Alexander (Lekso) Lashkarava 

Un camarógrafo georgiano murió después de que una turba lo golpeara violentamente mientras cubría las protestas contra el Orgullo en Tbilisi la semana pasada.

El cuerpo de Alexander (Lekso) Lashkarava fue descubierto en su casa por su madre el domingo por la mañana (11 de julio), solo seis días después de que se cancelara el Orgullo de Tbilisi cuando matones de extrema derecha desataron una ola de violencia en la ciudad.

Lashkarava, un camarógrafo de TV Pirveli, sufrió fracturas en la cara y una conmoción cerebral después de que la turba irrumpiera en las oficinas del Movimiento de la Vergüenza en Tbilisi el lunes (5 de julio), donde trabajaba con la periodista Miranda Bagharturia.

Reflexionando sobre el ataque, Bagharturia dijo que ella y Lashkarava fueron acorralados por una turba mientras cubrían el estallido de violencia. Al parecer, un sacerdote la agarró del pelo y la golpeó, tras lo cual intervino Lashkarava.

Cuando Lashkarava les dijo a los hombres que dejaran de golpear a Bagharturia, se volvieron contra él. La turba procedió a golpearlo “sin piedad” durante 20 minutos, dijo Baghaturia, dejándolo en “un charco de sangre”. “Mientras tanto, 15 personas me sostenían, yo les gritaba que no lo mataran, me empujaban y golpeaban”, dijo Bagharturia.

Posteriormente, Lashkarava fue tratado en el hospital por sus heridas y fue dado de alta el viernes (9 de julio). La causa de la muerte aún no se ha revelado.

Hubo conmoción e indignación en Georgia el domingo cuando se supo la noticia de que Lashkarava había muerto. El propietario de TV Pirveli, Vato Tsereteli, criticó al gobierno del país, sugiriendo que el primer ministro Irakli Gharibashvili era “personalmente responsable” después de que culpó del estallido de violencia a la comunidad LGBT +.

Cinco personas han sido arrestadas en relación con el ataque, sin embargo, TV Pirveli dijo que había logrado identificar a nueve de los asaltantes a partir de imágenes de video.

Miles de personas se reunieron frente al parlamento de Georgia el domingo por la noche (11 de julio) para pedir la renuncia de Gharibashvili. En un discurso furioso, el presentador de TV Pirveli, Eka Mishveladze, dijo que Georgia “no tiene futuro en manos de este gobierno”. “No cubriremos nada de lo que haga”, advirtió Mishveladze al gobierno. “Tus mentiras deben terminar. Le mostraremos el poder de los medios “.

❗️Horrific news from #Georgia. Camera-man beaten by church-led far-rights on July 5, dies today!
⚡️ I spent hours with this guy at @Shamemovement office before radicals stormed it. When most of our team managed to leave, he stayed to work. He dies few days after the beating. pic.twitter.com/bQMLMCfe8d

— Tamaz Sozashvili (@TamazSozashvili) July 11, 2021

El Shame Movement, una organización activista de lucha por la libertad, le ha dado al primer ministro y al gobierno de Georgia hasta las 12 pm del lunes para renunciar. “Si no cumplen, les informaremos de nuestro plan de acción, que conducirá a la destitución de Gharibashvili y su gobierno“, escribió el grupo en Twitter el domingo.

Un grupo de 19 organizaciones de derechos civiles emitió un comunicado conjunto el domingo en el que pedía la dimisión de Gharibashvili tras la muerte de Lashkarava. “Lekso Lashkarava fue uno de los más de 50 profesionales de los medios de comunicación que fueron blanco de los grupos de odio durante las protestas violentas y a gran escala del 5 de julio”, dijo el comunicado conjunto. “La responsabilidad política de las graves consecuencias recae en el gobierno, que de hecho se ha negado a cumplir con su función de proteger la salud y la vida humana”, agregaron.

Salome Zourabichvili, presidenta de Georgia, dijo que visitó a la familia de Lashkarava el domingo y agregó que su muerte fue “una tragedia”. “Envío mis condolencias a toda la comunidad de medios ya toda Georgia”, escribió en Twitter. “Debe ser investigado y los responsables deben ser sancionados”.

El Ministerio del Interior dijo este lunes que estaba llevando a cabo “medidas investigativas-operativas” para identificar a otros responsables del ataque.

Hubo una conmoción generalizada el lunes pasado (5 de julio) cuando se suspendió el Orgullo de Tbilisi debido a que las protestas de la extrema derecha se descontrolaron. La oficina del grupo fue destruida por una multitud furiosa, mientras que muchos otros resultaron heridos.

Las frustraciones alcanzaron un punto álgido cuando Garibashvili dijo que era “irrazonable” que el Orgullo de Tbilisi organizara una marcha en primer lugar. “La celebración de la llamada marcha del Orgullo no es razonable ya que crea una amenaza de enfrentamiento civil”, dijo, y agregó que tales eventos son “inaceptables para un gran segmento de la sociedad georgiana”.

Llueve sobre mojado

Por desgracia, ya son muchos los antecedentes de violencia homófoba en Georgia. En 2019, cuando se intentó organizar por primera vez una manifestación del Orgullo, grupos nacionalistas azuzados por la Iglesia ortodoxa impidieron su celebración, pese a que se intentó en varias fechas distintas. También en 2019 esos mismos grupos intentaron de forma violenta impedir la exhibición en varias ciudades de la película And Then We Danced (Solo nos queda bailar), una coproducción sueco-georgiana de gran éxito internacional que precisamente narra el romance entre dos bailarines en el país caucásico.

Pero ya antes habíamos recogido otros incidentes. Allá por 2013, por ejemplo, los contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis al atacar una concentración convocada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Y en 2018 un joven agredía a un activista LGTBI que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar otra manifestación por el Día contra la LGTBIfobia.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Una turba homófoba impidió el pasado lunes la celebración del que iba a ser primer Orgullo LGTBI de Tiflis, en Georgia, asaltando además la sede de sus organizadores, cuyo personal pudo por fortuna escapar a tiempo y evitar el que podría haber sido un fatal linchamiento. Los violentos también agredieron a numerosos periodistas que iban a cubrir el evento, a cuya celebración se habían opuesto tanto la influyente (y muy homófoba) Iglesia ortodoxa georgiana y el primer ministro del país, Irakli Garbibashvili, que horas antes había argumentado públicamente que «la mayoría de nuestra ciudadanía lo considera inaceptable».

Las imágenes son escalofriantes. Una turba homófoba formada por manifestantes de extrema derecha y afines a la Iglesia ortodoxa se concentró frente al edificio en el que se sitía la sede del Orgullo de Tiflis, compartida con la organización Shame Movement, el mismo día en el que en teoría iba a tener lugar la primera manifestación del Orgullo después de otro intento infructuoso en 2019. La manifestación propiamente dicha ya se había cancelado, ya que los homófobos habían ocupado el espacio urbano amenazando a todo aquel al que identificaban como activista sin que la policía hiciera nada por evitarlo. Numerosos periodistas fueron agredidos, así como un turista al que identificaron de forma errónea como un activista gay. Para rematar su obra, la turba decidió atacar la sede de los organizadores, que por fortuna habían abandonado ya el despacho, temiendo por su seguridad. Aunque el edificio estaba cerrado, un grupo de asaltantes escalaron la fachada hasta el tercer piso, saltaron al balcón, arrojaron a la calle las banderas arcoirís y vandalizaron la sede, destrozando todo lo que encontraron en su camino.

La Iglesia Ortodoxa de Georgia fue la principal organizadora de las protestas contra el Orgullo del lunes. Los sacerdotes ortodoxos fueron visibles en las protestas durante todo el día, y al menos en una ocasión parecieron participar en un ataque a un periodista. Al menos un sacerdote, el diácono Spiridon Tskipurishvili, dijo a la multitud frente al parlamento que estaban “obligados a cometer violencia por la patria”.

Sacerdotes atacando a un periodista

Durante el día, el órgano rector de la Iglesia, el Patriarcado, emitió repetidamente declaraciones en las que pedía a los manifestantes que permanecieran en paz. El reverendo Shio Mujiri, titular del trono patriarcal, sugirió que para evitar futuros incidentes violentos, Georgia debería prohibir “insultar los sentimientos religiosos y nacionales”.

El Ministerio del Interior informó de que 55 personas fueron víctimas de ataques durante el día, incluidos 53 periodistas. Dijeron que ocho personas habían sido arrestadas por cargos administrativos, así como una por el intento de asesinato del turista que fue apuñalado.

El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, también condenó la violencia contra activistas y periodistas en Tbilisi, calificándola de “ilustración lamentable de las repetidas amenazas que enfrentan las personas LGBTI en Georgia”.

El siguiente vídeo recoge algunas imágenes de lo sucedido:

Manifestantes pro-LGTBI se concentran frente al Parlamento

Las reacciones a lo sucedido no se han hecho esperar. Internamente, la Oficina del Defensor del Pueblo de Georgia ha expresado su enérgica condena, ha lamentado el papel jugado por el primer ministro Garbibashvili, que considera que solo sirvió para exacerbar los ánimos, y ha recordado que es obligación del Estado garantizar los derechos de reunión y de manifestación. Lo sucedido también ha merecido la condena de la Oficina de Naciones Unidas en Georgia y de la Delegación de la Unión Europea, que han emitido un comunicado conjunto que han suscrito además 16 embajadas en el país caucásico, incluyendo la española.

Pero quizá la reacción más emocionante es la que ha tenido lugar este martes, un día después del ataque. Miles de personas se han concentrado frente al Parlamento, enarbolando banderas arcoíris, para expresar su protesta por lo sucedido. En esta ocasión, al menos en el momento de publicar esta entrada, los defensores de los derechos LGTBI  se han podido concentrar sin especiales dificultades pese a la presencia constante de contramanifestantes, muy posiblemente como consecuencia del eco internacional de lo sucedido el día anterior. En el perfil de Twitter del Orgullo de Tiflis (Tbilisi Pride) es posible disfrutar de algunas imágenes:

#TbilisiPride21 😁🏳️‍🌈 pic.twitter.com/iPYt7Kg6V8

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Historic picture. Us in front of the Parliament of Georgia with 7,000 people ✊ pic.twitter.com/0P1eMhJmiB

— Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Llueve sobre mojado

Por desgracia, ya son muchos los antecedentes de violencia homófoba en Georgia. En 2019, cuando se intentó organizar por primera vez una manifestación del Orgullo, grupos nacionalistas azuzados por la Iglesia ortodoxa impidieron su celebración, pese a que se intentó en varias fechas distintas. También en 2019 esos mismos grupos intentaron de forma violenta impedir la exhibición en varias ciudades de la película And Then We Danced (Solo nos queda bailar), una coproducción sueco-georgiana de gran éxito internacional que precisamente narra el romance entre dos bailarines en el país caucásico.

Pero ya antes habíamos recogido otros incidentes. Allá por 2013, por ejemplo, los contramanifestantes homófobos provocaron varios heridos en Tiflis al atacar una concentración convocada con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. Y en 2018 un joven agredía a un activista LGTBI que se encontraba pronunciando un discurso para un pequeño grupo en una vía pública de Tiflis, solo unos días después de que las amenazas de la extrema derecha obligaran al activismo a desconvocar otra manifestación por el Día contra la LGTBIfobia.

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El joven escritor Javier Ruescas ha hecho pública en redes sociales la denuncia que ha interpuesto contra un agente de la Policía Municipal de Madrid por una agresión de carácter homófobo. Sucedió la pasada madrugada, en plenas celebraciones del Orgullo LGTBI de Madrid, cuando Ruescas y el grupo que le acompañaba abandonaba el barrio de Chueca y tras atravesar uno de los controles policiales que regulaban el aforo.

«Anoche sufrimos una agresión por parte de la policía municipal de Madrid. Puede que este mensaje no llegue a nada, pero quiero contar lo que sucedió para que, si por desgracia, os sucede algo similar, sepáis como reaccionar», comienza el relato publicado por Ruescas. El escritor denuncia que sobre las 02:50 de la madrugada de este domingo, cuando iba en compañía de varias personas, entre ellas su novio, y juntos abandonaban el barrio de Chueca camino de la Gran Vía por la calle Clavel de Madrid, el grupo se topó con el dispositivo policial que controlaba el acceso al barrio en ese punto. «Mi novio, Andrés, se adelantó unos pasos al grupo. Quiso darse la vuelta para despedirse de un amigo, cuando se dio cuenta de que ya había cruzado la valla y no podía volver. El policía municipal le dijo textualmente: ‘¿a dónde te crees que vas, bombón?’, que fue cuando llegamos a su lado. Y él le preguntó que a quién le estaba llamando bombón. El policía le soltó: ‘a ti, maricón’. Entonces, viendo lo que podía ocurrir, nos alejamos de allí hacia Gran Vía. Mi novio iba farfullando cabreado sobre el trato recibido hasta que de pronto el policía (de al menos 1,95 metros y cuadrado como un armario) sale del control donde estaba con toda su agresividad, camina varios metros hacia la Gran Vía, donde ya estábamos nosotros, y le arrea un guantazo con la mano abierta por algo que creía haber oído».

«Al momento, mientras empujamos a Andrés lejos de ahí, los compañeros del policía municipal se llevan al hombre, con la mirada inyectada de rabia, lo hacen desaparecer dentro de la calle por la que no podemos pasar y cuando vamos a pedir identificaciones por esta agresión injustificad y desproporcionada, ellos primero nos dicen que no, que por qué nos van a dar su número de placa si ellos no han hecho nada, todo con cara incluso de sorpresa por lo que les estábamos pidiendo, y después incluso tratando de amedrentarnos diciéndonos que tuviéramos cuidado, que Andrés habí incurrido en un delito por haberse encarado a la policía», prosigue el relato de Ruescas. «Se aprovechan literalmente del momento, del susto, del shock, de que es la primera vez que vives esto, para que el tiempo pase y, en lugar de ofrecerte ayuda, te achantes y te marches sin molestar», se lamenta.

«Les decimos que queremos denunciar y aún tienen las narices de decirnos que, bueno, si queremos, tenemos que esperar a ir a la comisaría de policía municipal a las 09:00 AM, que a esas horas está todo cerrado. Todo esto con un tono tranquilizador que me desconcertó aún más. pPor supuesto que no les hacemos caso, porque es evidente que quieren escurrir el bulto, y nos dirigimos Andrés, unos amigos que habían sido testigos y yo a la comisaría de la calle Montera. Pero ahí nos dicen que no podemos poner la denuncia y que eso tenemos que hacerlo en la calle Leganitos [comisaría de la Policia Nacional]. Y ahí nos vamos. Nos pidieron los datos, se los dimos y nos tomaron parte de la denuncia», continúa el relato. «¿Qué ocurre? Que debido al shock del momento, de estar preocupados por separarlos, de comprobar que Andrés estuviera bien, perdimos los segundos necesarios para conseguir placas, grabar, tomar los datos del coche en el que se llevaron al agresor… Y aunque nos dicen que van a revisar las cámaras de seguridad, la realidad es que es muy difícil que haya un efecto real con ese policía que, haciendo uso de la brutalidad, le estampó la mano en la cara con violencia a un chaval. Y la realidad que subyace detrás de todo esto es que cualquiera podemos ser víctimas de estas agresiones. Y voy a confesar algo: durante un microsegundo, de tanto verlo en redes, pelis, series… yo pensé: ‘claro, es normal, es policía y nos pega’. Durante un segundo, sí, pero lo pensé. Para despuès darme cuenta de lo surrealista que era todo y lo equivocado que estaba y reaccionar. La policía no puede agredir de esa manera. No puede. No debe. No tienen que comportarse como matones. Deben tener autocontrol, y más en situaciones como esa en la que no había ninguna agreisón por parte nuestra. Menos mal que los policias nacionales que estuvieron con nosotros en comisaría fueron amables, considerados y se mostraron atentos en todo momento. Me llevo al menos eso», asegura Ruescas.

«Lo siguiente que entendimos fue que nos que nos ha pasado es una agresión HOMÓFOBA. Con todas las letras de la palabra. Y que con ese ‘maricón’ y también con ese ‘bombón’ que soltó el policía dejó claro que una de las cosas que alimentó su rabia para salir del control en el que se encontraba y atizar a mi novio fue el asco que le surgió de las entrañas por encontrarse con un homosexual. Así que por favor: si por desgracia os ocurre algo similar, antes de denunciar, en ese instante, tratad de recopilar todos los datos que podáis. Y después, sí, denunciad. Id con testigos, a ser posible (desde aquí, mil gracias a los amigos que nos acompañaron anoche). La impotencia, la rabia y el miedo que ahora sentimos no nos lo quita nadie, pero lo llevan claro si piensan que nos vamos a callar. Puede que no encuentren ninguna prueba, pero al menos no vamos a guardar silencio», finaliza su testimonio:

Anoche, @andrew__klein y yo sufrimos una agresión homofoba por parte de la policía municipal de Madrid, al salir de Chueca. @AlmeidaPP_ esperamos que hagas algo para detener estos ataques injustificados y con cariz homófobo que están teniendo lugar en la ciudad que gobiernas. pic.twitter.com/ZPP15oxlI9

— Javier Ruescas 🏳️‍🌈 (@javier_ruescas) July 4, 2021

Fuente Dosmanzanas

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Punto final a una larguísima batalla jurídica de la que un joven adolescente trans, Gavin Grimm, sale triunfante. Y con él, los derechos de las personas trans en Estados Unidos. El Tribunal Supremo de ese país ha decidido no tomar en consideración el recurso contra la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito Judicial, que reconoce al Grimm el drecho a usar los baños de su instituto que corresponden a su identidad de género. La decisión del Supremo pone de manifiesto el escaso interés del máximo órgano jurisdiccional estadounidense en entrar a discutir a fondo el detalle de los derechos del día a día de las personas trans. Algo que en otros momentos podría ser visto como negativo pero que en el contexto actual, dada la «supermayoría» conservadora del Supremo estadounidense tras la presidencia de Donald Trump (que en solo 4 años renovó a tres de sus nueve magistrados) supone una derrota inesperada del activismo transexcluyente y un alivio importante para el colectivo LGTBI.

A continuación hacemos un repaso de la historia de Gavin Grimm y de su batalla jurídica. Tras salir del armario como chico en 2014, el adolescente comenzó a usar los baños que correspondían a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero cuando la noticia llegó a oídos de los padres, un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del condado que se le habilitase un baño separado. El joven, asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia, denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género en efecto podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas. Una decisión coherente con las directrices que en abril de 2014 había emitido el departamento de Educación de Estados Unidos bajo la administración Obama, según las cuales las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en su argumentación que la equivalencia jurídica entre «sexo» e «identidad de género» no está bien clarificada).

Una decisión que el Consejo Escolar del condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3. Ya avanzada la batalla legal, el departamento de Educación de Obama había enviado en mayo de 2016 a todos los distritos escolares del país unas nuevas directrices que de forma expresa abordaban el tratamiento de los estudiantes trans y que cubrían, entre otros, el uso de baños públicos y vestuarios acordes a su identidad de género.

La llegada al poder de Donald Trump en enero de 2017, y junto a él de toda una corte de políticos contrarios a la igualdad jurídica de las personas trans, convertía en papel mojado los esfuerzos de la administración Obama. La instrucción sobre los estudiantes trans quedaba revocada a los pocos días de la toma de posesión de Trump, de forma que estos perdían la protección federal y su situación quedó en manos de los estados. Tras el cambio en la política del departamento de Educación, el Tribunal Supremo, que como explicamos antes había paralizado cautelarmente a requerimiento del instituto la orden de que Grimm pudiese usar el baño de chicos, decidió devolver la patata caliente a los tribunales de ámbito inferior para que reevaluaran el caso. En agosto de 2019, la jueza federal Arenda L. Wright Allen emitió una primera sentencia a favor de Grimm, pese a que este, ya por su edad, había abandonado el instituto. Pero el Consejo Escolar del condado recurrió y el caso volvió a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito, que en agosto de 2020 insistía de nuevo por 2 votos a 1 en que la decisión de prohibir a Grimm el uso de los baños acordes a su identidad de género era inconstitucional. El tribunal ciataba además en su argumentación una reciente sentencia del propio Tribunal Supremo que prohibía la discriminación laboral basada en la orientación sexual o la identidad de género.

En un casi perfecto déjà vu, el Consejo Escolar del condado de Gloucester volvió a recurrir al Tribunal Supremo, seguramente convencido de que gracias a su actual composición este le daría finalmente la razón. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el pasado 28 de junio el alto tribunal comunicaba su decisión de no tomar en consideración el caso, de forma que el fallo del 4º Circuito de Apelaciones es ya firme. Poco se conoce sobre las deliberaciones del Supremo a la hora de decidir por qué no estimaron la apelación, aunque el comunicado del alto tribunal menciona de forma expresa que dos de los magistrados de su mayoría conservadora (Clarence Thomas y Samuel Alito) se opusieron.

En definitiva, un triunfo muy relevante para los derechos de las personas trans en Estados Unidos en un momento en el que este colectivo está recuperando, de la mano de Joe Biden, los derechos que la administración Trump les retiró en el nivel federal. Eso no significa que su situación sea precisamente halagüena, dado que la ofensiva tránsfoba se ha trasladado ahora a los estados controlados por los republicanos. Esta batalla se ha ganado, pero la guerra continúa.

Fuente Dosmanzanas

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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una sentencia favorable a una agencia católica de acogida de menores que rechaza a parejas del mismo sexo. El alto tribunal considera que la ciudad de Filadelfia vulneró la libertad religiosa del organismo cuando rompió el acuerdo que las vinculaba por considerar discriminatoria dicha exclusión. El fallo va en la misma línea del que hace tres años dio la razón a Jack Phillips, el pastelero de Denver que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay. Como en aquella ocasión, la sentencia limita su alcance al caso concreto y no revoca ninguna resolución anterior contra la discriminación en la prestación de servicios justificada por motivos religiosos.

En 2018, la ciudad de Filadelfia decidió rescindir su contrato con la agencia Catholic Social Services (CSS), dedicada a la búsqueda de familias de acogida para menores. Argumentó que el organismo, activo desde hace más de un siglo, excluye a las parejas del mismo sexo como candidatas. CSS respondió que tendría que suspender su actividad si se suspendía su participación en el programa municipal y junto a tres padres de acogida demandó a la ciudad de Filadelfia.

En primera instancia, la justicia rechazó los argumentos de la agencia. El juez de distrito Petrese Tucker sentenció que las autoridades habían aplicado la legislación antidiscriminatoria local de manera uniforme y que, por lo tanto, no se había producido ninguna vulneración de los derechos religiosos de CSS. El caso llegó a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito, con jurisdicción sobre Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania, que falló en el mismo sentido en 2019. El tribunal consideró que la agencia no había probado que la ciudad de Filadelfia la hubiera tratado de forma diferente por su afiliación religiosa.

Los demandantes apelaron y la cuestión llegó al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país. Los jueces, incluida la recién nombrada Amy Coney Barrett, escucharon los argumentos en noviembre del año pasado. La sentencia se hizo pública el pasado día 17 y da la razón a la agencia discriminadora, en contra del criterio de las instancias inferiores. El fallo del caso Fulton v. City of Philadephia ha sido redactado por el presidente del Supremo, John Roberts, y lo han secundado todos los demás jueces del alto tribunal, incluidos los tres de la minoría progresista.

La sentencia establece que la negativa de la ciudad de Filadelfia a seguir empleando los servicios de acogida de la agencia si esta no aceptaba a las parejas del mismo sexo vulnera la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos que garantiza la libertad religiosa. Considera que CSS «solo busca un acomodo que le permita continuar atendiendo a los niños de Filadelfia de una manera congruente con sus creencias religiosas» y que «no busca imponer dichas creencias a nadie».

El fallo, eso sí, limita su alcance al propio caso concernido y no revoca ninguna sentencia anterior sobre discriminación. En particular, mantiene vigente la de Employment Division v. Smith de 1990, que estableció que las leyes neutrales de aplicación general no se pueden impugnar por vulnerar cláusulas de exención basadas en motivos religiosos. Considera, por el contrario, que la política de la ciudad de Filadelfia no reúne los requisitos de ser «neutral y de aplicación general». La sentencia también recuerda a la del caso Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission, en el que el Supremo falló a favor del pastelero Jack Phillips, que se negó a elaborar una tarta de boda para una pareja gay. Un nuevo espaldarazo, en definitiva, a la libertad de discriminar en la prestación de servicios alegando motivos religiosos.

Fuente Dosmanzanas

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La oleada de odio tránsfobo que vive el mundo alcanza su perfecta representación en lo que está pasando en Estados Unidos, donde varios estados de mayoría republicana han aprobado leyes cuyo objeto no es otro que el discriminar a las personas trans. La modalidad más extendida es la de impedir a las estudiantes trans participar en competiciones deportivas femeninas, pero también hay leyes que les dificultan modificar sus datos registrales (Montana) e incluso facilitar tratamiento con bloqueadores puberales a los menores trans que lo deseen (Arkansas).

El Partido Republicano de Estados Unidos, una formación política cada vez más enferma de transfobia, consiguió de la mano del expresidente Trump importantes éxitos en su estrategia de discriminación contra las personas trans a nivel federal. La pérdida de la presidencia a manos de Joe Biden, que en solo unos meses ha revertido dichas medidas, ha hecho que la obsesión tránsfoba se traslade a los estados que controlan, al tener mayoría en sus cámaras legislativas para aprobar las medidas y gobernadores dispuestos a rubricarlas (o mayorías suficientemente amplias como para superar sus vetos).

A lo largo de este 2021, de hecho, seis estados han legislado prohibir a las estudiantes trans participar en competiciones deportivas de acuerdo a su identidad de género. Se trata de leyes concebidas para que colegios y universidades no puedan aceptar a deportistas trans en sus equipos femeninos. Una medida del agrado tanto de la derecha religiosa como del activismo feminista radical transexcluyente (el tristemente conocido movimiento TERF). Se trata, por el momento, de Arkansas, Alabama, Tennessee, Mississippi, Montana y Virginia Occidental. Estos seis estados se unen a Idaho, el primer estado que adoptó una medida similar en 2020, aunque su aplicación se encuentra paralizada por decisión de un juez federal. Una paralización que se encuentra pendiente de la decisión que finalmente adopte la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que hace poco más de un mes escuchó los argumentos de las partes.

Pero si la prohibición a las estudiantes trans de participar en equipos femeninos es repugnante, aún más crueles son otras dos leyes aprobadas en Arkansas y Montana. En Arkansas, la legislatura del estado ha aprobado una ley que criminaliza cualquier tipo de atención médica a los menores trans que tenga como objeto facilitarles la transición o simplemente impedir el desarrollo de caracteres sexuales no deseados. Se trata del primer estado de Estados Unidos en llegar tan lejos. Hasta el gobernador republicano del estado, Asa Hutchinson, que sí estuvo de acuerdo en firmar la ley que discrimina a las deportistas trans, se vio moralmente obligado a vetarla, pero la mayoría republicana en la legislatura de Arkansas es tan grande que el veto fue superado en una nueva votación. Un procedimiento tan común en el abordaje de la adolescencia trans, como es el tratamiento con bloqueadores puberales, es ahora ilegal en ese estado, y puede llevar a los médicos que se atrevan a prescribirlo a su inhabilitación.

Por lo que se refiere a Montana, la nueva ley impide a las personas trans acceder a la modificación de sus datos registrales a no ser que se hayan sometido previamente a cirugía de reasignación genital. No se trata del único estado que obliga a ello (a este respecto existe una gran diversidad de situaciones entre los 50 estados del país), pero supone un gigantesco paso atrás en un estado que hasta ahora no lo hacía. Por lo que se refiere a este aspecto, recordemos que el año pasado Idaho aprobó una ley que impedía en todos los casos la modificación registral del sexo (algo que en este momento solo hace Tennessee), ley que también se encuentra paralizada por decisión judicial.

Los estados citados son los que han aprobado legislaciones abiertamente tránsfobas, pero por desgracia no son los únicos en los que estas propuestas están siendo discutidas. Es previsible, de hecho, que en próximos meses algunos otros estados en los que los republicanos disponen de sólidas mayorías implementen medidas similares. Y es que, como The Conversation señalaba en un reciente artículo, los republicanos han encontrado en la transfobia un excelente argumento para movilizar a sus bases de cara a las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre de 2022, en las que intentarán recuperar el terreno perdido en 2020. Está por ver si lo lograrán, pero de lo que no cabe ya duda es de que en el camino habrán conseguido hacer aún más dificil la vida de las personas trans, y muy especialmente la de las mujeres trans. Para ello, además, han encontrado un valioso aliado: el feminismo radical transexcluyente, que aplaude entusiasta cualquier medida discriminatoria contra este colectivo.

Fuente Dosmanzanas

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Tomas Raskevičius

El intento de aprobar una regulación de las parejas del mismo y de distinto sexo en forma de uniones civiles ha cosechado un primer fracaso en Lituania. La proposición de ley presentada entre otros por el diputado abiertamente gay Tomas Raskevičius ha sido rechazada en el Parlamento por una ajustada mayoría. Los promotores de la norma no se dan por vencidos y revisarán el texto para presentar una nueva versión en otoño que reúna más apoyos. La actual coalición de Gobierno de centroderecha, aunque dividida sobre el asunto, se comprometió a promover el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, que ya se ha intentado sin éxito en otras dos ocasiones en el pasado. La Constitución lituana recoge una definición excluyente del matrimonio.

El actual intento de aprobar una regulación de uniones civiles que incluya a las parejas del mismo sexo tiene su origen a finales del año pasado. Tras las elecciones de los pasados días 11 y 25 de octubre, la Unión Patriótica-Democristianos Lituanos (TS-LKD), el Movimiento Liberal (LRLS) y el socioliberal Partido de la Libertad (LP) alcanzaron un acuerdo de coalición con la nueva primera ministra Ingrida Šimonytė al frente. Un pacto que fue calificado de «finlandés», ya que al igual que en el país nórdico, las representantes de los tres partidos implicados son mujeres.

Entre las medidas que acordaron las tres formaciones se encuentra la aprobación de una ley de uniones civiles abierta a todas las parejas. Los democristianos aceptaron esta propuesta de sus socios minoritarios a cambio de reservarse el derecho a votar en contra de la misma. Los liberales y los socioliberales, sin embargo, confían en recabar el resto de los apoyos necesarios entre las formaciones de la oposición, en particular los socialdemócratas del LSPD. La posición de la TS-LKD tampoco es unánime: buena parte de sus diputados se declaran favorables a la medida.

El martes pasado, el Seimas (el parlamento unicameral lituano) votaba la toma en consideración de una proposición de ley de uniones civiles promovida entre otros por el diputado abiertamente gay Tomas Raskevičius (LP). El pleno de la cámara rechazó la tramitación de la medida por una ajustada mayoría de 65 votos en contra frente a 63 a favor. En el partido mayoritario de la coalición de Gobierno (TS-LKD), una tercera parte de sus diputados se opusieron a la norma. No se contaba entre ellos el ministro de Exteriores y líder de la formación Gabrielius Landsbergis, que ha sido uno de sus valedores.

Los promotores no se dan por vencidos y aseguran que presentarán una nueva versión del texto que recabe más apoyos en otoño. «Esta votación ilustra que garantizar los derechos humanos es un proceso a largo plazo que necesita mucho más trabajo», declaró Raskevičius. La sociedad lituana sigue estando a la zaga de la Unión Europea en sus actitudes en relación con la realidad LGBTI. Hace dos semanas, unas diez mil personas se manifestaron en la capital, Vilna, para mostrar su rechazo a una regulación de las parejas del mismo sexo. Una cifra nada desdeñable en un país de 2,8 millones de habitantes, mayoritariamente católicos.

El reconocimiento de las parejas del mismo sexo en Lituania se había intentado ya en otras dos ocasiones en el pasado, aunque el matrimonio igualitario, vetado a nivel constitucional, está por ahora fuera del alcance. Una iniciativa sobre uniones civiles presentada en 2015 por nueve diputados de los partidos socialdemócrata (LSDP) y liberal (LRLS) se topó con el rechazo del entonces primer ministro Algirdas Butkevičius (LSDP). A pesar de que una comisión parlamentaria decretó su plena constitucionalidad, la medida no llegó a tramitarse y entró en vía muerta con las elecciones de octubre de 2016. Unos comicios de los que salió un Gobierno de coalición presidido por los agraristas y con los socialdemócratas como socio minoritario.

Durante dicha legislatura, los liberales del LRLS presentaron una nueva proposición de ley ante el Parlamento para regular las uniones civiles entre dos personas con independencia de sus sexos. En junio de 2017, la iniciativa fracasó al obtener con el rechazo de 59 diputados, frente al apoyo de 29 y la abstención de otros 20. A pesar del fracaso, la Liga Gay Lituana destacó que la medida había recabado apoyos individuales más allá del LRLS, tanto en el gobernante Partido Socialdemócrata (LSDP) como en los democristianos, en la oposición entonces junto a los liberales. La organización lo interpretó como un signo del apoyo creciente a la equiparación de derechos en el país báltico.

Luces y sombras de la realidad LGTB en Lituania

La realidad LGTBI de Lituania en la última década ha estado marcada por los altibajos. En octubre de 2010 entró en vigor una reforma para prohibir la «manifestación y promoción» de contenidos publicitarios referidos a orientación sexual. Una prohibición que afecta a servicios publicitarios dirigidos a toda la población, y no solo a menores. Poco antes, en marzo de 2010, había entrado en vigor la ley de «de protección de menores contra el efecto perjudicial de la información pública» con el objetivo de obstaculizar la información positiva sobre diversidad sexual. Y aunque su versión inicial fue corregida por las protestas, su redacción definitiva sigue estigmatizando la información sobre homosexualidad.

En septiembre de 2014 informábamos sobre la prohibición de un inocente spot contra la homofobia, en base a esta legislación. En enero de 2015, un diputado lituano lanzaba veladas amenazas precisamente contra la Liga Gay Lituana, a la que acusaba de «jugar con fuego» con «provocaciones» que podrían costarles un ataque como el sufrido por la revista satírica Charlie Hebdo en París. Ese mismo mes, un tribunal lituano calificaba de «excéntrica» la foto en la que una pareja gay aparece besándose y descartaba actuar ante las amenazas homófobas que habían recibido sus protagonistas.

En noviembre de 2015 recogíamos una noticia con un cariz algo más positivo: el Parlamento del país decidía eliminar del orden del día la votación de una ley contra la llamada «propaganda homosexual» similar a la vigente en Rusia. En 2017, el país báltico sorprendía positivamente al conceder asilo a dos refugiados perseguidos en Chechenia a causa de su orientación sexual. En febrero de 2016, las autoridades de inmigración del país denegaron el permiso temporal de residencia a un hombre de nacionalidad bielorrusa casado en Dinamarca con un ciudadano lituano. Una situación corregida en enero de 2019 por la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba reconocer el derecho de residencia a los cónyuges de parejas del mismo sexo, en aplicación de la histórica sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitida meses antes.

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Ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer.

Como anunciábamos en noviembre del año pasado, el parlamento de Alemania ha votado para compensar a los soldados LGTBI por discriminación histórica, pero los activistas dicen que la legislación no va lo suficientemente lejos.

El Parlamento alemán ha aprobado la ley querehabilitará al personal militar que sufrió discriminación por el hecho de ser homosexual. Durante décadas, al amparo del infame artículo 175 que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, los soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la expulsión del ejército, la degradación y trabas a la hora de asumir nuevas responsabilidades. No fue hasta el año 2000 que se derogaron las últimas disposiciones que aún existían contra la comunidad LGTBI en el ámbito castrense. La iniciativa del Gobierno de Angela Merkel, aprobada en el Parlamento, contempla la anulación de las condenas e indemnizaciones de 3.000 euros y se prevé que beneficiará a unas mil personas.

El jueves (20 de mayo), el parlamento votó a favor de la legislación, aprobada por el gabinete en noviembre de 2020, que otorga una compensación a las personas LGBT + que enfrentaron discriminación y acoso mientras servían en la Bundeswehr, las fuerzas armadas de Alemania.

Hasta el año 2000, una política que decía que el personal militar LGBT + debería ser visto como un “riesgo de seguridad” prohibía efectivamente a las personas queer de las fuerzas armadas en Alemania. Según Jurist, a muchos miembros del personal LGBT + se les negaron ascensos, se les dio de baja del servicio o incluso se les condenó por su orientación sexual o identidad de género.

Paso a paso, aunque siempre con demasiado retraso, el Estado alemán avanza en el reconocimiento de las víctimas de la LGTBIfobia legal que imperó en el país durante más de un siglo. En junio de 2017, el Bundestag o cámara baja del Parlamento aprobaba  por unanimidad un proyecto de ley para indemnizar a los condenados por el infame artículo 175 del Código Penal, que durante décadas criminalizó las relaciones consentidas y en privado entre hombres. El texto establece que cada condenado recibirá 3.000 euros por sentencia y 1.500 euros más por cada año que haya comenzado en prisión o en reclusión forzosa en establecimientos psiquiátricos. Casi dos años después, en marzo de 2019, el actual Gobierno ampliaba la lista de víctimas con derecho a indemnización para incluir a los imputados o recluidos en prisión provisional por el artículo 175, aunque hubieran sido finalmente absueltos.

El año pasado, la coalición de democristianos (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) daba un nuevo paso adelante y aprobaba la rehabilitación de los militares afectados por las normas contra las relaciones entre personas del mismo sexo en el ejército, incluido el citado artículo 175. Durante décadas, los y las soldados gais y lesbianas se enfrentaron a la imposibilidad de ascender en la carrera militar, cuando no a la degradación o a la expulsión de la milicia. El artículo 175 no fue completamente derogado hasta 1994, y hasta el año 2000 estuvieron en vigor disposiciones discriminatorias contra los militares homosexuales.

El proyecto de ley promovido por el ministerio de Defensa de Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) contempla la anulación de las condenas dictadas por tribunales militares basadas en dichas normas LGTBIfobas y establece indemnizaciones de 3.000 euros por sentencia. Las indemnizaciones y reparaciones están destinadas a aquellos soldados que se vieron discriminados debido a su condición sexual, ya bien porque fueron expulsados, trasladados, o no contaron con las mismas posibilidades para ascender en el escalafón castrense. Se pueden beneficiar de la medida tanto los miembros del Ejército Federal (Bundeswehr) como los del extinto Ejército Popular Nacional (Nationale Volksarmee, las fuerzas armadas de la desaparecida República Democrática Alemana). Se estima que se recibirán unas mil peticiones.

La ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha reconocido que si bien no se puede reparar “la forma en que estas personas han sufrido”, el Gobierno busca ofrecer una serie de reparaciones con las que “cerrar este oscuro capítulo de la historia de las Fuerzas Armadas. No podemos compensar el sufrimiento que han padecido estas personas, pero queremos dar un ejemplo donde sea posible”, ha dicho Kramp-Karrenbauer a la agencia Red Editorial Alemania (RND, por sus siglas en alemán). La ministra de Defensa cuenta, como hemos recogido en otras ocasiones, con un historial de desprecio hacia la comunidad LGTBI, por lo que su implicación en la medida cobra una especial relevancia.

La iniciativa debía recibir el visto bueno del Bundestag, donde los partidos de la gran coalición cuentan con mayoría absoluta. Ya había cosechado, además, apoyos desde la oposición, tanto de Los Verdes como del FDP.

La nueva legislación reserva un fondo de 6 millones de euros para proporcionar una compensación de 3.000 euros a cada empleado que se enfrente a la discriminación por ser LGBT +, y también les permitirá eliminar las condenas de sus registros.

El año pasado, Annegret Kramp-Karrenbauer, ministra de Defensa de Alemania, dijo: “Sé que no podemos compensar la injusticia personal que sufrieron pero, con el levantamiento de los veredictos y el pago de una indemnización global, queremos enviar una señal de reparación “.

Tras la votación en el parlamento el jueves, Kramp-Karrenbauer tuiteó que la medida mostraría que el ejército alemán “es más abierto, más colorido y más tolerante hoy“.

Der BTag hat die Rehabilitierung homosexueller Soldaten beschlossen. Auch wenn dies allenfalls in Ansätzen wieder gut machen kann, was ihnen damals widerfahren ist, zeigt es klar, dass wir zu unserer Verantwortung stehen und die #Bundeswehr heute offener, bunter & toleranter ist. pic.twitter.com/6uDw15ctfA

— A. Kramp-Karrenbauer (@akk) May 20, 2021

Aunque la legislación es un paso en la dirección correcta, los activistas han dicho que “no va lo suficientemente lejos”. Patrick Dörr, de la Asociación de Gays y Lesbianas de Alemania (LSVD), dijo en un comunicado que la ley “se limita a la compensación simbólica y no cubre toda la discriminación que ha tenido lugar”.

La organización pide un mayor reconocimiento de la discriminación y el acoso que siguió sufriendo el personal militar LGBT +, incluso después de que se levantó la prohibición.

Dörr continuó: “La ley solo cubre la discriminación que tuvo lugar antes del 3 de julio de 2000. Ese día, se derogó un reglamento de servicio que permitía la discriminación contra los soldados queer. Sin embargo, la derogación de una regulación de servicios no es sinónimo del fin de una práctica sistemática de discriminación legitimada por el Estado que ha durado décadas”.

Fuente Pink News/Cristianos Gays

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Igual que el año pasado, ILGA Europa ha emitido por separado su informe anual sobre la situación de los derechos LGTBI en el continente europeo (y Asia occidental) y la clasificación de los distintos países según el grado de adecuación de sus normativas jurídicas al reconocimiento y promoción de los derechos de las personas LGTBI. Por sexto año consecutivo, Malta encabeza la clasificación con amplitud, debido al gran número de medidas legislativas que ha tomado en los últimos años. El año 2020 ha sido prácticamente inoperante en cuando a la implementación de nuevas disposiciones legislativas a favor de los derechos LGTBI en Europa. Ninguna en materia de derechos de las parejas del mismo sexo. En cuanto a la identidad de género, tan solo se puede contar con el reconocimiento legal de las personas no binarias en Islandia. Incluso las disposiciones aprobadas en años anteriores han terminado sin ser finalmente resueltas por expiración de plazos, como en el caso de Noruega, Albania o Ucrania.

Como ocurrió el año anterior, ILGA Europa ha distanciado la publicación de su informe anual sobre los derechos LGTBI en el continente europeo de la elaboración de la clasificación por países. En el informe, publicado en el mes de febrero, destacaba que la pandemia mundial causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad del progreso alcanzado en cuanto a los derechos LGTBI, especialmente vulnerable a la explotación por parte de quienes se oponen a los derechos humanos. Los informes recibidos por ILGA Europa desde los distintos países han señalado un aumento de los abusos y de la incitación al odio contra las personas LGTBI tanto en el ámbito familiar como social, destacando sobre todo la utilización por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de fuerzas políticas para usar a la población LGTBI como chivo expiatorio de la pandemia.

Como herramienta útil complementaria a dicho informe, ILGA Europa ha dado a conocer ahora la clasificación por países y el mapa interactivo, que ofrecen información detallada sobre los derechos LGTBI en el continente. La clasificación de ILGA Europa se basa en un porcentaje en el que influyen todas las medidas implementadas en distintas materias. Este año no ha habido cambios en la valoración de cada apartado, por lo que es más sencilla la comparación con los datos del año anterior. Las medidas respecto a la igualdad y no discriminación son el 25 % de la puntuación total, el derecho de familia representa el 20 %, los crímenes y discursos de odio también son el 20 %, el reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal otro 20 %, las libertades de reunión, asociación y expresión el 8 % y el asilo un 7 %. El porcentaje de consecución de logros en estas materias varía según su ámbito de aplicación sea nacional o territorial. También se debe tener en cuenta que el clima o aceptación sociales no influyen en la calificación de ILGA Europa.

En el apartado del reconocimiento legal de la identidad de género y la integridad corporal, este año se han valorado dos nuevos indicadores: el reconocimiento legal de las personas no binarias y la existencia de procedimientos legales para el reconocimiento del género en menores de edad. Eso ocasiona que suba o baje la puntuación respecto al año anterior aunque no haya habido cambios legislativos, teniendo en cuenta si se cumplen o no con estos nuevos indicadores.

En cuanto a la consecución de logros en los seis apartados mencionados, el conjunto de los países europeos obtiene un porcentaje total del 38 %, mientras que los miembros de la Unión Europea alcanzan el 48 %. Este es el detalle por apartados:

La clasificación de los países europeos

La lista de países europeos según su porcentaje de consecución de los objetivos es la siguiente:

Aquí tenéis también el mapa con los porcentajes obtenidos por cada país (podéis pinchar en él para ampliarlo):

También podéis ver el grado de cumplimiento de los países en cada apartado en este índice (podéis pinchar en él para ampliarlo):

Malta vuelve a encabezar con holgura la clasificación, debido a las grandes medidas legislativas tomadas en los últimos años respecto a la identidad de género, la prohibición de los tratamientos quirúrgicos innecesarios a las personas intersexuales, la adopción homoparental, la prohibición de las terapias de reconversión de la orientación sexual y el matrimonio igualitario. Pero este año sigue incrementando su puntuación hasta alcanzar el 93,78 % de consecución de objetivos, debido a que ha añadido las características sexuales entre los motivos protegidos en su Ley de Refugiados y ha publicado nuevas directrices políticas para las solicitudes de asilo LGBTI. Malta también ha obtenido puntos por cumplir con los nuevos indicadores de ILGA Europa de reconocimiento del género no binario y amparo legal al reconocimiento de género en menores.

La mayor caída en la clasificación en este año es la de Dinamarca, que ha perdido un 3,80 % en la puntuación debido a las irregularidades en el criterio de despatologización, ya que el acceso a la asistencia sanitaria específica para personas trans sigue estando vinculado a una evaluación de salud mental. Georgia también pierde un 3,73 % por la falta de un procedimiento claro para el reconocimiento legal del género y a la arriesgada situación de los defensores de los derechos humanos del colectivo LGBTI en el país. Ucrania baja un 3,5 % gracias a la expiración de los planes de acción del gobierno en materia LGTBI.

ILGA Europa también señala el descenso de Polonia a causa de la pérdida de espacio de la sociedad civil, ya que la policía ataca activamente a las personas LGTBI durante los actos públicos, en lugar de protegerlas. También pierde puntos relacionados con la libertad de expresión, debido a las resoluciones anti-LGTBI aprobadas por los gobiernos locales. Polonia es el país de la Unión Europea que ocupa la peor posición en la clasificación.

Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte mejoran su puntación gracias a la mejora en la libertad de reunión en ambos países.

La situación en España

El año 2020 no hubo ningún avance legislativo de ámbito nacional en España respecto a los derechos de las personas LGTBI. Sin embargo, los nuevos indicadores implementados por ILGA Europa este año han ocasionado que baje el porcentaje de consecución de logros de un 66,82 % a un 64,59 %, ya que España no reconoce legalmente a las personas no binarias. Debido a esto, España baja de la sexta a la octava posición en la clasificación general de este año.

El único avance legislativo reseñado por ILGA Europa es la aprobación de la Ley de Garantía de Derechos de Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales en Cantabria. El hecho que sea un procedimiento legislativo de ámbito local hace que no incida en la puntuación general, puesto que España ya había puntuado por tener legislaciones regionales de este tipo.

Cabe destacar que, mientras que en el resto de apartados España ocupa un lugar entre los diez primeros países en cuanto a la consecución de logros, en el del reconocimiento de la identidad de género baja hasta la 13ª posición. En su informe anual de febrero, ILGA mostraba su preocupación por el incremento de los discursos de odio contra las personas trans en 2020 y el hecho de que un sector del PSOE se haya unido al discurso de odio tránsfobo propio de la ultraderecha, al calificar el derecho de la autodeterminación de género como una amenaza al feminismo y clamar contra la llamada «teoría queer».

Con todo esto en cuenta, ILGA Europa hace las siguientes recomendaciones al Gobierno español:

• Adopción de la Ley Trans para el reconocimiento legal del género a nivel nacional basado en la autodeterminación y libre de requisitos abusivos (como la esterilización, el diagnóstico médico, la intervención quirúrgica/médica o la restricción de edad), incluyendo una opción no binaria o de tercer género y la despatologización de las identidades trans.
• Prohibir las terapias de conversión en todas las regiones.
• Introducir políticas públicas de asilo que contengan una mención expresa a la orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales.

Clasificación en años anteriores

En el primer informe, de 2010, cuando no se valoraban aún las medidas respecto al colectivo trans, Suecia encabezó la lista. En 2011 y 2012, con valoración también respecto a la identidad de género, fue el Reino Unido quien consiguió la mayor puntación. También lo hizo en 2013, cuando se inició el sistema porcentual, en en 2014 y en 2015. En 2016, ya fue Malta quien se hizo con la primera posición, debido a su avanzada legislación sobre identidad de género, puesto que repitió en 2017, 2018, 2019 y 2020. Este año vuelve a situarse en esa posición, incluso incrementando su puntuación, a considerable distancia de los demás. España ha descendido hasta el octavo puesto por su inoperancia legislativa en cuanto a los derechos de las personas trans y la falta de reconocimiento legal de las personas no binarias.

Fuente Dosmanzanas

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La justicia de Taiwán ha concedido por primera vez el derecho a casarse a una pareja del mismo sexo en la que uno de los miembros procede de un país que no reconoce el matrimonio igualitario. Se trata del taiwanés Ting Tse-yen y su novio Leong Chin-fai, procedente de Macao (región administrativa especial de la República Popular China). El activismo confía en que la sentencia allane el camino para la superación de esta limitación, impuesta en la ley de matrimonio igualitario que aprobó el Parlamento de Taiwán en mayo de 2019. El país se convirtió en el primero, y por ahora único, del continente asiático en garantizar el derecho de todas las parejas a casarse con independencia del sexo de los contrayentes.

En mayo de 2017, la Corte Constitucional de Taiwán emitía un fallo histórico en el que instaba al Yuan Legislativo (el parlamento taiwanés) a legalizar el matrimonio igualitario en un plazo de dos años. Si no se producía la reforma por la vía legislativa tras un periodo de dos años, la sentencia decretaba que a partir de mayo de 2019 las parejas del mismo sexo podrían comenzar a registrar sus matrimonios automáticamente. Comenzaba entonces la movilización de los grupos anti-LGTBI, articulados en torno a la denominada «Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación», un conjunto de grupos religiosos que reunieron las firmas suficientes para promover la celebración de un referéndum sobre la materia.

El referéndum, que constaba de varias preguntas, tuvo lugar en noviembre de 2018 y los grupos LGTBIfobos, que llevaron a cabo una muy agresiva campaña y que contaron con importantes apoyos económicos, consiguieron más votos (ello a pesar de que las encuestas muestran que el matrimonio igualitario cuenta con el apoyo de una mayoría de los taiwaneses). Así, por ejemplo la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo recibió 3.250.165 votos a favor y 6.701.859 en contra (el censo electoral era de 19.757.067 votantes). Un resultado que entraba en colisión con las disposiciones constitucionales y legales que el Gobierno estaba obligado a resolver.

Finalmente el Gobierno de Taiwán, del Partido Progresista Democrático, optó por evitar que se agotase el plazo concedido por la Corte Constitucional y presentó ante el Yuan Legislativo un proyecto de ley muy medido en su lenguaje. Por ejemplo, el lugar de llamarlo proyecto de ley de matrimonio, la norma se presentó bajo el aséptico título de «Ley parlamentaria de ejecución de la interpretación judicial nº 748». No era, además, un proyecto de ley de simple reforma de las leyes de matrimonio vigentes para abrirlas por defecto a todas las parejas, sino un texto legal específico. El proyecto autoriza a las parejas del mismo sexo a registrarse como matrimonios y les concede el estatus legal de esposos, aunque limita algunas cuestiones.

Entre ellas, que las parejas del mismo sexo seguirán sin poder adoptar conjuntamente hijos con los que no tengan relación biológica ni se habilitarán como «parejas infértiles» a efectos de acceso a los procedimientos de reproducción asistida. Los taiwaneses, además, no podrán contraer matrimonio con extranjeros de su mismo sexo a menos que sus países de origen reconozcan también el matrimonio igualitario. El texto fue finalmente aprobado en tercera lectura el 17 de mayo de 2019, por 66 votos a favor (varios de ellos procedentes del Partido Nacionalista Chino o Kuomintang, principal fuerza opositora) y 27 en contra. La ley entró en vigor el 24 de mayo del mismo año.

Pocos meses después, la pareja formada por el taiwanés Ting Tse-yen y el macaense Leong Chin-fai, recibía la negativa de la administración a su solicitud para contraer matrimonio. El motivo, que Leong procede de Macao, una región administrativa especial de la República Popular China en la que (como en el resto del país) no están permitidos los matrimonios entre personas del mismo sexo. Ting y Leong recurrieron a la justicia y, el pasado 6 de mayo, la Alta Corte Administrativa de Taipei les dio la razón.

Se trata de la primera vez que los tribunales amparan a una pareja binacional del mismo sexo, un hito que el activismo taiwanés ha celebrado como una primera victoria hacia la supresión de esta cláusula discriminatoria con respecto a las parejas de distinto sexo. Ting y Leong, que han fundado un grupo para asistir a otras personas en su misma situación, confían en que la sentencia siente un precedente para estos taiwaneses que quieren contraer matrimonio con sus parejas del mismo sexo procedentes de Japón, Tailandia, China o Vietnam.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Adopción, Alianza para la Felicidad de la Próxima Generación, China, Discriminación, Familia, Homofobia, Homoparentalidad, LGTBIfobia, Macao, Matrimonio, Partido Nacionalista Chino (Taiwán), Partido Progresista Democrático (Taiwán), Religión, Taiwan, Tsai Ing-wen, Uniones Civiles, Vietnam

Importante medida a favor de las personas LGTBI por parte de la administración del presidente de Estados Unidos Joe Biden. El departamento de Salud ha anunciado la recuperación de la protección antidiscriminatoria en la prestación de servicios sanitarios a las personas trans, intersexuales y de género no binario. Se trata de una nota aclaratoria que el expresidente Barack Obama añadió a su reforma sanitaria, conocida como Obamacare, en 2016. Cuatro años después, la administración Trump decidió anular la orden de Obama, dando vía libre a la exclusión de pacientes basada en su identidad de género del sistema de salud. La medida se cuenta, junto con la reversión de la prohibición de servir en el Ejército, entre las principales iniciativas aprobadas por Biden para restablecer la igualdad de la comunidad trans.

En 2010, la administración de Barack Obama impulsó una de sus medidas más emblemáticas, la Ley de Protección al Paciente y de Cuidados Asequibles (más conocida como Obamacare). La nueva regulación prohibía la discriminación basada en la raza, el color de la piel, el origen nacional, la discapacidad, la edad o el sexo en cualquier programa o actividad sanitaria que reciba financiación federal. En 2016, durante el segundo mandato de Obama, se añadió una nota aclaratoria para explicar que la categoría protegida «sexo» debía entenderse como «la percepción interna de género de cada cual, que puede ser masculino, femenino, ninguno de los dos o una combinación de masculino y femenino».

La reforma tenía el objetivo de proteger contra la discriminación basada en la identidad de género y prohibir a los profesionales médicos, instituciones y aseguradoras la exclusión de las personas trans o intersexuales en el acceso a la asistencia sanitaria y a los tratamientos necesarios. El texto fue objeto de demandas legales y varios jueces se pronunciaron a favor y en contra. Con la llegada al poder de Donald Trump, se paralizó la aplicación de la medida hasta su completa abolición que ha llegado esta semana.

En 2019 se produjo el primer intento de consolidar sobre el papel lo que ya se estaba aplicando en la práctica, pero fue en junio de 2020, coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque en Orlando, cuando la administración Trump consagró la anulación de la reforma de Obama. Con la nueva definición, la categoría de «sexo» pasaba a entenderse como «masculino o femenino y determinado por la biología», excluyendo por tanto de la protección antidiscriminatoria a las personas trans, intersexuales o de género no binario. El Centro Nacional por la Igualdad Transgénero lamentó que tal retroceso llegara además en plena crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus y advertía de que los profesionales médicos podrían rechazar legalmente tratar a pacientes de COVID-19 solo por ser personas trans.

Desde el pasado lunes 10 de mayo, sin embargo, esta posibilidad queda de nuevo descartada. El departamento de Salud y Servicios Humanos, dirigido por el secretario Xavier Becerra, anunció que la medida regresiva de la anterior Gobierno republicano queda revertida y se recupera el texto aprobado por Obama en 2016. La administración Biden vincula esta decisión con la sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2020 que prohibió la discriminación laboral de la población LGTBI y aclara que los artículos correspondientes del Obamacare que hacen referencia al sexo se interpretarán en un sentido amplio que incluya la orientación sexual y la identidad de género.

La decisión es la segunda de gran calado que afecta a la comunidad trans desde la llegada al poder de Joe Biden en enero de este año. La primera de ellas fue, en realidad, otra rectificación de la anterior administración: la revocación de la prohibición a las personas trans de servir en el Ejército estadounidense. Una de las medidas estrella de la administración Trump, que puso a la comunidad en su punto de mira con el intento indisimulado de suprimir su existencia jurídica. Un ataque a la igualdad y el reconocimiento de las personas trans que Biden ahora ha empezado a revertir.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Barack Obama, Centro Nacional por la Igualdad Transgénero (Estados Unidos), Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos (HHS), Discriminación, Donald Trump, Estados Unidos, Género no binario, Intersexualidad, Joe Biden, LGTBIfobia, Orlando, Personas trans, Salud, Transfobia, Xavier Becerra

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Que España no es país para viejos es algo que tristemente hemos podido comprobar en estos meses de pandemia. Pero si además eres una persona LGTBIQ de la tercera edad, tu panorama es un poco más gris si cabe. ¿Cómo vivir tu identidad y/o tu sexualidad en una residencia de ancianos?

Personalmente nunca me he imaginado de vieja en esta situación, pero sí que he ido a visitar a mi abuela a una residencia y he visto cómo es la vida allí, las comidas, lo de compartir habitación, los guateques… y bueno, tal y como están concebidas, presentan numerosos retos y barreras para las personas LGTBIQ+.

Porque como comunidad y sociedad hemos de pensar en el trato que les damos a nuestros mayores y la problemática extra que se presenta a las personas LGBT+ y su casuística/necesidades particulares. Y eso sin hablar de las personas con HIV/SIDA, que como sabéis aunque no tiene que ver con ser LGTBIQ+, sí que golpeó con fuerza especialmente entre hombres homosexuales en la década de los 80 – 90. Afortunadamente, alguien ya ha pensado en esto y se ha puesto a trabajar en ello.

Allí, cuestiones como ir al aseo sin que te pregunten si estás yendo al que te corresponde, ligotear en las habituales actividades de bailes, que te miren raro por coger de la mano a alguien, o compartir habitación con tu pareja, que casualmente es también una mujer, no sería visto como algo anómalo, incluso como una aberración. Aunque claro, estas residencias también presentan sus retos a la convivencia.

Pero ¿es verdaderamente una solución o es un «ghetto»? (perdón por la expresión). Quiero decir, estamos en pleno siglo XXI, ¿es mucho pedir que una persona pase sus últimos días en un centro cuidado con respecto y dignidad? ¿Que tenga miedo a decir lo que es y siente?

Los avances y la realidad de hoy en día – aunque todavía lejos de una igualdad real – están muy lejos de la vida de hace décadas, de épocas de represión, de leyes de vagos y maleantes… aunque esos ancianos y ancianas LGTBIQ+ han nacido, crecido y vivido en sus carnes esa crudeza social e institucional, ese estigma.

Qué menos que exigir que el personal de las residencias esté preparado, no solo a nivel sanitario, sino a nivel humano para . Pero claro, también convivirían con personas «de aquella época». Y aquí hay de todo. ¿Es una quimera vivir tu vida con tranquilidad y respeto si no eres una persona hetero y cis?

Por Eva Rodriguez de Luis

Fuente AmbienteG

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Mayores LGTBI, Residencias

Excelentes noticias desde Croacia. El Tribunal Administrativo de Zagreb, la capital del país, ha sentenciado que las parejas del mismo sexo en una unión civil tienen derecho a participar en los procesos de adopción en igualdad de condiciones con los matrimonios. El fallo, que aún no es firme, culmina la batalla legal de Ivo Šegota y Mladen Kožić, que se convirtieron el año pasado en la primera familia homoparental en acoger a dos menores. Croacia aprobó en 2014 una ley de uniones civiles para las parejas del mismo sexo después de blindar en su Constitución una definición excluyente del matrimonio por la vía del referéndum.

En 2016, Ivo Šegota y Mladen Kožić iniciaron los trámites para adoptar. La negativa de las autoridades a conceder este derecho a las parejas del mismo sexo en una unión civil motivó a ambos a intentar la vía de la acogida. Tras conseguir su certificado de idoneidad para acoger tras una completa evaluación de su historial, el Centro de Bienestar Social rechazó su solicitud bajo el pretexto de que la legislación sobre acogida limita esta posibilidad a matrimonios (heterosexuales), parejas no casadas o personas solteras, pero no menciona expresamente a las parejas unidas civilmente.

Šegota y Kožić recurrieron entonces a la justicia, y en diciembre de 2019 consiguieron su primera victoria. El Tribunal Administrativo de Zagreb anuló, en una sentencia firme, las decisiones administrativas contrarias a la acogida por parte de la pareja. Se basó para ello en la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe implícitamente la discriminación basada en la orientación sexual. Sorprendentemente, el Centro de Bienestar Social ignoró el fallo y denegó una vez más la concesión de la acogida.

El caso pasó al Tribunal Constitucional, la máxima instancia judicial del país. En una sentencia emitida el pasado 7 de febrero, los jueces del alto tribunal dictaminaron que las parejas del mismo sexo tienen derecho a la igualdad de trato en el acceso a la acogida de menores. El fallo establece que la legislación vigente «produce consecuencias discriminatorias contra las personas del mismo sexo que viven en pareja de manera registrada o informal, lo cual es constitucionalmente inaceptable».

Tras la sentencia del Constitucional, sin embargo, la concesión de la acogida no fue automática. El ministerio de Familia tuvo que anular primero la decisión del Centro de Bienestar Social contraria a la solicitud de Šegota y Kožić. Los trámites administrativos se demoraron varios meses hasta que, a principios de septiembre, el presidente de la Rainbow Family Association Danijel Martinović anunciaba por fin que los dos menores ya se encontraban bajo el amparo de la pareja. Para preservar la intimidad de la familia, los padres de acogida declinaron hacer declaraciones a los medios.

La batalla legal de la pareja, sin embargo, no se acababa ahí. Con ayuda de la Rainbow Family Association, siguió litigando por el derecho a acceder a la adopción completa y el pasado 21 de abril consiguió finalmente la sentencia por la que tanto había luchado. El Tribunal Administrativo de Zagreb, la misma instancia que había abierto la puerta a la acogida, decretó que excluir a las parejas del mismo sexo en una unión civil del acceso a los procesos de adopción es discriminatorio. La sentencia no es firme hasta 15 días después de que llegue la notificación al Gobierno, que ha afirmado en un comunicado que no se pronunciará sobre la misma hasta que sea final e inapelable. Cuando entre en vigor, Croacia se convertirá en el 14º Estado miembro de la Unión Europea en el que la adopción está abierta a las parejas del mismo sexo y el único de ellos en el que siguen teniendo vetado el acceso al matrimonio.

Croacia: pasos adelante, pasos atrás

De los países balcánicos, Croacia es uno de los que más pasos ha dado en favor de los derechos LGTBI, pero no sin traumas. En el año 2014 el Parlamento croata aprobaba una ley de uniones entre personas del mismo sexo después, eso sí, de que mediante la celebración de un referéndum se oficializase la discriminación de estas parejas en la Constitución en su acceso al matrimonio.

Un referéndum al que en su momento se opusieron tanto el entonces presidente del país, Ivo Josipović, un importante aliado de la comunidad LGTBI, como el Gobierno croata, entonces en manos socialdemócratas. Pero no conviene olvidar que Croacia es un país en el que la Iglesia católica, que hizo campaña activa en favor de la discriminación, conserva todavía una importante influencia social. Así lo ha demostrado, por ejemplo, apoyando manifestaciones contra el Convenio de Estambul contra la violencia de género por temor a que sirva para favorecer derechos LGTBI.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Acogida, Adopción, Adopción Homoparental, Croacia, Danijel Martinović, Discriminación, Familia, Ivo Josipović, Ivo Šegota, Matrimonio, Mladen Kožić, Rainbow Family Association, Tribunal Constitucional de Croacia, Uniones Civiles

Nadim, voluntario de la organización benéfica de asilo LGBT + African Rainbow Family. (Suministrado)

Una organización benéfica de asilo LGBT + dice que la pandemia ha ejercido aún más presión sobre las personas vulnerables que quedan aisladas, hambrientas y en apuros.

A principios de este año, African Rainbow Family fue uno de los grupos que recibió fondos de Black Lives Matter UK, ya que comenzó a distribuir las £ 1.2 millones en donaciones que recibió luego de las protestas generalizadas en el verano de 2020.

African Rainbow Family es una organización benéfica dirigida por voluntarios que ofrece apoyo urgente a los solicitantes de asilo queer de ascendencia africana y otras comunidades negras y asiáticas. Fue establecido en 2014 por una lesbiana en respuesta a leyes “tóxicas y draconianas” en los países africanos que se encuentran en la Commonwealth. En los últimos años, su trabajo se ha vuelto cada vez más crucial.

Según cifras experimentales del Ministerio del Interior, en 2019 se presentaron 1.212 solicitudes de asilo basadas en la orientación sexual, lo que representa el tres por ciento de todas las solicitudes. Ese año, la tasa de subvenciones para las solicitudes de asilo LGB fue del 46%, seis puntos menos que la tasa general. Esta fue una mejora en los últimos años (la tasa se redujo a solo el 22 por ciento en 2017), sin embargo, sigue habiendo llamamientos generalizados para una revisión importante de la forma a menudo cruel en que el Ministerio del Interior trata a las personas queer que buscan asilo.

En julio de 2020, investigadores de la Universidad de Sussex encontraron una “cultura de incredulidad” generalizada contra los solicitantes de asilo LGBT + tanto en el Reino Unido como en Europa. Siguió a una revelación de 2019 de que el Reino Unido había rechazado al menos a 3,100 personas que habían huido de países donde ser queer es ilegal y buscaban asilo sobre esta base.

Las personas LGBT + que buscan asilo se han enfrentado a burlas y burlas durante los procesos del Ministerio del Interior, se les ha dicho que “no son lo suficientemente homosexuales” para justificar el asilo o que no pueden ser lesbianas porque también son cristianas.

Incluso antes de llegar a este punto, muchos se quedan en el limbo durante años. “Tenemos algunas personas que han estado esperando cinco años”, dice Nadim Uddin, uno de los voluntarios de African Rainbow Family.

El propio Nadim ha estado esperando varios años por su decisión de asilo. Es gay y originario de Bangladesh, donde la homosexualidad es ilegal, y como la mayoría de los voluntarios de la organización benéfica, “sabe cómo se siente vivir en la incertidumbre”.

Aquellos que están esperando una decisión pueden pedirle al gobierno un lugar para vivir, pero no tienen opción en qué parte del país se encuentra, lo que potencialmente los separa de sus seres queridos. También pueden reclamar algo menos de £ 40 a la semana, lo que equivale aproximadamente a £ 5 por día para alimentos, ropa, medicamentos y artículos de tocador esenciales. Algunos, como aquellos a quienes se les ha negado el asilo y también han rechazado la vivienda ofrecida por el Ministerio del Interior, no obtienen nada. Y, salvo en circunstancias limitadas, hasta que se conceda el asilo, una persona no puede trabajar legalmente para ganarse la vida.

“Mucha gente solía obtener alimentos de los bancos de alimentos o de organizaciones benéficas”, explicó Nadim. “Quizás de amigos u otras personas. Pero cuando llegó el COVID, todos los bancos de alimentos cerraron. La mayoría de ellos son de África o Asia y tienen diferentes necesidades alimentarias “.

Nadim, un hombre delgado de Bangladesh con una camiseta blanca y gafas de sol, de pie frente a una bandera del arco iris con un cartel que dice: “El coronavirus no valida su racismo para las personas LGBT +”.

No se trata solo de comida. Algo tan simple como poder llamar a un ser querido significa poder comprar crédito telefónico. Ver una película en Netflix o unirse a una llamada de Zoom, cosas que ayudan a muchas personas a combatir la soledad y el estrés en el encierro, son imposibles si no tiene forma de acceder a Internet. Comprar desinfectante de manos, cubiertas faciales y productos de higiene cuesta dinero.

El encierro fue estresante para todos, dice Nadim. “Pero si tiene acceso al teléfono y tiene suficiente dinero para hacer llamadas telefónicas, si no puede ver a sus seres queridos pero al menos puede hablar con ellos, [las cosas son más fáciles]”. Algunos miembros de la familia African Rainbow tienen una relación, pero debido a que no tienen otra opción en el alojamiento del gobierno, “uno podría estar viviendo en Cardiff y el otro en Escocia. Sentarse en casa, no hacer nada, no poder conocer a nadie, no tener crédito telefónico para hablar entre ellos, es estresante”, agrega.

La organización benéfica ha estado recaudando fondos durante la pandemia. Ha podido pagar £ 35 por semana a entre 70 y 100 de sus miembros más vulnerables que no reciben fondos del gobierno, con £ 10 adicionales por mes para comprar crédito telefónico. Ha organizado noches de karaoke Zoom y otros eventos en línea para ayudar a la salud mental de las personas y, en la medida de lo posible, ha intervenido para comprar tabletas o dispositivos digitales. Durante el encierro, también se ofrece asesoramiento y sesiones grupales. Pero solo puede hacer mucho con los fondos y recursos limitados que tiene.

“Estamos tocando todas las puertas para ver quién puede ayudarnos“, dice Nadim. Actualmente, la organización benéfica tiene sucursales en Londres, Manchester, Birmingham y Leeds, pero idealmente operaría en todas las ciudades del Reino Unido, con personal remunerado, y podría apoyar a “tantas personas como sea posible. Queremos seguir ayudando a las personas hasta que nuestro trabajo ya no sea necesario”, dice Nadim. “Estas personas son las más vulnerables. No tienen derecho a trabajar, no tienen acceso a nada. No importa cuál sea tu estatus migratorio, tu estatus legal es, eres un ser humano. Al menos debería poder tener suficiente comida para comer todos los días. No queremos que nadie duerma con el estómago vacío “.

Puede apoyar a African Rainbow Family a través de GoFundMeo directamente a través de  su sitio web, que tiene detalles para configurar donaciones regulares, pagos de PayPal y transferencias bancarias.

Fuente Pink News

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La igualdad matrimonial está un paso más cerca en la República Checa. La Cámara de Diputados del país centroeuropeo ha aprobado en primera lectura una proposición de ley, presentada hace casi tres años, para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. La votación supone la admisión a trámite de la medida, que se discutirá ahora en la correspondiente comisión parlamentaria. Para convertirse en ley, deberá superar una segunda y tercera lectura, la aprobación en el Senado y la firma del presidente. Para más contrariedad, los diputados han aceptado también la tramitación de una reforma para blindar a nivel constitucional el matrimonio excluyente.

La proposición de ley para legalizar el matrimonio igualitario en Chequia fue registrada en la Cámara de Diputados el 22 de junio de 2018. Se trata de una reforma del Código Civil por la que las parejas del mismo sexo tendrían acceso al matrimonio en igualdad de condiciones que las de distinto sexo. Por su parte, desaparecería la institución de la «pareja registrada» (registrované partnersví) que desde 2006 concede algunos derechos a las parejas del mismo sexo: «El principio fundamental de la reforma legal propuesta es proporcionar a las parejas del mismo sexo y sus hijos la misma dignidad y protección de la vida familiar que por ley viene proporcionada a los esposos y sus hijos, y con ello garantizarles una posición igual no sólo en la sociedad sino también ante la ley», se afirma en la exposición de motivos del proyecto.

La proposición la presentaron 46 diputados (de los 200 que componen la Cámara) de diferentes partidos políticos. Entre ellos ANO, la formación de corte liberal-populista que lidera el Gobierno y cuyo nombre en checo por cierto significa literalmente «sí». También apoyaron la medida miembros del Partido Pirata, la formación más claramente proLGTBI del espectro político checo, así como del KSČM (comunistas), ČSSD (socialdemócratas), TOP 09 (liberal-conservador) y STAN (regionalistas). No se unió, en cambio, ningún representante de ODS (conservadores), SPD (ultraderecha xenófoba) y KDU-ČSL (democristianos). Especialmente relevante fue el apoyo explícito del Gobierno de coalición entre ANO y ČSSD, que permitía un cierto optimismo sobre las perspectivas de aprobación.

Tras dos debates infructuosos en noviembre de 2018 y marzo de 2019, sin embargo, la continuación de la tramitación de la medida quedaba pospuesta sine die. Un estancamiento en el que fue determinante no tanto la oposición esperada de los partidos de derecha y ultraderecha, sino sobre todo la falta de compromiso verdadero de los partidos teóricamente favorables, con diputados que incluso se ausentaron de los debates. El pasado jueves, más de dos años después, la propuesta consiguió una mayoría en la Cámara de Diputados en primera lectura que le permite continuar su tramitación en comisión parlamentaria, donde se discutirá durante los próximos 80 días.

A continuación, volverá al pleno de la Cámara, donde se someterá a una votación en segunda lectura. Los diputados también pueden presentar una propuesta para rechazar el proyecto de ley, que se votaría en la tercera lectura, o una propuesta para devolver el proyecto de ley a la comisión para su reconsideración. Si el texto no se rechaza ni se devuelve a comisión, se procede a la tercera lectura, en la que se votan las posibles enmiendas presentadas y el proyecto en su conjunto. Los plazos indican que se podría llegar a este punto este mismo año, con la salvedad de que en octubre se celebran elecciones legislativas que podrían paralizar todo el proceso.

Tras una eventual aprobación en la cámara baja, el texto pasaría al Senado para su aprobación y, por último, al presidente de la República Miloš Zeman para que lo ratificara con su firma. Lo cual tampoco estaría garantizado, toda vez que Zeman adelantó en 2019 que vetaría una ley de matrimonio igualitario que llegara a su mesa. El veto del presidente puede ser revocado con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, como ocurrió en 2006 cuando el expresidente Václav Klaus rechazó firmar la ley de uniones civiles.

Hay un escollo adicional: los contrarios a la igualdad consiguieron el mismo jueves que su propuesta de blindar a nivel constitucional el matrimonio excluyente también recibiera el visto bueno de la Cámara de Diputados para su tramitación en comisión. Aunque la iniciativa tiene pocos visos de prosperar, podría entorpecer y alargar el debate del matrimonio igualitario. En definitiva, se abre un proceso aún largo e incierto pero que el activismo checo ha recibido con optimismo por el hito que supondría la entrada en vigor de la igualdad matrimonial por primera vez en un país del antiguo bloque del Este.

República Checa y derechos LGTBI: una situación prometedora

Ya en ocasiones anteriores ha sido noticia este país por noticias favorables para el colectivo LGTB. Por ejemplo, en julio de 2017 el Tribunal Constitucional dictaminaba el reconocimiento de la paternidad para los dos miembros de una pareja del mismo sexo cuando esta se encuentra reconocida en el extranjero. La decisión se produjo tras el recurso de una pareja formada por un ciudadano checo y un ciudadano danés, quienes contrajeron matrimonio en Estados Unidos y fueron padres por gestación subrogada en California. Esta sentencia se sumó a otras anteriores que iban también en la línea de la progresiva equiparación. También fue el Tribunal Constitucional checo el que en 2016 levantó la prohibición de adoptar niños de forma individual para las personas que conviven en una unión civil (posible para parejas del mismo sexo). Estaremos pendientes del desarrollo del actual proceso legislativo para ver si está en sintonía con estas positivas decisiones judiciales.

Fuente Dosmanzanas

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Más del 70%  experimentó problemas psicológicos debido a la discriminación o los delitos, a un punto que el 31,8% intentó suicidarse o tuvo ideas suicidas, al 20,6% le quedaron marcas en el cuerpo y el 33,9% vivió  problemas sexuales. Los dramáticos abusos; que en su casi totalidad no se denuncian;  son parte del primer estudio desarrollado por la Subsecretaría de Prevención del Delito junto al Movilh y otros colectivos.

La Subsecretaría de Prevención del Delito  (SPD), el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Organización Trans de Rancagua e Iguales lanzaron hoy la primera encuesta estatal sobre la discriminación y violencia que afecta a las personas LGBTIQ+ en razón de su orientación sexual o identidad de género.

Se trata del sondeo “más grande y representativo emprendido por el Estado, en alianza con la sociedad civil, pues fueron encuestadas un total de 3.271 personas. Valoramos que la Subsecretaría de Prevención del Delito, con Katherine Martorell a la cabeza, impulsara esta iniciativa. Los resultados son dramáticos, pues reflejan de manera clara y contundente el drama y la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en Chile y la necesidad de implementar con urgencia medidas contra la discriminación”, dijo el vocero del Movilh, Óscar Rementería, cuya organización atiende en más del 92% de las denuncias por homofobia o transfobia conocidas en el país.

Añadió que “esperamos que todos los ministerios del Gobierno, así como los poderes Legislativo y Ejecutivo, tomen nota de estos tristes y dolorosos resultados e implementen políticas públicas y leyes para prevenir y erradicar la discriminación y los delitos. Aquí la reforma a la Ley Zamudio, que tramita el Senado, es de suma relevancia. Esperamos y exigimos  que esta reforma contemple una institucionalidad anti-discriminatoria”.

Del mismo modo “llamamos a las personas LGBTIQ+ a denunciar los atropellos, a perder el miedo. Esto porque apenas el 4,3% denuncia la discriminación y solo  el 9,2% reporta los delitos. Es decir, que la casi totalidad de quienes ven vulnerados sus derechos, no tienen ninguna posibilidad de alcanzar justicia, lo cual es gravísimo y preocupante”.

El “Estudio exploratorio de discriminación y violencia hacia las personas LGBTIQ+” fue aplicado entre los pasados 14 de octubre y 15 de diciembre, siendo el instrumento diseñado por la SPD y el Movilh, con el apoyo de la Organización Trans de Rancagua e Iguales.

Del total de personas encuestadas, el 57,5% tiene entre  18 y 30 años; el 23,1%, entre 15 y 17 años; el 11,4%, entre 31 y 40 años; y el 7,9%, más de 41 años.

El 41.9% de los encuestados es hombre; el 58%, mujer y  el 0,1%, intersex. En cuanto a la orientación sexual, el 31,5% se declaró gay; el 30,4%, bisexual; el 18,2%, lesbiana; el 11% heterosexual; y el 9%, bisexual. En tanto, la identidad de género del 57,6% es cisgénero; seguido por “otros” (17,7%); no binarios (17,4%) y trans (7,3%)

Discriminación a  personas LGBTIQ+

En torno a la percepción de la discriminación, el 71,8% cree que en Chile los derechos de las personas LGBTIQ+ se respetan “poco”; el 25%, “algo” y el 3,1%, “mucho”, cifras explicadas por los graves episodios de homo/transfobia vividos a nivel individual.

En efecto, el  89.3% ha sufrido discriminación al menos una vez en su vida y el 64,4% experimentó lo mismo en el último año. Al considerar exclusivamente a las personas trans, las cifras son de 94,1% y 85,5%, en forma respectiva.

A lo largo de su vida el 76.9% fue discriminado/a con insultos; seguido por gritos y hostigamientos (64,5%); imposiciones para cambiar de apariencia (48.7%); falta de respeto a la identidad de género (28.8%); sanciones por expresar la orientación sexual o identidad de género (22,9%); expulsión o negación de entrada a algún lugar (18.5%); obligación para someterse a pruebas o test de VIH  o ITS (7,3%);  negación o obstáculos para registrar la identidad de género (4,5%); negación de entrega de retrovirales (1,2%) y  dificultades para ejercer el derecho a voto (0.9%). Además, y al considerar exclusivamente a  personas trans, al 61,9% las ridiculizaron llamándolas  en voz alta por su nombre legal y al 9,2% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.

En tanto, en el último año la discriminación se expresó en insultos (49,1%); gritos u hostigamientos (35%); obligación para cambiar de apariencia (26,2%); falta de respeto a la identidad de género (18,4%); sanciones por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual (7,8%); expulsión o prohibición de entrada a algún lugar (6,6%); obligación para someterse a pruebas de VIH o ITS (2,9%); negación  o dificultad para el registro de la identidad  (2,4%);  negación para la entrega de retrovirales (0,7%); obstáculos para ejercer el derecho a voto (0,4%).  En el mismo período, al 45,2% de las personas trans las ridiculizaron llamándolas en voz alta por su nombre legal y al 5,9% le negaron la entrega de reemplazo hormonal.

Las diferentes formas de discriminación ocurrieron en espacios públicos como calles y parques (53,4%); en el hogar (44,7%); en redes sociales (41,2%); en espacios educativos (38%); en casa de familiares (29,8%); en el transporte público (21,7%); en el barrio (19,1%); en espacios religiosos o lugares de culto (18,7%); en espacios comerciales (18,4%); en instituciones públicas (12,6%); en el lugar de trabajo (12,3%); en carabineros (10,3%); en el servicio público de salud (8,5%); en un club, discoteca o bar (7.6%); en protestas o manifestaciones (6,5%);  en servicios o empresas privadas (5,6%); en servicios privado de salud (5,3%); al arrendar o comprar un producto o servicio (5,3%); en un servicio privado de transporte (4,2%); en gimnasios o centros deportivos (2,5%); en un evento LGBTIQ+ (1,9%); en club, pub o discoteca para LGBTIQ+ (1,8%); en instituciones financieras (1,7%); en la PDI (1,4%) y en instituciones penitenciarias (0,6%).

Los principales responsables de la discriminación en el último año fueron desconocidos (57.9%); familia nuclear (44,1%); familia extendida (30.6%); compañeros de estudios (25.7%); miembros de comunidades religiosas (25,7%); directores, docentes, auxiliares (23%); amigos o conocidos (19.6%); funcionarios de carabineros (11,7%);  grupos anti-LGBTIQ+ (11,2%); funcionarios públicos (11%), compañeros de trabajo (8.9%), personal de salud (8.7%), jefes/as (8.2%); pareja o ex pareja (7.2%); familiares de (ex) pareja (5,9%); funcionario privado (5,5%); clientes o pacientes (4.4%), personas LGBTIQ+ (3.9%), miembros de las Fuerzas Armadas (3,8%) y  funcionarios de la PDI (1,7%).

En concordancia, el 36% cree que donde más las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación es en los espacios públicos (calles o parques), seguidos por la familia nuclear (padre, padre, hermanos) con el 15.6%; el ámbito educacional (14,8%), lugares religiosos o de culto (9.8%); en la familia extendida (abuelos, tíos sobrinos) con el 8.6%; en el campo laboral (7,8%); en instituciones de seguridad pública (3,9%);  en servicios de salud pública (2,3%); en el barrio (0,4%); en medios de transporte (0,4%) y en comercio o servicios privados (0.4%).

Tras los episodios de la discriminación el 75% sintió miedo, ansiedad o angustia, seguido por auto-represión para expresarse libremente (70,5%); problemas para concentrarse, recordar detalles o tomar decisiones (32,5%); ideas suicidas o intento de suicidio (31,8%); problemas para dormir (30,7%); dejar de vestirse o maquillarse de la manera como gusta (30,1%); aislamiento del resto de la sociedad (29%); dejar de salir (29%);  dejar de ver a familiares o amigos (27.3%) y dejar de participar en actividades que gustan (27.1%).

Pese a todo, apenas el 4,3% reportó o denunció la discriminación. El 31,5% no denunció porque consideró que lo ocurrido no era “lo suficientemente grave”; el 22.9% porque estima que la policía no hubiera hecho nada; el 11% porque no cree que sirva de algo; el 9.3% porque desconocía cómo o donde denunciar; el 9,1% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género; el 5,1% por miedo a más discriminación; el 4,1% porque no pudo identificar a los agresores, el 3.7% porque le daba vergüenza; y el 3,2% por miedo a represalias.

Victimización en personas LGBTIQ+

En torno a la victimización, el 62,3% ha sufrido de delitos al menos una vez en su vida y el 49,3% en el ultimo año. Al considerar exclusivamente a la población no binaria, las cifras son de 73.9% y 54,9%, en forma respectiva, mientras en el caso de las personas trans el 61,9% fue víctima de delitos al menos una vez en su vida y el 62,8% en el último año.

A lo largo de su vida el  38,2% fue víctima de delitos cibernéticos, como hostigamientos en redes sociales, seguido por amenazas físicas (33,7%);  amenazas sexuales (19,9%); ataques físicos (19,6%); ataque sexual (18,5%);  asalto con violencia, amenaza o intimidación (16,3%);  terapias o violaciones correctivas (8,8%), daños a la vivienda (2,6%) y  daños a vehículo (2%).

En tanto, en el último año el 22,2% sufrió delitos cibernéticos; el 10,9% recibió amenazas físicas y el 5,5%, amenazas sexuales; el 4,2% fue asaltado con violencia o intimidación; el 4% fue atacado físicamente; el 3,6% fue atacado sexualmente; el 2% fue víctima de terapias o violaciones correctivas; al  1,2% le dañaron su vivienda y al 0,8% su automóvil.

En el último año los delitos ocurrieron en espacios públicos (30,6%), seguido por redes sociales (17.2%); en el hogar (12,5%); en el barrio (12,5%); en el transporte público (12,4%); en recintos educativos (10%); en espacios comerciales (7%); en hogar de familiares (6,3%); en carabineros (5,7%); en espacios religiosos o de  culto (5,1%); en clubes, discotecas o bares (4,7%); en instituciones públicas (3,3%); en servicios públicos de salud (2,8%); en el trabajo (2,7%); en una protesta o manifestación (2,5%); en servicio privado de salud (1,6%); en servicios de transporte privado (1,6%); en club, discoteca o bares para LGBTQ+ (1,3%);  en servicios o empresas privadas  (1,2%); en la PDI (1,1%); en gimnasios o centros deportivos (1%); en un evento LGBTIQ+ (0.8%); al arrendar o comprar un producto o servicio (0.8%) y en instituciones penitenciarias (0,5%) y  financieras (0,4%).

Los responsables de estos abusos fueron desconocidos (75%), seguidos por amigos o conocidos (18,5%); grupos Anti-LGBTIQ+ (17.3%);  compañeros/as de estudio (17.2%); miembros de comunidades religiosas (11.5%), familia nuclear (10,2%); (ex) pareja (6,9%); familia extendida (6,8%), carabineros (6,8%); personas LGBTIQ+ (6%); familiares de (ex) pareja (4,2%); compañeros de trabajo (3,3%); funcionarios/as públicos (3,3%); directores, docentes o auxiliares (2,8%); miembros de las Fuerzas Armadas (2,7%);  personal de salud (2,4%); funcionarios de la PDI (1,3%); funcionario privado (1,3%); clientes o pacientes (1,2%) y jefes/as (1,2%).

Los/as encuestados/as reportaron además consecuencias psicológicas, físicas o sexuales debido a los delitos que sufrieron.

En el primer caso, el 78.1% sintió angustia, miedo o ansiedad; el 53,4% reprimió la expresión de su identidad en algunos lugares;  el 43% tuvo problemas para dormir; el 37,4% dejó de salir y el 36.9% se aisló del resto de la sociedad. En el segundo caso, al 20.6% le quedaron marcas visibles como moretones, rasguños o hematomas; al 11,7%, cicatrices; al 11% “otras lesiones” y el 4% torceduras, fracturas o dislocación. Por último, el 33,9% quedó con problemas sexuales, como dificultades para sentir placer o realizar el acto sexual; seguido por “heridas en los genitales” (8%); contagio de una ITS (6%) e infecciones del tracto urinario de manera frecuente (4%).

Con todo, solo el 9,2% reportó o denunció los delitos de los cuales fue víctima, El 28.6% no denunció porque le daba vergüenza; el 16,9% porque no sabía qué podía hacerlo o dónde; el 8,7% porque “la policía o los tribunales no hubieran hecho nada”; el 7,7% porque “me daba miedo ser discriminado/a”; el 7.1% porque “no pude identificar a mis agresores”; el 6,4% porque “no creo que denunciar sirva de algo”;  el 5.2% para mantener en reserva su orientación sexual o identidad de género y el 4.7% por “miedo a represalias”.

Apertura y visibilidad LGBTIQ+

 Finalmente la encuesta arrojó que el 71.5% acepta su orientación sexual o identidad de género, cifra que se eleva al 80,5% en el caso de los gays, seguido por lesbianas (76,5%); otros (69,2%), pansexuales (65,5%), no binarios (63,3%),  trans (63%) y bisexuales (61,7%).

Sin embargo, solo el 31,8% se siente libre de expresar su orientación sexual o identidad de género, cifra que es del 36,3% en el caso de los gays; seguidos por trans (33,9%),  lesbianas (33,7%); pansexuales (28.9%), no binarios (27,9%) y bisexuales (20,8%).

Con todo, el 58.6% se declara “algo” satisfecho con su vida;  el 30% “mucho” y el 11,4% “poco o nada”.

Fuente MOVILH

General, Homofobia/ Transfobia. Discriminación, Fundación Iguales, Katherine Martorell, Organización Trans de Rancagua, Subsecretaria de Prevención del Delito (SPD)

Manizha, elegida para representar a Rusia con el 39,7 % del apoyo de la audiencia que siguió la gala de la televisión pública Piervy Kanal, no gusta a la oficialidad rusa, abiertamente LGTBIfóbica y patriarcal. La joven tayika de 29 años defenderá en Róterdam el tema «Russkaya Zhenschina» o «Russian Woman» (que significa «mujer rusa»), con el que pretende denunciar los estereotipos y prejuicios que padecen las mujeres en Rusia. Asimismo, algo que no ha ocurrido con ningún representante de este país en el festival desde la implantación de la LGTBIfobia de Estado en 2013, Manizha se ha mostrado abiertamente «a favor de un mundo donde la orientación sexual, el género, la religión y la raza no sean nuestras etiquetas definitorias».

El perfil público de Manizha contrasta con el discurso conservador y anti-LGTBI del oficialismo ruso. Sin embargo, esta artista se «coló» por sorpresa como representante de Rusia para Eurovisión 2021, tras la retirada a última hora de Little Big que, a priori, tenía todas las papeletas para ir a Róterdam (sede del festival en esta próxima edición). La presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, se ha mostrado «sorprendida», como «muchos rusos», por la  canción de Manizha. «No podemos entender lo que ha pasado», ha expresado durante una sesión parlamentaria transmitida por televisión. «Recomiendo a los que aún no han visto [el texto de la canción] que lo hagan […] Es una tontería. No entiendo de qué se trata», dice Matvienko.

En el propio perfil de Instagram de la artista tayika que representará a Rusia en Eurovisión, con 453.000 seguidores, la joven deja claro su apoyo al colectivo LGTBI. La imagen que acompaña a esta noticia (una foto tomada de dicho perfil) muestra la parte superior de su rostro cubierta de banderas y, entre ellas, sobre su ojo, la bandera arcoíris. Toda una declaración de intenciones, teniendo en cuenta que en Rusia se vienen practicando detenciones por ondear en público este símbolo de la diversidad y los derechos humanos.

Además, en una publicación que supera las 311.000 visualizaciones, Manizha compartió un vídeo de apoyo a la comunidad LGTBI rusa con el siguiente mensaje: «Soy mujer, pero no solo eso me define como persona. Soy tayika y nací en un entorno musulmán, pero no solo esto me define como persona. […] Estoy a favor de un mundo donde la orientación sexual, el género, la religión y la raza no sean nuestras etiquetas definitorias».

Manizha, que huyó junto a su familia de la guerra civil de Tayikistán en los años 90, ha asegurado que «dio en el clavo con esta canción» de empoderamiento de la mujer, escogida en la gala exprés celebrada, precisamente, el pasado 8 de marzo. «No tengas miedo, eres lo suficientemente fuerte», es uno de los mensajes principales del tema ruso que sonará en Eurovisión. «Russian Woman» fusiona estilos urbanos (rap y hip hop) con elementos folclóricos rusos. Además, es la primera representante que cantará en ruso desde 2009.

Aunque no parte entre las favoritas, no significa que no pueda escalar popularaidad y dar una sorpresa (algo que ha ocurrido en distintas ediciones del festival). Desde dosmanzanas trasladamos todo nuestro apoyo a esta valiente artista rusa, cuya actitud de tolerancia y mensajes a favor del respeto a la diversidad ayudarán, por su gran visibilidad, a empoderar al colectivo LGTBI y al feminismo de Rusia. Nos cabe la duda, eso sí, de cuál sería la posición del país en caso de que Manizha ganara el certamen: ¿os imagináis un estadio en Rusia lleno de banderas arcoíris? ¿Cómo garantiraría el respeto a la diversidad el LGTBIfóbico Estado ruso?

Os dejamos con el vídeo oficial de Manizha:

Fuente dosmanzanas

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Suiza celebrará, con toda probabilidad, un referéndum sobre la igualdad matrimonial en las próximas semanas. La campaña contraria a la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo ha anunciado que ha conseguido reunir las 50.000 firmas necesarias para forzar la consulta. Será el último escalón que tiene que superar el proyecto para convertirse en realidad después de ocho años de tramitación. La comunidad LGTBI confía en que se confirme el amplio respaldo a la medida que reflejan las encuestas. Suiza se cuenta, junto con Italia y los microestados, entre los pocos países de Europa occidental donde las parejas del mismo sexo aún carecen del derecho al matrimonio.

El debate sobre la igualdad matrimonial en Suiza se remonta a 2013, cuando el Partido Verde Liberal introdujo una propuesta de reforma constitucional para abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. Tras largos años de tramitación en las correspondientes comisiones parlamentarias, en 2018 el comité de Asuntos Legales del Consejo Nacional propuso una modificación del Código Civil y otras normas como alternativa a la reforma constitucional. La regulación sobre adopción no precisaría ningún cambio, al estar ligada a las parejas casadas sin mencionar su sexo.

Los diputados del Consejo Nacional votaron finalmente un proyecto de ley de matrimonio igualitario en junio del año pasado. El resultado fue de 132 votos a favor, 53 en contra y 13 abstenciones. El principal partido que se opuso a la medida fue la Unión Democrática del Centro (SVP/UDC), formación de extrema derecha que cuenta con el mayor número de escaños en la fragmentada cámara baja. El proyecto de ley continuó entonces su tramitación en el Consejo de los Estados, la cámara alta del Parlamento suizo que representa a los cantones.

En diciembre del año pasado, los consejeros aprobaron la medida por 22 votos a favor, 15 en contra y siete abstenciones. Se volvió a discutir la necesidad de una reforma constitucional, que habría supuesto un nuevo retraso de años en el proceso y afortunadamente quedó descartada. La ley fundamental suiza garantiza en su artículo 14 «el derecho al matrimonio y la familia», sin establecer definiciones excluyentes de dichas instituciones. Los consejeros sí que introdujeron una limitación en el reconocimiento automático de la parentalidad de la madre no gestante, que solo será posible tras un proceso de reproducción asistida llevado a cabo en una clínica profesional suiza. El proyecto de ley aprobado por el Consejo de los Estados regresó al Consejo Nacional para su visto bueno final. La aprobación parlamentaria definitiva se produjo pocos días después.

La legislación suiza contempla que las leyes aprobadas por el Parlamento se someterán a referéndum si así lo solicitan al menos 50.000 firmantes en un plazo de cien días. El activismo homófobo se puso rápidamente manos a la obra, y la semana en la que concluía el plazo anunciaron que habían reunido la cifra necesaria de adhesiones, unas 60.000 según uno de los promotores de la campaña. Las firmas se someterán a revisión y, si se confirma su validez, el Consejo Federal fijará la fecha de la consulta. Las encuestas invitan a un moderado optimismo, ya que arrojan cifras de apoyo a la igualdad matrimonial en el entorno del 80 %.

Fuente Dosmanzanas

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Importante pronunciamiento de Juliane Kokott, una de los once abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el caso de dos mujeres casadas (una búlgara y otra gibraltareña) que no pueden darle una nacionalidad a su hija nacida hace un año en Barcelona. Las autoridades búlgaras rechazaron la emisión de un pasaporte para la menor, porque el país no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Debido a los requisitos vigentes, la niña tampoco puede acceder a la nacionalidad española ni a la británica, por lo que por el momento es apátrida. El informe de la abogada general apunta a una futura sentencia que obligue a Bulgaria a emitir un documento de identidad para la menor.

Recordamos el caso. Kalina (nombre ficticio), de nacionalidad búlgara, se casó en Gibraltar en 2018 con su pareja del mismo sexo y originaria de la dependencia británica. En diciembre de 2019, el matrimonio tuvo una hija en Barcelona, donde residen. El registro civil otorgó un certificado de nacimiento en el que constan las nacionalidades búlgara y británica de las madres. A pesar de haber nacido en España, la menor no tiene derecho a la nacionalidad española porque ninguna de sus progenitoras la ostenta. La esposa gibraltareña de Kalina tampoco puede transmitirle su ciudadanía británica si la menor ha nacido en otro país.

La única opción para la menor, por tanto, era adquirir la ciudadanía búlgara de Kalina. Entonces se puso en marcha la discriminación basada en la orientación sexual. Cuando el matrimonio intentó conseguir un pasaporte búlgaro para la menor, se topó con la negativa de las autoridades búlgaras. El motivo, que el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y no expide certificados de nacimiento con dos madres. La niña, por tanto, se mantiene en una situación de apatridia y no puede visitar a sus familiares en Bulgaria.

Para resolver este impasse, la pareja decidió acudir a la justicia europea. El jueves pasado, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, emitió un informe favorable a la familia y al derecho de la menor a la nacionalidad búlgara. La opinión de la jurista Juliane Kokott reconoce la potestad de las autoridades búlgaras de rechazar la inscripción de las dos mujeres como madres de la niña en la partida de nacimiento, pero afirma que la menor tiene derecho a recibir un documento de identidad en el que se refleje la parentalidad de ambas para que la menor pueda viajar con cualquiera de ellas por separado.

Es importante destacar que las conclusiones de la abogada general no vinculan al Tribunal de Justicia: su función consiste en proponer a este una solución jurídica al asunto del que se ocupa, pero ahora son los jueces los que deben deliberar. La sentencia se dictará, por tanto, en un momento posterior, y no hay seguridad absoluta de que sea en el mismo sentido, aunque en la mayoría de los casos sucede así. Estaremos pendientes de un fallo que podría tener consecuencias en el reconocimiento trasnacional de la homoparentalidad en la Unión Europea.

La futura sentencia podría alcanzar una repercusión comparable a la del fallo de 2018 que estableció que los Estados no pueden negar la residencia a un cónyuge del mismo sexo aunque sea nacional de un tercer estado. Una sentencia, por cierto, que la justicia búlgara trasladó al caso de un matrimonio entre dos mujeres. El reconocimiento de la homoparentalidad a nivel trasnacional también fue un punto clave del discurso de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen hace unos meses. «Porque si eres un progenitor en un país, por supuesto eres un progenitor en todos los países», declaró von der Leyen.

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Y Abascal, alumno aventajado del fascista Viktor Orbán

Ampliamos la noticia que ya publicábamos el mes pasado… Victoria para las personas trans que habían iniciado el proceso de reconocimiento legal de su identidad en Hungría antes de la entrada en vigor de la ley que lo prohíbe. El Tribunal Constitucional de ese país ha dictaminado que la mencionada ley no tiene efectos retroactivos. El dictamen de la alta corte húngara, sin embargo, no entra en el fondo del asunto y no invalida un texto que atenta contra la legislación internacional y contra su propia jurisprudencia.

Como en su momento recogimos, la Asamblea Nacional húngara, ampliamente dominada por las fuerzas de derecha, aprobó en mayo del año 2020, en plena primera ola de la pandemia del coronavirus, una ley «ómnibus» que incluye, en su infame Sección 33, la prohibición de que las personas trans e intersexuales puedan modificar legalmente el género que les fue asignado en el momento del nacimiento. Un movimiento que tenía lugar tan solo dos años después de que entrara en vigor la norma que permitía el cambio del género en los datos registrales y que permitía a los ciudadanos húngaros adaptar sus datos legales a su identidad de género, para lo cual necesitaban un informe médico pero sin estar obligados a acreditar que se han sometido a tratamiento hormonal o cirugía de reasignación. En este sentido, se trataba de un marco jurídico más avanzado que, por ejemplo, el vigente todavía en España, que sí marca como norma (con solo unas pocas excepciones) la necesidad de un tratamiento hormonal. Se da la circunstancia, además, de que el propio Tribunal Constitucional de Hungría había fallado en 2018 a favor del derecho de las personas trans a ver reconocida legalmente su identidad de género.

Finalmente, el pasado 19 de mayo, solo dos días después de la conmemoración del Día Internacional contra la LGTBIfobia, la Asamblea Nacional húngara aprobaba la ley, posiblemente el mayor ataque lanzado contra los derechos de las personas LGTBI en el seno de un país de la Unión Europea desde su fundación. Un órdago que, ya desde que fue anunciado, recibió una respuesta tibia por parte de resto de países de la Unión Europea y de la propia institución comunitaria. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostraba por aquel entonces preocupada por la respuesta húngara a la crisis del coronavirus (la asunción de poderes extraordinarios por su primer ministro, Viktor Orbán) y aseguraba estar «monitorizando las medidas» adoptadas, pero sin referirse explícitamente a la anunciada marcha atrás en los derechos de las personas trans e intersexuales. El Parlamento Europeo, por su parte, incluía en una resolución en la que demandaba una «acción coordinada de la Unión Europea para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias», un punto (el 48) en el que entre otras cuestiones rechazaba «enérgicamente» los «ataques a los derechos de las personas transgénero e intersexuales en Hungría». Preocupación y rechazo sin más valor que el meramente declarativo.

Ahora el Tribunal Constitucional húngaro ha revisado lo que sucede con las personas que ya iniciaron el procedimiento de modificación de sus datos registrales antes de la entrada en vigor de la mencionada Sección 33, varias de las cuales iniciaron en su momento un procedimiento judicial. La alta corte ha dictaminado que, en efecto, estas personas tienen derecho a que el procedimiento culmine, dado que la legislación no puede tener carácter retroactivo. El Tribunal de hecho, subraya en su sentencia que las leyes no pueden restringir derechos fundamentales y hace mención, en ese sentido, a su propia sentencia de 2018 a favor de que personas trans puedan ver reconocida legalmente su identidad.

La decisión del Tribunal Constitucional de Hungría, además de suponer una noticia importantísima para las personas a las que afecta directamente, supone un pequeño soplo de aire fresco en un país en el que los derechos LGTBI están siendo progresivamente recortados sin que la Unión Europea mueva un dedo para impedirlo, y da esperanza a los que, como la organización LGTBI húngara Háttér Society, tienen intención de desafiar ante los tribunales la totalidad de la Sección 33. Estaremos atentos.

Fuente Dosmanzanas

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