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Llamar “homófobo” a un homófobo es ahora delito en Francia: El Tribunal de Apelaciones de París condena por injurias a una asociación LGTB por calificar a la “Manif pour tous” de grupo homófobo

Jueves, 10 de noviembre de 2016

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Un juzgado francés considera que llamar “homófobos” a los organizadores de la manifestación homófoba La Manif Pour Tous es un delito de “difamación”.

Graves noticias para los defensores de los derechos LGTB en Francia. El Tribunal de Apelaciones de París ha dictaminado que calificar a la Manif pour tous de grupo homófobo constituye un delito de injurias públicas. Por ello, ha condenado a la antigua presidenta de la asociación de defensa de los derechos LGTB Act Up-Paris a una multa de 800 euros más el pago de las costas judiciales. La sentencia entra en conflicto con una anterior del mismo tribunal, que desestimó una denuncia por injurias presentada también por la Manif pour tous. Desde Act Up-Paris han comunicado que presentarán un recurso de casación, dada la injusticia de negar a las personas LGTB el derecho a dar el nombre apropiado a quienes abogan por discriminarles.

La Manif Pour Tous es el nombre que se han puesto los colectivos homófobos que organizan las manifestaciones homófobas (que venga un juzgado francés a decirme lo contrario) que protestan contra el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homosexuales, niegan las “teorías de género” y se oponen a los derechos de las personas trans. Así que oye, bien pensado, no deberíamos llamarla manifestación homófoba, sino LGTBfóbica. O Todófoba, que también les queda bien. Ah, el nombre de La Manif Pour Tous es un intento de ironizar sobre el nombre que se le daba al proyecto de ley del matrimonio igualitario: Mariàge Pour Tous.

Durante la tramitación del matrimonio igualitario en 2013, el grupo la Manif pour tous consiguió convocar a cientos de miles de ciudadanos franceses que se oponían a que las personas LGTB pudieran alcanzar la igualdad de derechos. El discurso de los manifestantes y convocantes fue en muchas ocasiones extraorinariamente duro y agrio, lo que hizo que se viviese en Francia un ambiente de crispación y violencia inaudito, hasta el punto de que se estima que las agresiones homófobas se incrementaron en un 78 % durante ese período.

Bares de clientela gay violentados, manifestaciones diarias ante la Asamblea Nacional con constantes enfrentamientos con la policía, la jerarquía católica culpando a las víctimas de ser los causantes de la violencia, la agresividad en los discursos de los diputados opuestos al proyecto de ley sobrepasando todas las barreras, incluso la de la agresión física… La amenaza de la líder de quienes se oponían al proyecto de ley, la cómica Frigide Bajot, de que correría la sangre, se convirtió en realidad y tuvimos que informar de agresiones como la sufrida por una pareja gay en París, la muerte por una paliza de un joven antifascista y participante en manifestaciones contra la discriminación o ataques a militantes LGTB por parte de fanáticos, entre ellos un concejal del ultraderechista Frente Nacional.

Pero incluso después de la aprobación definitiva de la ley de matrimonio igualitario la Manif pour tous siguió convocando a sus partidarios. En una ocasión, desplegó una manifestación en la que se profirieron consignas a favor de la ley contra la llamada “propaganda homosexual” en Rusia y contra el derecho de asilo para los perseguidos por su orientación sexual e identidad de género. Como respuesta, el 4 de agosto de 2013, un grupo de activistas de la AIDS Coallition to Unleash Power, también conocidos como Act Up-Paris decidió actuar ante la sede de la Fundación Jérôme Lejeune, y se manifestaron contra la fundación anti-abortista Jerome Lejeune que es una de las organizaciones que apoya La Manif Pour Tous donde ejercía su actividad la presidenta de la Manif pour tous, Ludovine de la Rochère. Allí arrojaron condones rellenos con líquido que imitaba la sangre contra el edificio de la Jerome Lejeune Foundation y pegaron carteles en los que se calificaba a la Manif pour tous de ser un grupo homófobo y se colgaron pósters con la foto de La Rochère y la palabra “homófoba” impresa sobre su cara.

Ludovine de la Rochère presentó una demanda por injurias en nombre de la Manif pour tous y otra por difamación a título personal. La demanda inicialmente fue desestimada en primera instancia por defecto de forma. Los responsables de la Manif pour tous recurrieron esa desestimación y el pasado 2 de noviembre el Tribunal de Apelaciones de París, que no pareció reparar en esos defectos formales, resolvió a su favor, condenando a la antigua presidenta de Act Up-Paris, Laure Pora, a indemnizar a la Manif pour tous con 800 euros por un delito de injurias públicas, y a pagar otros 1.500 euros de costas procesales.

Pósters con la cara de Ludovine La Rochère (Foto: ACT UP Paris Facebook)

Pues a los de La Manif Pour Tous esto les pareció intolerable porque decidieron demandar a Laure Pora, la presidenta de ACT UP en ese momento, argumentando que acusarles de homófobos era un “delito criminal“. Y lo más lamentable es que el Tribunal de Apelaciones de París ha condenado a Pora a pagar 800€ en concepto de daños y perjuicios a La Manif Pour Tous por “difamación“, además de hacerse cargo de los 1.500€ de costas del juicio.

La sentencia, ha causado conmoción entre las asociaciones LGTB, entra en contradicción con una anterior del mismo Tribunal de Apelaciones de París de febrero de 2014. Da la casualidad de que en 2014 La Manif Pour Tous también demandó al por entonces senador Jean-Pierre Michel por lo mismo después de que Michel dijera que sus manifestaciones mostraban “el peor tipo de homofobia“. En ese caso el juzgado le absolvió. En aquella ocasión, la corte desestimó los cargos por injurias contra el senador socialista Jean-Pierre Michel, ponente de la ley de matrimonio igualitario en el Senado, que había dirigido un escrito a los miembros de la Manif pour tous en el que los acusaba de “representar la peor de las homofobias”. El Tribunal de Apelaciones estimó entonces que el senador estaba haciendo uso de su libertad de expresión en el ejercicio de su cargo parlamentario y no cabía condenarle por un delito de injurias.

La abogada de ACT UP, Karine Géronimi, ha dicho que esta decisión del tribunal es “particularmente injusta” y sigue defendiendo que no ve la difamación ni el insulto por ninguna parte al llamar homófobos a los que, efectivamente, son homófobos.

Para Act Up-Paris, la sentencia niega a las personas LGTB el derecho a calificar a quienes trabajan por denegarles sus derechos:

La palabra “homofobia” no es un insulto, sino la caracterización política de un discurso de desprecio hacia los homosexuales, que avala la desigualdad ante la ley con respecto a los heterosexuales y alimenta la discriminación y la violencia.

¿Cómo se puede designar a aquellos cuyas palabras y actos se oponen habitualmente a todo lo que podría servir a la emancipación de las personas LGTB? No podemos aceptar que el Tribunal de Apelaciones nos niegue así los medios para nombrar y denunciar los discursos políticos de nuestros adversarios.

Los activistas han comunicado que recurrirán la sentencia en casación, con la esperanza de que una más alta instancia permita a las personas LGTB poder dar un nombre a la discriminación que sufren y a quienes las discriminan. También se encuentran a la espera de que se resuelva la segunda de las demandas, la interpuesta por Ludovine de la Rochère a título personal por difamación, cuya audiencia tendrá lugar el próximo 17 de noviembre.

Fuente: Gay Star News, vía EstoyBailando/Dosmanzanas

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La victoria de Donald Trump, unida al control republicano del Congreso, augura años oscuros para los derechos LGTB en Estados Unidos

Jueves, 10 de noviembre de 2016

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A todos estos que dicen que todos los políticos son iguales y que no votan porque son superfragilisticoespialidosos y purísimos, ahora van a ver lo que es un fascista homófobo, machista y xenófobo en la Casa Blanca…

Malas noticias, sin paliativos. La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses, así como el control republicano de las dos cámaras del Congreso estadounidense, auguran años de parálisis, si no abierto retroceso, por lo que a los derechos de las minorías se refiere. La minoría LGTB no será una excepción. No tanto por la figura de Trump en sí mismo (que nunca ha mostrado un especial interés hacia este colectivo, ni siquiera a la hora de oponerse a sus derechos) como por la de la plataforma ideológica republicana bajo la que se ha presentado (la más anti-LGTB de su historia) y por sus acompañantes de viaje. Su vicepresidente, recordemos, será Mike Pence, una figura que sí destacó por su LGTBfobia durante los años que fue gobernador de Indiana. Otro punto al que habrá que estar atento es a lo que suceda con el equilibrio en el seno del Tribunal Supremo, una institución cuyos miembros, confirmados por el Senado a propuesta del presidente, lo son de forma vitalicia, y que durante estos años quizá le toque renovar a Trump en parte.

Donald Trump ha ganado de forma clara las elecciones presidenciales estadounidenses, al lograr la victoria en una serie de estados clave que se encontraban en disputa. Ello le otorga mayoría en el colegio electoral. Ha ganado en Carolina del Norte, Florida, Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, lo que unido a los estados que ya se daban por seguros para los republicanos le da la victoria final. Hillary Clinton ha retenido los territorios más fuertemente demócratas (como los estados del noreste y de la costa oeste), además de Colorado, Illinois, Nevada, Nuevo México y Hawaii. Virginia, de donde era gobernador su candidato a vicepresidente, ha caído también del lado demócrata. En voto popular (número total de votos recibidos por cada candidato, con independencia del estado de residencia), se registra sin embargo un cuasi empate, aunque este dato aún no está cerrado. De hecho, conforme se acerca el final del escrutinio parece que Clinton obtendrá finalmente más votos que Trump.

En definitiva, un resultado que muestra una doble fractura de la sociedad estadounidense. A la ya tradicional entre estados fuertemente demócratas y estados fuertemente republicanos, se une el apoyo sin precedentes que Trump habría recibido de los votantes blancos de menor nivel educativo, incluso en caladeros considerados tradicionalmente demócratas, según indican los primeros análisis del voto (ver How the Presidential Election Took a U-Turn in 2016 en The New York Times). La movilización masiva de la clase obrera blanca a favor del republicano parece haber sido el factor fundamental a la hora de decantar el resultado. Lo que ello significará en términos de exclusión de las minorías raciales en los próximos años está por ver.

La plataforma republicana, la más anti-LGTB de la historia

Ya en entradas anteriores nos hemos referido al tema, pero no está de más recordar cuál es la declaración de intenciones del Partido Republicano en materia LGTB de acuerdo a la plataforma ideológica que fue aprobada este verano en la convención republicana:

Sobre el matrimonio igualitario: rechazo expreso de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país. El Partido Republicano considera que las leyes federales solo deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y hace un llamamiento expreso a considerar la posible aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que “devuelva” el control de la regulación matrimonial a los estados.
Sobre la adopción homoparental: el Partido Republicano muestra su apoyo a las agencias de adopción religiosas que rechazan a las parejas del mismo sexo, argumentando además de forma expresa que los hijos criados en hogares sin un padre y una madre tienen más posibilidades de consumir drogas, cometer delitos y tener embarazos no deseados.
Defensa activa de la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.
Sobre las denominadas “terapias reparadoras” o “de conversión” para modificar la orientación sexual o la identidad de género, aunque no las menciona de forma expresa, el Partido Republicano defiende el “derecho de los padres” a recurrir las terapias que consideren más adecuadas para sus hijos menores“consistentes con sus valores morales, éticos o religiosos sin discriminación ni castigo”.
Sobre los derechos de las personas transgénero: el Partido Republicano expresa su apoyo a legislaciones como la aprobada hace unos meses en Carolina del Norte, que entre otras muchas importantes medidas discriminatorias prohíbe a las personas trans utilizar los baños que corresponden a su identidad de género. También muestra su desacuerdo, sin nombrarlo explícitamente con el final de la prohibición de servir en el Ejército a este colectivo, decidida por la administración Obama y confirmada recientemente, al asegurar estar en contra “de la modificación o de la rebaja de los estándares para satisfacer la agenda no militar impuesta por la Casa Blanca”.
Sobre políticas antidiscriminatorias: el Partido Republicano se opone expresamente a incluir la orientación sexual entre las categorías generalmente cubiertas por las regulaciones contra la discriminación.

¿Y qué han manifestado Trump y Pence?

Siempre se puede argumentar que las plataformas aprobadas por las convenciones son una mera declaración de intenciones y no obligan necesariamente al presidente, que puede decantarse por una política pragmática (y de esto hay sobrados ejemplos en el pasado). Pero tampoco los mensajes lanzados directamente por Trump y el que será su vicepresidente son tranquilizadores. Trump, por ejemp, sugirió en campaña la posibilidad de revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión. Más adelante, el magnate anunció que no tendría inconveniente en rubricar la FADA, arriba mencionada, en caso de prosperar, lo que habría virtualmente inútiles las regulaciones antidiscriminatorias de los estados en materia LGTB.

Pence, por su parte, anunciaba recientemente que una de las primeras medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha promovido dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial).

El único elemento que Trump ha utilizado expresamente para intentar congraciarse con el colectivo LGTB ha sido la islamofobia. Como vuestro presidente, haré todo lo que esté en mi mano para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y la opresión de una ideología extranjera llena de odio, creedme”, expresó Trump en su discurso de aceptación de la nominación republicana. Una frase que de hecho sirvió a a algunos medios de comunicación generalistas (no especialmente preocupados por el detalle cuando de la realidad LGTB se trata) para presentar a Trump como un político sensible a los derechos del colectivo. Activistas LGTB como Michelangelo Signorile alertaron entonces de lo equivocado de esta percepción. Algún tiempo más tarde, Trump propuso que a los inmigrantes que aspirasen a un permiso de residencia en Estados Unidos se les sometiese a un test ideológico que confirmase si comparten o no los valores estadounidenses. Según expresaron entonces miembros de su equipo, entre estos se incluirían los derechos de las personas homosexuales. Nada más se supo de esta propuesta.

Los partidarios LGTB de Trump

Como también hemos venido comentando en entradas anteriores, Donald Trump cuenta pese a todo con seguidores LGTB, como el multimillonario Peter Thiel y muchos de los denominados homocon, una corriente de gais conservadores que comparten el argumentario que sitúa al islam (y no a la derecha religiosa estadounidense) como su principal enemigo. No es casualidad que, coincidiendo con la convención republicana tuviera lugar un evento de apoyo a su candidatura por parte de un grupo (pequeño) de personas LGTB. Los dos principales oradores fueron Milo Yiannopoulos, un columnista conservador abiertamente gay, protagonista de varias polémicas en redes sociales, y la activista antimusulmana Pamela Geller. La intervención de Yiannopoulos, del que son bien conocidas sus opiniones contra el feminismo y el islam, resumió a la perfección el núcleo actual del ideario homocon: el Partido Demócrata no ha hecho nada por los gais, sino que por el contrario ha abierto el país a los musulmanes, enemigos de los derechos LGTB.

Yiannopoulos, por cierto, se ha lanzado en días recientes a una espiral de odio tránsfobo, calificando a las personas trans de “enfermas mentales”, defendiendo las leyes que les impiden usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género, convertidas en la punta de lanza del movimiento LGTBfobo estadounidense.

Siendo justos, también hay que recordar que Log Cabin Republicans, el más importante y “serio” de los grupos LGTB afines al Partido Republicano estadounidense, anunció que no apoyaría a Donald Trump en las presidenciales. Aunque hicieron una encendida defensa del candidato republicano, al que calificaron como “el más pro-LGTB de la historia del Partido Republicano”, aclararon que su decisión fue tomada en consideración al equipo fuertemente LGTBfobo que ha escogido para acompañarle en la carrera presidencial y las medidas que defienden.

Mike Pence, próximo vicepresidente

Sin duda alguna la figura de Mike Pence, el próximo vicepresidente, destaca en este sentido. Su momento de mayor protagonismo como gobernador de Indiana vino precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB: en marzo de 2015 sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos ver foto, a la izquierda).

La norma provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazó con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó muy tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificase los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual. Una marcha atrás que dejó tocada la imagen de Pence y que seguramente fue una de las razones que le llevaron a aceptar la propuesta de Trump en lugar de optar a la reelección como gobernador.

El equilibrio del Supremo, amenazado

Otro de los puntos de interés en materia LGTB en los próximos años será lo que suceda con el equilibrio del Tribunal Supremo, cuyos miembros lo son de forma vitalicia. Por lo pronto, hay una vacante sin ocupar, tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia, el que fuera uno de sus miembros más conservadores. Los republicanos, que controlan el Senado (y lo seguirán haciendo al menos durante dos años más) se ha negado por el momento a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, de perfil centrista. Veremos qué sucede ahora: aunque los analistas apostaban a que la ratificación de Garland se produciría tras las elecciones, en este momento no es descartable que los republicanos prefieran que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB.

No está de más recordar, en este sentido, la importancia de Tribunal Supremo como garante del orden constitucional estadounidense por encima de la acción del presidente y del Congreso. Gracias al Supremo, por ejemplo, las leyes de segregación racial quedaron invalidadas en los estados del Sur, y gracias al Supremo hay hoy matrimonio igualitario en todo el territorio de los Estados Unidos. Ese mismo tribunal deberá decidir en los próximos meses, por ejemplo, si es legal o no la discriminación de un adolescente trans al que no le permiten usar el baño de chicos en su instituto.

¿La caída de Pat McCrory, único consuelo?

Con esto terminamos el que es nuestro primer análisis del resultado de las elecciones en Estados Unidos en clave LGTB. Tiempo habrá de hilar más fino (este martes, por ejemplo, también se renovaban numerosas legislaturas estatales y se decidían varios gobernadores).

Sí que parece, a falta de la confirmación oficial, que el colectivo LGTB habría conseguido una victoria simbólica: la derrota del gobernador de Carolina del Norte, el republicano Pat McCrory, a manos de su rival demócrata, Roy Cooper. Pese al estrecho margen (menos de 5.000 votos) la derrota de McCory es especialmente significativa, dado que los republicanos han ganado allí con comodidad tanto las elecciones presidenciales como las elecciones a la legislatura del estado. Y es que la elección de gobernador se había convertido en una especie de “plebiscito oficioso” sobre la ley LGTBfoba aprobada en Carolina del Norte, de la que McCrory se había convertido en principal defensor. Un consuelo sin duda magro: los republicanos conservan el poder legislativo en ese estado y es difícil que acepten la derogación de la ley. Sí que puede servir, en cualquier caso, para lanzar un mensaje a otros líderes republicanos que estén pensando en embarcarse en aventuras similares.

Fuente Dosmanzanas

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Sanaa y Hajar, una pareja de adolescentes, es detenida y juzgada por besarse en una azotea de Marrakech

Miércoles, 9 de noviembre de 2016

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Dos adolescentes han sido detenidas en Marrakech tras ser sorprendidas por un familiar abrazándose y besándose. Tras comunicar a la madre de una de las chicas lo que había contemplado, esta denunció el hecho a la Policía. Ambas fueron detenidas bajo la acusación de haber cometido actos contra la naturaleza con una persona del mismo sexo, y están a la espera de juicio enfrentándose a una pena de entre seis meses y dos años de cárcel. Desde las asociaciones de derechos humanos se denuncia tanto la detención, como el hecho de que una de las adolescentes haya sido ingresada en una prisión para adultos.

Sanaa y Hajar tienen 16 y 17 años respectivamente. Ambas se encontraban en la azotea de la casa de la primera, y estaban abrazadas y besándose cuando fueron sorprendidas por el primo de Sanaa, que las grabó con su teléfono móvil. Inmediatamente, enseñó las imágenes a su tía, quien se escandalizó por ver a su hija con otra chica, que además parecía ser una vagabunda. Lo puso en conocimiento de la Policía, que procedió a la detención de las dos muchachas el pasado 27 de octubre.

Sanaa fue conducida a un centro de detención para menores, pero Hajar ingresó en la prisión local para adultos. Desde las asociaciones de defensa de derechos humanos se denuncia que Hajar estuvo incomunicada, que su madre no tuvo información de su estado durante más de siete horas, que fue presionada para obtener una confesión y que se negó a tomar alimentos desde que fue detenida. Ambas fueron acusadas de haber vulnerado el artículo 489 del Código Penal de Marruecos, que castiga “los actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta tres años de prisión y una sanción económica. Hajar, además, se enfrenta a cargos por “vagancia”.

Tras permanecer detenidas desde el pasado jueves, 27 de octubre, el pasado viernes, 4 de noviembre, estaba previsto el juicio en Marrakech de Sanaa y Hajar pero sus abogados habían solicitado la libertad condicional, que el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech les concedía este 3 de noviembre siendo ambas puestas en libertad provisional con cargos, a la espera de juicio con la obligación de que comparezcan. Una de ellas denuncia haber sido maltratada estando bajo custodia policial. Al día siguiente, el Tribunal de Primera Instancia de Marrakech ha fijado para el próximo 25 de noviembre la vista para el juicio contra las dos adolescentes.

Omar Arbib, presidente de la sección local de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), ha comunicado que han proporcionado un abogado para que se encargue de la defensa de Sanaa y Hajar. Según denuncia el activista Omar Arbib, dada la frecuencia con la que las autoridades consiguen confesiones forzadas, incluso en juicios de esta naturaleza, asegura que es poco probable que Sanaa y Hajar reciban un juicio justo, a pesar de que cuenten con un abogado defensor de su asociación. Arbib denuncia las irregularidades cometidas y exige “su liberación y la derogación del artículo 489 que penaliza las relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo, por respeto a las libertades individuales y los tratados internacionales. El hecho de que se las grabase es también una violación de esas libertades. Por otra parte, no fueron detenidas en delito flagrante y el incidente no ocurrió en un lugar público”.

La ley en Marruecos continúa penalizando la homosexualidad, a pesar de su constitución de 2011 consagra el derecho de todas las personas a la «protección de su vida privada». Una garantía que, según los defensores de los derechos humanos, debería contemplar la despenalización de los actos homosexuales privados, penados y castigados con hasta tres años de cárcel por el Código Penal en su artículo 489, que persigue lo que denominan «actos contra natura con individuos del mismo sexo».

Recrudecimiento de la persecución a las personas LGTB

Si bien en numerosas ocasiones se han procesado a hombres homosexuales, el caso de Sanaa y Hajar sería el primero relacionado con una pareja de lesbianas, con el agravante de que ambas son menores de edad. No podemos olvidar el cómo el pasado 25 de marzo, un vídeo grabado con un teléfono móvil comenzó a circular como la pólvora por la red: en él se veía cómo un grupo de personas asaltan un domicilio particular, sacan a dos hombres de la cama, los golpean e insultan y finalmente los sacan a la calle desnudos y ensangrentados. Este episodio puso a Marruecos en el foco de organizaciones internacionales, desde Human Rights Watch (HRW) a la feminista Femen, que envió a Beni Melal a dos activistas que trataron de desnudarse ante la puerta del tribunal, aunque la policía intervino con presteza e impidió su acción.

HRW, que envió a un observador al proceso y ha publicado varios comunicados sobre el caso, se escandalizó por el hecho de que la Justicia marroquí procesara a las víctimas de una agresión antes que a los agresores. “Agredidos, ensangrentados, sacados desnudos a las calles y luego mandados a la cárcel por su vida privada (…) Este veredicto va a desanimar a las víctimas a la hora de buscar justicia y aumentará la probabilidad de delitos de homofobia” en el país, dijo la organización. Queda, no obstante, la preocupación expresada en numerosos medios por el carácter de la agresión: el allanamiento de un domicilio, la agresión colectiva y la vejación pública en plena calle contra dos seres indefensos. “El proceso de Beni Melal -decía Karim Bujari- interpela a todo el mundo porque también es el de la libertad individual opuesta a la resistencia violenta de la comunidad”.

Y aún tenemos grabadas en la retina otras terribles imágenes, las de un intento de linchamiento de una mujer transgénero en Fez, ocurrido en junio pasado. Ocurrió lo mismo: solo gracias a que el vídeo se viralizó y desencadenó un escándalo que trascendió las fronteras de Marruecos, acabaron con una dos de los agresores fueron condenados a cuatro meses de prisión, y ello pese a que el propio ministro de Justicia; Mustafá Ramid, llegó a insinuar entonces que las personas LGTB son culpables de las agresiones que reciben.

Agresiones que ocurren en un contexto en el que, como hemos venido informando de un tiempo a esta parte, parece darse un recrudecimiento de la persecución contra las personas LGTB por las autoridades de Marruecos, desmintiendo el tópico preexistente de que las leyes represoras no se aplican en la práctica. El artículo 489 del Código Penal marroquí, recordemos, castiga los “actos licenciosos o contra natura con un individuo del mismo sexo” con penas de hasta 3 años de prisión, además de una sanción económica. Y el artículo 483 establece penas de hasta dos años de prisión por “obscenidad pública”. Y lo cierto es que cada llegan más noticias de detenciones y condenas por violar la ley. Hace pocas semanas nos hacíamos eco de la condena a 18 meses de prisión a dos jóvenes por cometer “actos con un individuo del mismo sexo” por un tribunal de Tiznit, al sur de Marruecos. Y poco antes, en enero, dábamos cuenta de la detención de dos jóvenes marroquíes por haber difundido un vídeo en el que se besaban en un lugar público.

También en el pasado año 2015 tuvimos conocimiento de varias condenas en Marruecos, en aplicación de ese artículo. En el mes de junio se produjo la detención de Lahcen y Mohsine, otros dos hombres que se besaron, fotografiaron y dieron muestras de afecto ante la Torre Hasán, uno de los entornos históricos marroquíes más prominentes. A pesar de conseguir más de 71.000 firmas de personas todo el mundo pidiendo su liberación, ambos fueron condenados finalmente a cuatro meses de cárcel y una sanción económica.

Ese mismo mes, se denunció la detención de 20 hombres homosexuales en Agadir, acusados de “difundir la corrupción”. Según el colectivo Aswat, no serían las únicas detenciones por ese motivo llevadas a cabo en ese año, que formarían parte de una campaña de arrestos dirigida por el Gobierno marroquí contra la población homosexual masculina para reafirmar su posición en el debate público sobre la despenalización de la homosexualidad.

Un mes antes, tres hombres más fueron condenados a la pena máxima, tres años de cárcel. Tras recibir una denuncia, la Policía capturó a dos de los hombres mientras mantenían relaciones sexuales en el centro de trabajo de uno de ellos. Al ser interrogados, informaron de que se habían conocido a través de un tercero, que finalmente también fue detenido y condenado.

También en años anteriores,nos hemos hecho eco de diversas detenciones a personas homosexuales. En mayo de 2013 publicábamos la condena a cuatro meses de cárcel a dos jóvenes detenidos en “delito flagrante” cuando se encontraban en el interior del coche de uno de ellos. En mayo de 2014 seis hombres fueron condenados a penas que oscilaban entre uno y tres años por cometer “actos contra natura”. En octubre de ese mismo año informábamos de que un británico de 69 años era condenado a cuatro meses de prisión por homosexualidad (aunque, finalmente, fue puesto en libertad).

Y es que, como dijera el joven marroquí Hamza (en el vídeo de la campaña que el colectivo Aswat lanzó para concienciar de la homofobia social marroquí) “ser homosexual en Marruecos es algo muy difícil, porque tienes que lidiar a diario con los estereotipos sociales preconcebidos, que no aceptan diferencias, especialmente el ser gay”.

La situación actual en Marruecos contrasta marcadamente con su posición histórica como refugio para hombres homosexuales, cuando eran perseguidos en Europa, el año pasado era España la que concedía asilo a 77 personas homosexuales. Actualmente, el problema no sólo afecta a la ley, sino a los valores sociales imperantes tan fuertemente conservadores y reaccionarios, que rechazan las relaciones homosexuales y no tienen piedad para denunciar aunque se trate de personas menores de edad y de su propia familia, como es este caso. El Gobierno marroquí, encabezado por el islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), exclulía de la actual reforma del Código Penal los artículos más polémicos que tienen que ver con las libertades individuales y sexuales, como los que castigan la homosexualidad, el adulterio y las relaciones extramaritales.

Fuente Universogay/Cristianos Gays/Dosmanzanas

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Se cumplen treinta años del documento que de una forma más negativa ha marcado la discriminación de las personas LGTB en la Iglesia católica

Martes, 8 de noviembre de 2016

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Un despropósito que Francisco no ha eliminado aún…

Se acaban de cumplir treinta años de la “Carta a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales”, sin duda el documento más importante emitido en materia expresamente LGTB por la Iglesia católica. Un texto que frenó en seco numerosas iniciativas entonces en marcha y que aún hoy parecen audaces. Hacemos memoria de esta carta, de sus circunstancias y su repercusión.

El 31 de octubre de 1986 el Vaticano publicaba la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. Juan Pablo II era papa, y Joseph Ratzinger, luego papa Benedicto XVI, era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un documento que es conocido también como Homosexualitatis problema, sus dos primeras palabras en latín. En Estados Unidos algunos la llamaron también “la Carta de Halloween”, por la fecha en que fue publicada.

El documento pretendía salir al paso del debate en torno a la integración de gais y lesbianas en la Iglesia católica suscitado por la mínima apertura que había significado un documento anterior, la Declaración acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, de 1975, bajo el pontificado de Pablo VI. Un texto que había reconocido por primera vez que la inclinación homosexual en sí misma no era pecado. Esta mínima concesión fue suficiente para que en ciertos lugares se iniciara un acercamiento a la comunidad LGTB (al principio centrada casi exclusivamente en gais y lesbianas), lo que causó inquietud en el Vaticano y motivó la publicación de este segundo documento.

Como era de esperar, la Carta a los obispos de la Iglesia católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales supuso un cerrojazo a todas las esperanzas de cambio. Pero no solo eso: en ese documento se incluyeron además observaciones sobre las motivaciones de los activistas LGTB católicos y seculares notablemente duras, se marcó con el sello de la desconfianza el apoyo a leyes antidiscriminatorias y se hicieron unas anotaciones “sociológicas” que motivaron que incluso algunos miembros de la jerarquía se vieran posteriormente obligados a relativizarlas en su valor. Fue un cierre de filas doctrinal y una negativa a todo diálogo. En cualquier caso, aunque sea para mal, la Carta sigue siendo el documento doctrinal más importante sobre homosexualidad, y sus consecuencias siguen sintiéndose hoy. Por ello, merece la pena recordarla en algunas de sus tesis, así como el contexto en que se produjo.

El trasfondo: una década de debates e iniciativas audaces (1975-1985)

Entre los últimos años 70 y primeros 80 se habían adelantado propuestas teóricas e iniciativas muy interesantes sobre la inclusión de gais y lesbianas en la iglesia católica, sobre todo en los Estados Unidos. Desde el punto de vista teórico, destacan especialmente dos textos: el libro La sexualidad humana, de la Asociación Católica de América, y La iglesia ante la homosexualidad, del entonces jesuita padre John J. McNeill (a quien en su momento dedicamos un obituario en esta página). En ambos casos se defendía la posibilidad de relaciones físicas homosexuales moralmente buenas desde un punto de vista cristiano.

En cuanto a las iniciativas, algunas resultarían innovadoras y atrevidas incluso hoy (1). En 1981, la archidiócesis de Baltimore estableció uno de los primeros ministerios diocesanos para gais y lesbianas católicos. En 1983, la archidiócesis de San Francisco emitió el primer plan global de pastoral para personas homosexuales. También en 1983, la Conferencia Católica del Estado de Washington, formada por los obispos de tres diócesis del estado, publicó un documento titulado El prejuicio contra los homosexuales y el ministerio de la Iglesia, donde se llegaba a decir que la enseñanza sobre la homosexualidad requería “repensarse y desarrollarse”, y se urgía a la Iglesia a llevar a cabo una “investigación teológica sostenida respecto de su propia tradición teológica sobre la homosexualidad, de la cual nada es enseñanza infalible”. Por último, en 1985, los encargados del acercamiento pastoral a gais y lesbianas de la archidiócesis de Baltimore publicaron Homosexualidad: una perspectiva católica positiva. Aunque no cuestionaba el magisterio oficial, su enfoque positivo despertó recelos en algunos sectores de la iglesia.

Por otra parte, las asociaciones LGTB cristianas proliferaban, en Estados Unidos y fuera. Dignity era la organización más veterana, pero también estaba la Conferencia de Católicas Lesbianas. Había organizaciones dedicadas a religiosos y sacerdotes LGTB, como Communications Ministry, Christian Community Association, Rest, Renewal o Re-Creation. Por último otras organizaciones se dedicaban a la comunicación entre la comunidad LGTB y la iglesia, como New Ways Ministry (aún existente), SIGMA (Sisters in Gay Ministry Associated) y la Consultation on Homosexuality, Social Justice and Roman Catholic Theology.

Condena de toda relación sexual y descalificación de cualquier cambio doctrinal

Todas estas iniciativas preocuparon sin duda al Vaticano, que quiso emitir un comunicado a los obispos para “aclarar” en qué podía consistir y en qué no la pastoral con homosexuales. El resultado fue la Carta que comentamos. En primer lugar, prohibía toda pastoral que implicara aprobación de las relaciones homosexuales. Con ser esto ya un freno a las iniciativas que se estaban dando, la Carta fue más lejos, realizando afirmaciones recibidas por muchos como hirientes.

En primer lugar, estaba la calificación de la misma orientación sexual. Aunque mantenía que en sí misma la homosexualidad no era pecado, sí que le otorgaba un valor negativo en sí mismo:

“En la discusión que siguió a la publicación de la Declaración [acerca de ciertas cuestiones de ética sexual, de 1975], se propusieron unas interpretaciones excesivamente benévolas de la condición homosexual misma, hasta el punto que alguno se atrevió incluso a definirla indiferente o, sin más, buena. Es necesario precisar, por el contrario, que la particular inclinación de la persona homosexual, aunque en sí no sea pecado, constituye sin embargo una tendencia, más o menos fuerte, hacia un comportamiento intrínsecamente malo desde el punto de vista moral. Por este motivo la inclinación misma debe ser considerada como objetivamente desordenada”.

Por ello, la atención pastoral debía realizarse “para que no lleguen a creer que la realización concreta de tal tendencia en las relaciones homosexuales es una opción moralmente aceptable”.

Pero el texto iba aún más allá, haciendo una serie de observaciones sobre los colectivos LGTB y sobre los activistas católicos a favor de las personas LGTB en la iglesia que muchos recibieron como hirientes. Así, las personas que trabajaban para un cambio en la iglesia eran descritas con tonos exclusivamente negativos:

“Dentro de la Iglesia se ha formado también una tendencia, constituida por grupos de presión con diversos nombres y diversa amplitud, que intenta acreditarse como representante de todas las personas homosexuales que son católicas. Pero el hecho es que sus seguidores, generalmente, son personas que, o ignoran la enseñanza de la Iglesia, o buscan subvertirla de alguna manera”.

Por ello, el que estuvieran bajo el paraguas de la institución significaba: “mantener bajo el amparo del catolicismo a personas homosexuales que no tienen intención alguna de abandonar su comportamiento homosexual”. Igualmente, la Carta identificaba toda protesta con una “táctica”:

“Una de las tácticas utilizadas es la de afirmar, en tono de protesta, que cualquier crítica, o reserva en relación con las personas homosexuales, con su actividad y con su estilo de vida, constituye simplemente una forma de injusta discriminación”.

Contra el apoyo a políticas antidiscriminatorias y referencias muy cuestionables al sida y la violencia homófoba

No era lo único, Sin embargo. También se rechazaba que se buscara apoyo en los católicos a leyes antidiscriminatorias a favor de las personas LGTB, en asuntos laborales o para el alquiler de casas (recuérdese la urgencia de estos temas en los peores años de la la crisis del sida). En este sentido, la Carta consideraba que cuando se buscaba el apoyo a estas leyes, en realidad se estaba buscando la aceptación de la conducta homosexual:

“En algunas naciones se realiza, por consiguiente, un verdadero y propio tentativo de manipular a la Iglesia conquistando el apoyo de sus pastores, frecuentemente de buena fe, en el esfuerzo de cambiar las normas de la legislación civil. El fin de tal acción consiste en conformar esta legislación con la concepción propia de estos grupos de presión, para quienes la homosexualidad es, si no totalmente buena, al menos una realidad perfectamente inocua”.

Más aún, para apoyar este rechazo a apoyar leyes discriminatorias porque significaba apoyar la homosexualidad, la Carta realizó una de sus afirmaciones peor recibidas. En ella, se insinuaba la relación entre homosexualidad y sida, con un texto que roza la culpabilización de los activistas LGTB por la difusión de la enfermedad:

“Aunque la práctica de la homosexualidad amenace seriamente la vida y el bienestar de un gran número de personas, los partidarios de esta tendencia no desisten de sus acciones y se niegan a tomar en consideración las proporciones del riesgo allí implicado”.

La Carta contenía otro pasaje muy discutible sobre la violencia contra las personas LGTB, que por un lado rechazaba:

“Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen (…) La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones”.

Para a continuación decir lo siguiente:

“Sin embargo, la justa reacción a las injusticias cometidas contra las personas homosexuales de ningún modo puede llevar a la afirmación de que la condición homosexual no sea desordenada. Cuando tal afirmación es acogida y, por consiguiente, la actividad homosexual es aceptada como buena, o también cuando se introduce una legislación civil para proteger un comportamiento al cual ninguno puede reivindicar derecho alguno, ni la Iglesia, ni la sociedad en su conjunto deberían luego sorprenderse si también ganan terreno otras opiniones y prácticas torcidas y si aumentan los comportamientos irracionales y violentos”.

Se entiende fácilmente que esta declaración causara estupor muchos activistas LGTB, personas de la sociedad civil y hasta no pocos católicos, incluidos clérigos. No en vano, el que entonces era arzobispo de San Francisco, John R. Quinn, en su comentario a la Carta, se vio en la necesidad de exhortar a distinguir entre sus afirmaciones “doctrinales” y sus “observaciones sociológicas”.

Un documento que ha marcado las tres décadas posteriores

A pesar de estar dirigida en principio a los obispos, la Carta causó un fuerte impacto entre los católicos, al menos de Norteamérica y Europa occidental. En primer lugar, fue un golpe muy duro para los activistas LGTB católicos y sus aliados, acusados genéricamente de tener intereses espurios. Lo fue también para quienes manejaban una visión más abierta de la Iglesia católica, al ver cómo se cerraban filas en todos los aspectos doctrinales (el texto debe enmarcarse en un contexto de reafirmación de la doctrina en moral sexual y personal en todos los niveles: anticoncepción, técnicas de reproducción asistida, etc.). En un nivel más práctico, supuso que las asociaciones LGTB católicas que no aceptaron la doctrina que marcaba fueron expulsadas en casi todas las diócesis de los espacios propiedad de la Iglesia.

Es cierto que este cerrojazo no supuso el final del activismo LGTB católico y cristiano. En medio de muchas dificultades, agravadas por la crisis del sida (recuérdese que la Carta fue publicada en octubre de 1986), Dignity y otros colectivos mantuvieron su actividad. En este contexto, merece la pena recordar que la Carta permitió que el movimiento LGTB católico recuperara para el activismo a John J. McNeill, quien decidió romper su silencio impuesto para protestar contra este documento.

Igualmente, otros grupos fueron surgiendo en Estados Unidos y otros países. El movimiento LGTB católico y “revisionista” siguió vivo a pesar de la Carta. En un primer momento logró el mérito nada desdeñable de sobrevivir. Posteriormente ganó en peso y organización. Y lo ha hecho hasta el punto de que 30 años después, cuando parece haber signos de un mínimo deshielo, algunos en la Iglesia católica vuelven a pensar que va siendo hora de darles espacio.

El hecho de que la Carta siga en vigor como doctrina oficial de la iglesia (conviene recordarlo) impide todo optimismo fácil. Pero también es cierto que tres décadas de vigencia no han logrado acallar esas voces a favor de las personas LGTB, que tan duros calificativos recibieron entonces.

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(1) Las informaciones sobre el contexto previo, así como las declaraciones del arzobispo de San Francisco, están tomadas de un libro de Jeaninne Gramick y Pat Furey, The Vatican and Homosexuality. Reactions to the Letter to the Bishops of the Catholic Church on the Pastoral Care of Homosexual Persons, Nueva York, Crossroad, 1988.

Fuente Dosmanzanas

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Países africanos piden eliminar figura de experto de la ONU sobre LGBT

Martes, 8 de noviembre de 2016

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Charles Ntwaagae (izda) y Vitit Muntarbhorn (Dcha)

De los 193 países miembro de la ONU, 73 tienen legislaciones que condenan la homosexualidad como un crimen. De estos países 33 son africanos, entre ellos Uganda, Nigeria, Sudán y Mauritania.

La labor del primer experto de las Naciones Unidas independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género está en peligro. Una coalición formada por 54 países africanos demandan la destitución del experto en discriminación al colectivo LGTB y la desaparición de tal cargo vinculado a la ONU que, según ellos, no debe “ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual”. El grupo de Estados africanos, formado por 54 miembros, ha emitido un comunicado pidiendo que se revise la decisión de crear este nuevo alto cargo, que está llamado a jugar un importante papel en la evaluación de los derechos LGTB en el mundo.

Hace un mes que recogíamos el nombramiento del tailandés Vitit Muntarbhorn por un periodo de tres años para ser el titular inicial del puesto de experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación de las personas debido a su orientación sexual y su identidad de género. El 30 de junio, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas había aprobado por 23 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones la creación de esta figura, propuesta por varios países de América Latina. El proceso no fue precisamente fácil y tuvo que enfrentarse, además de a numerosas enmiendas, a una propuesta de retirada promovida por Arabia Saudí, que finalmente no prosperó.

Pero los representantes de los Gobiernos contrarios a los derechos de las personas LGTB no se han dado por vencidos. El viernes pasado, el embajador ante la ONU de Botsuana presentó en nombre de los 57 países del grupo africano una resolución para pedir “la suspensión de las actividades del experto independiente”. Y ello hasta que se dirima la legalidad de la creación de un cargo para defender la protección contra la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, unas “nociones” sobre cuya mera existencia “no hay un acuerdo internacional”, según los firmantes.

Con este argumento de que su misión no tiene relación con los derechos humanos, varios países africanos solicitaron el viernes, 4 de noviembre, la suspensión de Vitit Muntarbhorn, como experto designado por un período de tres años por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el objetivo evaluar las implementaciones del derecho internacional en materia de derechos humanos para que llevara a cabo investigaciones sobre las discriminaciones y la violencia contra las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o transgénero y aumentar la concienciación sobre la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Anteriormente había sido designado enviado especial de la ONU en Corea del Norte, además de haber trabajado en la investigación de la Comisión Internacional Independiente sobre Siria.

Charles Ntwaagae, embajador de Botswana, se expresó en nombre de 54 países africanos miembros de la ONU, afirmando ante una comisión de la Asamblea General que el Consejo “no debe ocuparse de los temas de orientación e identidad sexual (…). Estas dos nociones no son y no deberían estar vinculadas a los instrumentos internacionales existentes para la protección de los derechos humanos”, explicó al pedir la suspensión del mandato de Muntarbhorn. Este grupo ha presentado una resolución, cuya votación estaba prevista para el martes, 8 de noviembre. El texto pide la realización de consultas sobre la legalidad del mandato del experto LGBT y a la espera de ello exige la suspensión de su nominación.

El derecho al desarrollo y la lucha contra el racismo son, para los representantes de los países africanos, objetivos más importantes que se verían supuestamente relegados por el incremento de la vigilancia frente a los abusos contra la población LGTB. Una postura habitual para algunos de los Estados más contrarios al reconocimiento de esta realidad, que suelen luchar denodadamente contra la inclusión de las minorías afectivo-sexuales en los acuerdos para promover los derechos humanos de todos los individuos.

La propuesta de los países africanos se podría votar este martes en el tercer comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas, encargado de los asuntos sociales, culturales y humanitarios. Si sale adelante, el pleno de la Asamblea deberá adoptar una decisión definitiva antes de fin de año. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra.

Alrededor de un 40 % de los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, 73 países en concreto, tienen leyes que condenan la homosexualidad, 33 de los cuales pertenecen al continente africano. La resolución del Consejo de Derechos Humanos por la que designaba el nombramiento de un experto LGTB fue aprobada por 23 votos contra 18, en la que hubo 6 abstenciones, lo que refleja las profundas divisiones internas en materia de derechos de homosexuales, bisexuales y transexuales.

Las funciones del nuevo cargo

Muntarbhorn es un profesor de Derecho Internacional con una dilatada trayectoria al servicio de Naciones Unidas. Fue además uno de los juristas que participaron en la elaboración de los muy importantes “Principios de Yogyakarta” sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, aprobados en noviembre de 2006 (y que puedes descargar en su integridad aquí).

El experto cuenta con el siguiente mandato, según la resolución aprobada el pasado junio (reproducimos literalmente):

Evaluar la aplicación de los instrumentos internacionales vigentes de derechos humanos relacionados con los medios de superar la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias;
Concienciar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de la violencia y la discriminación;
Entablar un diálogo con los Estados y otros interesados pertinentes, incluidos los organismos, programas y fondos de las Naciones Unidas, los mecanismos regionales de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, y celebrar consultas con ellos;
Trabajar, en cooperación con los Estados, para promover la aplicación de medidas que contribuyan a la protección de todas las personas contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género;
Hacer frente a las formas múltiples, interrelacionadas y agravadas de violencia y discriminación con que se enfrentan las personas por causa de su orientación sexual o identidad de género;
Organizar, facilitar y apoyar la prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica, fomento de la capacidad y cooperación internacional en apoyo de las iniciativas nacionales de lucha contra la violencia y la discriminación de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Muntarbhorn deberá presentar un informe anual tanto al Consejo de Derechos Humanos como a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays exige a los países de la ONU que rechacen la moción del Grupo Africano para eliminar la recién creada figura del experto en cuestiones LGTBI.

Los grupos LGTB aplaudieron en su momento la designación de Muntarbhorn como experto en temas LGTBI de la ONU. La creación de ese puesto fue sugerida directamente por la ILGA (la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays) que se mostró muy satisfecha con la elección de este profesor de derecho internacional para “abordar las formas múltiples e interrelacionadas de violencia y discriminación que sufren las personas con respecto a su orientación sexual e identidad de género“. Su nombramiento se produjo el pasado 1 de noviembre para un periodo de 3 años que podían ser renovados.

La moción se votará esta mañana, en Nueva York. Y algunos temen que debido a las elecciones americanas (que son también mañana) esta problemática no sólo no reciba la atención necesaria sino que se cree el clima perfecto para que ganen los países que quieren cargarse (figuradamente) a Muntarbhorn -que, literalmente, no lleva en el cargo ni una semana- y con ello la lucha contra la LGTBIfobia desde la propia ONU.

Es por eso que desde la ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays que se fundió en 1978 y engloba a 1.200 asociaciones de todo el mundo, se exige a los gobiernos que no apoyen la moción del Grupo Africano y mantengan la figura del Experto en cuestiones LGTBI para seguir avanzando en el respeto a los derechos del colectivo.

Jordi Petit, ex secretario general de la ILGA explica que espera y confía en que la votación ofrezca “un resultado positivo para este primer defensor de la comunidad LGTBI mundial, sin precedentes en la ONU.” Y recuerda al recién formado gobierno español que todos esperamos su “voto negativo a la moción de los países de la intolerancia.”

No olvidemos que, actualmente, hay 77 países en el mundo en el que ser gay es ilegal y que 33 de esos países están en África. Y no nos olvidemos de los países en los que la homosexualidad no es ilegal pero tampoco se persiguen los delitos de odio. A eso súmale la escalada en los delitos de odio que vemos por todo el mundo, la masacre de Orlando, los graves problemas de la comunidad en países de América Latina o el Caribe, las agresiones homófobas en España y en Europa y las terribles ejecuciones de homosexuales que perpetra el Estado Islámico y que son difundidas por las redes sociales.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha hecho de la promoción de los derechos de las personas LGBT una de sus prioridades. “La marea está girando” a favor de los derechos LGTB, declaraba Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, al recibir un premio de la Elton John AIDS Foundation contra el Sida. El diplomático surcoreano se convertía en el centro de críticas muchos miembros de la ONU, particularmente de Rusia, cuando decidía en 2015 extender beneficios sociales a las parejas del mismo sexo de los empleados de la ONU. “Quiero recordar a otros que las personas LGBT son sólo eso, personas (…) Ellos valen tanto como cualquier otra persona. Y han nacido con los mismos inalterables derechos que cualquier otra persona”, declaraba en sus discurso de aceptación del premio.

Fuente Agencias, ILGA, vía Cáscara Amarga/Universogay/Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Un hotel escocés pierde la categoría de cinco estrellas por los comentarios homófobos de su dueño

Sábado, 5 de noviembre de 2016

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A pesar de haberse disculpado, como ya publicábamos hace unos días, el hotel escocés The Marcliffe ha perdido su categoría de cinco estrellas debido a los comentarios homófobos vertidos por su dueño, Stewart Spence, en un evento benéfico organizado por la industria hotelera, en el que afirmó no haber “contratado nunca a un maricón”. La agencia turística VisitScotland ha retirado a The Marcliffe de su página web y ha suspendido la calificación otorgada hasta entonces. Aunque el empresario ha expresado sus disculpas, VisitScotland le ha requerido pruebas fidedignas que acrediten que en sus instalaciones no se discrimina a los trabajadores o a los clientes por su orientación sexual.

Los hechos tuvieron lugar a principios del mes de octubre durante un evento benéfico organizado por Hospitality Industry Trust Scotland, la más relevante agrupación hotelera de la zona. Según testigos, Stewart Spence, dueño del hotel The Marcliffe en la localidad escocesa de Aberdeen, empezó a alardear de ser amigo del multimillonario candidato a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, y espetó a los asistentes: “Yo no soy maricón. Nunca he contratado a un maricón y nunca lo haré”. Los mismos testigos señalan que los presentes se quedaron “boquiabiertos, nadie podía creer que una persona tan bien conocida e influyente expresara abiertamente unas opiniones tan horribles e intolerantes”.

Lo ocurrido llegó a conocimiento de VisitScotland, la agencia turística que cuenta al hotel The Marcliffe entre sus afiliados y le proporciona difusión a través de sus medios, así como certifica su calidad. Un portavoz de la agencia comunicaba que “hemos avisado al hotel de que hemos suspendido su pertenencia a nuestra Garantía de Calidad y su inclusión en nuestra web, hasta que recibamos pruebas escritas de que no mantienen una política discriminatoria con su personal y clientes, y que han comprendido que deben cumplir enteramente con la legislación pertinente. Asimismo, les hemos informado de que están disponibles programas de formación y apoyo en organizaciones como Stonewall”. Esa suspensión supone la pérdida de la categoría de cinco estrellas que la agencia le había otorgado.

Desde Hospitality Industry Trust Scotland, por su parte, comunicaban que “estamos en profundo desacuerdo con las opiniones y observaciones homófobas expresadas la pasada noche por una persona en la cena de recaudación de fondos de la fundación Grampian, que fueron una sorpresa absoluta y tan impactantes como poco fidedignas de la realidad de la industria hotelera”.

La pronta reacción tanto de VisitScotland como de Hospitality Industry Trust Scotland han complacido a la asociación de defensa de los derechos LGTB Stonewall, aunque estiman que “las observaciones formuladas en el evento de la pasada noche demuestran claramente que hay una gran cantidad de trabajo por hacer antes de que las personas LGBT pueden sentirse seguras e incluidas en sus trabajos, y de que los clientes LGBT sean tratados de manera justa y respetuosa”. La asociación también ofrece su apoyo “a los empleadores del sector de la hostelería que quieran crear lugares de trabajo más inclusivos para las personas LGTB”.

Ante una reacción tan unánime de condena hacia sus palabras, y quizás con temor a la repercusión que pudiera tener para su negocio, Stewart Spence ha hecho las siguientes declaraciones: “Hice algunos comentarios muy imprudentes en la cena de la pasada noche y hoy me siento absolutamente mortificado. Me gustaría pedir mis más sinceras disculpas por la ofensa causada. No sé en lo que estaba pensando. Esperaba despertar algunas risas en torno al tema de los setenta y, aunque las palabras que utilicé pudieron haber sido, lamentablemente, un lugar común en esa generación, siguen siendo totalmente inaceptables. The Marcliffe es un lugar inclusivo tanto para su personal como para sus clientes. Damos la bienvenida a todos, independientemente de su orientación sexual. Me arrepiento de todo esto y lo siento de verdad”.

Fuente Dosmanzanas

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Hillary Clinton trata de conquistar el voto de la comunidad LGTB en Florida

Viernes, 4 de noviembre de 2016

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Queda solo una semana para que se celebren las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y los dos principales candidatos aparecen virtualmente empatados en las encuestas, aunque con una ligera ventaja de Hillary Clinton si lo que se tiene en cuenta es el colegio electoral (en Estados Unidos, es el número de votos electorales que un candidato consigue reunir, en función de en qué estados logra la victoria, lo que determina el resultado final). Cada voto cuenta, también el LGTB. Por eso los dos principales candidatos han intentado atraerlo en los últimos días. De una manera bien distinta, que refleja hasta qué punto la cuestión interesa a uno y a otro.

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, promete avanzar hacia una sociedad más igualitaria en un mitin celebrado con la comunidad LGTB en Florida, un estado clave en la campaña en el que las encuestas le auguran un empate técnico contra Donald Trump.

Hillary Clinton, la candidata demócrata, dio un mitin en un local de ambiente LGTB (The Manor, en la localidad de Wilton Manors, Florida) en el que hizo un llamamiento a no dar ni un paso atrás sobre los avances que se han conseguido estos últimos años. Clinton, en este sentido, lo tenía fácil: le bastaba con enumerar las promesas que los republicanos han hecho sobre esta materia. Recordó, por ejemplo, que Donald Trump ha sugerido la posibilidad de revertir la histórica decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión.

De campaña por uno de los estados claves de cara a las elecciones presidenciales, Hillary Clinton une lazos con la comunidad latina a través de un concierto de Jennifer Lopez y Marc Anthony en Miami, en el que pedía que votaran el 8 de noviembre en las «elecciones más importantes de la historia», y con la comunidad LGTB en un mitin celebrado en Wilton Mannors, la segunda ciudad estadounidense con mayor cantidad de residentes identificados como LGBT, donde recordaba la tragedia de Pulse.

La candidata demócrata no desaprovechó tampoco el momento para recordar otra promesa republicana, quizá menos llamativa pero quizá más grave, en tanto podría ocurrir desde el minuto cero de la presidencia de Trump: la de anular las órdenes ejecutivas federales que impiden discriminar a las personas LGTB. Obama, recordemos, ha firmado dos importantes órdenes antidiscriminatorias que obligan tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial). El candidato republicano a vicepresidente, Mike Pence, era el encargado, hace pocas semanas, de anunciar en una entrevista esta medida.

Hillary Clinton, sin embargo, no se quedó solo ahí, y denunció de forma expresa que son todavía muchos los estados que siguen amparando la discriminación de las personas LGTB en materia de trabajo o vivienda. La candidata demócrata, de hecho, puso el ejemplo de Eleazar Andres, un trabajador gay que fue despedido de una de las empresas de Donald Trump tras denunciar el brutal acoso homófobo al que fue sometido por sus compañeros (hasta llegó a ser hospitalizado tras una agresión). En este sentido, la candidata demócrata prometió su apoyo activo a una legislación federal que prohíba este tipo de episodios. Algo que en cualquier caso parece difícil, incluso con Clinton en la presidencia si los republicanos retienen, como así parece que sucederá, el control de la Cámara de Representantes (que también se renueva el próximo martes, junto a un tercio del Senado).

No está de más recordar, hablando de discriminación a personas LGTB, que el propio Trump anunciaba en septiembre que no tendría inconveniente en rubricar la FADA (First Amendment Defense Act), una propuesta legislativa que los republicanos incluyen en su plataforma electoral y que en caso de prosperar prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.

En su mitin de Florida Clinton también prometió, por cierto, luchar por un mayor control sobre la posesión de armas para intentar evitar masacres como la Orlando, que hace unos meses conmocionó precisamente a la comunidad LGTB de Florida.

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Clinton contra Trump

Hillary Clinton no duda en arremeter contra su contrincante en las elecciones presidenciales afirmando que tiene un «historial terrible» en relación con la comunidad LGTB, acusándole de pretender controlar los nombramientos de la Corte Suprema con el objetivo de terminar con el matrimonio igualitario y otras leyes contra la discriminación LGTB promulgadas por Barack Obama. Según ella, su oponente «no va a parar» hasta que imponga su visión «oscura y divisoria» de la realidad, algo con lo que están de acuerdo el Log Cabin Republicans, pero con lo que discreparían Caitlyn Jenner y Peter Thiel.

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Su propósito no es otro que el de tomar medidas en contra de la discriminación hacia las personas homosexuales, bisexuales y transexuales en «todos los aspectos», en el intento de convertir los Estados unidos en un «ejemplo» de sociedad igualitaria y que no vuelva a suceder una tragedia como la del club Pulse de Orlando, en la que perdieron la vida 49 personas de la comunidad LGTB.Trump contra ClintonSi bien Donal Trump apenas ha prestado atención a los rumores sobre la orientación sexual de su oponente, todos ellos de boca de mujeres que afirman haber sido amantes de Bill Clinton, con la connivencia de su esposa, no ha parado hasta conseguir que el FBI reabriera la investigación sobre el escándalo de los correos electrónicos y el uso de un servidor privado por parte de la ex secretaria de Estado a los que la candidata se refirió únicamente para señalar que se trata de una distracción de su contrincante.
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Según Robby Mook, jefe de campaña de Clinton, la reapertura del caso no va a suponer una derrota electoral, además que ha creado un efecto inverso al provocar una mayor movilización por parte de los voluntarios: «Tenemos más de 50.000 voluntarios, estamos viendo los números de registro de votación temprana. Y nos sentimos muy bien acerca de esta participación sin precedentes».

Mientras Trump exhibe una bandera arcoíris… sin decir palabra

Mientras tanto, los partidarios LGTB de Donald Trump conseguían el “gran logro” de que el candidato republicano exhibiera durante unos segundos una bandera arcoíris con la leyenda “LGBTs For Trump” en un mitin celebrado en Greely, Colorado. Trump entregó después la bandera a un asistente… y no dijo una sola palabra sobre los derechos LGTB.

Y es que, como ya hemos venido comentando en entradas anteriores, Donald Trump cuenta, en efecto, con seguidores LGTB, como el multimillonario Peter Thiel y muchos de los denominados homocon, una corriente de gais conservadores que comparten el argumentario que sitúa al islam (y no a la derecha religiosa estadounidense) como su principal enemigo. No es casualidad que, coincidiendo con la convención republicana que encumbró a Trump, tuviera lugar un evento de apoyo a su candidatura por parte de un grupo (pequeño) de personas LGTB. Los dos principales oradores fueron Milo Yiannopoulos, un columnista conservador abiertamente gay, protagonista de varias polémicas en redes sociales, y la activista antimusulmana Pamela Geller. La intervención de Yiannopoulos, del que son bien conocidas sus opiniones contra el feminismo y el islam, resumió a la perfección el núcleo actual del ideario homocon: el Partido Demócrata no ha hecho nada por los gais, sino que por el contrario ha abierto el país a los musulmanes, enemigos de los derechos LGTB, y Trump es el candidato más pro-LGTB de la historia estadounidense.

Yiannopoulos, por cierto, se ha lanzado en los últimos días a una espiral de odio tránsfobo, calificando a las personas trans de “enfermas mentales”, defendiendo las leyes que les impiden usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género, convertidas en la punta de lanza del movimiento LGTBfobo estadounidense. Este es el tipo de personas LGTB que apoyan abiertamente a Trump…

Siendo justos, también hay que recordar que Log Cabin Republicans, el más importante y “serio” de los grupos LGTB afines al Partido Republicano estadounidense, ha anunciado que no apoyará a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Aunque hacen una encendida defensa del candidato republicano, al que llegan a calificar como “el más pro-LGTB de la historia del Partido Republicano”, aclaran que su decisión ha sido tomada en consideración al equipo fuertemente LGTBfobo que ha escogido para acompañarle en la carrera presidencial y las medidas que defienden.

Las encuentas dan una de cal y una de arena

De los 20 millones de personas que ya han ejercido su derecho al voto por correo, 3 de ellos lo han hecho en Florida, un estado clave para el resultado final al tener un efecto «pendular» para evitar un posible empate en los resultados, dado que no es un estado en el que sus votantes mantengan una intención de voto constante ni hacia los repúblicanos ni hacia lso demócratas, además de que proporciona 29 de los 270 votos electorales necesarios para ganar.

Según la última encuesta, entre los que ya han ejercido su voto, un 36 % del total, Clinton tendría una ventaja de un 54 % frente al 37 % de Trump, una ventaja que se invierte entre los que ejercerán su derecho a voto de manera presencial, entre quienes el republicano lleva una ventaja del 51 % frente al 42 % que votarían por Hillary Clinton, según una encuesta del 30 de octubre.Otras encuestas no aciertan a ponerse de acuerdo. Mientras que Real Clear Politics registraba un empate entre Clinton y Trump el mismo 30 de octubre, siendo la candidata demócrata la que llevaba la delantera con una ventaja de sólo 1,6 puntos por encima del republicano sólo 4 días antes, el 26 de octubre; según la encuesta de NBC News, Wall Street Journal y Marist, sería Clinton la que aventaja por un punto a Trump, con un 45 % frente a un 44 %, repartiéndose el resto del porcentaje el candidato libertario, Garry Johnson, y el ecologista, Jills Stein, aunque sí se habría producido un aumento de dos puntos en la intención de voto para Trump desde que realizaran la misma encuesta a principios del mes de octubre. Claramente nada está decidido en los Estados Unidos ni para Donalt Trump ni para Hillary Clinton.

¿Quién de ellos será el próximo presidente? La respuesta, en una semana.

Fuente Agencias/Universogay

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Marcelo Crivella, polémico obispo evangélico con historial homófobo gana la alcaldía de Río de Janeiro

Viernes, 4 de noviembre de 2016

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En una elección turbulenta, rodeada de polémicas, Marcelo Crivella ganó la alcaldía de Río de Janeiro, Brasil.

La homosexualidad es una “conducta maligna”, un “mal terrible” y una “condición lamentable”. Es lo que escribía en su libro Evangelizando a África el alcalde electo de Río de Janeiro, Marcelo Crivella. Obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Crivella simboliza la pujanza de los grupos evangélicos en Brasil, portavoces en su mayoría de la LGTBfobia más indisimulada.

El pasado domingo tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones municipales en Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad de Brasil. El candidato del conservador Partido Republicano Brasileño (PRB)una organización con once años de trayectoria política. Con el 59% de los votos, Marcello Crivella, se impuso a su rival socialista Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), por cerca de veinte puntos porcentuales. La derecha conquista así otro importante bastión de poder tras desalojar a la presidenta Dilma Rousseff el pasado mes de agosto mediante un procedimiento de impeachment.

Al votar en Copacabana, el religioso prometió dedicarse “a cuidar sobre todo de la salud, educación, transporte y seguridad”. Crivella fue obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977 por su tío Edir Macedo. El pastor ha subrayado que, más allá de la vida religiosa, tuvo varios oficios antes de convertirse en senador: ingeniero civil, escritor, oficial de reserva del ejército, taxista, profesor universitario y funcionario. Crivella llegó al cargo de senador en 2002 sin haber participado nunca antes en una elección, en gran parte gracias al voto de los fieles.

Desde que comenzó a disputarse la alcaldía de Río en 2004, ha prometido constantemente que la Iglesia Universal no influiría en sus decisiones políticas. Sin embargo, sus declaraciones al respecto son vistas con escepticismo tanto por otros líderes religiosos como por analistas políticos.

Y es que el historial de Crivella es muy desalentador para la población LGTB carioca. El alcalde electo, que tomará posesión en enero, es obispo de la evangélica Iglesia de Universal del Reino de Dios. Tras pasar diez años en África como misionero, escribió el libro Evangelizando a África, en el que califica la homosexualidad de “conducta maligna”, “mal terrible” y “condición lamentable” , y que los gays son víctimas de un “terrible mal”. Dijo, además, que la Iglesia católica “predica doctrinas demoníacas”, mientras que el hinduismo y las religiones africanas albergan “espíritus impuros”. Debido a las repercusiones negativas del texto, durante la campaña electoral tuvo que disculparse por las ofensas que publicara “hace décadas”, “cuando era joven”, después de vivir en un ambiente de guerra y superstición.

En las semanas previas a su elección, Crivella se declaró favorable a las uniones civiles pero no al matrimonio entre personas del mismo sexo, que es legal en Brasil desde 2013. Un cambio respecto a sus posiciones previas, en las que se había mostrado contrario a cualquier reconocimiento de las parejas del mismo sexo. Los antecedentes, sin embargo, no invitan al optimismo.

El pastor Ed René Kivitz, miembro de la Iglesia Bautista del Agua Blanca, dijo a BBC Brasil que la dualidad entre el Crivella religioso y el Crivella político no es más que una “estrategia de campaña”. A pesar de que Crivella intentó desligarse de su papel como miembro de la Iglesia Universal, Kivitz opina que su carrera política se decide “en el horizonte interno de su experiencia religiosa”.

Crivella fue ministro de la Pesca durante el gobierno de Dilma Rousseff y aliado del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (ambos del Partido de los Trabajadores) en varias campañas políticas. No obstante, durante el proceso de impeachment de Rousseff votó “sí” al juicio político de la presidenta.

La elección del pastor evangélico, en una ciudad conocida internacionalmente por sus exuberantes carnavales, ha sido interpretada como otro paso hacia la consolidación del conservadurismo en el país más grande de América Latina. Las preocupaciones apuntan a que su futura gestión agudizará la intolerancia religiosa y dañará la políticas a favor de la equidad de género y los derechos de la comunidad LGTB. Sin embargo, analistas consultados por BBC Brasil creen que algunas alegaciones en cuanto a Crivella son “exageradas”. “Él tuvo que dejar claro que no va a eliminar el Desfile Gay o el carnaval, ni tolerar ningún tipo de persecución hacia las religiones de origen africano”, argumenta Ricardo Ismael, doctor en Ciencias Políticas e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. “Es una exageración ese tipo de acusación. No sería estratégica para él”, opina Ismael.

La pujanza evangélica, seria amenaza para las personas LGTB

Y es que, a pesar de los avances jurídicos, Brasil sigue registrando un elevado índice de LGTBfobia social, lo que cada año causa la muerte violenta de varios cientos de personas. No es precisamente ajeno a este clima de odio la pujanza del lobby evangélico en ese país, al que en diversas ocasiones hemos hecho referencia (conviene recordar que los evangélicos agrupan ya a un quinto de la población brasileña). Aunque Brasil es el país con más personas católicas del mundo, la comunidad evangélica agrupa al 20% de los brasileños. Entre 2000 y 2010, el número de evangélicos en ese país creció un 61%. La Iglesia Universal, principal denominación Pentecostal en Brasil, es la tercera con más fieles en ese país. . Hace un par de años, por ejemplo, cerca de 100.000 personas convocadas por diversos grupos evangélicos mostraban en Río de Janeiro su oposición al matrimonio igualitario, un derecho reconocido judicialmente en ese país. La convocatoria coincidió con la “Marcha por Jesús”, un evento que anualmente congrega a decenas de miles de fieles evangélicos.

La fuerza de los grupos evangélicos en Brasil también se hizo evidente el nombramiento del diputado homófobo Marco Feliciano como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en 2013, cargo que ocupó durante varios meses. Desde ese puesto, Feliciano fue uno de los promotores de una iniciativa para reintroducir las “terapias” reparadoras de la homosexualidad (prohibidas por el Consejo Federal de Psicología de Brasil) que fue retirada solo cuando quedó claro que sería objeto de una contundente derrota en el pleno de la Cámara de Diputados si llegaba a votarse bajo la presión de las fuertes movilizaciones sociales que tenían lugar en Brasil en aquel momento, y en las que participó de forma muy activa el colectivo LGTB.

Pero Feliciano no está solo. Jean Wyllys, el primer diputado abiertamente gay del Parlamento brasileño, denunciaba hace unos meses, a raíz de la masacre homófoba de Orlando, los “delirios homofóbicos” de políticos y líderes religiosos a los que calificaba de “mentirosos” por trasladar “la idea de que gais, lesbianas y transexuales deseamos imponer una ‘ideología de género’ o la ‘cristianofobia’”, advirtiendo que esos discursos “pueden conducir a la barbarie”. Wyllys, que ha llegado a estar amenazado de muerte por su defensa de la igualdad y por su propia orientación homosexual, acusaba directamente a Marco Feliciano, al también diputado Pastor Eurico, al pastor Silas Malafaia, a la psicológa Marisa Lobo y a la pastora y cantante Ana Paula Valadão. También mencionaba a Jair Bolsonaro, que es católico pero defiende la agenda conservadora del Frente Parlamentario Evangélico en el Congreso.

Fuente Agencias/BBC/Dosmanzanas

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Colectivos LGTB+ de Castilla y León acuerdan un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género

Jueves, 3 de noviembre de 2016

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Organizaciones LGTB de Castilla y León han elaborado un borrador de Ley de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género que tienen previsto presentar a la Junta de Castilla y León para su tramitación. La propuesta está inspirada en la ley que en marzo de 2015 fue aprobada en la vecina Extremadura, con la mirada puesta en lo que allí sucedió: aprobación por unanimidad de todos los grupos políticos en una cámara en la que el también gobernaba el Partido Popular.

Hay que tener en cuenta que tanto la presidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, como el propio gobierno de la Junta, presidido por Juan Vicente Herrera, han expresado su voluntad de aprobar un ley de este tipo. Parece que el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas el PP perdiese (al menos técnicamente) la mayoría absoluta de la que gozaba en anteriores legislaturas ha vuelto a este partido más sensible a las reivindicaciones del colectivo LGTB, que antes había preferido ignorar. Una señal de que estamos en un tiempo nuevo, en este sentido, es que todos los ayuntamientos de las capitales de provincia castellano-leonesas, así como decenas de otros municipios de la comunidad, se hayan sumado a la campaña “Municipios por la Igualdad LGTB+ en Castilla y León” promovida por la Federación Castellana y Leonesa de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales y más (FEyLGTB+) y otros colectivos de la región, y que reclamaba precisamente la aprobación de una ley de este tipo.

Las organizaciones que han participado en el proceso colaborativo de elaboración del texto son la propia FECyLGTB+, AWEN LGTBI+, Chiguitxs LGTB+, Iguales, Iguales USAL, Lesgávila, Segoentiende, Chrysallis Castilla y León, Valladolid Diversa y Fundación Triángulo. El texto, como mencionamos antes, adopta como modelo la Ley de Igualdad Social de Extremadura, promovida en su momento por el gobierno de José Antonio Monago y que aborda también en su articulado la realidad de las personas transexuales. No obstante, incluye mejoras que han sido tomadas de leyes aprobadas más recientemente en Murcia o en la Comunidad de Madrid. Textos todos ellos que han salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos en comunidades gobernadas en minoría por el PP. Recordemos que en las Cortes de Castilla y León el PP cuenta con 42 representantes (de un total de 84), frente a 25 del PSOE, 10 de Podemos, 5 de Ciudadanos, 1 del IU-Equo y 1 de Unión del Pueblo Leonés.

“Este borrador, este texto valiente, es un paso adelante más hacia conseguir la Ley de Igualdad Social LGTB+ que llevamos pidiendo en la calle varios años. Y ya estamos cerca de lograrlo”, ha señalado Ignacio Paredero, presidente de la FECyLGTB+. “Es hora de que Castilla y León avance de una vez hacia la igualdad del colectivo LGTB+. Precisamente aquí es donde más falta hace”, ha declarado por su parte Pepa Tascón, su vicepresidenta.

Fuente Dosmanzanas

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El Supremo de Estados Unidos decidirá si es legal o no la discriminación de un adolescente trans al que no permiten usar el baño de chicos

Jueves, 3 de noviembre de 2016

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El Tribunal Supremo de los Estados Unidos anunció este viernes que revisará el caso de Gavin Grimm, el adolescente trans al que se le ha prohibido usar el baño de chicos de su instituto. La decisión del Tribunal Supremo, aunque desde un punto de vista jurídico no hará otra cosa que dirimir un conflicto de legitimidades, marcará posiblemente la evolución de los derechos LGTB en Estados Unidos en los próximos años. Las perspectivas, en este caso, son bastante más inciertas que cuando se dirimió la cuestión del matrimonio igualitario.

Recordemos en primer lugar el caso que el Tribunal Supremo va a revisar. Tras salir del armario como chico, Gavin Grimm comenzó a usar los baños que corresponden a su identidad masculina en su instituto de Gloucester (Virginia). Aparentemente ello no le supuso problema alguno con sus compañeros, pero en cuanto la noticia llegó a oídos de los padres un grupo de ellos solicitó al Consejo Escolar del Condado que se le habilitase un baño separado de los que usan el resto de estudiantes.

El joven, forzado a usar un baño distinto al que le corresponde como chico y asistido por la ACLU (American Civil Liberties Union), demandó al instituto ante la justicia federal en junio de 2015, al considerar que la medida suponía una violación del Título IX, la ley federal que desde principios de los años setenta prohíbe a toda institución educativa que reciba fondos del Gobierno discriminar por razón de sexo. Ya en abril de 2014, de hecho, el Departamento de Educación de Estados Unidos había publicado un documento aclarando que las protecciones derivadas del Título IX se extendían también a los estudiantes LGTB.

Cuando el juez federal Robert Doumar estudió el caso en primera instancia denegó la petición de Gavin, pero el joven apeló. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito (con jurisdicción sobre los estados de Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Carolina del Norte y Carolina del Sur) le dio la razón, por 2 votos contra 1, al considerar que el derecho del adolescente a usar los baños que corresponden a su identidad de género sí podía considerarse amparado por la legislación federal que prohíbe la discriminación por razón de sexo en las escuelas (si bien la Corte de Apelaciones reconocía en en su argumentación que la equivalencia jurídica entre “sexo” e “identidad de género” no está bien clarificada). Lo que hizo la Corte de Apelaciones fue devolver el caso al juez Doumar al considerar que este debía evaluar el caso de una forma más detallada a la luz de lo expuesto en el fallo (que puedes consultar íntegramente aquí). Doumar, finalmente, emitió una orden para que Gavin Grimm pudiese utilizar el baño que corresponde a su identidad masculina.

Una decisión que el Consejo Escolar del Condado de Gloucester apeló directamente al Tribunal Supremo, solicitando de este que con carácter urgente la orden quedase temporalmente invalidada en tanto se desarrollase el proceso legal. Algo a lo que el Tribunal Supremo accedió por 5 votos contra 3, gracias al voto decisivo de Stephen Breyer, uno de los miembros del bloque “progresista”, que en este caso se unió a los cuatro jueces de perfil más conservador. recordemos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está formado solo por 8 miembros, dado que tras el inesperado fallecimiento de Antonin Scalia el Partido Republicano, que controla el Senado, se ha negado a ratificar a Merrick Garland, el candidato propuesto por Barack Obama, al menos hasta que tengan lugar las elecciones presidenciales.

En caso de que Breyer se hubiera alineado con el resto de jueces progresistas habría habido un empate, con lo cual hubiera prevalecido, al menos temporalmente, la decisión de la Corte de Apelaciones del 4º Circuito.

El papel de la administración Obama

En paralelo a todo este proceso, el propio departamento federal de Educación emitía el pasado mayo una instrucción que estipulaba que en efecto prohibir a los estudiantes trans usar las instalaciones que corresponden a su identidad de género supone una violación del Título IX. Aquel documento, que puedes descargar en su integridad aquí, tenía un carácter informativo y aclaratorio, y enumeraba las diferentes casuísticas que a juicio de la administración federal quedan cubiertas por el Título IX (y cuyo incumplimiento, por tanto, podría suponer la retirada de fondos federales) y aquellas que no. Según este documento queda cubierto, por ejemplo, el uso de baños públicos y vestuarios. También el que, en aquellos casos en los que de forma excepcional las escuelas convoquen actividades separadas por sexos (que de forma general están prohibidas en este tipo de centros), los estudiantes transgénero puedan acudir a las que corresponden a su identidad de género.

La acción de la administración Obama, conviene precisar, no venía desencadenada directamente por el caso de Gavin Grimm, sino que tenía lugar en el contexto de la aprobación por Carolina del Norte de su infame ley antiLGTB, gracias al control republicano de dicho estado. Un texto que prohíbe a los ayuntamientos y condados del estado establecer nuevas medidas contra la discriminación de las personas LGTB y deroga las previamente existentes (como la que ya había sido aprobada en la ciudad de Charlotte, que amparaba a lesbianas, gais, bisexuales y transexuales ante cualquier tipo de discriminación de que fueran objeto en lugares donde se ofrecen servicios, como comercios, restaurantes, hoteles o taxis). Entre las medidas prohibidas, la de permitir a las personas transexuales que puedan utilizar los aseos correspondientes a su identidad de género en cualquier centro público. Una ley contra la que la propia fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, ha interpuesto una demanda.

Finalmente, para complicar aún más la cosa, el juez federal Reed O’Connor, de Forth Worth (Texas), emitía en agosto una medida cautelar que dejaba en suspenso la instrucción emitida por el departamento de Educación, como respuesta a la demanda presentada por representantes de 13 estados. O’Connor consideró que el Gobierno estadounidense se excedió en sus funciones al obligar a los estados a elegir entre desobedecer la normativa federal (exponiéndose a perder fondos públicos) o acatarla, lo cual, en su opinión, contradice estatutos y textos regulatorios a nivel de los estados.

El Supremo decidirá… elecciones mediante

Esa es, más o menos, la situación de fondo en este momento. Ahora el Supremo ha decidido aceptar la apelación del Consejo Escolar del Condado de Gloucester referida al caso de Gavin Grimm para su discusión. El Consejo Escolar argumenta que en este caso la justicia federal ha actuado de forma inadecuada al asumir sin más la interpretación que una agencia federal hace de una regulación que ni siquiera tiene rango de ley.

Se trata, según los analistas, del caso de mayor perfil político de los que el Tribunal Supremo ha decidido aceptar desde el fallecimiento de Scalia. De ahí que sea previsible que genere una gran polémica. Entre otras cosas, debido al actual contexto político estadounidense.

Por lo pronto, la discusión del caso, y las correspondientes audiencias a las partes, no tendrá lugar hasta el año 2017. Lo que significa que no sabemos qué habrá sucedido entonces con el puesto vacante del Supremo. En el caso, absoluto descartable, de que Donald Trump se haga con la presidencia en las elecciones del 8 de noviembre y los republicanos mantengan el control del Senado, es muy posible que dicha vacante sea ocupada por un juez fuertemente conservador y contrario a los derechos LGTB (es de hecho, una de las promesas electorales de Trump, que ha llegado a defender el nombramiento de jueces que deshagan la sentencia de 2015 sobre el matrimonio igualitario). Pero incluso en el caso de que no sea así, y dicha plaza la ocupe finalmente Merrick Garland, el candidato propuesto por Obama y que lleva meses pendiente de confirmación), la discusión se prevé ajustada.

La estrategia del “pánico transexual”, transfondo de la polémica

Pocos dudan de que nos encontramos ante un caso especialmente trascendente. Los grupos opuestos a los derechos LGTB en Estados Unidos han encontrado en el “pánico transexual en los baños” el argumento que estaban buscando para relanzar su lucha en territorios en los que no cuentan con una ventaja social clara. Una estrategia que ensayaron con gran éxito en Houston, posiblemente la ciudad más abiertamente pro-LGTB del estado de Texas, donde una vergonzante campaña contra el uso de los baños femeninos por las mujeres transexuales consiguió tumbar en referéndum la normativa antidiscriminatoria que la ciudad había aprobado.

Meses después esta misma estrategia volvía a conseguir un éxito sonado en Carolina del Norte, donde la absurda polémica sobre los baños enmascaraba, como explicamos arriba, la aprobación de lo que es todo un paquete de medidas legales encaminadas a hacer posible la discriminación de las personas LGTB en muy diversos aspectos. Medidas que están encontrando, eso sí, una cada vez mayor contestación social y que pueden suponerle a Carolina del Norte la pérdida de importantes inversiones económicas (por ejemplo, la NBA ha decidido llevarse a otro estado la celebración del All-Star Game de 2017).

Si la decisión del Supremo es favorable al Consejo Escolar del Distrito de Gloucester y avala la discriminación tránsfoba de Gavin Grimm, esta estrategia habrá conseguido, de hecho, una victoria muy importante para el bando conservador. Si además esta se produjera en un contexto político hostil a los derechos LGTB (esperemos a los resultados del próximo 8 de noviembre…) las consecuencias podrían ser muy negativas.

Fuente Dosmanzanas/Cristianos Gays

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Los gays sin pluma son más homófobos: Un estudio realizado en Estados Unidos y Reino Unido pone de manifiesto la “plumofobia” existente dentro del propio colectivo gay

Jueves, 3 de noviembre de 2016

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Cal Strode ha hecho un estudio entre 280 gais de Reino Unido y de California para llegar a una conclusión: la homofobia existe entre los gais que parecen heteros. Lo que los anglosajones llaman straight-acting y lo que aquí llamaríamos un gay muy masculino o gay sin pluma. El estudio plantea un par de temas bastante interesantes acerca de la homofobia dentro de la comunidad gay y del compromiso en la lucha contra la LGBTfobia.

Interesante estudio que está despertando gran revuelo en medios LGTB y redes sociales. Según la investigación, que incluyó 280 entrevistas en Reino Unido y California, un porcentaje elevado de los gais que se identifican como “sin pluma” creen que los gais con pluma dan una “mala reputación” al colectivo homosexual masculino. Hallazgos que mueven a reflexionar sobre el grado de interiorización de la homofobia que aún persiste entre los propios gais.

El estudio, firmado por Cal Strode, fue galardonado en 2014 por EUPRERA (Asociación Europea de Investigación en Relaciones Públicas y Educación), aunque no ha sido hasta ahora cuando sus resultados han comenzado a conocerse. De hecho todavía no los hemos visto publicado en su integridad, por lo que por el momento solo haremos referencia a lo divulgado en aquellos medios que el propio autor enlaza desde su cuenta de Twitter, como Attitude o Gay Times.

Strode entrevistó a 280 hombres gais del Reino Unido y California y comparó las experiencias y opiniones de aquellos que se identificaban a sí mismos como “straight-acting” con el resto. Se trata de un término clásicamente utilizado por aquellos gais de habla inglesa que se definen como “de aspecto hetero”, “de pinta hetero”, “masculinos” o “sin pluma” (algunos de los términos equivalentes que utilizan los gais de habla española).

Los datos que obtuvo son realmente interesantes. En primer lugar, la mayoría (un 56%) de los que aseguraron no haber sido nunca víctimas de homofobia en la escuela se identificaron como “sin pluma”. Por el contrario, entre los que sí dijeron haber sido víctimas de homofobia, solo el 25% se identificaban de esa forma.

Otros datos interesantes sobre el grupo de gais que se identificaba como “sin pluma” fueron que:

Estaban de acuerdo con la afirmación “Los gais femeninos dan a los gais una mala reputación” un 37% más que el resto de los entrevistados.
Habían sufrido episodios de homofobia y discriminación debido a su orientación sexual un 33% menos que el resto de los entrevistados.
Estaban de acuerdo con la afirmación “Me identifico más con la comunidad heterosexual que con la comunidad gay” un 35% más que el resto de los entrevistados.

¿Un fenómeno inherente a todo colectivo estigmatizado?

“Todos nos esforzamos por tener una visión positiva de nosotros mismos y queremos creer que el grupo al que pertenecemos es mejor que el resto. Y lo que sugiere la teoría de la identidad social es que cuando sentimos que este no es el caso, o bien tratamos de migrar a otro grupo que percibimos con un estatus más elevado, o bien intentamos cambiar los valores del grupo al que pertenecemos. Y esto es lo que parece que está sucediendo en la comunidad gay hoy en día. Los gais ‘con pluma’ se ven atrapados en el fuego cruzado de la batalla que los gais “sin pluma” libran con ellos mismos. Además, el modo en el que los hombres gais se venden hoy día a sí mismos es especialmente visible debido al éxito de aplicaciones como Grindr. Esto permite que afloren actitudes como la plumofobia y el racismo”, analiza Cal Strode, autor del estudio.

Strode no es partidario, sin embargo, de “demonizar” a los gais que se definen como “de aspecto hetero” o “sin pluma”, sino hacerles entender que actúan desde una posición de homofobia internalizada. Algo que no es sencillo. “No podemos esperar que todo el mundo tenga un entendimiento académico de lo que significa la opresión, el privilegio y los roles sociales. Tenemos que encontrar una forma constructiva de iniciar un diálogo con estas personas de forma que finalmente consigamos tenerlas junto a nosotros”, asegura.

Fernando López, experto en historia LGTB y director del Orgullo de San Diego, coincide con este análisis, y considera que este tipo de conducta no es exclusiva de la comunidad gay. “En realidad, ocurre con todos los grupos estigmatizados socialmente”, asegura, poniendo el ejemplo de lo que sucede en la comunidad latina de Estados Unidos, a la que él mismo pertenece, dentro de la cual no faltan los ejemplos de personas que intentan “migrar” su identidad para sentirse parte de un grupo al que perciben como de un estatus más elevado. A veces, simplemente modificando su nombre. “Conozco un montón de gente que dice llamarse John cuando su nombre es Juan, o Michael cuando su verdadero nombre es Miguel”, asegura.

Sin duda, un estudio que da pie a una seria reflexión sobre un fenómeno, el de la “plumofobia” dentro del propio colectivo gay, sobre el que muchos prefieren pasar de puntillas. Y que posiblemente no es otra cosa que la expresión de la homofobia que tantos y tantos gais han internalizado como propia, y que expresan como desprecio al “afeminamiento”, a “las locas”, a los gais a los que “se les nota” y como culto a la imagen tradicional de la masculinidad…

Como afirma en AmbienteG su redactor Peibols, son cifras, que asustan. ¿Acaso no tenemos bastante con la homofobia externa que también tenemos que sufrirla por parte de nuestros similares?

El debate de siempre, cuando se acerca el Orgullo, es el de quién nos representa y quién no y cómo. Y es que muchos gais sin pluma opinan que quiénes salen a la calle, quiénes se suben a las carrozas, dan mala imagen de la comunidad LGBT. Lo peor de estos gais es que están repitiendo un discurso que muchos heteros han plantado en nuestras cabezas: que vivir tu sexualidad libremente es malo.

La pluma no da mala imagen a los gais. Es el odio y la discriminación lo que da mala imagen a cualquier persona. No saber respetar la forma de ser, de vivir, de otras personas es lo que da mala imagen. Que la persona que tengas al lado tenga mucha pluma no te debería afectar.

Este estudio también habla de que estos gais, que no han sufrido homofobia y que creen que la pluma da mala imagen, no quieren saber nada de la lucha contra la homofobia. Vamos, que encima de no respetar, además no luchan por los derechos de los demás. La verdad es que es uno de esos estudios que le dejan a uno mal sabor de boca.

Puede entender que personas intransigentes, con pocas miras al mundo que les rodea; personas de ideologías que no respetan la diferencia de sus vecinos; personas que no valoran el amor por encima de todo; que esas personas no entiendan que la homosexualidad y todo lo que la rodea no es malo. Pero que alguien que vive su sexualidad no sea capaz de respetar a quiénes, por ejemplo, tiene más pluma que él (o ella) me desconciertan.

Fuente Dosmanzanas/AmbienteG

General, Homofobia/ Transfobia. Cal Strode, California, Discriminación, Estados Unidos, EUPRERA, Fernando López, Homofobia, Homofobia internalizada, Plumofobia, Reino Unido, Visibilidad LGTB

La primera ministra de Irlanda del Norte amenaza con seguir bloqueando el matrimonio igualitario “tanto como pueda”

Jueves, 3 de noviembre de 2016

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La primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, ha afirmado que seguirá bloqueando el matrimonio igualitario tantas veces como pueda hacerlo. Además de oponerse personalmente a variar la definición del matrimonio, la mandataria afirma verse impulsada a seguir la vía del bloqueo a los derechos civiles de los norirlandeses por su disgusto ante las críticas que recibe en las redes sociales. Una actitud que ha sido calificada por la líder del Partido de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, de “infantil” e “hipócrita”.

Irlanda del Norte es el único territorio del Reino Unido en el que las parejas del mismo sexo no pueden contraer legalmente matrimonio. Y lo es con empecinamiento, pues su Asamblea ha rechazado la aprobación del matrimonio igualitario cinco veces consecutivas. En la última votación, sin embargo, los partidarios de la igualdad para las personas LGTB lograron ser por primera vez mayoritarios, pero el ultraconservador Partido Unionista Democrático, ahora en el poder, hizo uso de la “petition of concern” para lograr que la proposición de ley fuera finalmente rechazada.

La “petition of concern” fue concebida durante los acuerdos de paz de 1988, con la idea de que cualquier legislación sobre determinados temas sensibles obtuviera un respaldo suficiente de los dos sectores, el nacionalista irlandés y el unionista. En concreto, las proposiciones deben alcanzar un 60 % de los votos de toda la Asamblea, y al menos un 40 % en cada uno de los bandos. La “petition of concern” debe ser solicitada por un mínimo de 30 representantes, con lo que, dado que el Partido Unionista Democrático tiene 37 diputados, bastan sus votos para hacerla valer.

La utilización de la “petition of concern” para un asunto de derechos civiles de las minorías como es el matrimonio igualitario ha sido fuertemente criticada, sobre todo si se tiene en cuenta que las encuestas muestran un amplio apoyo al mismo, tanto por parte de la población de tradición católica como de la protestante, aunque en esta última el sostén, aun siendo también mayoritario, es significativamente menor.

Pero la primera ministra y líder del Partido Unionista Democrático, Arlene Foster, ha afirmado que usará la “petition of concern” todas las veces que sean necesarias para impedir que se apruebe el matrimonio igualitario durante su mandato. “¿Por qué íbamos a renunciar a esa herramienta cuando nos sentimos tan fuertemente implicados en cuanto a la definición del matrimonio?”, se preguntaba la mandataria, a lo que añadía que “no tengo problemas con que la gente defienda su sexualidad, pero sí que se convierte en un problema cuando la gente trata de redefinir el matrimonio”. Por ello, Foster opina que la “’petition of concern’ está ahí para usarla, y la vamos a utilizar tanto como podamos. Si los demás quieren debatir sobre su completa desaparición, estaremos en ese debate”.

Sin embargo, lo que ha resultado chocante ha sido la razón que ha dado para ese empecinamiento. Al parecer, algunos activistas LGTB protestan con acritud, a través de las redes sociales, por la vulneración de los derechos civiles de los ciudadanos norirlandeses que supone la desigualdad ante el matrimonio por razón de orientación sexual. Esa actitud acre es considerada “insultante” por la primera ministra, que ha advertido que “no van a influirme dirigiéndome esos insultos. De hecho, van a conseguir que haga justo lo contrario, la gente tiene que recapacitar sobre eso”.

Reacción de la oposición

Para Naomi Long, líder del Partido de la Alianza de Irlanda del Norte (también unionista pero de carácter liberal y conciliador), la primera ministra está culpando a los “trolls de internet” de sus propias decisiones respecto al matrimonio igualitario. Long estima que la actitud de Arlene Foster “no solo es infantil e impropia del alto cargo que ocupa, sino que además es hipócrita, porque su partido, en cada oportunidad, ha tratado de bloquear cualquier progreso para la comunidad LGTB en Irlanda del Norte”. La líder del Partido de la Alianza cree que el Partido Unionista “abusa de la ‘petition of concern’ para revertir lo que sería una mayoría democrática. Por supuesto, si no están de acuerdo con el matrimonio igualitario pueden votar en contra. Pero yo desearía una democracia más madura, en la que viéramos una limitación del uso, sino la completa desaparición, de la ‘petition of concern’ como mecanismo. Así nos basaríamos en un sencillo principio democrático”.

Por su parte, Séan Lynch, diputado del nacionalista Sinn Féin en la presente legislatura, declaraba que “ante todo se trata de una cuestión de igualdad y el Sin Féin se compromete a que el matrimonio igualitario se extienda por toda la isla”. Lynch denunciaba que el pasado 27 de octubre su partido había presentado al Gobierno un nuevo proyecto de reforma de la Ley de Matrimonio, que había sido bloqueado otra vez por el Partido Unionista Democrático.

Por ello, con el frente parlamentario aparentemente cerrado a cualquier iniciativa favorable al matrimonio igualitario, parece que el único camino para que prospere la igualdad LGTB en Irlanda del Norte es la judicial. La primera demanda de este tipo, largamente esperada, fue presentada en enero de 2015 ante el Alto Tribunal de Belfast por una pareja formada por dos hombres, que contrajo matrimonio en Inglaterra el pasado 2014, una vez que entró en vigor la ley que lo permitía. Sin embargo, al cambiar su residencia a Irlanda del Norte, su estado civil no fue reconocido por la administración de este territorio. El Alto Tribunal de Belfast tendrá que dictaminar si, como arguyen los demandantes, el Reino Unido es un único Estado unitario con poderes administrativos delegados en las regiones, pero no una república federal, como es el caso de los Estados Unidos. Según este criterio, no es posible que una pareja esté considerada como casada en un territorio del Reino Unido y en otro no.

Fuente Dosmanzanas

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La Comunidad de Madrid denuncia ante la Fiscalía al director del colegio Juan Pablo II por homofobia y El PP de Alcorcón se niega a condenar la carta del colegio Juan Pablo II

Lunes, 31 de octubre de 2016

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Hace unas semanas te contábamos que el director del colegio Juan Pablo II de Madrid había enviado una carta bastante repugnante a los padres de los alumnos en la que comparaba la ley contra la lgtbfobia aprobada en Madrid con el “fanatismo terrorista”. Tras la denuncia por parte de Arcópoli, la Comunidad ha decidido enviar el caso a la Fiscalía para ver si se ha cometido algún delito por homofobia. Y por si fuera poco, la Consejería de Políticas Sociales ha abierto una investigación para ver si el centro cumple el concierto educativo, y es que en caso de no hacerlo, podría suponer la retirada del mismo.

Y cuando hablamos de la retirada del concierto nos referimos a que el gobierno podría retirarle los fondos. Es decir, podrían quedarse sin dinero. Y ahí, es donde les duele a los homófobos. Bueno, a todos menos a determinados grandes almacenes que parecen pasar de todo.

Recordemos que la misiva, entre otras cosas, decía que era una pena que se pierda el tiempo en leyes absurdas cuando se podría estar defendiendo la familia y las raíces cristianas. Oye, qué manía tienen los cristianos con definir lo que es familia y lo que no. Además, también hablaba de los “valientes obispos” que ya no podrían seguir siendo homófobos. Lo que igual no se esperaba este señor es que la mismísima Cristina Cifuentes saliera al paso diciendo que “este tipo de afirmaciones son de una gran radicalidad que incluyen afirmaciones que desde luego no es lo que recoge el espíritu de nuestra Constitución y de nuestra legislación y, desde luego, de la legislación de la Comunidad de Madrid, que hay que cumplir.”

De momento las autoridades están revisando la oferta de actividades extraescolares, las asignaturas optativas y el cumplimiento de los currículos y parece ser que hasta ahora está todo en orden. Bueno, todo menos los pensamientos de Carlos Martínez, el director, que parecen bastante “desordenados”, que es una palabra que seguro que le gusta mucho.

Así que toca esperar y ver como se resuelve todo esto. Si por nosotros fuera, inhabilitaríamos al Sr. Martínez de por vida.

El PP de Alcorcón se niega a condenar la carta del colegio Juan Pablo II

Pues aunque la propia Comunidad de Madrid ha puesto el caso en manos de la fiscalía para que investiguen si se ha cometido un delito de odio tipificado precisamente en esa ley LGTBI, y aunque la Consejería de Políticas Sociales está investigando al centro para ver si cumple el concierto que tiene con la Comunidad (y si no lo cumple, quitarles el dinero), el PP del Ayuntamiento de Alcorcón ha dicho, básicamente, que a ellos esa carta les parece bien.

El gobierno de Alcorcón tiene un largo historial de enfrentamientos con el colectivo LGTB. Aunque su alcalde dice que no es homófobo (y lo dice muy alto y muy claro, en plan “voy a denunciar a Arcópoli por llamarme homófobo“), el grupo municipal del PP en esta localidad madrileña no ha votado a favor de ninguna propuesta a favor de la igualdad del colectivo. La última ha sido rechazar un programa contra la discriminación en las aulas y para el fomento de la convivencia e interculturalidad presentada por el PSOE y que contaba con el respaldo de todos los otros grupos (Ganar Alcorcón, Ciudadanos y La Izquierda).

Esa propuesta del PSOE llevaba en el texto, además, el compromiso de desarrollar la ley LGTB en lo que concierne a las competencias del ayuntamiento y poner en marcha un plan para fomentar la convivencia en los centros escolares públicos y concertados (como el Juan Pablo II); que es lo que exige la ley.

Pero al PP de Alcorcón esa ley debe parecerle también comparable al “fanatismo terrorista“, porque han dicho que nanai de la china. Que ellos no votan eso. Y tampoco quieren condenar la carta que Carlos Martínez, el director del Juan Pablo II, envió a los padres. Aunque el propio PP en la Comunidad lo haya hecho.

Yago Blando, el coordinador general de Arcópoli, sigue pidiendo al Ayuntamiento una reunión para saber exactamente cómo pretende el PP municipal fomentar la igualdad y cuáles son sus propuestas para luchar contra la discriminación del colectivo LGTB. Porque no tiene mucho sentido que por un lado digan que no son homófobos y que ellos son los primeros en luchar por la igualdad pero luego no sólo rechazar todas las propuestas sobre el tema de otros grupos sino ni siquiera plantear alguna.

¿Qué misterio se oculta en el PP de Alcorcón?

Arcópoli lamenta que el alcalde de Alcorcón se niegue a condenar la carta homófoba del colegio Juan Pablo II

El grupo municipal popular es el único grupo que vota en contra de una iniciativa para poner en marcha un programa contra la discriminación en las aulas y condenar las manifestaciones homófobas en los colegios de la ciudad.

Arcópoli vuelve a mostrar su estupor por la situación del gobierno de la ciudad de Alcorcón, ya que el equipo de David Pérez se niega a aprobar un programa contra la discriminación en las aulas y para el fomento de la convivencia e interculturalidad. A propuesta del grupo municipal socialista y con el voto afirmativo de toda la oposición (Ganar Alcorcón, Ciudadanos y La Izquierda) se presentó una iniciativa a raíz de la carta homófoba del director del colegio concertado Juan Pablo II para combatir este tipo de acciones y fomentar la igualdad.

El grupo municipal popular votó en contra de la propuesta socialista que pedía además desarrollar la ley LGTB en lo concerniente a las competencias municipales así como la puesta en marcha del programa para fomento de la convivencia en todos los centros docentes públicos y concertados, tal como exige la ley a día de hoy.

No alcanzamos a comprender que un grupo municipal que rechaza ser llamado homófobo se niegue sistemáticamente a aprobar cualquier tipo de iniciativa por la igualdad LGTB, a desarrollar la ley aprobada por la Asamblea de Madrid y a condenar que el director de un colegio sufragado con fondos públicos y que actúa en el término municipal de Alcorcón compare la lucha por la igualdad con el “fanatismo terrorista” tratando de adoctrinar así a su alumnado. La propia Comunidad de Madrid (del mismo color político que la alcaldía) ha llevado esta carta a la fiscalía por si es constitutiva de delito.

Desde Arcópoli nuestro Coordinador Yago Blando solicita de nuevo al grupo municipal una reunión que nunca concretan para tratar de comprender cómo luchan por la igualdad y cuáles son sus propuestas para combatir la discriminación al colectivo LGTB en su ciudad, cuando se niegan una y otra vez a aprobar resoluciones por la convivencia e incumplen acuerdos del pleno favorables al colectivo LGTB.

Fuente: Cadena Ser/Arcópoli, Estoy Bailando

General, Homofobia/ Transfobia., Iglesia Católica Alcorcón, Arcópoli, Asamblea de Madrid, Carlos Martínez, Colegio Juan Pablo II, David Pérez, Discriminación, Fundación Educatio Servanda, Homofobia, Homofobia/Transfobia, Iglesia Católica, Madrid, Transfobia, Yago Blando

Nueva iniciativa legislativa para aprobar el matrimonio igualitario en Taiwán

Viernes, 28 de octubre de 2016

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Nueva iniciativa legislativa para sacar adelante la apertura del matrimonio a las parejas del mismo sexo en Taiwán. Diez diputados del gobernante Partido Progresista Democrático (DPP) han anunciado la presentación de un proyecto de ley en esa dirección. Han pasado dos años desde el último intento y el balance de fuerzas es ahora más favorable a la igualdad.

En enero de este año se producía en Taiwán un vuelco electoral que hizo presidenta a la candidata del DPP Tsai Ing-wen, favorable al matrimonio igualitario. El partido de Tsai también consiguió la mayoría absoluta en el Yuan Legislativo, el parlamento unicameral del país. La victoria del DPP alimentó las esperanzas de nuevos avances en el país asiático, uno de los más adelantados del continente en materia de derechos LGTB.

Nueve meses después se produce el primer movimiento. Diez diputados del DPP anunciaron el lunes pasado la presentación de un proyecto de ley para modificar el Código Civil y abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. La propuesta cuenta ya con el apoyo de 33 diputados del partido en el Gobierno, que ocupa 68 de los 113 escaños. El opositor Partido del Nuevo Poder (NPP), con 5 asientos, también se ha mostrado favorable a la igualdad matrimonial y ha hecho pública su propio proyecto.

El proceso legislativo, sin embargo, se prevé largo. Por lo pronto, ninguno de los partidos representados en el Yuan Legislativo se ha comprometido oficialmente a que la medida se someta finalmente a votación en el pleno del Parlamento. Esta reticencia parece contradictoria con el hecho de que 65 de los diputados han expresado públicamente su apoyo al matrimonio igualitario. Pero muchos de ellos justifican su falta de resolución por la presión para no importunar a los electores de sus distritos con una decisión que creen difícil de explicar. El opositor Kuomintang se plantea dotar de libertad de voto a sus representantes llegado el momento.

La punta de lanza de la igualdad en Asia

En diciembre de 2014, el parlamento taiwanés era el primero en Asia en debatir la aprobación del matrimonio igualitario; una cuestión propuesta, precisamente, por el DPP y que cuenta con el rechazo del Kuomintang. El ahora principal partido de la oposición sí apoya las uniones civiles. Antes de convertirse en presidenta, Tsai publicó un vídeo para celebrar el equivalente chino del día de San Valentín en el que se incluyen tres parejas del mismo sexo. Ya era bien conocida su postura y la de su partido con respecto al apoyo explícito a la comunidad LGTB.

Aunque el matrimonio igualitario todavía no es legal en Taiwán, el clima sociopolítico es cada vez más aperturista. La vía legislativa parece la única viable, después de que la batalla jurídica emprendida por el activista Qi Jia-wei (o Chi Chia-wei) y su novio para contraer matrimonio fracasara cuando la Corte Administrativa de Taipéi desestimó su demanda al considerar que según la legislación vigente en Taiwán, el matrimonio debe contraerse entre un hombre y una mujer.

Por lo que se refiere a la aceptación social, hay indicios positivos. En octubre del año pasado, por primera vez, en las bodas masivas de Taipéi participaron 10 parejas del mismo sexo (cuya unión fue simbólica y sin validez legal), con el apoyo y la bendición del alcalde de Taipéi, Ko Wen-je. El principal escollo proviene del ámbito religioso. La Alianza Nueva Generación fue uno de los grupúsculos cristianos que criticaron la medida de incluir a parejas del mismo sexo en las bodas masivas: “nos oponemos firmemente a la promoción en la ciudad de la cultura gay con nuestro dinero, sin ninguna discusión”. Con todo, cabe recordar que los cristianos solo representan en torno al 3,9 % de la población taiwanesa.

Por otra parte, en 2014 el Orgullo LGTB batía un nuevo récord de asistentes: 64.000 personas. Ese mismo año, se hacía público que el 68 % de la población está a favor del matrimonio igualitario. En septiembre de 2013, 800 activistas celebraron con gran éxito un banquete nupcial frente a la sede presidencial para reclamar la aprobación del matrimonio igualitario. Taipéi, por su parte, es considerada por muchos la ciudad más gay-friendly del continente asiático y es hoy un destino turístico LGTB en alza. La capital y Kaohsiung, la segunda ciudad del país, cuentan desde este año con un registro de parejas del mismo sexo.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Discriminación, DPP, Ko Wen-je, Kuomintang, Matrimonio, Qi Jia-wei, Taipéi, Taiwan, Tsai Ing-wen

El Congreso insta a actualizar la ley de identidad de género a propuesta de Ciudadanos y con la abstención del PP

Viernes, 28 de octubre de 2016

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La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado, con los votos a favor de todas las fuerzas políticas salvo del PP, que ha preferido abstenerse, una proposición no de ley que insta al gobierno a modificar la legislación que regula la rectificación del sexo registral de las personas trans y adecuarla al principio de autodeterminación de género. La proposición, presentada por Ciudadanos y que ha recibido aportaciones de PSOE y Unidos Podemos, pide eliminar el límite legal de 18 años para que así los menores puedan modificar en el Registro Civil la referencia a su nombre y su sexo, así como la exigencia de un diagnóstico y tratamiento médico.

La proposición no de ley, tal y como figura en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 11 de octubre, y tras la correspondiente exposición de motivos, decía así:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de las personas transexuales menores de edad, atendiendo a su interés superior, independientemente de su edad y sin necesidad de someterse a tratamientos médicos obligatorios y a un previo diagnóstico de salud mental.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se elimine el límite de edad establecido para poder solicitar la rectificación de la mención registral del sexo.

b. Eliminar la obligatoriedad de recibir tratamiento médico para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado como requisito para acordar la rectificación.

Una redacción que era bien recibida por los colectivos trans, que aun así la consideraban mejorable. Es el caso de la Plataforma por los Derechos Trans, que en una nota de prensa hecha pública antes de su aprobación pedía que se modificase el apartado 4.b, para el que proponía la siguiente redacción: “Eliminar la obligatoriedad del informe médico y todos los requisitos mencionados en el artículo 4 de la mencionada Ley”.

Finalmente, y según nos han confirmado desde la propia plataforma, la solicitud de modificación era atendida y tramitada mediante enmienda transaccional acordada entre Ciudadanos, PSOE y Unidos Podemos. Así ha quedado el texto definitivo:

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que a través del órgano competente, dicte instrucción aclarando que la prohibición de nombres que induzcan a error en cuanto al sexo que contiene el artículo 54 de la Ley del Registro Civil de 1957 no impide autorizar cambios de nombre solicitados por personas cuya identidad sexual no coincide con su mención registral relativa al sexo, siempre que el nombre solicitado no induzca a error en cuanto a la identidad sexual de la persona solicitante, debiendo facilitarse el cambio de nombre que consta en la inscripción de nacimiento de los menores.

2. Que se revisen los casos recurridos en la Dirección General de Registros y Notariado, para que se aplique la anterior instrucción tanto en casos pendientes como en los ya resueltos.

3. Que considere las solicitudes de rectificación registral de la mención de nombre, en estos casos, como de carácter urgente ya que afectan a un derecho fundamental que es el de la propia identidad.

4. A llevar a cabo las modificaciones legales precisas en la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas de manera que:

a. Se permita la rectificación registral de la mención relativa al sexo y nombre de los menores trans, teniendo en cuenta el interés superior del menor.

b. Eliminar la obligatoriedad de los requisitos mencionados en el artículo 4.

5. Permita el cambio de sexo y nombre en la tarjeta de residencia de los migrantes trans.

En definitiva, una proposición muy positiva, que esperamos sea atendida. En la actual coyuntura política española, conviene precisarlo, aunque el PP se opusiera frontalmente a una reforma de este tipo no dispone de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, por lo que si las fuerzas que ayer aprobaron esta proposición se ponen de acuerdo sobre el texto de una futura ley esta podría ser aprobada en el Congreso y superar un hipotético veto del Senado.

Ahora bien, y como en estos últimos días muchos analistas han destacado al hilo de una supuesta “capacidad del Congreso” para legislar en contra del Gobierno, este debe dar su conformidad a aquellos proyectos de ley que pueda elaborar la oposición cuando supongan “aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario”, en base al artículo 134.6 de la Constitución Española, una prerrogativa que el Gobierno de Mariano Rajoy va a defender con uñas y dientes ante el Tribunal Constitucional cada vez que se presente un proyecto de ley que no desea aprobar. Y la actual composición del Tribunal Constitucional, como bien sabemos, es favorable a los postulados del PP por amplia mayoría. Está por ver qué sucede en este caso, en el que a priori parece difícil argumentar que la reforma vaya a suponer un aumento del gasto. El hecho de que el PP se abstuviese y no votase en contra hace pensar que la oposición en este caso podría no ser tan frontal.

Ley integral de transexualidad a nivel estatal

Desde la Plataforma por los Derechos Trans, en cualquier caso, no dejan de insistir en que la aprobación de una reforma de este tipo no invalida la más que necesaria aprobación de una ley integral de transexualidad a nivel estatal. “Es una medida urgente que esperamos que el gobierno asuma y entienda, aunque desde esta federación de entidades trans pedimos de nuevo no meter en el cajón del olvido la propuesta de una ley trans estatal, que esta federación puso en la mesa de todos los partidos políticos, para poner fin a las desigualdades que se dan de unas comunidades con respecto a otras”, ha declarado a este respecto su presidenta, Mar Cambrollé.

Fuente Dosmanzanas

General Ciudadanos, Congreso de los Diputados, Discriminación, España, Identidad de género, Mar Cambrollé, Menores, Niñas transexuales, Niños transexuales, Plataforma por los Derechos Trans #NadieSinIdentidad, PP, PSOE, Unidos Podemos

Los LGTB republicanos comunican que no apoyan a Donald Trump en su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos

Viernes, 28 de octubre de 2016

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Log Cabin Republicans, el más importante grupo LGTB del Partido Republicano estadounidense, ha anunciado que no apoyará a Donald Trump en las elecciones presidenciales. Aunque hacen una encendida defensa del candidato republicano, al que llegan a calificar como “el más pro-LGTB de la historia del Partido Republicano”, aclaran que su decisión ha sido tomada en consideración al equipo fuertemente LGTBfobo que ha escogido para acompañarle en la carrera presidencial y las medidas que defienden.

Lo cierto es que los derechos LGTB no han sido un tema especialmente recurrente en los debates de la campaña presidencial. Pero sí fue un asunto destacado en la elección del candidato republicano, surgido de una convención que elaboró una plataforma ideológica, para presentar como oferta electoral, que puede considerarse la más anti-LGTB de la historia republicana.

Tanto así, que el propio presidente de Log Cabin Republicans, Gregory T. Angelo, declaró estar “terriblemente enfadado” con esa propuesta, que incluía medidas contrarias al matrimonio igualitario, los derechos de las personas transexuales y la adopción homoparental; además de impedir que se legislasen medidas antidiscriminatorias favorables al colectivo LGTB.

Pero Log Cabin Republicans ha esperado hasta el pasado día 22 para emitir un comunicado en el que declaran que no apoyarán al candidato republicano en su carrera presidencial. Curiosamente, lo hacen mientras lo califican, sin explicar el fundamento, como uno de los candidatos presidenciales de cualquier partido más favorable a los derechos LGTB, pero criticando el equipo fuertemente LGTBfobo del que se ha rodeado —comenzando quizás, con el candidato elegido para optar a la vicepresidencia, Mike Pence— y las medidas que apoyan. Este es el comunicado:

22 de octubre de 2016

“Confía, pero comprueba”.

Así lo advirtió el expresidente Ronald Reagan, que inspiró nuestra fundación en 1977, y es el entendimiento solemne de esa misma instrucción de nuestro presidente número 40 el que obliga a Log Cabin Republicans a negar nuestro apoyo al actual candidato de nuestro Partido.

El Sr. Trump es tal vez el candidato presidencial más pro-LGTB en la historia del Partido Republicano. Sus propuestas sin precedentes a la “comunidad LGBTQ”, una primicia para cualquier candidato de un partido importante en la historia de nuestra nación, son dignas de elogio, y deben servir como un aviso al Partido Republicano de que los días en que era necesario cumplir con un programa anti-LGTB son ahora cosa del pasado.

Pero Log Cabin Republicans se ha percatado desde hace tiempo de que no somos una organización monotemática, ni nuestros miembros son votantes monotemáticos. Incluso si lo fuéramos, la sola retórica respecto a los temas LGTB no equivale a doctrina. Mientras el Sr. Trump hablaba positivamente de la comunidad LGTB en los Estados Unidos, al mismo tiempo se rodeaba de asesores de alto nivel con un historial de oposición a la igualdad LGTB, y se comprometía a apoyar una legislación como la denominada First Amendment Defense Act, a la que Log Cabin Republicans se opone.

En caso de que el Sr. Trump se convirtiera en el próximo presidente de la nación, Log Cabin Republicans aprovecharía la oportunidad de trabajar con su administración para garantizar los avances en la libertad LGTB por los que hemos luchado y asegurar su continuidad.

Hasta que eso no ocurra, nuestra confianza estaría fuera de lugar.

Log Cabin Republicans continuará el resto del ciclo electoral de 2016 comprometido con la preservación y el crecimiento de las mayorías del Partido Republicano en el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Esta falta de respaldo al candidato Trump contrasta con el apoyo que prestó Log Cabin Republicans a Mitt Romney en su carrera contra Barack Obama en 2012. Romney se caracterizó por un discurso marcadamente LGTBfobo, con propuestas como enmendar la Constitución para prohibir el matrimonio igualitario, y con acciones como impedir el registro de los hijos de las familias homoparentales.

Trump y Pence: una opción que se prevé nefasta para los derechos LGTB

Aunque lo cierto es que Donald Trump partía de posiciones bastante menos LGTBfobas que las que defendía el que fue su principal contendiente en las primarias republicanas, Ted Cruz, lo cierto es que el ahora candidato no ha dudado en abrazar los postulados contrarios a los derechos LGTB para hacerse con el favor de la derecha republicana más conservadora. Un giro que se hizo evidente cuando Trump sugirió la posibilidad de revertir la decisión del Tribunal Supremo sobre el matrimonio igualitario proponiendo en el futuro a nuevos jueces del Supremo dispuestos a valorar de nuevo la cuestión. Declaraciones que causaron cierta sorpresa en el colectivo LGTB estadounidense, que consideraba que en el tema del matrimonio igualitario Trump era partidario de pasar página.

Semanas después Trump dio algunas esperanzas al activismo LGTB cuando defendió, al ser preguntado por periodistas sobre la ley anti-LGTB de Carolina del Norte, que las personas transexuales pudiesen hacer uso de los baños que mejor se acomodasen a su identidad de género, al tiempo que se lamentó del daño económico que generan este tipo de leyes, que considera innecesarias. Eso sí, a las pocas horas Trump arrojaba un jarro de agua fría sobre esas mismas esperanzas, al asegurar primero que debían ser los estados los que decidieran sobre esta materia, para finalmente completar el giro al apoyar abiertamente la posición de los republicanos de Carolina del Norte y de su gobernador, Pat McCrory, firme defensor de la ley discriminatoria.

De la misma forma, Trump no ha tenido problema ninguno en asumir la plataforma ideológica que los republicanos aprobarob en la convención de Cleveland, considerada la más abiertamente LGTBfoba de la historia. Los puntos incluidos en la plataforma son, a este respecto:

Sobre el matrimonio igualitario: rechazo expreso de la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Obergefell v. Hodges, que supuso la extensión del matrimonio igualitario a todo el país. El Partido Republicano considera que las leyes federales solo deben reconocer el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer y hace un llamamiento expreso a considerar la posible aprobación de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que “devuelva” el control de la regulación matrimonial a los estados.
Sobre la adopción homoparental: el Partido Republicano muestra su apoyo a las agencias de adopción religiosas que rechazan a las parejas del mismo sexo, argumentando además de forma expresa que los hijos criados en hogares sin un padre y una madre tienen más posibilidades de consumir drogas, cometer delitos y tener embarazos no deseados.
Defensa activa de la denominada First Amendment Defense Act (FADA), una propuesta legislativa que prohibiría sancionar, con independencia de las regulaciones antidiscriminatorias de los estados, a todas aquellas personas y negocios que que se nieguen a prestar servicios a parejas del mismo sexo en base a motivos religiosos.
Sobre las denominadas “terapias reparadoras” o “de conversión” para modificar la orientación sexual o la identidad de género, aunque no las menciona de forma expresa, el Partido Republicano defiende el “derecho de los padres” a recurrir las terapias que consideren más adecuadas para sus hijos menores“consistentes con sus valores morales, éticos o religiosos sin discriminación ni castigo”.
Sobre los derechos de las personas transgénero: el Partido Republicano expresa su apoyo a legislaciones como la aprobada hace unos meses en Carolina del Norte, que entre otras muchas importantes medidas discriminatorias prohíbe a las personas trans utilizar los baños que corresponden a su identidad de género. También muestra su desacuerdo, sin nombrarlo explícitamente con el final de la prohibición de servir en el Ejército a este colectivo, decidida por la administración Obama y confirmada recientemente, al asegurar estar en contra “de la modificación o de la rebaja de los estándares para satisfacer la agenda no militar impuesta por la Casa Blanca”.
Sobre políticas antidiscriminatorias: el Partido Republicano se opone expresamente a incluir la orientación sexual entre las categorías generalmente cubiertas por las regulaciones contra la discriminación.

La elección de Pence confirmó el giro conservador

Pero sin duda el gesto que de una forma más tajante dejó claro el giro conservador de Trump en materia LGTB fue la elección como candidato a vicepresidente de Mike Pence, gobernador de Indiana, un político cercano a la derecha religiosa que en las primarias republicanas apoyó sin fisuras a Ted Cruz. Opuesto al aborto, a la investigación con células madre, negacionista del cambio climático y cercano al creacionismo, en el año 2000, durante su campaña para ser elegido congresista, llegó a proponer que se utilizasen fondos destinados a ayudar a personas con VIH para sufragar a organizaciones que promovieran las “terapias reparadoras” entre aquellos que quisiesen modificar su orientación sexual.

No es de extrañar, pues, que su momento de mayor protagonismo como gobernador viniese precisamente de la mano de su oposición a los derechos LGTB. En marzo de 2015, Mike Pence sancionaba orgulloso una ley, aprobada por la legislatura del estado (también bajo control republicano) cuyo objetivo era impedir que entes locales o el propio estado pudiesen aprobar normativas antidiscriminatorias que afectasen a la “libertad religiosa”, eufemismo que suponía la legalización de la discriminación contra las personas LGTB. Un acto en el que Pence quiso rodearse de numerosos líderes religiosos, algunos de ellos virulentamente homófobos.

La norma, sin embargo, provocó una intensísima reacción social en su contra, que amenazaba con afectar seriamente la economía del estado y que de hecho dejó tocada su imagen. Mike Pence se vio obligado a promover una norma adicional que clarificara los límites de la ley e impidiese la discriminación en la prestación de servicios a personas por motivos de orientación sexual.

“No” a las órdenes contra la discriminación

Pence era el encargado, hace pocos días, de anunciar en una entrevista que una de las medidas que Trump adoptaría sería anular las órdenes ejecutivas que impiden discriminar a las personas LGTB, al considerar que suponen una intromisión en la libertad de los estados. Obama, recordemos, ha firmado dos importantes órdenes e tanto a las empresas que tengan o que aspiren a firmar contratos con la administración federal (firmada en 2014) como a las escuelas que reciben fondos federales (emitida hace pocos meses, como reacción a la ley LGTBfoba de Carolina del Norte, y que se encuentra en estos momentos sometida a escrutinio judicial).

El propio Trump, de hecho, acababa con cualquier esperanza de una presidencia “neutra” en materia LGTB al anunciar en septiembre que no tendría inconveniente en rubricar la FADA, y legalizar de esta forma la discriminación contra las personas LGTB en base a argumentos religiosos, si finalmente resultase aprobada por un Congreso de mayoría republicana.

Fuente Dosmanzanas

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Cataluña implantará un modelo de atención sanitaria a las personas trans que destierra la necesidad de diagnosticar “trastorno” alguno

Jueves, 27 de octubre de 2016

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Solo dos días después de la celebración del Día Internacional por la Despatologización de la Transexualidad, el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya ha presentado el que será su nuevo modelo de atención sanitaria a las personas trans, que elimina la necesidad de un diagnóstico clínico de “disforia de género” para acceder a las diferentes prestaciones asociadas al proceso de transición. Un nuevo modelo que la Generalitat considera “pionero en Europa” y del que el consejero de Salud, Antoni Comín, ha declarado sentirse especialmente orgulloso.

El nuevo modelo (puedes descargar aquí sus líneas maestras) ha sido consensuado entre el Departamento de Salud, la Plataforma Trans*forma la Salut (que engloba a siete colectivos trans de Cataluña) y profesionales sanitarios que atienden las necesidades de las personas trans. Se trata de un modelo que “se centra en las necesidades y las expectativas de la persona trans, su autodeterminación, su autonomía y en un proceso de decisiones compartidas”. No será necesario definir ni justificar la identidad de género, y será la propia persona trans la que fijará hasta dónde quiere llevar su tratamiento.

La puerta de entrada al sistema ya no será la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic, sino unas denominadas “Unidades Tránsito” que se localizan en el nivel de Atención Primaria. La primera de ellas, que de hecho fue puesta en marcha en el año 2012 como una iniciativa que buscaba desmarcarse del “modelo tradicional” de atención a las personas trans, se ubica en el Centro de Atención Primaria Manso de Barcelona, y cuenta, además de médico de familia, con ginecólogo, enfermera, psicólogo, trabajador social y administrativo. Las siguientes se irán creando de forma progresiva en función de la demanda y una vez que se cuente con suficientes profesionales formados en este área. Cualquier equipo de Atención Primaria y Salud Comunitaria de Cataluña podrá derivar a la unidad territorial que le corresponda a las personas transexuales cuando estas soliciten asesoramiento sobre el proceso de transición, el deseo de iniciarlo o bien problemas de salud atribuibles al mismo, o al tratamiento hormonal.

Estas unidades, como parte de Atención Primaria, serán las encargadas de derivar a otros especialistas (endocrinólogo, cirujano plástico, salud mental, etc.) solo cuando sea necesario. En el caso de los procedimientos quirúrgicos más complejos, el Departamento de Salud de la Generalitat seguirá no obstante contando con la experiencia acumulada por los profesionales del Hospital Clínic, aunque no descarta extender esta actividad a otros centros hospitalarios en función de las necesidades. En este sentido, la sanidad pública catalana ofertará en su cartera de servicios la mastectomía, histerectomía, anexectomía, faloplastia y metaidoioplatia para los hombres, y la vaginoplastia, mamoplastia, orquiectomía y cricoidectomía para las mujeres. También atenderá la solicitud de preservación de material genético (tejido ovárico y gametos) y permitirá el acceso al tratamiento bloqueante y hormonal en las diferentes fases de desarrollo puberal en los menores.

Nac Bremón, representante de la plataforma Trans*forma la Salut, se ha mostrado satisfecho durante la presentación del nuevo plan, pero ha insistido en que el Departamento de Salud cierre la Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínic, que según sus palabras “ha dejado un camino muy oscuro difícil de olvidar”. El director del Clínic, Josep Maria Campistol, que se encontraba presente, ha pedido de hecho la palabra para pedir disculpas a las personas que se hayan sentido maltratadas por la unidad y ha mostrado su apoyo al nuevo modelo. El consejero de Salud, Antoni Comín, ha respondido por su parte que ninguna persona trans será tratada donde no quiera, pero ha defendido al mismo tiempo el conocimiento de los profesionales del Hospital Clínic a hora de hacer las intervenciones quirúrgicas.

El nuevo modelo incluye la creación de una comisión de seguimiento, en la que participarán representantes del colectivo trans, y que evaluará periódicamente su funcionamiento y propondrá las correspondientes mejoras.

Un modelo que debe mejorar la actual situación

Se trata, sin duda, de una excelente noticia, que una vez más pone a Cataluña a la vanguardia de España. Por desgracia, el nuevo modelo se refiere solo a la atención sanitaria, en la que Cataluña tiene competencias. La rectificación registral de sexo, para la cual sigue siendo necesario el diagnóstico de “disforia de género”, es sin embargo competencia estatal, por lo que la situación no cambiará hasta que los grupos políticos del Congreso de los Diputados se pongan de acuerdo en actualizar la ya anacrónica ley de identidad de género de 2007.

Habrá que ver, en cualquier caso, cómo se despliega ahora el nuevo modelo y si se le dota de los recursos suficientes. Valga un dato: según recoge La Vanguardia, en el Hospital Clínic hay en este momento 155 personas en lista de espera para someterse a una vaginoplastia y otras 98 para someterse a mastectomía, algunas desde hace más 6 años. Lo cierto es que por mucho cambio de modelo que se haga difícilmente va a suponer una mejora significativa si no se le dota de recursos suficientes, tanto en el nivel de Atención Primaria como Especializada.

Fuente Dosmanzanas

General, Historia LGTBI Antoni Comín, Barcelona, Cataluña, Cirugía de reasignación, Día Internacional por la Despatologización Trans, Discriminación, Hospital Clínic de Barcelona, Identidad de género, La Vanguardia, Nac Bremón, Plataforma Trans*forma la Salut, Salud, Transexualidad

Rápida campaña de respuesta al brote de odio homófobo en Holanda

Miércoles, 26 de octubre de 2016

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Hace unos días nos hacíamos eco de un preocupante brote homófobo en Holanda: en el intervalo de pocas horas, se habían repartido octavillas homófobas en varios barrios de Ámsterdam, una pareja era agredida en pleno centro de la capital holandesa y un grupo neonazi boicoteaba un paso de cebra arcoíris en la cercana ciudad de Leiden. Hoy nos alegra recoger una pronta campaña de respuesta.

La campaña se basa en el reparto de tarjetas, que se han elaborado tanto en neerlandés como en inglés, en las que se reafirma el compromiso de la ciudad de Ámsterdam con la diversidad. “Si eres lesbiana, homo, bi, trans, queer, o heterosexual. Si eres cristiano, judío, o musulmán, de otra religión o ateo. Si eres una combinación de lo anterior, o te sientes en medio. La diversidad importa. La diversidad es lo que nos hace humanos. Ámsterdam defiende el derecho a ser quienes somos. Ámsterdam rechaza toda forma de discriminación. Apoyamos este mensaje, apoyo este mensaje. ¡Ayuda a difundirlo y compártelo!”, expresa el texto. A continuación incluye el hashtag #020diversity, con objeto de difundir la campaña en redes sociales. De fondo, las banderas LGTB y trans, con el escudo de la ciudad de Ámsterdam y los símbolos del cristianismo, el islam y el judaísmo.

Especialmente destacables son los apoyos con los que cuenta la campaña, entre los que hay varias organizaciones religiosas cristianas, judías y musulmanas de la ciudad, como la Comunidad Judía Liberal, la Mezquita Al Kabir, la Iglesia Protestante o el Consejo de Iglesias. También apoyan la campaña el Ayuntamiento de Ámsterdam y organizaciones LGTB como TransAmsterdam o COC, una asociación que lleva activa desde 1946.

Hay que tener el cuenta, en este sentido, que las octavillas repartidas hace pocos días hacían un llamamiento a las tres grandes religiones monoteístas a unirse en contra de la homosexualidad. Utilizaban, para ello, citas del Levítico (uno de los libros incluidos tanto en la Torá judía como en el Antiguo Testamento cristiano), del Corán y del Nuevo Testamento (en concreto, la Primera Epístola de Pablo a los Romanos).

Tres detenidos

La difusión del panfleto homófobo generó una ola de indignación en la capital holandesa. Tres personas, de hecho, fueron detenidas como responsables después de ser identificado por las cámaras de seguridad el vehículo que utilizaron. Aunque sus identidades no han sido completamente difundidas, se sabe que son un hombre de 39 años y otros dos de 29 años, residentes en Rotterdam y La Haya, y que según habrían manifestado a la policía solo querían “abrir un debate”. Ya puestos en libertad tras ser interrogados, la Fiscalía holandesa estudia ahora el caso.

Volviendo a la campaña en favor de la diversidad, resulta en cualquier caso alentadora la velocidad con la que se ha articulado. Pese a los brotes homófobos, los Países Bajos demuestran todavía una envidiable capacidad de reacción.

Fuente Dosmanzanas

Cristianismo (Iglesias) #020diversity, Amsterdam, COC Netherlands, Comunidad Judía Liberal, Consejo de Iglesias de Ámsterdam, Delitos de Odio, Discriminación, Holanda, Homofobia, Iglesia Protestante de Ámsterdam, La Haya, Mezquita Al Kabir (Ámsterdam), Rotterdam, TransAmsterdam

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, aboga por el respeto a los derechos de las minorías y condena el extremismo religioso

Martes, 25 de octubre de 2016

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El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha efectuado unas declaraciones en las que ha defendido el derecho a la diversidad de los ciudadanos y el respeto a las minorias, además de condenar el extremismo religioso, cuando se le ha preguntado acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque no ha efectuado una defensa del matrimonio igualitario, ni mencionado explícitamente al colectivo LGTB, su actitud respecto a los derechos de las minorías le posiciona a una enorme distancia del habitual discurso a favor de la “familia tradicional”, del que recientemente hizo gala el propio primer ministro del país.

Rumanía está actualmente inmersa en un debate público sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Por un lado, el Tribunal Constitucional debe resolver el recurso presentado por una pareja de hombres, casada en Bélgica, para el reconocimiento legal de su enlace. Tras el último aplazamiento, se espera que lo haga antes de que finalice este mes de octubre. Por otro lado, el grupo homófobo “Coalición por la Familia”, fuertemente alentado por la influyente Iglesia ortodoxa, ha logrado reunir los 3 millones de firmas necesarias para la convocatoria de un referéndum que prohíba constitucionalmente el matrimonio igualitario.

Debido a esto, en la última conferencia de prensa ofrecida por el presidente Klaus Iohannis, el mandatario fue interrogado por su opinión al respecto. Sin ofrecer un apoyo explícito a la regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Rumanía, Iohannis sí que abogó por el respeto y la tolerancia hacia las minorías: “es importante reiterar algo en lo que creo”, declaraba, “que se debe volver a la tolerancia y la aceptación de los demás. No somos todos iguales, ninguno de los grupos étnicos o religiosos”.

El presidente sí que tuvo duras palabras para quienes quieren enfrentar la religión con los derechos civiles, al estimar que “es un error prestar obediencia y tomar el camino de la fe extrema. No lo apoyo. Yo creo en la tolerancia, la confianza y la apertura hacia los demás”. Es más, Iohannis considera que “el fanatismo religioso no ayuda a la sociedad. Si ser cristiano implica la tendencia hacia el fanatismo… se envía una señal equivocada”.

Quizás este alegato del presidente Iohannis a favor de la tolerancia puede estar fundamentado en su propia identidad. Él mismo es miembro de la minoría étnica de origen germano y de la minoría luterana, si bien pertenece al Partido Nacional Liberal, muchos de cuyos miembros se han afiliado al conservador Partido Popular en el Parlamento europeo, un grupo que no se distingue precisamente por su defensa de los derechos LGTB.

Vlad Viski, presidente de la asociación de defensa de los derechos LGTB MozaiQ, considera que las declaraciones del presidente Iohannis son importantes, aunque demasiado comedidas: “Los comentarios de Klaus Iohannis son una primicia en Rumania. Por primera vez, un político importante se muestra en apoyo de la diversidad. Sin embargo, sus declaraciones no van tan lejos como quisiéramos, ya que Iohannis no especificó que se estuviera refiriendo a la comunidad LGBTI, sino que evitó el uso de una referencia directa a las personas LGBTI. El primer ministro de Rumania, Dacian Ciolos, sin embargo, ha salido hoy en apoyo de la llamada ‘familia tradicional’, lo cual es decepcionante y demuestra que la lucha de las personas LGBTI está lejos de concluir”.

A pesar de ello, según Viski la comunidad LGTB ha reaccionado a las declaraciones de Iohannis con satisfacción, mientras que los homófobos han expresado su ira. “Los partidarios de la ‘Coalición por la Familia’ han tomado una postura muy agresiva, de condena a Iohannis”, afirma el activista, “se han observado en todos los medios cientos de comentarios llenos de odio. Esto demuestra el discurso extremadamente homófobo y transfóbo que está siendo promovido por aquellos que tratan de prohibir el matrimonio homosexual en la Constitución”.

Dos procesos paralelos sobre el matrimonio igualitario

Como señalábamos, los derechos LGTB en Rumanía están pendientes en la actualidad de dos procesos, que deben ser resueltos próximamente.

Por un lado, la pareja formada por Adrian Coman, un ciudadano rumano, y Robert Hamilton, estadounidense, contrajo matrimonio en Bélgica y presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Código Civil rumano por violar la libertad de circulación de personas dentro de la Unión Europea al impedir el reconocimiento de su matrimonio. Al no estar legalmente casados en Rumanía, Hamilton no puede permanecer más de tres meses seguidos en el país. Los representó la abogada Iustina Ionescu de la organización Accept.

Tras un largo proceso judicial, en julio de este año el Tribunal Constitucional anunció que retrasaba la resolución de la demanda hasta el 20 de septiembre. Pero en esa fecha, su presidente Valer Dordeanu anunciaba que la decisión aún no estaba tomada y volvía a posponer el fallo, esta vez hasta octubre. El alto tribunal conminaba a las partes a comparecer de nuevo para presentar sus alegatos. Para Dordeanu, la extensión y la complejidad del asunto hacían necesaria una deliberación más profunda. “Es un caso muy complejo” y de “elevado impacto mediático” que podía crear un importante precedente.

El otro proceso que se está llevando a cabo en Rumanía tiene que ver con la prohibición a nivel constitucional del matrimonio igualitario. El Tribunal Constitucional de Rumanía dio el pasado mes de julio su visto bueno a la iniciativa popular de referéndum promovida por la Coalición por la Familia —un grupo de asociaciones respaldado por la Iglesia ortodoxa— que ha reunido más de 3 millones de firmas. De esta manera, la propuesta puede empezar su tramitación en el Parlamento, cuyas dos cámaras deberán aprobarla con una mayoría de dos tercios para luego ser sometida a consulta popular. Existe la posibilidad de que el referéndum se celebre conjuntamente con las próximas elecciones generales, lo cual hace temer que la campaña electoral se centre en los derechos de la población LGTB, con el consiguiente riesgo de que la profunda LGTBfobia social llegue hasta los discursos políticos y electorales.

Actualmente, el artículo 48.1 de la Constitución rumana establece que “La familia se funda por el matrimonio libremente consentido entre los esposos, en base a la igualdad de estos y al derecho y deber de los padres de asegurar el crecimiento, la educación y formación de los hijos”. Es decir, no hay referencia alguna al sexo que deben tener ambos esposos. Por ello, la Coalición por la Familia de Rumanía ha logrado reunir tres millones de firmas para obligar al Gobierno rumano a convocar un referéndum, cuyo propósito es reformar ese artículo para que defina el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, y que además prohíba expresamente cualquier reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Presentadas las firmas en el Parlamento, la propuesta debía obtener un dictamen favorable del Tribunal Constitucional, que debía revisar si la supresión de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, tal y como se establece en la legislación rumana, es contraria a la Carta Magna.

Sin embargo, el alto tribunal decidió el pasado 20 de julio que se puede permitir la discriminación constitucional de parte de la población de Rumanía en función de su orientación sexual, por lo que la iniciativa popular puede continuar el trámite parlamentario. Para que prospere, debe ser aprobada por el 75% de los representantes de las dos cámaras que constituyen el Parlamento rumano, y después ser sometida a consulta popular. Si sus ciudadanos respaldan finalmente la propuesta, Rumanía engrosaría la lista de países europeos que prohíben constitucionalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se encuentran Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Montenegro, Polonia, Serbia y Ucrania.

Fuente Dosmanzanas

Budismo, Cristianismo (Iglesias), General, Hinduísmo, Historia LGTBI, Homofobia/ Transfobia., Islam, Judaísmo Accept, Adrian Coman, Coalición por la Familia (Rumanía), Dacian Ciolos, Discriminación, Homofobia, Klaus Iohannis, Matrimonio, MozaiQ, Robert Hamilton, Rumanía, Vlad Viski

El Registro Civil de Denia se niega a inscribir al 3º hijo de un matrimonio de mujeres si no prueban que fue concebido mediante reproducción asistida

Martes, 25 de octubre de 2016

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El matrimonio junto a dos de sus hijos Brenda y María José, con sus hijos. | Change.org

El juez del Registro Civil lo deniega porque no han certificado que fue concebido con reproducción asistida.

Afirma que otros dos hijos de la pareja ya están inscritos y figuran como hermanos.

“A ningún matrimonio heterosexual que acuda al Registro Civil se le solicita papel alguno”.

El juez encargado del Registro Civil de Dénia (Alicante) ha rechazado la solicitud de un matrimonio de mujeres para inscribir a nombre de ambas el hijo que dio a luz una de ellas, al no certificar que fue concebido tras un proceso de reproducción asistida.

Más de diez años después de la aprobación del matrimonio igualitario, la discriminación contra las parejas del mismo sexo sigue muy presente en nuestro sistema jurídico, sobre todo en lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la parentalidad. Así lo demuestra el calvario por el que están atravesando María José Torres y Brenda Kelleher, un matrimonio de mujeres, a cuyo tercer hijo el juez encargado del Registro Civil de Denia ha denegado inscribir como hijo de ambas.

El niño, tercero de la pareja, nació el pasado 30 de junio en el Hospital de Denia (Alicante). Como primer obstáculo, la pareja se encontró con que el sistema telemático de inscripción en el Registro Civil no aceptaba la opción de dos madres. Por eso se acercaron a las oficinas del Ayuntamiento de Benidoleig, la localidad en la que ahora residen (en su anterior localidad de residencia, Atzaneta del Maestrat, en Castellón, no tuvieron problemas para registrar a sus dos primeros hijos mediante este procedimiento). Sin embargo, la funcionaria que les atendió no quiso hacer el trámite y y las envió al Registro Civil de Denia. Allí se encontraron con la negativa del juez encargado. “Nos pidieron que si queríamos inscribir a Lennon con sus dos mamás, igual que están sus hermanos, debíamos demostrar cómo Brenda, mi mujer, se había quedado embarazada. Es un requisito que no reclaman a ninguna pareja heterosexual. Imagínate qué cara se le quedaría a un padre si le preguntaran cómo ha sido concebido a su hijo”, ha declarado María José al diario Levante.

José María Zaragozá, juez encargado del Registro Civil de Denia, consideró que para demostrar que María José también era la madre el matrimonio debía aportar un certificado o un informe de la clínica en la que Brenda había sometido a inseminación. Algo que la pareja considera que viola su intimidad. “Ninguna pareja heterosexual tiene que pasar por esto. A ningún hombre se le reclama que pruebe su paternidad biológica ni que revele que su mujer se ha sometido a técnicas de reproducción asistida”, asegura María José.

Así consta en un auto del juez, de fecha 22 de agosto, en la que el juez concluye que el niño “únicamente” debe figurar en el registro Civil con el nombre de la madre gestante, al no haber acreditado la otra miembro de la pareja que haya sido engendrado como consecuencia de las técnicas de reproducción asistida.

En el auto, se detalla que la solicitante acudió al registro a inscribir al bebé como del matrimonio, aunque sin la “certificación o informe de centro autorizado que acreditase el alumbramiento ha sido fruto de un proceso de reproducción asistida”.

Según el auto, la mujer se negó a aportarlo esgrimiendo tres argumentos: el artículo 44/5 de la Ley de Registro Civil, las “presunciones de paternidad de los hijos matrimoniales” y la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de mujeres y hombres. Dado traslado del expediente al fiscal, se mostró disconforme con la solicitud.

El juez explica que a Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida regula específicamente la filiación de los hijos nacidos mediante este proceso, y establece que cuando una mujer esté casada con otra, esta última podrá manifestar que consiente que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge.

En el auto, el juez señala que este apartado, introducido por la disposición adicional de la Ley 3/2007, trató de salir al paso de problemas que se planteaban hasta ese momento ya que, según la resolución de la Dirección General de 2008, “aun partiendo del principio incuestionable de que las parejas del mismo sexo no deben ser objeto de discriminación, los efectos atribuidos a las mismas no podían llegar, en ausencia de tal reforma, al extremo de que se estableciese doblemente, por la sola declaración de las interesadas, la maternidad tanto respecto de la mujer que hubiese dado a luz como respecto de la mujer casada con ella”.

Según el juez, lo que se hace entonces es introducir “una ficción legal (en cuanto no basada en la realidad biológica)” en la legislación “cuando la inseminación es heteróloga” y añade que para que la ficción “pueda entrar en juego” y “ser aplicable”, deben concurrir “todos los requisitos necesarios para ello, entre los que indudablemente se encuentra que la gestación haya sido consecuencia del uso de técnicas de reproducción asistida, lo cual, obviamente, deberá acreditarse“. Asimismo, considera que no son aplicables las presunciones del Código Civil porque “responden a un esquema normativo distinto” ni la negativa puede tener cobertura en la Ley de Registro Civil, ni existe la discriminación invocada “pues se trata de supuestos de hecho distintos”.

Por su parte, el matrimonio -formado por Brenda y María José, casadas desde 2007- ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma Change.org en la que explican que sus otros dos hijos ya están inscritos legalmente a nombre de las dos en su libro de familia hace ya siete años. Sin embargo, en el caso del tercer hijo, nacido el 30 de julio, explican que ha tenido que ser inscrito por decisión del Registro Civil de Dénia solo a nombre de una, la madre gestante, “como si se tratara de una madre soltera y en un libro de familia diferente del de sus otros dos hermanos”.

Así lo explica también la pareja en la petición que ha puesto en marcha en la plataforma change.org:

La decisión del Registro Civil de Denia se basa en que no hemos entregado un papel que pruebe que el niño fue gestado empleando técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, a ningún matrimonio heterosexual que acuda al Registro Civil se le solicita papel alguno que pruebe o bien la paternidad biológica (prueba de ADN) o, en el caso en que el marido no sea el padre biológico, como puede ser cuando un marido es infértil, el certificado que demuestre que la esposa se ha sometido a técnicas de reproducción asistida. Así pues, en pos de la igualdad de género y la igualdad de derechos entre matrimonios homosexuales y heterosexuales, pedimos que se nos apliquen las mismas presunciones de filiación matrimonial que se les aplican a los matrimonios heterosexuales. Somos una familia y mientras L. esté legalmente inscrito con solo una de sus madres estará desprotegido, ya que esta situación legal niega sus vínculos con su madre María José, sus dos hermanos, así como con toda esa parte de su familia. En caso que le pasara algo a Brenda, L. quedaría como un niño sin progenitores, cuando en realidad tiene dos madres”.

La pareja, además de la petición en change.org, ha presentado ya el correspondiente recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.

Por lo pronto, la unidad familiar que conforman María José, Brenda y sus hijos está partida en dos. Tienen dos libros de familia: uno de ellos, de las dos madres con sus dos primeros hijos. Otro, de Brenda con el tercer hijo, que por el momento solo tiene reconocida una madre legal, con la consecuente desprotección que ello le supone. Se da además la circunstancia de que Brenda es de nacionalidad irlandesa, con todos los problemas administrativos añadidos. La pareja se niega en redondo a iniciar un proceso de adopción de Lennon por parte de María José, la alternativa que les han propuesto si no quieren presentar la documentación que demuestre que Brenda se sometió a reproducción asistida (conviene recordar, en este punto, que el artículo 7.3 de la ley 14/2006 de Técnicas de Reproducción Humana Asistida estipula que “Cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra mujer, esta última podrá manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”).

Entendemos que la petición de María José y Brenda es perfectamente lógica. ¿Qué preocupación tiene el juez? ¿Acaso quiere descartar qué el hijo gestado por Brenda haya podido ser fruto de una relación sexual heterosexual? En este caso, ¿a las parejas casadas heterosexuales de Denia, cuando acuden a inscribir a su hijo al Registro, se les exige una prueba de ADN que demuestre que el marido es el padre? Si la respuesta a esta segunda pregunta es no, queda claro que la intromisión en la intimidad de esta familia obedece pura y simplemente una discriminación por razón de orientación sexual.

Fuente Dosmanzanas/Cáscara amarga/Change.org

General, Homofobia/ Transfobia. Alicante, Atzaneta del Maestrat, Benidoleig, Brenda Kelleher, Comunidad Valenciana, Denia, Dirección General de Registros y del Notariado, Discriminación, Homofobia, Homoparentalidad, José María Zaragozá, Lesbianas, Lesbofobia, Levante, María José Torres, Matrimonio, Registro civil, Reproducción asistida

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