos contra la Homofobia”. El hecho, que mereció la condena internacional y forzó a las autoridades a pedir disculpas, supuso un punto de inflexión en la lucha a favor de los derechos LGTB en el Perú. Es por eso que el 12 de febrero se considera desde entonces en Perú el Día de la Dignidad LGBT. En 2012 fue conmemorado de forma pacífica, pero en años posteriores volvieron a reproducirse los incidentes. Este 2016 la violencia policial incluso se ha recrudecido, como muestra la agresión sufrida por la periodista Fiorella Gil Mena, de la web Sin Etiquetas, cuando simplemente intentaba ayudar a un activista que estaba siendo golpeado. “Salgan de aquí que les  va a ir peor”, fue lo que escuchó la periodista mientras recibía el golpe que le partió la ceja (aquí su crónica de la jornada).

Al igual que en años anteriores, las crónicas insisten en que la Plaza de Armas, como parte del centro histórico de Lima, es una zona restringida en la que no se pueden celebrar manifestaciones. Una ordenanza que sin embargo hace ya diez años que fue declarada inaplicable por el Tribunal Constitucional. Los activistas LGTB, en cualquier caso, resaltan que la acción consiste simplemente en darse besos… algo que ninguna ordenanza prohíbe en el caso de las parejas heterosexuales que acuden a la simbólica plaza, flanqueada por las sedes del poder local (Ayuntamiento), nacional (Palacio de Gobierno) y religioso (catedral y arzobispado). Por otra parte, no está de más recordar que en 2013 (año en el que también recogimos el evento) los accesos a la plaza fueron bloqueados a los activistas LGTB (utilizando chorros de agua e incluso gases) mientras que se dejó acceder sin problemas a los integrantes de agrupaciones católicas fundamentalistas, que portando pancartas se apostaron frente a la catedral para “defenderla” frente al supuesto agravio que significaba que parejas del mismo sexo se besasen cerca.

Insertamos a continuación un vídeo que muestra algunas imágenes de lo sucedido este sábado:

Perú, una situación empantanada

De una forma quizá descarnada, lo cierto es que la violencia policial del sábado no es más que una nueva muestra del retraso que Perú acumula ya en materia de derechos LGTB respecto a sus vecinos, más aventajados. Es el caso de Ecuador, que pese a sus insuficiencias dispone por ejemplo de una unión civil abierta a personas del mismo sexo reconocida constitucionalmente. O de Colombia, que gracias a las sentencias de su Corte Constitucional, considera las parejas del mismo sexo como familia, reconoce ya la homoparentalidad e incluso podría disponer en breve de matrimonio igualitario.

En Perú, sin embargo, y pese a que hace ahora un año hacíamos alusión a lo que parecía la reactivación del debate sobre un posible (aunque limitado) reconocimiento de las parejas del mismo sexo, lo cierto es que la situación quedó empantanada. Todos los ojos están ahora puestos en lo que suceda el 10 de abril, cuando se elija un nuevo presidente en sustitución de Ollanta Humala (cuya presidencia se ha caracterizado por el sistemático incumplimiento de las tímidas promesas que en su momento hizo en materia LGTB) y un nuevo Congreso.

Esperemos que el nuevo escenario que surja de esas elecciones permita al menos desbloquear los temas pendientes, si bien las previsiones no permiten ser muy optimistas: la principal favorita a alzarse con la presidencia a día de hoy es Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, que no se caracteriza precisamente por sus posiciones proLGTB. Mejor predisposición tiene Julio Guzmán, de Todos por el Perú, a día de hoy segundo en las encuestas y que podría disputar la presidencia a Fujimori en la segunda vuelta. Aunque tanto o más importante que quién se alce con la presidencia será la composición del Congreso (para los muy interesados, en este enlace puedes acceder a las propuestas de cada formación en materia LGTB, según el análisis elaborado por el colectivo peruano No Tengo Miedo).

Fuente Dosmanzanas

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Nueva agresión de carácter homófobo perpetrada por un grupo neonazi en Mar del Plata (a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires). En esta ocasión la víctima fue Javier Moreno, activista LGTB y propietario del Nevermind, un local de ambiente que fue atacado sobre las seis de la mañana del domingo día 14. Afortunadamente esta vez nadie resultó herido de gravedad. Uno de los atacantes ha sido detenido.

No se trata del primer ataque del que es víctima Javier Moreno, presidente de la Asociación Marplatense de Derechos a la Igualdad (AMADI), que ya hace varios meses fue agredido. En esta ocasión el ataque tuvo lugar cuando ya el local de Moreno había sido cerrado al público, aunque todavía permanecían personas dentro. Los testigos escucharon al grupo de asaltantes destrozar los vidrios de la entrada y atacar el local con barras rellenas de cemento, piedras y arrojando basura, mientras proferían insultos homófobos y amenazas del tipo de “homosexual, vamos a venir hasta que te podamos matar”.

Desde el interior del local Javier Moreno avisó a la Policía, que se personó en el lugar. De hecho, el sargento Favio Giri fue agredido con una de las barras que portaban los atacantes. Nicolás Caputo, de 28 años, integrante del grupo neonazi Bandera Negra y que según los testigos llevaba un arma de fuego (que afortunadamente no llegó a disparar) fue detenido.

Los informantes señalaron que el joven arrestado era Nicolás Caputo, de 28 años, apodado como “El Rusito”, a quien la Fundación La Alameda había denunciado como integrante de la agrupación neonazi “Bandera Negra”. Según la ONG ese hombre, junto a otros integrantes de la banda había sido denunciado en octubre de 2015 por amenazas y por golpear a Moreno en la calle.

Moreno, dueño del bar, relató que “el Rusito estaba con un arma en el medio de la calle, había otro con un cuchillo en la mano y el resto con palos con cemento”. “Nosotros podíamos ver todo desde el interior por las cámaras de seguridad. Tenemos más de 50 testigos de la agresión”, añadió. El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del local.

Se da además la circunstancia de que cuando Javier Moreno y otros varios testigos de lo sucedido acudieron a comisaría a poner la correspondiente denuncia se encontraron con que uno de los atacantes estaba denunciando haber sido agredido por el personal de seguridad del local, incluso presentando testigos, pese a que los agresores ni siquiera llegaron a penetrar en el mismo. Moreno asegura además que fue insultado y amenazado incluso delante de los efectivos policiales. “Me gritaron que me van a abrir la panza, que me van a incendiar el local y que van a venir hasta que me encuentren de cerca y me van a matar”, ha declarado el dueño del Nevermind, cuya fachada por cierto está cubierta de amenazantes pintadas neonazis.

Terror neonazi en Mar del Plata

El ataque al local de Javier Moreno tiene lugar solo unas pocas semanas después de que otro activista de AMADI, el joven Juan Martín Navarro, recibiera una brutal paliza a manos también de neonazis de Bandera Negra. A raíz de los golpes perdió el conocimiento y requirió un día y medio de hospitalización. Sufrió además fractura del tabique nasal y diversas secuelas físicas.

Llama desde luego la atención la aparente impunidad con la que parecen moverse los integrantes de Bandera Negra, que además de atacar a activistas gais han protagonizado ya distintas agresiones contra personas de estética punk, trabajadoras sexuales o mujeres trans, entre otras víctimas.

Lo comentábamos ya al hacernos eco de la paliza a Juan Martín Navarro: los colectivos argentinos viene alertando del crecimiento exponencial de la violencia neonazi contra personas LGTB. La Federación Argentina de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans (FALGBT) se proclamaba recientemente en “estado de alerta” e insistía en la necesidad de una ley antidiscriminatoria que permita combatir con más contundencia este tipo de violencia.

Fuente Dosmanzanas/SentidoG

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El juez de la Corte Suprema de Mzuzu Dingiswayo Madise ha dictado una orden en la que conmina a las fuerzas del orden a seguir aplicando la legislación malauí que castiga las relaciones homosexuales con hasta 14 años de prisión, a pesar de que el ministro de Justicia comunicara recientemente que las leyes al respecto estaban suspendidas hasta que el Gobierno y el Tribunal Constitucional decidieran sobre si deben ser derogadas. El juez informa asimismo de que cualquiera que contravenga su orden cometerá desacato y podrá ser encarcelado o multado.

El ministro de Justicia de Malawi, Samuel Tembenu, se vio obligado a emitir recientemente un comunicado en el que reiteraba la moratoria impuesta por su Gobierno a la aplicación del artículo 153 del Código Penal, que castiga las relaciones “contra el orden de la naturaleza” con hasta 14 años de prisión. La causa fue la difusión internacional de la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani, dos jóvenes acusados de mantener relaciones homosexuales. El ministro no solo comunicaba la continuidad en la suspensión de la ley, sino que ordenaba a las fuerzas del orden que liberasen sin cargos a los detenidos.

Contra esa decisión plantearon un recurso tres miembros de la Asociación de Jóvenes Clérigos de Malawi ante la Corte Suprema de Mzuzu, la capital de la región norteña del país. En la apelación  alegaban que el ministro de Justicia no tenía “autoridad para suspender la aplicación de ninguna ley o para dejar de someter al debido proceso de la ley a todas las personas que fueran sospechosas de haber cometido delitos homosexuales o delitos por haber tenido conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza, en virtud del artículo 153 del Código Penal”.

El pasado lunes 8 de febrero, el juez Dingiswayo Madise falló a su favor, y emitió una orden por la que conminaba a la Fiscalía General del Estado y a la Dirección General de la Policía a que continuara la persecución de quienes mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo. La orden también establecía que quienes hayan sido puestos en libertad debido a la moratoria, tendrán que enfrentarse a un nuevo juicio, entre ellos Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani.

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, como partes afectadas, podrán presentar alegaciones a la orden dictada en el plazo de 7 días, celebrándose una audiencia pública al respecto una vez transcurridos catorce días. Mientras tanto, el juez recuerda que cualquiera que contravenga su orden cometerá el delito de desacato, y podrá enfrentarse a penas de prisión y a sanciones económicas.

Una ley repetidamente suspendida y reanudada

Como señalábamos anteriormente, la detención de Cuthbert Kulemela y Kelvin Gonani por mantener relaciones homosexuales en diciembre de 2015 forzó al ministro de Justicia, Samuel Tembenu, a reiterar una vez más la moratoria, lo que parecía poner punto final a las vacilaciones del gobierno malauí sobre el asunto.

Sin embargo, la decisión del juez de la Corte Suprema de Mzuzu, Dingiswayo Madise, de ordenar la aplicación de la ley y declarar ilegal la moratoria enfrenta de nuevo a la población LGTB de Malawi a la discriminación y la persecución más intolerables.

Fuente Dosmanzanas

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Se nos denega la entrada a @AntiqueTheatro por nuestra orientacion sexual. ¿Como sigue ocurriendo esto a estas alturas? #StopHomofobia RT

— Jesús Bolín Ramírez (@bolitadesevilla) febrero 12, 2016

¿Rebrote de LGTBfobia o mayor visibilidad de la violencia?

Sin salir de Andalucía, el sábado conocíamos la agresión sufrida el pasado martes por un chico trans en Granada. Pero estos últimos días también nos hemos hecho eco de episodios similares ocurridos en diferentes puntos de España: Santiago de Compostela, Gandía… Por no hablar del acúmulo de casos que se viene dando en diversos puntos de Madrid y su comunidad.

Sea porque hay un verdadero repunte, sea porque se está perdiendo el miedo a denunciar y los medios dan mayor proyección a estas denuncias, lo cierto es que la LGTBfobia se hace cada vez más visible en las calles de España. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, correspondientes a 2014 (aún no ha sido hecho público el balance completo del año 2015), el grupo más numeroso de incidentes relacionados con los delitos de odio en España (un 39,9% del total) se debieron a orientación sexual o identidad de género. Si se tiene en cuenta que en esta materia solo se denuncian una parte de los delitos, el panorama es en cualquier caso inquietante.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Ana de Cózar, Andalucía, Antique Theatre, Delitos de Odio, Discriminación, Homofobia, Jesús Bolín, La Marea, Sevilla