Recogíamos a principios de año el nuevo reglamento del Comité Olímpico Internacional (COI), según el cual los deportistas trans tienen la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos, con independencia de si se han sometido o no a una cirugía. Siguiendo estas nuevas reglas, el atleta estadounidense Chris Mosier ha hecho historia al participar en el Campeonato del Mundo de Duatlón, celebrado este fin de semana en Avilés (Asturias). El propio Mosier publicaba un post en su cuenta de Facebook el domingo diciendo que “ningún otro atleta trans tendrá que preguntarse si puede hacerlo: ¡ya se ha hecho!”.

Al hito de que un deportista trans compita en un encuentro internacional sin la exigencia de haberse sometido a cirugía alguna, hay que sumar que lo haya hecho en España y durante el mes del Orgullo LGTB. Sin duda, Chris Mosier será un modelo para otros atletas trans y un referente positivo de superación para el conjunto del colectivo LGTB. “Me siento increíblemente honrado de llevar este uniforme y de competir en el equipo de EEUU en España. Histórico para mí, para el movimiento igualitario en los deportes y para todos nosotros”, asegura Mosier.

Chris Mosier ha superado con éxito las pruebas del Campeonato del Mundo de Duatlón, celebrado el pasado fin de semana en el municipio asturiano de Avilés. En concreto: 2,5 km de carrera, 23 de bicicleta y 2,5 de carrera. Con su marca de 1 hora, 6 minutos y 29 segundos, Mosier ha logrado situarse como el segundo atleta más rápido del equipo estadounidense, el vigesimosexto (de 47) en la franja de hombres de entre 35 y 39 años, así como el 146 de 433 en la clasificación general.

“Estoy muy contento con los resultados”, confesaba el deportista. Además, Mosier añadía que “esto abrirá las puertas a otros atletas transexuales. Estoy muy emocionado de que otros puedan ver este momento y saber que es posible seguir compitiendo a un alto nivel, mientras mantienen su auténtico yo”. Chris Mosier ha contado con el respaldo de la Sports Equality Foundation (Fundación para la Igualdad en los Deportes) de los Estados Unidos.

Una historia que beneficia a toda la comunidad trans

Chris Mosier (nacido en Chicago, en 1980) es atleta, entrenador, educador y fundador de TransAthlete.com. En 2015, se convirtió en el primer hombre abiertamente trans en hacer un equipo nacional masculino en Estados Unidos. Además, Mosier trabaja como consultor para diversas ligas deportivas, revisando las políticas y procedimientos para ayudar a que sean más inclusivos con las personas trans. También crea protocolos de respuesta para la presentación de informes de incidentes relacionados con prejuicios dentro de las ligas deportivas.

El pasado mes de enero, de hecho, Mosier todavía no sabía si podría participar en el Campeonato del Mundo de Duatlón, a pesar de su clasificación en el Campeonato de Estados Unidos. Pero la publicación de las nuevas directrices del Comité Olímpico Internacional, que se basan en las “actitudes científicas, sociales y legales vigentes”, eliminaba el requisito de la cirugía antes de competir en los Juegos Olímpicos y en otros eventos internacionales.

Para conocer mejor a Chris Mosier, su historia y su trayectoria deportiva, os dejamos con el siguiente vídeo (en inglés):

Fuente Dosmanzanas

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Desagradable déjà vu el que hemos vivido este lunes, al conocer que el Ayuntamiento de Madrid ha multado a los organizadores de la Manifestación Estatal del Orgullo LGTB del año 2015 con 12.400 euros por el exceso de decibelios producidos en su escenario final, situado en la plaza de Colón (de acuerdo a la ordenanza de ruido vigente desde 2011). Si en años anteriores eran los gobiernos de Ana Botella (PP) los que habían multado al Orgullo, este año es el gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) el que hace lo propio, y además de forma especialmente hiriente: multando su corazón reivindicativo, la manifestación del sábado. La ausencia de un marco normativo específico para el Orgullo, que tampoco esta corporación municipal ha desarrollado (al menos en su primer año), se sitúa como gran problema de fondo. 

El pasado 2 de junio el Ayuntamiento notificaba a las entidades convocantes de la manifestación del Orgullo que el recurso presentado no había sido admitido y que debían hacer frente a una multa de 12.400 euros. Una multa que ha causado “indignación” al colectivo madrileño COGAM y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). No está de más precisar que la “tercera pata” de las fiestas del Orgullo, AEGAL (la Asociación de Empresas y Profesionales para Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de Madrid) no participa en la organización de la Manifestación.

“El que se multe a un escenario de una manifestación es un hecho inaudito en España que atenta directamente contra derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a reunión”, ha asegurado Jesús Grande, presidente de COGAM. “Creemos que la ordenanza de protección acústica que tiene la ciudad supone una mordaza al derecho de manifestación y celebración de ciudadanas y ciudadanos. Lamentamos que el actual consistorio municipal todavía no haya podido hacer nada para evitar estos hechos”, expresa por su parte Jesús Generelo, presidente de FELGTB. Ambas organizaciones explican en un comunicado conjunto que durante el último año han mantenido diversas reuniones con el Ayuntamiento para intentar evitar que esta situación se repita y buscar soluciones, pero no parece que por el momento hayan surtido efecto.

La indignación es lógica: este tipo de multas, difícilmente asumible por dos colectivos como COGAM y la FELGTB, pone en peligro la propia existencia de la Manifestación del Orgullo y “la imagen de la ciudad como abanderada de la defensa de los derechos LGTB en el mundo”, según expresan en su comunicado. COGAM y la FELGTB exigen la modificación de la normativa si se quiere garantizar la celebración de eventos como el Orgullo LGTB, donde se aglutina un número tan elevado de personas. “Entendemos que las normas tienen que hacerse para adecuar una realidad social a la legal. No podemos silenciar un evento en el que participan cientos de miles de personas de todo el mundo y que tanta riqueza económica y social deja en Madrid, por tanto, el Ayuntamiento tiene que valorar el adaptar la normativa vigente en materia de sonido para grandes eventos”, ha añadido Jesús Grande. “Madrid debe apostar y garantizar que un evento tan importante para la ciudad no corre peligro. Como organizaciones en defensa de los derechos LGTB nuestro objetivo es continuar manifestándonos en las calles de Madrid, pero no podríamos seguir haciéndolo en las mismas condiciones si tenemos que asumir este tipo de multas”, asegura Generelo.

COGAM y la FELGTB expresan finalmente su esperanza de que el Ayuntamiento de Madrid ponga solución a esta situación antes de que se inicie el Orgullo LGTB 2016, cuya Manifestación Estatal tendrá lugar el próximo 2 de julio bajo dos lemas, uno referido a la necesidad de la aprobación de nuevas leyes que den protección efectiva a las personas LGTB contra la discriminación –“Leyes por la igualdad real ¡YA!”- y otro que recuerda al año 2016 como “Año de la Visibilidad Bisexual en la Diversidad”.

Llueve sobre mojado

No está de más recordar que las fiestas del Orgullo, del que todas las administraciones madrileñas presumen de puertas hacia fuera, llevan años enfrentándose a todo tipo de dificultades impuestas por el Ayuntamiento, y eso pese a que los organizadores han desarrollado un esfuerzo creciente por limitar su inevitable impacto acústico. Las multas por exceso de ruido, de hecho, se habían convertido ya en habituales. En 2010 ascendieron a 35.000 euros, en 2011 fueron 50.000, 42.000 en 2012 y 160.000 en 2013. Es cierto que algunas de ellas han sido reducidas o anuladas después de los correspondientes recursos, pero siguen pesando como una espada de Damocles sobre los organizadores.

En esta ocasión, de hecho, las multas ascienden a los 180.000 euros, según ha manifestado a El País el secretario general de AEGAL, Juan Carlos Alonso. Pero lo que nunca hasta ahora había sucedido era que entre los multados se encontrase el escenario de la manifestación, sobre el que la propia Manuela Carmena se dirigió el año pasado a los manifestantes, como recogimos –y alabamos– en su momento.

Algunas reacciones políticas

Desde el Twitter del grupo LGTBI de Ahora Madrid responsabilizaban de la multa a la ordenanza municipal vigente:

Lamentamos que Ayuntamiento de @MADRID se haya visto obligado a esto por una Ordenanza de Botella que modificaremos https://t.co/w2nySfW1Hj

— Ahora Madrid LGTBI (@ahoramadridlgtb) 6 de junio de 2016

Cuando otros seguidores de Twitter le pedían explicaciones sobre por qué no se había cambiado antes la normativa para evitar la multa, el mismo Twitter respondía que para ello debería haber sido modificada con anterioridad a la celebración del Orgullo 2015:

Habéis tenido todo un año para cambiarlo, y esto es lo que pasa cuando no se hace bien el trabajo. https://t.co/S3hMAwBx1l — Igualdad LGBT (@IgualdadLGBT) 6 de junio de 2016

@IgualdadLGBT se tendría que haber modificado antes de la manifestación del año pasado. Era imposible modificarlo en tan poco tiempo.

— Ahora Madrid LGTBI (@ahoramadridlgtb) 6 de junio de 2016

No faltaban, por otra parte, los tuiteros que recordaban que Manuela Carmena ya ha aplicado “amnistías” a multas por exceso de velocidad y por aparcamiento indebido en circunstancias especiales, sugiriendo que en este caso bien podría hacer lo mismo.   Purificación Causapié, portavoz municipal del grupo socialista, expresaba por su parte su compromiso de intentar mediar para conseguir una solución, como asegura han intentado hacer desde el momento en que se conoció la apertura del expediente sancionador. “No teníamos que haber llegado a esta situación”, se ha lamentado. “El Ayuntamiento tendría que haber tomado las medidas oportunas para solucionar este problema sin imponer una multa de 12.400 euros. Es evidente que la ordenanza del Ruido hay que cumplirla y respetarla, pero es igual de evidente que hay que proteger el derecho de reunión y manifestación en Madrid”, ha expresado Causapié, que solo hace referencia en sus declaraciones a la multa al escenario de la manifestación, y no al resto.   “Vamos a apoyar la celebración del Día del Orgullo y vamos a instar al Ayuntamiento a que haga los ajustes normativos y cambios legales precisos para garantizar que hechos excepcionales como el final de la marcha del Orgullo, o la lectura de algún manifiesto tras una manifestación no son sancionados por la normativa del ruido”, ha añadido Causapié.  

#Orgullo2016 @PuriCausapi “No consentiremos q se obstaculice celebración Día Orgullo LGTBI” https://t.co/oGY6m3ny36 pic.twitter.com/dFFGy7Fzp5 — PSOE en Ayto Madrid (@PSOEMadridAyto) 6 de junio de 2016

Se impone la necesidad de una regulación ad hoc

Desde dosmanzanas contemplamos desde luego con decepción lo sucedido, aunque creemos que se está a tiempo de evitar daños mayores. Esperamos que las autoridades madrileñas sean capaces de encontrar una salida razonable a las multas al Orgullo 2015, aunque desde luego creemos que no puede retrasarse más la discusión y aprobación de una normativa que recoja la excepcionalidad del Orgullo LGTB, con diferencia el evento más relevante de la capital española, y lo blinde como patrimonio de la ciudad de Madrid que es.

Es ahora o nunca.

Fuente Dosmanzanas

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Alternativa para Alemania (AfD), el partido de derecha populista que se ha hecho fuerte en los últimos años, vuelve a darnos motivos de preocupación. Un diputado del parlamento regional de Sajonia-Anhalt lanzó una exclamación, según recoge el diario de sesiones, a favor del encarcelamiento de la población LGTB en Alemania. El partido ha matizado sus declaraciones sin negar su contenido homófobo.

Ocurrió el pasado jueves. El Landtag o parlamento del estado alemán de Sajonia-Anhalt discutía la designación de los Estados magrebíes como “seguros”, lo cual facilitará la rápida repatriación de los refugiados procedentes de los mismos. Como recogíamos hace unas semanas, esta decisión del Gobierno alemán dejará en la desprotección a los solicitantes de asilo LGTB, que en Argelia, Marruecos y Túnez se enfrentan al hostigamiento social y del Estado.

La diputada de La Izquierda Henriette Quade se refirió al asunto de forma crítica. “La seguridad [en el Magreb] es especialmente precaria para los homosexuales. Está prohibida y ampliamente estigmatizada. Quien vive su homosexualidad abiertamente se enfrenta a penas de cárcel”, afirmaba. Justo tras esta intervención, el diario de sesiones recoge el exabrupto del diputado de AfD Andreas Gehlmann: “¡Deberíamos hacer eso también en Alemania!”.

Aunque en la grabación de la sesión no se escucha la exclamación de Gehlmann, el grupo parlamentario de la AfD ha emitido un comunicado en el que asegura que el diputado se estaba refiriendo a la “estigmatización” y no al encarcelamiento: “Gehlmann había expresado que ‘se debería estigmatizar a quien viva abiertamente su homosexualidad’”, afirma la nota de prensa, que añade que Gehlmann “rechaza frontalmente la corrupción moral y la expresión pública de la sexualidad en general”.

Queda claro, por tanto, que con independencia de las opiniones reales del diputado de AfD, el partido de derecha populista (que en Sajonia-Anhalt se alzó con la segunda posición en las elecciones del pasado marzo) se posiciona claramente contra la libertad de expresión de la población LGTB. La formación, que ha acusado a los taquígrafos de no situar correctamente el exabrupto de Gehlmann en el diario de sesiones, vuelve a utilizar un discurso de odio homófobo del que hace dos meses recogíamos otro ejemplo.

El crecimiento de AfD y su preocupante deriva homófoba

Desde su fundación en febrero de 2013, la AfD se va implantando en las instituciones germanas tras cada nueva elección. Pocos meses después de su presentación oficial, y con un programa centrado en la salida de Alemania de la zona euro, el partido daba la sorpresa en las elecciones federales de septiembre de 2013 al alcanzar un 4,7% de los votos y quedarse a las puertas de entrar en el Bundestag (la barrera de entrada a la cámara baja del Parlamento alemán es el 5%). En las siguientes citas electorales, la nueva formación consiguió entrar en el Parlamento Europeo con siete diputados, y en la actualidad tiene representación en la mitad de los parlamentos regionales del país.

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La “Coalición por la Familia” de Rumanía, un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar la Constitución para que se prohíba expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Presentadas en el Parlamento, el único medio para evitar la celebración de la consulta popular es un dictamen del Tribunal Constitucional que declarase contrario a la Carta Magna la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana.

La Constitución de Rumanía describe el matrimonio como la unión de dos esposos, sin especificación de su sexo, aunque la legislación actual no permite el matrimonio para las parejas del mismo sexo y ni siquiera existe ningún tipo de unión civil o reconocimiento legal semejante. A pesar de ello, los grupos opuestos al matrimonio igualitario, encabezados por la Iglesia ortodoxa, temen que una decisión judicial o un futuro impulso político puedan establecer la inclusión en la institución matrimonial de las parejas del mismo sexo. Los diferentes grupos decidieron unirse y formar la “Coalición por la Familia”, con el propósito de impulsar una iniciativa popular al respecto.

Según la legislación rumana, la convocatoria popular de un referéndum necesita de 500.000 firmas para poder ser presentada ante el Gobierno. La “Coalición por la Familia” ha logrado recoger alrededor de 3.000.000, que ya han sido presentadas en el Parlamento, con el objetivo de reformar la Constitución para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, además de prohibir expresamente las uniones de personas del mismo sexo.

Satisfacción entre los LGTBfobos

El presidente de la “Coalición por la Familia”, Mihai Gheorghiu, expresaba su satisfacción por el logro porque considera que “estamos asistiendo a una primicia histórica, tanto a nivel nacional como europeo: tres millones de ciudadanos rumanos, en un gran esfuerzo de solidaridad, han firmado la iniciativa para la modificación de la Constitución. Es más, Rumania forma  parte de una tendencia europea. Hay una iniciativa europea para definir el matrimonio en estos términos y tenemos los ejemplos de Croacia y Eslovenia el año pasado, que ya han dado lugar a referendos exitosos para incluir esta definición en sus constituciones”.

En efecto, el pasado 2015 la población de Eslovenia votó mayoritariamente a favor de la derogación del matrimonio igualitario, que había sido aprobado por su Parlamento. Los croatas votaron en 2013 la reforma de su Constitución para definir expresamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. También lo hacen así otras constituciones de países de Europa central y oriental, como Polonia, Hungría, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.

Una muestra de la actitud hipócrita e intolerante de quienes apoyan la discriminación de las personas LGTB son las declaraciones de Laura Sturzu, una de las firmantes de la iniciativa de referéndum:

Me decidí a firmar el apoyo a esta iniciativa porque creo que la Constitución del país debe estar en consonancia con nuestros valores, nuestros principios y nuestras tradiciones.

Hace poco visité España y me indignó ver a las parejas homosexuales caminando de la mano o besándose ostentosamente en las calles o enfrente de niños pequeños. Yo respeto la elección sexual y el comportamiento de todo el mundo, siempre que se exprese de forma privada. No quiero que nuestros valores tradicionales sean sustituidos por este tipo de comportamientos.

 Alarma entre los defensores de los derechos LGTB

El diputado verde Remus Cernea, que en 2014 presentó un proyecto de ley de uniones civiles abierto a las parejas del mismo sexo que fue rechazado por el Parlamento, define la iniciativa de referéndum como “un ejemplo de la tiranía de la mayoría”. Para Cernea, “esos tres millones de personas que han firmado no aceptan la igualdad de derechos, y quieren imponer sus puntos de vista homofóbicos al conjunto de la sociedad”.

El representante verde confía, sin embargo, en que se afiance al apoyo a la igualdad de derechos, pues “a pesar del gran número de los que promueven la homofobia, cada vez hay más personas que hablan y escriben a favor de los derechos LGTBI. Pero todavía tenemos que hacer frente a la enorme ola de las fuerzas conservadoras, apoyadas por algunas de las iglesias de Rumania. Será una batalla larga y difícil”. También expresa su confianza en que el Tribunal Constitucional anule la convocatoria del referéndum porque “no puede revisarse la Constitución si la reforma da lugar a la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”, tal como se establece en la legislación rumana.

Vlad Viski, presidente de MozaiQ, una organización de defensa de los derechos LGTBI de Rumanía, afirma que la “Coalición por la Familia” no se detendrá si tiene éxito en la prohibición del matrimonio igualitario. Entre sus planes están la intención de proponer la prohibición del aborto y la pornografía, legislar políticas que desalienten el divorcio, e instar la prohibición de cualquier tipo de educación sexual en las escuelas.

Según teme Viski, “la comunidad LGTBI de Rumanía parece tener muy pocas opciones en la batalla contra el Goliat que es la Iglesia ortodoxa. Los grupos locales cuentan con pocos fondos, muy pocas personas fuera del armario y dispuestas a representar la causa, y todavía hay miedo entre los activistas a pedir abiertamente la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo”.

Para el activista, con este referéndum se pone también en juego el futuro de las libertades en Rumanía: “En estos días y en los próximos meses, Rumanía se enfrenta a una decisión importante, no sólo sobre los derechos LGTBI, sino también sobre el camino que quiere tomar en lo que respecta a la democracia, los valores europeos, la separación entre Iglesia y Estado y la protección de las minorías. Puede optar por volver a un pasado donde el aborto y la homosexualidad eran ilegales, o puede seguir avanzando y apoyar a sus ciudadanos LGTBI, la igualdad y la justicia para todos, independientemente de su raza, etnia, orientación sexual, identidad de género, capacidades físicas o condición socioeconómica”.

Fuente Dosmanzanas

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Buenas noticias las que nos llegan desde Chile, donde el esperado proyecto de ley de identidad de género ve desatascada su tramitación parlamentaria. El pleno del Senado, por 19 votos a favor y 9 en contra, ha decidido que el proyecto sea revisado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, cuyo presidente, Alejandro Navarro, es un decidido partidario de sacarlo adelante, y no por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde había quedado estancado.

La aprobación de una ley de identidad de género es una de las grandes asignaturas pendientes de Chile en materia LGTB. Ya en 2012 comenzamos a hacernos eco de la lucha del colectivo trans chileno por conseguir una ley de identidad de género similar a la que poco antes había sido aprobada en Argentina, y que en aquel momento colocó a ese país a la vanguardia por lo que al reconocimiento de los derechos trans se refiere. Pocos meses después este esfuerzo fructificó en la definición de un primer proyecto que fue presentado al Senado, aún con Sebastián Piñera como presidente. Desgraciadamente no fructificó.

Sin embargo, tampoco en el nuevo periodo político que se abrió con las elecciones presidenciales y legislativas de 2013 el asunto ha avanzado. En junio de 2015 recogíamos las intenciones del Gobierno chileno de mejorar un nuevo proyecto que los colectivos consideraban deficiente, al mantener en el ámbito judicial el procedimiento de rectificación del nombre y sexo legal de las personas trans. Sin embargo la tramitación parlamentaria del proyecto permaneció estancada. “Una jugada de la entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Jacqueline Van Rysselberghe logró que el proyecto pasara a la Comisión de Constitución, sólo con un fin dilatorio”, según ha expresado la activista del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile (MOVILH), Paula Dinamarca.

La Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene sin embargo un nuevo presidente, Alejandro Navarro, mucho más proclive a promover la ley y hacerlo además con carácter urgente, dado el retraso. Según ha indicado a dosmanzanas Michel Riquelme, director del colectivo Organizando Trans Diversidades (OTD Chile), “el senador Alejandro Navarro es quien ha apoyado desde el inicio a la comunidad trans, es quien solicitó en sala que el proyecto de identidad de Género retorne nuevamente a la comisión de Derechos Humanos que actualmente él preside, de forma que ahí pueda ser tramitado de la manera más expedita, en lugar de mantenerla de forma ineficaz en la Comisión de Constitución, en donde el alto volumen de proyectos para revisar impide su avance”. Según OTD Chile, se espera que en esta nueva fase se incorporen al proyecto nuevas indicaciones trabajadas por la Secretaría General del Gobierno junto a la propia OTD Chile, Fundación Iguales y Fundación Transitar (organización que agrupa a familiares de menores trans). También desde el MOVILH esperan mejoras, la más importante de ellas “garantizar que la ley permita el cambio de nombre y sexo legal en el Registro Civil, y no en tribunales”, según Paula Dinamarca.

Desde dosmanzanas saludamos la noticia y esperamos que en pocos meses Chile se sume a otros países vecinos, como la ya mencionada Argentina o Bolivia (que hace pocos días aprobaba su propia ley de identidad de género). Y que lo haga con una ley lo más avanzada posible.

Fuente Dosmanzanas

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El estado de Vermont, en Nueva Inglaterra, se ha convertido en el séptimo territorio estadounidense en prohibir la aplicación a menores de edad de las mal llamadas “terapias reparadoras” o “de conversión” que aseguran ser capaces de modificar la orientación sexual o la identidad y/o expresión de género de las personas. A pesar del rechazo de las organizaciones médicas y científicas más prestigiosas y la desvinculación de muchos de sus líderes históricos, estas peligrosas prácticas siguen provocando un sufrimiento inútil que, por suerte, cada vez se encuentra con una acción más decidida por parte de los dirigentes políticos.

La legislatura de Vermont (de mayoría demócrata tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado) ha aprobado sin dificultad la medida, que el gobernador Peter Shumlin, también demócrata, rubricó el pasado 25 de mayo. La ley entrará en vigor el próximo 1 de julio. Antes de Vermont, el uso de estas prácticas en menores de edad había sido ya prohibido en cuatro estados norteamericanos, además de en la capital de los Estados Unidos y en la ciudad de Cincinatti (Ohio).

“No” rotundo a las “terapias” reparadoras de los especialistas

Precisamente en marzo de este año tenía lugar un histórico pronunciamiento de la Asociación Mundial de Psiquiatría en contra de las terribles “terapias” reparadoras, intervenciones que no solo se han mostrado ineficaces para cambiar la orientación sexual de una persona, sino que resultan muy peligrosas (los riesgos incluyen depresión, ansiedad y comportamiento autodestructivo). Prácticas contra las que ya antes se habían pronunciado numerosas organizaciones profesionales.

Respecto al reto que suponen aquellas personas adultas que movidas por su fe religiosa conservadora acuden por voluntad propia a las consultas para cambiar su orientación sexual, ya desde hace años la Asociación Americana de Psicología recomienda ser “honestos” con ellos respecto a su eficacia, considerando que el objetivo en estos casos debe ser favorecer, sin imposiciones, la aceptación de la propia realidad. Posibles estrategias que sugería Judith Glasshold, la presidenta del comité que en 2009 revisó la evidencia disponible hasta esa fecha, eran insistir en determinados aspectos de la fe religiosa, como la esperanza y el perdón, frente a la condena de la homosexualidad, sugerir el acercamiento a confesiones religiosas que sí aceptan la realidad LGTB o, los casos más recalcitrantes, valorar la adopción del celibato como estilo de vida sin pretender cambiar la orientación.

Fuente Dosmanzanas

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Pope de la iglesia ortodoxa bendiciendo a militantes fascistas de la Organización de Ucranianos Nacionalistas

La extrema derecha nacionalista ucraniana ha amenazado con que habrá un baño de sangre si tiene lugar la Marcha del Orgullo en Kiev el próximo 12 de junio. Así lo ha expresado en su cuenta de Facebook Artem Skoropadsky, portavoz de la Organización de Ucranianos Nacionalistas, agrupación que ha tachado a los ciudadanos LGTB de Ucrania de “monstruos inmorales, payasos y degenerados”. Los activistas LGTB, sin embargo, siguen adelante con la convocatoria, pues “la gente tiene que ver lo que somos realmente, por qué creemos que se están violando nuestros derechos civiles, y lo que queremos. No debemos avergonzarnos de la diversidad. Vamos a recordarlo una y otra vez cada año”.

El próximo domingo 12 de junio tendrá lugar una vez más la “Marcha por la Igualdad LGTB” por las calles de Kiev, un acto de protesta y reivindicación alejado de cualquier tinte festivo, como es habitual en otros lugares, pues en Ucrania, en palabras de los activistas, “la comunidad LGTB no tiene nada que celebrar”.

En respuesta a la convocatoria, la Organización de Ucranianos Nacionalistas (OUN), ha divulgado el siguiente mensaje, en el que una vez más trata de enfrentar a la comunidad LGTB con lo que considera “patriotas ucranianos”:

Hoy por hoy, nos vemos obligados a aceptar las marchas y festivales LGBT, y unirnos así a las filas de los pecadores y quienes los apoyan. ¿Quiénes van a ser equiparados en este día de descanso santo? Monstruos inmorales, payasos y degenerados se equipararán con aquellos que tienen honor y dignidad, respeto y amor al prójimo, con los soldados que dieron su vida y su salud para proteger la paz en el país.

Artem Skoropadsky, portavoz de la organización Pravy Sektor (“Sector de Derecha”), también de extrema derecha nacionalista, que cuenta con el respaldo y apoyo de la Iglesia ortodoxa, añadía en su cuenta de Facebook que “nuestros colegas del movimiento OUN han emitido una fuerte declaración sobre la marcha gay de Kiev. En resumen, el 12 de junio habrá un baño de sangre en Kiev. Los organizadores de la marcha aún tienen tiempo de no llevarla a cabo”.

La amenaza, lamentablemente, debe tomarse en serio, pues el pasado 2015, poco después de comenzada la Marcha del Orgullo, un grupo de agresores de extrema derecha comenzó a lanzar piedras y botes de humo contra los manifestantes, e incluso se enfrentó con los agentes de policía que vigilaban la manifestación. Finalmente, tras duros enfrentamientos, el grupo agresor fue disuelto y 25 de sus miembros detenidos.

Los activistas LGTB, sin embargo, persisten en la convocatoria de la Marcha, pues según Olena Semenova, miembro del comité organizador, “el Orgullo es un evento público. Es nuestro diálogo abierto con los que están en el poder. También es nuestro diálogo con la sociedad. La gente tiene que ver lo que somos realmente, por qué pensamos que se están violando nuestros derechos civiles, y lo que queremos. No debemos avergonzarnos de la diversidad. Vamos a recordarlo una y otra vez cada año”.

Esperemos que la Marcha transcurra pacíficamente y sin incidentes, y que todo quede en una vana amenaza.

Ucrania: hostigamiento a la comunidad LGTB

Hemos dado cuenta de varios sucesos cargados de violencia contra el colectivo LGTB en Ucrania. En marzo de este 2016, el Festival de la Igualdad que se celebraba en la ciudad ucraniana de Leópolis tuvo que ser cancelado, después de que una turba amenazante rodeara el hotel que acogía a los participantes, y los recibieran con una lluvia de piedras y pequeños explosivos cuando eran desalojados.

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Condenan a seis meses de cárcel a una pareja de homosexuales que fueron sorprendidos manteniendo relaciones sexuales en el interior de un coche en Guelmim, noticia que publicábamos el pasado 1 de junio.

La enésima detención de una pareja homosexual pone en alerta a la comunidad LGTB marroquí. Dos jóvenes, de los que no ha trascendido su identidad (para evitarles el estigma y la persecución pública), han sido juzgados por mantener relaciones sexuales en el interior de un vehículo y son condenados a 6 meses de prisión, en un “juicio” exprés y sin una defensa digna (ningún abogado ha querido representarles). El aumento exponencial de las detenciones a hombres gais en Marruecos y el deterioro del respeto a los derechos humanos en nuestro país vecino, sin embargo, no ha merecido hasta el momento ninguna denuncia de peso por parte de los líderes políticos españoles en precampaña.

Tras ser sorprendidos por la Gendarmería Real cuando mantenían relaciones sexuales en el interior de un vehículo, dos homosexuales marroquíes, de 25 y 35 años de edad, han sido condenados a seis meses de cárcel en la localidad de Guelmim, al sur de Marruecos.

El tribunal de Primera Instancia pronunció la condena a mediados de la semana pasada, el 28 de mayo, pero no se ha conocido hasta varios días después, según Mustafa Hamdi, representante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en la zona, quien subraya la falta de información y el poco seguimiento que los medios locales han prestado a este incidente. Dada la naturaleza conservadora de la sociedad marroquí, también es posible que los condenados traten de evitar la publicidad, razón por la que son reacios a solicitar apoyo a ONGs y asociaciones para que defiendan sus derechos.

El colectivo LGTB marroquí Aswat ha anunciado que los jóvenes gais condenados a 6 meses de prisión incondicional en primera instancia, por mantener relaciones sexuales dentro de un coche, recurrirán la sentencia. Al parecer, la pareja no tuvo la oportunidad de contar con una defensa digna durante el “juicio”, ya que ningún letrado se prestó a representarles. Tras este nuevo caso de represión por orientación sexual, constatamos la intensificación de la LGTBfobia de estado en Marruecos.

El artículo 489 del Código Penal marroquí, recordemos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. En los últimos venimos recogiendo distintos casos de persecución LGTB en Marruecos Hace pocas semanas nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público, víctimas tratadas como culpables hasta detenciones tan absurdas como la de los jóvenes que colgaron un vídeo en el que aparecían besándose.

También en 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en aplicación del citado Código Penal. En el mes de junio se produjo la detención de otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según aseguró el colectivo Aswat, todas estas detenciones formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad. Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

Sin pronunciamiento oficial de España

No podemos obviar la falta de una denuncia contundente ante estas violaciones de los derechos humanos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy o de algunos de los líderes de la oposición (que sí se han implicado en casos como el de Venezuela…). A pesar del panorama descrito o de la expulsión de cooperantes españoles, Rajoy no tiene problemas en recibir con todos los honores al jefe del Gobierno del Reino de Marruecos, Abdelilah Benkirán, sin pronunciar una sola palabra sobre la LGTBfobia de estado. Y ello pese a que Marruecos sea un país vecino con el que España mantiene una intensa relación cultural, comercial y social.

La homosexualidad está penada en Marruecos por el artículo 489 y está perseguida por una «comisión de actos contra natura con individuos del mismo sexo» que puede castigarse con penas de hasta tres años de cárcel, existiendo además una gran reprobación social. Asociaciones progresistas han reclamado en numerosas ocasiones la despenalización de la homosexualidad, pero el gobierno del islamista Partido Justicia y Desarrollo se opone rotundamente.

Fuente Agencias/Dosmanzanas

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La organización homófoba HazteOír ha iniciado una recogida de firmas para pedir al presidente de Disney España, Simón Amselem, que la compañía no incluya una princesa lesbiana en la próxima película del estudio. Se trata de Elsa, la protagonista de la segunda entrega de Frozen, cuyo estreno está previsto para 2018.

“La factoría Disney se está plegando a las presiones de los grupos LGTB para que homosexualice sus películas, y Frozen está a punto de ser la primera […] No podemos dejar que el lobby de la ideología de género destruya la gran fábrica de sueños infantiles”, asegura en su petición el presidente de HazteOír. Para él, “Disney se encuentra ante una coyuntura histórica: seguir transmitiendo valores universales con los que se han educado generaciones o convertirse en una herramienta ideológica al servicio de una minoría“.

Hace unos días en dosmanzanas dábamos cuenta de la iniciativa de la tuitera y activista Alexis Isabel Moncada (@lexi4prez) solicitando a Disney, a través del hahstag #GiveElsaAGirlfriend (“Dadle una novia a Elsa”) que la princesa Elsa salga del armario y sea abiertamente lesbiana en la segunda parte de la conocida película de animación Frozen. Lo cierto es que el tuit se hizo viral y, entre otros, la propia Idina Menzel, actriz y cantante que presta su voz a la princesa, ha apoyado esta iniciativa. “Creo que es genial [que Elsa tenga novia]”, apuntaba.

Y es que, prácticamente desde su estreno a finales de 2013, la película nunca ha estado exenta de controversia. Muchos interpretaron el hecho de que la protagonista necesitase aislarse de los demás y encerrarse en sí misma como una especie de alegoría del proceso de salida del armario. En cambio otros, con la derecha cristiana y los lobbies conservadores a la cabeza, vieron en el largometraje una “promoción de la agenda gay” por parte de Disney.

Recientemente, los directores de la película fueron entrevistados y preguntados sobre este asunto. La codirectora y guionista de la película, Jennifer Lee, ha preferido no mojarse y se ha limitado a decir que “siento que la película pertenece al mundo” y “que los espectadores interpreten lo que quieran”.

De una u otra forma, lo cierto es que el único ‘guiño’ verdaderamente gay en la cinta se da en la fugaz aparición de una familia claramente homosexual. Se trataba de Oaken, el dueño de un establecimiento comercial con sauna incluida y que parecía ser un gay padre de familia. Asimismo, la banda sonora de la película incluía el tema Let It Go, un canto a la autoaceptación de la diferencia que, sin duda y con independencia de lo demás, supone un avance en lo que al estudio Disney se refiere. Lo que en absoluto supone un avance es la homófoba petición antes citada, que ya está a punto de alcanzar las treinta mil firmas.

Fuente Dosmanzanas

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Nauru, un pequeño país situado en la Micronesia, ha modificado su Código Penal con medidas adecuadas al respeto de los derechos humanos, entre las que se encuentra la despenalización de las relaciones homosexuales entre varones, que hasta la reforma estaban castigadas con penas de hasta 14 años de prisión. Se reduce así la lista de los países del mundo que criminalizan la homosexualidad, que ahora ascenderían a 73, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas o donde la legislación homófoba no es de ámbito nacional.

La República de Nauru es un pequeño país insular, localizado en el Pacífico Central, que forma parte de la Micronesia. Apenas cuenta con 11.000 habitantes y alcanzó la independencia de Australia en 1968, aunque aún comparte moneda con el gigante de Oceanía.  Su Código Penal data de 1899, cuando la isla formaba parte del protectorado alemán, pero los artículos que castigaban la sodomía fueron introducidos en 1921, basándose en los vigentes en aquel momento en el estado australiano de Queensland, de quien dependía.

El pasado 25 de mayo, el Gobierno aprobó una ley de modificación de dicho Código Penal, con la intención de adaptar su legislación a los tratados internacionales a los que está adherida la pequeña república, que exigen un mayor respeto a los derechos humanos. Entre las medidas aprobadas se encuentra la despenalización de las relaciones homosexuales entre varones, que estaban castigadas con penas de 14 años de prisión (las relaciones lésbicas no se penalizaban). También ha abolido la pena de muerte, la esclavitud (incluyendo la explotación infantil) y las penas por intento suicidio. Se endurece el castigo para los delitos relacionados con el abuso sexual y la violación, considerándose como tal también la que tiene lugar dentro del matrimonio.

Nauru se convierte así en el segundo país que despenaliza la homosexualidad en el presente 2016, tras las Seychelles. La lista de los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo se reduce así a 73, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por la ONU o cuya legislación homófoba no es de ámbito nacional.

Fuente Dosmanzanas

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El Partido Conservador de Canadá, que tras perder las elecciones el pasado mes de octubre ha celebrado del 26 al 28 de mayo su convención anual, ha decidido abandonar oficialmente su oposición al matrimonio igualitario, eliminando de su ideario la referencia al matrimonio como una institución a la que solo pueden acceder un hombre y una mujer. La decisión, dolorosa para el sector más tradicional del partido, fue adoptada por 1.036 votos a favor y 462 en contra.

Canadá aprobó el matrimonio igualitario por decisión de su Parlamento federal en julio de 2005, prácticamente al mismo tiempo que España, aunque algunas provincias canadienses ya celebraban matrimonios entre personas del mismo sexo desde dos años antes por decisión judicial. Por aquella época los conservadores, liderados por Stephen Harper, se opusieron de forma rotunda, y de hecho amenazaron con revisar el tema cuando ganaran las elecciones, algo que sucedió de hecho en enero de 2006. Afortunadamente aquella primera victoria de Harper se produjo sin mayoría absoluta, y cuando en diciembre de 2006 su gobierno sometió a votación una iniciativa que en caso de haber sido aprobada hubiera supuesto “reabrir el debate” (en la que los conservadores tuvieron por cierto libertad de voto), una amplía mayoría de la Cámara de los Comunes (175 frente a 123) votó en contra de hacerlo, entre ellos doce diputados conservadores.

Tras aquella votación Harper admitió que no veía probable volver a debatir el tema, y de hecho la “reapertura del debate” sobre el matrimonio igualitario desapareció definitivamente del programa con el que los conservadores se presentaron a las siguientes elecciones. Sin embargo el Partido Conservador seguía manteniendo en su ideario la defensa de la definición tradicional de matrimonio como una institución reservada a parejas de distinto sexo. Algo que no gustaba entre los partidarios de renovar el ideario conservador y adaptarlo a los nuevos tiempos, y más en una sociedad como la canadiense, en la que el apoyo social al matrimonio igualitario es muy elevado y cuyo nuevo primer ministro, el liberal Justin Trudeau, es un reconocido defensor de los derechos LGTB.

Es por eso que el Partido Conservador canadiense, en plena transición hacia un nuevo liderazgo tras la retirada de Harper, ha decidido someter a votación la cuestión. El resultado, inesperadamente positivo: el 69% de los delegados conservadores votaron a favor de que su partido abandonase de forma oficial su antigua posición contraria al matrimonio igualitario. Algo que ha causado malestar entre el sector más tradicional del partido pero que ha sido saludado por sus miembros más renovadores, como puede apreciarse en el siguiente vídeo…

Nunca es tarde si la dicha es buena, que dirían algunos. Bienvenido sea este reconocimiento oficial y explícito por parte de los conservadores canadienses de que en su momento se equivocaron oponiéndose a la igualdad jurídica de las parejas del mismo sexo. Algo que echamos de menos en otros lugares…

Fuente Dosmanzanas

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Otro nuevo estado mexicano acaba de aprobar por unanimidad de sus diputados la reforma de su Código Civil para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se trata de Colima, en la costa del Pacífico. La aprobación ocurre pocos días después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunciase su intención de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el territorio mexicano. Una reforma que pondrá punto final a la peculiar situación de México, país en el que conviven un Código Civil federal con los diferentes códigos civiles de los estados que lo forman, varios de los cuales ya disponen matrimonio igualitario. A este paso, habrá que ver si a este paso la reforma federal no se aprueba con matrimonio igualitario en todos los estados… 

Una tras otra, como fichas de dominó, las legislaciones de los estados mexicanos van cayendo del lado de la igualdad: a la lista de estados cuyas legislaciones ya son igualitarias se acaban de unir esta semana Colima, cuyo Congreso local ha aprobado por unanimidad una serie de reformas que adecuan sus leyes a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ya en el año 2014 había considerado inconstitucional prohibir el matrimonio en ese estado, y que un año después confirmó que la figura jurídica del “enlace conyugal”, que Colima había promovido para reconocer jurídicamente a las parejas del mismo sexo, era discriminatoria.

Es por eso que el Congreso de Colima ha abordado las correspondientes reformas, tanto de la Constitución del estado, para eliminar de la definición de matrimonio el que este tenga que ser contraído “entre un hombre y una mujer” (reforma que fue votada a principios de mes), como del Código Civil, que a partir de ahora adopta un lenguaje neutro en su articulado. Esta última reforma fue aprobada el pasado miércoles, 25 de mayo, por 24 votos a favor y ningún voto en contra (un diputado estaba ausente).

La aprobación formal del matrimonio igualitario en Colima tiene lugar apenas unos días después de que hicieran lo propio los estados de Michoacán y de Morelos, y solo un par de semanas después de que lo hiciera el estado de Campeche. Antes de esta última oleada, otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

La acción de los tribunales, clave

Faltaba sin embargo el empujón final: la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como anunciaba este mes de mayo Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano también aseguraba que se revisarían todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN.

En cualquier caso, la iniciativa presidencial debe ser todavía discutida y aprobada por el Congreso mexicano, lo que se demorará sin duda un tiempo. Es por eso que es buena noticia que los estados continúen actualizando por su cuenta sus legislaciones matrimoniales para acabar cuanto antes con la desigualdad jurídica. De hecho, tras Michoacán, Morelos y Colima se espera que a corto plazo hagan lo propio Chiapas y el estado de México.

Fuente Dosmanzanas

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David, en el paseo marítimo de Cádiz | Foto cedida por la familia

El algecireño David E., de 17 años de edad, ha recibido un auto judicial que confirma su cambio de nombre y de género, convirtiéndose así en el primer caso de un menor transexual reconocido en Andalucía.

Importante sentencia la de un juzgado de Algeciras (Cádiz), que por primera vez en Andalucía reconoce el derecho de un menor transexual a cambiar no solo su nombre, sino la mención registral de su sexo. “Negar lo solicitado por el menor y sus padres sería equiparable a negar la realidad del menor sentida y aceptada por él mismo, su familia y su entorno educativo”, expresa el juez que ha firmado el auto, encargado del Registro Civil de Algéciras.

Según el auto del juez encargado del Registro Civil de Algeciras, fechado el pasado 12 de mayo, “negar a estos menores el derecho a que se les reconozca su verdadera identidad sexual, sin dudas ni ambages, es tanto como negarles llevar una vida plena y libre, sin que se vean obligados a afrontar situaciones que puedan menoscabar su dignidad personal”, añade el auto, según difundía este jueves eldiario.es.

Para Isabel, la madre del menor, la resolución judicial es un auténtico “descanso” que pone punto final a un importante sufrimiento en su hijo, que ya se enfrentaba a situaciones de incomprensión por la discordancia entre su DNI, que sigue reflejando el sexo femenino que le fue atribuido en el momento de su nacimiento, y no su identidad masculina, fuese simplemente al entrar a una discoteca o de comprar títulos de transporte.

Isabel Torres, madre del menor, ha relatado este viernes todo el proceso antes de llegar al “feliz” desenlace para su hijo y para la familia. “La verdad es que él siempre se sintió niño”, pues “digamos que no cumplía con los estereotipos marcados” y, a modo de ejemplo, ha dicho que “prefería el fútbol a las muñecas”.

David, que reveló abiertamente su identidad masculina a su familia hace ahora catorce meses (antes se lo había contado a sus amigos), ya podrá recibir su título de bachillerato con su nombre. “Cuando lo vi crecer yo no lo veía femenina, no le gustaba ponerse falda, ni quitarme el pintalabios. Pedía regalos que la sociedad asigna a los chicos. Ahora entiendo muchas cosas”, explica.

El camino hasta aquí “no ha sido fácil”, comenta la madre, que ha detallado que fue “hace 14 meses” cuando explicó a su familia “cómo se sentía y que siempre había sido un niño”. A partir de entonces comenzaron con un tratamiento hormonal y, tras una sentencia que conocieron en Valencia en la que se autorizaba el cambio de nombre y género, Isabel Torres se puso a trabajar, junto a otras madres de Algeciras que tienen también hijos transexuales para intentar conseguir ese objetivo para su hijo. “A determinada edad puede tener problemas para salir de España, entrar en discotecas, etcétera”, haciendo referencia a la no coincidencia, en su momento, entre la foto del DNI y la realidad.

Así, el pasado 14 de abril acudieron al Registro Civil para iniciar los trámites y hace unos días el juzgado confirmó el cambio de nombre y sexo legales para David. “Estamos muy contentos”, ha apuntado la madre, que explica el “cambio total” de su hijo, que “antes era mal estudiante, ahora aprueba y se le ve más cómodo y sobre todo tranquilo”. El tránsito social en el instituto lo hicieron con ayuda de una orientadora que resultó estar especializada en el tema. David, de hecho, usa ya las instalaciones de chicos de su instituto y aparece en las listas con su nombre sin problema.

Torres también ha considerado que lo ocurrido con su hijo puede ser “un punto de inflexión para otras personas que puedan tener esta situación,” aunque ha admitido que el camino “no ha sido fácil”, ya que “en la sociedad aún hay mucho rechazo a estas situaciones”.

La justicia, árbitro de una situación cada vez más incomprensible

Ahora David ha visto por fin legalmente reconocida su identidad, pero ha tenido que ser después de un proceso judicial que su familia puso en marcha ante la eventualidad de que su título oficial de bachillerato no reflejara su nombre. Han tenido que presentar informes del endocrino y del centro donde ha recibido tratamiento hormonal, informes psicológicos, actas del instituto, informes de adaptación… Hasta sus calificaciones escolares. Afortunadamente en este caso han topado con un juez sensible a la realidad trans. Pero no siempre es así. Hace pocos meses recogíamos el caso contrario: una jueza se negó autorizar que Alexa, una chica adolescente, viese reconocido legalmente su nombre pese a que su identidad es femenina desde su más tierna infancia (como también avalaban, por cierto, informes médicos, psicológicos y escolares).

Aunque no hay cifras oficiales, se estima que hasta la fecha son varias decenas los menores que ha solicitado el cambio de nombre, pero no todos ellos lo consiguen. Menos frecuente todavía es que el juez autorice también el cambio de la mención registral del sexo, como afortunadamente en este caso han conseguido David y su familia. Una arbitrariedad que se explica debido la ya obsoleta ley de identidad de género española, que sigue excluyendo a los menores de la posibilidad de modificar sus datos registrales sin la intervención de un juez (y que incluso para los mayores de edad sigue contemplando como requisito un diagnóstico de “disforia de género” y exigiendo, con algunas excepciones, dos años de tratamiento hormonal). La exclusión de los menores, de hecho, está pendiente de ser revisada por el Tribunal Constitucional a petición del Tribunal Supremo, cuya sala civil planteó hace pocas semanas una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que la jurisprudencia funda la procedencia del cambio en la mención registral del sexo de las personas transexuales en principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de los cuales también son titulares las personas menores de edad.

España ya ha quedado rezagada en esta materia. Resulta lamentable que tenga que ser algunos tribunales (entre ellos el Supremo) los que enmienden la plana a una clase política que 9 años después de la aprobación de la ley 13/2007 ha sido incapaz de actualizarla y adecuarla a la realidad social.

Fuente Eldiario.es/ Dosmanzanas/Cáscara Amarga

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La Marcha del Orgullo de Chisináu, la capital moldava, fue interrumpida a poco de iniciarse por centenares de LGTBfobos, que portaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos. La Policía, como medida de seguridad, decidió disolver la Marcha, que duró apenas quince minutos. Moldavia se sitúa entre los países de Europa con mayores carencias en cuanto a la igualdad de derechos y protección contra la discriminación de sus ciudadanos LGTB.

El pasado domingo 22 de mayo, la asociación de defensa de los derechos LGTB  GenderDoc-M había convocado una Marcha del Orgullo por las calles de Chisináu, la capital de Moldavia, bajo el lema Fără frică (Sin miedo). La convocatoria, la cuarta en celebrarse en la capital, logró reunir a unos 300 manifestantes, que de manera pacífica reclamaban por las calles de su ciudad la igualdad de derechos para los ciudadanos LGTB. Entre los participantes se encontraban representantes diplomáticos de Alemania, Francia, Suecia y los Estados Unidos.

Según testigos, nada más iniciarse la Marcha se podía ver a un sacerdote ortodoxo, rodeado de una veintena de adeptos, que arrojaban agua bendita a los manifestantes. Poco a poco, el grueso de los LGTBfobos fue incrementándose, hasta que se reunieron cientos de ellos, que insultaban, amenazaban y arrojaban huevos a los manifestantes, mientras enarbolaban banderas moldavas, ortodoxas y crucifijos.

La Policía decidió disolver la manifestación y conducir a los participantes hasta un lugar seguro, cuando apenas habían transcurrido 15 minutos desde su inicio. Arnaud Gauthier-Fawas, un activista de la Inter-LGBT francesa presente en la Marcha moldava, describía así lo sucedido: “Estoy triste y orgulloso a la vez. Triste porque se acabó muy rápidamente, pero muy orgulloso al mismo tiempo por todo el trabajo que hicieron los organizadores”.

Ya en mayo de 2015, GenderDoc-M propuso la celebración de una Marcha por las calles de Chisináu. Según el informe de ILGA-Europa, dos días antes del evento, la Policía solicitó a GenderDoc-M que cambiase la ubicación y la fecha, debido a una supuesta preocupación por la seguridad. La compañía de autobuses contratada para llevar a los participantes a la Marcha no se presentó, tras recibir una llamada de Policía. Miembros de Occupy Pedofilyaj, el infame grupo LGTBfobo de procedencia rusa, amenazaron a los participantes y les arrojaron huevos podridos, sin que hubiera ningún acusado por delitos contra el orden público.

Moldavia ocupa el puesto 42 (sobre 50) entre los países europeos en cuanto al respeto de los derechos de las personas LGTB, según la lista confeccionada por ILGA-Europa. El matrimonio igualitario está prohibido constitucionalmente, sin que haya ningún reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. En 2012 se aprobó una ley de igualdad, que, debido a las presiones de la Iglesia ortodoxa, solo reconocía el derecho a la no discriminación por razón de la orientación sexual en el mercado de trabajo, sin establecer el mismo derecho en los demás ámbitos. En el año 2013, el Gobierno aprobó una ley que prohibía la “propaganda homosexual”, a semejanza de la rusa, que afortunadamente fue derogada tres meses después de su entrada en vigor, como contrapartida a la firma de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Según una encuesta efectuada en 2014, el 76 % de los moldavos opinan que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar.

Fuente Dosmanzanas

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Como acostumbra desde el año 2006, ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales) ha publicado este mes de mayo el informe anual que recoge la situación legal de las personas LGTBI en cada uno de los países pertenecientes a las Naciones Unidas. 74 de esos países aún penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. A ellos habría que sumar otros 4 territorios donde se persigue igualmente a la población LGTBI, aunque no sean reconocidos por la ONU o la legislación opresora no sea de ámbito nacional. En 13 países, bien sea en todo su territorio o en parte de él, la legislación establece la pena de muerte para quienes mantengan relaciones homosexuales, en todos los casos por la aplicación de la sharia o ley islámica.

El primer informe titulado “Homofobia de Estado” elaborado por ILGA data del año 2006. En él se contaban 92 países y territorios en los que se perseguía legalmente a las personas LGTBI. En el memorándum de 2016 se cuentan 74, a los que habría que sumar otros 4 territorios no reconocidos por Naciones Unidas, o donde la persecución no es de ámbito nacional, pero sí lo suficientemente relevante en cuanto a la población afectada, por lo que la cifra asciende a 78 países y territorios.

El único país que ha despenalizado las relaciones homosexuales en este 2016 son las Seychelles, aunque la ley aprobada por su Asamblea Nacional aún no ha sido promulgada.

Las relaciones sexuales entre varones están penadas en los 78 países y territorios, mientras que las relaciones entre mujeres se castigan en 45 de ellos.

Los países que castigan las relaciones homosexuales en el mundo

A continuación os detallamos el listado de los países con homofobia de Estado institucionalizada, a los que se añaden algunos territorios no reconocidos por las Naciones Unidas, como Palestina/Franja de Gaza u otros donde la violencia contra las personas LGTBI está extendida, aunque se cometa por grupos insurgentes, como en el caso de Iraq o las zonas ocupadas por el Estado Islámico. También se incluye a Indonesia, que, aunque no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, sí que la mantiene en provincias de considerable población.

Añadimos por cada continente el dato más estremecedor, el de los 13 estados o territorios que establecen en sus leyes la pena de muerte para quienes mantengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo.

También mostramos los 17 países que, al margen de tener o no una legislación penalizadora de las relaciones homosexuales, castigan la difusión de información positiva sobre la homosexualidad (conocidas en Europa como “leyes contra la propaganda homosexual”), o que mantienen normativas “de moralidad” cuyo objetivo es coartar la libertad de expresión en lo que respecta a la información sobre orientación sexual.

Este es el mapa de los países del mundo en los que están penalizadas las relaciones entre personas del mismo sexo, tomando como referencia la traducción al español del incluido en el informe de ILGA, con la actualización referente a las Seychelles (y una corrección, pues en el mapa original traducido al español han rotulado Letonia en vez de Lituania). Podéis pinchar en él para verlo a mayor tamaño:

África

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 33 países)

Las Seychelles aparecen en el informe de ILGA, pues su redacción es anterior al pleno de la Asamblea Nacional del pasado 18 de mayo, en el que mayoritariamente se votó por la derogación de las leyes que penalizan la homosexualidad. Si bien aún es preciso que esta decisión sea promulgada por el presidente, hemos eliminado al país insular de la lista.

ILGA en realidad no incluye a Egipto en su listado (aunque sí detalla la realidad legal egipcia en su informe), debido a una cuestión puramente formal, pues sus leyes no penalizan específicamente las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Sin embargo, se utilizan los ambiguos términos “indecencia o libertinaje”, “conducta inmoral” u “ofensa a los sentimientos religiosos” para efectivamente castigar las relaciones homosexuales. En el último caso dado a conocer, once varones fueron condenados a 12 años de prisión por estos delitos. Las repetidas redadas contra homosexuales que se han difundido internacionalmente en los últimos tiempos, y de las que se ha dado cumplida cuenta, parecen motivo suficiente para que Egipto engrose la lista.

• Pena de muerte (en 4 países)

Mauritania, Nigeria (en los estados del norte), Somalia (en algunos estados del sur) y Sudán.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 7 países)

Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Túnez.

Asia

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 22 países y 4 territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, Bután, Brunéi, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico, India, Indonesia (provincias de Aceh y Sumatra Meridional), Irak, Irán, Kuwait, Líbano, Malasia, Maldivas, Myanmar, Omán, Pakistán, Palestina/Franja de Gaza, Singapur, Siria, Sri Lanka, Turkmenistán, Uzbekistán, Yemen.

En los 26 países o territorios se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 13 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En Iraq no existen oficialmente leyes que castiguen la homosexualidad, pero la violencia homófoba es intensa y habitual, incluso con la connivencia de sus fuerzas del orden. También se han denunciado casos de aplicación de la sharia por conducta homosexual por parte de los autoproclamados jueces islámicos.

Se incluye asimismo al Estado Islámico, que no duda en exhibir un grado de violencia y barbarie inauditos contra la población LGTB como arma propagandística.

En la Franja de Gaza y los territorios bajo dominio de Palestina, está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Desde que Hamas llegó al Gobierno en 2007, se han introducido en el cuerpo legislativo diversas propuestas para adaptar esas ordenanzas a la ley islámica, aunque ninguna ha sido aún aprobada. De llegar a convertirse en ley, los castigos y penas establecidos serían mucho más severos que los actuales.

Indonesia, como comentábamos anteriormente, no tiene una legislación discriminadora de ámbito nacional, pero sí que la mantiene en la provincias de Aceh y Sumatra Meridional, ambas de considerable población.

• Pena de muerte (en 9 países o territorios)

Afganistán, Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Estado Islámico (en los territorios que controla en el norte de Iraq y Siria), Irak (aplicada por jueces islámicos), Irán, Pakistán y Yemen.

La reforma del Código Penal de Brunéi de 2014, que se aplica por fases, establecía que en 2016 se castigarían con la pena de muerte por lapidación las relaciones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, según las fuentes de ILGA, todo parece indicar que el jefe de estado aún no ha promulgado la implementación de esta fase.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 8 países)

Arabia Saudí, Catar, Irak, Irán, Jordania, Kuwait, Líbano y Siria.

Kirguizistán comenzó a debatir una ley que prohibía dar información positiva sobre la homosexualidad en 2014, aunque aún está en trámite. Sin embargo, tras el inicio de su debate, la situación de violencia social y policial contra el colectivo LGTBI adquiere tintes dramáticos.

América

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 11 países)

Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago.

En los 11 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 6 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

En los Estados Unidos, las leyes contra la sodomía fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo en 2003 (Lawrence vs. Texas), pero todavía aparecen en los textos legales de 13 estados: Alabama, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida, Idaho, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia. Los legisladores conservadores se niegan a derogar estas leyes y, en algunos casos, la Policía todavía intenta hacerlas cumplir. En los últimos años, más de una docena de personas LGTBI han sido detenidas por violar esas leyes, aunque los cargos fueron retirados por las fiscalías por ser legalmente inaplicables.

Oceanía

• Penalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (en 7 países)

Islas Cook, Islas Salomón, Kiribati, Nauru, Papúa Nueva Guinea, Samoa, Tonga, Tuvalu.

En los 7 países se penalizan las relaciones sexuales entre varones, en 2 de ellos también se castigan las relaciones sexuales entre mujeres.

Europa

Con la derogación de las leyes discriminadoras en la República Turca del Norte de Chipre en 2014, no existe ningún territorio europeo en el que las relaciones entre personas del mismo sexo estén penadas.

• Leyes contra la “propaganda homosexual” o de “moralidad” (en 2 países)

Lituania y Rusia.

Las leyes homófobas como la aprobada en Rusia, aunque teóricamente no penalizan las relaciones homosexuales o bisexuales, en la práctica están siendo utilizadas para estigmatizarlas y que queden reducidas a una conducta privada, invisible a los ojos de la sociedad. A ello hay que sumar las continuadas agresiones hacia homosexuales, bisexuales y transexuales por parte de grupos homófobos, cada vez más organizados.

En Lituania, sus leyes prohíben la manifestación y promoción de contenidos publicitarios que hagan referencia a la orientación sexual. Como en el caso ruso, sirven para impedir que se ofrezca información positiva sobre homosexualidad o bisexualidad, con el estigma social consecuente.

Otros países que han intentado promulgar leyes semejantes han sido Bielorrusia, Moldavia y Ucrania, aunque finalmente han sido aplazadas, desestimadas o derogadas.

Fuente dosmanzanas

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Jesús Tomillero reclama que se favorezcan las charlas informativas en colegios y clubes deportivos para erradicar la discriminación por la orientación sexual.

“Te vas a hartar de comer pollas”

El árbitro insultado y vejado en un partido de fútbol por ser gay, Jesús Tomillero, ha reclamado este sábado en Zamora una ley contra la homofobia en el deporte.

Tomillero, que tras llevar diez años como colegiado en La Línea de la Concepción (Cádiz) se ha planteado dejar de pitar partidos de fútbol tras los insultos homófobos recibidos, ha dirigido este sábado un encuentro de la campaña “Sácale tarjeta roja a la homofobia” promovida por el Ayuntamiento de Zamora.

Este árbitro gaditano de 21 años, el único que ha admitido públicamente su homosexualidad, ha reconocido que ser gay “no está bien visto” en el ámbito futbolístico y prueba de ello es que ningún jugador ha hecho pública esta condición sexual.

Ha pedido a las instituciones y los partidos políticos “que se pongan las pilas” en esta materia y favorezcan acciones como la impulsada este sábado por el Consistorio zamorano para concienciar sobre la diversidad sexual en el ámbito deportivo.

El colegiado Tomillero Benavente, que inicialmente había anunciado que este sería el último partido de fútbol que pitaba, ha comentado que estudia reconsiderar su postura tras la llamada de apoyo que le ha dado uno de los candidatos a presidir la Real Federación Española de Fútbol, Miguel Galán.

También le ha respaldado en el encuentro de hoy el delegado provincial de Fútbol de Zamora, Alfredo Rodríguez Santacecilia, que ha reconocido que en esta provincia también ha habido casos de insultos homófobos y machistas proferidos en partidos a mujeres que son árbitros de fútbol y él mismo ha llegado a escucharlos.

Tomillero Benavente ha agradecido los apoyos recibidos aunque ha echado de menos el respaldo del comité de árbitros andaluces para seguir como colegiado.

Este árbitro, que pita en campos de fútbol gaditanos desde que tenía once años, ha admitido que le gustaría continuar como colegiado, aunque aún no ha decidido si volverá a arbitrar la próxima temporada.

Por el momento, sí que pitará próximamente dos partidos para los que le han llamado, uno que organiza la Comunidad de Madrid en Brunete y otro benéfico.

Fuente Agencias/Cáscara Amarga

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Hace pocos días recogíamos el anuncio del presidente de México, Enrique Peña Nieto, coincidente con la celebración del Día Internacional contra la LGTBfobia, de promover la reforma tanto de la Constitución mexicana como del Código Civil federal para asegurar la plena vigencia del matrimonio igualitario en todo el territorio mexicano. Una reforma que pondrá punto final a la peculiar situación que vive México, país en el que conviven un Código Civil federal con los diferentes códigos civiles de los estados que lo forman, varios de los cuales ya disponen matrimonio igualitario. Pues bien, a esa lista se han sumado esta semana dos nuevos estados: Michoacán y Morelos.

Una tras otra, como fichas de dominó, las legislaciones de los estados mexicanos van cayendo del lado de la igualdad: a la lista de estados cuyas legislaciones ya son igualitarias se acaban de unir esta misma semana Michoacán, en la costa oeste, por 27 votos a favor y 8 abstenciones, sin votos en contra (se abstuvieron los siete representantes del PAN y una sola diputada del PRI) y Morelos, en el centro del país, por 20 votos a favor y solo 6 en contra (PAN y Encuentro Social, una formación  democristiana).

Precisamente la semana pasada, días antes del anuncio presidencial, dábamos cuenta de la aprobación del matrimonio igualitario en el estado de Campeche (península de Yucatán). Antes de Campeche otros tres territorios mexicanos habían aprobado el matrimonio igualitario por decisión de sus órganos legislativos: el Distrito Federal (2009), el norteño el estado de Coahuila (2014) y el estado de Nayarit, en la costa oeste del país (2015). Y ya en 2010 la SCJN determinó que la validez de los matrimonios celebrados en el distrito federal era extensiva a todo el país. El matrimonio igualitario también es posible en el estado de Quintana Roo (vecino de Campeche, también en la península de Yucatán), cuyo Código Civil no especifica que el matrimonio deba ser contraído necesariamente entre un hombre y una mujer.

La acción de los tribunales, clave

Faltaba el empujón final: la decisión formal de plasmar en las leyes federales el matrimonio igualitario, tal y como anunciaba a principios de esta semana Enrique Peña Nieto. El presidente mexicano también aseguraba que se revisarían todas y cada una de las leyes federales mexicanas para eliminar todo atisbo de discriminación por orientación sexual e identidad de género y ajustarlas, de esta forma, a la jurisprudencia de la SCJN.

En cualquier caso, la iniciativa presidencial debe ser todavía discutida y aprobada por el Congreso mexicano, lo que se demorará sin duda un tiempo. Es por eso que es buena noticia que los estados continúen actualizando por su cuenta sus legislaciones matrimoniales para acabar cuanto antes con la desigualdad jurídica (la social es ya otro cantar…).

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Discriminación, Guerrero, Jalisco, Matrimonio, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Pan, Partido Encuentro Social (México), PRI, Quintana Roo, Sonora

La Compañía de Jesús, desde el generalato del Padre Pedro Arrupe , quien fue capaz de actualizar el auténtico carisma ignaciano, ha estado siempre en la frontera… No nos extraña, pues, una actitud así…

En España puede resultar extraño que una universidad católica ofrezca cobertura a actos o a colectivos LGTB. Hasta donde sabemos, de hecho, ninguna universidad católica española cuenta con un grupo LGTB públicamente definido como tal. Sin embargo, si viajamos a los Estados Unidos encontraremos una realidad bastante distinta, incluso sorprendente.

Un vistazo a las universidades católicas regentadas por la Compañía de Jesús en Estados Unidos muestra un llamativo reconocimiento público de la realidad LGTB a través de diferentes iniciativas con respaldo institucional. Entre ellas destacamos en primer lugar IgnatianQ, una “Conferencia Ignaciana de LGTBQ y aliados”. Consiste en un encuentro anual dirigido por estudiantes y abarca el conjunto de las universidades de los jesuitas en Estados Unidos. Su objetivo es centrarse “en las intersecciones entre fe, sexualidad y justicia social en el contexto de un campus jesuita. IgnatianQ espera con ello educar a la persona en su integridad, creando espacios seguros para el diálogo, la reconciliación, la comprensión, el crecimiento y la formación de comunidad. El encuentro anual le ofrece a los estudiantes la oportunidad de construir su red de apoyo con otros estudiantes en instituciones jesuitas en todo el país, mientras prosiguen su trabajo LGTBQ en sus respectivos centros”.

Estas reuniones comenzaron a celebrarse en 2014 en la Universidad de Fordham. El año pasado tuvieron lugar en Georgetown, una conocida universidad de la que hablaremos enseguida —donde estudió el actual rey Felipe VI— y este año en la Seattle University, del 1 al 3 de abril.

El ejemplo de Georgetown

Las reuniones de IgnatianQ no son en absoluto algo aislado. Al contrario, constituyen un paso más en la visibilidad LGTB en las universidades de los jesuitas en Estados Unidos, de la cual un exponente fundamental, en la ya mencionada Universidad de Georgetown, es el LGBTQ Resource Center.

Activo desde 2008, el LGBTQ Resource Center fue el primer centro de este tipo. Dice de sí mismo que está “al servicio de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer y en búsqueda”. De acuerdo con su folleto (visible íntegramente aquí), tiene una actividad notable. Alberga varios grupos “informales” que abarcan una llamativa diversidad de su alumnado, incluyendo mujeres LGTBQ y personas trans, bisexuales y asexuales. Entre sus iniciativas se encuentran convivencias, simposios y encuentros. Destaca por ejemplo “Journeys”, una convivencia para jóvenes LGTB que tiene por objeto “compartir experiencias y reflexionar sobre el individuo y la formación de comunidad. Mediante la reflexión individual y compartida sobre sus experiencias vividas, los estudiantes pueden desarrollar un aprecio y respeto auténticos por lo que son y todo lo que no son”. También puede mencionarse OUTober, una serie de actos de visibilización del estudiantado LGTB y de toma de conciencia sobre su realidad, con un apretado programa de actividades.

Con todo, lo que nos parece aún más significativo es la visibilidad a través de vídeos y campañas públicas. Tenemos así la campaña “I am”, que es parte de los actos del OUTober. Tiene como objetivo que las personas hablen de sí mismas y de las “múltiples identidades” que las definen. Vemos a alumnos hablar y definirse como LGTB. Pero más llamativamente encontramos a miembros del profesorado, incluido uno de los decanos de la School of Foreign Service, Samuel Aronson. Georgetown también ha participado en la campaña It Gets Better con un vídeo donde varios estudiantes se definen como LGTB y animan a aceptarse.

Igualmente, han tenido invitados de talla: Ben Cohen, jugador de rugby que pese a ser heterosexual es bien conocido por su activismo en favor de los derechos LGTB y del que hemos hablado varias veces en esta página; Simon LeVay, uno de los científicos que en su día estudió las posibles bases biológicas de la homosexualidad; Joe Solmonese, que fue presidente de Human Rights Campaign, o James Alison, sacerdote católico abiertamente gay.

También llama la atención el apoyo financiero, pues en 2012 una donación de un millón de dólares de Paul J. Tagliabue y su esposa Chandler permitió la creación de la Tagliabue Initiative for LGBTQ Life: Fostering Formation and Transformation, incluida en el LGBTQ Resource Center: “El centro está inspirado por los principios católicos y jesuitas del respeto a la dignidad de todos y la educación de la persona en su integridad, y tenemos el gran placer de apoyar sus servicios, que proporcionan un ambiente seguro, inclusivo y respetuoso para los estudiantes LGBTQ”, afirman.

Esta transformación de Georgetown en universidad LGTB-friendly llamó por ejemplo la atención de The New York Times, que le dedicó un reportaje en 2013, cuando había sido elegido presidente de los estudiantes Nate Tisa, abiertamente gay. En ese reportaje, se planteaba una pregunta obvia: ¿cómo es posible tal visibilidad en una universidad que se definen como católica y que por tanto debe suscribir la doctrina vigente? No en vano, las protestas de grupos conservadores no han faltado, incluyendo una petición dirigida en su día al propio arzobispo de Washington y que no parece haber tenido efecto. En este sentido, una mirada más atenta muestra cómo se cuida el lenguaje: en ningún momento se cuestiona la doctrina. Se habla de “autenticidad”, de “aceptación de sí mismo”, de hablar de “todo lo que uno es y no es”, y se conecta con la tradición jesuita, que ciertamente tiene mucho de insistir en el autoconocimiento. En este sentido, Todd A. Olson, decano de los estudiantes, ya indicó en el citado reportaje de The New York Times que la atención a las personas LGTB era parte de la cura personalis, arraigada en la tradición ignaciana. El que la conclusión para muchos comporte llegar a un lugar distinto al marcado por la doctrina, es otro asunto, confiado a la conciencia personal, también muy en la tradición ignaciana…

Un ejemplo que ha cundido

Por lo demás, aunque fue la primera, Georgetown no es ya la única universidad de los jesuitas en Estados Unidos con atención explícita a la realidad LGTB. Por ejemplo, la Universidad Loyola de Chicago tiene una sección de “iniciativas LGBTQIA”. También encontramos reconocimiento institucional de la realidad LGTB en la Universidad de Fordham, en Nueva York, ya mencionada como primera anfitriona de las conferencias IgnatianQ; y hay también iniciativas similares en universidades emblemáticas como la Marquette o el Boston College.

En definitiva, si el reconocimiento público de la realidad LGTB en una universidad católica —aspecto institucional incluido— parece muy lejano en España, está claro que algo muy distinto ocurre en otras latitudes ya desde hace años.

Os dejamos para finalizar con el vídeo para la campaña It Gets Better de los alumnos de Georgetown:

Fuente Dosmanzanas

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La legislación permite a los ciudadanos cambiar de nombre y sexo en sus documentos de identidad.

La norma promulgada hel sábado 21 fue impulsada por colectivos GLBT con el respaldo del Ministerio de Justicia y el partido oficialista.

Con solo un día de diferencia, Cámara de Diputados y Senado de Bolivia han aprobado la ley que permitirá a las personas trans modificar legalmente su nombre, imagen y referencia al sexo en toda la documentación pública y privada vinculada a su identificación. Se trata de un importante avance en el reconocimiento de la realidad jurídica de las personas LGTB en un país cuya Constitución es una de las pocas del mundo que prohíbe explícitamente la discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, pero que en la práctica permanecía como uno de los más atrasados de América Latina en esta materia.

El Gobierno de Bolivia ha promulgado hoy sábado la Ley N° 807 de Identidad de Género que permitirá el reconocimiento a los ciudadanos tránsgenero y transexuales, quienes podrán cambiar de nombre y género en su documento de identidad. La legislación ha sido firmada por el vicepresidente de ese país, Álvaro García Linera, quien ejerce la Presidencia interina del país mientras el mandatario, Evo Morales, se encuentra en un viaje oficial a Cuba.

El acto de rubricación se ha llevado a cabo en el Palacio de Gobierno y ha contado con la partición de parlamentarios y representantes de colectivos de gais, lesbianas, bisexuales y transexuales (GLBT). “Esto es democracia, por eso hoy me siento contento por poder firmar esta Ley que, por primera vez el Estado, garantiza su reconocimiento social como personas con derechos, independientemente de su orientación sexual”, destacó el vicemandatario.

Asimismo, García ha recordado que, en el pasado, tanto indígenas como campesinos, obreros y mujeres eran parte de los excluidos, que no tenían derechos, que no eran reconocidos y que además eran considerados como “subhumanos”. “Ustedes existieron y existirán, pero por primera vez el Estado garantiza su reconocimiento social como personas con derechos, independientemente de su identidad de género”, resaltó.

La ley consta de 11 artículos, permite a personas transexuales y transgénero mayores de 18 años hacer el cambio de nombre y género en sus documentos personales, acción que, según los establece uno de los estatutos, será reversible por una sola vez, luego de lo cual no podrán modificarse nuevamente estos datos.

La ley, que fue promulgada este mismo sábado, define la identidad de género como “la vivencia individual del género tal como cada persona la siente, la vive y la ejerce ante la sociedad, la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que puede implicar la modificación de la apariencia corporal libremente elegida, por medios médicos, quirúrgicos o de otra índole”. En este sentido, las personas trans que deseen modificar sus datos podrán presentar ante el Servicio de Registro Cívico (SERECÍ) una serie de requisitos administrativos. El SERECÍ dispondrá de 15 días para emitir una resolución que autorice el cambio con el nuevo nombre propio y dato de sexo en la partida de nacimiento y la extensión de un nuevo certificado de nacimiento.

La norma prohíbe además el uso de los documentos personales anteriores al cambio de identidad, salvo en caso de sentencias o procesos judiciales o administrativos. Asimismo, se conoció que el trámite será confidencial y se debe llevar adelante ante el Servicio de Registro Cívico (Sereci).

Una vez aprobado el cambio de identidad, el Sereci deberá notificar a todas las instituciones que corresponda, incluidos el Servicio de Identificación Personal, la Dirección de Migración, las cajas de salud pública y el Registro Judicial de Antecedentes Penales, entre otros.

Cabe añadir que el apoyo o rechazo de la ley de identidad de género ha desbordado los límites partidarios. Miembros tanto del bloque oficialista como de la oposición han votado en conciencia, a favor y en contra. “Es solo una ley que permite devolverle la vida, la posibilidad de la felicidad a cientos de personas que sufren discriminación y violencia que llega hasta la muerte”, señaló la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. “Este no es debate moralista entre conservadores y progresistas, sino sobre el cumplimiento del Estado de aplicar los derechos humanos y poner en vigencia derechos universalmente reconocidos, no se trata de diferencias ideológicas, sino entre los que queremos materializar derechos y los pocos discriminadores presentes”, sostuvo por su parte la presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Susana Rivero. “Tenemos la posibilidad histórica para avanzar en temas de legislación y consolidación de criterios de igualdad, dignidad y de derechos que hacen a la condición de seres humanos”, subrayó por su parte el diputado de la opositora Unidad Demócrata, Wilson Santamaría.

“En nuestras manos está hacer la vida más fácil a personas que estuvieron maltratadas, que son bolivianas, que pagan sus impuestos, que viven una realidad de discriminación injusta, dura”, señaló por su parte el diputado Manuel Canelas, de Movimiento Al Socialismo, y primer diputado abiertamente LGTB de la historia de Bolivia.

Una ley que no está a la vanguardia, pero que supone un avance importante

La aprobación del texto en la Cámara de Diputados fue recibida con muestras de visible alegría por un grupo de personas trans que siguieron el largo debate desde uno de los palcos del hemiciclo. No es para menos. Hasta ahora, la modificación del nombre y el sexo legal no estaba regulada en Bolivia, y el colectivo trans se enfrentaba a un calvario judicial para intentar ver reconocida oficialmente su identidad de género. Según explicó en su momento Rayza Torriani, presidenta de la Red Nacional de Personas Trans de Bolivia (Red TreBol), el proceso duraba hasta dos años y estaba “lleno de estigmatización y discriminación”. “Hay personas que lo consiguieron, pero pasaron toda una travesía de maltratos y burlas”, añadía.

Es cierto que el proyecto finalmente aprobado no se sitúa a la vanguardia de las legislaciones en materia de identidad de género. La modificación de los datos no podrá hacerse hasta la mayoría de edad e impone una serie de limitaciones, algunas de ellas importantes, como la carencia de vínculo matrimonial o la necesidad de un informe psicológico que acredite, no que la persona padece trastorno alguno, sino que conoce y asume voluntariamente las implicaciones de su decisión.

La nueva legislación boliviana es, en este sentido, parecida a la hoy vigente en España, que data de 2007. Legislaciones que quedan aún lejos de lo que puede considerarse una norma plenamente despatologizadora, al estilo de las que otros países de América Latina, como la vecina Argentina, han adoptado ya. Pero sin duda un paso de gigante respecto a la situación previa por el que felicitamos al activismo boliviano.

Fuente Agencias, Dosmanzanas, Cáscara amarga

General, Historia LGTBI Álvaro García Linera, Bolivia, Discriminación, Evo Morales, Gabriela Montaño, Identidad de género, Ley N° 807 de Identidad de Género, Manuel Canelas, Rayza Torriani, RED TREBOL, Susana Rivero, Transexualidad, Transgenerismo, Wilson Santamaría

La Asamblea Nacional de las Seychelles ha aprobado una proposición de ley para eliminar del Código Penal el artículo que castigaba las relaciones homosexuales entre varones con hasta catorce años de prisión. La votación se ha saldado con un resultado de 14 votos favorables a la derogación del artículo homófobo y otras 14 abstenciones. Tras la derogación, las Seychelles han engrosado la exigua lista de países africanos que han despenalizado la homosexualidad recientemente.

El consejo de ministros de las Seychelles, reunido el pasado lunes 29 de febrero, aprobó una iniciativa de reforma del Código Penal destinada a eliminar el artículo 151, cuyo texto era el siguiente:

Cualquier persona que:

1. a) Tenga conocimiento carnal con otra persona contra el orden de la naturaleza.

(…)

1. c) Permita a un varón tener conocimiento carnal contra el orden de la naturaleza.

Será culpable de un delito grave, punible con pena de prisión de catorce años.

El artículo, herencia de la legislación colonial británica, únicamente era aplicable a los varones que mantuvieran relaciones con personas de su mismo sexo, mientras que las relaciones entre mujeres nunca fueron penadas.

El Gobierno encargó al fiscal general del Estado, Ronny Govinden, la redacción del texto del proyecto de ley, para que fuera sometido a votación en la Asamblea Nacional. La medida formaba parte del paquete de reformas propuesto por el recién elegido presidente James Michel.

Así, este 18 de mayo la Asamblea Nacional ha votado la iniciativa, en un pleno que ha reunido a 28 de los 32 diputados que la componen. El Partido del Pueblo, que ocupa 31 de los escaños, permitió en esta ocasión que sus representantes votaran en conciencia. Un total de 13 de los diputados del Partido del Pueblo votaron a favor de la propuesta ministerial, a los que sumó el voto de la única representante de la oposición, perteneciente al Movimiento Popular Democrático. Otros 14 diputados se abstuvieron, por lo que, por mayoría simple, la iniciativa quedó aprobada y el artículo 151 será derogado. Para que tome efectos, el fiscal general del Estado deberá publicar la ley en el Boletín Oficial, para posteriormente ser ratificada por el presidente Michel y respaldada de nuevo por la Asamblea Nacional.

Aunque el Gobierno había explicado que las leyes penalizadoras de la homosexualidad apenas si se habían aplicado en la práctica, su mera existencia era una espada de Damocles para los homosexuales. Ello repercutía en que fueran frecuentes víctimas de abusos policiales y chantajes, además de suponer un perjuicio para la defensa de los derechos de los homosexuales ante la opinión pública. Por ello, el presidente Michel prometió una reforma que permitiera que “todas las personas estén libres de discriminación a todos los niveles”.

Fuentes gubernamentales estimaban que la despenalización de la homosexualidad masculina era una consecuencia lógica de la adhesión de las Seychelles a tratados internacionales, como la Declaración de Derechos Humanos, que prohíbe toda discriminación.

Satisfacción en las asociaciones LGTB y decepción en las iglesias

Fabianna Bonne, fundadora de la primera asociación de defensa de los derechos LGTB de las Seychelles, se felicitaba por el resultado de la votación, e incluso consideraba positiva la abstención de los 14 diputados: “El mensaje más fuerte que han enviado quienes se han abstenido es que no iban a interponerse en el camino del cambio de la ley, y las personas LGBTI de las Seychelles lo apreciamos. Nuestro objetivo ahora será  educar a toda nuestra sociedad sobre las personas LGBTI, porque hemos observado que en este asunto son muy amplios los estereotipos y las ideas falsas. Nuestra meta sigue siendo, sin embargo, la plena igualdad en todos los aspectos de la ciudadanía,  porque, después de todo, también estamos obligados a pagar nuestra parte de los impuestos y participar activamente en el desarrollo de nuestro país”.

Desde las iglesias, sin embargo, la postura es muy distinta. De los 93.000 ciudadanos de las Seychelles, el 76 % se declara católico, el 6 % anglicano, el 2,4 % hindú, el 1,6 % musulmán y el resto profesa otra confesión religiosa.

En los días previos a la votación, desde el obispado de la Iglesia católica se envió un mensaje a los diputados, en el que les instaban a “votar según su conciencia informada, libre de toda injerencia externa relevante y teniendo únicamente en cuenta el impacto que su voto tendrá en el futuro de nuestra sociedad”. Es de suponer que entre esas injerencias externas indeseadas no estaba incluida la propia Iglesia católica, pues también les recordaban que tuvieran en cuenta que “la tradición bíblica y moral de la Iglesia es que los actos homosexuales son moralmente reprobables”.

Por su parte, el obispo anglicano James Wong expresaba su contrariedad con el resultado de la votación, aunque aseguraba que su confesión respetaría la decisión parlamentaria. “La iglesia está en contra de la derogación de la ley”, afirmaba el obispo, “pero la política de la iglesia es que, sea revocada o no, la vida sigue. No hay que discriminar a nadie”. Aunque no parece haber demasiada coherencia entre esta última consideración antidiscriminatoria, y la oposición a que se derogue una ley que castiga con penas de 14 años de prisión a las personas con determinada orientación sexual.

El ministro de Justicia, Joel Morgan, se veía obligado a recordar a quienes afirmaban que la sodomía es un pecado que “lo que es pecado no lo determina el Gobierno, sino la religión. Cada individuo debe seguir su propia conciencia sobre este asunto”.

En todo caso, cuando la reforma del Código Penal tenga efectos, las Seychelles se unirán a Mozambique, que lo hizo el pasado 2015, en ser uno de los pocos países africanos que han despenalizado la homosexualidad recientemente. También dejará de formar parte de la infame lista de 79 países y territorios del mundo que siguen castigando las relaciones homosexuales.

Fuente Dosmanzanas

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