La noticia apesta a discriminación. La empresa Eulen, subcontratada por la Junta de Andalucía para que lleve a cabo el servicio de evaluación previo a la concesión de una adopción, ha denegado a José María y José Luis, una pareja gay, la idoneidad para adoptar, con argumentos como que su “marcada tendencia a normalizar o dar naturalidad a su situación personal” les conduce “a negar la especial complejidad que está implícita en las familias homoparentales y a minimizar el impacto emocional que podría tener para su hijo”.

Lo cuenta con detalle el diario Córdoba. José María es maestro y psicopedagogo. José Luis regenta un pequeño comercio. Llevan juntos dieciocho años, y hace seis decidieron iniciar los trámites de adopción de un niño en España. Se ofrecieron a adoptar tanto a un grupo de hermanos como a niños con necesidades especiales. Tras cuatro años de espera fueron llamados para someterse al proceso de evaluación, que en Andalucía la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha subcontratado con el grupo Eulen.

Como resultado,  un informe que no les considera aptos como padres. Pese a reconocerles como una pareja estable y madura, los evaluadores creen que José María y José Luis quieren adoptar por prestigio social, que no tienen conciencia adoptiva e incluso que, dada la condición de maestro y psicopedagogo de José María, profesionalizarían la educación del menor. Pero el argumento que más nos llama la atención es que la pareja presenta “una marcada tendencia a normalizar o dar naturalidad a su situación personal”, lo que les lleva a negar “la especial complejidad que está implícita en las familias homoparentales y a minimizar el impacto emocional que podría tener para su hijo”. Eulen concluye que, por ello, serían “incapaces de ayudar al niño a hacer frente a reacciones homofóbicas de terceros”.

La pareja presentó alegaciones a este primer informe, que fueron aceptadas por la Junta y que desembocaron en una segunda valoración que llevó a cabo la misma empresa, con el mismo resultado negativo. “Llevamos tres meses esperando el informe para hacer las alegaciones”, aseguran José María y José Luis, para los que “no existe ninguna familia que sea cien por cien perfecta y siempre se pueden encontrar razones subjetivas cuando la intención es decir no”. La pareja, que considera que Eulen les niega la idoneidad “basándose en cuestiones subjetivas y en interpretaciones de sus palabras”, ha reclamado las grabaciones de las entrevistas, que aún no les han sido entregadas.

Según asegura el diario Córdoba, una vez que la Delegación Provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales recibe el informe de Eulen, técnicos de la propia Delegación valoran el caso y deciden si es necesario que sea la propia administración la que valore a la familia. Según José María, efectivamente se les ofreció esta opción, pero les hubiera supuesto un nuevo retraso de otros tres años. Desde la Junta de Andalucía aseguran por su parte al diario cordobés que ejerce un continuo seguimiento continuo de la actividad de Eulen, sin que se por el momento se haya observado “ninguna intervención irregular” y que “las diferencias de criterio profesional forman parte de la dinámica habitual en estos procedimientos”.

Fuente Dosmanzanas

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Preocupante denuncia de Human Rights Watch: las mujeres trans que llegan a Estados Unidos huyendo de la transfobia en sus países de origen son víctimas de esa misma transfobia en los centros donde deberían sentirse seguras. Algunos cambios en los reglamentos pretenden acabar con estos abusos pero sigue habiendo problemas.

Decenas de mujeres transgénero y transexuales que solicitan asilo en EEUU para protegerse de la discriminación y violencia en sus países de origen se encuentran encerradas en cárceles o centros de detención para inmigrantes en unas condiciones alarmantes para la organización de Derechos Humanos Human Rights Watch

Hace pocas semanas recogíamos la arriesgada situación de sospecha continua y desprotección que atraviesan las personas LGTB demandantes de asilo en las fronteras de Europa. Esta intolerable realidad tampoco les es ajena al otro lado del Atlántico, según el último informe de Human Rights ‘Watch Do You See How Much I’m Suffering Here?‘ que denuncia la abusiva situación que desde hace años enfentan las mujeres trans demandantes de asilo en EEUU.

Pocas cosas pueden tenerse por más graves que sufrir violencia justamente donde se debería estar a salvo. Precisamente esto es lo que lo que acaba de denunciar Human Rights Watch, en este caso en los Estados Unidos. Según un amplio informe, decenas de mujeres trans se encuentran encerradas en cárceles o centros para inmigrantes con condiciones prácticamente carcelarias. Así se afirma en un informe de 88 páginas, hehco público el 23 de marzo con el título: “¿Pueden ver cuánto estoy sufriendo?” (aquí puede consultarse el resumen en español).

Tal y como revela la entidad internacional, las migrantes del colecivo son encerradas en condiciones prácticamente carcelarias en distintas regiones del país, y muchas de ellas han sufrido fragrantes agresiones sexuales y maltratos durante su detención, cuando no son recluidas en régimen de aislamiento ”por su seguridad’‘.

En concreto, el informe documenta en 88 páginas 28 casos de mujeres trans que fueron retenidas en centros de detención migratoria entre 2011 y 2015. Más de la mitad de ellas fueron retenidas en centros para hombres, quedando expuestas al abuso y la violencia transfóbica. Además, la mitad había permanecido incluso en régimen de aislamiento, lo que con frecuencia se había justificado en nombre de su “seguridad”; esto último, como indica la ONG, es ya en sí mismo una forma de abuso.

Hasta hace poco, de hecho, las mujeres trans eran asignadas sistemáticamente a establecimientos para hombres. En ellos, muchas han sido agredidas sexualmente y han sufrido acoso por sus compañeros. Mientras, denuncian las mujeres, los guardias se negaban a protegerlas y llegaban incluso a someterlas a violencia verbal. Además, se las obligó también a dormir y ducharse en las mismas zonas comunes que decenas de hombres.

Dichos abusos y vejaciones son ejecutados tanto por internos como por los guardias de las instituciones, que a menudo se negaban a protegerlas y a intervenir durante los actos de violencia, provocándoles severas mermas en su salud y equilibrio psicológico.

Los testimonios son sobrecogedores. Por ejemplo, Sara V., procedente de Honduras (un país en el que los derechos del colectivo LGTB, y muy singularmente de las personas trans, son sistemáticamente vulnerados) contó que en abril de 2014 fue violada por tres hombres en un centro de Arizona. Había huido de la violencia de las pandillas y de amenazas de muerte en su país. Fue detenida al poco de llegar a Estados Unidos. Cuando denunció su situación, recibió estas palabras de un guardia: “Ustedes son las que causan estos problemas y siempre llaman la atención de los hombres”. Se denuncia incluso que las han acusado de sufrir abusos sexuales y culparlas de ello. Por su parte, Gloria L., también de Honduras, permaneció en régimen de aislamiento cerca de cuatro meses en un centro de Luisiana, y también tuvo que soportar la violencia verbal de otro guardia: “Me indicó que [la habían puesto en celda de aislamiento] ‘porque tenía cabello largo y pechos’. Uno me dijo que estaba ‘cansado de ver maricones’. Me trataron como un animal”.

El gobierno federal aprobó en 2015 unas nuevas directrices que buscaban mejorar las condiciones de detención de detención de las migrantes trans. Algo que es visto de manera positiva por HRW en líneas generales, pero cuyas medidas no prevén un mecanismo de supervisión independiente que garantice que se están aplicando.. En ellas, se establecía que las mujeres trans debían ser asignadas a unidades destinadas específicamente para ellas. Sin embargo, permanece el problema de que falta un organismo de supervisión independiente que garantice su aplicación imparcial. De hecho, tampoco los centros supuestamente más preparados para su realidad cumplen con las expectativas. Así, el Santa Ana City Jail, en el Sur de California, tiene una unidad separada para las mujeres trans, y en la actualidad alberga a la mayor parte de personas de este colectivo retenidas en estos centros. No obstante, este centro dista mucho de ser ejemplar. En este sentido, denuncian que los guardias, de sexo masculino, les practican
 habitualmente revisiones físicas exhaustivas de manera humillante y 
abusiva. Muchas mujeres señalan además que no han podido obtener servicios médicos 
adecuados, incluida la administración de hormonas.

En definitiva, una situación intolerable que debe ser conocida para evitar que continúe. Os dejamos con el vídeo de denuncia de Human Rights Watch. Aunque se narra en inglés, varios testimonios están en español.

Vídeo: Abuso a mujeres trans en centros de detención de EEUU

¿Qué exigen?

Como conclusión, Human Rights Watch pide al gobierno estadounidense que:

• Priorice el desarrollo y la expansión de las alternativas a la detención para mujeres transgénero y otros no ciudadanos considerados miembros de poblaciones vulnerables, en particular las que están sujetas a la custodia obligatoria.
• Examine y revise su política de detención de migrantes trans, adecuando el derecho estadounidense al internaciones y desarrollando una estrategia claramente orientada a dar asilo a lasmujeres trans en condiciones seguras y de respeto a sus derechos humanos, entre los que destaca que no deben nunca ingresar en centros de detención para hombres o en régimen de aislamiento prolongado.
• Tome medidas inmediatas para investigar y poner fin a las prácticas abusivas en la cárcel de la ciudad de Santa Ana, y asegure que las mujeres trans que allí están detenidas puedan acceder a los servicios médicos y mentales necesarias para el cuidado de la salud. Y si estos problemas no pueden ser abordados con prontitud y de forma global, se insta a que no se continue manteniendo mujeres trans en dicha penitenciaría.

• Supervisen las condiciones en las que las mujeres transgénero se encuentran recluidas en otros centros de detención, y velar por que estos valores están libres de abuso y sean respetuosos con las necesidades específicas de salud mental y física. Ante la posible designación de un centro de detención alternativa, se insta a garantizar que no se producen más abusos y que los traslados se llevan a cabo en consdiciones seguras para la integridad humana.

En palabras de Adam Frankel, coordinador del programa LGTB de HRW

Como mínimo, el gobierno estadounidense debería asegurar que las mujeres trans que son detenidas estén en un entorno donde no se produzcan abusos y se respeten sus necesidades médicas y de salud mental […] Si el Gobierno no está en condiciones de tomar las medidas necesarias para ofrecer estas garantías o no tiene interés en hacerlo, entonces debería abstenerse de mantener a las mujeres trans en detención migratoria.“

General, Homofobia/ Transfobia. Adam Frankel, Discriminación, EE.UU., Estados Unidos, Gloria L., Honduras, Human Rights Watch, Inmigración, Refugiados, Sara V., Transexualidad, Transfobia, Transgénero, Violencia, Visibilidad trans

No dejamos de sorprendernos de la capacidad de nuestro sistema jurídico para minusvalorar las agresiones por LGTBfobia. Según informa El Faradio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega ha rechazado tipificar como delito de odio la agresión a una pareja de chicos que se produjo el pasado mes de octubre en esa localidad cántabra, después de que el agresor, tras cruzarse con ellos, les llamara “mariquitas”. Según el auto, el agresor no tuvo intención de cometer un ataque frontal a la dignidad de los agredidos. El juez, de hecho, parece restar importancia a la agresión, dado el contexto en el que se produjo: “a altas horas de la noche” y “presumimos” que bajo los efectos del alcohol.

En octubre nos hacíamos eco de lo sucedido. La agresión ocurrió de madrugada, cuando los dos chicos, abrazados y en actitud cariñosa, caminaban por la calle tras dar por terminada una noche de fiesta. Otro joven les increpó al grito de “mariquitas”. Ellos le replicaron con un “¿Qué estás diciendo?” ante lo cual el agresor dio un puñetazo en la cara a uno de los muchachos, al que derribó. El otro salió en su defensa, pero al tratar de apartar al agresor sufrió una herida sangrante por mordisco en su mano izquierda. Los dos chicos, uno de los cuales tiene su residencia en Torrelavega pese a estudiar en Madrid (el otro sí reside en la capital) contactaron con los colectivos Arcópoli (Madrid) y Alega (Cantabria), para el acompañamiento de la denuncia y el proceso judicial.

No habíamos tenido más noticia del caso hasta que este martes leíamos en El Faradio, un medio digital independiente de Cantabria, que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Torrelavega no considera que haya lugar a considerar la agresión un delito de odio motivado por la orientación sexual de las víctimas, como sí hacen tanto la acusación particular como la propia Fiscalía. El juez, Daniel Prieto, considera que la actuación del agresor, aun siendo “desafortunada” y “digna de todo reproche social”, no encaja con el tipo de delito de odio, que implica una voluntad del agresor de lesionar la dignidad del sujeto pasivo, algo que el juez no aprecia en este caso… En más, anima a poner la agresión “en contexto”: “a altas horas de la noche” y “presumimos” que bajo los efectos del alcohol. Prieto interpreta que para aplicar ese tipo legal hace falta un extra de gravedad que según él no se da en este caso.

“Ya lo hemos recurrido [el auto]. No queremos más invisibilidad ante las agresiones que nos ocurren sólo por ser quienes somos”, expresaba este miércoles el colectivo cántabro Alega a través de Twitter. De momento el caso se encuentra en una fase previa, de la que depende si se celebra o no juicio, así como el tipo penal en el que se centre. ¿La diferencia entre que se considere que existe lesión “a la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito” o no? Fundamentalmente, según el artículo 510.2 del Código Penal tras su última reforma, una pena de entre seis meses y dos años de prisión.

No somos juristas, pero no deja de llamarnos la atención el hecho de que un juez considere que el que una persona, sin mediar conocimiento o provocación, dirija un insulto homófobo a una pareja del mismo sexo con la que simplemente se cruza por la calle no implica voluntad de lesionar su dignidad. Insulto que fue seguido de una violenta agresión física ante la simple exigencia de explicaciones por parte de los insultados. De hecho, en su recurso los denunciantes aseguran sentirse insultados y agredidos por su condición de gais, un comportamiento que sí consideran lesiona su dignidad, en cuanto que afecta a la libre expresión de su orientación sexual y su afectividad.

Sorprende, por último, que el juez argumente, además de todo lo expuesto anteriormente, que al tratarse los delitos por odio de un tipo delictivo de reciente introducción, se carezca de jurisprudencia consolidada al respecto. ¿Acaso necesario esperar a que haya una muerte, o una grave secuela física, para que se comience a aplicar el Código Penal…? Veremos qué sucede finalmente.

Fuente Dosmanzanas

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Su nombre es Darragh Tibbs, y es un chico de 15 años, hijo de una pareja del mismo sexo de Irlanda del Norte, el único territorio del Reino Unido sin matrimonio entre personas del mismo sexo tras su aprobación en Inglaterra y Gales y luego en Escocia. Una situación aún más paradójica desde el resultado ampliamente favorable al matrimonio igualitario en el referéndum celebrado en la vecina República de Irlanda. El adolescente defiende, en un apasionado vídeo, el derecho de sus madres a contraer matrimonio.

El joven Tibbs ha puesto en marcha la que sin duda es una excelente campaña de sensibilización, y lo ha hecho la forma más democrática posible: dirigiéndose directamente a Gordon Dunne, el diputado unionista que representa a su circunscripción, North Down, y que votó en contra del matrimonio igualitario. Lo hizo primero por carta, pero han pasado ya varias semanas y no ha recibido respuesta. Es por eso que ha decidido grabar en vídeo su petición de explicaciones a Dunne y difundirlo en YouTube. En la grabación, Tibbs explica que tanto él como su hermano pequeño, de nueve años, tienen derecho a que su familia sea reconocida en igualdad de condiciones. Una igualdad que exige que defienda el que es su representante en la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte.

El chico también lee la carta que en su momento escribió a Dunne, que reproducimos:

Apreciado señor Dunne,

Tengo 15 años, y soy un ciudadano representado por usted. Vivo muy cerca de su despacho. Usted votó no al matrimonio igualitario el pasado mes de abril, y quiero saber por qué. Soy hijo de una pareja del mismo sexo, y no veo razón alguna por la cual a mi hermano y a mí se nos deba negar el marco de una familia segura. No veo absolutamente ninguna razón por la cual usted no pueda coincidir, y cito textualmente, con que ‘todos los ciudadanos tendrán el mismo derecho legal a las protecciones, responsabilidades, derechos, obligaciones y beneficios’. Me parece del todo razonable que mis madres, que mantienen una relación estable desde hace 21 años, que tienen dos hijos, reciban el apoyo de su gobierno. ¿Quién es usted para negarnos, a mi hermano y a mí, el derecho a la protección legal de nuestra familia?

En Irlanda del Norte fuimos el primer país de Reino Unido en tener uniones civiles. Entonces lideramos el camino a la igualdad LGTB. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué no cree usted que cada uno de sus representados tiene exactamente los mismos derechos? Señor Dunne, su voto me dice de forma muy clara que usted no cree que yo merezca una familia estable, su voto me muestra que ante sus ojos mi familia no es lo bastante buena, su voto me enseña que usted no cree en la igualdad.

Le estoy pidiendo una explicación. No quiero recibir una respuesta impersonal, señor Dunne. Quiero que sea transparente, un líder que da cuenta de sus decisiones a sus representados. Simple y llanamente, que me explique por qué no está a favor de la igualdad.

Insertamos a continuación las imágenes:

Veto de los unionistas

El matrimonio igualitario ha sido rechazado cinco veces consecutivas por la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte. La última de las veces, sin embargo, la Asamblea sí que votó mayoritariamente a favor. Fue una mayoría exigua (53 representantes a favor y 52 en contra) pero especialmente simbólica. Respaldaron la propuesta todos los representantes del Sinn Féin y el Partido Socialdemócrata y Laborista (ambos partidarios de la anexión a Irlanda y de tradición católica), a los que se unieron 4 representantes unionistas independientes. En contra votaron todos los diputados del Partido Unionista Democrático y el resto de unionistas (a favor de la permanencia en el Reino Unido y de tradición protestante).

Sin embargo, tras la victoria de los partidarios de la igualdad LGTB, el Partido Unionista Democrático hizo valer la denominada “petition of concern”, una cláusula concebida durante los acuerdos de paz de 1988 con la idea de que las propuestas sobre temas sensibles obtuvieran un respaldo suficiente de los dos sectores (el 60% de los votos de toda la Asamblea, con al menos un 40% en cada uno de los bandos). La “petition of concern” debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, por lo que bastaron las firmas de los 37 diputados del Partido Unionista Democrático para hacerla valer. No faltaron las críticas por su utilización respecto a un asunto de derechos civiles de las minorías, como es el matrimonio igualitario, sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como de la protestante (aunque en esta última el sostén es significativamente menor).

Con el frente parlamentario cerrado, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es la judicial. La primera demanda, de hecho, fue presentada hace ya más de un año ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra en 2014. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no. Veremos qué sucede…

Fuente Dosmanzanas

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Preocupante informe el que ha elaborado la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, según el cual numerosos profesionales sanitarios de los países miembros, especialmente de países como Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, o Rumanía, siguen considerando la homosexualidad una enfermedad y la transexualidad un trastorno mental. En el caso rumano, de hecho, la proporción alcanza el 50% de los entrevistados. Actitudes “erróneas y desfasadas” que este organismo considera ponen en peligro derechos fundamentales del colectivo LGTB.

Un estudio realizado por la Agencia europea de los derechos fundamentales (FRA) ha concluído tras una encuesta realizada a profesionales de la medicina en los 19 estados miembros de la Unión Europea que aproximadamente el 50% de los doctores en Europa aun creen que ser gay es una enfermedad, si bien es cierto que los resultados difieren bastante de unos países a otros, por ejemplo el informe detalla que en países como Bulgaria, Hungría, Italia, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, los médicos aun hablan de “tratar” la homosexualidad. Igualmente importante es que la mayoría de esos profesionales no conocen la problemática específica de la comunidad LGBTI.

Este informe complementa la encuesta que en 2013 la FRA hizo a 93.000 personas en los 28 países de la Unión Europea, la mayor sobre la materia realizada hasta esa fecha, y que de forma global encontró que un 47% de las personas LGTB del continente se sintieron discriminadas o acosadas durante el año precedente a la realización de la encuesta. Las cifras se disparaban cuando de recordar sus experiencias durante el periodo escolar se trataba (puedes consultar más datos en la entrada que por entonces le dedicamos). En esta ocasión, lo que la FRA ha hecho es sondear las opiniones de los funcionarios públicos, personal sanitario, profesores y agentes de policía, los grupos profesionales mejor situados para aplicar sobre el terreno las políticas en materia de derechos LGTBdetectar tanto los obstáculos como los factores impulsores de la aplicación de políticas de protección y defensa de los derechos de las personas LGTB. En concreto, se ha entrevistado a más de 1.000 profesionales de 19 países.

Y el panorama que ha encontrado es preocupante. Muchos de estos profesionales siguen teniendo una visión negativa respecto a las personas LGTB, lo que en para la FRA obstaculiza claramente los esfuerzos por frenar la discriminación y contrarrestar los delitos motivados por los prejuicios. Otro aspecto muy a tener en cuenta es que las personas encuestadas también indicaron que la falta de información y de formación profesional respecto a las necesidades del colectivo LGTB les impide contribuir a contrarrestar la discriminación a la que se enfrenta. En palabras del director de la FRA, Michael O’Flaherty, “los resultados apuntan a que la Unión Europea y los estados miembros subestiman la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos para actuar de acuerdo con la obligación de proporcionar un servicio de alta calidad y de ayudar a poner fin al sufrimiento que experimentan muchas personas del colectivo LGBT”.

Entre las principales conclusiones que la propia FRA extrae del informe, según el comunicado en el que lo ha dado a conocer, se encuentran:

• Parte de la sociedad mantiene actitudes hostiles respecto al colectivo LGBT y algunos profesionales siguen albergando prejuicios tales como la creencia de que la homosexualidad es una enfermedad que puede transmitirse. Por tanto, es necesario realizar campañas de sensibilización más positivas a escala nacional y de la UE, como las que figuran en la lista de acciones de la UE con el fin de mejorar el respeto a las personas del colectivo LGBT y sus derechos.
• Todos los grupos profesionales presentan bajos niveles de sensibilización y de conocimiento en relación a las necesidades del colectivo LGBT. Esto subraya la importancia de la formación profesional, y de que la sociedad civil se organice en asociaciones y coopere a fin de contrarrestar los prejuicios, especialmente en relación con las personas transexuales en el campo de la atención sanitaria, y para garantizar el mismo nivel de servicios del que disfruta la mayoría de la población.
• La falta de información objetiva, especialmente en los centros de enseñanza, puede dar lugar a acoso y prejuicios en una etapa vital posterior, así como obligar a los jóvenes LGBT a ocultar su orientación sexual o su identidad de género. Los Estados miembros deberían cooperar con las autoridades encargadas de la educación y los centros de enseñanza a fin de diseñar campañas destinadas a ayudar a que los colegios sean lugares más seguros y acogedores para con las personas LGBT.
• A menudo los delitos motivados por prejuicios contra las personas LGBT no se reconocen, no se denuncian y no se registran. Los Estados miembros deberán redoblar esfuerzos con el fin de garantizar la correcta aplicación de las leyes que protegen contra los delitos motivados por prejuicios y deberán incrementar esfuerzos con el fin de mejorar la denuncia de delitos motivados por prejuicios que deberían registrarse.

Un capítulo que ha llamado especialmente la atención, quizá por lo inesperado, es el referente al colectivo sanitario. “Los resultados revelan que algunos médicos siguen considerando erróneamente que la homosexualidad constituye una enfermedad”, ha destacado Michael O’Flaherty. Algo que destaca especialmente en los casos de Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Letonia, Polonia y Rumanía. En este último caso,  Rumanía, es donde se obtiene uno de los resultados más homófobos e incluso un enfermero se refiere a la homosexualidad como una plaga generada como resultado de hechos infelices sucedidos durante la infancia que necesitan manifestarse de otra forma(sic).la proporción de profesionales entrevistados que siguen considerando la homosexualidad una enfermedad alcanza el 50%.  Incluso sin llegar a este grado de prejuicio, resulta llamativo el peso del estereotipo y la falta de conocimiento de la realidad LGTB. En este sentido, nos ha llamado la atención el comentario de un ginecólogo lituano, según el cual hay que ser más cuidadoso cuando se atiende a personas homosexuales porque, por ejemplo, “se desmayan más fácilmente” al extraerles sangre…

El director de la FRA señala con los resultados en la mano la importancia del trabajo que debe realizarse en educación y entrenamiento profesional para contrarrestar la discriminación

El colectivo LGBT tiene el mismo derecho a la educación, sanidad y a ser tratados como iguales. Ellos también tienen derecho a vivir su vida con dignidad y sin miedo ni discriminación. El estudio revela cómo algunos doctores aun creen erróneamente que la homosexualidad e una enfermedad. Ellos subestiman la necesidad de Europa y sus estados miembros de empoderar oficialmente al colectivo gay y suministrarle servicios de calidad, ayudándoles y evitando el sufrimiento

Una consecuencia directa de las creencias de cierto sector médico es que muchos ataques homófobos contra el colectivo LGBT a menudo no son reportados ni añadidos a las estadísticas de forma adecuada, tanto por los sanitarios como por la policía.

Os invitamos a conocer en su integridad el informe, titulado Professionally speaking: challenges to achieving equality for LGBT people (tiene 100 páginas y está cargado de información de gran interés, no solo en el ámbito sanitario, también en el educativo o en el policial). Puedes descargarlo pinchando aquí.

Fuente PinkNews, vía AmbienteG/Dosmanzanas

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El joven ha sido encausado por el artículo 489 del código penal de Marruecos, que castiga explícitamente la homosexualidad.

La Policía solo ha detenido a uno de los vecinos autores de la agresión.

Las víctimas, convertidas en culpables. Así actúa el Estado marroquí contra las personas que sufren agresiones por su condición LGTB. Mejor ejemplo que el que acabamos de conocer, imposible: uno de los dos chicos brutalmente agredidos en Beni Mellal por mantener relaciones (agresión cuyas imágenes comenzaron a circular en redes sociales hace pocos días) había sido condenado, ya antes de que se difundiera el vídeo, a dos meses de cárcel. El segundo chico se ha presentado este domingo ante la justicia.

Lo contábamos anteayer mismo. El vídeo muestra cómo dos jóvenes, sorprendidos en la cama por un grupo de hombres que habían irrumpido en su vivienda, son brutalmente agredidos, y con el rostro ensangrentado y desnudos son llevados a la calle para su humillación pública. Inicialmente se desconocía tanto la fecha de la agresión como la identidad de los agredidos. Según una de las fuentes marroquíes que enlazábamos en nuestra primera entrada, los dos jóvenes habían sido detenidos horas después, acusados precisamente de mantener relaciones homosexuales. Pues bien, ya se dispone de más información. Según Al Huffington Post (la edición marroquí de este popular medio), citando al Conseil national des droits de l’Homme en la región de Beni Mellal, una de las víctimas ha sido ya juzgada y condenada por un delito de lesiones a dos meses de cárcel y una multa de 500 dirhams (unos 45 euros). La segunda víctima, que permanecía huida, se ha presentado ante la justicia marroquí este mismo domingo, cuando ya el vídeo de la agresión ha circulado.

No muy distinta, aunque algo más precisa, es la versión que ofrece El Mundo, que cita como fuente a la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. La agresión se habría producido el 9 de marzo y el juicio a la primera de las víctimas el 15, habiendo sido condenada a  dos meses de cárcel y una multa de 500 dirhams (unos 45 euros). El Mundo explica que uno de los jóvenes regenta un pequeño comercio en Beni Mellal, con una habitación aneja, que sería en la que los agresores irrumpieron a la fuerza. Según esta misma noticia, el escándalo provocado por la difusión del vídeo ha conseguido que la policía marroquí se haya planteado investigar a los agresores, y de hecho uno de ellos, con antecedentes policiales, habría sido ya detenido.

Lo comentábamos anteayer mismo. Aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

13 ONG de Marruecos piden el fin de la criminalización de la homosexualidad

En un comunicado publicado ayer, trece asociaciones de derechos humanos y penitenciarios marroquíes han salido a la defensa del joven encarcelado pidiendo la derogación del citado artículo, y confirmando que su caso supone una ínfima parte de los frecuentes abusos que atraviesa el colectivo.

Las asociaciones han pedido la apertura de una investigación por las autoridades públicas y reclaman la paralización de su proceso y su urgente puesta en libertad. Finalmente, exigen la derogación del artículo del Código Penal que criminaliza la homosexualidad.

Entre las asociaciones firmantes se encuentran l’AMDH, l’OMDH, l’ALCS, l’Observatoire des prisons, Alternatives, Adala, Bayt Al Hikma y Aswat.

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB

Agresiones que ocurren en un contexto en el que, como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, recordemos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Y lo cierto es que cada llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. Hace pocas semanas nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

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Los organizadores de un festival LGBT en la ciudad ucraniana de Lviv se han visto obligados a cancelar el evento ante las amenazas y ataques de un grupo de extrema derecha que rodeó el lugar donde se encontraban.

El Festival de la Igualdad que se celebraba en la ciudad ucraniana de Leópolis tuvo que ser cancelado, después de que una turba amenazante rodeara el hotel que acogía a participantes y eventos. Las fuerzas policiales, en vez de detener a los agresores, acusaron a las víctimas de ser “unos provocadores”. El Festival de la Igualdad pretendía ser una respuesta a todos aquellos grupos que sufren discriminación, como los miembros de minorías étnicas, las personas con discapacidad, los migrantes o las personas LGTB.

Alrededor de 200 manifestantes de extrema derecha rodearon y lanzaron piedras al grito de “matar, matar, matar” a un hotel donde 70 participantes del festival se habían refugiado. Después de que llamaran a la policía, y tan sólo enviaran un coche fue, los asistentes al festival tuvieron que ser evacuados en autobús un tiempo después.

El Festival de la Igualdad, filial regional de otro evento que tuvo lugar en Kiev por primera vez el pasado diciembre, iba a incluir lecturas literarias, proyecciones de películas y eventos públicos. Según los organizadores, la planificación del evento había sido difícil, ya que ni la policía ni la ciudad ofrecieron ningún tipo de apoyo. “Entonces, desde el hotel que habíamos reservado para las personas que venían de fuera de Lviv nos dijeron que no podíamos quedarnos allí”, denunciaron, añadiendo que “cuando llegamos, el encargado nos comunicó que las autoridades municipales les habían dicho que éramos unos pervertidos, que nos habían buscado en Google y que la gente como nosotros deberíamos quemar en el infierno”.

Leópolis está considerada la capital cultural de Ucrania, y por ello fue elegida por los organizadores para que fuera este año una de las sedes del Festival de la Igualdad, un encuentro que se ha desarrollado desde el año 2014 en la capital, Kiev, y que ahora quería expandirse por distintas localidades del territorio ucraniano. En palabras de sus organizadores, el Festival de la Igualdad es “una respuesta a muchos casos de discriminación y violación de los derechos de las personas pertenecientes a diversos grupos sociales sensibles: minorías étnicas, personas con discapacidad, personas LGTB, personas sin ciudadanía y residencia permanente, migrantes, tanto los externos como los domésticos, desplazados de la zona de conflicto en el Este y la península de Crimea”. Sin embargo, para quienes se oponen a su celebración, el Festival tan solo trata de promover los derechos de los homosexuales.

Los agresores de extrema derecha

Los organizadores del Festival habían conseguido que participaran personas de cierto renombre en el ámbito cultural ucraniano, y también algunos artistas conocidos por el gran público del país. Para ello contrataron los servicios del Hotel Leópolis, donde se acogería a los participantes y se celebrarían los diversos actos. Pero tanto las autoridades políticas de Leópolis como los líderes religiosos mostraron su oposición. Los responsables del hotel recibieron una llamada del ayuntamiento al respecto, y decidieron cancelar las reservas el pasado día 18 de marzo, tan solo un día antes del comienzo de la celebración del festival.

Finalmente, el Festival de la Igualdad logró encontrar acomodo en el Hotel Dniester, donde se alojaron y reunieron los participantes el 19 de marzo. Pero a mediodía, nada más dar comienzo las actividades, un grupo de jóvenes con máscaras y pasamontañas empezó a agolparse a las puertas del hotel. A las dos de la tarde, se podían contar unos doscientos. Los organizadores del evento, temerosos, solicitaron el auxilio de la Policía, pero les fue denegado. No solo eso, sino que los responsables de las fuerzas de seguridad locales les acusaron de ser “unos provocadores”, y arguyeron con sorna que los jóvenes reunidos a la puerta del hotel tan solo “estaban esperando a unos amigos”.

Los responsables del Festival no habían podido contratar seguridad privada, pues las compañías locales temían enfrentarse a los ultraderechistas del Partido Svoboda, por lo que solo contaban con cuatro guardias de seguridad contratados en Kiev. Las fuerzas policiales finalmente llegaron al hotel transcurridas cuatro horas desde que fuera rodeado, tras producirse una amenaza de bomba que obligó a evacuar las instalaciones. Cuando los participantes del Festival eran desalojados, fueron recibidos con una lluvia de piedras y pequeños explosivos.

La Policía se limitó a conducir a los agredidos hasta dos autobuses, sin enfrentarse a los violentos homófobos, que persiguieron a la carrera a los dos vehículos por las calles de Leópolis. Fueron conducidos a una ciudad cercana, donde encontraron refugio, mientras los agentes les informaban de que grupos armados les estaban buscando. Al día siguiente lograron abandonar la región.

Tras el violento suceso, el alcalde de Lviv, Andriy Sadovyi, finalmente rompió su silencio el domingo, para culpar tanto al grupo LGTB como a los miembros de la extrema derecha en la misma medida: “Los acontecimientos de ayer en Lviv son el resultado de una provocación cuidadosamente planificada. Los participantes de ambos lados eran conscientes o inconscientes de la imagen completa”, escribió en Facebook.

Sin embargo, los organizadores siguen confiando en Leópolis como una ciudad adecuada para la organización del Festival de la Igualdad. “Como capital cultural del país está llena de intelectuales”, afirman, “por lo que es un lugar donde es lógico que esperemos tener un diálogo constructivo”. Para los responsables del Festival de la Igualdad, la violencia de la que fueron objeto no representa el talante de los ciudadanos de Leópolis, sino solo a las organizaciones extremistas que asolan el país. Su propósito sigue siendo “defender la libertad y la igualdad para todo el mundo, sin excepciones ni limitaciones”.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga/Dosmanzanas

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La Asociación Mundial de Psiquiatría ha definido las pseudoterapias de conversión de la orientación homosexual como ”no científicas, ineficaces y perjudiciales” a través de un comunicado en el que la entidad más grande de expecialistas en psiquatría también urge a la despenalización de la condición homosexual y las identidades trans en todo el mundo

Histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría (World Psychiatric Association), organización paraguas que agrupa a 138 sociedades de Psiquiatría de 118 países y que representa a más de 200.000 psiquiatras. En definitiva, la organización psiquiátrica más importante del mundo. El texto no solo insiste en la despatologización de la homosexualidad, algo que no supone una novedad, sino que se posiciona en contra de las “terapias” reparadoras, que considera no solo ineficaces, sino también dañinas, y a favor de la igualdad de derechos de las personas LGTB.

La mayor entidad de psiquiatría a nivel mundial, la World Psychiatric Association, ha anunciado que publicará un informe para alertar sobre la inefectividad de las pseudoterapias de conversión de la oreintación sexual. A pesar de que el anuncio de la WPA es para mucha gente una verdad de perogrullo, esta infame realidad es utilizada a diario en muchos países para estafar a personas LGTB en clara situación de vulnerabilidad y baja autoestima, cuyos problemas de aceptación se incrementan hasta términos que pueden conducirles al suicidio.

A través de un comunicado de prensa publicado en su web, la asociación tilda a las pseudoterapias de ‘‘no científicas, poco éticas y perjudiciales”. Y declara su total oposición ” a cualquier intento de revertir la condición LGBT de ninguna persona.” Junto con la declaración, WPA ha pedido a los gobiernos de todo el mundo a descriminalizar la homosexualidad y las identidades trans, así como la inclusión de las demandas LGTB en los derechos humanos, civiles y políticos de cada país.

Puedes descargar aquí (en inglés) el documento de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que comienza afirmando que “recientes controversias en numerosos países sugieren la necesidad” de aclarar algunos puntos sobre lo que clásicamente se denomina homosexualidad, término que la Asociación Mundial de Psiquiatría, en un indisimulado afán despatologizador, prefiere llamar, en inglés, “same-sex orientation, attraction, and behaviour” (expresión imposible de volcar literalmente al castellano, que quizá podríamos traducir por “orientación y atracción hacia personas del mismo sexo y la conducta derivada de estas”).

Es por eso que, tras hacer un repaso de como la Psiquiatría, a lo largo de las últimas décadas y en base a la evidencia científica ha dejado de considerar la orientación homosexual una patología, esta organización define su posición en una serie de 6 puntos que reproducimos a continuación (se trata de una traducción propia, en la que por no complicar artificialmente la redacción hemos mantenido el término “homosexual” en varios momentos en los que el original inglés utiliza “same-sex”):

La Asociación Mundial de Psiquiatría sostiene al final de su comunicado que:

1. La Asociación Mundial de Psiquiatría mantiene la postura de que las personas lesbianas, gais, bisexuales y tránsgenero son, y así deben ser consideradas, miembros valiosos de la sociedad, con exactamente los mismos derechos y obligaciones que el resto de los ciudadanos. Esto incluye el acceso igualitario a la asistencia sanitaria y a todos los derechos y obligaciones propios de una sociedad civilizada.
2. La Asociación Mundial de Psiquiatría reconoce la universalidad de la expresión homosexual en las diferentes culturas. Mantiene la postura de que la orientación homosexual en sí misma no implica disfunción psicológica objetiva o deterioro del juicio, la estabilidad o la capacidad profesional.
3. La Asociación Mundial de Psiquiatría considera que la orientación y atracción hacia personas del mismo sexo y la conducta derivada de estas son variantes normales de la sexualidad humana. Reconoce asimismo que son múltiples los factores que determinan la sexualidad, la orientación, la conducta y el estilo de vida. Reconoce la falta de eficacia científica de los tratamientos que intentar modificar la orientación sexual y subraya el daño y los efectos adversos de tales “terapias” (entrecomillado en el original).
4. La Asociación Mundial de Psiquiatría reconoce el estigma social y la consecuente discriminación de las personas con orientación homosexual y tránsgenero. Reconoce asimismo que las dificultades a las que se enfrentan son una causa significativa de malestar y hace un llamamiento a proporcionarles un adecuado soporte de salud mental.
5. La Asociación Mundial de Psiquiatría apoya la necesidad de despenalizar la orientación y la conducta homosexuales, así como la transexualidad, y de incluir los derechos LGTB entre los derechos humanos, civiles y políticos. También apoya la legislación contra el acoso; las leyes contra la discriminación en la educación, el empleo y el acceso a la vivienda; la igualdad en inmigración; la equiparación de las edades de consentimiento y las leyes que endurecen las penas por delitos de odio motivados por el prejuicio hacia las personas LGTB.
6. La Asociación Mundial de Psiquiatría subraya la necesidad de investigar y desarrollar intervenciones médicas y sociales basadas en la evidencia científica con objeto de dar apoyo a la salud mental de las personas lesbianas, gais, bisexuales y tránsgenero.

“No” rotundo a las “terapias” reparadoras

El pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría (presidida en estos momentos por un psiquiatra abiertamente gay, Dinesh Bhugra) es sin duda un motivo por el que felicitarse. Muy especialmente, y de hecho ese es el aspecto que destacan la mayoría de los medios que se han hecho eco de la noticia, por lo que se refiere a su posicionamiento frontal en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se han pronunciado numerosas organizaciones profesionales y cuya aplicación en menores de edad ya han comenzado a prohibir varios estados norteamericanos (también Malta, en Europa, ha comenzado a discutir una ley en ese sentido).

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta la fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas/  wpanet.org / Redacción chueca

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Imagen: Abdellah Bijat/Instagram

La realidad es poliédrica y se alza por encima de prejuicios. Pocos días después de los terribles atentados de Bruselas, que entre otros efectos han desatado una preocupante ola de islamofobia que organizaciones como Kifkif están denunciando, nos hacemos eco de otra noticia procedente de Bélgica, anterior a los atentados, pero que no había atraído nuestra atención hasta ahora. Este año, por primera vez en la historia, un musulmán ha llegado a la final del concurso de Mister Gay Bélgica y lo ha ganado. Se trata de Abdellah Bijat, que espera que su historia pueda servir de ayuda a otros.

Los organizadores del concurso dicen que en el pasado ha habido candidatos musulmanes pero al final, motivados por el miedo o la presión familiar, abandonaban el concurso. Bijat, de momento y pese a las presiones, está resistiendo muy orgulloso de lucir la banda de “Él gay más guapo de Bélgica”

En declaraciones a “Studio Brussel” declaró que le encantaría ser ganador.-“Quiero demostrar que es posible la coexistencia de diferentes culturas. Muchos refugiados buscan asilo en Europa, ya que son perseguidos por su orientación sexual. Hay que aceptar a los demás por lo que son. La religión se vuelve contradictorio cuando se toma una posición en contra de la homosexualidad. El Corán habla de la tolerancia y el respeto a los demás y sus opciones”. Le gustaría ser el vencedor en Mr. Gay World que se celebrará en Malta el 28 de mayo.

“¿Yo, un ejemplo? Puede ser. Espero que mi candidatura a Mister Gay Bélgica pueda servir de apoyo a los jóvenes a los que les supone un problema su orientación sexual, Quizá cuando me vean puedan aceptarse más fácilmente, y que sea más fácil también para sus familias”, declaraba Bijat al diario flamenco De Standaard, tras conocer su pase a la final del concurso.

Imagen: Abdellah Bijat homenajea victimas atentado Bruselas/Instagram

Con 22 años, natural de Gante y de origen marroquí, Abdellah Bijat vive su condición de musulmán sin que ello le suponga contradicción con su abierta homosexualidad. “En el Corán se puede leer que hay que ser tolerante con los demás y con la sociedad. Eso significa que debemos respetar la forma de ser que cada uno tenga”, declaraba a su vez a la cadena de radio Studio Brussel. Algo que por desgracia no viven otros en su misma situación, que se enfrentan además a problemas de incomprensión por parte de su entorno. Los organizadores de Mister Gay Bélgica reconocen que en ediciones anteriores ha habido otros candidatos musulmanes, pero siempre acababan retirándose por miedo o debido a la presión de sus familias.

El propio Abdellah no quiere contar demasiado sobre su propia historia personal, más allá de que dejó el domicilio familiar tras su salida del armario. Sabe además que su historia puede despertar reacciones hostiles, pero espera también muchas positivas, incluso desde países musulmanes. “Los que sean verdaderamente buenos musulmanes, respetarán mi decisión”, asegura.

Podéis juzgar vosotros mismos si Abdellah merece ganar el próximo 28 de mayo. En su cuenta de Instagram hay numerosas fotos que él mismo ha subido. Conociendo a los 12 finalistas, a nosotros desde luego nos parece que tiene posibilidades…

Fuente Dosmanzanas/Cáscara amarga

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Sentencia judicial histórica en Italia: un tribunal de menores de Roma ha reconocido como padre de un niño de seis años a la pareja de su padre biológico. No se trata de la primera vez que la justicia italiana reconoce la que se ha dado en llamar stepchild adoption, pero sí de la primera vez que lo hace a una pareja de hombres, y no de mujeres. También es la primera vez que ocurre con un niño nacido mediante gestación subrogada.

El niño, de seis años, nació mediante gestación subrogada en Canadá, país en el que este procedimiento es legal. Italia sí que reconocía a su padre biológico como padre del niño, pero no así al padre no biológico, que en junio del año pasado solicitó la adopción. El tribunal de menores de Roma la ha concedido, al considerar que por encima de cualquier otra consideración debe primar el bienestar del menor, que desde que nació ha sido criado y educado por sus dos papás.

La sentencia, que se emitió a finales de 2015 pero que acaba de hacerse pública, es inédita por dos razones: por un lado, se trata de la primera vez que se concede la stepchild adoption a una pareja de hombres. Por otro, no ha existido apelación por parte de la fiscalía de menores, por lo que la sentencia es definitiva y no tendrá que enfrentarse a un tribunal de rango superior.

El fallo del tribunal de menores de Roma está en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recordemos que en junio de 2014 fallaba a favor de dos matrimonios franceses que tuvieron sus tres hijas mediante gestación subrogada y a las que Francia se negó a registrar pese a que las niñas estaban reconocidas como hijas de sus padres en Estados Unidos. El tribunal europeo consideró entonces que esta negativa violaba el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege el derecho de los menores al respeto de su vida privada, socavando su identidad y produciéndoles un perjuicio. En definitiva, los estados pueden prohibir la gestación subrogada, pero no negar los derechos de filiación a los menores nacidos legalmente mediante este procedimiento en otro país que se los reconozca.

Sentencias anteriores, solo en parejas de mujeres

Volviendo a Italia, son ya varias las sentencias previas que reconocen la stepchild adoption, término anglosajón que los italianos ha adoptado para designar la posibilidad de que, en el seno de una pareja del mismo sexo, uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro de la pareja. Pero hasta ahora siempre se había tratado de parejas de mujeres. El último caso del que nos hicimos eco, hace apenas tres semanas, fue el de una adopción “cruzada”: cada una de las dos mujeres era madre de una niña, en los dos casos recurriendo a reproducción asistida en Dinamarca. Las dos niñas tienen ya 4 y 8 años. Pero no ha sido hasta ahora cuando la justicia ha concedido la adopción de cada una de las niñas a su madre no biológica. De esta forma, ambas madres ven reconocidos legalmente sus derechos parentales sobre las dos menores.

La más destacada de las sentencias hasta ahora, no obstante, había sido la que el pasado diciembre emitía un tribunal de apelaciones de Roma, confirmando la sentencia que ya año y medio antes había emitido el tribunal de menores, y que por primera vez avalaba que una mujer pudiese adoptar a la hija biológica de su pareja del mismo sexo (ya en su momento recogimos la que entonces fue histórica sentencia. La pareja de mujeres, residente en Roma desde el año 2003, tuvo una hija mediante reproducción asistida en un país extranjero que no ha trascendido, donde también contrajeron matrimonio. Con posterioridad, reclamaron ante la justicia italiana la adopción del menor por parte de la madre no biológica).

Esta sentencia, no obstante, está pendiente de ser revisada por la Corte Suprema de Casación, el más alto tribunal italiano. El caso, sin embargo, abrió un camino que es el que otros tribunales italianos ya están siguiendo. En enero de 2015, por ejemplo, era un tribunal de apelaciones de Turín el que reconocía los derechos de parentalidad de otra pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona, cuyo registro civil reconoce al niño como hijo de ambas. Y en diciembre otro tribunal de apelaciones, esta vez en Milán, reconocía como válida la adopción concedida en España a una mujer italiana que adoptó a la hija biológica de su pareja. La historia de esta pareja es bastante similar a la anterior: se casaron (luego se divorciaron) y tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en España, aunque en este caso ambas mujeres son italianas. Aún así, el tribunal considera que el procedimiento de adopción en España debe ser reconocido en Italia.

Sentencias, todas ellas, que sin embargo quedan “superadas” por la conocida este lunes, única en la que no se ha producido apelación… y que por tanto es ya definitiva.

Una justicia por delante de su clase política

Todas estas sentencias tienen lugar mientras la clase política italiana se muestra incapaz de aprobar una ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo que reconozca, aunque sea de forma limitada, a las familias homoparentales. La aprobación del proyecto en el Senado solo ha sido posible después de que el Gobierno italiano aceptase eliminar del proyecto la stepchild adoption, lo que seguirá obligando,  a las parejas del mismo sexo con hijos, incluso cuando se apruebe el proyecto que les permita unirse civilmente, a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos de parentalidad.

Fuente Dosmanzanas

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De nuevo el debate en torno al matrimonio igualitario vuelve a suscitar los peores exabruptos. Esta vez es ha sido en Australia, donde un senador ha señalado la advertencia, por lo demás típica, de que su aprobación llevará a la legalización del matrimonio para los tríos.

De nuevo toca escuchar los ya clásicos argumentos contra el matrimonio igualitario, que hablan más de los prejuicios, miedos y quizá envidias de quienes los formulan antes que de cualquier cuestión realmente pertinente. Ahora es en Australia, donde vuelve a hablarse de la “infidelidad” de las parejas del mismo sexo, señalando que el matrimonio igualitario llevaría pronto a la legalización de los “paritríos” (traducción aproximada de la palabra “throuples”, que, con supuesto ingenio, combina “three” y “couples”). En palabras del senador por Australia Meridional, Bob Day: “En lugares donde los gais, normalmente hombres, han podido formar uniones reconocidas, no hacen equivaler necesariamente su compromiso con la monogamia”. Se refería con ello a una encuesta hecha en Vermont (Estados Unidos), según la cual el 58% de los hombres unidos civilmente a otros hombres habían tenido relaciones con otros hombres, frente al 15% de hombres casados con mujeres que habían tenido relaciones fuera del matrimonio. “¿Cuánto tiempo pasará hasta que desempolven de nuevo el matrimonio igualitario para los paritríos? No habrá dado ni tiempo a que el polvo se asiente y ya estaremos con ese asunto”, se preguntó, con supuesto ingenio, el senador.

Bob Day es en realidad una figura política con trayectoria en Australia. Entre 1987 y 2008 formó parte del Partido Liberal, ocupando diversas responsabilidades. Posteriormente abandonó dicho partido y entró en otro con el llamativo título de Family First (“La familia primero”), con el que ahora es senador. Este partido proclama en su propia página web el lema: “Familias fuertes, valores fuertes, una Australia fuerte”. Con estas bases, resultan más comprensibles las palabras del senador Day.

El argumento del senador adolece de problemas desde varios puntos de vista. En primer lugar, llama la atención la obsesión por focalizar en las parejas de hombres. Curiosamente, según la misma encuesta que Day utiliza como argumento, solo el 9% de las parejas de mujeres habían conocido relaciones fuera de la pareja, frente al 14% de las mujeres casadas con hombres… Además, está el problema de qué entiende exactamente por monogamia, pues no parece diferenciar una aventura ocasional de otras realidades. Y por encima de todo, y dejando de lado la validez de las encuestas para determinar este tipo de relaciones (¿están las parejas heterosexuales igual de dispuestas a admitir la existencia de otras relaciones que las parejas del mismo sexo?), cabe preguntarse si lo que hagan las parejas con su vida de a dos, a fin de cuentas, no es un asunto que les incumbe solo a ellas. El matrimonio, ciertamente, presupone un compromiso de lealtad y ayuda mutua, pero inferir una ausencia de estas características porque no haya monogamia estricta (aceptando la notable vaguedad del “argumento” del senador) supone, como mínimo, un atrevimiento.

Fuente Dosmanzanas

General, Homofobia/ Transfobia. Australia, Australia Meridional, Bob Day, Discriminación, Family First (Australia), Homofobia, Matrimonio

El Parlamento de las Islas Feroe ha votado mayoritariamente a favor de devolver al Comité de Bienestar el proyecto de ley de matrimonio igualitario que había sido presentado. La preocupación de la mayoría es que se constate en el texto legal que las confesiones religiosas no estarán obligadas a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. Una vez reformado, el proyecto de ley retornará al Parlamento para una tercera lectura, para la que parece contar con el parabién de la mayoría de los representantes. De ser aprobado finalmente, el matrimonio igualitario entraría en vigor el 1 de julio, y las Islas Feroe dejarían de ser el único territorio escandinavo donde no se reconoce ningún derecho a las parejas del mismo sexo.

Tras la victoria de las fuerzas de izquierda en las elecciones de septiembre de 2015, crecía la esperanza de que el matrimonio igualitario fuese por fin aprobado en las Islas Feroe, único territorio escandinavo y del Reino de Dinamarca donde no está legislado. No en vano, los derechos de las parejas del mismo sexo habían constituido uno de los asuntos que habían adquirido mayor relevancia en la campaña electoral.

Así, el 15 de noviembre de 2015 se introducían en el Løgting (el Parlamento unicameral feroés) dos proyectos de ley, cuyos cuatro ponentes pertenecían a los cuatro partidos de centro-izquierda, uno de los cuales legislaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras el otro se ocupaba del divorcio. El texto del proyecto de ley de matrimonio era idéntico al que fue rechazado por el Parlamento en marzo de 2014.

El 24 de noviembre de 2015, ambos textos fueron aprobados en primera lectura por la mayoría de la comisión que los escrutaba, programándose una segunda lectura para mediados de marzo de 2016. El pasado día 14, el Comité de Bienestar enviaba el proyecto de ley al Løgting, para ser puesto a consideración de los diputados, con una recomendación favorable de la mayoría de los miembros del comité.

Sin embargo, cuando este 16 de marzo comenzó a ser debatido en el Parlamento, los representantes de los partidos de centro-izquierda encontraron una objeción: el texto parecía dar derecho, a semejanza de la legislación danesa, a que las parejas del mismo sexo pudieran celebrar su matrimonio en las iglesias. Representantes de las distintas fuerzas expresaron su oposición a ese derecho, por lo que, tras un receso, desde el Partido Socialdemócrata se elevó la propuesta de que el proyecto de ley fuera devuelto al Comité de Bienestar para que se reformase a ese respecto. La proposición fue aprobada por 26 votos a favor, 2 en contra y 5 votos en blanco.

Todo parece dar a entender que, tras la reforma del proyecto de ley, hay una mayoría suficiente para que finalmente el matrimonio igualitario pueda ser aprobado en las Islas Feroe. De poder cumplirse el calendario establecido inicialmente, tomaría efectos el próximo 1 de julio, haciendo que el archipiélago deje de ser el único territorio escandinavo y de la corona danesa donde las parejas del mismo sexo no son legalmente reconocidas, pues ni siquiera se les ha permitido la posibilidad de contraer una unión civil.

Las Islas Feroe son parte del Reino de Dinamarca, pero constituyen un ente autónomo con lengua y cultura propias, que funciona -salvo en cuestiones de defensa y política exterior- como un estado independiente. Mantienen además una especial vinculación cultural y lingüística con Islandia. En materia de derechos LGTB, por ejemplo, su legislación nunca ha asumido avances como las uniones civiles, que en Dinamarca fueron aprobadas en junio de 1989, siendo el primer país del mundo en ofrecer ese derecho a las parejas del mismo sexo. Años más tarde, en junio de 2012, Dinamarca finalmente aprobaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, sin que las Islas Feore siguieran tampoco su ejemplo. Más recientemente, en octubre de 2015, entraba en vigor en otro de los territorios del Reino de Dinamarca, Groenlandia, su propia ley de matrimonio igualitario, aprobada por su Parlamento por unanimidad. Las Islas Feroe quedaban así como el único miembro del Reino sin legislar al respecto, a pesar de que ya en 2013 una encuesta mostraba un apoyo del 68% de la población feroesa a favor del matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

Cristianismo (Iglesias), General, Historia LGTBI Dinamarca, Discriminación, Groenlandia, Islandia, Islas Feroe, Matrimonio, Partido Socialdemócrata (Islas Feroe)

Rusia y algunos países africanos protestan contra una campaña de la ONU, “Libres e iguales”, en defensa de la comunidad LGTB para la que se han lanzado seis sellos conmemorativos.

Con sede en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos está a cargo de la campaña Libres e iguales, en defensa de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Se trata de una serie de seis sellos postales que tratan de reflejar el espíritu de dos resoluciones de la ONU, adoptadas en 2011 y 2015 por el Congreso de los Derechos Humanos, que denuncian la discriminación y la violencia contra personas en base a su orientación sexual o su identidad de género.

Entre los 79 países que integran la lista de los países que actualmente disponen de leyes que discriminan a la comunidad LGTB se encuentran Angola, Botswana, Kenia, Nigeria, Tanzania, Uganda, Zimbawe. Hasta 54 de esos países, junto con Rusia, con poder de veto actualmente, han manifestado su malestar con la campaña.

En nombre del grupo africano, un representante de Tanzania, Justin Kisoka, ha hecho llegar al secretario general de la ONU su profunda preocupación por la “alarmante” presentación, impresión y distribución de los sellos. Según él “contradicen los principios de la ONU, así como la cultura, las normas y las creencias de muchos estados miembros, lo que deja dudas sobre el cumplimiento de las normas y las reglas que rigen el uso del logo y de los recursos” de esta organización internacional. En la Comisión de administración y Presupuesto de la ONU, conocida como la Quinta Comisión, Kisoka solicitó el “cese inmediato de la campaña”, así como la implementación de medidas para determinar responsabilidades y la recuperación de los fondos destinados a la financiación de los sellos. En apoyo al grupo africano, Sergey Khalizov, representante ruso, cuestionó el uso de los recursos en el mismo sentido, estando dispuesto a debatir ante la Comisión sobre los diversos asuntos plateados por el grupo africano.

Tras confirmar que la publicación de los sellos está vinculada a la campaña Libres e iguales, Boris Dittrich, director de la campaña del programa de derechos de personas LGTB de la organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, recalca que los polémicos sellos “reflejan que los derechos fundamentales, así como la libertad de expresión, el derecho a la privacidad y la no discriminación pertenecen a cada persona, independientemente de su orientación sexual o identidad de género (…). En lugar de atacar a al ONU por publicar una serie de sellos, el grupo africano y Rusia deberían concentrarse en eliminar la discriminación y la violencia contra las personas LGTB en sus países”.

Homosexual de origen cubano, Sergio Baradat, responsable del diseño de los sellos, ha explicado la influencia del Art Decó francés en sus diseños, así como el hecho de haber crecido en Miami. “En uno de los sellos hay una persona transgénero», explica en referencia al que muestra a una persona con alas de mariposa, representando a alguien «que se convierte en quien realmente es y florece (…) Vivimos en un mundo en el que aun si las naciones adoptan el matrimonio igualitario y la igualdad LGTB, todavía tenemos mucho camino por delante, pero estamos dando pasos importantes (…). Hay países en el mundo donde no sólo no nos celebran ni nos respetan, sino que nos golpean y nos asesinan. Pensé que sería una oportunidad maravillosa de usar el arte mediante sellos postales como vehículo para cambiar corazones y mentes“.

La serie de sellos cuenta con el apoyo de los miembros permanentes actuales entre los que se encuentran Alemania, Argentina, Australia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Israel, Noruega y Uruguay, la delegación de la Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la Administración Postal de la ONU.

Fuente Agencias

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“Hemos luchado. Tuvimos un objetivo en común. Estamos agradecidos por el tiempo tan increíble que hemos pasado juntos. El amor permanece”. Así se despedía Guido Westerwelle, junto al gran amor de su vida, Michael Mronz, en la web de la Westerwelle Foundation. El que fuera vicecanciller y ministro de Exteriores de Alemania, abiertamente gay, ha fallecido este viernes 18 de marzo en Colonia como consecuencia de una leucemia.

Guido Westerwelle fue elegido en 2001, siendo abiertamente gay, líder del Partido Liberal Alemán (FDP). Durante años ejerció la oposición al primero de los gobiernos de “gran coalición” entre los democristianos de la CDU/CSU y los socialdemócratas del SPD, hasta que tras las elecciones federales de 2009, tras conseguir para su partido un porcentaje de voto sin precedentes, acordó un gobierno de coalición con los democristianos de Angela Merkel en el que él mismo ocupó la Vicecancillería y el Ministerio de Exteriores. Un año después formalizó su unión civil con el empresario Michael Mronz. Su relación de pareja, de hecho, había sido antes fuente de críticas, centradas en el hecho de que Mronz hubiese acompañado ya a Westerwelle en viajes oficiales (se le acusó de haber utilizado esos viajes para su provecho personal, algo que él siempre negó).

Westerwelle, si bien un ejemplo de visibilidad en lo tocante a su vida personal, fue muy criticado por su falta de compromiso con cualquier iniciativa que pudiera percibirse como comprometida con los derechos LGTB (su actitud llegó a propiciar incluso la campaña “Gays against Guido”). Aún así, su homosexualidad siempre condicionó de alguna manera su carrera política y provocó algún que otro incidente. Aún se recuerda cuando el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, le instó a llevar “una vida normal”, palabras por las que luego pidió disculpas aunque insistiendo en seguir “reprobando” las relaciones homosexuales. Disculpas que duraron poco: meses después aseguró que “mejor ser dictador que ser gay”, tras conocer que Westerwelle se había referido a él como el último dictador de Europa.

Un historial de luces y sombras

Visibilidad aparte, lo cierto es que los liberales no se separaron en ningún momento de las directrices de sus socios democristianos y votaron en contra de prohibir las “terapias reparadoras” de la homosexualidad en menores, de la equiparación fiscal de las parejas del mismo sexo, de ampliar la protección contra los crímenes de odio homófobos o del propio matrimonio igualitario, entre otros ejemplos (y eso que en 2011 su partido los liberales se habían pronunciado a favor del mismo, ya después de que Westerwelle, aún en el gobierno, hubiese renunciado al liderazgo del partido). En las elecciones federales de 2013, ya sin Westerwelle, los liberales cosecharon un resultado catastrófico y se convirtieron en una fuerza extraparlamentaria, dando paso al segundo gobierno de gran coalición entre democristianos y socialdemócratas.

Ya retirado de la vida pública, Westerwelle concedía a principios de 2014 una entrevista al semanario Stern en la que hablaba de sus vivencias como uno de los principales políticos abiertamente homosexuales de Alemania. En ella llama la atención la nula asunción de responsabilidades por la falta de avances en materia de derechos LGTB, que achaca únicamente a la voluntad de Angela Merkel. Westerwelle se felicitaba por la reacción positiva del gobierno alemán a la salida del armario del exfutbolista Thomas Hitzlsperger, pero declaraba que hubiese preferido “la igualdad legal completa de las uniones civiles entre personas del mismo sexo con el matrimonio”. También afirmó que fue la oposición de la canciller la que impidió esta medida, y la emplazaba a hacerlo en ese momento: “Está en sus manos”. Westerwelle, sin embargo, aseguraba que hubiera vuelto a alinearse con los democristianos para gobernar en coalición de haber tenido la oportunidad. Y es que, según Westerwelle, “el SPD no era mucho mejor”.

El político liberal acababa aquella entrevista con un pronóstico: para cuando muriese, “ser gay será lo más natural del mundo”. Desgraciadamente, no ha sido así, o al menos no en buena parte del mundo. Meses después se conocía que Westerwelle había sido diagnosticado de leucemia aguda. Una enfermedad contra la que ha luchado denodadamente, sabiendo que posiblemente le conduciría a la muerte. Una lucha que le llevó incluso a escribir un libro, titulado literalmente “Entre dos vidas, desde el amor, la muerte y la confianza”. 

Con sus luces y sus sombras, pero ante todo agradeciéndole la visibilidad de la que siempre hizo gala, descanse en paz.

Fuente Dosmanzanas

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Un tribunal de la ciudad de Kostroma -al norte de Rusia- ha dictaminado que las autoridades municipales han prohibido de manera injustificada la celebración del Orgullo LGTB y ha obligado a compensar monetariamente a Nikolai Alekseyev (en la fotografía), el activista promotor del encuentro, por los perjuicios ocasionados

Las leyes contra la expresión pública LGTB han convertido a Rusia e un terreno monstruosamente inhóspito para la libertad afectivosexual y de género, además de un extenso campo de minas de discriminación y violencia -que entre muchas otras cosas ha conseguido empeorar su respuesta al VIH y otras ITS-.

Por esta razón no podemos acoger sino con alegría el reciente fallo de la Corte de Distrito de Sverdlovsk de la ciudad de Kostroma, que ha declarado injustificadas la prohibición de las marchas y manifestaciones pro LGTB organizadas por el movimiento activista.

Según informa el servicio de prensa del tribunal, la Dirección Financiera de la administración de la ciudada deberá cumplir parcialmente las dos demandas presentadas por Nikolai Alekseyev, y compensarle con la cifra de 6.000 rublos más 300 de las tasas judiciales -alrededor de 900€ en total-, mientras señala que una denuncia más del activista sigue en curso.

En abril de 2014, las autoridades de la ciudad de Kostroma negaron dar licencia a la celebración del un evento pro LGTB personalizado en la figura de la actriz soviética Faina Ranevskaya, conocida por sus ingeniosas muletillas relacionadas con la cultura pop y el colectivo.

La otra decisión de las autoridades municipales que ha sido invalidada por el Tribunal se refiere a la prohibición oficial de la marcha del Orgullo LGTB de juinio, dos meses más tarde.

Alekseyev, una de las caras del activismo LGTB ruso más visibles y contestatarias, ha sido el objetivo desde hace años de las homofobia institucional.

El abogado y periodista ha experimentado el encarcelamiento, trabajos forzados, la violencia de las fuerzas de seguridad y recurrentes multas por su visibilidad y trabajo en favor de los derechos humanos del colectivo, así como numerosos boicots y ataques espontáneos de grupos ultra ortodoxos.

No obstant,e y a pesar de la oposición de las instituciones rusas, el activista ha intentado sin éxito impulsar otras jornadas de protesta LGTB en las principales ciudades rusas, que suelen negar su permisión aduciendo que temen posibles conflictos entre los manifestantes y la sociedad civil.

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Una transexual denuncia haber sido despedida sin ninguna explicación de una tienda de Santory en Tierra Blanca en lo que considera un caso de discriminación por identidad de género.

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Hasta 130 médicos y biólogos se han autoinculpado, en una carta publicada en el diario Le Monde, de haber colaborado en los procesos de reproducción asistida de parejas de mujeres y de mujeres solas, una práctica prohibida en Francia y que el gobierno de ese país, pese a su promesa electoral, ha decidido mantener en la ilegalidad para no provocar la ira de los grupos conservadores. 

En Francia, la reproducción asistida solo está permitida a parejas de distinto sexo, casadas o no, que además deben acreditar la esterilidad de al menos uno de sus miembros. Se trata de una prohibición total, que afecta tanto a clínicas públicas como privadas, y que obliga a cualquier mujer francesa sin pareja masculina que desee ser madre a acudir a países vecinos, como Bélgica o España.

La modificación de esta prohibición había sido durante años una de las banderas del Partido Socialista francés en materia de derechos LGTB, y de hecho la promesa estaba incluida en el programa con el que los socialistas ganaron las elecciones legislativas de 2012. El propio presidente François Hollande se posicionó siendo candidato presidencial a favor del cambio. Tras su elección, sin embargo, pasó a adoptar una posición ambigua, respondiendo cuando se le preguntaba una cosa u otra en función del auditorio que tuviera delante. No fue sin embargo hasta 2014, tras la remodelación que siguió a la derrota socialista en las elecciones municipales y que convirtió a Manuel Valls en el nuevo jefe de gobierno, cuando se anunció la renuncia a aprobar la modificación legal.

Una marcha atrás que tenía lugar en el contexto de la derechización que Valls impuso al Gobierno socialista, uno de cuyos elementos ha sido el acercamiento a la Iglesia católica y a los contrarios a los derechos LGTB. Laurence Rosignol, que entró con Valls en el gobierno francés como secretaria de estado de Familia, recibió, en el que fue uno de sus primeros gestos políticos, a los representantes de la Manif pour tous, el movimiento homófobo que lideró las protestas contra el matrimonio igualitario, ante los cuales adelantó la renuncia a modificar la reproducción asistida. La propia Rossignol, ahora ascendida a ministra de Familia, Infancia y Derechos de las Mujeres, confirmaba la marcha atrás en una entrevista a Libération publicada en febrero. “No quiero que se diga que la izquierda promueve debates sociales para distraer la atención, como fue el caso durante el debate sobre el matrimonio igualitario. La vociferación de la Manif pour tous lo paralizó todo. No quiero verme impotente en todo lo que tengo que hacer por lanzar un debate sobre la PMA [procréation médicalement assistée, o reproducción asistida]. Ahora, usted dice ‘PMA’ y las redes sociales arden. Estos temas deben ser tratados por una sociedad apaciguada. Y yo ahora trabajo para apaciguarla”,  justificaba, pese a asegurar que ella, “a título personal”, estaba en contra de la prohibición.

Una argumentación especialmente cobarde: que un gobierno democráticamente elegido renuncie a acabar con una disposición legal discriminatoria en materia de derechos civiles, tal y como había prometido en su programa, para así mantener “apaciguados” a los defensores de dicha discriminación no hace sino reforzar a estos. No está de más recordar que la cobardía del Gobierno francés va incluso más allá de negar a las mujeres sin pareja masculina el derecho a la reproducción asistida, aún pagándola de su bolsillo en una clínica privada. El gobierno de Valls se negó incluso a apoyar en 2014 una enmienda legislativa presentada por dos diputados verdes cuyo objetivo era asegurar que al menos en aquellas parejas de lesbianas que ya son madres (por haber recurrido a la reproducción asistida en otros países) la madre no gestante fuese reconocida legalmente. Afortunadamente, pese a la negativa gubernamental, la Corte francesa de Casación acabó por confirmar ese derecho, aunque obligando a las madres no gestantes a iniciar un proceso de adopción de los que al fin y al cabo son sus propios hijos.

Los firmantes piden actualizar una legislación anacrónica

La postura del gobierno ha enfurecido no solo a los colectivos LGTB, sino a muchos profesionales de la reproducción asistida que no entienden esta marcha atrás. En en este contexto que 130 de ellos han decidido visibilizar públicamente que ellos mismos han ayudado a las mujeres que tienen prohibido el acceso a la reproducción asistida en su proceso, como una forma de denunciar la actual situación, y han solicitado una modificación de la legislación de reproducción asistida para permitir la donación de esperma a mujeres con independencia de su esquema relacional y orientación sexual. La carta, promovida por el ginecólogo René Frydman, considerado el padre del primer “bebé probeta” francés, está firmada por algunos de los más prestigiosos especialistas franceses en este campo, como François Olivennes o Israël Nisand.

Los especialistas firmantes piden además, de una forma general, la puesta en marcha de un verdadero plan de apoyo a la reproducción asistida que contemple otras actualizaciones de la ley francesa, como que se facilite la donación de ovocitos, que las mujeres puedan congelar sus ovocitos en previsión de un embarazo posterior (algo que en Francia solo se permite si la mujer presenta una patología que amenaza su fertilidad) o que se permita el diagnóstico genético preimplantacional.

Fuente Dosmanzanas

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Miro Cerar, el primer ministro de Eslovenia, anunció el pasado viernes el apoyo de su Gobierno a un proyecto para ampliar los derechos de las parejas del mismo sexo. Tan solo la adopción y el acceso a tratamientos de fertilidad quedarían excluidos. En diciembre, los eslovenos contrarios a los derechos LGTB lograron derogar la ley de matrimonio igualitario aprobada por su Parlamento.

El proyecto de ley presentado por el diputado Jani Möderndorfer, del socioliberal Partido Moderno del Centro (SMC) persigue la equiparación de los derechos de las parejas en una unión civil con los de las casadas. Con dos excepciones: las primeras no podrán adoptar ni acceder a los tratamientos de fecundación artificial. El primer ministro Cerar, miembro también del SMC, apoyará desde el Gobierno su tramitación.

La propuesta pretende suplir provisionalmente la situación creada tras el rechazo en referéndum, el pasado mes de diciembre, de la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo que había aprobado el Parlamento esloveno en mayo de 2015. Möderndorfer presentó su proyecto solo dos días después de dicha consulta como una solución de transición, ya que el resultado del referéndum es vinculante durante un año.

La situación del colectivo LGTB esloveno es, por el momento, incierta. Existe desde 2006 una ley de uniones civiles abierta a las parejas del mismo sexo, pero es muy restrictiva, pues excluye, entre otros, los derechos relativos a la seguridad social, herencia o adopción. En 2009 el Tribunal Constitucional dictaminó que era inconstitucional impedir a las parejas del mismo sexo que heredasen la propiedad del otro. Además, estipuló que el tratamiento diferente de las uniones civiles respecto al matrimonio constituía una discriminación por orientación sexual, lo cual violaba el artículo 14 de la Constitución de Eslovenia. Dio al Parlamento un plazo de seis meses para enmendar la situación, pero los distintos procesos electorales obstaculizaron el cumplimiento de ese mandato.

En 2014, el ministro de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales ya presentó un nuevo proyecto de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo análogo al que ahora se discute: también otorgaba los mismos derechos que el matrimonio, exceptuando la adopción y el acceso a la reproducción asistida. Sin embargo, la iniciativa quedó en suspenso debido a unas nuevas elecciones anticipadas. El Gobierno entrante, finalmente, decidió aparcar el proyecto de ley y apostar por el matrimonio igualitario, aprobándolo en marzo de 2015.

Sin embargo, a instancia de grupos contrarios a los derechos LGTB, el Parlamento esloveno se vio obligado a fijar para el 20 de diciembre de 2015 la convocatoria de un referéndum para derogar la reforma de la Ley de Matrimonio y Relaciones Familiares aprobada en mayo del año pasado, que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción homoparental. A pesar de que la ley fue respaldada por una amplísima mayoría de los representantes políticos (51 votos favorables frente a 28 en contra), sus detractores lograron reunir las firmas suficientes para obligar a convocar una consulta popular con el fin de invalidarla.

Aunque inicialmente el Parlamento denegó la posibilidad del plebiscito, el Tribunal Constitucional lo consideró pertinente, por lo que finalmente tuvo lugar. En el referéndum, los votos contrarios a la ley superaron la mitad de los emitidos (llegaron al 63%) y el 20% del censo electoral esloveno, por lo que se cumplieron los requisitos legales para que la normativa fuera derogada. La consulta tiene una validez de un año, tras el cual el legislativo puede volver a aprobar una nueva ley de matrimonio igualitario.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones de Botsuana ha fallado a favor del reconocimiento legal de la asociación de defensa de los derechos LGTB LEGABIBO (Lesbians, Gays and Bisexuals of Botswana), cuyo registro ya había sido convalidado por el Alto Tribunal del país en noviembre de 2014, decisión que fue recurrida por el Gobierno. La Corte de Apelaciones ha dictaminado que impedir la inscripción legal de LEGABIBO viola los derechos constitucionales de sus miembros a la libre asociación y a la libertad de expresión. También estima que promover los derechos humanos y defender la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad no es ilegal, y que ser homosexual tampoco lo es.

La organización LEGABIBO lleva desde 2004 integrada en la federación de asociaciones pro derechos humanos y de lucha contra el VIH/sida BONELA (Botswana Network on Ethics, Law and HIV/AIDS). A pesar de ello, cuando solicitó formalmente el registro como asociación autónoma en 2009, el Gobierno le denegó esta posibilidad.

El grupo buscó entonces el amparo de la justicia, y con la ayuda de las organizaciones BONELA, OSISA (Open Society Initiative for Southern Africa) y SALC (Southern African Litigation Centre) presentó una demanda ante el Alto Tribunal de Botsuana contra la decisión gubernamental. El juez T. T. Rannowane dio la razón a los litigantes al considerar que la “negativa a registrar LEGAGIBO no era razonablemente justificable según la Constitución de Botsuana” y que esta acción del Ejecutivo “violaba la libertad de expresión, asociación y reunión de los demandantes”. La sentencia también aclaraba que “hacer campaña a favor de iniciativas legislativas no es per se un delito. Tampoco es un delito ser homosexual”.

Sin embargo, el Gobierno de Bostuana recurrió el dictamen del Alto Tribunal ante la Corte de Apelaciones, argumentando que los derechos de las personas LGTB no están reconocidos por la Constitución y que los objetivos de LEGABIGO eran “incompatibles con la paz, el bienestar y el buen orden en Botswana”. Pero la Corte de Apelaciones, en un fallo fechado este 16 de marzo, ha desestimado esos argumentos y ha ratificado la decisión del Alto Tribunal, al estimar que la denegación del registro a LEGABIBO es irracional y supone una violación del derecho a la libertad de asociación.

La Corte de Apelaciones ha hecho especial hincapié en que no existe ninguna ley en Botswana que prohíba ser homosexual. También ha considerado, tal como lo hizo el Alto Tribunal, que la promoción de los derechos humanos de las personas LGTBI y la lucha por la derogación de las leyes que castigan las relaciones homosexuales no son ilegales. Según la Corte de Apelaciones, los derechos fundamentales deben ser disfrutados por todas las personas, y al socavarlos, se está socavando la dignidad humana de los individuos.

Para el activista de LEGABIBO Caine Youngman, “esta victoria nos da esperanza y alienta nuestra fe en el sistema judicial de Botswana. Ha sido una larga y agotadora etapa de 11 años desde que empezó nuestra lucha para que nuestra organización pueda ser registrada”. La directora ejecutiva de BONELA, Cindy Kelemi, afirma por su parte que “todavía hay mucho que hacer para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de las personas LGTBI, y es el Parlamento, como brazo legislativo del Gobierno, el responsable de elaborar las leyes que protejan a las personas LGTBI de la discriminación, el estigma y el abuso”.

Un código penal heredado de la época colonial

El código penal de Botsuana, heredado como otros muchos de la época colonial británica, castiga el “conocimiento carnal contra natura” con un máximo de siete años de prisión. En este país africano limítrofe con Namibia, Sudáfrica y Zimbabue y considerado uno de los más desarrollados y democráticos de la región, la homosexualidad sigue teniendo sin embargo una consideración social negativa y suele ser rechazada como “antiafricana”.

Por otra parte, las altísimas tasas de prevalencia del VIH, que alcanzan casi a uno de cada cuatro adultos en el país, han impulsado tímidas iniciativas para impedir su propagación entre los hombres que tienen sexo con hombres. Por ejemplo, en 2011 se presentó una propuesta ante la Asamblea Nacional para proveer de condones a los presos en las cárceles de hombres. Una iniciativa que, sin embargo, se topó con el rechazo frontal del vicepresidente de la cámara Pono Moatlhodi, que llegó a afirmar que si de él dependiera, “haría matar” a los homosexuales.

En sentido contrario, el expresidente Festus Mogae criticó la estigmatización de las personas LGTB que según él impedía luchar eficazmente contra la pandemia. Mogae afirmó haber instruido a la policía para no actuar contra gais y lesbianas, pero justificó el mantenimiento del código penal homófobo en la opinión mayoritaria de la población, contraria a la despenalización. El activista Youngman, por su parte, ya llevó esta provisión ante la justicia en 2011, sin que de momento haya tenido éxito en su empeño.

Fuente Dosmanzanas

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Es la primera ley de la Comunidad de Madrid que aprueba la oposición y no cuenta con el apoyo del Gobierno regional, el Partido Popular.

Nuestra enhorabuena a hombres y mujeres trans de la Comunidad de Madrid, que desde este jueves 17 de marzo cuentan con la que posiblemente es la más avanzada de las leyes integrales de transexualidad de España. La pérdida de la mayoría absoluta del PP en las pasadas elecciones regionales ha obrado el milagro. Después de que en anteriores legislaturas ese partido rechazase por dos veces la toma en consideración de un proyecto en ese sentido, ahora PSOE, Podemos y Ciudadanos lo han convertido en ley. Lo han hecho, además, de la mejor manera posible: de la mano de los colectivos LGTB.

El texto consensuado con los colectivos trans y presentado en su momento por PSOE, Podemos y Ciudadanos ha sido el que finalmente se ha debatido y convertido en ley, gracias a los votos de estas tres formaciones y a pesar de las 48 abstenciones del PP (cabe recordar que los populares gobiernan en minoría en esta legislatura, gracias al apoyo que Ciudadanos brindó para investir presidenta a Cristina Cifuentes, y que la suma de votos de los tres grupos de la oposición representa la mayoría absoluta en el parlamento autonómico), un hecho inédito en las últimas dos décadas.

Cifuentes, que sí estaba dispuesta en esta ocasión a aprobar una ley integral de transexualidad y que de hecho había presentado por sorpresa una propuesta propia en septiembre, ha preferido finalmente no sumarse a un proceso no liderado por ella. Como en su momento recogimos, la presidenta de la Comunidad de Madrid invitó al acto formal de presentación de su propuesta a varios colectivos LGTB (aunque estos no habían participado en su redacción) pero dejó fuera a otros como Chrysallis, Fundación Daniela o El Hombre Transexual, cuyos asociados se cuentan entre los más directamente afectados por la ley y que en tiempos recientes no han dudado en mostrarse muy críticos con el trato que las personas trans, y muy singularmente los menores, reciben de la Comunidad de Madrid. PSOE, Podemos y Ciudadanos prefirieron sin embargo consensuar un proyecto con los colectivos que luego pudiera ser aprobado por unanimidad y sin protagonismo específico de ningún partido.

El proceso ha llegado a su final y el PP, desgraciadamente, ha preferido no sumarse a la unanimidad y abstenerse. La ley integral de transexualidad de la Comunidad de Madrid es ya una realidad. Una ley que no distingue de nacionalidades y que entre otros avances contempla la situación de las personas transexuales menores de edad en el ámbito sanitario e insta a la Comunidad a proporcionar a todas las personas transexuales que lo soliciten acreditaciones acordes a su identidad de género en aquellos casos en los que estas sean necesarias para acceder a sus servicios administrativos. La norma dedica también un espacio a los menores intersexuales y garantiza su integridad corporal, promueve el desarrollo de protocolos específicos en el ámbito educativo o en el policial y establece un catálogo de infracciones y sanciones que pueden llegar a suponer la inhabilitación para contratar o recibir ayudas de los fondos públicos de la Comunidad a quienes discriminen a las personas trans.

Por encima de las distintas sensibilidades políticas, de las siglas o de los intereses de partido, PSOE, Ciudadanos y Podemos han sido capaces de poner por encima de todo los derechos, la dignidad y la igualdad del colectivo de personas transexuales. El mérito es del activismo, por su larga e incansable lucha, aunque en el parlamento autonómico tres han sido las diputadas protagonistas: Carla Antonelli (PSOE), Beatriz Gimeno (Podemos) y Eva Borox (Ciudadanos). Esta última hoy dimitida por su relación con uno de los cabecillas de una trama de corrupción política, pero a la que en este caso no debemos negar su buen hacer.

Sería injusto, sin embargo, no reconocer de forma muy especial el trabajo incansable de Carla Antonelli durante todos estos años. Es por eso que insertamos su emotiva intervención en el pleno de ayer:

A la espera de una ley estatal

La regulación de los derechos de las personas trans e intersexuales para su integración y desarrollo igualitarios en la Comunidad de Madrid ha sido acogida con gran satisfacción por el movimiento activista, que ahora dirige sus esfuerzos a la consecución de una ley de amplitud estatal.

La aprobación de la ley madrileña es sin duda una buena noticia, como en su momento lo fueron la pionera ley navarra, la vasca, la andaluza (que marcó sin duda un antes y un después por su ambicioso planteamiento), la canaria o la extremeña (que no siendo específica de transexualidad incluía numerosos aspectos relacionados con la materia y recogidos en las leyes integrales de transexualidad de otras comunidades). El activismo ve necesario y urgente la elevación de estos derechos a nivel nacional para evitar desigualdades por razón geográfica que afecten a los derechos de estas personas, pues según donde residan, son más vulnerables a la exclusión e invisibilidad.

Queda pendiente, la aprobación de una más que necesaria legislación estatal, que actualice la norma que regula la modificación registral del sexo aprobada en 2007. Sin duda en aquel momento esa ley significó un avance sobre la situación anterior, pero a día de hoy es una norma absolutamente desfasada que no incorpora el principio de despatologización de la transexualidad ni contempla la situación de los menores (el propio Tribunal Supremo cuestionaba esta semana su constitucionalidad precisamente por ello). Una nueva norma que debería incluir además medidas efectivas contra la discriminación de las personas trans en el marco jurídico estatal.

La aprobación ayer de Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y No Discriminación por el Pleno de la Asamblea de Madrid subsana -en potencia, todavía- una infame deuda social de décadas con el colectivo de personas trans e intersexuales. Por esta razón, l*s representates de movimiento LGTBIQ han felicitado encarecidamente la voluntad de los grupos PSM (PSOE), Podemos y Ciudadanos para hacer llegar a la regulación del gobierno territorial las principales demandas de las personas del colectivo y sus familias.

Es el caso de la asociación universitaria inclusiva Arcópoli, que a través de un comunicado ha ensalzado la ruptura de barreras que implica la atención integral de la salud de las personas trans, así como la construcción de mecanismos que ayuden al desarrollo del colectivo en el ámbito público y eviten las situaciones de estigmatización y privación de derechos que enfrentan las personas trans e intersexuales.

En este sentido, la entidad destaca que la apuesta de manera clara por ser sensible a la diversidad y primar el respeto a la identidad de genero del hombre y mujer transexual a la hora de establecer los procedimientos médicos, sociales y psicológicos que se consideren de manera individualizada, desde la premisa de que no todas las personas viven la transexualidad de la misma manera.

En palabras de Yago Blando, coordinador de Arcópoli:

Hoy la sociedad y las instituciones madrileñas son un poco más decentes. Hoy se apuesta por un colectivo que ha estado marginado durante siglos, el más discriminado dentro de nuestro colectivo, y el que proporcionalmente recibe más delitos de odio. Además, queremos felicitar y agradecer a PSOE, Ciudadanos y Podemos por aprobarla por una gran mayoría transversal”.

La ley, elaborada sobre la formulada por el area trans de la Fundación Triángulo, “Es algo mas que una ley para Madrid, es la ruptura de una barrera histórica y el anticipo de una futura ley de identidad de genero estatal por la que este colectivo lleva años luchando”, ha declarado Marina Saenz, coordinadora del área trans de FT y redactora material de buena parte del texto legal.

En palabras de Jose Maria Nuñez, presidente de FT, “Es realmente un momento histórico para el movimiento Trans y para todo el movimiento LGBT español, esta ley marca el camino de la necesaria ley estatal. Una auténtica pena que el PP de Madrid se haya opuesto a sumarse al consenso logrado entre los colectivos LGBTI con Podemos, Ciudadanos y PSOE“.

En una nota de prensa FELGTB recuerda que en su última conferencia todos los grandes partidos del arco parlamentario se comprometieron a la creación de una Ley Integral de Transexualidad Estatal, por lo que estiman que su llegada no debería demorarse más.

De la misma manera, la entidad señala que resulta gratamente simbólico la aprobación de la ley madrileña durante la semana de la Visibilidad Trans, en la que se reivindica el derecho del colectivo de vivir su identidad sin ocultarse ni sufrir consecuencias negativas por ejercer dicho derecho.

En este sentido, Mané Fernández, portavoz de FELGTB, ha afirmado

Es imprescindible y urgente una Ley Integral Estatal donde todas las realidades se vean reflejadas, que no sea patologizante, y que, de una vez por todas, se atienda a las necesidades de los menores y jóvenes transexuales”. 

Finalmente, la Federación recuerda que no puede quedar fuera de esta ley estatal la articulación de los derechos del colectivo en materia laboral, por ello, la entidad organiza hoy y mañana las II Jornadas ‘Derechos Reales para las Personas trans en el mundo Laboral’ junto a FSC CCOO en las que presentará la guía práctica ‘Personas Trans en el ámbito laboral: Guía para el proceso de transición’.

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