El proceso llega a su fin. El Sínodo General de la Iglesia de Noruega ha votado, por 88 votos a favor y 32 en contra, abrir el matrimonio religioso a las parejas del mismo sexo. Ya a finales de octubre los doce obispos de la iglesia lo habían aprobado por unanimidad, pero faltaba la confirmación del Sínodo, que en 2014 habría rechazado dicha posibilidad por un estrecho margen.

En aquella ocasión, el Sínodo General votó en contra de permitir los enlaces de de parejas del mismo sexo en las iglesias por 62 votos frente a 54, pese a que un año antes ocho de los doce obispos se habían mostrado a favor de la apertura del matrimonio. Para evitar una escisión, acabaron aceptando una solución de consenso que incluyera la bendición de las parejas del mismo sexo sin casarlas. Ahora, sin embargo, la apertura es plena.  Y aunque los clérigos que no quieran celebrar estos matrimonios podrán continuar sin hacerlo, se arbitrarán las medidas necesarias para que todas las parejas tendrán el derecho de contraer matrimonio en sus parroquias locales.

Noruega aprobó el matrimonio igualitario en 2008, cuando se convirtió en el sexto país del mundo y primero nórdico en reconocer este derecho. La ley dejaba la puerta abierta a las comunidades religiosas que quisieran casar a sus fieles con sus parejas del mismo sexo, aunque no las obligaba a practicar estos matrimonios. En este sentido, conviene precisar que la Iglesia de Noruega perdió su condición de religión de estado en 2012, pero sigue manteniendo fuertes lazos con la administración, de la que recibe también financiación. La confesión luterana permite la ordenación de sacerdotes abiertamente homosexuales desde 2007.

La Iglesia de Noruega se convierte así en la tercera gran confesión luterana de su región en celebrar matrimonios de parejas del mismo sexo. La Iglesia de Suecia fue pionera con una decisión histórica de su Sínodo en 2009 y la Iglesia de Dinamarca siguió sus pasos tras la aprobación del matrimonio igualitario en este país en 2012.

Fuente Dosmanzanas

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La Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, con sede en Boston, ha dictaminado una vez más que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que declaraba inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario es de aplicación ineludible en Puerto Rico. Todo ello tras el inexplicable fallo del juez Juan M. Pérez-Giménez, que estipulaba que el citado fallo del alto tribunal estadounidense no era aplicable a la isla caribeña por no tratarse de un estado de la unión, sino de un territorio vinculado a los Estados Unidos. La Corte de Apelaciones, además, ha desvinculado definitivamente del caso al juez Pérez-Giménez, y ha ordenado que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata.

El fallo de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito, a cuya jurisdicción está ligada Puerto Rico, ha sido demoledor con el juez Juan M. Pérez-Giménez. Firmado “per curiam”, lo que significa que ha sido tomado por unanimidad de los jueces, su argumentación comienza con un contundente “la sentencia del Tribunal del Distrito se equivoca en tantos aspectos que es difícil saber por cuál empezar”.

Prosigue con la confirmación de que la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de junio de 2015, que dictaba que la prohibición del matrimonio igualitario violaba los derechos a la igual protección y al debido proceso recogidos por la 14ª y 5ª Enmienda de la Constitución, es de total aplicación en Puerto Rico. La Corte de Apelaciones estima, por tanto, que el juez Pérez-Giménez no solo ha malinterpretado la sentencia del alto tribunal, sino que además ha desobedecido gravemente su mandato.  Por tanto, falla a favor de las demandantes.

Finalmente, en una decisión realmente vergonzante para el juez Pérez-Giménez, le aparta definitivamente del caso, ordenando que se adjudique aleatoriamente a otro tribunal para que aplique su mandato de manera inmediata, sin afectar más a las demandantes Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que ya no deberían esperar para ver reconocido su matrimonio en Puerto Rico. Y así lo ha hecho el juez Gustavo A. Gelpí, a quien se asignó el caso de urgencia, emitiendo un dictámen tan solo unas horas después en los siguientes términos:

Se declara inconstitucional el Artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico, al igual que otras leyes federales y estatales que prohíben el matrimonio entre personas del mismo sexo o que no reconocen los matrimonios válidos de otras jurisdicciones.

El activista LGTB puertorriqueño Pedro Julio Serrano, portavoz de Puerto Rico Para Tod@s —codemandante en la apelación— ha emitido el siguiente y contundente comunicado sobre la decisión de la Corte de Apelaciones de Boston:

Se acabó el abuso de un juez que pretendía usurpar el derecho adquirido de las parejas LGBTT a casarse en su patria. El Tribunal Supremo de Estados Unidos fue claro, el Tribunal de Apelaciones de Boston fue claro, el gobernador fue claro al instrumentar las órdenes de los tribunales. El matrimonio igualitario llegó a Puerto Rico para quedarse. Punto.

Ahora le corresponde al nuevo juez finiquitar el proceso judicial para que se mantenga la igualdad matrimonial en Puerto Rico. Sin embargo, es hora de que la Legislatura atempere el nuevo Código Civil con el estado de derecho que reconoce el derecho al matrimonio para todos.

Si esta Legislatura está verdaderamente comprometida con la equidad, como aduce estarlo, tiene que completar la impostergable revisión del Código Civil con el reconocimiento pleno de la igualdad matrimonial y todos los derechos para las personas LGBTT. Exigimos igualdad plena. Ni más, ni menos.

El empecinamiento de un juez homófobo

Como señalábamos anteriormente, la sentencia inicial del juez Juan M. Pérez-Giménez afectaba a Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez Vélez, que habían reclamado que el matrimonio que ambas habían contraído en Massachusetts en 2004 fuera reconocido por las autoridades puertorriqueñas. Contrariamente a lo a lo dictaminado por la inmensa mayoría de sus colegas de los Estados Unidos, el juez federal puertorriqueño Juan M. Pérez-Giménez fallaba en 2014 en contra de las demandantes, y estipulaba  que la ley que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo en Puerto Rico era plenamente constitucional.

Las demandantes recurrieron a la Corte de Apelaciones de Boston, que aplazó su decisión hasta que decidiera al respecto el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien finalmente declaró inconstitucionales todas las leyes que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tras la sentencia del alto tribunal, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 1er. Circuito confirmaba por unanimidad que la prohibición del matrimonio igualitario en Puerto Rico atentaba contra la Constitución de los Estados Unidos, y el gobernador Alejandro García Padilla ordenaba a la administración pública de Puerto Rico hacer los trámites necesarios para poner a disposición de las parejas del mismo sexo licencias matrimoniales. La Corte de Apelaciones también instó al juez Pérez-Giménez, en una orden fechada el 8 de julio de 2015, a que dictase nueva sentencia a la luz de la decisión del Tribunal Supremo.

Pero, en vez de aplicar el mandato de la Corte de Apelaciones, el juez Pérez-Giménez dictaminó que la sentencia del Tribunal Supremo estadounidense era únicamente vinculante para los estados miembros de la unión, pero no para los territorios vinculados como Puerto Rico y que, por lo tanto, la definición del matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer establecida en el artículo 68 del Código Civil de Puerto Rico seguía vigente.

El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, comunicó inmediatamente que iba a ignorar la inexplicable sentencia del juez Pérez-Giménez, pues “el derecho fundamental al matrimonio igualitario ha sido validado y ordenado por el Tribunal Supremo Federal y por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito de Boston. Voy a respetar las determinaciones de tribunales de superior jerarquía que, agraciadamente, ordenan un proceder muy distinto al que propone el juez Pérez-Giménez”.

Pero a quien sí que afectaba la decisión del tribunal federal puertorriqueño era a las demandantes iniciales, Ada Conde Vidal e Ivonne Álvarez, pues el reconocimiento de su matrimonio estaba aún ligado a la decisión de la Justicia. Finalmente, han visto reconocida su demanda, aunque es evidente el daño causado por las decisiones del juez Pérez-Giménez, no fundamentadas en derecho sino en sus prejuicios homófobos, que las han obligado a tan largo y penoso proceso.

Fuente Dosmanzanas

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No solo los jueces españoles parecen tener problemas para calificar de homófobo y discriminatorio un insulto como “maricón”, en la vecina Francia incluso llegan casi a justificarlo si la víctima de la vejación desarrolla una profesión que les parece propia de homosexuales. Así lo ha establecido en una sentencia un tribunal laboral francés en una denuncia por despido, al estimar que llamar “PD” (traducible por “maricón” en francés) a un peluquero no denota homofobia, pues hay muchos peluqueros homosexuales, sobre todo en los salones de peluquería de señoras. Y aunque sí que lo determina como denigrante, y estipula una sanción por ello, inexplicablemente no considera el agravante de homofobia.

Los hechos, que se han dado a conocer ahora por activistas en las redes sociales, tuvieron lugar en octubre de 2014, cuando un peluquero denunció ante un tribunal laboral francés (o Conseil de prud’hommes) el despido que había sufrido con la excusa de haber faltado un día al trabajo por enfermedad.

El denunciante, que llevaba contratado un mes en la peluquería, también aducía que el despido tenía un componente de discriminación por orientación sexual, pues, por error, recibió en su teléfono móvil un mensaje de la gerente del establecimiento, en el que se refería a él en los siguientes términos: “Ya no voy a conservar a [el nombre del peluquero], le avisaré mañana, nos apañaremos con eventuales mientras tanto. No lo siento por ese tío. Es un maricón. Solo hace la puñeta”. Al día siguiente era despedido.

El tribunal laboral, en consideración a las pruebas presentadas, falló el pasado mes de septiembre de 2015 que el despido había sido improcedente, al estimar que en el plazo de un mes la empresaria ya había tenido tiempo suficiente para constatar la adecuación al puesto del empleado, sin haber prescindido de sus servicios, y por no creer que la ausencia de un día por enfermedad fuera motivo suficiente para cesar la relación laboral. En consecuencia, establecía una indemnización por la improcedencia del despido.

En cuanto a la agravante de discriminación por razón de orientación sexual, que hubiera supuesto la declaración de despido nulo y la readmisión obligatoria del trabajador, el tribunal la desestima, si bien sí que sanciona a la gerente de la peluquería con 5.000 euros por los perjuicios morales causados a su empleado al emplear el insulto “maricón”, que sí que juzga ofensivo. Lo que no lo considera es un insulto homófobo, con la siguiente y extravagante explicación:

Situándolo en el contexto de una peluquería, el Consejo estima que el término “maricón” empleado por la gerente no puede ser considerado un insulto homófobo, pues es bien sabido que los salones de peluquería contratan habitualmente a personas homosexuales, sobre todo los salones de peluquería femeninos, sin que suponga ningún problema.

Se ignora en qué estudio acreditado y fidedigno se basa un tribunal laboral para sostener que un determinado tipo de empleo es propio de homosexuales, más allá de prejuicios y estereotipos sin base. También es sorprendente que considere que un insulto deja de ser homófobo cuando se aplica a alguien de una determinada profesión.

La argumentación del tribunal ha causado estupor cuando la sentencia se ha dado a conocer en la redes sociales y medios de comunicación. El activista LGTB Mathie Brancourt, que fue quien difundió la noticia en su cuenta de Twitter, lo resumía así : “Si eres peluquero, llamarte “maricón” está bien, porque los peluqueros a menudo son homosexuales, ¿eh?. Gracias, tribunal”:

T’es coiffeur, te faire traiter de “PD” c’est OK parce que, les coiffeurs sont souvent gays hein. Merci le tribunal. pic.twitter.com/orUcZDr522

— Mathieu Brancourt (@MBrancourt) 7 de abril de 2016

El humorista Nawak, por su parte, publicaba en su cuenta de Twitter una viñeta, que estaba motivada porque “a los del tribunal laboral les gustan los estereotipos del tipo peluquero=maricón. Así que vamos a llevar su lógica hasta el final”. Los miembros del tribunal dicen: “Si ‘maricón’ ya no es un insulto para un peluquero… entonces ‘estafador’ ya no lo es para un agente inmobiliario… ni ‘moro de mierda’ para un basurero… ¡cuántas posibilidades!”:

Les #prudhommes aiment les stéréotypes du genre Coiffeur = PD. Autant poursuivre leur “logique” jusqu’au bout pic.twitter.com/0vrUZgLAFY

— Nawak (@NawakNawak) 8 de abril de 2016

Entrevistada en un programa radiofónico al respecto, la ministra de Trabajo, Myriam El Khomri, calificaba el argumento del tribunal de “profundamente escandaloso… ofensivo”. Por su parte, el Défenseur des droits (figura semejante al Defensor del pueblo) informaba de que el trabajador ha presentado una apelación, y que su oficina formará parte de su defensa en el proceso.

Fuente Dosmanzanas

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Recogíamos hace solo unos días que el partido Alternativa para Alemania (AfD) redactaba un programa marco antiLGTB y opuesto a la educación en la diversidad afectivo-sexual. Pero no deja de sorprendernos la bajeza de declaraciones como las que acaba de realizar Katrin Ebner-Steiner. Sin ningún aval ni base científica, esta joven ultraconservadora ha dicho que “la imagen tradicional de la familia ofrece a los niños la mayor protección contra la confusión ideológica, las drogas y la criminalidad”. En la misma línea, Ebner-Steiner asegura que incluir cuestiones LGTBI en las clases de Educación Sexual supone un “adoctrinamiento ideológico”, equiparable al del sistema educativo comunista de la Alemania del Este (la extinta República Democrática de Alemania).

Katrin Ebner-Steiner, miembro de la AfD de Baviera, ha encontrado la forma de obtener visibilidad en su partido, a costa de reproducir una delirante alocución en contra de la igualdad de la comunidad LGTBI. “Solo la imagen tradicional de la familia garantiza vínculos interpersonales sanos, es representativa y fomenta el arraigo con la propia tierra”. Este tipo de discursos trasnochados y caducos sí son propios de las épocas más oscuras de Alemania. Sin embargo, para esta cuestionable aspirante a representante pública, la inclusividad LGTB en la educación contradice “el comportamiento sexual natural” y representa un “adoctrinamiento ideológico”.

Un nuevo plan educativo plantea la obligatoriedad de incluir cuestiones relacionadas con el colectivo LGTBI en las clases de Educación Sexual de Baviera. “Nuestros pequeños no solo tendrán que sentarse a recibir lecciones forzadas sobre todas las variaciones de la vida sexual… Ellos también escucharán detalles acerca de homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad”, se lamenta Ebner-Steiner en un vídeo que ha difundido su partido (en alemán). Por si no fuera poco, acusa también al actual Gobierno bávaro de hablar “casi exclusivamente sobre las uniones homosexuales cuando se trata políticas de la familia, en lugar de ofrecer incentivos a parejas heterosexuales para formar una familia y aumentar las tasas de natalidad”.

La AfD promulga la “regeneración” evidenciando su intolerancia

En el repaso sobre la AfD que publicábamos hace solo unos días, se constata la LGTBIfobia de esta formación populista alemana, ya que en su programa marco para las próximas citas electorales se asegura que “nuestros hijos no deben convertirse en el juguete de una ruidosa minoría sexual”. Si como parece la AfD acaba por consolidarse, podría abrirse un panorama sombrío para los derechos LGTBI en el país más poblado y económicamente poderoso de la Unión Europea.

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La Sala de lo Penal del Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha desestimado los cargos contra ocho hombres acusados por practicar la homosexualidad, por ausencia de pruebas. Se trata de la primera vez que un tribunal tunecino aplica esa medida, ya que siempre habían respaldado las versiones presentadas por la Policía. Se sospecha además que las detenciones estuvieron causadas por una venganza policial, pues tres de los ocho implicados pertenecen al grupo de seis jóvenes condenados el pasado mes de diciembre a tres años de prisión por mantener relaciones homosexuales, cuya pena fue rebajada a un mes por la Corte de Apelaciones, y que denunciaron las torturas y maltratos a que fueron sometidos.

Según notificaba el grupo de defensa de los derechos LGTB de Túnez Shams, el pasado 26 de marzo fueron detenidos nueve jóvenes, seis tunecinos y tres libaneses. Contra ocho de ellos la Policía presentó cargos por mantener relaciones homosexuales y por consumo de drogas. Se da la circunstancia de que tres de los seis jóvenes tunecinos ya habían sido detenidos y juzgados por practicar la homosexualidad el pasado año, siendo condenados a tres años de prisión, el máximo estipulado, por un tribunal de la localidad de Kaiurán.

En aquella ocasión, los acusados fueron sometidos a todo tipo de maltratos y torturas, tanto por parte de los miembros de las fuerzas policiales como por los funcionarios de prisiones y presos. Las torturas incluyeron los infames exámenes anales, que sirvieron como prueba para su condena. Los jóvenes quedaron en libertad provisional tras un mes de prisión, al presentar apelación contra su sentencia. La Corte de Apelaciones posteriormente redujo la condena al mes de prisión que ya habían cumplido, con lo que no tuvieron que volver a experimentar el maltrato y las continuadas vejaciones a que fueron sometidos.

Quizás debido a aquella experiencia, en esta ocasión los jóvenes fueron inmediatamente asesorados por el equipo jurídico de Shams, encabezado por Mounir Baatour. Según sus declaraciones, la Fiscalía trató de que el juicio se agilizase lo máximo posible, para que no tuviera lugar la repercusión mediática que habían despertado las detenciones anteriores motivadas por homosexualidad. Sin embargo, los defensores se negaron a que los detenidos fueran sometidos en esta ocasión a los exámenes anales, una práctica ilegal que viola la Convención contra la Tortura a la que se ha adherido Túnez.

Y esa negativa, al parecer, ha sido definitiva, pues “sin testimonios ni pruebas, el juez decidió exonerarlos de todos los cargos”, explica Baatour, por lo que no aplicó el artículo 230 del Código Penal de Túnez, que castiga las relaciones homosexuales con hasta tres años de prisión, en su sentencia dictada el 30 de marzo. Sin embargo, los jóvenes aún siguen acusados de haber consumido marihuana, por lo que siguen a disposición judicial.

Pero la desestimación de los cargos por homosexualidad ha causado satisfacción entre los activistas LGTB. Según declara el vicepresidente de Shams Hedi Shaly, actualmente solicitante de asilo en su exilio en Bélgica debido a las constantes amenazas de muerte que recibe en su país, “esta es la primera vez que ha sucedido algo así”, pues los jueces siempre habían validado con sus sentencias las versiones aportadas por la Policía. Shaly espera que “la Policía y el sistema de justicia cese en su persecución de la gente por razón de su orientación sexual”. Por su parte, Ahmed Ben Amor, otro de los vicepresidentes de Shams, no duda en atribuir la detención de los seis jóvenes al “comportamiento homófobo de los agentes de la ley” y a su “negativa a respetar las libertades individuales”.

Desde la página de Facebook de Shams, se dio a conocer la noticia con el siguiente comunicado:

Shams ha sido informada de que la Sala Penal número 8 del Tribunal de Primera Instancia de Túnez ha desestimado los cargos en el caso de los 8 jóvenes acusados de homosexualidad,  que fueron detenidos por agentes de la comisaría del departamento de Omrane Superior.

Shams se felicita por la desestimación, algo que ocurre por primera vez en un caso relacionado con la homosexualidad, y aplaude el valor de los jueces que han tomado esa decisión.

Shams recuerda que el principio mismo de continuar procesando a los ciudadanos en virtud del artículo 230 es condenable, porque es una invasión de la privacidad y de la integridad física, y es una violación de los convenios internacionales ratificados por Túnez y de su Constitución.

Shams solicita al Ministerio de Justicia que cambie su política penal y dé instrucciones al Ministerio Público para que cese la persecución de ciudadanos en virtud del artículo 230, que debe ser abolido.

Fuente Dosmanzanas

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Un estudio realizado en Reino Unido ha revelado que el 60% de las personas transexuales se han visto obligadas a dejar su trabajo después de que hayan tenido un desagradable capítulo de transfobia.

Resulta interesante ver la cantidad de encuestas que se manejan para el Colectivo LGTB. Cada vez que encontramos una de gran interés nos gusta plasmarla en el portal para que al menos seamos consciente de cómo están las cosas y cuáles son los puntos que habría que cambiar al respecto.

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Una vez más, por encima de preferencias musicales, Bruce Springsteen muestra su inmensa calidad humana. Mediante un comunicado hecho público en su página web, el boss ha anunciado la cancelación del concierto que este domingo tenía previsto dar en Carolina del Norte como protesta por la ley antiLGTB que acaba de aprobar ese estado: 

Como sabéis mis seguidores, este domingo toco en un concierto en Greensboro, Carolina del Norte. Como también sabéis, Carolina del Norte acaba de aprobar la HB2, conocida en los medios como ley “de los cuartos de baño”. La HBs, oficialmente Ley  de Seguridad y Privacidad en las Instalaciones Públicas, dicta cuáles son los baños que a las personas transgénero se les permite usar. Tan importante como eso, la ley ataca el derecho de los ciudadanos LGTB a denunciar cuando ven violados sus derechos humanos en sus lugares de trabajo. No existe ningún otro grupo de ciudadanos de Carolina del Norte que tenga que soportar esta carga. Desde mi punto de vista, se trata de un intento de las personas que no soportan el progreso que nuestro país ha hecho reconociendo los derechos humanos de todos los ciudadanos de revertir ese progreso. En este preciso momento hay muchos grupos, empresas y personas individuales en Carolina del Norte trabajando activamente para darle la vuelta a esta situación tan negativa. Teniendo esto en cuenta, siento que es el momento de que yo y mi grupo mostremos solidaridad con estos luchadores por la libertad. Por ello, y con las más absolutas disculpas a nuestros seguidores de Greensboro, hemos cancelado el concierto previsto este domingo, 10 de abril. Hay cosas que son más importantes que un espectáculo de rock, y la lucha contra el odio y los prejuicios, que está teniendo lugar mientras escribo, es una de ellas. Es lo máximo que ahora puedo hacer para dejar oír mi voz en contra de los que siguen empujandonos hacia detrás, en lugar de hacia delante.

La ley a la que hace referencia Springsteen, fue promulgada la pasada semana por el gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, después de que las cámaras legislativas del estado, controladas por los republicanos, la aprobaran con carácter de urgencia y sin apenas discusión previa en un proceso que ha sido ampliamente criticado. La ley prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer medidas de protección contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las ya existentes. En realidad, la ley perseguía acabar con la norma que antes había aprobado Charlotte, la ciudad más poblada del estado, y que precisamente amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis. Entre esas medidas se hallaba la de permitir a las personas transexuales que dispusieran de los aseos correspondientes a su identidad de género real en cualquier centro público, incluidos los escolares.

Esta última medida fue la que se tomó como excusa para organizar con carácter de urgencia plenos en ambas cámaras del estado para aprobar la ley a rebufo de la ola de histeria que los grupos más conservadores buscan provocar alrededor del “pánico transexual en los baños”, a semejanza de lo que ocurrió hace unos meses en Houston (Texas), donde la campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales fue feroz y vergonzosa. Una urgencia que impidió además el debate sobre el alcance de las medidas antidiscriminatorias, aprobadas en dos sesiones vertiginosas en la Cámara de Representantes y el Senado estatales. En este último, los senadores del Partido Demócrata, en minoría, abandonaron la sesión como protesta. En ambas cámaras el resultado fue abrumadoramente mayoritario. El gobernador firmó inmediatamente la ley, con lo que las normativas antidiscriminatorias para las personas LGTB existentes en los distintos municipios y condados de Carolina del Norte quedaron derogadas. Muchas de ellas llevaban años en vigor, sin que se haya producido ningún ataque a ningún menor en los baños de los centros escolares por “depredadores disfrazados de mujer”. Sin embargo, para el gobernador, “la expectativa básica de intimidad en el más personal de los lugares, un baño o un vestuario para cada género, ha sido violada por la extralimitación del gobierno y la intrusión del alcalde y el consejo de la ciudad de Charlotte”. Esa fue es la única y mendaz razón dada para no solo derogar una normativa antidiscriminatoria para todo el colectivo LGTB, sino además para impedir que puedan establecerse medidas semejantes en el futuro.

La ACLU, la más importante organización de defensa de los derechos civiles del país, consideró de hecho la ley de Carolina del Norte la más regresiva de todas las aprobadas contra las personas LGTB, denunciando además que la norma ponía en peligro los más de 4.500 millones de dólares de fondos federales que Carolina del Norte recibe para subvencionar centros escolares, y que están condicionados a que en los mismos no exista discriminación por razón, entre otras, de la orientación sexual o identidad de género. El fiscal general de Carolina del Norte, el demócrata Roy Cooper, dejó claro por su parte que no tiene la menor intención de defender ante los tribunales la constitucionalidad de la ley si esta es denunciada.

PayPal cancela una inversión millonaria

Ya desde un principio expresaron  su repulsa a la ley la Liga de Municipios de Carolina del Norte y empresas como Red Hat, Dow Chemical, Apple, Siemens, Microsoft o AT&T. Pepsi Cola, compañía que precisamente nació en Carolina del Norte, ha pedido también la derogación de la ley. Wells Fargo, importante empresa de servicios financieros, expresaba también su opinión contraria de una forma especialmente original: adornando su rascacielos de Charlotte con los colores de la bandera trans coincidiendo con el Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Una primera consecuencia negativa para la economía de Carolina del Norte ha sido de hecho la decisión de PayPal de cancelar la inversión de 3,6 millones de dólares para desarrollar un nuevo centro global de operaciones en Charlotte que hubiera supuesto la creación de hasta 400 puestos de trabajo. La compañía de pagos online buscará una localización alternativa. Por otra parte, diversas administraciones públicas de otros lugares de Estados Unidos ya han anunciado que, salvo necesidad insalvable, dejaran de sufragar gastos de viaje a sus empleados para cualquier acto que tenga lugar en Carolina del Norte.

El temor a este tipo de repercusiones económicas ha sido lo que de hecho ha conseguido el veto de otros gobernadores a legislaciones parecidas en estados como Indiana, Dakota del Sur, Georgia o Virginia. No ha sido posible sin embargo en Mississippi, cuyo gobernador sancionaba su propia ley LGTBfoba esta misma semana. Veremos lo que sucede con los proyectos en marcha en muchos otros estados.

Fuente Dosmanzanas

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Nueva victoria en los tribunales italianos de las familias homoparentales, a las que su clase política se empeña en negar el reconocimiento. La Corte de Apelaciones de Nápoles ha reconocido de nuevo una doble adopción “cruzada”, pero en este caso se añade un factor novedoso: el tribunal simplemente ha ordenado la transcripción en el registro italiano de lo que ya había reconocido un tribunal francés.

Giuseppina La Delfa y Raphaelle Hoedts, una pareja italo-francesa, son madres de dos hijos, niña y niño, concebidos mediante reproducción asistida. Cada una de ellas es madre biológica de uno de los hijos, y a su vez cada uno de ellos ha sido adoptado por su madre no biológica en Francia, país en el que ambas contrajeron además matrimonio en 2013. Así lo determinaron sendas sentencias de un tribunal de Lille, al norte del país galo.

Ahora la Corte de Apelaciones de Nápoles simplemente ha estimado que dichas sentencias son plenamente reconocidas en Italia y que por lo tanto la pareja puede inscribir a sus dos hijos en ese país. Una decisión elemental que a Giuseppina y Raphaelle les ha costado un proceso judicial, dado que el Ayuntamiento de Santo Stefano del Sole, en la provincia de Avellino, donde reside la pareja, se negó a tramitar la inscripción con el argumento de que ello supondría reconocer su matrimonio. Y aunque la validez de este matrimonio fue finalmente reconocida en Italia el año pasado, por decisión de la propia Corte de Apelaciones de Nápoles, la pareja seguía sin poder registrar a sus hijos como hijos de ambas.

“Italia debe transcribir las adopciones de mis dos hijos. Ha sido una larga batalla, pero al final hemos ganado y ahora es el alcalde el que debe desembolsar más de 5.000 euros por los costes legales”, ha declarado Giuseppina, una de las fundadoras (y expresidenta) de Famiglie Arcobaleno y miembro de consejo de NELFA (Red Europea de Asociaciones de Familias  LGBTIQ). “La Corte de Apelaciones refuerza la visión jurídica según la cual existe ‘portabilidad del estado civil’ en el interior de la Unión Europea, que se aplica tanto al matrimonio de ciudadanos europeos como a las adopciones y relaciones de filiación”, ha destacado por su parte Alexander Schuster, abogado de la pareja y miembro de ECSOL (Comité Europeo de Derecho sobre Orientación Sexual), una red de juristas en favor de los derechos LGTB.

Italia: la justicia, por un lado; la política, por otro

Hace escasas semanas que nos hacíamos eco, precisamente, de cómo un tribunal de menores de Roma autorizaba otra adopción cruzada. En aquel caso, cada una de las dos mujeres de la pareja era madre de una niña, en los dos casos recurriendo a reproducción asistida en Dinamarca. Las dos niñas tienen ya 4 y 8 años, pero no ha sido hasta ahora cuando la justicia italiana ha concedido la adopción de cada una de las niñas a su madre no biológica, de forma que ambas madres vean reconocidos legalmente sus derechos parentales sobre las dos menores.

No se trataba, de hecho, del primer caso de stepchild adoption (término anglosajón que los italianos ha adoptado para designar la posibilidad de que, en el seno de una pareja del mismo sexo, uno de los miembros de la pareja pueda adoptar a los hijos del otro miembro de la pareja). Ya en diciembre la Corte de Apelaciones de Roma confirmaba la histórica sentencia que año y medio antes había emitido un tribunal de menores de la capital italiana, y que por primera vez avalaba que una mujer pudiese adoptar a la hija biológica de su pareja del mismo sexo.

El caso abrió en su momento un camino que otros tribunales italianos ya están siguiendo. En enero de 2015, por ejemplo, era la Corte de Apelaciones de Turín la que reconocía los derechos de parentalidad de otra pareja de mujeres, una española y otra italiana, casadas (y luego divorciadas) en España, y que tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en Barcelona. Y en diciembre otro tribunal de apelaciones, esta vez en Milán, reconocía como válida la adopción concedida en España a una mujer italiana que adoptó a la hija biológica de su pareja. La historia de esta pareja es bastante similar a la anterior: se casaron (luego se divorciaron) y tuvieron a su hijo mediante reproducción asistida en España, aunque en este caso ambas mujeres son italianas. Aún así, el tribunal consideró que el procedimiento de adopción en España debe ser reconocido en Italia.

Todas estas sentencias tienen lugar mientras la clase política italiana se muestra incapaz de aprobar una ley de uniones civiles entre parejas del mismo sexo que reconozca, aunque sea de forma limitada, a las familias homoparentales. Si bien es cierto que el proyecto que ha sido aprobado por el Senado (y que ahora tramita la Cámara de Diputados) supone la vía libre a que por fin Italia, el último gran país de Europa occidental en hacerlo, reconozca las parejas del mismo sexo, la eliminación en el último momento de la stepchild adoption demuestra hasta qué punto los derechos de una minoría se han convertido en moneda de cambio del juego político italiano, con un primer ministro (Matteo Renzi) más preocupado de mantener unido a su partido, el Partido Democrático, dividido sobre la materia, o un Movimiento 5 Estrellas más preocupado de dejar en evidencia la división interna de los de Renzi que de reconocer los derechos de las familias homoparentales. Las parejas del mismo sexo con hijos, por tanto, seguirán estando obligadas a acudir a la justicia italiana caso por caso para hacer valer sus derechos.

Fuente Dosmanzanas

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Escocia celebrará elecciones parlamentarias el próximo 5 de mayo y los partidos empiezan a posicionarse en los principales temas de campaña. La primera ministra Nicola Sturgeon, cuyo Partido Nacional Escocés (SNP) lidera las encuestas con una amplia ventaja, ha prometido una avanzada ley que recoge el principio de autodeterminación de género y pondría a la nación británica entre los países punteros de Europa en esta materia.

En un acto de campaña dirigido a la comunidad LGTB escocesa, Sturgeon anunció una ambiciosa reforma legal encaminada a mejorar la situación de la comunidad transgénero del país. El proyecto, que previsiblemente contará con el respaldo mayoritario del Parlamento que salga de las próximas elecciones, recoge el principio de autodeterminación de género y permite a las personas transexuales ver reconocida su identidad mediante un sencillo trámite sin necesidad de justificación médica o psicológica alguna.

Los mayores de 16 años podrán utilizar el procedimiento de modificación del género en la partida de nacimiento sin necesidad de una autorización paterna, y los menores de esa edad también podrán hacerlo con el consentimiento de sus progenitores. Otro aspecto importante de la iniciativa es la introducción de un tercer género (X), que también se reflejará en los pasaportes. James Morton, de la Alianza Transgénero Escocesa, ha saludado estas medidas, que “reconocen a las personas trans como las expertas en sus propias identidades”.

La probable aprobación del proyecto colocará a Escocia a la vanguardia de Europa en lo que se refiere a la autodeterminación de género y la despatologización de la transexualidad, junto a países como Dinamarca, Irlanda o Malta, Noruega prepara un proyecto de ley. Fuera del Viejo Continente, la legislación más avanzada es la de Argentina, si bien Chile prepara una reforma legal sobre la materia y, el año pasado, el Gobierno de Colombia emitió un decreto en el mismo sentido. Escocia también será pionera dentro del Reino Unido, en cuyo territorio rige por el momento la Ley de Reconocimiento del Género de 2004.

Ahora serán los escoceses los que decidan en las urnas si renuevan su confianza en el SNP para llevar a cabo estas y otras medidas. Las elecciones tendrán lugar un año y medio después del referéndum de independencia que se saldó con la victoria de la permanencia en el Reino Unido y la consecuente dimisión del líder nacionalista Alex Salmond. Nicola Sturgeon lo sustituyó al frente del Gobierno y, bajo su mandato, el SNP mantiene una amplia ventaja en las encuestas, que le otorgan más del 50% de los votos. Como curiosidad, cuatro de los líderes políticos escoceses se identifican como LGB: la laborista Kezia Dugdale, la conservadora Ruth Davidson, el verde Patrick Harvie y el dirigente del UKIP David Coburn.

En lo que se refiere a la realidad LGTB, la legislatura que acaba bien puede calificarse de histórica: a comienzos de 2014, el Parlamento aprobaba el matrimonio igualitario por una mayoría transversal y abrumadora de 105 votos a favor frente a 18 en contra. Las primeras bodas entre personas del mismo sexo se celebraron en cuanto comenzó el año 2015. Sturgeon ha colocado la anunciada ley de identidad de género al mismo nivel de importancia que tuvo la igualdad matrimonial en la pasada legislatura, dentro del ámbito de los derechos LGTB.

Fuente Dosmanzanas

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Penosa noticia la que nos llega desde Australia. Un hombre viaja cada año al país, desde hace 22, para pasar en su propia casa de Sídney varios meses y en esta ocasión, por primera vez, se le ha impedido entrar por vivir con VIH. Una discriminación intolerable que contradice las propias políticas australianas al respecto, por lo que ha sido calificada como un “error”. Según la normativa de este país no existe ninguna restricción serológica para los turistas. Eso sí, el estigma sigue vigente para aquellas personas que soliciten la residencia permanente, ya que los mayores de 15 años deben someterse a un test de detección de VIH, entre otras pruebas médicas (que para colmo deben costearse los propios interesados).

Un hombre escandinavo de 60 años (abiertamente gay) se tomará su tiempo hasta plantearse regresar de vacaciones a Australia, después de llevar varias décadas viajando a este país todos los años. Incluso es propietario de una vivienda en Sídney. No obstante, esta circunstancia no ha impedido que el Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza le haya denegado la entrada en Australia por ser portador del VIH. Cuando el citado departamento le requirió la revisión médica sintió que era una situación “muy degradante y discriminatoria”.

El afectado, que prefiere no revelar su identidad para evitar ser reconocido por sus clientes y exponerse a nuevas discriminaciones, ha asegurado que “a pesar de que tengo el VIH, soy una persona sana”. Tanto es así que en los 22 años que mantiene viajando al país solo ha necesitado atención médica en una ocasión, por una infección estomacal contraída en un viaje anterior a Laos. Asimismo, por prescripción de su médico, consume una pastilla al día y siempre que viaja a Australia lleva la cantidad suficiente de medicamento para toda su estancia. Cabe recordar, debido a los prejuicios extendidos y a la abundante desinformación, que ser portador del VIH no equivale a desarrollar el sida y que una persona, siempre que siga una revisión médica y practique el sexo con protección, puede desarrollar su vida con total normalidad (incluso no siempre es necesario el seguimiento de un tratamiento específico).

Desde el Departamento de Inmigración y Protección Fronteriza de Australia han asegurado que se pondrán en contacto con este hombre para “disculparse y explicarle los detalles del error”. El afectado todavía no ha hecho público si solicitará una indemnización a la Administración australiana por daños y perjuicios, incluyendo los 800 dólares (AUD) que tuvo que abonar de su propio bolsillo para costear las pruebas médicas a las que le sometieron.

Aunque este hombre y su novio revelan que siguen sintiéndose atraídos por Australia, en adelante planificarán sus vacaciones por Europa ya que “las leyes de inmigración [australianas], en mi opinión, son una mierda”. Además, según ha confesado, se siente “herido, muy herido, en realidad”, al entender que se le ha transmitido un mensaje claro: “tienes VIH, no te queremos aquí”.

Discriminación serofóbica en más de 30 países

Australia no es el único país que exige un test de VIH para poder solicitar una visa permanente. No obstante, sorprende que Australia o Canadá se alineen en este sentido con países con LGTBIfobia de estado. En Australia y Canadá existen restricciones relacionadas con el VIH a las personas que solicitan la residencia permanente, si bien es todavía más complicada la situación en países como Brunéi, Qatar o Rusia, en los que se puede deportar a los extranjeros seropositivos.

En los Estados Unidos, la Administración de Obama retiró todas las restricciones en 2010. Otros países y territorios del mundo (como Armenia, Lituania, Mongolia, Uzbekistán o Bielorrusia), se van sumando a la ola de no discriminación por el estatus serológico. ONUSIDA explica que “no hay ninguna prueba que demuestre que las restricciones de viaje relacionadas con el VIH protejan la salud pública o eviten la transmisión del VIH. Los datos científicos más recientes muestran que las personas con VIH que tienen acceso al tratamiento antirretrovírico pueden llegar a una carga viral indetectable, con lo que se reduce significativamente el riesgo de transmisión”.

Fuente Dosmanzanas

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ACTUALIZADO 09/04/2016/11:50

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La homofobia de Francisco doblega a Francia, que acaba por retirar a su candidato a embajador ante la Santa Sede

Hollande nombra a Laurent Stefanini embajador de su país ante la Unesco

El Vaticano consideraba el nombramiento de Stefanini como una provocación por parte del ejecutivo socialista

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La decisión judicial de la Corte Constitucional ha conseguido pintar todos los rincones del país cafetero con los colores de la Diversidad. Un gran paso para el colectivo LGTB, y para el resto de la sociedad colombiana que llevaba tiempo reclamando una legislación más equitativa. En un histórico fallo, los magistrados avalaron por seis votos a tres una demanda que exigía dotar a las uniones civiles homosexuales de los mismos derechos que el matrimonio. Desde este viernes ningún juez ni notario podrá legalmente rechazar la petición de matrimonio de una pareja según su orientación sexual.. Anteriormente las parejas homosexuales en Colombia podían registrarse ante un notario bajo la fórmula de “uniones de hecho” o “uniones civiles” pero sin que constituyera un matrimonio. Colombia se suma al pequeño grupo de países en América Latina que han aprobado el matrimonio igualitario con igualdad de derechos que el contraído por una pareja heterosexual y entre los que está Argentina y Brasil.

Por una mayoría de 6 votos contra 3, la Corte Constitucional de Colombia ha dictaminado este 7 de abril que ningún juez ni notario puede negarse a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo. La esperada sentencia cierra un proceso iniciado en 2011, cuando el alto tribunal reconoció la condición de familia de las parejas del mismo sexo y dio un plazo de dos años para que se legislara al respecto. Sin embargo, la inoperancia del poder legislativo al respecto demoró su resolución hasta agotar el plazo, teniendo que ser de nuevo el poder judicial quien haya tenido que dictar sobre la igualdad de derechos de los ciudadanos LGTB colombianos. Colombia amplía de esta manera a 21 el número de los países que permiten el matrimonio igualitario en todo el mundo.

El proceso legal del matrimonio igualitario en Colombia se remonta a 2011, cuando en una histórica sentencia la Corte Constitucional ratificó que las parejas del mismo sexo constituyen familia y dio un plazo de dos años al Congreso para que legislara su reconocimiento con los mismos derechos que el matrimonio civil. El plazo venció en junio de 2013, después de que el intento de aprobar una ley de matrimonio igualitario fracasara. La Unión Colegiada del Notariado de Colombia elaboró entonces, para intentar responder a la exigencia del tribunal, un contrato denominado “formalización y solemnización del vínculo”, institución inexistente en las leyes del país y que los colectivos LGTB rechazaron de plano.

Los jueces pasaron entonces a ser la clave. Ya en julio de 2013 se celebró una primera unión entre dos hombres, pero entonces la jueza, aunque reconoció a los miembros de la pareja el estado civil de “casados”, evitó definir la unión como matrimonio. Otro juez ordenaba en julio a un notario celebrar una unión entre dos hombres regida “por la normatividad aplicable al matrimonio civil, tanto en sus derechos como en sus deberes, y en las demás prerrogativas que de él deriven”. Pero no fue hasta el 20 de septiembre de 2013 cuando se celebró en Bogotá el primer matrimonio pleno entre personas del mismo sexo. Matrimonio que fue luego anulado, pero cuya validez fue luego restaurada por el Tribunal Superior de Bogotá.

En octubre de ese año otra pareja celebró su matrimonio, y al igual que en el caso anterior fue anulado y luego restaurado. En ambos casos la justicia había dado la razón en primera instancia a las acciones de tutela interpuestas por la mencionada “Fundación Marido y Mujer”, organización contraria al matrimonio igualitario cuyas acciones tienen lugar de manera coordinada con las del procurador general Alejandro Ordoñez. Un tercer matrimonio, sin embargo, vio su enlace confirmado en primera y segunda instancia. La batalla judicial quedaba de esa forma pendiente de que la Corte Constitucional despejase de una vez la incertidumbre jurídica, resolviese las acciones de tutela interpuestas y se pronunciase de forma clara.

Una decisión que llevaba demorándose cerca de dos años, y que finalmente se ha resuelto favorablemente. Y eso que la decisión de la Corte era imprevisible, pues la ponencia que llevaba varios meses sobre la mesa, elaborada por el magistrado conservador Jorge Pretelt (envuelto, por cierto, en varios escándalos de corrupción) era negativa. La propuesta de Pretelt rechazaba autorizar el matrimonio igualitario por considerar que ello es competencia del Congreso, máximo órgano legislativo. Pero ello no significaba que necesariamente esa fuera a ser la posición final de la Corte (no sería ni mucho menos la primera vez que una ponencia es rechazada por una mayoría de la Corte). La vuelta a la Corte Constitucional del magistrado progresista Alberto Rojas (cuya designación había sido anulada un año antes por supuestos vicios de procedimiento, y que finalmente recuperó dicha posición por decisión del Consejo de Estado) permitía de hecho ser optimista respecto a la posibilidad de que la Corte otorgase el sí al matrimonio igualitario.

Y así ha ocurrido efectivamente. Rechazada por el pleno de la Corte Constitucional la ponencia de Jorge Pretelt, quien ha defendido ante la Sala Plena de la Corte que la figura del matrimonio debería seguir aplicándose solamente a los casos en los que se hable de la unión entre un hombre y una mujer, fue Alberto Rojas (en la fotografía) el designado para elaborar el texto de la sentencia definitiva, aprobada por seis de los nueve magistrados, cuya integridad será dada a conocer en los próximos días. Como anticipo, se ha dado a conocer el siguiente fragmento:

Hombres y mujeres forman parte de la especie humana, la igualdad implica dar trato igual a los que son iguales (…) Todo ser humano, por el hecho de serlo, le asiste el derecho fundamental a contraer matrimonio sin ninguna clase de discriminación (…) La propuesta de fallo es una oportunidad perdida para remediar una situación de discriminación secular contra una minoría sexual en Colombia, en términos de dignidad humana, libertad e igualdad para contraer matrimonio en las mismas condiciones que usualmente lo celebran las parejas heterosexuales.

El magistrado estimaba que Colombia no puede seguir perpetuando la discriminación de las personas LGTB, además de hacer un recuento de los países que han aprobado el matrimonio igualitario en todo el mundo, de quienes ya forma parte Colombia. La lista, por orden cronológico de su entrada en vigor, es la siguiente:

Holanda (2001), Bélgica (2003), España (2005), Canadá (2005), Sudáfrica (2006), Noruega (2009), Suecia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Dinamarca (2012), Brasil (2013), Francia (2013), Uruguay (2013), Nueva Zelanda (2013), Reino Unido, a excepción de Irlanda del Norte (2014), Luxemburgo (2015), Estados Unidos (2015), Irlanda (2015), Colombia (2016) y Finlandia (entrará en vigor en 2017).

Según declaraciones del abogado Germán Rincón Perfetti, la sentencia de la Corte Constitucional blinda a los notarios y jueces que celebren matrimonios entre parejas del mismo sexo, llenando las lagunas de la sentencia del 2011, por lo que se trata de “una decisión trascendental porque la Corte garantiza la democracia en Colombia. Eso le va a permitir cumlir a los notarios su función constitucional frente al miedo de la hoguera disciplinaria del Procurador General, que no les había permitido realizar la labor que ellos tenían y a unas interpretaciones acomodadas que nos permitían seguir siguendo personas de tercera y cuarta categoria”. Para el abogado “la Corte Constitucional hoy despeja el panorama y le cumple a los derechos humanos a una poblacion excluída y discriminada hoy”.

La Corte Constitucional ha actuado, a lo largo de los últimos años, como gran impulsora de los derechos LGTB en Colombia. La sentencia a favor del matrimonio igualitario es la más destacada, pero ya antes ha fallado a favor de reconocer derechos a las parejas del mismo sexo (2009), a favor de reconocer a estas como familia (2011, como mencionamos arriba) y más recientemente a favor de la adopción homoparental, que precisamente se enfrenta ahora a la amenaza de un posible referéndum de reforma constitucional promovido por los contrarios a los derechos LGTB. Que en Colombia son muy activos y que seguirán, sin duda, dando la batalla. Pero hoy han sufrido una importante derrota…

Fuente Agencias/Dosmanzanas/Chueca

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El Tribunal Superior Federal de Nigeria ha dictaminado que el Departamento de Policía de Abuja detuvo ilegalmente el pasado mes de octubre de 2015 al activista LGTB Ifeanyi Orazulike, conocido internacionalmente por su labor de apoyo a las personas que conviven con el VIH. La sentencia condena al Departamento de Policía a excusarse públicamente con Ifeany en dos de los más importantes medios de comunicación de Nigeria, y a indemnizarle económicamente por daños morales. Se trata de uno de los pocos fallos favorables a los derechos constitucionales de un activista homosexual, en un país donde la pertenencia a una asociación de defensa de los derechos LGTB está penada con 10 años de prisión.

Ifeanyi Orazulike es un activista LGTB nigeriano, con una especial dedicación hacia el colectivo de personas que conviven con el VIH. Es el director ejecutivo del Centro Internacional para la Defensa de los Derechos a la Salud (ICARH en sus siglas en inglés) y es secretario del Consejo del Foro Mundial sobre HSH y VIH (MSMGF, también en sus siglas inglesas). En 2011 participó en el Programa de Defensores de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos.

Su bagaje como activista y su condición de homosexual le puso, sin duda, en el punto de mira de quienes se dedican a la extorsión, abusando de su autoridad, en Nigeria. Además, quizás no casualmente, el mismo día de los hechos el Tribunal Superior de Nigeria había dictaminado en contra de una demanda contra las leyes que castigan la homosexualidad en el país por una cuestión técnica, sin entrar a valorar su constitucionalidad.

Ifeany Orazulike se encontraba en la sede de ICARH en Abuja el 22 de octubre de 2014, celebrando su cumpleaños con diez amigos y miembros de la organización, cuando a las 11 de la noche irrumpió la Policía. Según su relato, vio a unos quince miembros armados de las fuerzas del orden, con chalecos antibalas, avanzando por el pasillo de sus oficinas, a pesar de que las puertas estaban cerradas y resguardadas por equipos de seguridad.

Ifeany se identificó ante los policías cuando irrumpieron en la sala, quienes le informaron de que venían a detenerle por orden del comisionado de policía, sin que le indicasen bajo qué cargos. Le levantaron entre varios agentes y le llevaron en volandas hasta una furgoneta aparcada en el exterior, mientras otros se dedicaban a perseguir a sus amigos y colegas, tratándoles “como si fueran delincuentes comunes”.

El activista insistió en que quería conocer los cargos y por qué motivo no le conducían a comisaría, sin encontrar respuesta. Los policías se dedicaron a saquear las instalaciones de ICARH, llevándose reproductores de DVD, ordenadores portátiles y teléfonos móviles, así como importantes archivos y material donado por USAID. Después, arrancaron el vehículo y recorrieron las calles de Abuja, deteniendo a prostitutas, mientras algunos de los amigos de Ifeany les seguían para saber dónde era conducido.

Uno de los agentes le exigió que le pagara un soborno para liberarle. La respuesta de Ifeany fue que en vez de pagarle informaría de lo sucedido a un tribunal. El policía abofeteó al activista con tanta fuerza que le arrojó al suelo, de donde no le dejó levantarse. Otros agentes trataron de extorsionarle, diciéndole que sus amigos ya habían pagado el soborno. Cuando comprobaron que era inútil la insistencia, terminaron liberándole. Sus amigos le recogieron y le pusieron finalmente a salvo.

Pero Ifeany Orazulike decidió no dar el asunto por zanjado, y se puso en contacto con Mike Enahoro Ebah, precisamente el abogado que había llevado el caso contra las leyes homófobas de Nigeria. Interpuso una demanda contra el Departamento de Policía de Abuja por haber violado sus derechos constitucionales, y pidió que el tribunal emitiera una resolución “en aplicación de sus derechos fundamentales, con el fin de que fuese respetada su dignidad como persona, su libertad personal, su libertad de movimientos y derecho de reunión y asociación pacíficas”.

Y el pasado 26 de febrero el Tribunal Superior Federal falló a su favor, considerando que se trató de una detención ilegal y que se violaron efectivamente sus derechos constitucionales. La sentencia condena al Departamento de Policía a que se excuse públicamente con Ifeany Orazulike en dos de los medios de comunicación de mayor difusión de Nigeria, así como a pagarle una indemnización por daños morales de un millón de nairas (4.410 euros, 5.030 dólares).

Los activistas nigerianos se han felicitado por una sentencia que consideran de especial relevancia, al tratarse de una de las pocas que se dicta a favor de los derechos de una persona LGTB. Agradecen el arrojo de Ifeany y, especialmente, la labor como defensor de Mike Enahoro Ebah, al ser conscientes de que asumir la defensa de los derechos de una minoría tan estigmatizada legal y socialmente pone en compromiso su carrera.

Así lo destacaba Jide Macauley, activista anglonigeriano, con las siguientes declaraciones: “No hay duda de que esto da a la comunidad LGBT en Nigeria más alcance y oportunidades dentro del sistema de justicia. También estoy inmensamente agradecido a Mike Enahoro Ebah, por comprometer su carrera para defender que unos estigmatizados, rechazados y condenados ciudadanos de Nigeria, las lesbianas, gais, bisexuales y personas transexuales, también son seres humanos y ciudadanos de la nación. Mientras muchos se han curado en salud, tú te has hecho cargo”.

Violencia social y de estado

Desde la promulgación de la ley que agrava el tratamiento penal para todo aquello relacionado con la homosexualidad en Nigeria, no cesan de sucederse los actos de barbarie de la población civil contra las personas LGTB, alentados por los líderes políticos y religiosos que han creado un ambiente de profunda homofobia social. La ley castiga con 10 años de prisión la exhibición pública o privada de una relación afectiva entre dos personas del mismo sexo o la pertenencia a cualquier tipo de asociación u organización de defensa de los derechos LGTB.

Hemos informado de algunos de estos terribles hechos, aunque es de suponer que la información de la mayoría de este tipo de actos execrables no alcance a los medios de comunicación occidentales.

En enero de 2014, una multitud de miles de personas rodeaba un tribunal islámico, donde se juzgaba a once hombres acusados de practicar la homosexualidad, exigiendo su ejecución inmediata. Meses después, cuatro de los detenidos, que confesaron los hechos probablemente bajo tortura, fueron condenados a recibir públicamente 15 latigazos y al pago de una multa o un año de prisión.

En febrero del mismo año, otra horda enfurecida asaltó los domicilios de doce homosexuales en la capital, Abuja, a quienes terminaron por arrancar de sus casas y golpearles incluso ante las puertas de la comisaría local. En las mismas fechas, en la localidad sureña de Port Harcourt, otros dos homosexuales fueron arrastrados fuera de su hogar y obligados a realizar actos sexuales ante una multitud agresiva.

En enero de 2015, la policía islámica de Kato, una ciudad al norte de Nigeria, comunicaba la detención de doce personas por participar en la celebración de una supuesta boda entre dos personas del mismo sexo. La ley vigente en Nigeria, anteriormente citada, castiga con hasta 14 años de prisión a quienes participen en una ceremonia de unión homosexual.

Actuaciones de este tipo provocaron que el Parlamento Europeo aprobara en marzo de 2014, con el acuerdo de los principales grupos, una resolución de condena a las leyes homófobas de Uganda y Nigeria. El texto de la resolución solicitaba su derogación y proponía que si no había marcha atrás se suspendiese a los dos países del acuerdo de Cotonú sobre intercambio comercial y asistencia entre la Unión Europea y los estados de África, Caribe y Pacífico.

Sin embargo, la directora del programa africano del Centro Europeo para la Gestión de Políticas de Desarrollo (ECDPM), Faten Aggard-Clerx, muy crítica con lo que considera una postura hipócrita de la Unión Europea, se preguntaba, en referencia a Nigeria, si el organismo europeo está dispuesto a “mantener sus valores a pesar de sus intereses en algunas partes de África”. Aggard-Clerx denunciaba que la Unión Europea no había alzado la voz contra las leyes homófobas aprobadas en Etiopía en 2004, pero sí lo hacía una vez que las condenas por homosexualidad iban a carecer de la posibilidad de indulto. También ponía el ejemplo del presidente de Uganda, Yoweri Museveni, muy criticado por aprobar una ley fuertemente homófoba, pero alabado por su papel en Sudán del Sur.

Fuente Dosmanzanas

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El  juez federal Daniel Jordan ha emitido una orden que considera inconstitucional la ley que prohíbe la adopción por parejas del mismo sexo en Mississippi. La noticia tiene una especial importancia simbólica, si se tiene en cuenta que ocurre en medio de la ola de propuestas de ley homófobas y tránsfobas que los contrarios a los derechos LGTB están promoviendo en diferentes estados norteamericanos, entre ellos el propio Mississippi.

La norma que prohíbe adoptar a las personas del mismo sexo –sección 93-17-3(5) del Código Civil de Mississippi- fue aprobada en el año 2000. Recibió el beneplácito del gobernador, por aquel entonces un político demócrata, Ronni Musgrove. Un buen ejemplo de hasta qué punto ha cambiado la sensibilidad hacia los derechos LGTB: hoy día sería impensable que un gobernador demócrata diera su visto bueno a una ley así (el propio Musgrove escribía en 2013 un artículo en The Huffington Post en el que expresaba su arrepentimiento y contando como su punto de vista había evolucionado a lo largo de los años).

La prohibición de Mississippi, sin embargo, era la última que quedaba por ser desafiada en los tribunales. Leyes similares en otros estados han ido siendo invalidadas, una tras otra. Es por eso que cuatro parejas de mujeres (dos de ellas queriendo adoptar conjuntamente a través del sistema de adopciones del estado y otras dos queriendo que una de las miembros de la pareja pudiera adoptar a los hijos de su compañera), acompañadas de dos organizaciones de defensa de los derechos civiles LGTB (Campaign for Southern Equality y Family Equality Council) decidieron acudir a los tribunales.

Ahora la justicia federal les ha dado la razón. En una orden preliminar, el juez federal Daniel Jordan considera que a la vista de los argumentos del Tribunal Supremo para extender el derecho al matrimonio igualitario y los beneficios que ello conlleva a todo el país, la prohibición a las parejas del mismo sexo de adoptar viola su derecho a la igual protección que garantiza la 14ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, y por ello ordena que de forma inmediata deje de ser aplicada (puedes descargar la sentencia completa aquí).

El fallo del juez Jordan tiene una especial importancia simbólica. Por un lado, Mississippi era el último de los estados en los que una ley prohibiendo expresamente adoptar a parejas del mismo sexo seguía incólume. En este momento, no existe ya ningún estado que mantenga dicha prohibición formal. Ello no significa que no queden numerosos flecos legales ni que no existan obstáculos a las diferentes formas de ejercer ese derecho (hace menos de un mes recogíamos precisamente como el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocaba una sentencia de la Corte Suprema de Alabama que denegaba los derechos de adopción que ya habían sido reconocidos en el estado vecino de Georgia a una de las integrantes de una pareja de mujeres). Pero el armazón jurídico que sustenta la discriminación en estos casos es cada vez más endeble.

Sin embargo, el gobernador de Mississippi, el republicano Phil Bryant, ha promulgado una ley, aprobada por ambas cámaras legislativas del estado, que permite a funcionarios, empresas, negocios y organizaciones rehusar prestar sus servicios a aquellos cuya “forma de vida” no esté en consonancia con sus creencias religiosas. En la práctica, significa que tienen derecho a discriminar a las personas LGBT sin que puedan ser demandados por ello. El gobernador Bryant apenas ha tardado unas horas en validar con su firma la ley desde que le fue enviada desde la Cámara de Representantes del estado, negándose a recibir tanto a las asociaciones de defensa de los derechos LGTB como a los empresarios, que se plantean boicotear a Mississippi como lugar de negocios.

El proyecto de ley 1523 fue introducido en la Cámara de Representantes de Mississippi, en manos republicanas, el pasado mes de febrero, siendo sometido a votación y aprobado el 29 de ese mismo mes, por un amplio margen de 80 votos favorables, 30 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente pasó a consideración del Senado estatal, también en poder de los republicanos, donde fue aprobado este 1 de abril por 69 votos a favor, 44 en contra y 7 abstenciones. Finalmente, el gobernador Phil Bryant lo promulgó como ley el pasado 5 de abril, para que entre en vigor el próximo 1 de julio.

El proyecto de ley estaba considerado como una de los más regresivos los casi 200 diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos. En todos ellos, bajo la excusa de la protección de la libertad religiosa, ya amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, se trata de formalizar el derecho a discriminar por razón de orientación sexual e identidad de género si se arguyen “sinceros sentimientos religiosos”.

La ley impide que se puedan plantear demandas contra funcionarios, comerciantes, empresarios u organizaciones que se nieguen a prestar sus servicios a determinados colectivos si estiman que contravienen sus creencias religiosas. En concreto, se protege que se puedan denegar servicios si el proveedor estima que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer; si considera que las relaciones sexuales solo pueden mantenerse dentro del matrimonio; o si cree que el género asignado al nacimiento no debe ser cambiado. Es decir, el objeto principal de la ley es permitir la discriminación de las personas LGTB.

En cuando a los funcionarios, tan solo establece la salvedad, obligatoria por otro lado, de que el servicio a prestar (como la expedición de una licencia de matrimonio a una pareja del mismo sexo) debe ser garantizado por otro empleado público.

Las asociaciones LGTB y las corporaciones y empresas expresaron su indignación por una ley tan regresiva, y solicitaron al gobernador Bryant que interpusiese su veto. Los representantes del Partido Demócrata incluso retrasaron la aprobación definitiva del proyecto de ley con una petición plenaria de rechazo, que sabían que perderían, con el objetivo de que el gobernador se reuniera con los activistas y empresarios opuestos a ley. Pero Bryant se negó a recibirles, y validó el proyecto de ley tan solo unas horas después de que llegara a sus manos, con la excusa de que trata de “impedir que el gobierno interfiera en la vida de las personas”, en referencia a las leyes de protección contra la discriminación vigentes en muchos estados y municipios.

Mississippi se une así a Carolina del Norte en la aplicación de una legislación que vulnera derechos fundamentales por razón de la orientación sexual e identidad de género de sus ciudadanos. En otros estados, como Indiana, Dakota del Sur, Georgia o Virginia, sus gobernadores, sin embargo, han considerado el perjuicio que conllevaría un texto legislativo semejante y han interpuesto su veto.

La ACLU (la mayor asociación de defensa de los derechos civiles de los Estados Unidos) ha emitido el siguiente, y elocuente, comunicado:

Este es un día triste para el estado de Mississippi y para los miles de habitantes de Mississippi que ahora pueden ser rechazados en los comercios, o a quienes pueden negarse licencias de matrimonio, una vivienda, servicios esenciales y necesidades básicas por ser lo que son. Este proyecto de ley va en contra de los principios básicos estadounidenses de equidad, justicia e igualdad y no protege la libertad religiosa de nadie. Lejos de proteger a cualquier persona de “la discriminación del gobierno”, como pretende el proyecto de ley, es un ataque a los ciudadanos de nuestro estado, y servirá como un emblema de la vergüenza para el estado de la magnolia.

La organización GLAAD pide al gobernador Phil Bryant que vetase la delirante propuesta de ley HB 1523, que autoriza legalmente la discriminación en el estado de Mississippi y que van más allá del colectivo LGTB,

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo ACLU, Adopción, Alabama, Americans United for Separate of Church and State, Bahía de St. Louis, Campaign for Southern Equality, Daniel Jordan, Discriminación, EE.UU., Estados Unidos, Family Equality Council, Georgia, Greenville, Hattiesburg, Homofobia, Homoparentalidad, Jackson, Ley HB 1523, Magnolia, Mississippi, Oxford, Phyl Bryant, Protect Thy Neighbor, Ronni Musgrove, Tribunal Supremo (Estados Unidos), Waveland

La terrible situación de las personas LGTB en Arabia Saudí puede endurecerse todavía más. Según ha publicado el diario saudí Okaz, el organismo que ejerce las funciones de fiscalía en Jeddah, la segunda ciudad del país, está valorando disminuir el umbral de los “delitos” que en materia LGTB se consideran merecedores de la pena de muerte, para incluir también a las personas que hagan pública su orientación homosexual en redes sociales y medios de comunicación, con independencia de que se pueda o no probar que han mantenido relaciones.

Al parecer, las autoridades de Jeddah están preocupadas por el elevado índice de “delitos” relacionados con la orientación sexual o la identidad de género que vienen detectando. En los últimos seis meses, hasta 35 personas habrían sido condenadas por sodomía y otras 50 por, supuestamente, vestir de modo femenino. Pero no serían las únicas afrentas a la moralidad que molestan a las autoridades saudíes. Recientemente, por ejemplo, daba la vuelta al mundo la detención de un médico saudí por el simple hecho de haber izado en su domicilio una bandera arcoíris. El hombre, ya liberado, desconocía el significado de la bandera y simplemente la había adquirido y colocado en la azotea de su casa a petición de sus hijos, a los que les había parecido muy bonita.

Hay que tener en cuenta que en Arabía Saudí, una monarquía absoluta y teocrática, no existe un Código Penal propiamente dicho, sino que la justicia se aplica en base a la interpretación que los jueces islámicos hacen de la sharía, que puede variar enormemente (entre otros factores, según la clase social y la nacionalidad del “culpable”: normalmente los castigos son mucho más duros para trabajadores inmigrantes de origen no occidental que para los miembros de las clases altas del país). Por lo que se refiere a la esfera LGTB, las penas más elevadas, incluyendo la muerte —pero también la cárcel o castigos físicos, como los latigazos públicos— corresponden al mantenimiento de relaciones homosexuales. En caso de reincidencia la pena de muerte es aún más probable.

Otro tipo de “ofensas” son castigadas de modo diverso. Nos hemos hecho eco de algunos casos: en noviembre de 2014, por ejemplo, recogíamos cómo un hombre era condenado a tres años de cárcel por publicar en redes sociales fotografías de sí mismo desnudo y su ofrecimiento para mantener relaciones con otros hombres. Meses antes, otro hombre era condenado también a tres años de cárcel y 450 latigazos por buscar contactos con otros hombres a través de Twitter. En enero de 2012, en otro caso parecido, un hombre era arrestado por usar Facebook para establecer contacto. En octubre de 2011 eran detenidos 20 hombres durante una celebración. Un año antes era un ciudadano británico el que resultaba agredido y amenazado por la policía religiosa por su condición de gay. Y en junio de 2013, cinco hombres eran detenidos por participar supuestamente en una boda homosexual. Más allá de las condenas y arrestos, también nos hemos hecho eco de iniciativas que muestran la homofobia de estado en el país saudí: desde la intención de las autoridades de expulsar del sistema educativo a homosexuales y chicas de aspecto masculino hasta la oposición del gobierno al uso del dominio .gay en Internet.

En caso de prosperar las intenciones de la fiscalía saudí, todas estas penas se endurecerían aún más, y el mero hecho de hacer pública tu orientación sexual o dar a conocerla a través de redes sociales, en internet o en medios de comunicación podría llevarte a la muerte. Todo ello, no conviene olvidar, en un país que es considerado aliado de occidente en la región. Sin que haya sanciones ni reproches. Y no precisamente por desconocimiento: las violaciones de los derechos humanos en Arabía Saudí, incluyendo las de sus ciudadanos LGTB, están perfectamente documentadas en el último informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos…

Fuente Dosmanzanas

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La Organización Europea para la Investigación Nuclear (más conocida por las siglas francesas CERN), con sede en Ginebra, es posiblemente el más importante laboratorio de física de partículas del mundo. Trabajar en este centro es un sueño para muchas personas que se dedican a la Física. Entre ellas, personas LGTB que deben enfrentarse al odio de algunos de sus compañeros. Porque por desgracia parece que no hay actividad humana, por elevada que parezca, que esté libre de LGTBfobia. Así lo ha denunciado LGBT CERN, un grupo de científicos abiertamente LGTB que allí desarrollan su actividad.

“Cuando las personas y las partículas colusionan”, fue el primer y muy interesante artículo, publicado en Physics World, que recogió la incomodidad de este grupo de trabajadores LGTB con algunas de las cosas que suceden en la organización, de la que otros medios se han eco con posterioridad. Quizá lo más llamativo sea el hecho de que carteles distribuidos por LGBT CERN en las instalaciones, anunciando sus actividades, hayan sido objeto de vandalismo homófobo. En numerosas ocasiones han sido sustraídos o han aparecido rotos, e incluso, con menos frecuencia, han sido “adornados” con comentarios como “cerdos”, escrito en alemán, o citas bíblicas que condenan la homosexualidad, como el famoso pasaje del Levítico (“Si un hombre se acuesta con un varón, como se acuesta con una mujer, ambos han cometido una infamia; los dos morirán y serán responsables de su muerte”) en inglés.

Conductas que, al difundirse públicamente, han merecido incluso una condena oficial del CERN, que asegura en un comunicado que no tolerará las conductas homófobas y que se tomarán medidas disciplinarias contra aquellos trabajadores a los que se identifique como responsables. “El CERN está totalmente comprometido a promover la diversidad y la igualdad, a todos los niveles. Es uno de los valores centrales del CERN, como queda claramente reflejado en nuestro código de conducta, así como en diversas políticas de la organización”, continúa el comunicado de la organización, que se define como “culturalmente diversa” y compuesta por personas de más de cien nacionalidades diferentes. “Es un lugar en el que todo el mundo es bienvenido y donde cualquiera puede tener éxito, con independencia de su raza, creencias u orientación sexual”, añade.

LGBT CERN ha recopilado toda la información referente a la situación en su propia página web, en la que el propio grupo deja claro que lo que se está denunciado no es una política de discriminación por parte del propio CERN, sino una serie de desagradables incidentes cometidos por una minoría supuestamente no identificada. Se menciona incluso el caso de una persona del grupo que recibió correos electrónicos con mensajes de odio por parte de otra persona del centro, que fue sancionada por ello.

Leyendo sin embargo entre líneas parece evidente (o esa es nuestra impresión) el malestar entre los trabajadores LGTB del CERN, a los que en 2012 se les denegó expresamente la solicitud para convertirse en “club oficial” del CERN, estatus del que sí disfrutan otros 53 grupos, entre ellos el de mujeres o el de aficionados al running. Una negativa que, merece la pena destacar, no procedió de la dirección del CERN, sino de la propia asociación de trabajadores. En el mismo sentido nos llaman la atención algunas de las observaciones que hace LGTB CERN en el contenido de su web antes mencionado, como “la mayoría de los científicos apoyan una atmósfera tolerante, y están o bien a favor del grupo LGBT CERN, o son indiferentes a su presencia. Solo unos pocos científicos son abiertamente hostiles” o “las opiniones personales varían, y la actitud mayoritaria parece ser de ‘tolerancia callada” (no armes mucho follón y te toleraremos)”.

Intentaremos estar atentos a posibles novedades.

Fuente Dosmanzanas

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Por fin una buena noticia desde Alemania. El estado de Baviera, gobernado por la conservadora Unión Social Cristiana (CSU), ha aprobado un nuevo plan educativo en el que por primera vez se menciona de manera explícita el reconocimiento de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.

El Gobierno bávaro ha presentado recientemente las nuevas directrices sobre educación familiar y sexual en el mayor Land alemán. El programa educativo, que entrará en vigor próximamente, establece la obligación de los centros docentes de ayudar a los alumnos a “encontrar y aceptar su identidad de género y su orientación sexual”. En las aulas bávaras se hablará de “la diversidad de las formas de vida y de los temas hetero, homo, bi, trans e intersexualidad”, según el texto aprobado que sustituirá al actual, vigente desde 2002.

La medida impulsada por el gobierno de Baviera supone un avance indudable en el reconocimiento de la diversidad afectivo-sexual en el ámbito educativo. Sorprende especialmente que haya sido impulsada por la CSU, el partido bávaro hermano de la CDU de Merkel, pero considerado más conservador que esta. Con todo, el plan educativo se queda corto en algunos aspectos, como la ausencia de una mención a las familias homoparentales o a la lucha contra el acoso escolar motivado por la homofobia y transfobia.

En este sentido, la propuesta presentada hace poco más de dos años por Los Verdes ante el Parlamento regional era más ambiciosa, al incluir la formación del personal docente en el respeto a la diversidad y la lucha contra la discriminación, así como la redacción de un código de buenas prácticas para enfrentarse al acoso escolar. El proyecto se topó entonces con el rechazo de la CSU, que gobierna con mayoría absoluta.

A pesar de sus evidentes limitaciones, el nuevo plan educativo supone una mejora sustancial con respecto a la situación actual. Especialmente en un contexto de especial beligerancia contra la diversidad afectivo-sexual en las aulas, que se ha materializado en el movimiento Demo für alle. Sus integrantes, con el apoyo de la formación de derecha populista Alternativa para Alemania (AfD), protestaron enérgicamente contra un proyecto similar, pero más ambicioso que el bávaro, en el estado vecino de Baden-Wurtemberg. El Gobierno saliente de este Land ha aprobado, entre sus últimas medidas, la entrada en vigor del plan educativo. Pocos días antes, la AfD rechazaba la enseñanza de la realidad LGTB en el ámbito educativo.

Fuente Dosmanzanas

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El partido de derecha populista y xenófoba Alternativa para Alemania (AfD) ha revelado su programa marco para las próximas convocatorias electorales. La AfD, que ha conseguido un gran éxito en las elecciones regionales del pasado 13 de marzo, plantea la defensa de la “familia tradicional” y la prohibición de referirse a la realidad LGTB en los centros educativos.

Desde su fundación en febrero de 2013, la AfD se va implantando en las instituciones germanas tras cada nueva elección.

Pocos meses después de su presentación oficial, y con un programa centrado en la salida de Alemania de la zona euro, el partido daba la sorpresa en las elecciones federales de septiembre de 2013 al alcanzar un 4,7% de los votos y quedarse a las puertas de entrar en el Bundestag (la barrera de entrada a la cámara baja del Parlamento alemán es el 5%). En las siguientes citas electorales, la nueva formación consiguió entrar en el Parlamento Europeo con siete diputados, y en los parlamentos regionales de Brandeburgo, Sajonia y Turingia, con resultados alrededor del 10%.

Centrados en un principio en las propuestas económicas y de regeneración política, la AfD no tardó en mostrar su lado más reaccionario en materia de libertades, y en concreto, de derechos LGTB. Si bien al principio mostrar una cara amable alejada de extremismos, iniciativas como la de apoyar la equiparación fiscal de las parejas del mismo sexo (a la que se sumó AfD Berlín) se toparon con el rechazo de la cúpula del partido. La división entre los partidarios de un enfoque más centrado en lo económico y los que defienden el discurso duro contra la inmigración se saldó con la salida del exportavoz Bernd Lucke, quien fundó su propio partido (Alianza para el Progreso y el Resurgir, ALFA).

La AfD ya se había apuntado con entusiasmo al movimiento homófobo Demo für alle, un calco de la francesa Manif pour tous que lucha contra la educación en la diversidad afectivo-sexual en las escuelas alemanas. El plan educativo propuesto por el Gobierno regional de Baden-Wurtemberg incluía entre sus objetivos la “aceptación de la diversidad sexual”; algo que motivó la ira de los ultraconservadores, que llevaron a cabo una serie de manifestaciones en las cuales participó activamente el partido populista. Otras dos muestras de sus posiciones contrarias a los derechos LGTB fueron invitar a un defensor de los homófobos en Francia y Rusia como Jürgen Elsässer a un acto de su partido o reafirmar su posición contraria a la adopción homoparental.

Decididamente escorado hacia los planteamientos más derechistas bajo la dirección de Frauke Petry, la formación también ha hecho causa común con el movimiento islamófobo Pegida. Con el debate sobre la llamada crisis de los refugiados todavía candente, la AfD obtuvo sus mayores éxitos hasta la fecha en las elecciones regionales celebradas hace apenas unas semanas. El partido se alzó con la segunda posición en el Land oriental de Sajonia-Anhalt con un 24,2% y ascendió al tercer lugar en Baden-Wurtemberg y Renania-Palatinado, con un 15,1% y un 12,6% respectivamente.

Plenamente establecidos como un nuevo actor de la política alemana, la AfD presentaba el miércoles pasado su programa marco para las próximas citas electorales. Un documento que subraya el carácter reaccionario de la formación y que, en materia LGTB, pone por escrito lo que ya venía defendiendo en las calles. A saber, el “reconocimiento de la familia tradicional” formada por “padre, madre e hijos” como “el ideal”, o el rechazo a la enseñanza de la diversidad afectivo-sexual y a la perspectiva de género: “nuestros hijos no deben convertirse en el juguete de una ruidosa minoría sexual”. En resumen, una formación que, de confirmar su consolidación, traerá consigo una derechización de la política alemana y abrirá un panorama aún más sombrío para los derechos LGTB en el país más poblado y económicamente poderoso de la Unión Europea.

Fuente Dosmanzanas

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El gobernador de Virginia, el demócrata Terry McAuliffe, ha vetado una ley aprobada por ambas cámaras del estado que daba derecho a funcionarios y empresas que provean servicios relacionados con las bodas a rechazar a ciudadanos LGTB por motivaciones religiosas. McAuliffe ha criticado duramente la ley, al considerar que “aunque se formula como un proyecto de ley de ‘libertad religiosa’, esta legislación no es más que un intento de estigmatizar”.

El 12 de febrero del presente año, el Senado del estado de Virginia aprobaba el proyecto de ley 41, por un estrecho margen de 20 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención. El proyecto de ley, cuyo ponente era el senador estatal del Partido Republicano Charles Carrico, permitía que quienes oficiasen matrimonios o prestasen servicios relacionados con las bodas pudieran rechazar a ciudadanos y clientes LGTB poniendo como pretexto “su sincera creencia religiosa o convicción moral de que el matrimonio es o debe ser reconocido como la unión entre un hombre y una mujer”. Eso no solo incluía a las confesiones religiosas, sino a los propios funcionarios del estado, que podrían rehusar la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, y por supuesto a todos aquellos negocios relacionados con las celebraciones nupciales.

El proyecto de ley pasó a la consideración de la Cámara de Delegados (la cámara baja del estado de Virginia), también bajo control republicano. Allí fue aprobado el 9 de marzo por 59 votos a favor y 38 en contra, por lo que fue enviado al gobernador para su promulgación definitiva.

Pero el gobernador Terry McAuliffe ya se había comprometido a vetar el proyecto de ley si era aprobado, por encontrar que no era más que “un intento de estigmatización” de las personas LGTB bajo la excusa de la protección de las creencias religiosas. Quizás por ello no hubo la misma escalada de protestas y amenazas de boicot que tuvieron lugar en estados como Indiana o Georgia. Pero el daño que pudiera hacer su aprobación a la economía del estado también estaba en la mente del gobernador, pues, según sus palabras “las empresas y los creadores de empleo no quieren ubicarse o hacer negocios en estados que parecen estar más preocupados por demonizar a las personas que por la creación de un fuerte clima de negocios”.

McAuliffe criticaba duramente el proyecto aprobado por las cámaras de su estado, por creerlo innecesario, inconstitucional y discriminatorio: “Cualquier protección legítima ofrecida por el proyecto de ley 41 es una duplicación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las demás protecciones adicionales están presentadas de tal manera que anteponen un punto de vista religioso, el que el matrimonio solo puede ser válido entre un hombre y una mujer, sobre todos los demás puntos de vista. Tal dinámica no sólo es inconstitucional, sino que equivale a discriminación bajo el pretexto de la libertad”.

Efectivamente, como ocurre en los casi 200 proyectos de ley diseminados por las cámaras de 32 de los 50 estados de los Estados Unidos, se intenta legislar sobre la no imposición a iglesias y cultos de la celebración de matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando ello ya está estipulado por la Primera Enmienda de la Constitución, por lo que es tan solo una excusa para introducir legislación claramente discriminatoria de manera mendaz.

Las asociaciones LGTB del estado, como Equality Virginia, se han felicitado por el cumplimiento del compromiso del gobernador. James Parrish, su director ejecutivo, lo expresaba con estas palabras: “El senador Carrico intentaba discriminar abierta y directamente a las parejas y familias homosexuales, con el pretexto de la libertad religiosa. Nos sentimos muy agradecidos por tener un gobernador que se opone a ello y que trabaja para hacer de Virginia un lugar más abierto y acogedor para todo el mundo, no menos”.

Aunque quienes respaldan la ley puede intentar levantar el veto del gobernador, la composición de las cámaras lo hace bastante complicado, pues difícilmente podrían alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria. Sin embargo, según avisa Equality Virginia, existen en el estado otros 9 proyectos de ley discriminatorios aún en trámite.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Charles Carrico, Discriminación, Equality Virginia, Estados Unidos, Homofobia, James Parrish, Matrimonio, Terry McAuliffe, Virginia

El árbitro agredido, Jesús Tomillero | Fuente: Facebook

“Come pollas” y “maricón”, son algunos de los insultos homófobos que recibió Jesús Tomillero, árbitro de fútbol abiertamente gay, en un partido de la 3ª división cadete de la provincia de Cádiz (grupo 7), disputado el 26 de marzo, entre los equipos de la Peña Madridista Linense “B” y El Mirador C.D. S.M., integrado por chicos de 15 y 16 años. Los insultos provinieron de un jugador y, lo que resulta especialmente grave, del encargado de material del primero de los equipos. Todo ello ocurrió en un contexto de especial agresividad hacia Tomillero ante la inacción del resto del personal que se encontraba durante la celebración del partido. El Sindicato de Árbitros, solidarizado plenamente con su compañero, considera insignificantes las sanciones que se han decidido.

Durante un partido celebrado en el municipio gaditano de La Línea de La Concepción el pasado 26 de marzo, entre la Peña Madridista Linense “B” y El Mirador C.D. S.M., cuyos jugadores eran chicos de 15 y 16 años, se profirieron numerosos insultos homóbofos hacia Jesús Tomillero, la persona que arbitraba el partido y que es abiertamente gay. Concretamente, el encargado de material y un jugador del equipo linense le repitieron en varias ocasiones que era un “come pollas” y un “maricón”.

La web del Sindicato de Árbitros recoge en su integridad el acta del partido, en la que consta el detalle de lo sucedido. Dos incidentes nos llaman especialmente la atención. En primer lugar, tras expulsar a uno de los jugadores de la Peña Madridista Linense “B”, este le espeta “Si ya sabíamos que eres muy malo. Anda que le den que es un come pollas”. “Sí, tú eres un come pollas, maricón”, seguía diciéndole mientras abandonaba el terreno de juego. Llegado un momento, las agresiones verbales fueron a más, hasta que el árbitro fue amenazado e intimidado por el encargado del material de la Peña Madridista Linense “B”, quien le espetó:  “Tú y yo nos vamos a ver las caras, que te voy a meter un guantazo que te voy a partir la cara”.

Pero no acaba ahí la cosa. A pesar de que los agresores fueron expulsados del campo de juego, éstos se negaron a abandonar las gradas, desde las cuales continuaron profiriendo insultos homófobos y amenazas, especialmente el encargado del material.Lo cuenta con detalle el propio Jesús Tomillero en el acta: “Dicha persona se encuentra ubicada en la grada tras la expulsión. Le comunico al delegado de campo que le comunicara que dicha persona tenía que mantenerse en el vestuario tras su expulsión, cuando se lo comunica, dicho encargado de material continua diciéndome que fuera en la calle me iba a esperar para pegarme. Le comunico inmediatamente al delegado de campo que llamara a las Fuerzas del Orden Público, haciendo caso omiso a mis instrucciones. En la segunda mitad del encuentro, en varias faltas, dicho encargado de material antes mencionado, continuó todo el partido diciéndome desde la grada: ‘Anda que después te vas a hartar de comer pollas. Que eres maricón’, continuamente durante toda la segunda mitad”. La violencia por parte de personas vinculadas al equipo local continuó, de hecho. Jesús Tomillero fue amenazado e intimidado en el interior del vestuario, produciéndose incluso el lanzamiento de una piedra.

General, Homofobia/ Transfobia. Agrupación Deportiva Ibérica LGTB, Andalucía, Cádiz, Deportiva Ibérica LGTB (ADI LGTB), Discriminación, Eduardo Herrera, El Mirador C.D. S.M., Fútbol, Jesús Tomillero, La Línea de La Concepción, Peña Madridista Linense “B”, Real Federación Andaluza de Fútbol, Sindicato de Árbitros